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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00222-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00222-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, contra la sentencia del once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Segundo (2) Administrativo de Descongestión Circuito de Girardot – Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 25307333170120110014401, atendiendo a las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las 24 Número Interno: 1401-2019 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Demandado: Myriam Ortegón Amaya constancias y anotaciones del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00222-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00222-00 (1401-2019)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Myriam Ortegón Amaya
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003)
Tema: Reliquidación pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, contra la sentencia del once (11) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia
del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado
Segundo (2º) Administrativo de Descongestión Circuito de Girardot –
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitado con el Rad. 25307333170120110014400(01).

I. ANTECEDENTES

1. La acción especial de revisión.

1.1. Pretensiones2.

1
Expediente híbrido.
2
Cuaderno 1, folios 2 a 13.

2

Número Interno: 1401-2019
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Myriam Ortegón Amaya

1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción

especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que
pretende que se infirme la sentencia del once (11) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia
del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado
Segundo (2) Administrativo de Descongestión Circuito de Girardot – Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
25307333170120110014401, y, en su lugar, se declare que a la señora Myriam
Ortegón Amaya, no le asiste el derecho a que la pensión de jubilación sea
reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año
de servicios. Asimismo, solicitó que se ordene la reliquidación de la pensión
conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36, en armonía
con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en
el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y SU-023 de 2018
y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del veintiocho (28) de agosto
de dos mil dieciocho (2018).

1.2. Los hechos3.

2. Señaló que, la señora Myriam Ortegón Amaya, nació el quince (15) de enero de

mil novecientos cuarenta y seis (1946), adquirió el estatus jurídico de pensionada el
quince (15) de enero de dos mil uno (2001), y prestó sus servicios al Ministerio de
Trabajo y la Seguridad Social desde el tres (3) de enero de mil novecientos setenta
y tres (1973), hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005).

3. Asimismo, expuso que, a través de Resolución No. 21395 del doce (12) de octubre

de dos mil cuatro (2004)4, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal,
le reconoció una pensión de vejez a la señora Ortegón Amaya en cuantía de
cuatrocientos ochenta y siete mil ciento setenta y cuatro pesos con cincuenta y seis
centavos ($487.174,56) M/Cte., condicionada al retiro efectivo del servicio,
prestación que fue liquidada teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo

3
Cuaderno 1, folios 2 a 3.
4
Cuaderno 1, folios 60 a 62.

3

Número Interno: 1401-2019
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Myriam Ortegón Amaya

devengado en nueve (9) años y un (1) mes, entre el primero (1°) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y el treinta (30) de abril de dos mil tres (2003).

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 32469 del siete (7) de julio de dos mil

seis (2006) 5 , la extinta CAJANAL reliquidó la pensión de vejez, en cuantía de
quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con treinta y
un centavos ($558.494,31) M/Cte., efectiva a partir del primero (1°) de marzo de dos
mil cinco (2005), prestación que fue liquidada teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo devengado entre el primero (1°) de marzo de mil novecientos
noventa y cinco (1995) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005).

5. Indicó que, posteriormente a través de la resolución No. PAP 035930 del
veintiocho (28) de enero de dos mil once (2011) 6 , se negó la solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez presentada por la actora.

6. Explicó que, la señora Ortegón Amaya, en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la Resolución No. PAP 035930
del veintiocho (28) de enero de dos mil once (2011), con miras a obtener la
reliquidación de su pensión, la cual, le correspondió por reparto al Juzgado Segundo
(2º) Administrativo de Descongestión Circuito de Girardot – Cundinamarca, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
25307333170120110014401, proceso en el cual se dictó sentencia el catorce (14)
de mayo de dos mil catorce (2014)7, donde se declaró probada la excepción de
prescripción planteada por la accionada, en relación con las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al veintinueve (29) de mayo de dos mil seis (2006). En la
misma oportunidad, el juez de instancia accedió parcialmente a las pretensiones y
ordenó la reliquidación de la prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicios, es decir, del primero (1°)
de febrero de dos mil cuatro (2004) al veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco
(2005), efectiva a partir del primero (1°) de marzo de dos mil cinco (2005).

7. Contra la anterior sentencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) interpuso

5
Cuaderno 1, folios 80 a 83.
6
Cuaderno 1, folios 101 a 102.
7
Cuaderno 1, folios 200 a 204.

4

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Myriam Ortegón Amaya

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante sentencia del once
(11) de mayo de dos mil dieciséis (2016)8, en el sentido de confirmar parcialmente
la anterior decisión, disponiendo la modificación del numeral tercero. En
consecuencia, ordenó la reliquidación de la prestación en cuantía equivalente al
75% del promedio mensual de lo que hubiera devengado durante el último año de
servicios, entre el primero (1°) de marzo de dos mil cuatro (2004) al veintiocho (28)
de febrero de dos mil cinco (2005), la cual debe comprender como factores:
asignación básica, prima de antigüedad, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y
prima de navidad, siendo estos últimos cuatro proporcionales a una doceava parte
(1/12), efectiva a partir primero (1°) de marzo de dos mil cinco (2005), pero con
efectos fiscales a partir del veintinueve (29) de mayo de dos mil seis (2006), por
prescripción trienal de las diferencias de las mesadas pensionales.

1.3. Sentencia objeto de revisión.

8. Mediante la sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014)9, el

Juzgado Segundo (2) Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot –
Cundinamarca, accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho promovidas por la señora Myriam Ortegón Amaya y, en consecuencia,
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad, pero
únicamente respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 29 de mayo de 2006, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la resolución No. PAP 35930 del 28 de enero de 2011,
proferida por Caja Nacional de Previsión social en liquidación con sucesión procesal Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez a la
demandante sin tener en cuenta el promedio de los factores de salario legales devengados
durante el último año de servicios prestados, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL,
con sucesión procesal Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP a efectuar una nueva liquidación
de la pensión de jubilación de la señora Myriam Ortegón Amaya, identificada con la cédula
de ciudadanía número 20.562.590 de Fusagasugá, equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios, es decir, del 1 de febrero de 2004 al 28
de febrero de 2005, según la certificación expedida por el Ministerio de Protección Social,

8
Cuaderno 2, folios 216 a 238.
9
Cuaderno 1, folios 200 a 204.

5

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que obra en el folio 99 y 100 del cuaderno principal, a partir del 1 de marzo de 2005.

CUARTO: La Caja Nacional de Previsión Social con sucesión procesal Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP deberá pagar la diferencia que resulte entre la cantidad liquidada y las sumas
canceladas por el mismo concepto.

QUINTO: A las anteriores declaraciones se les dará cumplimiento dentro del término de los
artículos 176 y 177 del C.C.A. y los valores que resultaren liquidados deberán actualizarse
en la forma dispuesta en el artículo 173 ibidem.

SEXTO: En firme la presente providencia por secretaría, expídase copia del fallo con la
constancia de ser primera copia, ser auténtica y que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 115 del C.P. C.

SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de apelación de conformidad
con el artículo 181 del C.C.A

9. Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) interpuso
recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto en virtud de la
sentencia del once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 10 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
mediante la cual, se confirmó parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de
modificar el numeral tercero de la parte resolutiva, así:

TERCERO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL
E.I.C.E. - HOY LIQUIDADA, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
U.G.P.P., a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante MYRIAM ORTEGÓN
AMAYA, ya identificado en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual que hubiere
devengado durante el último año de servicios, entre el 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero
de 2005, la cual debe comprender como factores; asignación básica, prima de antigüedad,
auxilio de transporte, subsidio de alimentación, bonificación por servicios, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad, éstos últimos cuatro deben ser proporcionales a
una doceava parte, efectiva a partir 1 de marzo de 2005, pero con efectos fiscales a partir
del 29 de mayo de 2006 por prescripción trienal de las diferencias de las mesadas
pensiónales. La entidad demandada podrá descontar los aportes correspondientes a los
factores sobre los cuales no se haya efectuado los descuentos de Ley de manera
proporcional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Al efectuarse la reliquidación de las mesadas pensiónales de la demandante, la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. - CAJANAL - EN LIQUIDACIÓN" hoy UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP deberá reajustar la pensión mes a
mes según sean los incrementos que se hayan dispuesto en virtud de la Ley y estas cifras a
su vez serán ajustadas en su valor, siguiendo para ello el procedimiento a que se refiere la
siguiente fórmula:

R = RH índice final
Índice inicial

En la que el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma

10
Cuaderno 2, folios 216 a 238.

6

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adeudada al demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta decisión, por
el índice inicial de precios vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago de cada
mensualidad y así sucesivamente.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes
para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de causación de cada una de ellas.

La condena debe ser liquidada teniendo en cuenta el ajuste de valores establecido en el
artículo 178 del C.C.A. y dar cumplimiento a la presente decisión dentro de los términos
establecidos para ello por los artículos 176 y 177 del C. CA. (sic)

10. Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que, la señora Myriam Ortegón

Amaya era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por cuanto nació el quince (15) de enero de mil novecientos cuarenta
y seis (1946) y estuvo vinculada al Ministerio de la Protección Social por más de
veinte (20) años. Asimismo, consideró que, adquirió el estatus jurídico de
pensionada el quince (15) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), al
cumplir cincuenta (50) años de edad, y concluyó que su pensión se regía por la Ley
33 de 1985. En ese sentido, señaló que, como para el trece (13) de febrero de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), fecha de entrada en vigencia de dicha ley, la
demandante acreditaba más de quince (15) años de servicio, también era
beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 6ª de 1945, razón por la
cual adquirió el derecho a la pensión de jubilación al cumplir cincuenta (50) años de
edad y veinte (20) años de servicio.

11. Asimismo, determinó que la reliquidación de la pensión debía efectuarse con

todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, con
excepción de la bonificación por recreación, al considerar que, con fundamento en
la sentencia del Consejo de Estado del cuatro (4) de marzo de dos mil diez (2010)11,
dicho concepto no constituía factor salarial, por cuanto no correspondía a una
contraprestación directa por el servicio, sino que se causaba con ocasión del disfrute
de las vacaciones.

12. En tal sentido indicó que, en aplicación de la sentencia del Consejo de Estado

del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010) y, según lo certificado, durante el
último año de servicios prestados comprendido del primero (1°) de marzo de dos mil
cuatro (2004) al veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005), la allí

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de marzo de 2010; expediente: 76001-23-31-000-2007-00195-01
(0142-09).

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demandante tenía derecho a que sea reconocida su pensión de jubilación con la
inclusión, como factores salariales, además del sueldo básico, la prima de
antigüedad, bonificación por servicios, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, efectiva
a partir del primero (1°) de marzo de dos mil cinco (2005), pero con efectos fiscales
a partir del veintinueve (29) de mayo de dos mil seis (2006), por prescripción trienal
de las diferencias de las mesadas pensionales.

1.4. Las causales de revisión invocadas.

13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP invocó la causal de revisión establecida
en los literales a) 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

14. En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que la sentencia

recurrida ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la ley;
transgrede los principios constitucionales consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29,
121, 123 inciso 2; y 124 de la Constitución Política al otorgar un aumento en la
mesada pensional sin fundamento constitucional y legal, lo que generó una clara
violación de los principios constitucionales. Lo anterior, toda vez que, el IBL debe
ser el establecido en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley
100 de 1993; así como, los factores salariales son los consagrados en el Decreto
1158 de 1994.

15. Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003, reiteró que la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto
de esta acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia y
desatiende las de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de
2018 y SU-223 de 2018.

16. Sostuvo que, el IBL aplicable al caso del demandado es el contenido en la Ley

100 de 1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez

8

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(10) años o, el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho; además, los
factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de
1994; no hacerlo de esa manera genera detrimento y pone en riesgo la
sostenibilidad del sistema pensional.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

17. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del seis (6) de

agosto de dos mil veinticuatro (2024)12; sin embargo, mediante providencia de cinco
(5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) 13 , se requirió a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) para que suministrara una dirección electrónica en la que
pudiera surtirse la notificación de la parte demandada. En atención a dicho
requerimiento, la entidad aportó una dirección de correo electrónico, a la cual se
remitió la notificación del auto admisorio el trece (13) de marzo de dos mil veintiséis
(2026) 14 . No obstante, la parte demandada dentro del término otorgado guardó
silencio. Por tal motivo, mediante auto del once (11) de junio de dos mil veintiséis
(2026) 15 , el despacho sustanciador tuvo por no contestada la presente acción
especial.

18. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

19. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo

previsto en los artículos 249 del CPACA 16 y 20 de la Ley 797 de 2003 17 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)18.

12
Cuaderno 2, folios 283 a 284.
13
Samai, índice 40.
14
Samai, índice 47.
15
Samai, índice 50.
16
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
17
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
18
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

9

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2.2. Oportunidad.

20. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia

del once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, fue notificada
por edicto el diecinueve (19) de mayo siguiente 19 , quedando en consecuencia
ejecutoriada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016)20, y la demanda
fue presentada el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019)21, esto es,
dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

21. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:

(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido la reliquidación de la
pensión de vejez de la señora Myriam Ortegón Amaya con violación del
debido proceso?
(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibídem, por
haberse reconocido un derecho -pensional- en cuantía que excede lo
debido de acuerdo con la ley?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

22. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión

contra providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

19
Cuaderno 1, primera instancia, folio 451.
20
Cuaderno 1, primera instancia, folio 452.
21
Cuaderno 1, primera instancia, folio 276.

10

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

23. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 22 y

comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que,
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»23.

24. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y

quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

25. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,

la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios24.

26. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del

recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el

22
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 25 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 26, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 27»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción28.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.

27. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las

providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado29:

“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,

25
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
27
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
28
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.

28. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta

Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”30 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”31.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 – Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de
acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

29. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone

que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.

30. Ahora bien, en asuntos como el que ocupa la atención, la inconformidad de la

accionante se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36
de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.

31. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a la

interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55

30
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 10 de julio de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00744-00 (5577-2019). consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.

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años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

32. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas

reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 32, aludiendo a
los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

33. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el

cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)33, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».

34. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-

230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben

32
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
33
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

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ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

35. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 34 , en la cual la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda,
en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».

36. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte

Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.

34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés.

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37. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho

(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».

38. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal

b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco
de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes sub-reglas de
aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201835 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 36 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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39. Dicho lo anterior, se destaca que esta Sala de Subsección, en sentencia del

dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026), proferida dentro del Rad. 11001-
03-25-000-2024-00155-00 (2614-2020), se reiteró que la jurisprudencia, incluida la
de esta sala, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b)
aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido
excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe
que el incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial que precede, la sala
procederá con el análisis del caso concreto.

2.5. Análisis del caso concreto.

40. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, pretende
que se infirme la sentencia del once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del catorce
(14) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Segundo (2)
Administrativo de Descongestión Circuito de Girardot – Cundinamarca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad.
25307333170120110014401.

41. En virtud de las anteriores decisiones, se condenó a la entidad accionante a

reliquidar la pensión de vejez de la señora Myriam Ortegón Amaya, con base en el
75% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicios,
incluyendo, además de la asignación básica, la prima de antigüedad, bonificación
por servicios, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad, efectiva a partir del primero (1°) de marzo
de dos mil cinco (2005), pero con efectos fiscales a partir del veintinueve (29) de
mayo de dos mil seis (2006), por prescripción trienal de las diferencias de las
mesadas pensionales.

42. De los hechos expuestos en la demanda, es dable colegir que, la entidad invocó

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las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para lo cual sostuvo que, a través de la sentencia cuya revisión se pretende, se le
vulneró el debido proceso, y se reconoció un derecho que excedió lo debido de
acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que, con la orden de reliquidación
de la pensión de vejez de la parte demandada, en los términos señalados por los
jueces de instancia, se desconoció el debido proceso, comoquiera que, la
providencia ordenó una reliquidación pensional con fundamento en un ingreso base
de liquidación y unos factores salariales distintos de los previstos en el inciso 3 del
artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como, en el Decreto 1158 de
1994, desconociendo el marco normativo y la jurisprudencia constitucional
aplicable. Agregó que, dicha reliquidación excede lo debido conforme a la ley,
ocasiona un detrimento al erario y compromete la sostenibilidad del sistema
pensional.

43. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las

causales invocadas por la actora respecto a la previdencia objeto de revisión, así:

2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.

44. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las

providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

45. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos

esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado37:

“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y
está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación
administrativa o judicial”.

37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:
i. El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa; y
iii. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in ídem.

46. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta

Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 38 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»39.

47. En el sub examine, se tiene que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, realiza un
recuento normativo y la interpretación de este, concluyendo con base en él que hubo
un yerro al momento de determinar por el operador judicial, el ingreso base de
liquidación de la pensión reconocida a la demandada. En ese sentido, sostuvo que,
tal vulneración se presenta, por cuanto se aplicó indebidamente una norma, al litigio
planteado.

48. A juicio de la Sala, la causal invocada no encuadra en la causal prevista en el

literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, la entidad accionante no
cuestiona la competencia del juez que dictó la providencia, o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la
decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial
del debido proceso. Por el contrario, se observa que, la entidad recurrente contestó
la demanda40 y contó con la oportunidad de apelar la decisión de primera instancia41

38
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 10 de julio de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00744-00 (5577-2019). consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.
40
Cuaderno 1, primera instancia, folios 215 a 220.
41
Cuaderno 1, primera instancia, folios 331 a 339.

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de manera que, de las actuaciones adelantadas, no se advierte la violación de las
garantías propias del debido proceso.

49. Sobre el particular, esta Sala de Subsección42, en un caso de contornos fácticos

similares al presente proceso, sostuvo que, cuando se incumple con el deber
procesal de motivar la solicitud y desarrollar en debida forma la configuración de la
causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es
procedente acceder a la causal de revisión.

50. En consecuencia, la Sala concluye que, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
no formuló reparos encaminados a demostrar una vulneración del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso, en la que hubiera incurrido el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, al proferir la
sentencia cuya revisión se pretende. Así las cosas, no se configura la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.

51. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797

de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.

52. Precisado lo anterior, se reitera la sub-regla de aplicación normativa, identificada

en el estudio que antecede, según la cual, las sentencias proferidas con antelación
a la ejecutoria de la providencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), en las que se hubiere decidido dar aplicación a
la posición de unificación adoptada por esta Corporación en el fallo del cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010) y, no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de
2015, no configuran, por ese solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.

42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-
25-000-2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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53. Ante ello, debe inicialmente precisarse que, conforme lo concluyó el Tribunal,

con las pruebas allegadas al proceso ordinario, se logró acreditar lo siguiente:

54. i) La señora Myriam Ortegón Amaya, era beneficiaria del régimen de transición

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto nació el quince (15) de
enero de mil novecientos cuarenta y seis (1946) 43, por lo que, para la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 199344, la señora Ortegón Amaya contaba con
más de treinta y cinco (35) años de edad y más de quince (15) años de servicios, lo
que la hacía beneficiaria del régimen anterior; ii) en esa misma línea, para la entrada
en vigencia de la Ley 33 de 198545, la demandada acreditaba más de quince (15)
años continuos de servicios ante el Ministerio de la Protección Social desde el tres
(3) de enero de mil novecientos setenta y tres (1973) hasta el veintiocho (28) de
febrero de dos mil cinco (2005), desempeñando como último cargo el de auxiliar
administrativo, código 5120, grado 1146, aspecto que fue considerado por el Tribunal
de origen para concluir que resultaba, a su vez, amparada del régimen de transición
contemplado en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985.

55. Bajo ese entendido, la Sala observa que, con excepción de la bonificación por

recreación47, los factores cuya inclusión fue ordenada por el Tribunal no exceden la
tesis expuesta en la sentencia de unificación dictada por esta Corporación el cuatro
(4) de agosto de dos mil diez (2010)48, puesto que, ninguno de ellos corresponde a
un emolumento que no esté destinado a retribuir directamente la prestación del
servicio, ni se encuentra excluido o desprovisto expresamente por alguna norma de
carácter salarial; encontrando además que, aquellos fueron percibidos durante su
último año de prestación de servicios, de acuerdo con la certificación que obra en el
expediente:49

43
Cuaderno 1, folio 93.
44
Primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
45
Trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985).
46
Cuaderno 1, primera instancia, folio 65.
47
El Tribunal con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del cuatro (4) de marzo de dos mil diez (2010),
expediente: 76001-23-31-000-2007-00195-01 (0142-09), consideró que dicho concepto no constituía factor salarial, por
cuanto no correspondía a una contraprestación directa por el servicio, sino que se causaba con ocasión del disfrute de las
vacaciones.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-
01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.
49
Cuaderno 1, folio 127.

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56. Analizado el caso, tenemos que, la reliquidación efectuada en virtud del fallo

proferido por el Tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la
mesada pensional, por lo que no se advierte la existencia de un abuso del derecho,
como tampoco que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

57. Es necesario señalar que, la sentencia materia de censura atendió la posición

jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que
se profirió, esto es, la establecida en la sentencia de unificación proferida el cuatro
(4) de agosto de dos mil diez (2010), según la cual, en esta clase de pensiones de
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que se les
aplicara la Ley 33 de 1985, el IBL estaría conformado por todo lo devengado durante
el último año de servicios; al haberse aplicado dicho precedente, vigente para ese
momento en la jurisdicción contencioso administrativa, no se configura una
transgresión normativa directa, ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

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58. Debe precisarse además que, tal como se dijo en precedencia, la forma de

calcular el IBL varió en esta jurisdicción a partir de la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018)50; providencia que justamente
aclaró que, en las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de ese
pronunciamiento de unificación jurisprudencial, en las que no se hubiere dado
aplicación a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen por
ese solo hecho, las normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que se
fundamentara en la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo
de cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).

59. La sentencia objeto de reproche acogió justamente el citado fallo de unificación;

por tanto, su decisión se basó en un precedente jurisprudencial que resultaba
aplicable al caso. Además, la señora Myriam Ortegón Amaya era beneficiaria del
régimen de transición y de la Ley 33 de 1985, por lo que, la reliquidación pensional
que se otorgó a la demandada producto de la sentencia objeto de reproche, no
atenta contra el interés general, ni constituye detrimento de los recursos estatales,
como tampoco genera un desequilibrio a la sostenibilidad fiscal del sistema
pensional; lo anterior, dado que, no es una pensión excesiva ni desproporcionada,
aquella se fundamentó en lo devengado por su beneficiaria durante el último año de
servicios.

60. En consecuencia, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el

Tribunal, no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada
pensional, por lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como
tampoco que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley;
aquella fue el resultado de la aplicación de la jurisprudencia vigente para el
momento en que se ordenó la reliquidación.

61. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que, la entidad accionante no

logró acreditar los elementos constitutivos de las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.

50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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2.6. Conclusión

62. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión, interpuesta por la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De
acuerdo con lo expuesto, la Sala evidenció que, la entidad accionante no expuso
los motivos por los cuales, la reliquidación de la pensión de jubilación vulneró el
debido proceso y excedió lo debido de acuerdo con la ley.

2.7. Condena en costas.

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre

la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, contra la sentencia del once (11) de
mayo de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó
parcialmente la sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014),
proferida por el Juzgado Segundo (2) Administrativo de Descongestión Circuito de
Girardot – Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el Rad. 25307333170120110014401, atendiendo a las razones
expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las

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constancias y anotaciones del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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