Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00804-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00804-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00804-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00804-00 (2438-2020)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003)
Tema: Reconocimiento pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, contra la sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil
veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual, se
revocó la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
41001333300120130023101.
I. ANTECEDENTES
1. La acción especial de revisión.
1.1. Pretensiones2.
1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción
1
Expediente electrónico.
2
Samai, índice 34, archivo: 40_MemorialWeb_Otro-5SUBSANACIONRECUR(.pdf), páginas 3 a 5.
2
Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que
pretende que se infirme la sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veinte
(2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual, se revocó
la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferida por
el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 41001333300120130023101,
y, en su lugar, se declare que la señora Leonor Chavarro Chavarro, no le asiste el
derecho a la compatibilidad pensional, dado que, al sufragar dos pensiones, una de
jubilación concedida por la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, y
una pensión gracia otorgada por vía judicial a cargo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, está incurriendo en la prohibición de devengar dos erogaciones del tesoro
público, razón por la cual debe reintegrar las sumas percibidas por concepto de
pensión gracia, debidamente indexadas, junto con los intereses moratorios
causados hasta el pago total.
1.2. Los hechos3.
2. Señaló que, la señora Leonor Chavarro Chavarro, nació el diecisiete (17) de
noviembre de mil novecientos cuarenta y seis (1946)4, y prestó sus servicios a la
Secretaría de Educación del Huila desempeñándose como docente y a la
Contraloría General de la Nación como auxiliar administrativa.
3. Asimismo, expuso que, a través de Resolución No. 009564 del seis (6) de agosto
de mil novecientos noventa y nueve (1999)5, la entonces Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal, le negó una pensión de jubilación gracia a la señora Leonor
Chavarro Chavarro, comoquiera que, no acreditó los veinte (20) años de servicios
prestados para el reconocimiento pensional, siendo negada nuevamente, mediante
la Resolución No. 29821 del cinco (5) de diciembre de dos mil (2000)6, por los
mismos motivos.
3
Samai, índice 34, archivo: 40_MemorialWeb_Otro-5SUBSANACIONRECUR(.pdf), páginas 5 a 12.
4
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, página 11.
5
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 17 a 19.
6
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 50 a 51.
3
Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
4. Indicó que, por medio de la Resolución 018148 del dieciséis (16) de julio de dos
mil uno (2001)7, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, reconoció
y ordenó el pago de la pensión de vejez a la demandada en cuantía de quinientos
cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos con treinta y seis centavos
($545.785.36) M/Cte., efectiva a partir del dieciséis (16) de marzo del dos mil (2000);
decisión que fue confirmada en todas sus partes a través de las Resoluciones Nos.
28199 del seis (6) de noviembre de dos mil uno (2001), 004311 del veinticuatro (24)
de junio de dos mil dos (2002) y Resolución 7332 del veintiuno (21) octubre
siguiente, al resolver los recursos de reposición y apelación.
5. Indicó que, posteriormente a través de la resolución No. 46622 del ocho (8) de
septiembre de dos mil seis (2006) 8 , se negó la solicitud de reliquidación de la
pensión de vejez presentada por la actora.
6. Expuso que, inconforme con la reliquidación de su pensión de vejez, la señora
Leonor Chavarro Chavarro promovió demanda ordinaria laboral para obtener la
reliquidación de su pensión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva. Mediante sentencia del veintiséis (26) de marzo de
dos mil ocho (2008), dicha autoridad judicial accedió a las pretensiones al declarar
que la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, había liquidado
erróneamente la prestación, fijó el monto correcto de la pensión desde el dieciséis
(16) de marzo del dos mil (2000) y condenó al pago de las diferencias pensionales
correspondientes. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, mediante sentencia del veintisiete (27)
de noviembre de dos mil ocho (2008), la cual quedó ejecutoriada el veintiséis (26)
de mayo de dos mil nueve (2009).
7. Precisó que, la accionada elevó nueva solicitud de reconocimiento de pensión
gracia, petición que fue negada mediante la Resolución No. 08956 del veinticinco
(25) de febrero de dos mil nueve (2009) 9 , debido a la incompatibilidad entre la
pensión gracia y la pensión de vejez que ya había sido reconocida por la entonces
Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, pues, ese derecho sólo puede ser
disfrutado por el personal docente, excluyendo a la peticionaria por haberse
7
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 79 a 83.
8
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 143 a 146.
9
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 172 a 196.
4
Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
desempeñado como auxiliar administrativo en la Contraloría General de la
República.
8. Afirmó que, en cumplimiento de lo ordenado por Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, la entonces Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal, expidió la Resolución UMG 002664 del primero (1°) de agosto de
dos mil once (2011)10, mediante la cual, reliquidó la pensión de vejez de la señora
Leonor Chavarro Chavarro, en cuantía de seiscientos cuarenta y seis mil diecinueve
pesos con setenta centavos ($646.019,70) M/Cte., con efectos a partir del dieciséis
(16) de marzo del dos mil (2000). Posteriormente, mediante la Resolución UMG
050199 del diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), modificó ese acto
administrativo para precisar que los efectos fiscales de la reliquidación operarían a
partir del primero (1°) de marzo de dos mil ocho (2008).
9. Explicó que, la señora Chavarro Chavarro, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las Resoluciones 009564 del seis
(6) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), 29821 del cinco (5) de
diciembre del dos mil (2000), 7332 del veintiuno (21) de octubre de dos mil dos
(2002), el auto 103760 del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2003) y la
Resolución 08956 del veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009), por medio
de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, con miras a
obtener dicho reconocimiento, la cual, le correspondió por reparto al Juzgado
Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el Rad. No. 41001333300120130023101,
autoridad judicial que, mediante sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil
dieciséis (2016)11, declaró no probada la excepción de prescripción planteada por
la accionada, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.
10. Contra la anterior sentencia, la señora Leonor Chavarro Chavarro interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020)12, por medio
de la cual revocó el fallo del Juzgado Primero (1°) Administrativo de Neiva y, en su
10
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 186 a 196.
11
Samai, índice 55, archivo cuaderno principal 01, páginas 251 a 254.
12
Samai, índice 55, archivo, cuaderno apelación sentencia Tribunal, páginas 26 a 48.
5
Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos que habían negado el
reconocimiento de la pensión gracia. Asimismo, declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al veintitrés (23) de mayo de dos mil diez (2010).
11. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
reconocer y pagar a la señora Leonor Chavarro Chavarro la pensión gracia a partir
del diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), liquidada
en un monto equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales devengados
durante el año anterior a la consolidación del derecho, correspondientes a la
asignación básica mensual y la prima de navidad. Igualmente, condenó a la entidad
al pago del retroactivo pensional causado entre el veintitrés (23) de mayo de dos mil
diez (2010) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), por
valor de noventa y dos millones ochocientos dieciocho mil trescientos dieciséis
pesos ($92.818.316) M/Cte., dispuso el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA y condenó en costas a la entidad demandada.
1.3. Sentencia(s) objeto de revisión.
12. Mediante la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis
(2016)13, el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva, declaró no probada
la excepción de prescripción planteada por la accionada, negó las pretensiones de
la demanda y se condenó en costas a la parte actora.
13. Inconforme con la anterior decisión, la señora Leonor Chavarro Chavarro
interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto en virtud de
la sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020)14, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual revocó el fallo del Juzgado (1°)
Primero Administrativo de Neiva y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos
administrativos que habían negado el reconocimiento de la pensión gracia.
Asimismo, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al veintitrés
(23) de mayo de dos mil diez (2010), así:
PRIMERO: REVOCASE la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Neiva de fecha 19 de febrero de 2016.
13
Samai, índice 55, archivo cuaderno principal 01, páginas 251 a 254.
14
Samai, índice 55, archivo, cuaderno apelación sentencia Tribunal, páginas 26 a 48.
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 29821 del 5 de diciembre de 2000,
7332 del 21 de octubre de 2002, auto 103760 del 27 de marzo de 2003 y resolución 08956
del 25 de febrero de 2009, conforme a la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 23 de mayo de 2010.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, a reconocer y pagar la
pensión gracia a la señora Leonor Chavarro Chavarro a partir del 17 de noviembre de 1996
en un monto equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
por la docente en el año anterior a la causación del derecho comprendido entre el 17 de
noviembre de 1995 y el 16 de noviembre de 1996, esto es asignación básica mensual y
prima de navidad, en una suma de $172.463 para el año 1996 y de $828.116 para el año
2019.
QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a pagar a la señora Leonor
Chavarro Chavarro la suma de $92.818.316 que corresponde al retroactivo de la mesada
pensional de la pensión gracia que se reconoce en la forma ordenada a partir del 23 de mayo
de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2019, pensión que se debe seguir cancelando en el
valor equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.
SEXTO: La sentencia se deberá cumplir en el término establecido en el artículo 192 del
CPACA, y expídanse las copias de rigor.
SÉPTIMO: Se condena en costas de ambas instancias a la entidad demandada a favor de
la demandante. Para tal efecto, fíjase como agencias en derecho de esta instancia el valor
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Por Secretaría liquídense.
14. Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que la demandada, «prestó sus
servicios como docente nacionalizada por más de 30 años, siendo vinculada como docente
nacionalizada desde el 15 de enero de 1968, y cumplió los 50 años de edad el 17 de noviembre de
1996, fecha en la que ya contaba con más de 20 años de servicio público como docente
nacionalizada». Asimismo, respecto de los demás requisitos indicó que, «la accionante
aportó una certificación y unos documentos bajo la gravedad de juramento respecto a su buena
conducta y honradez en el ejercicio docente, y no tener investigaciones disciplinarias, sin embargo
la entidad no ha objetado ni cuestionado el cumplimiento de estos requisitos por lo que aplicando el
principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y, teniendo en cuenta
que la UGPP no aportó prueba que contraríe la acreditación de los mismos, entiende la Sala que se
hallan cumplidos».
15. En consecuencia, concluyó que la demandante consolidó el derecho a la pensión
gracia a partir del diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y seis
(1996). Igualmente, determinó que la prestación debía liquidarse en cuantía
equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del derecho,
comprendido entre el diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995) y el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos noventa y seis
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
(1996), y, ordenó el reconocimiento del retroactivo pensional a partir del veintitrés
(23) de mayo de dos mil diez (2010), en atención a la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad a esa fecha.
16. El Tribunal concluyó que el reconocimiento de la pensión gracia no resultaba
incompatible con la pensión de vejez percibida por la demandante. Para ello,
consideró que la actora se encontraba comprendida en una de las excepciones al
régimen general de incompatibilidades, al haberse desempeñado como docente
oficial de medio tiempo y acreditar las condiciones previstas en la normativa
aplicable.
17. Asimismo, sostuvo que, por haberse vinculado como docente oficial antes del
treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), la demandante
se encontraba amparada por el régimen especial previsto en el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, disposición que, a su juicio, permitía la
compatibilidad entre la pensión gracia y la pensión ordinaria de jubilación, aun
cuando esta última estuviera total o parcialmente a cargo de la Nación.
18. Finalmente, precisó que dicho entendimiento ha sido reiterado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha precisado que ambas prestaciones
tienen naturaleza y finalidad distintas, razón por la cual pueden coexistir siempre
que se acrediten los requisitos legales para su reconocimiento.
1.4. Las causales de revisión invocadas.
19. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP invocó la causal de revisión establecida
en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables».
20. En cuanto a la violación al debido proceso, manifestó que se concreta «[…] al
reconocer la pensión gracia a favor de la señora LEONOR CHAVARRO CHAVARRO obviando que
esta prerrogativa supone el cumplimiento de 20 años de servicios en la docencia con el carácter de
nacionalizado y 50 años de edad, pero también exige que el interesado no ha recibido ni recibe
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional (numeral 3o del artículo 4o de la Ley
114 de 1913), requisito que [en] este caso se obvió por la justicia de lo contencioso administrativo y
que supone una incompatibilidad con la pensión de jubilación otorgada por vía judicial a la señora
LEONOR CHAVARRO CHAVARRO».
21. Por otra parte, aseveró que, la causal preceptuada por el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 se configuró en el presente caso, toda vez que, la sentencia
cuya revisión solicita ordenó un reconocimiento pensional que excede lo establecido
por la legislación, pues, «[…] no era procedente el reconocimiento y pago de la pensión de
gracia, ya otorgada la pensión de jubilación por parte de CAJANAL, pues deviene una
incompatibilidad evidente».
22. Con sustento en lo anterior, solicitó que se infirme la sentencia objeto de censura,
y, en su lugar, se declare que la señora Leonor Chavarro Chavarro no tiene derecho
a la compatibilidad entre la pensión de vejez reconocida por la entonces Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal y la pensión gracia otorgada judicialmente,
por estimar que ello desconoce la prohibición de percibir dos asignaciones
provenientes del tesoro público. En consecuencia, solicitó ordenar la devolución de
las sumas pagadas por concepto de la pensión gracia, debidamente indexadas y
con los intereses de mora a que hubiere lugar.
1.5 Contestación de la demanda de revisión
23. Mediante auto de seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se inadmitió
la acción especial de revisión 15 , porque la parte recurrente no ofreció una
argumentación concreta, detallada y suficiente sobre la forma en que se configuraría
una de las causales invocadas. De forma oportuna, la entidad accionante corrigió
los defectos advertidos 16 . Posteriormente, la acción especial de revisión fue
admitida mediante el auto del seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026) 17 ;
notificado a la parte demandada el dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis
(2026) 18 . No obstante, la parte demandada dentro del término otorgado guardó
silencio. Por tal motivo, mediante auto del diecinueve (19) de mayo siguiente19, el
despacho sustanciador tuvo por no contestada la presente acción especial.
15
Samai, índice 28.
16
Samai, índice 34.
17
Samai, índice 41.
18
Samai, índice 46.
19
Samai, índice 48.
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
24. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
25. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 20 y 20 de la Ley 797 de 2003 21 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)22.
2.2. Oportunidad.
26. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia
del cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, fue notificada por edicto el diecisiete (17) de febrero
siguiente23, quedando en consecuencia ejecutoriada el veinte (20) de febrero de dos
mil veinte (2020)24; la demanda fue presentada el doce (12) de agosto de dos mil
veinte (2020) 25 , esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del
CPACA.
2.3. Problema jurídico.
27. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido y ordenado el pago de
la pensión gracia a favor de la señora Leonor Chavarro Chavarro, con
violación del debido proceso?
(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibidem, por
haberse reconocido un derecho en cuantía que excede lo debido de
20
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
21
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
22
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
23
Samai, índice 55, archivo, cuaderno apelación sentencia Tribunal, página 56.
24
Samai, índice 55, archivo, cuaderno apelación sentencia Tribunal, página 60.
25
Samai, índice 3.
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
acuerdo con la ley?
2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
28. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
29. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 26 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»27.
30. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
26
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Número Interno: 2438-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
31. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios28.
32. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 29 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 30, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 31»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción32.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.
33. De conformidad con el contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
29
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
31
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
32
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
12
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
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revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado33:
“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.
34. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”34 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”35.
2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.
35. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente establecido.
36. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta
legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
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especial, el principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera36.
37. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) 37, la Sección
Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de
revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio,
sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como el principio de universalidad que lo inspira.
38. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige
como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial
-o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a
la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la
causal los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores
a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
2.5. Análisis del caso concreto.
39. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, pretende
que se infirme la sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020),
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual, se revocó la
sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferida por
el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva, y, en su lugar, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados, ordenó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Leonor Chavarro
Chavarro, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al veintitrés
(23) de mayo de dos mil diez (2010) y condenó al pago del retroactivo pensional
36
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del
17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14).
37
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001
03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-
03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.
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correspondiente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el Rad. 41001333300120130023101.
40. La entidad accionante invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual sostuvo que, la providencia cuya
revisión se pretende vulneró el debido proceso y reconoció un derecho que excedió
lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que las causales de
revisión se configuraron porque, se reconoció la pensión gracia sin verificar el
cumplimiento de uno de sus requisitos legales esenciales, previsto en el numeral 3
del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, consistente en que el beneficiario no perciba
otra pensión o recompensa de carácter nacional. En su criterio, el Tribunal pasó por
alto que la señora Leonor Chavarro ya disfrutaba de una pensión de jubilación, lo
que hacía incompatible el reconocimiento de la pensión gracia y, por otra parte, el
Tribunal Administrativo del Huila ordenó el reconocimiento de una prestación que
no era legalmente procedente, por cuanto la demandada ya tenía reconocida una
pensión de jubilación por la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal.
En consecuencia, considera que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
excede lo permitido por el ordenamiento jurídico, al configurar una incompatibilidad
entre ambas.
41. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora respecto de la providencia objeto de revisión, así:
2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.
42. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
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43. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado38:
“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y
está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación
administrativa o judicial”.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:
i. El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa; y
iii. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in ídem.
44. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 39 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»40.
45. En el sub examine, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, alega que la posición
jurídica adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia revisada
incurrió en violación del derecho al debido proceso «[…] al reconocer la pensión gracia a
favor de la señora LEONOR CHAVARRO CHAVARRO obviando que esta prerrogativa supone el
cumplimiento de 20 años de servicios en la docencia con el carácter de nacionalizado y 50 años de
edad, pero también exige que el interesado no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional (numeral 3o del artículo 4o de la Ley 114 de 1913), requisito que
este caso se obvió por la justicia de lo contencioso administrativo y que supone una incompatibilidad
con la pensión de jubilación otorgada por vía judicial a la señora LEONOR CHAVARRO
CHAVARRO».
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 10 de julio de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00744-00 (5577-2019). consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.
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46. A juicio de la Sala, la causal invocada no encuadra en la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, la entidad accionante no
cuestiona la competencia del juez que dictó la providencia, o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la
decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial
del debido proceso. Por el contrario, se observa que, la entidad recurrente contestó
la demanda41 y contó con la oportunidad de apelar la decisión de primera instancia,
sin hacer uso de dicho medio de impugnación42, de manera que, de las actuaciones
adelantadas, no se advierte la violación de las garantías propias del debido proceso.
47. Sobre el particular, esta Sala de Subsección43, en un caso de contornos fácticos
similares al presente proceso, sostuvo que, cuando se incumple con el deber
procesal de motivar la solicitud y desarrollar en debida forma la configuración de la
causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es
procedente acceder a la causal de revisión.
48. En consecuencia, la Sala concluye que, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
no formuló reparos encaminados a demostrar una vulneración del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso, en la que hubiera incurrido el Tribunal
Administrativo del Huila, al proferir la sentencia cuya revisión se pretende. Así las
cosas, no se configura la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
49. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
41
Samai, índice 55, archivo cuaderno principal 01, páginas 94 a 102.
42
Samai, índice 55, archivo cuaderno principal 02, página 6.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-
25-000-2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.
50. La Sala destaca que, los argumentos de la accionante cuestionan el
reconocimiento pensional, aduciendo que, «[…] no era procedente el reconocimiento y pago
de la pensión de gracia, ya otorgada la pensión de jubilación por parte de CAJANAL, pues deviene
una incompatibilidad evidente».
51. Entonces, la entidad accionante, bajo el reparo sub judice, lo que pretende es
controvertir el sustento normativo que llevó al tribunal en segunda instancia a
adoptar la decisión cuestionada, teniendo en cuenta que, a su juicio, la pensión de
jubilación y la pensión gracia son incompatibles. Empero, no se presentan reparos
en contra de la cuantía de la prestación, que es el supuesto consagrado en la causal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
52. En efecto, la argumentación de la entidad accionante no se dirige a demostrar
que la cuantía de la pensión gracia reconocida por el Tribunal exceda el monto
previsto en el ordenamiento jurídico, ni cuestiona los factores salariales tenidos en
cuenta, el porcentaje aplicado o el ingreso base de liquidación. Por el contrario, su
inconformidad radica exclusivamente en que, a su juicio, la demandante no podía
ser beneficiaria de dicha prestación por resultar incompatible con la pensión de
vejez que ya percibía. En consecuencia, el reparo formulado recae sobre la
procedencia misma del reconocimiento pensional y no sobre la cuantía de la
prestación, aspecto que desborda el ámbito material de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
53. Ante ello, debe precisar la Sala que, las causales de revisión son taxativas y no
admiten interpretaciones extensivas. Esto implica que, la citada causal solo procede
si se demuestra de manera clara y directa que la cuantía reconocida excede lo
legalmente permitido, pero no para presentar inconformidades sobre el
reconocimiento pensional. Al respecto, debe precisarse que, las causales invocadas
no fueron previstas para discutir la aptitud legal de quien resultó beneficiario de la
prestación, puesto que, para dicho propósito, el legislador instituyó causales
específicas en el marco del recurso extraordinario de revisión, las cuales no fueron
alegadas en el asunto de marras.
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54. Así pues, para que la causal consagrada en la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 prospere, no es suficiente alegar una discrepancia interpretativa sobre
el alcance de la normativa aplicable, o sobre la valoración probatoria realizada por
el juez. Para ello, es necesario que el recurrente acredite y argumente que el monto
reconocido supera lo establecido en la ley, pacto o convención aplicable. Lo anterior,
en el entendido que, la acción especial de revisión no puede convertirse en un
mecanismo para reabrir debates jurídicos ya resueltos, salvo que se configure una
causal específica, en aras de garantizar la seguridad jurídica y el respeto por el
principio de cosa juzgada.
55. En el presente asunto, mediante sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil
veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, se revocó la
sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), dictada por el
Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva y, en su lugar, se declaró la
nulidad de las Resoluciones 29821 del cinco (5) de diciembre de dos mil (2000),
7332 del veintiuno (21) de octubre de dos mil dos (2002), del Auto 103760 del
veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2003) y de la Resolución 08956 del
veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009), ordenándose a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP reconocer y pagar a la señora Leonor Chavarro Chavarro
la pensión gracia, a partir del diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos
noventa y seis (1996), liquidada en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento
(75 %) del promedio de los factores salariales devengados durante el año anterior
a la consolidación del derecho.
56. Como sustento de la decisión, el Tribunal consideró acreditado que, la
demandante contaba con más de treinta (30) años de servicios como docente
nacionalizada, al haber estado vinculada desde el quince (15) de enero de mil
novecientos sesenta y ocho (1968), y que cumplió los cincuenta (50) años de edad
el diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), fecha para
la cual ya reunía más de veinte (20) años de servicio. Asimismo, consideró probados
los demás requisitos legales para acceder a la prestación, en tanto la actora aportó
certificaciones sobre su buena conducta y honradez en el ejercicio de la docencia.
57. Finalmente, el Tribunal determinó que, el reconocimiento de la pensión gracia no
resultaba incompatible con la pensión de vejez percibida por la demandante. Señaló
19
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que, si bien es cierto, tanto la Constitución de 1886 como el artículo 128 de la
Constitución Política de 1991, consagran la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, tampoco es menos cierto que, el
legislador estableció excepciones a dicha regla, entre ellas, la prevista para el
desempeño de cargos docentes oficiales de medio tiempo. En ese sentido, con
fundamento en las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación del
Huila, tuvo por acreditado que la actora laboró como docente oficial de medio tiempo
desde el primero (1º) de febrero de mil novecientos setenta y nueve (1979),
circunstancia que la ubicaba dentro de dicha excepción, por lo que no se
configuraba vulneración de la prohibición de doble asignación del tesoro público.
58. En ese mismo sentido, sostuvo que, por haberse vinculado como docente oficial
antes del treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), la
demandante se encontraba amparada por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
disposición que, a juicio del Tribunal, autorizaba la compatibilidad entre la pensión
gracia con la pensión ordinaria de jubilación, aun cuando esta última estuviera total
o parcialmente a cargo de la Nación. Precisó que dicha norma modificó la
incompatibilidad prevista en la Ley 114 de 1913 para este grupo de docentes y, en
consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, concluyó que ambas
prestaciones podían coexistir por tener distinta naturaleza y fundamento, dado que,
la pensión gracia se soportaba exclusivamente en el tiempo de servicios prestados
como docente oficial y no en el laborado ante la Contraloría General de la República.
59. De la motivación expuesta por el Tribunal, se advierte que, la decisión de
reconocer la pensión gracia se sustentó en que esa autoridad judicial tuvo por
acreditados los presupuestos previstos en el régimen especial que estimó aplicable
a la demandante, particularmente los siguientes:
60. i) La señora Leonor Chávarro Chávarro nació el diecisiete (17) de noviembre de
mil novecientos cuarenta y seis (1946)44; y se vinculó como docente departamental
a partir del quince (15) de enero de mil novecientos sesenta y ocho (1968),
laborando de manera continua hasta el tres (3) de febrero de mil novecientos
setenta y cuatro (1974) y, posteriormente, del veintiséis (26) de enero de mil
novecientos setenta y seis (1976) al treinta y uno (31) de enero de mil novecientos
44
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, página 11.
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setenta y nueve (1979); ii) a partir del primero (1º) de febrero de mil novecientos
setenta y nueve (1979), continuó vinculada como docente nacionalizada con
nombramiento de medio tiempo, situación que se mantuvo, al menos, hasta el
dieciséis (16) de abril de dos mil uno (2001)45, según las certificaciones obrantes en
el expediente; iii) de conformidad con el certificado de tiempo de servicios expedido
por el Departamento del Huila el cuatro (4) de junio de dos mil dos (2002) 46, la
demandante se desempeñó como docente nacionalizada en forma continua en el
nivel de básica secundaria durante treinta y dos (32) años, cuatro (4) meses y
veintiocho (28) días, sin que se registrara fecha de retiro del servicio; y, iv) bajo la
gravedad de juramento, la actora manifestó haberse desempeñado con honradez,
consagración, idoneidad y buena conducta, además de no haber sido sancionada
disciplinariamente 47 , circunstancias que no fueron desvirtuadas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
61. Igualmente, tuvo en cuenta que, mediante Resolución No. 018148 del dieciséis
(16) de julio de dos mil uno (2001)48, la entonces Caja Nacional de Previsión Social
– Cajanal, le reconoció a la actora la pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía
de quinientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos con treinta y
seis centavos ($545.785,36) M/Cte., efectiva a partir del dieciséis (16) de marzo de
dos mil (2000), indicándose que la actora laboró en el Departamento del Huila del
quince (15) de enero de mil novecientos sesenta y ocho (1968) al tres (3) de febrero
de mil novecientos setenta y cuatro (1974), del veintiséis (26) de enero de mil
novecientos setenta y seis (1976) al nueve (9) de agosto de mil novecientos setenta
y ocho (1978) y del diez (10) de agosto siguiente al quince (15) de marzo de dos mil
(2000), y, en la Contraloría General de la República del diez (10) de agosto de mil
novecientos setenta y ocho (1978) al quince (15) de marzo de dos mil (2000), siendo
retirada del servicio mediante Decreto 271 de 2000 a partir del quince (15) de marzo
del mismo año.
62. Sobre el fundamento jurídico de la sentencia objeto de revisión, se advierte que,
el Tribunal sustentó el reconocimiento de la prestación en la interpretación del
45
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, página 63.
46
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, página 107/
47
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, página 12 y 26.
48
Samai, índice 55, archivo expediente administrativo 01, páginas 79 a 83.
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numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 49 , disposición que, a su juicio,
establece una excepción al régimen general de incompatibilidades para los
docentes oficiales vinculados hasta el treinta y uno (31) de diciembre de mil
novecientos ochenta (1980), permitiendo la concurrencia entre la pensión gracia y
la pensión ordinaria de jubilación, aun cuando esta última estuviera total o
parcialmente a cargo de la Nación.
63. Ese entendimiento normativo constituyó uno de los fundamentos de la decisión
adoptada por el Tribunal, en cuanto estimó que la demandante se encontraba
comprendida dentro del supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 y que, por consiguiente, la compatibilidad entre la pensión gracia y la
pensión ordinaria de jubilación resultaba procedente para su caso. Dicho
razonamiento no fue el único soporte de la decisión. En efecto, también consideró
que, en el caso concreto, la demandante se encontraba comprendida dentro de una
de las excepciones a la prohibición de percibir más de una asignación proveniente
del tesoro público, prevista por el legislador para los docentes oficiales de medio
tiempo, de manera que ambos fundamentos sustentaron la conclusión según la cual
resultaba procedente la compatibilidad entre la pensión gracia y la pensión ordinaria
de jubilación.
64. Para arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta la regla prevista en el artículo 128
de la Constitución Política sobre la prohibición de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público y consideró que, para el caso concreto, resultaban
aplicables las excepciones previstas por el legislador.
65. A partir de las pruebas que estimó acreditadas, el Tribunal concluyó que, la
señora Leonor Chavarro Chavarro se encontraba comprendida dentro del supuesto
previsto en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que reunía los
requisitos para acceder a la pensión gracia, razón por la cual, consideró aplicable el
régimen especial de compatibilidad previsto en esa disposición.
49
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose
por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
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66. De lo anterior se advierte que, el cuestionamiento formulado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, recae sobre la interpretación normativa adoptada por el
Tribunal respecto de la compatibilidad entre la pensión gracia y la pensión ordinaria
de jubilación. Se trata, entonces, de un reparo dirigido contra el fundamento jurídico
de la sentencia objeto de revisión y no contra la cuantía de la prestación reconocida,
razón por la cual dicho planteamiento no encuentra cabida en la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
67. En suma, la Sala considera que, la causal invocada por la parte actora no está
instituida para la discusión del derecho pensional reconocido, pues, el alcance del
escenario previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se orienta a
revisar aquellas prestaciones, cuya cuantía exceda lo reconocido de acuerdo con la
ley,50 esto es, aquella que resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante,
indiscriminada o ajena a la historia laboral y salarial. En el presente asunto, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social UGPP, no formuló cuestionamiento alguno respecto del
monto de la pensión gracia reconocida, sino que pretendió reabrir el debate jurídico
sobre la compatibilidad entre dicha prestación y la pensión ordinaria de jubilación,
discusión que fue resuelta por el juez natural dentro del proceso ordinario y que no
puede replantearse mediante la acción especial de revisión.
68. Siendo así las cosas, al no encontrarse probada en el presente asunto la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada.
2.6. Conclusión
69. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De
acuerdo con lo expuesto, la Sala evidenció que, la entidad accionante no expuso
los motivos por los cuales, la pensión gracia reconocida a favor de la señora Leonor
50
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencias del 3 y 9 de julio de 2026; expedientes: 11001-03-25-
000-2021-00707-00 (3921-2021); 11001-03-25-000-2017-00484-00 (2265-2017), consejero ponente Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
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Chavarro Chavarro, vulneró el debido proceso y excedió la cuantía que legalmente
corresponde y, asimismo, advirtió que, en sede de revisión, no es dable reabrir una
discusión de fondo en torno al reconocimiento pensional.
2.7. Condena en costas.
70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, contra la sentencia del cinco (5) de
febrero de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual, se revocó la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral de Neiva,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
41001333300120130023101, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Demandada: Leonor Chavarro Chavarro
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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