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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00364-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00364-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío; a través de la cual, revocó la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. «63 001 33 33 001 2015 00318 00 / 01», de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 19 Número Interno: 1831-2021 Accionante: UGPP Accionado: Rubidia Cardona de Rico SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00364-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00364-00 (1831-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Rubidia Cardona de Rico
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 4 de junio de
2020, por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío. Causal regulada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema: Acción especial de revisión - Reconocimiento de
pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia

1. La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, contra la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por
la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la
cual, revocó la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social UGPP, formuló la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Cuatro
(4) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral del

1 Expediente digitalizado:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000202100364001100103.
2 SAMAI- Índice 00003- Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf)”.

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

Tribunal Administrativo del Quindío; a través de la cual, revocó la sentencia del
Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), emitida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia; dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con radicado No. «63 001 33 33 001 2015 00318 00 /
01» y, en su lugar, se declare que, a la señora Rubidia Cardona de Rico, no le asiste el

derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, por cuanto, no cumple con el
requisito de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial, en plazas nacionalizadas
y/o territoriales. Además, pretende que, se condene a la señora Cardona de Rico a la
restitución de las sumas pagadas por concepto de la prestación, previa indexación e
imputación de intereses moratorios, en los términos del artículo 192 del CPACA.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, afirmó, que, la señora Rubidia Cardona de
Rico, nació el Cinco (5) de febrero de Mil Novecientos Cincuenta y Tres (1953) y, se
desempeñó, en los siguientes periodos:

3.1. En la Secretaría de Educación del Quindío: desde el Ocho (8) de marzo al Tres (3)
de mayo de Mil Novecientos Ochenta (1980), en virtud de la certificación del
Veintiocho (28) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), cuando se
desempeñó como docente.

3.2. En la Secretaría de Educación del Quindío: entre el Catorce (14) de enero de Mil
Novecientos Ochenta y Dos (1982) y el Doce (12) de febrero de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992), a partir del nombramiento en el cargo de auxiliar
administrativo, conforme al Decreto 605 del Dieciocho (18) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Uno (1981), según certificado de tiempo de servicios No.
26-246, expedido por la Secretaría de Educación de la gobernación del Quindío,
el Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Ocho (2008).

3.3. En la Secretaría de Educación del Quindío: desde el Trece (13) de febrero de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992), hasta el Veintiuno (21) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996); bajo el nombramiento realizado en virtud del
Decreto No. 25 del Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
cuando se desempeñó como docente con vinculación nacional, de acuerdo con el
certificado de tiempo de servicios No. 26.426 del Veinticinco (25) de agosto de Dos
Mil Veinte (2020), expedido por la gobernación del Quindío.

2

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

3.4. En la Secretaría de Educación del Quindío: entre el Veintidós (22) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996) y el cinco (5) de abril de Dos Mil Quince (2015),
periodo en que, reportó una vinculación como docente nacional y financiada bajo
recursos del situado fiscal, según la certificación electrónica de tiempos de
servicios [CETIL] No. 202008890001639900930016, del Veinticinco (25) de agosto
de Dos Mil Veinte (2020).

4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, mediante Resolución No. RDP 33115 del Veinticuatro
(24) de enero de Dos Mil Trece (2013), negó el reconocimiento de la pensión gracia, al
determinar que, según la certificación de tiempo de servicio No. 26426 expedida por la
Secretaría de Educación Departamental del Quindío, la señora Rubidia Cardona de Rico,
se desempeñó desde el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982),
hasta el Once (11) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), como auxiliar
administrativo en la secretaría de educación de dicha entidad territorial.

5. La señora Rubidia Cardona de Rico, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de obtener la
pensión gracia; demanda que le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Armenia, que profirió sentencia el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019)3, en virtud de la cual, declaró probadas las excepciones de mérito de
«inexistencia de la obligación», «presunción de legalidad de los actos administrativos», «cobro de lo no
debido» y «buena fe» propuestas por la entonces demandada.

6. Contra la anterior sentencia, la señora Rubidia Cardona de Rico interpuso recurso de
apelación, el cual, fue resuelto por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Quindío que, mediante sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil
Veinte (2020) 4 , revocó la sentencia de primera instancia, al determinar que, la
demandante cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En
consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución No. PDP 003115 del Veinticuatro (24)
de enero de Dos Mil Trece (2013), y a título de restablecimiento del derecho, condenó a
la demandada al reconocimiento y pago de la pensión gracia, aplicando todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus
pensional, es decir, a partir del Cinco (5) de enero de Dos Mil Tres (2003).

3 SAMAI- Índice 00003- Folios No. 133 a 151. Archivo “4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf)”.

4 SAMAI- Índice 00003- Folios No. 152 a 173. Archivo “4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf)”.

3

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

7. Afirmó que, mediante Resolución No. RDP 22317 del Treinta (30) de septiembre de
Dos Mil Veinte (2020), la demandada cumplió con lo ordenado en la sentencia proferida
por el tribunal, disponiendo el reconocimiento de una pensión gracia a favor de la señora
Cardona de Rico, en cuantía de Un Millón Sesenta y Cuatro Mil Ciento Nueve Pesos
M/CTE ($ 1.064.109), efectiva a partir del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Tres (2003), con
efectos fiscales a partir del Dos (2) de octubre de Dos Mil Doce (2012), por prescripción
trienal.

8. Precisó que, mediante Resolución No. RDP 004482 del Veinticuatro (24) de febrero de
Dos Mil Veintiuno (2021), la demandada negó una solicitud de modificación, presentada
frente a la Resolución No. RDP 22317 del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinte
(2020), en lo que corresponde a la fecha de reconocimiento efectivo, disponiendo que,
conforme se estableció en este último acto administrativo, los efectos fiscales tendrían
lugar a partir del Dos (2) de octubre de Dos Mil Doce (2012), conforme operó el término
de prescripción.

1.2 Sentencia objeto de revisión

9. A través de la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte (2020)5, proferida
por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 63001-3333-001-
2015-00318-01, se revocó la sentencia el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y, en
consecuencia, se dispuso:

«PRIMERO: REVOCAR la Sentencia 140 proferida el 29 de Julio de 2019 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
y en su lugar determinar:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución PDP 003115 de 24 de enero de 2013
proferida por la UGPP.

SEGUNDO: Condenar a la accionada, UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia, a que
tiene derecho la señora RUBIDIA CARDONA DE RICO, por los 20 años de servicio y 50
años de edad, a partir del día 5 de enero de 2003, fecha en la que adquirió el estatus
pensional.

En la liquidación de la mesada deberán tenerse en cuenta todos los factores de salario
devengados en el año anterior a adquirir la condición de pensionada.

5 SAMAI- Índice 00003- Folios No. 152 a 173. Archivo “4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf)”

4

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

TERCERO: Ordenar a la UGPP reajustar los valores reconocidos automáticamente a partir
de la fecha de adquisición del derecho.

La UGPP deberá descontar de la mesada reconocida la deducción con destino a atender
la contingencia en salud de la pensionada

CUARTO: La sentencia se cumplirá en los términos previstos en los art. 192 y 195 del
CPACA.

QUINTO: Sin lugar a condena en costas y agencias en derecho.

SEGUNDO: Sin lugar a condenaren costas por el trámite de segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previa
anotación en el programa informático 'Justicia Siglo XXI".»

10. En atención a los elementos probatorios allegados al proceso, el tribunal concluyó
que, la señora Rubidia Cardona de Rico, ostentó una vinculación como docente territorial,
antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), pues, en
su vinculación inicial, fue nombrada por el gobernador del departamento del Quindío,
según lo estableció la certificación del Trece (13) de agosto de Dos Mil Quince (2015),
expedida por la Secretaría de Educación Departamental, la cual, coincidía con oficios
posteriores, que según señaló, se allegaron al expediente.

11. Además, estableció que, la vinculación a partir del año Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992), es de carácter territorial, pues, el Decreto No. 25 del Trece (13) de febrero
de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), fue proferido por el alcalde municipal de
Génova- Quindío.

12. Precisó que, en los términos del precedente de unificación del Consejo de Estado 6,
la entonces demandante acreditó el requisito de Veinte (20) años de servicio, pues, se
desempeñó como docente territorial, comoquiera que, el carácter de la vinculación estaba
determinado por la autoridad que suscribió el acto de vinculación y, en el asunto, se
evidenciaba que, aquellos actos administrativos fueron expedidos por autoridades
territoriales.

13. Señaló que, las «Inconsistencias en el tipo de vínculo laboral no vienen generadas por las
certificaciones expedidas por el nominador sino por el FONDO. En las certificaciones expedidas por el
nominador se determina que su vínculo es como territorial o nacionalizado y cualquiera de las dos
condiciones le permite acceder al derecho que reclama y hacen fe de lo que declaran, lo cual además
guarda congruencia con la plaza docente que se provee y la autoridad nominadora ».

6
Al respecto citó la sentencia de unificación del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida en el asunto con
radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

5

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

14. Sostuvo que, el requisito asociado a la buena conducta de la señora Rubidia Cardona
Rico, se daba por sentado, pues, no obraban medios de prueba a partir de los cuales, se
reportaran sanciones que desvirtuaran el desempeño de las labores docentes con
dedicación y consagración, tampoco se probó que, la entonces demandante devengaba
una pensión adicional con carácter nacional.

1.3 Causal de revisión invocada

15. La demandante invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

16. Señaló que, era clara la procedencia de la acción de revisión propuesta, en cuanto
la sentencia objeto de revisión ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a
Rubidia Cardona de Rico, inobservando que, la docente no cumplió con el requisito de
prestación de servicios docentes en plazas de naturaleza nacionalizada o territorial,
durante veinte (20) años, dada su fuente de financiación (situado fiscal), como lo exigen
las leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, y teniendo en cuenta que, aquella ejerció la docencia
en plazas de carácter nacional.

17. Además, sostuvo que, en la providencia objeto de la acción, frente al requisito de
tiempo de servicios, se computó el periodo comprendido entre el Catorce (14) de enero
de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) al Doce (12) de febrero de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992), no obstante, en este interregno la demandante no se desempeñó
como docente, pues, lo hizo como auxiliar administrativo.

18. Precisó que, el reconocimiento ordenado en la sentencia objeto de censura- del cual
goza la señora Cardona de Rico- no se ajusta a las leyes aplicables, concretamente a los
requisitos para el reconocimiento de la pensión establecidos en los artículos 1 y 2 de la
Ley 114 de 1913 y el artículo 3 de la Ley 37 de 1933, e, implica una disminución
injustificada al erario, situación que, a su vez, vulnera el derecho al debido proceso.

19. Destacó que, si bien los medios de prueba aportados en el medio de control ordinario,
determinaban que la señora Rubidia Cardona de Rico, se vinculó antes del Treinta y Uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), los periodos de servicio
comprendidos entre el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982)

6

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

al Doce de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992)7 y, desde el Trece (13) de
febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) al Veintiuno (21) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), debían ser excluidos del cómputo, pues, en el
primero, la demandante prestó sus servicios como auxiliar administrativa y, en el
segundo, la vinculación fue de carácter nacional, a partir de la financiación con recursos
del situado fiscal.

20. Indicó que, no existe conformidad frente al carácter del vínculo docente, entre las
certificaciones electrónicas de tiempo laborados [CETIL] Nos.
202008890001639900930016 y 202008890001639900790015, que reportaron la
vinculación nacional, frente a la certificación No. 26.426 del Veintiocho (28) de marzo de
Dos Mil Ocho (2008), que estableció el carácter territorial de las plazas ocupadas. Sobre
dicha diferencia, estableció que, se debía otorgar prelación a las certificaciones que
determinaban el carácter nacional de la vinculación, pues, en los periodos de prestación
de dichos servicios, el servicio público educativo ya se encontraba a cargo de la Nación,
por ende, la vinculación de la demandada se entendía nacional.

21. Finalmente agregó que, los recursos que constituían la fuente de financiación de los
salarios de los docentes, son válidos para determinar el reconocimiento de la pensión
gracia y que, los recursos del situado fiscal, que, integraban los Fondos Educativos
Regionales- FER, eran administrados, previo a la vigencia de la Ley 60 de 1993, por las
entidades territoriales, en virtud del Decreto Ley 3157 de 1968 y bajo el Decreto 102 de
1976, a través de cuentas independientes, para diferenciarlo de recursos sujetos al
compromiso de obligaciones propias. En tal sentido, dichos recursos eran transferidos a
las entidades territoriales, a efectos de atender obligaciones a cargo de la Nación.

1.4 Auto admisorio

22. Por medio de providencia del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
se admitió la acción de revisión8.

1.5 Contestación de la demanda de revisión9

7
Al respecto, sustentó la afirmación en el certificado de tiempo de servicio No. 26.426 expedido el Veintiocho (28) de
marzo de Dos Mil Ocho (2008) por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, en que según se afirmó
que, el nombramiento realizado en virtud del Decreto 605 del Dieciocho (18) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta
y Uno (1981), se efectuó como auxiliar administrativo. Además, para efectos de tal conclusión, se apoyó en los
certificados CETIL Nos. 202008890001639900790015 y 202008890001639900930016 del Veinticinco (25) de agosto
de Dos Mil Veinte (2020), expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío.
8 SAMAI- Índice 00026.

9 SAMAI- Índice 00034- Archivo “38_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONRECURSO(.pdf)”.

7

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

23. La señora Rubidia Cardona de Rico, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la acción especial de revisión, pues estableció que, a través de este
mecanismo especial, aun cuando la entidad demandante cumplió con lo ordenado en la
sentencia recurrida, pretende reabrir un debate, el cual, fue decidido por una sentencia
ejecutoriada, en contravía de los principios de cosa juzgada material, seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima.

24. Sostuvo que, en el análisis realizado por el Tribunal en punto de los requisitos para
el reconocimiento de la pensión gracia, se estableció que, la demandante reportó un
vínculo con el magisterio, como docente territorial y posteriormente nacionalizada.
Además, si bien se desempeñó como auxiliar administrativa, dicho periodo no fue
computado para el reconocimiento pensional y el mismo se realizó sobre el tiempo
laborado en cargos docentes, en sede de los cuales, acreditó más de veinte (20) años de
servicios.

25. Indicó que, la calidad territorial de los vínculos quedó demostrada a partir de los actos
de nombramiento expedidos por las autoridades nominadoras departamentales y
municipales, así como, en los certificados expedidos por la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío; medios probatorios en los cuales, el Tribunal soportó el
reconocimiento y que se ajustan a los criterios de unificación 10 , según los cuales, el
carácter nacionalizado o territorial de la plaza docente, está definido por la autoridad que
realiza el nombramiento y no por la fuente de recursos, además, los tiempos susceptibles
de computarse, están definidos por los actos administrativos expedidos por el nominador,
más no por aquellas certificaciones emitidas sin competencia para definir la naturaleza
del vínculo.

26. Alegó la improcedencia de la acción, pues, en su criterio, no concurren los
presupuestos legales mínimos que habilitan su trámite y la entidad demandante no
acreditó las causales específicas demarcadas por el legislador, en tanto, a través del
presente mecanismo judicial, cuestionó nuevamente el incumplimiento del requisito de
tiempo de servicios, aspectos que ya fueron decididos por el Tribunal Administrativo del
Quindío, a través de sentencia de segunda instancia, la cual, se encuentra ejecutoriada.

27. Argumentó que, la acción interpuesta más allá de sustentarse en una de las causales
previstas por la ley, se fundamentó en la inconformidad de la parte demandante, frente a

10
Al respecto citó la sentencia de unificación del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
8

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

una decisión que le fue adversa, escenario que ha proscrito la jurisprudencia.

28. Con base en lo anterior, solicitó que, se despachen negativamente las pretensiones
de la parte demandante, se mantenga incólume la sentencia del Cuatro (4) de junio de
Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Quindío y, se condene en costas a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

1.6 Concepto del Ministerio Público11

29. El agente del Ministerio Público emitió concepto, en que indicó que, si bien la acción
especial fue promovida oportunamente, está llamada a declararse infundada, para lo
cual, sostuvo que, la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
no se configuró, comoquiera que, el reconocimiento de la pensión gracia se ajustó a los
requisitos legales y jurisprudenciales que rigen la prestación, pues, a partir de la
certificación No. N-3886 del Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Doce (2012), se
estableció que, la señora Cardona de Rico ingresó al servicio educativo oficial el Tres (3)
de marzo de Mil Novecientos Ochenta (1980)12, cumpliendo el requisito de vinculación
anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de dicha anualidad, bajo una vinculación de
carácter territorial.

30. Sostuvo que, fue acreditado el requisito de edad, pues, la demandada cumplió
Cincuenta (50) años el Cinco (5) de enero de Dos Mil Tres (2003), con base en lo exigido
por la Ley 114 de 1913. Además, frente al tiempo de servicios, a partir de la certificación
expedida el Siete (7) de marzo de Dos Mil Doce (2012), desde el Trece (13) de febrero
de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), la demandada reportaba una vinculación
continua como docente municipal, acumulando Veinte (20) años y Veinticinco (25) días
de servicios.

31. A su vez, indicó que, el argumento de la entidad demandante, referente al cómputo
del periodo en que la demandada laboró como auxiliar administrativa, no encuentra
sustento, pues, dicho periodo tuvo lugar entre el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982) y el Doce (12) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
y el conteo se empleó en una segunda oportunidad, a partir del Trece (13) de febrero de
Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), sin que se contabilizara para el reconocimiento

11
SAMAI- Índice 00031.
12
Advirtió que, si bien existen diferencias documentales en cuanto al inicio de su vinculación, esto es, el Tres (3) u Ocho (8) de
marzo de Mil Novecientos Ochenta (1980), con independencia, las fechas en mención eran anteriores al Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), cumpliendo el requisito previsto por la Ley 91 de 1980.

9

Número Interno: 1831-2021
Accionante: UGPP
Accionado: Rubidia Cardona de Rico

pensional.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

32. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA13 y 20 de la Ley 797 de 200314, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo
080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)15.

2.2 Oportunidad

33. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la
sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende, fue proferida el Cuatro (4) de
junio de Dos Mil Veinte (2020), quedó ejecutoriada el seis (6) de julio de Dos Mil Veinte
(2020)16; y la demanda fue presentada el Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Veintiuno
(2021)17, esto es, dentro del término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.3 Problema Jurídico

34. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, al reconocerse una pensión gracia en favor de la señora
Rubidia Cardona de Rico, en cuantía que excede lo debido de acuerdo con la
ley?

(i) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar la sentencia del Cuatro (4) de
junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral
del Tribunal Administrativo del Quindío?

13 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
14 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al

tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
15 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
16 SAMAI- Índice 00003- Archivo “5_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS2.pdf”- Folio 177.

17 SAMAI- Índice 00001.

10

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2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

35. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

36. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material18 y comporta
una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 19.

37. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

38. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la

18 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael

Francisco Suárez Vargas.

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rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios20.

39. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
que el trámite21 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 22, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 23», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial24.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.

40. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que
“cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir, cuando la
sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente establecido.

41. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta legal

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de

febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
21 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes

etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que
la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o
medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-
03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias
de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-
2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial
revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso
extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se

indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
23 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad

propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia
de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite corregir
los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera25.

42. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)26, la Sección Segunda
de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de revisión bajo
estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que, se orienta
a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con
el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira.

43. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige como
una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial -o de
fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a la liquidación de
aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la causal los asuntos
relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.

2.5 Caso concreto

44. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pretende que, se infirme la
la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual, revocó la
sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), emitida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las pretensiones
incoadas por la ahora demandada y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, a partir del Cinco (5) de enero de Dos Mil Tres (2003), en favor de la

25 Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia del 17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14).
26 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado

11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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señora Rubidia Cardona de Rico, dentro del medio de control con radicado No. « 63001-
3333-001-2015-00318- 00(01)».

45. La entidad accionante invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual arguyó que, la sentencia cuya revisión se pretende, le
reconoció una pensión gracia a la señora Rubidia Cardona Rico, sin que cumpliera el
requisito de veinte (20) años de servicio docente, en plazas de naturaleza nacionalizada
o territorial. Al respecto, hizo hincapié en que, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, encontró acreditado el requisito en mención, sin precisar que,
en los periodos de servicios, respectivamente comprendidos entre, el Catorce (14) de
enero de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982) al Doce de Febrero de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992)7 y, desde el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992) al Veintiuno (21) de abril de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), la
demandada laboró como auxiliar administrativa y como docente nacional- con
financiación de recursos del situado fiscal-.

46. A su vez agregó, que, en el periodo en que la demandante sostuvo la vinculación con
carácter nacional, se había surtido el proceso de nacionalización de la educación, por
tanto, el vínculo se reputaba nacional. En suma, agregó que, los recursos que constituían
la fuente de financiación de los salarios de los docentes constituyen un criterio
determinante para fijar el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento de la pensión
gracia. Así, comoquiera que, los recursos del situado fiscal que integraban los Fondos
Educativos Regionales FER, eran administrados, previa vigencia de la Ley 60 de 1993,
por las entidades territoriales, los tiempos de servicio que integraban dichos periodos, no
resultaban computables para el reconocimiento prestacional, al constituir plazas
nacionales.

47. Una vez determinado el objeto de la causal invocada, la Sala determinará su
configuración en el caso concreto.

2.5.1. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.

48. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está encaminado a
reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la sostenibilidad fiscal y
la estabilidad del sistema de seguridad social.

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49. En el presente asunto, está demostrado que, a través de la sentencia del Cuatro (4) de junio
de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, se revocó la sentencia de primer grado, para lo cual ordenó, a título de restablecimiento
del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la señora Rubidia Cardona
de Rico, a partir del Cinco (5) de enero de Dos Mil Tres (2003), en cuya liquidación debían
emplearse todos los factores constitutivos de salario devengados en el año anterior a adquirir la
condición de pensionada, con los ajustes a partir de la fecha de adquisición del derecho, previos
descuentos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

50. Como sustento de la decisión, el Tribunal en cita, luego de hacer un recuento
normativo27 y jurisprudencial28, resaltó en la providencia impugnada que, «[…] De todo lo
relacionado, haciendo una evaluación probatoria Integral, se encuentra que la accionante tiene vinculación
como DOCENTE TERRITORIAL nombrada por el Gobernador del Departamento, anterior a 1980, según
certificación expedida el 13 de agosto de 2015 por la Secretaría de Educación Departamental (Fol. 7) y
reiterada mediante oficios posteriores (Fols. 162 y 170); y su vinculación a partir de 1992 es MUNICIPAL,
pues su nombramiento lo firma el alcalde del municipio de Génova (Decreto 25 de 13 de febrero de 1992,
proferido por la Alcaldía de Génova). Por eso, conforme a la sentencia de unificación del órgano de cierre
de esta Jurisdicción, sí tiene los 20 años con vinculación territorial, pues esta calidad la otorga quién
suscribe el acto de nombramiento. Por lo tanto, la docente CARDONA DE RICO tiene derecho a la pensión
grada redamada».

51. Así mismo, indicó que, la señora Rubidia Cardona de Rico tiene derecho a que se le
reconozca la pensión gracia, por cumplir con el lleno de requisitos dispuestos para ello,
esto es, contar con cincuenta (50) años, demostrar buena conducta en su ejercicio
docente, acreditar una vinculación docente con anterioridad al Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), y más de veinte (20) años de servicio como
docente de carácter territorial.

52. La decisión se soportó- probatoriamente- en los Certificados de Tiempo de Servicios
del Trece (13) de septiembre de Dos Mil Dos (2002), Quince (15) de febrero de Dos Mil
Ocho (2008) y Quince (15) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), expedidos por la
Secretaría de Educación Departamental del Quindío y la certificación del Trece (13) de
agosto de Dos Mil Quince (2015) emanada de dicha autoridad; medios probatorios que,
según lo establecido por el Tribunal, identificaban la prestación de los servicios docentes,
por parte de la señora Rubidia Cardona de Rico, en los siguientes periodos:

27
Citó la Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 4 de 1966, Ley 47 de 1975 y la Ley 91 de 1989.
28
Entre otras, citó la Sentencia de Unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 Radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014).

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Forma de Tipo de Periodo laborado Tiempo Medios probatorios
Vinculación Vinculación laborado
Decreto 159 de 28 Territorial A partir del 8 de 56 días - Certificación del 13 de
de marzo de 1980 marzo de 1980 agosto de 2015,
Interinidad: expedida por la
Licencia de Secretaría de
maternidad Educación del Quindío.
Decreto 327 de 2 Territorial A partir del 21 de 56 días
de junio de 1980 abril de 1980
Interinidad:
Licencia de
maternidad
Decreto 25 del 13 Territorial Desde: 13/2/1992 1 año, 7 Certificación de tiempo
de febrero de (Departamental)- Hasta: 19/9/1993 meses y 7 de servicios emitida el
1992 Nacionalizado Nombramiento en días 15 de febrero de 2008,
propiedad por la Secretaría de
Resolución 1059 Desde: 20/9/1993 2 años, 4 Educación
del 20 de Hasta: 12/2/1996 meses y 24 Departamental del
septiembre de Reubicación días Quindío.
1993
Certificación de tiempo
Decreto 88 del 13 Desde: 18/3/1996 4 años, 4
de servicio expedida por
de febrero de Hasta: 26/7/2000 meses y 9
la Gobernación del
1996 Traslado días
Quindío.
Decreto 377 del Desde: 27/7/2000
27 de julio del Traslado
Decreto No. 25 del 13 de
2000
febrero de 1992,
expedido por la Alcaldía
de Génova.

Certificado de tiempo de
servicios del 13 de
septiembre de 2002,
expedido por la
Gobernación del
Departamento del
Quindío.

53. A su vez, en la sentencia objeto de revisión, el Tribunal identificó que, la demandante
prestó sus servicios como auxiliar administrativo en propiedad en la Secretaría de
Educación Departamental del Quindío, bajo designación que se realizó con base en el
Decreto 605 del Dieciocho (18) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981),

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desempeñándose en dicho empleo, entre el Catorce (14) de enero de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982) y el Once (11) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
por espacio de Diez (10) Años, Dos (2) Meses y Quince (15) Días, conforme a lo
establecido en el certificado de tiempo de servicios expedido por la gobernación del
Quindío.

54. Por su parte, la entidad aquí demandante, solicita se infirme la aludida providencia
del Tribunal, afirmando que, la señora Rubidia Cardona de Rico no cumplía los requisitos
para acceder a la pensión gracia, habida cuenta que, los tiempos de servicio docente,
corresponden a una vinculación de carácter nacional y otros fueron dispensados como
auxiliar administrativa y no como docente. Aunado a ello, expresó que, no compartía la
decisión del fallador de instancia, teniendo en cuenta que, los recursos del situado fiscal
en ningún momento dejaron de ser recursos de la Nación.

55. Al respecto se advierte que, más allá de sustentar un reproche en torno a la
justificación del exceso en la cuantía de la prestación gracia que fue reconocida, la
entidad pretende reabrir la discusión de fondo, con miras a que, se determine si la señora
Rubidia Cardona de Rico, cumplió con el requisito de veinte (20) años de servicio docente
de carácter nacionalizado o territorial, a efectos del reconocimiento prestacional, bajo la
fuente presupuestal que soportó la financiación de las plazas ocupadas. En otros
términos, la accionante busca que, esta Sala, fungiendo como un juez de instancia,
resuelva un aspecto consustancial al reconocimiento de un derecho pensional, al amparo
de una causal, que no guarda relación alguna con la argumentación que expuso.

56. Sin perjuicio de lo anterior, para soportar la causal invocada, la accionante no explicó
las razones por las cuales, el reconocimiento pensional comportó un pago excesivo,
injustificado, desproporcionado o que contraríe los límites legales. Sobre este punto, la
Sala reitera que, la acción de revisión se erige como una herramienta judicial, cuyo
ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular, al detener o
armonizar con la ley, el pago de pensiones reconocidas en exceso29.

57. No obstante, la Sala resalta que, la pensión que se le reconoció a la demandada, no
representa una prestación excesiva, que contraríe el criterio de sostenibilidad fiscal, ni
genera un desequilibrio a la estabilidad del sistema pensional. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, no se trata de una pensión en cuantía superior a la que correspondía, esto

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-
000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

17

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es, una prestación desproporcionada, pues, aquella se basó en el análisis de las normas
y precedentes que regulan la materia, así como, en la historia laboral de la otrora
demandante.

58. En este punto, se destaca que, al margen de lo expuesto por la parte demandante, el
Tribunal excluyó los periodos de servicios en el empleo de naturaleza administrativa que
ejerció la demandante y ciñó el cómputo sobre los periodos de ejercicio docente. Además,
soportó su decisión en el precedente de unificación aplicable y en los medios de prueba,
que, este mismo avala de para determinar la naturaleza de la plaza docente, que
determina el reconocimiento de la pensión gracia.

59. En criterio de la Sala30, los argumentos de la accionante no se ajustan a la causal de
revisión que se invoca, porque esta hace referencia al reconocimiento prestacional que
excede lo debido; sin embargo, en el recurso no se expone cómo, la cuantía de la pensión
que se ordenó, puede exceder los límites legales, por lo cual, se concluye que, la
demandante no desarrolló en debida forma la configuración de la causal b). Por lo tanto,
la causal invocada no tiene vocación de prosperidad.

60. En suma, se debe señalar que, la causal invocada por la parte actora, no está
instituida para la discusión del derecho pensional otorgado, pues, el alcance del
escenario previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se orienta a revisar
aquellas prestaciones, cuya cuantía exceda lo reconocido de acuerdo con la ley. Sobre
este punto se debe señalar que, el asunto amerita una resolución de fondo, comoquiera
que, la improcedencia se predica del ejercicio de la acción, más no, frente a la causal que
se invoque por parte del demandante, asimismo, se encuentra que, el análisis en
referencia, además de prever los supuestos de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, tiene lugar frente a los escenarios previstos en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, por lo cual la indebida escogencia de la causal no tiene por efecto la declaratoria
de improcedencia de la acción propuesta.

61. Siendo así las cosas, al no encontrarse probada en el presente asunto la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada la
presente acción, no sin antes advertir, por sustracción de materia que, deviene
innecesario un pronunciamiento sobre el pretendido reintegro de las sumas pagadas.

30 La presente conclusión, atiende al criterio establecido por la Sala de Decisión en los siguientes asuntos, los cuales

guardan correspondencia con el presente caso: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 19
de junio de 2026. Radicado No. 11001-03-25-000-2024-00249-00 (3378-2024). M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera; Sentencia del 11 de junio de 2026. Radicado No. 11001-03-25-000-2019-00965-00 (6676-2019). M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.

18

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2.6. Conclusión.

62. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte (2020),
proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Quindío; a
través de la cual, se revocó la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia, al no encontrar configurada la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De acuerdo con lo expuesto, la sala evidenció que, la
accionante no expuso los motivos por los cuales, la pensión gracia reconocida a favor de
la señora Rubidia Cardona de Rico, excedió la cuantía que legalmente corresponde y,
asimismo, advirtió que, en sede de revisión, no es dable reabrir una discusión de fondo
en torno al reconocimiento de la pensión gracia.

2.7. Condena en costas.

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se dispondrá sobre la condena en
costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio de los demás
presupuestos establecidos en tal artículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, contra la sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Veinte
(2020), proferida por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Quindío; a través de la cual, revocó la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Armenia; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. «63 001 33 33 001 2015
00318 00 / 01», de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

19

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SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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