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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00965-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00965-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión; a través de la cual, se modificó la sentencia del Catorce (14) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito de Mocoa; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 86001-33-31-001-2016- 00451-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00965-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00965-00 (6676-2019)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Pablo Emilio Canchala Delgado
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 10 de julio de
2019, por el Tribunal Administrativo de Nariño. Causal
regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Tema: Reconocimiento pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia

1. La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión; a través de
la cual, se modificó la sentencia del Catorce (14) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), emitida por el Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito de Mocoa que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), formuló la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Diez
(10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Primera de Decisión; a través de la cual, modificó la sentencia del Catorce

1
Expediente híbrido.
2
Expediente físico, folios 156 a 190.

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

(14) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Primero (1)
Administrativo del Circuito de Mocoa; dictadas dentro del proceso con radicado No.
«86001-33-31-001-2016-00451-00»3 y, en su lugar, se declare que al señor Pablo Emilio

Canchala Delgado, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia, por cuanto, los tiempos laborados antes el Treinta y uno (31) de Diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980), fueron como docente nacional.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, el señor Pablo Emilio Canchala
Delgado, nació el Once (11) de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Siete (1957) y
se desempeñó como docente con «Vinculación Nacionalizado» desde el Dieciséis (16) de
Noviembre de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976) al Catorce (14) de Agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), nombrado mediante Decreto 0330 del Diez (10) de Noviembre de
Mil Novecientos Setenta y Seis (1976).

4. La demandante mediante resolución RDP 006332 de 15 de febrero 2016, negó el pago
de la pensión gracia, por cuanto la Alcaldía de San Francisco no allegó la documentación
solicitada, decisión que fue confirmada integralmente a través de actuación RDP 020579
de 26 de mayo de 2016, teniendo en cuenta que, según certificación allegada por la
Secretaria de Educación de Putumayo, la fuente de financiación de los recursos para el
nombramiento del señor Canchala Delgado correspondía al situado fiscal.

5. El aquí demandado interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la UGPP, con el fin de obtener la pensión gracia; demanda que le correspondió
al Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito de Mocoa, quien profirió sentencia el
Catorce (14) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017)4, disponiendo declarar la nulidad
de los actos acusados y reconocer la pensión gracia equivalente al 75%, calculado sobre
el promedio mensual de la asignación básica y demás factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos legales.

6. Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación por la UGPP, el cual, fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión; mediante
sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019) 5 , donde se dispuso
modificar la sentencia de primer grado en el sentido de declarar probada la excepción de
prescripción.

3
Registra en SAMAI como 52001-23-30-000-2016-00451-01
4
Expediente físico, folios 179 a 185.
5
Expediente físico, folios 140 vto a 147.

2

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

7. Finalmente, indicó que, el fallo quedó ejecutoriado el Primero (1) de Agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019).

1.2 Sentencia objeto de revisión

8. A través de la sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 86001-33-31-001-2016-00451-01, modificó la sentencia del
catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Primero
(1) Administrativo del Circuito de Mocoa, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

9. Al respecto, la sentencia de primera instancia resolvió lo siguiente:

«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. No. RPD 020579 del 15 de febrero de
2016, RPD 020579 del 26 de mayo de 2016 y RPD 022862 del 18 de junio de 2016 expedidas por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, la mediante las cuales se niega el reconocimiento y pago de la pensión
mensual, vitalicia gracia del señor PABLO EMILIO CANCHALA DELGADO.

SEGUNDO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho, se dispone:

a) ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP para que a partir del cumplimiento del status pensional,
reconozca y pague al señor JOSE RICARDO QUIJANO BEDOYA, la pensión gracia en una cuantía
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%), calculado sobre el promedio mensual de la
asignación básica y demás factores salariales devengados duranta el año inmediatamente anterior
al cumplimiento de los requisitos legales.

b). CONDENAR a la entidad demandada para que sobre las mesadas adeudadas, pague las sumas
necesarias para hacer los ajustes del valor de las mismas, conforme a la variación del índice de
precios al consumidor (IPC).

Las sumas que se dejaron de pagar se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia,
aplicando para ello la siguiente fórmula: […]

TERCERO.- A esta providencia se le dará cumplimiento dentro de los términos establecidos en el
artículo 192 inciso 1 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- DENEGAR las demás pretensiones de la demanda

QUINTO.- Condenar en costas a la parte demandada, es decir a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, de conformidad en la previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General del Proceso. Se fija el 3% del
valor de las pretensiones por concepto de agencias en derecho en esta instancia.»

10. En atención a los elementos probatorios allegados al proceso, el juez de primera
instancia concluyó que, la vinculación como docente del demandante, por virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto No. 330 de 1976, fue de carácter

3

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

nacionalizado. Adicionalmente, quedó demostrado que el señor Canchala Delgado
ejerció como docente nacionalizado por treinta (30) años y ocho (8) meses, contaba con
más de 50 años de edad, y, no devengaba ninguna otra pensión proveniente de la nación.

11. En mérito de lo anterior, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en
favor del actor, teniendo en cuenta para su cálculo, el 75% de todos los factores
devengados y certificados por todo concepto, en el año inmediatamente anterior al
cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación.

12. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, al
resolver el recurso de apelación formulado por la UGPP, determinó:

«PRIMERO.- MODIFICAR, la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2017, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa (P), en el asunto de la referencia, a la
cual se le agregará un ordinal en el siguiente sentido:

“SEXTO.- DECLARAR probada la excepción denominada *prescripción de los montos
derivados de la presente declaración, que hayan emanado con anterioridad at 08 de octubre
de 2012, por tas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

SEGUNDO.- CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada y a favor de
la parte demandante, cuya liquidación se practicará por el Juzgado de primera instancia.

TERCERO.- Ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría de la Corporación se realizarán las
respectivas desanotaciones del libro radiador correspondiente y luego se archivará el
expediente. A la parte demandante se le devolverá tos dineros que depositó para atender
gastos ordinarios del proceso, si tos hubiera. Se dejará la respectiva constancia »

13. Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que, i) el señor Pablo Emilio
Canchala Delgado, radicó solicitud de pensión gracia el ocho (8) de Octubre de Dos Mil
Quince (2015), teniendo cincuenta y siete (57) años, Once (11) meses y Veinticinco (25)
días de edad;6 ii) según certificado único para la expedición de historia laboral, el aquí
demandada se vinculó como docente desde el diez (10) de noviembre de Mil Novecientos
Setenta y Seis (1976), como docente de primaria del Municipio de Mocoa (P) nombrado
mediante Decreto 0330 de esa misma calenda; iii) conforme certificado expedido por
Oficina de Control Interno Disciplinario Departamental de Putumayo, se desprende que,
el señor Canchala Delgado no habría sido sancionado disciplinariamente durante su
ejercicio docente.

14. Finalmente, modificó el numeral sexto de la providencia proferida por el tribunal, en
cuanto a la prescripción, al considerar que, la petición de reconocimiento y pago de
pensión gracia fue radicada el 8 de octubre de 2015, por lo que, debían declararse

6 Nació el 11 de octubre de 1957.

4

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de octubre de 2012,
en atención a lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969.

1.3 Causales de revisión invocadas

15. La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) 20 de la Ley
797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de

pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

16. Señaló que, era clara la procedencia de la acción propuesta, en cuanto las sentencias
objeto de revisión ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia a Pablo Emilio
Canchala Delgado, inobservando que, los tiempos laborados antes del 31 de diciembre
de 1980, no lo fueron como docente con vinculación de carácter departamental,
municipal, distrital o nacionalizado, ya que, los tiempos laborados en virtud del «Decreto
0770 de 1978, expedido por el intendente nacional del Putumayo anteriores a la mentada fecha fueron
financiados con recursos provenientes de la Nación y por tanto dichos tiempos son NACIONALES,
desconociendo la normatividad -Ley 114 de 1913 y el precedente constitucional vigente».

17. Luego, desarrolla de manera conjunta las causales invocadas, argumentando y
reiterando que, el periodo laborado por el demandado entre el 16 de noviembre de 1976
a 31 de diciembre de 1980 fue de carácter nacional, incumpliendo el requisito de
vinculación nacionalizada o territorial, anterior a 31 de diciembre de 1980, y que, «no se
comparte la decisión del fallador, dado que teniendo en cuenta la reciente sentencia de unificación de 21
de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, se considera que ésta no hizo distinción en el manejo
y naturaleza jurídica del Situado Fiscal, antes y después de la Ley 60 de 1993. Por ello, las transferencias
que la Nación efectuaba a las entidades territoriales en vigencia del acto legislativo 01 de 1968,
desarrollado por la Ley 46 de 1971, por concepto de Situado Fiscal, no eran recursos propios de las
entidades territoriales, y por ende no pueden ser calificados como recursos cedidos por la Nación a las
mencionadas entidades territoriales».

18. Finalmente, expuso que, los representantes de los entes territoriales que hacían parte
de «los FER» expedían actos de nombramiento y remoción docente (nacional y
nacionalizado), cuando los recursos de financiación provenían del situado fiscal, como
delegados o agentes del gobierno central y no como nominadores de docentes
territoriales.

1.4 Auto admisorio
5

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

19. Por medio de providencia del Diez (10) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) se
admitió el recurso extraordinario de revisión7.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

20. Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario8, la parte pasiva dentro del
término otorgado guardó silencio.

1.6 Concepto del Ministerio Público

21. El agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

II CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

22. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley 797 de 200310, en concordancia
con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el
Acuerdo 80 de doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)11.

2.2 Oportunidad

23. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia del
Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Primera de Decisión, quedó ejecutoriada el Primero (1) de Agosto de Dos
Mil Dos Mil Diecinueve (2019)12; y la demanda fue presentada el Veintinueve (29) de
Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)13, esto es, dentro del término establecido en el
artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

7
Expediente Samai, índice 00024
8
Samai, índice 32. Así como, auto de decreto de pruebas, donde se tuvo por no contestada la demanda.
9
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
11
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12
Expediente Tribunal Administrativo de Nariño - Samai índice 00014
13
Expediente físico, folio 6 vto.

6

Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

24. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

¿La sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, está incursa en las causales
de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto
es, si el beneficio pensional del demandante fue obtenido con violación del debido
proceso y/o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley?

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

25. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

26. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material14 y comporta
una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que, «solo debe admitirse frente a
un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»15.

27. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la

14
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.

7

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Accionante: UGPP
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seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio, adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

28. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha precisado que, la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios16.

29. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
que el trámite17 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 18, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 19», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial20.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

30. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
17
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
19
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta
Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso.

31. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado21:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

32. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen»22 y «la parte interesada debe promover

la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 23.

33. La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta
causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso
es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el
expediente, pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y
dar paso al restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción
especial de revisión.

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024.

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Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

34. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que,
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una

prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

35. De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala advierte
que, lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que menciona el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para accionar contra una sentencia
judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en cuanto
ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente
previsto, buscando restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo
los principios de solidaridad y equilibrio financiero.24

2.5 Caso concreto

36. Descendiendo al asunto sub examine, se tiene que la UGPP pretende se revoque la
sentencia proferida el Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión; modificatoria de la sentencia dictada
por el Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito de Mocoa, dentro del proceso con
radicado No. 86001-33-31-001-2016-00451-01 y, en su lugar, se declare que, al señor
Pablo Emilio Canchala Delgado, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

Sobre la primera causal invocada, esto es, la presunta violación al debido proceso:

37. El literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispuso como causal de revisión
«cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso». En ese sentido, las

decisiones judiciales que hayan ordenado u ordenen el reconocimiento de prestaciones
que generen para el tesoro público o para fondos de carácter estatal la obligación de
pagar sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier tipo, podrán ser objeto de
revisión por parte de esta Corporación, dentro de los asuntos de su competencia, cuando
dicho reconocimiento se haya obtenido con desconocimiento del debido proceso.

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 11001-03-25-000-2016-00-299-
00 (1716-2016), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

38. La Subsección recuerda que, desde que se profirió la sentencia del Cinco (5) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No. 22, esta
Corporación ha sostenido que, la configuración de esta causal se genera cuando se
vulnera alguno de los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el derecho al juez natural
o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento o, iii) las garantías de audiencia y defensa, lo cual, incluye el derecho a
presentar y contradecir pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

39. En ese sentido, está demostrado que, por medio de la sentencia del Diez (10) de Julio
de Dos Mil Diecinueve (2019)25, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión; modificó la sentencia de primer grado, disponiéndose la confirmación del
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del señor Pablo Emilio Canchala
Delgado, en una cuantía equivalente al Setenta y Cinco por ciento (75%), calculado sobre
el promedio mensual de la asignación básica y demás factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos legales,
debidamente indexados; no obstante, el pago de la prestación se ordenó a partir del Ocho
(8) de Octubre de Dos Mil Doce (2012) por prescripción.

40. Como sustento de la decisión, y se expuso en precedencia, el aludido Tribunal luego
de hacer un recuento normativo26 y jurisprudencial27 resaltó en la providencia impugnada
que, «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente de la Nación»

41. Así mismo, indicó que, el señor Pablo Emilio Canchala Delgado tiene derecho a que
se le reconozca la pensión gracia por cumplir con el lleno de requisitos dispuestos para
ello, esto es, contar con 50 años, demostrar buena conducta en su ejercicio docente,
contar con una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y, con 20 años
de servicio como docente de carácter territorial y/o nacionalizado.

25
Ibid.
26
Citó la Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 91 de 1989.
27
Entre otras la Sentencia de Unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 Radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014)

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Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

42. Finalmente, evidenció que, mediante Decreto 330 del 10 de noviembre de 1976,
suscrito por la intendencia de Putumayo y el secretario de Educación del Departamento
de Putumayo, el aquí demandado prestó sus servicios en el nivel básica primaria, como
docente, laborando desde el 16 de noviembre de dicha anualidad, por lo que podría
inferirse que, su vinculación surgió en vigencia de la Ley 43 de 1975, por lo que, debe
considerarse como nacionalizado, conservando así el derecho para acceder a la pensión
gracia, pese a recibir una remuneración del nivel nacional lo cual considera, quedó
«clarificado con la sentencia de unificación referenciada en párrafos anteriores, que sostiene que no es

dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales, con
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación ».

43. Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida providencia del
Tribunal afirmando que, el señor Canchala Delgado no cumplía los requisitos para
acceder a la pensión gracia, ya que, todos los tiempos al servicio de la docencia
corresponden a una vinculación de carácter nacional y que no compartía la decisión del
fallador teniendo en cuenta que los recursos del situado fiscal, en ningún momento
dejaron de ser recursos de la Nación.

44. Para la Sala, estos argumentos están dirigidos a cuestionar el reconocimiento de la
prestación, los cuales, no se adecuan a la causal establecida en el literal a) de la Ley 797
de 2003; comoquiera que, por medio de ella solo es posible analizar, como ya se ha
expuesto, violación al debido proceso; sin embargo, no puede ser usada para debatir
aspectos sustanciales que tuvo en cuenta el juez para reconocer el derecho pensional.
Así las cosas, este motivo de inconformidad no será valorado dado que no corresponde
a la causal invocada.

45. Además, debe precisarse que, la decisión del Tribunal fue el resultado de la aplicación
de las normas que resultan pertinentes, los precedentes y derroteros fijados por esta
Corporación para el desarrollo del caso; destacando que en ella se hizo una evaluación
integral de las pruebas y que la entidad accionante durante el proceso ordinario que
finalizó con la sentencia recurrida tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa
y contradicción; sumado a que se respetaron las etapas del proceso y se otorgaron todas
las garantías procesales, por tanto, no le asiste razón jurídica al recurrente acerca de la
vulneración al debido proceso, razón por la cual, se concluye no se encuentra fundada
esta causal.

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Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

Sobre la segunda causal invocada, esto es, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables:

46. La Subsección destaca que, los argumentos de la accionante no se adecuan a la
causal de revisión que se invoca, porque esta, hace referencia al reconocimiento
prestacional que excede lo debido; sin embargo, en el recurso no se expone como la
cuantía de la pensión que se ordenó puede exceder los límites legales.

47. La UGPP se limitó a alegar que, la pensión había sido otorgada sin el cumplimiento
de los requisitos legales, y sustentó de manera conjunta las causales solicitadas,
reiterando aseveraciones que ya fueron analizadas por la Sala en la causal anterior; en
ese orden de ideas, se concluye que, la demandada no desarrolló en debida forma la
configuración de la causal b); por lo tanto, no tiene ánimo de prosperidad el reproche.

48. No obstante, la Sala resalta que, la pensión que se otorgó al demandado, no
constituye detrimento de los recursos estatales, como tampoco, genera un desequilibrio
a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; lo anterior, dado que, no es una pensión
excesiva, ni desproporcionada, pues, aquella se basó, como se indicó en la causal
anterior, en el análisis de las normas y precedentes que regulan la materia; destacándose
que, el Tribunal en cuanto a la fecha de reconocimiento accedió a los argumentos de
apelación de la providencia de primera instancia formulados por la UGPP en cuanto a la
aplicación del fenómeno prescriptivo, declarando probada la misma, sobre los montos
derivados de la declaratoria de nulidad, que se generaran con anterioridad al Ocho (8) de
Octubre de Dos mil Doce (2012) conforme a lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969,
Artículo 102.

49. Siendo así las cosas, se concluye que, no se configuraron en este asunto las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; por tanto, se
declarará infundada la presente acción.

2.6 Condena en costas

50. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón por la
cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

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Número Interno: 6676-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Pablo Emilio Canchala Delgado

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión; a través de la cual, se modificó la sentencia del Catorce (14) de Septiembre de
Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Primero (1) Administrativo del Circuito
de Mocoa; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 86001-33-31-001-2016-
00451-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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