Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00744-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00744-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00744-00 (5577-2019) (REV)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Aristóbulo Ortiz Saavedra
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 660013331003201200212-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda3
2.El señor Aristóbulo Ortiz Saavedra, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo
de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas :
• La nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por la falta de
respuesta de la petición radicada el 1. ° de febrero de 2012. (se mantendrá la
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 4 octubre de 2019 (f. 11 vto), de manera que está regulado por los artículos 248
y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Visible a folios 135 y s.s. del expediente.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00744-00 (5577-2019)
Accionante: UGPP
redacción pues la entidad no respondió la petición)
• Para restablecer el derecho, solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación,
teniendo en cuenta el promedio del 75% que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio anterior al retiro; y solicitó la indexación de la
primera mesada con base en el IPC desde 1991 hasta 1998.
1.1.2 Hechos relevantes
3. El señor Aristóbulo Ortiz Saavedra prestó sus servicios durante más de 20
años en el sector oficial, y se retiró del servicio el 1. ° de noviembre de 1991. El
1. ° de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía
más de 20 años de servicios y más de 40 años, por lo que es beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de dicha disposición.
4. Mediante las Resoluciones 1345 de 1.° de febrero de 2001 y 7040 de 9 de
octubre de 2002, Cajanal le reconoció y ordenó el pago de la pensión teniendo
en cuenta para su liquidación el promedio de lo devengado durante los últimos
siete años, incluyendo como factores salariales, los establecidos en el Decreto
1158 de 1994.
5. El 1. ° de febrero de 2012, el señor Ortiz Saavedra solicito a UGPP la
reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados, sin embargo, la entidad no dio respuesta a su petición.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación 4
6. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los
artículos 2.º, 13, 25, y 58 de la Constitución Política; las Leyes 57 y 53 de 1887 y
4. ° de 1966; 33 y 62 de 1985, los artículos 36 y 288 de la Ley 100 de 1993; los
Decretos 1045 de 1978, 3135 de 1968, 1848 de 1968, 1158 de 1994 y 2143 de
1995.
7. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado
desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con
el cual le asiste derecho a la aplicación integral de las disposiciones anteriores
como son las Leyes 33 y 62 de 1985.
4 Visible a folios 135 y s.s. del expediente.
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8. Según se indicó, al ser beneficiario del régimen de transición tenía derecho a
que su pensión fuera reconocida y calculada con los factores de salario
devengados durante su último año de servicios, que son los establecidos en las
Leyes 33 y 62 de 1985, que deben ser aplicadas en su integridad, y en
consecuencia su pensión debe ser liquidada con una tasa de reemplazo del 75%
de los factores devengados y con un reajuste de acuerdo con el IPC del año
inmediatamente anterior como lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
2.1.4. Sentencia de primera instancia 5
9. El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Pereira,
mediante providencia de 31 de enero de 2014, declaró la nulidad parcial del acto
acusado y concedió parcialmente las súplicas de la demanda.
10. Para tal efecto, señaló que el accionante era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo
con dicha disposición, las pensiones de quienes cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 deben liquidarse de
conformidad con lo establecido en el inciso final del precitado artículo 36. A su
vez, indicó que, según esta norma, la liquidación debió efectuarse de
conformidad con la Ley 33 de 1985, por resultar más benéfica para el
demandante.
11. En consecuencia, ordenó a la UGPP a reliquidar la pensión del señor
Aristóbulo Ortiz Saavedra teniendo en cuenta la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, esto es, asignación
básica, incremento de antigüedad servicios generales o extraordinarios, subsidio
de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios, las primas de
navidad, por servicios o semestral y de vacaciones a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus de pensionado, con efectos fiscales a partir del 1.° de febrero
de 2009, por la prescripción trienal, lapso que fue interrumpido por la
presentación de la solicitud el 1.° de febrero de 2012. Así mismo, autorizó a la
entidad a descontar de la reliquidación los aportes correspondientes a los
factores sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal.
12.De otra parte, estimó procedente la actualización de las sumas adeudadas,
según el artículo 178 del CPACA.
5 Folio 3 y s.s. del archivo 010CuadernoUnoDosPrincipal disponible en Samai.
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2.1.5. Recurso de apelación 6
13. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la entidad demandada
interpuso recurso de apelación, en el que indicó que de acuerdo con el régimen
de transición establecido en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la
pensión debe reconocerse teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicio y
monto pensional del sistema anterior, sin embargo, para efectos de determinar el
IBL, debió tenerse en cuenta lo dispuesto el artículo 21 de la misma ley, porque
le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho y en tal sentido, debió tener
en cuenta los factores dispuestos en los Decretos 1158 de 1994 y 1168 de 1995.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión7
14. El Tribunal Administrativo de Risaralda, dictó sentencia de segunda instancia
el 30 de septiembre de 2014, en la cual, confirmó la providencia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Pereira
el 31 de enero de 2014, con los siguientes argumentos:
15. Como fundamento de su decisión invocó la sentencia de unificación de 4 de
agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, con base en
ella señaló que, conforme a los principios de progresividad, favorabilidad en
materia laboral y primacía de la realidad sobre las formalidades la interpretación
que debía darse a la Ley 33 de 1985 es que ella no contiene una lista taxativa de
factores a tener en cuenta en la liquidación pensional, y por tanto, debe
entenderse como salario para efectos de la misma todo aquello que recibe el
empleado como contraprestación directa por el servicio.
Asimismo, indicó que el régimen de transición debe aplicarse en su integridad, y
por tanto, es la Ley 33 de 1985 a la que debe atenderse para efectos de la
determinación del monto pensional.
16. Estimó en consecuencia que la liquidación de la pensión del señor Aristóbulo
Ortiz Saavedra se debía realizar como lo ordenó el a quo, es decir, con el 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicios (1° de noviembre
de 1990 y 1.° de noviembre de 1991) «[…] incluyendo como factores salariales,
la asignación básica, el incremento de antigüedad, servicios generales o
6 Folio 103 y siguientes del archivo 010CuadernoUnoDosPrincipal disponible en Samai.
7 Folio 147 y siguientes del Archivo 010CuadernoUnoDosPrincipal disponible en Samai.
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Accionante: UGPP
extraordinarios, los subsidios de alimentación y de transporte, la bonificación por
servicios, las primas de navidad, de servicios o semestral, y de vacaciones que
fueron certificados por la entidad pagadora.
17. No impuso condena en costas dada la conducta procesal observada por el
demandante.
2.1.7. La acción especial de revisión 8
18. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
19. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Revocar la sentencia de 30 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Aristóbulo Ortiz Saavedra contra
la UGPP, radicado 660011333100320120021201-02 que confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Administrativo
de Descongestión del Circuito de Pereira de 31 de enero de 2014.
(ii) Declarar que Aristóbulo Ortiz de Saavedra en cuanto a la liquidación de
su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido y en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión de conformidad con las sentencias, C-
168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-427 de 2016, SU- 395 de 2017, SU-631 de 2017, T -039 DE 2018 y
los autos 229 de 2017 y 326 de 2014; esto es, teniendo como ingreso base de
liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, así como los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994.
20. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor
8 Folios 1. ° y s.s. del expediente.
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Ortiz Saavedra no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez
que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores
de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.
21. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
22. Adicionalmente, señaló que la mesada obtenida como resultado de la
reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Risaralda ascendía a
$1´563.041 y en realidad debería corresponder a $1´270.388, es decir, con un
aumento del 23.04%, con lo cual estimó que se estaba causando un detrimento
patrimonial al tesoro público.
2.1.8. Contestación
23. El señor Aristóbulo Ortiz de Saavedra fue notificado personalmente de la
admisión de la acción de revisión el 27 de agosto de 2021, como se advierte en
el índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
24. Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2022, se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 que fijó las reglas jurisprudenciales aplicables a los beneficiarios
del régimen de transición fue proferida cuando la sentencia objeto de revisión
estaba ejecutoriada, por lo que esta no puede ser aplicada al caso concreto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde
conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
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de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.2. Oportunidad
26. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza
vinculante a partir de este fallo [...]».
27. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».
28. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años
de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su
jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
9 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
29. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la
decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 30 de
septiembre de 201410, se notificó el 6 de octubre de 201411, quedando
ejecutoriada el 15 de octubre del mismo mes y año12 y el escrito de revisión se
radicó en la Secretaría de la Corporación el 4 de octubre de 2019.13
3.3. Problema jurídico
30. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 30 de septiembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor
Aristóbulo Ortiz Saavedra con el 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales
de ley devengados durante dicho periodo, es decir, la asignación básica, el
incremento de antigüedad, servicios generales o extraordinarios, los subsidios de
alimentación y de transporte, la bonificación por servicios, las primas de navidad,
por servicios o semestral, y de vacaciones
31. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
10Folio 147 y siguientes del archivo 10CuadernoUnoDosPrincipal.
11 Folios 175 Ibidem.
12 Folios 174 Ibidem
13 Fl. 11 del Cuaderno 1 del expediente.
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3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
32. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA14 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada15, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
33. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera
precisamente como una acción especial16, con algunas diferencias referidas a
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
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su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia17 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado18, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
34. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 19 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
35. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200920 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
36. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
20 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
37. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
38.En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 30 de septiembre de 2014,
proferida el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la orden de
reliquidación pensional a favor del señor Aristóbulo Ortiz Saavedra, para lo cual
se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez que en su parecer la
pensión debió determinarse conforme a las disposiciones contenidas en el
artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser
tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación. En ese sentido consideró
que el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad.
39. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental
alegado comprende los siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.
40. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
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refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.
41. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda
en relación a la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993, asunto que no guarda relación con la violación al debido proceso, pues no
se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni que se ignoraron las
normas procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto del derecho
de audiencia y defensa en los términos ya indicados, razón por la cual la causal
esgrimida por la entidad se declarará infundada.
3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
42. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente21 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa22 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones23,
en especial, el principio de solidaridad24 y equilibrio financiero.
43. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición
contenido en el artículo 36 la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso del Señor
Aristóbulo Ortiz de Saavedra, quien es beneficiario del mismo, pues nació el 16
de noviembre de 1944, y para el 1.° de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia la norma, contaba con 73 años de edad, por lo cual le asiste derecho a
que se apliquen las prerrogativas de la transición según las cuales, se le debe
liquidar la pensión con el promedio de lo devengado sobre el salario promedio
de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión
de los factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos
en el Decreto 1158 de 1994.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
22 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
23 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
24 Ratio o razón de ser de la seguridad social
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44.Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
45.La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 23.04% en el monto en que se reconoció la pensión
respecto del que debió liquidarse.
46.Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.5.2.2. Caso concreto
47.Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:
48. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que al
Señor Aristóbulo Ortiz Saavedra le sea aplicable el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y las
providencias judiciales cuestionadas.
49. Revisado el expediente se observa que nació el 16 de noviembre de 1944
como lo indica la copia de la cédula de ciudadanía, que obra a folio 76 vto. del
expediente.
50. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró en el Ministerio de Hacienda
desde el 12 de junio de 1965 hasta el 30 de octubre de 1991, desempeñando
como último cargo el de guardia de aduana grado 11 código 5160, según el
certificado expedido por el jefe del Grupo de Archivo de la División de Servicios
de la Subsecretaría de Servicios de la Secretaría Administrativa del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público de 28 de abril de 2000 visible a folio 71 del
expediente.
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51. De lo anterior se concluye que el 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en
vigor la Ley 100 de 1993, el señor Ortiz Saavedra tenía 28 años, 9 meses y 18
días de servicio y 49 años.
52. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional anterior, en virtud
del régimen de transición del que es beneficiario el señor Aristóbulo Ortiz
Saavedra, bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió
el proceso judicial (septiembre de 2014), esto es con el 75% del promedio de los
factores devengados durante el último año de servicios (1990-1991), en los
términos de la Ley 33 de 1985, que consisten en: la asignación básica,
incremento de antigüedad, servicios generales o extraordinarios, subsidio de
alimentación, subsidio de trasporte, bonificación por servicios, las primas de
navidad, por servicios o semestral y de vacaciones.
53.Tales factores fueron efectivamente devengados por el señor Aristóbulo Ortiz
Saavedra durante el citado interregno, tal como se advierte al verificar la
certificación expedida por el jefe de documentación de la DIAN de 6 de junio de
2000 que obra a folios 27 y siguientes del archivo contenido en el índice de
Samai.25
54. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
25 Archivo 08CuadernoUnoPrincipal.
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En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».
55. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».
56. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
54. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
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variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».
57. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».
58. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 30 de
septiembre de 2014, lo cierto es que no se puede entender que el reconocimiento
se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
59. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.26
60. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU - 395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T – 039
de 2018, se advierte que, la sentencia que se revisa, proferida el 30 de
septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, no hizo
referencia a la sentencias de la Corte C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015, dictadas
con anterioridad, empero justificó su decisión acogiendo el precedente de esta
Corporación establecido el 4 de agosto de 2010.
61.Cabe señalar que si bien para entonces, en la sentencia C- 258 del 7 de mayo
de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne el pensionado.
26 . Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020).
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62. Tal como lo señaló esa Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.
63.Finalmente, advierte la Sala que, si bien la UGPP manifestó que para calcular
el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en
el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.
64.A pesar de lo anterior, es necesario precisar que los factores salariales cuya
inclusión se ordenó en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el
Decreto 1045 de 1978, esto es, la asignación básica, incremento de antigüedad,
subsidio de alimentación, subsidio de trasporte, bonificación por servicios, las
primas de navidad y de vacaciones.
65.Así mismo, se observa que la prima de servicios fue establecida como factor
salarial para efectos de calcular el IBL a través de la sentencia de 4 de agosto de
2014, y el factor denominado “servicios generales o extraordinarios” aunque tiene
carácter extralegal debe ser tenido en cuenta para efectos de liquidar el IBL, pues
sobre este se realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad
social, tal como consta en la certificación salarial visible a folio 72 del expediente
físico.
66. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.
3.6. Condena en costas
67. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
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agencias del derecho27, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso28 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
68. En atención a que la demanda fue presentada el 4 de octubre de 2019, como
se advierte a folio 11 vto. del expediente, debe darse aplicación al artículo 188
del CPACA, previo a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, norma
que disponía lo siguiente:
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
69. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la
entidad accionante para colegir que debe eximírsele de la imposición de condena
en costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de
1999.
70. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP,
norma aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales
1. ° y 8.° dispone:
«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.»
71. En el sub lite se advierte que el señor Aristóbulo Ortiz Saavedra compareció
al proceso a través de apoderado, quien en ejercicio de la defensa presentó
contestación a la demanda.29
27 Artículo 361 del Código General del Proceso.
28 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
29 índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
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72. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho contra la UGPP y a favor del señor Aristóbulo Ortiz
Saavedra. Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán de conformidad con
lo señalado en el artículo 366 del CGP.30
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra
la sentencia de 30 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, a través de la cual se confirmó la providencia de 31 de enero de
2014 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Pereira, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
30 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las
sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados
directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados
y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior
de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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Accionante: UGPP
derecho con radicado 66001333100320120021200/01 de conformidad con lo
señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. – Se condena en costas en la modalidad de agencias en derecho a
la UGPP y a favor del señor Aristóbulo Ortiz Saavedra. Una vez en firme esta
providencia éstas se fijarán de conformidad con lo señalado en el artículo 366 del
CGP.
TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente
al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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