Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00707-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00707-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00707-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Tres (3) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00707-00 (3921-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Maribel de Jesús Navarro Blanco
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 14 de diciembre
de 2018, por la Sala de Decisión Oral- Sección B del
Tribunal Administrativo del Atlántico. Causal regulada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema: Acción especial de revisión - Reconocimiento de
pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia
1. La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, a
través de la cual revocó la sentencia del Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Diecisiete
(2017), emitida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda de acción especial de revisión2
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Catorce (14)
de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Sala de Decisión Oral del
1
Expediente electrónico.
2
SAMAI- Índice 00003- Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-DEMANDA(.pdf)”.
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
Tribunal Administrativo del Atlántico; a través de la cual revocó la sentencia del
Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Segundo
(2°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con radicado No. «08001 33 33 002 2013 00285 00/
01» y, en su lugar, se declare que, a la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, no le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, por cuanto, no cumple
con el requisito de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial, en plazas
nacionalizadas y/o territoriales. Además, pretende que, se condene a la señora Navarro
Blanco a la restitución de las sumas pagadas por concepto de la prestación, previa
indexación e imputación de intereses moratorios, en los términos del artículo 192 del
CPACA.
3. Como sustento fáctico de sus pretensiones afirmó, que, la señora Maribel de Jesús
Navarro Blanco, nació el Veinticinco (25) de Diciembre de Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco (1955) y se desempeñó como docente, en los siguientes periodos:
i) En la Secretaría de Educación de San Andrés y Providencia: desde el
Treinta y Uno (31) de julio de Mil Novecientos Ochenta (1980), al Cuatro
(04) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982), en virtud del
Decreto No. 240 del Veintitrés (23) de julio de Mil Novecientos Ochenta
(1980).
ii) En la Secretaría de Educación del Atlántico: entre el Dieciséis (16) de abril
de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) y el Treinta (30) de noviembre de
Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), nombrada mediante el Decreto
No. 0293 de Diez (10) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982).
iii) En la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla: desde el Treinta
y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), hasta el
Nueve (09) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019).
4. La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, mediante Resolución No. UGM 2331
de Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Once (2011), negó el reconocimiento de la pensión
gracia, al determinar que la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, sostuvo una
vinculación nacionalizada hasta el Cuatro (04) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y
Dos (1982), fecha en que se retiró del servicio y, cuando retornó al mismo, el Treintaiuno
(31) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), lo hizo como docente nacional.
2
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
5. La señora Maribel de Jesús Navarro, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de obtener la pensión
gracia; demanda que le correspondió al Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla, que profirió sentencia el Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017)3, en virtud de la cual, declaró probadas las excepciones de mérito de
«inexistencia de las obligaciones reclamadas» y «cobro de lo no debido» propuestas por la UGPP.
6. Contra la anterior sentencia, la señora Maribel de Jesús Navarro interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Atlántico que, mediante sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dieciocho
(2018)4, revocó la sentencia de primera instancia, al determinar que no estaban probadas
las excepciones propuestas por la UGPP. En consecuencia, declaró la nulidad de la
Resolución No. UGM 002331 del Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Once (2011) y a título
de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y, pago de la pensión gracia,
en el equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectos fiscales
a partir del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Seis (2006).
7. Finalmente, indicó que el fallo quedó ejecutoriado el Cinco (5) de marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019).
1.2 Sentencia objeto de revisión
8. A través de la sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)5,
proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08-001-33-
33-002-2013-00285-01, se revocó la sentencia del Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla y, en consecuencia, se dispuso:
«[…] SEGUNDO: Decláranse no probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones y
cobro de lo no debido propuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP.
3
SAMAI- Índice 00003- Folios No. 112 a 140. Archivo “4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1.pdf”.
4
SAMAI- Índice 00003- Folios No. 19 a 40. Archivo “5_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS2.pdf”.
5
SAMAI- Índice 00003- Folios No. 19 a 40. Archivo “5_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS2.pdf”.
3
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
TERCERO: Declárase la nulidad- de la Resolución UGM 002331 de 28 de julio de 2011, mediante
la cual la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) en Liquidación negó el
reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho,
se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Maribel de Jesús Navarro
Blanco, identificada con cédula de ciudadanía 22.632.573, equivalente al 75% del promedio de todos
los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su
estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 29 de mayo de 2006.
QUINTO: Declárase que las mesadas causadas con anterioridad al 29 de mayo de 2006 están
prescritas.
SEXTO: Ordénase a la UGPP haga la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de
inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el
Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice Inicial
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos
192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
OCTAVO: Sin condena en costas.
NOVENO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda. […]»
9. En atención a los elementos probatorios allegados al proceso, el tribunal concluyó que,
la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, cumplió con el requisito de vinculación
nacionalizada o territorial antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), pues laboró como docente nacionalizada, al servicio del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la Escuela Primaria San Antonio de San
Andrés, entre, el Treintaiuno (31) de julio de Mil Novecientos Ochenta (1980) y el Cuatro
(4) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982).
10. Sostuvo que, comoquiera que, fue nombrada como docente nacionalizada al servicio
del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla, desde el Dieciséis (16) de
mayo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) y hasta la fecha en que presentó la
solicitud de reconocimiento de la pensión- esto es el Veintinueve (29) de mayo de Dos
Mil Nueve (2009)- contaba con más de veinte (20) años de servicio, ocupando una plaza
de carácter nacionalizado, satisfaciendo así los requisitos para el reconocimiento de la
prestación. Advirtió que la litis no tenía por objeto, la determinación del origen de los
recursos que financiaron el pago de sus haberes salariales y prestacionales.
11. Las afirmaciones previamente expuestas, se soportaron en la certificación de
veintisiete (27) de abril de Dos Mil Nueve (2009), expedida por la Jefe de la Oficina de
4
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
Gestión Administrativa del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, como
en el formato de tiempos de servicios de Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Once
(2011), suscrito, a su vez, por dicha dependencia, y que, eran contentivos del tiempo de
servicios de la señora Navarro Blanco.
12. En línea con lo anterior, estableció que, no resultaban probadas las excepciones
propuestas en primera instancia por la UGPP, pues estas se encontraban condicionadas
a la prosperidad de las pretensiones, así mismo, precisó que, resultaba meritorio declarar
la nulidad de la Resolución UGM 002331 del Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Once
(2011), mediante la cual CAJANAL negó el reconocimiento de la pensión gracia.
13. En cuanto al restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, para cuya liquidación fijó la misma, en el 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, con efectos fiscales a partir del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Seis
(2006).
14. Frente a la prescripción, afirmó que, la entonces demandante, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión, el Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Nueve
(2009), por lo tanto, las mesadas causadas con anterioridad al Veintinueve (29) de mayo
de Dos Mil Seis (2006) se encontraban prescritas.
1.3 Causal de revisión invocada
15. La demandante invocó la causal de revisión establecida en el literal b) artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
16. Señaló que, era clara la procedencia de la acción de revisión propuesta en cuanto la
sentencia objeto de revisión ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a
Maribel de Jesús Navarro Blanco, inobservando que, la docente no cumplió con el
requisito de prestación de servicios docentes en plazas de naturaleza nacionalizada o
territorial durante veinte (20) años, dada su fuente de financiación (situado fiscal), como
lo exigen las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, y teniendo en cuenta que, aquella ejerció
la docencia en plazas de carácter nacional.
17. Precisó que, el reconocimiento ordenado en la sentencia objeto de censura- del cual
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Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
goza la señora Navarro Blanco- no se ajusta a las leyes aplicables, superpone el interés
particular al general, afecta la sostenibilidad financiera e implica una disminución
injustificada al erario, situación, que, a su vez, vulnera, el derecho al debido proceso.
18. Destacó que, si bien las certificaciones de información laboral aportadas en el medio
de control ordinario, determinaban que la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco,
ostentó la calidad de docente nacionalizada, el tiempo de servicio, comprendido entre el
Treinta y Uno (31) de julio de Mil Novecientos Ochenta (1980) y el Cuatro (04) de marzo
de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982), que prestó, a la Secretaría de Educación del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue como docente nacional
y no debía ser computado, pues, el Decreto No. 240 de Veintitrés (23) de julio de Mil
Novecientos Ochenta (1980), fue expedido por la Junta Administradora del Fondo
Educativo Regional- FER, en dicha entidad territorial.
19. Afirmó que, en el acto administrativo que nombró a la demandada como docente en
el Distrito de Barranquilla, se estableció que, la disponibilidad presupuestal para efectuar
dichos nombramientos fue soportada en el situado fiscal, por tanto, tenía el carácter de
docente nacional; información que coincide con lo consignado en la Resolución No. 3091
de Dos Mil Doce (2012), en la que se reconoció una pensión de jubilación ordinaria a
favor de la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, la cual identificó el carácter nacional
de la vinculación y su financiación con recursos del situado fiscal.
20. Finalmente, agregó que, los recursos que constituían la fuente de financiación de los
salarios de los docentes, son válidos para determinar el reconocimiento de la pensión
gracia y que, los recursos del situado fiscal, que, integraban los Fondos Educativos
Regionales- FER, eran administrados, previo a la vigencia de la Ley 60 de 1993, por las
entidades territoriales, en virtud del Decreto Ley 3157 de 1968 y bajo el Decreto 102 de
1976, a través de cuentas independientes, para diferenciarlo de recursos sujetos al
compromiso de obligaciones propias. En tal sentido, dichos recursos eran transferidos a
las entidades territoriales, a efectos de atender obligaciones a cargo de la Nación.
1.4 Auto admisorio
21. Por medio de providencia del Seis (6) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) se
admitió el recurso extraordinario de revisión6.
6
SAMAI- Índice 00026.
6
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
1.5 Contestación de la demanda de revisión7
22. La señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, por intermedio de apoderado, se opuso
a las pretensiones de la acción especial de revisión, pues sostuvo que, la misma no se
ajusta a las causales taxativas previstas en la ley y que la entidad accionante pretende
reabrir un debate que fue definido en una sentencia, la cual se encuentra ejecutoriada.
23. Precisó que, como fue constatado en la decisión objeto de reproche, la docente
cumplió con los requisitos que exige la normatividad para causar la pensión gracia, pues,
se demostró, que:
i) Mediante Decreto No. 240 del Veintitrés (23) de julio de Mil Novecientos
Ochenta (1980), fue vinculada como docente nacionalizada a la Intendencia de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, satisfaciendo el requisito de
vinculación nacionalizada o territorial antes del Treintaiuno (31) de diciembre
de Mil Novecientos Ochenta (1980).
ii) Nació el veinticinco (25) de diciembre de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco
(1955), por lo cual, en el momento en que adquirió el estatus pensional,
contaba con más de cincuenta (50) años.
iii) Observó buena conducta durante el tiempo de prestación de servicios, razón
por la cual adujo que dicho requisito no se desvirtuó.
iv) Acumuló más de veinte (20) años de servicios como docente territorial y
nacionalizada, pues, los emitieron autoridades territoriales de la Intendencia de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Departamento del Atlántico y
Distrito de Barranquilla, en ejercicio de sus competencias legales. Así, el hecho
de que intervengan instancias como el FER en su suscripción o en la
certificación de la disponibilidad presupuestal, no desvirtúa el carácter
nacionalizado de la vinculación.
24. Afirmó que, la sentencia que reconoció la pensión gracia, se ajustó a los requisitos
establecidos en las Leyes 114 de 1913 y 37 de 1993, en armonía con el precedente de
unificación de 21 de junio de 2018, proferido por el Consejo de Estado, en materia de
pensión gracia.
7
SAMAI- Índice 00033- Archivo “31_MemorialWeb_Otro-CONTESTACIONALRECU(.pdf)”.
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Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
25. Señaló que, el origen de los recursos en el situado fiscal no desnaturaliza el carácter
de la plaza docente y que, la pensión reconocida no constituye una concesión indebida,
pues, por el contrario, materializa un derecho adquirido, cuyos requisitos se demostraron.
26. Con base en lo anterior, solicitó que se declare infundada la acción promovida por la
demandante y se mantenga incólume la sentencia de Catorce (14) de diciembre de Dos
Mil Dieciocho (2018), proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo
del Atlántico.
1.6 Concepto del Ministerio Público8
27. El agente del Ministerio Público emitió concepto, en el que solicitó declarar infundada
la acción especial de revisión, para lo cual sostuvo, que la causal contenida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se configuró, comoquiera que, el
reconocimiento de la pensión gracia se ajustó a los requisitos legales y jurisprudenciales
que rigen la prestación, sin que se acreditaran los motivos de censura que alegó la UGPP.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
28. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley 797 de 200310, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo
080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019) 11.
2.2 Oportunidad
29. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la
sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el catorce (14) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), quedó ejecutoriada el cinco (05) de marzo de Dos
8
SAMAI- Índice 00032.
9
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
11
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
Mil Diecinueve (2019)12; y la demanda fue presentada el Tres (3) de noviembre de Dos
Mil Veintiuno (2021)13, esto es, dentro del término de cinco (5) años establecido en el
artículo 251 del CPACA.
2.3 Problema Jurídico
30. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, al reconocerse una pensión gracia en favor de la señora
Maribel de Jesús Navarro Blanco, en cuantía que excede lo debido de acuerdo
con la ley?
(i) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar la sentencia del Catorce (14)
de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Sala de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico?
2.4 Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance
31. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
12
SAMAI- Índice 00016. Carpeta “08001333300220130028500”. Documento “01PrimeraInstancia”. Archivo
“C02ConstestacionDemanda”. Consecutivo No. 50.
13
SAMAI- Índice 00001.
9
Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
32. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 14 y comporta
una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 15.
33. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
34. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios16.
35. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
14
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-
01027-00.
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Número Interno: 3921-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Maribel de Jesús Navarro Blanco
que el trámite17 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis18, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia19», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción especial 20.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.
36. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que
“cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir, cuando la
sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente establecido.
37. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta legal
útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite corregir
los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera 21.
17
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio
y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia
ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un
nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía
Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00
(REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial
revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos
del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta
providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui
generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de
transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite
previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2)
causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
19
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una
entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección
Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo
Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)].
MP. William Hernández Gómez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez
Rico.
21
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“A”, sentencia del 17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-
00665-00(2074-14).
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38. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) 22, la Sección Segunda
de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de revisión bajo
estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que, se orienta
a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con
el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira.
39. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige como
una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial -o de
fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a la liquidación de
aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la causal los asuntos
relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.
2.5 Caso concreto
40. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pretende que se infirme la
sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual, revocó
la sentencia del Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el
Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que negó las
pretensiones incoadas por la ahora demandada y, en su lugar, ordenó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia, con efectos fiscales a partir del Veintinueve (29) de mayo
del Dos Mil Seis (2006), en favor de la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, dentro
del medio de control con radicado No. «08001-33-33-002-2013-00285-00 (01)».
41. La entidad accionante invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual arguyó que, la sentencia cuya revisión se pretende, le
22
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021,
radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de
octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.
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reconoció una pensión gracia a la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, sin que
cumpliera el requisito de veinte (20) años de servicio docente, en plazas de naturaleza
territorial o nacionalizada. Al respecto, hizo hincapié en que, la Sala de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo del Atlántico, encontró acreditado el requisito en mención, sin
precisar que, las plazas que ocupó tenían como fuente de financiación recursos del
situado fiscal y en los actos de vinculación intervino la Junta Administradora del Fondo
Educativo Regional - FER, lo cual, permitía determinar que las plazas docentes eran
nacionales, por tanto, los servicios que integraban dichos periodos no resultaban
computables para el reconocimiento prestacional.
42. Una vez determinado el objeto de la causal invocada, la Sala determinará su
configuración en el caso concreto.
2.5.1. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
43. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está encaminado a
reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la sostenibilidad fiscal y
la estabilidad del sistema de seguridad social.
44. En el presente asunto, está demostrado que, a través de la sentencia del Catorce (14) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)23, proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico, se revocó la sentencia de primer grado, para lo cual ordenó, a título
de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la
señora Maribel de Jesús Navarro Blanco, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%), calculado sobre el promedio de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional, debidamente indexados. No
obstante, el pago de la prestación se ordenó a partir del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil
Seis (2006) por prescripción.
45. Como sustento de la decisión, bajo lo expuesto en precedencia, el Tribunal en cita,
luego de hacer un recuento normativo 24 y jurisprudencial 25 , resaltó en la providencia
impugnada que, «[e]fectivamente, no había lugar a considerar la fuente de financiación u origen de los
23
Folios No. 19 a 40. Archivo “5_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS2.pdf” - Índice 0003- SAMAI.
24
Citó la Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 47 de 1975 y la Ley 91 de 1989.
25
Entre otras la Sentencia de Unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 Radicado No. 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014).
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recursos con que se efectuaron los pagos realizados por los servicios prestados a la docente, esto es, si
provinieron o no del situado fiscal (hoy sistema general de participaciones), pues como ya lo dijo el Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, “lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada”».
46. Así mismo, indicó que, la señora Maribel de Jesús Navarro Blanco tiene derecho a
que se le reconozca la pensión gracia por cumplir con el lleno de requisitos dispuestos
para ello, esto es, contar con cincuenta (50) años, demostrar buena conducta en su
ejercicio docente, acreditar una vinculación docente con anterioridad al Treintaiuno (31)
de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), y más de veinte (20) años de servicio
como docente de carácter territorial o nacionalizada.
47. La decisión se soportó- probatoriamente- en la certificación del Veintisiete (27) de
abril de Dos Mil Nueve (2009) y en el formato de tiempos de servicios del Veinticinco (25)
de febrero de Dos Mil Once (2011), expedidos por la Oficina de Gestión Administrativa
del Distrito Especial, Industria y Portuario de Barranquilla, los cuales identificaban que, la
señora Maribel de Jesús Navarro Blanco prestó sus servicios en los siguientes periodos:
Forma de Tipo de Periodo laborado Tiempo Entidad- Institución
Vinculación Vinculación laborado Educativa
Decreto 240 de 23 Nacionalizado Desde: 31/07/1980 1 año, 7 meses -Secretaria de Educación
de julio de 1980 Hasta: 3/03/1982 y 4 días de San Andrés.
-Escuela Primaria San
Antonio de San Andrés
Decreto 0293 de Nacionalizado Desde: 18/05/1982 7 años, 8 -Gobernación del Dpto
10 de marzo de Hasta: 29/11/1989 meses y 14 del Atlántico
1982 días -Colegio Barranquilla
para señoritas
Decreto 0617 de Nacionalizado -Desde: 31/03/1997 2 años, 11 -Alcaldía Distrital de
25 de febrero de Hasta: 15/03/2000 meses y 17 Barranquilla.
1997- días -Colegio Centro de
nombramiento en Educación Básica No.
propiedad 137
Resolución 0727 Nacionalizado Desde: 17/03/2000 10 años, 11 -Alcaldía Distrital de
de 17 de marzo de Hasta: 25/02/2011 meses y 9 días Barranquilla.
2000 -Colegio Centro de
Educación Básica No.
148
48. Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida providencia del
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Tribunal, afirmando que, la señora Navarro Blanco no cumplía los requisitos para acceder
a la pensión gracia, habida cuenta que, los tiempos de servicio docente, corresponden a
una vinculación de carácter nacional. Aunado a ello, expresó que no compartía la decisión
del fallador de instancia, teniendo en cuenta que los recursos del situado fiscal, en ningún
momento, dejaron de ser recursos de la Nación.
49. Al respecto se advierte que, más allá de sustentar un reproche en torno a la
justificación del exceso en la cuantía de la prestación gracia que fue reconocida, la
entidad pretende reabrir la discusión de fondo, con miras a que se determine, si la señora
Maribel de Jesús Navarro Blanco, cumplió con el requisito de veinte (20) años de servicio
docente de carácter nacionalizado o territorial a efectos del reconocimiento prestacional,
considerando, a partir de la fuente presupuestal que soportó la financiación de las plazas
ocupadas. En otros términos, la accionante busca que, esta Sala, fungiendo como un
juez de instancia, resuelva un aspecto consustancial al reconocimiento de un derecho
pensional, al amparo de una causal, que no guarda relación alguna con la argumentación
que expuso.
50. Sin perjuicio de lo anterior, para soportar la causal invocada, la accionante no explicó
las razones por las cuales, el reconocimiento pensional comportó un pago excesivo,
injustificado, desproporcionado o que contraríe los límites legales. Sobre este punto, la
Sala reitera que, la acción de revisión se erige como una herramienta judicial, cuyo
ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular, al detener o
armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso 26.
51. No obstante, la Sala resalta que la pensión que se le reconoció a la demandada, no
representa una prestación excesiva, que contraríe el criterio de sostenibilidad fiscal, ni
genera un desequilibrio a la estabilidad del sistema pensional. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, no se trata de una pensión en cuantía superior a la que correspondía, esto
es, una prestación, desproporcionada, pues aquella se basó, en el análisis de las normas
y precedentes que regulan la materia, así como en la historia laboral de la otrora
demandante. En este punto, se destaca que, el Tribunal soportó su decisión en el
precedente de unificación aplicable y en los medios de prueba, que, este mismo avala de
para determinar la naturaleza de la plaza docente, que determina el reconocimiento de la
pensión gracia.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado:
11001-03-25-000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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52. En criterio de la Sala27, los argumentos de la accionante no se ajustan a la causal de
revisión que se invoca, porque esta hace referencia al reconocimiento prestacional que
excede lo debido; sin embargo, en el recurso no se expone cómo la cuantía de la pensión
que se ordenó puede exceder los límites legales, por lo cual, se concluye que la
demandante no desarrolló en debida forma la configuración de la causal b) Por lo tanto,
la causa invocada no tiene vocación de prosperidad.
53. En suma, se debe señalar, que la causal invocada por la parte actora no está instituida
para la discusión del derecho pensional reconocido, pues, el alcance del escenario
previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se orienta a revisar aquellas
prestaciones, cuya cuantía exceda lo reconocido de acuerdo con la ley.
54. Siendo así las cosas, al no encontrarse probada en el presente asunto la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada la
presente acción, no sin antes advertir, por sustracción de materia, que deviene
improcedente un pronunciamiento sobre el pretendido reintegro de las sumas pagadas.
2.6. Conclusión.
55. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP,
contra la sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida
por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico; a través de la cual
se revocó la sentencia del Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida
por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, al no
encontrar configurada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. De acuerdo con lo expuesto, la sala evidenció que, la accionante no
expuso los motivos por los cuales, la pensión gracia reconocida a favor de la señora
Maribel de Jesús Navarro Blanco, excedió la cuantía que legalmente corresponde y,
asimismo, advirtió que, en sede de revisión, no es dable reabrir una discusión de fondo
en torno al reconocimiento de la pensión gracia.
2.7. Condena en costas.
27
La presente conclusión, atiende al criterio establecido por la Sala de Decisión en los siguientes asuntos,
los cuales guardan correspondencia con el presente caso: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia de 19 de junio de 2026. Radicado No. 11001-03-25-000-2024-00249-00 (3378-
2024). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; Sentencia del 11 de junio de 2026. Radicado No. 11001-
03-25-000-2019-00965-00 (6676-2019). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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56. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón por la
cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, contra la sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Atlántico; a través de la cual revocó la sentencia del Veintisiete (27) de octubre de Dos
Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 08 001 33 33 002
2013 00285 00, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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