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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2024-00249-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00249-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00249-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó el fallo proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante las cuales, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del señor Manuel Contreras Gil, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. Nº. 08001333301420170056700, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00249-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00249-00 (3378-2024)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Manuel Contreras Gil
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de
2003)
Tema: Reconocimiento y pago de pensión de vejez
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, contra la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós
(2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó el fallo
proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado
Catorce (14) Oral Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante las
cuales, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del
señor Manuel Contreras Gil, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el Rad. Nº. 08001333301420170056700.

I. ANTECEDENTES

1. La acción especial de revisión.

1.1. Pretensiones2.

1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción

1
Expediente electrónico.
2
Índice 00003 del Samai, 3_DemandaWeb_Demanda_DEMANDA(.pdf) NroActua 3.

2

Número Interno: 3378-2024
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

especial de revisión prevista en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de
2003, con la que pretende que, se infirme la sentencia del veintinueve (29) de abril
de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que confirmó el fallo proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021) por el Juzgado Catorce (14) Oral Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, mediante las cuales, se ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez a favor del señor Manuel Contreras Gil, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho referenciado ut supra.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)
declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del trece (13)
de mayo de dos mil trece (2013), con respecto a la pensión de vejez reconocida a
favor del señor Manuel Conteras Gil; (ii) declarar que al demandado no le asiste
derecho a que la pensión de vejez le sea reconocida en los términos definidos en
las providencias objeto de revisión; y (iii) ordenar la devolución de las sumas
pagadas durante el período sobre el cual debió operar el fenómeno prescriptivo.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que, el señor Manuel Contreras Gil nació el dieciséis (16) de abril de mil
novecientos cuarenta y tres (1943) y, conforme con las pruebas documentales
aportadas, se tiene que prestó sus servicios durante los siguientes tiempos:

Entidad donde Desde Hasta Total días
laboró
Departamento del 24/03/1966 20/06/1967 1753
Atlántico 09/06/1971 24/01/1975
Municipio de Baranoa 17/10/1970 29/05/1971 943
01/01/1982 30/12/1983
Distrito Especial de 01/07/1977 01/01/1982 1621
Barranquilla
Ministerio de las TIC 25/03/1986 30/06/1993 2616
ASISER – Municipio 15/03/2000 31/10/2003 1307
de Baranoa
Tiempo total 8240
*Total tiempo: veintidós (22) años, diez (10) meses y veinte (20) días

4. Indicó que, el señor Contreras Gil desempeñó como último cargo el de “ auxiliar
administrativo pagador”, en el Municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico.

Añadió que, el demandado adquirió el estatus pensional el nueve (9) de noviembre

3
Índice 00003 del Samai, 3_DemandaWeb_Demanda_DEMANDA(.pdf) NroActua 3.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

del dos mil (2000) y que, mediante derecho de petición del trece (13) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

5. Anotó que, por medio del Auto ADP 008505 del veintiocho (28) de junio de dos
mil dieciséis (2016), la entidad decretó el desistimiento de la solicitud, habida cuenta
que, el peticionario no allegó la totalidad de documentos requeridos mediante el
Oficio NOR 79266 del veinte (20) de mayo de la referida anualidad.

6. Mediante la Resolución RDP 032965 del siete (7) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto en
cita, en el sentido de revocarlo y, en su lugar, se negó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez deprecada, “(…) al considerar que no cumple con el requisito de 20 años
de servicio establecidos por la Ley 33 de 1985, toda vez que, se desestimaron los tiempos
comprendidos entre el 15 de marzo de 2000 al 31 de octubre de 2003”.

7. Puso de presente que, a través de la Resolución RDP 045610 del dos (2) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), la entidad resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el demandado contra la Resolución RDP 032965 de ese año,
confirmándola en todas sus partes, al no haberse acreditado los requisitos para la
pensión solicitada. La anterior decisión fue confirmada en virtud de la Resolución
RDP 003476 del treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017).

8. El señor Contreras Gil, por intermedio de apoderado judicial, promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad, dentro del
Rad. Nº. 08001333301420170056700, proceso en cuyo seno el Juzgado Catorce
(14) Administrativo Oral de Barranquilla, mediante sentencia de primera instancia
del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), declaró la nulidad de
los actos administrativos enjuiciados y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante los diez (10) años anteriores, con la
inclusión de los factores salariales percibidos “que estuviesen regulados en el Decreto 1158
de 1994 y sobre los que hubiese realizado los correspondientes aportes ”. Además, condenó a

la Asociación Intermunicipal de Servicios Públicos Regional No. 4 – ASISER, hoy
bajo la dirección de la Secretaría de Planeación del Municipio de Baranoa, a pagar
a la entidad la suma correspondiente por concepto de cálculo actuarial.

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Demandado: Manuel Contreras Gil

9. La providencia en comento fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, a través de la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós
(2022), la cual quedó ejecutoriada el veinticuatro (24) de noviembre de ese año.

10. Señaló que, a través de la Resolución RDP 021008 del veintidós (22) de agosto
de dos mil veintitrés (2023), la entidad, en cumplimiento de los fallos judiciales objeto
de revisión, reconoció una pensión de vejez en cuantía de $594.075, efectiva a partir
del treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), con efectos fiscales a partir
del quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), por prescripción trienal.

11. Explicó que, mediante la Resolución RDP 024989 del once (11) de octubre de
dos mil veintitrés (2023), se modificó la Resolución RDP 021008 del veintidós (22)
de agosto de la misma anualidad, en el sentido de reconocer la prestación a partir
del treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), atendiendo a lo dispuesto
en la adición al fallo proferido por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral de
Barranquilla, en la que no se declaró la prescripción frente a las mesadas.

1.3. Sentencia(s) objeto de revisión4.

12. Mediante la sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021)5, el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la entidad (ahora demandante) el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez a favor del señor Manuel Conteras Gil. Al respecto, dispuso:

“PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD de las Resoluciones No. RDP No. 032965 del 07
de septiembre de 2016, RDP No. 045610 del 02 de diciembre de 2016 y RDP No. 003476
del 31 de enero de 2017, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por medio de las
cuales se niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor Manuel Contreras
Gil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP- que en firme esta decisión, procede a iniciar los trámites administrativos necesarios
para asumir el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del señor MANUEL
CONTRERAS GIL identificado con C.C. 7.414.315, equivalente al 75% del promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales haya cotizado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos que
estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese realizado los
correspondientes aportes.

4
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22.
5
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 15.SentenciaPrimeraInstancia.

5

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

TERCERO: CONDENAR a la Asociación Intermunicipal de Servicios Públicos Regional No.
4 - ASISER, hoy en dirección de la Secretaría de Planeación del Municipio de Baranoa
(Atlántico), a cancelar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- la suma de dinero que, por
concepto de cálculo actuarial, sea liquidada por parte de dicha entidad pensional, con
ocasión de la omisión de pagar aportes del señor Manuel Contreras Gil durante el periodo
comprendido del 15 de marzo de 2000 al 31 de octubre de 2003, de acuerdo a lo señalado
en la parte motiva.

CUARTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP- deberá actualizar las sumas adeudadas por
concepto de mesadas pensionales, aplicando la fórmula señalada en la parte motiva de esta
decisión.

QUINTO: Abstenerse de condenar en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas.

SEXTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda (…)”.

13. A su turno, a través del proveído del ocho (8) de febrero de dos mil veintidós
(2022) 6 , la prenombrada sede judicial adicionó el numeral segundo de la parte
resolutiva del fallo, en el sentido de precisar la fecha de reconocimiento pensional,
así: “A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- que en firme esta
decisión, procede a iniciar los trámites administrativos necesarios para asumir el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez a favor del señor MANUEL CONTRERAS GIL identificado con C.C.
7.414.315, a partir del 31 de octubre de 2003, equivalente al 75% del promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales haya cotizado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos que estuviesen regulados en el Decreto
1158 de 1994 y sobre los que hubiese realizado los correspondientes aportes”.

14. Contra la decisión de primera instancia, la entidad accionante (en su momento
demandada) interpuso recurso de apelación, resuelto por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, a través de la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil
veintidós (2022)7, en virtud de la cual, se confirmó integralmente el fallo impugnado.

15. En los fallos de instancia, se encontró acreditado que: (i) al señor Manuel
Conteras Gil le es aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, comoquiera que nació el dieciséis (16) de abril de mil
novecientos cuarenta y tres (1943) y, para la fecha de entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 (1º de abril de 1994), contaba con más de cuarenta (40) años de edad;
(ii) además, cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad el dieciséis (16) de abril

6
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 16.1.SentenciaComplementaria-
AccedeAdición.
7
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 007. Fallo 2017-00567 Manuel Gil vs
UGPP – Colpensiones.

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Demandado: Manuel Contreras Gil

de mil novecientos noventa y ocho (1998) y, para el veinticinco (25) de julio de dos
mil cinco (2005), fecha de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con
1198 semanas, resultándole aplicable la Ley 33 de 1985, dada su continua
vinculación al sector público; (iii) en consecuencia, el señor Contreras Gil tenía
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de vejez equivalente al 75%
promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizando durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, con inclusión de los factores salariales
devengados que estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994.

1.4. Las causales de revisión invocadas.

16. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al sostener que, con las providencias cuya
revisión se pretende, se desconoció el debido proceso y, en adición, se ordenó el
reconocimiento de una suma que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

17. Frente a la causal contenida en el literal a) de la Ley en cita, explicó, en punto
al reconocimiento pensional del señor Manuel Conteras Gil, que el término de
prescripción debió computarse desde el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres
(2003), “data en la que se retiró del servicio, es decir que, para interrumpir la prescripción, el
interesado debió solicitar el reconocimiento en sede administrativa antes del 31 de octubre de 2006 ”.

En criterio de la parte actora, como la solicitud de reconocimiento se elevó el trece
(13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), esto es, cuando a su juicio había operado
la prescripción trienal, las mesadas causadas antes del trece (13) de mayo de dos
mil trece (2013) se encontraban afectadas por dicho fenómeno.

18. Así las cosas, manifestó que, al no haberse declarado de oficio la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al trece (13) de mayo de
dos mil trece (2013), teniendo la facultad legal para hacerlo con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA, “la orden judicial se constituye en un fallo irregular”.

19. En lo que toca a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, reiteró que, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), “reconoció el derecho pensional sin
atender lo relacionado con la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas antes del
13 de mayo de 2013, teniendo el deber legal de hacerlo ”. Por ello, aseveró que, el

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cumplimiento de las sentencias objeto de revisión, vulnera el principio de
sostenibilidad financiera, al reconocerse una prestación sin sustento legal, a la cual
-según adujo- al beneficiario no le asistía derecho, y “haciendo que todos los pagos
generados con ocasión a la misma, excedan lo debido de acuerdo con la ley que le era aplicable ”.

1.5. Contestación de la demanda.

20. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del seis (6) de
marzo de dos mil veintiséis (2026)8, notificado a la parte demandada el dieciséis
(16) de abril del año en cita 9 . No obstante, vencido el término de traslado
correspondiente, el demandado no allegó contestación alguna. En consecuencia, a
través del auto del diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 10 , el
despacho sustanciador tuvo por no contestada la acción especial de revisión y, en
el mismo proveído, incorporó, con su valor legal, los documentos aportados con la
demanda, así como el expediente con Rad. Nº. 08001333301420170056700.

20.1. Vale la pena anotar que, para la notificación del auto admisorio -y el envío de
las piezas procesales pertinentes-, se tuvo en cuenta la dirección de correo
electrónico que reposa en el expediente administrativo y en los archivos de la
entidad (actualizada a abril de 2024). En la constancia de envío visible en el
aplicativo Samai, se dejó constancia del envío del mensaje de datos al destinatario,
sin que se reportara ninguna novedad frente a la entrega.

1.6. Concepto del Ministerio Público.

21. Según las constancias secretariales que reposan en el plenario11, a pesar de
haber sido notificado en debida forma12, el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

22. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo

8
Índice 00014 del Samai.
9
Índice 00020 del Samai.
10
Índice 00024 del Samai, 29Autoquedecret_1033782024RERPRUEBAS(.pdf) NroActua 24.
11
Índice 00020 del Samai.
12
Índice 00023 del Samai.

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Demandado: Manuel Contreras Gil

previsto en los artículos 249 del CPACA 13 y 20 de la Ley 797 de 2003 14 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)15.

2.2. Oportunidad.

23. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la
sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el
veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022)16, quedando ejecutoriada el
veinticuatro (24) de noviembre de esa anualidad17, por lo que, surge de bulto que
no se superó el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

24. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:

(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido y ordenado el pago de
la pensión de vejez a favor del señor Manuel Contreras Gil, con violación
del debido proceso?
(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibidem, por
haberse reconocido un derecho en cuantía que excede lo debido de
acuerdo con la ley?
(iii) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar las sentencias objeto de
revisión y, en consecuencia, dictar sentencia de reemplazo, en la cual se
declaré la prescripción de las mesadas y se ordene la devolución de
dineros pretendidos por la entidad demandante?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

25. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de

13
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
14
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
15
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
16
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22.
17
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, ConstanciaEjecutoria 2017-00567.

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

26. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 18 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»19.

27. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

28. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de

18
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

10

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Demandado: Manuel Contreras Gil

esta clase de instrumentos extraordinarios20.

29. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 21 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 22, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 23»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción24.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.

30. De conformidad con el contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado25:

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
21
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
23
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
24
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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Número Interno: 3378-2024
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.

31. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”26 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”27.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.

32. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente establecido.

33. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta
legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en
especial, el principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera28.

34. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)29, la Sección

26
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
28
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del
17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14).
29
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001
03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-
03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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Número Interno: 3378-2024
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de
revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio,
sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como el principio de universalidad que lo inspira.

35. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige
como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial
-o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a
la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la
causal los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores
a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

2.5. Análisis del caso concreto.

36. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pretende que se
infirme la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022) 30 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó el fallo proferido
el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)31 por el Juzgado Catorce
(14) Oral Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, adicionado mediante
providencia del ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022), en virtud de las
cuales, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del
señor Manuel Contreras Gil, efectiva a partir del treinta y uno (31) de octubre de dos
mil tres (2003), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el Rad. Nº. 08001333301420170056700.

37. La entidad accionante invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual sostuvo que, a través de las
sentencias cuya revisión se pretende, se le vulneró el debido proceso, y se

30
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 007. Fallo 2017-00567 Manuel Gil vs
UGPP – Colpensiones.
31
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 15.SentenciaPrimeraInstancia.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

reconoció un derecho que excedió lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, hizo
hincapié en que, las causales de revisión se configuraron, puesto que, el Tribunal
Administrativo del Atlántico -y en su momento el Juzgado Catorce (14) Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla- reconocieron la pensión de vejez
a favor del señor Manuel Contreras Gil, desde el treinta y uno (31) de octubre de
dos mil tres (2003), “sin atender lo relacionado con la prescripción trienal de las mesadas
pensionales causadas antes del 13 de mayo de 2013, teniendo el deber legal de hacerlo ”.

38. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora respecto a las previdencias objeto de revisión, así:

2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.

39. En lo que respecta a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, relacionada con la presunta vulneración del debido proceso, la Sala
observa que, los argumentos de la entidad se dirigen, esencialmente, a reprochar
que los jueces de instancia no declararon, de oficio, la prescripción de las mesadas
causadas antes del trece (13) de mayo de dos mil trece (2013), pues, a su juicio,
como el demandado prestó sus servicios hasta el treinta y uno (31) de octubre de
dos mil tres (2003), a partir de esa fecha, en la cual el derecho era exigible, debió
reclamarse el reconocimiento pensional, circunstancia que sólo ocurrió hasta el
trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), fecha en la cual elevó la solicitud.

40. En criterio de la parte actora, los jueces administrativos que conocieron del
asunto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, que señala que
el juez deberá decidir “sobre todas las excepciones propuestas o no”, debieron declarar la
prescripción de las mesadas pensionales “teniendo el deber legal de hacerlo”-desde la
fecha indicada ut supra- y, al no hacerlo así, comprometieron el debido proceso de
la entidad, configurándose entonces la causal de revisión bajo examen.

41. No obstante, la Sala advierte que, esa sola circunstancia, es decir, la presunta
omisión de los jueces en declarar, de manera oficiosa, la prescripción, no resulta
suficiente para configurar la causal alegada. Lo anterior teniendo en cuenta que, la
acción especial de revisión no constituye una tercera instancia orientada a reabrir el
debate jurídico-sustancial del proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario
para sustituir el criterio interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto,

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Demandado: Manuel Contreras Gil

salvo que, se evidencie una afectación real y concreta de las garantías que integran
el debido proceso. Valga anotar que, el presente mecanismo tampoco se erige como
una oportunidad procesal adicional para enmendar la inactividad de las partes.

42. Así pues, la Sala no avizora que, en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, se haya configurado una irregularidad procesal de
carácter sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la pretermisión
de etapas esenciales del proceso o la vulneración de los derechos de defensa,
contradicción y audiencia de la entidad demandada. Por el contrario, se evidencia
que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP ejerció plenamente su derecho de
defensa y contradicción, formuló excepciones, participó en el marco de la audiencia
inicial celebrada el tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interpuso recurso
de apelación y desplegó sendas actuaciones procesales en dicho trámite32.

43. Verificadas las piezas procesales que conforman el expediente 2017-00567, el
cual fue incorporado con su valor legal al dosier procesal, se observa que: (i) en el
escrito de contestación de la demanda 33 , la entidad propuso, entre otras, la
excepción de prescripción, sin precisar las razones para la prosperidad del referido
medio exceptivo; (ii) contra el fallo de primera instancia, la accionante interpuso
recurso de apelación34, oportunidad en la cual no formuló ningún reparo relacionado
con la prescripción de las mesadas pensionales; y (iii) aunque en los memoriales
radicados, la defensa de la demandada se centró en que no era la autoridad llamada
a asumir el reconocimiento pensional del señor Contreras Gil (lo que se corrobora
con la negativa a reconocer la pensión de vejez, contenida en los actos enjuiciados,
a saber, las Resoluciones RDP Nº. 032965 del 7 de septiembre de 2016, RDP
045610 del 2 de diciembre de 2016 y RDP 003476 del 31 de enero de 2017), en
sede de revisión la accionante pretende reabrir la discusión de fondo, arguyendo
que la exigibilidad del derecho fue a partir del treinta y uno (31) de octubre de dos
mil tres (2003), aspecto que no fue así planteado en el seno del proceso ordinario.

44. Vistas así las cosas, emerge con claridad meridiana que, la controversia
promovida por la entidad accionante se inscribe en una interpretación sobre la fecha

32
Actuaciones relacionadas en el expediente visible en el Índice 00022 del Samai.
33
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, C02Principal, 19ContestaciónDemanda.
34
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, TrámitePrimera, 19ApelaciónUGPP.

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Demandado: Manuel Contreras Gil

en la cual, en su entender, se hizo exigible el derecho pensional del señor Contreras
Gil y, de suyo, sobre el período que debió quedar cobijado por el fenómeno
prescriptivo, aspectos que, se insiste, son propios de un debate de legalidad
sustancial, y no develan la configuración de un defecto procesal constitutivo de una
violación del derecho al debido proceso, motivo por el cual, la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no está llamada a prosperar.

2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
45. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.

46. En el caso de autos, se tiene que, mediante la sentencia del veintidós (22) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021)35, el Juzgado Catorce (14) Administrativo del
Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y, a título
de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad (ahora demandante) el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del señor Manuel Conteras
Gil, a partir del treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003) 36, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la prestación, con
inclusión de los factores salariales percibidos, regulados en el Decreto 1158 de
1994, y sobre los que hubiesen realizado los correspondientes aportes.

46.1. A su turno, se ordenó a la Asociación Intermunicipal de Servicios Públicos
Regional Nº. 4 – ASISER, actualmente bajo la dirección de la Secretaría de
Planeación del Municipio de Baranoa (Departamento del Atlántico), a pagarle a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, la suma que, por concepto de cálculo actuarial, sea
liquidada por esta última entidad, derivada de la omisión de pago de aportes a
pensión durante el período comprendido entre el quince (15) de marzo de dos mil
(2000), al treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003).

35
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 15.SentenciaPrimeraInstancia.
36
De acuerdo con la adición del ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2022).

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Demandado: Manuel Contreras Gil

47. Al resolverse el recurso de apelación interpuesto por la demandada, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, a través de la sentencia del veintinueve (29) de abril de
dos mil veintidós (2022) 37 , confirmó integralmente el fallo impugnado. En dicha
providencia, la Sala sostuvo que: (i) a la Asociación Intermunicipal de Servicios
Públicos Regional Nº. 4 – ASISER, como última empleadora, le correspondía pagar
las sumas derivadas de la omisión de realizar los aportes a pensión, “ello por cuanto
no se puede trasladar al trabajador los efectos negativos de la omisión del empleador en la afiliación
o en el pago de los aportes al sistema de pensiones ”; y (ii) asimismo, determinó que, era la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, la encargada de asumir el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez del señor Contreras Gil, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 2011 de 2012, en cuyo articulado se prevé que, “los pensionados del régimen
de prima media con prestación definida, los demás pensionados y jubilados cuya nómina era
cancelada por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -CAPRECOM, continuarían siendo
administrados y cancelada su nómina por dicha entidad, hasta tanto la UGPP, y el FOPEP,
asumieran tales competencias”. En tal virtud, y comoquiera que la citada Unidad asumió

tales competencias, y que el ahora demandado adquirió el estatus pensional con
anterioridad al veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), le
correspondía proceder con el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada.

48. Como consecuencia de la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante la Resolución RDP 021008 del veintidós (22) de agosto de dos mil
veintitrés (2023)38, en cumplimiento de los fallos antes relacionados, reconoció la
pensión de vejez a favor del señor Contreras Gil, en cuantía de $594.075, efectiva
a partir del treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), “pero con efectos fiscales
a partir del 15 de agosto de 2014 por prescripción trienal ”. Dicho acto administrativo fue

modificado en virtud de la Resolución RDP 024989 del once (11) de octubre de dos
mil veintitrés (2023) 39 , en el sentido de fijar, como fecha de efectividad del
reconocimiento pensional, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), sin
prescripción, con sujeción a las órdenes impartidas por esta jurisdicción.

37
Índice 00022 del Samai, 27RECIBEMEMORIAL_201700567zip(.zip) NroActua 22, 007. Fallo 2017-00567 Manuel Gil vs
UGPP – Colpensiones.
38
Índice 00003 del Samai, 7_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 3.
39
Índice 00003 del Samai, 7_DemandaWeb_Anexos_ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 3.

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Demandado: Manuel Contreras Gil

49. La censura de la entidad accionante estriba en que, al haberse reconocido la
pensión de vejez desde el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), sin
consideración del fenómeno prescriptivo, se causó “una lesión irremediable al erario, toda
vez que, los dineros pagados al señor Manuel Contreras Gil no tiene sustento legal ”.

50. Como se advirtió en el estudio de la primera causal, la entidad pretende reabrir
la discusión de fondo, con miras a que se declare la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al trece (13) de mayo de dos mil trece (2013),
comoquiera que, según adujo, el derecho era exigible a partir del treinta y uno (31)
de octubre de dos mil tres (2003), y sólo se reclamó el trece (13) de mayo de dos
mil dieciséis (2016). En otros términos, la accionante busca que, esta Sala,
fungiendo como un juez de instancia, resuelva un aspecto consustancial al objeto
de la litis, frente al cual -fuerza decir- no se formuló reparo alguno en la alzada.

51. Sin perjuicio de lo anterior, para soportar la causal invocada, la accionante no
explicó las razones por las cuales, el reconocimiento pensional comportó un pago
excesivo, injustificado o constitutivo de abuso del derecho o fraude a la ley. Sobre
este punto, la Sala reitera que, la acción de revisión se erige como una herramienta
judicial, cuyo ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular,
al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso 40.

52. En el sub lite, se estima que, lejos de ordenarse el pago de una suma excesiva,
o una inclusión indiscriminada de factores salariales, el Tribunal efectuó un análisis
detallado de la norma aplicable al señor Contreras Gil (Ley 33 de 1985), así como
de los factores que, bajo la égida del Decreto 1158 de 1994, debían incluirse, con
la precisión que serían únicamente aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado
aportes, evitando así el reconocimiento de un monto no amparado en la norma.

53. No pasa inadvertido que, según los elementos de juicio allegados, la pensión de
vejez le fue reconocida al demandado en cuantía de $594.075, efectiva a partir del
treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003). Tal circunstancia pone en
evidencia que, la prestación ordenada en sede judicial, no obedeció a un
reconocimiento arbitrario, excesivo o carente de asidero, sino, al resultado de un
ejercicio argumentativo y probatorio sólido, encaminado a identificar aquellos

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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elementos (v.gr. IBL, tasa de reemplazo, fecha de efectividad) que, conforme al
precedente y a la normativa aplicable, debían regular el caso del pensionado. Así
pues, en criterio de esta Sala, la suma antes relacionada no resulta ostensiblemente
desproporcionada, exorbitante, indiscriminada o ajena a la historia laboral y salarial.

54. Con respecto a este particular, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de
dos mil veintiuno (2021) 41, la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que,
“para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe
ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral ”.

Entonces, se observa que, el reconocimiento de la pensión de vejez, no configura
un pago en exceso, ni compromete el equilibrio del sistema pensional, ni mucho
menos hace nugatorio el criterio orientador de la sostenibilidad fiscal, al que los
jueces, al tenor del artículo 334 Constitucional, deben estricta observancia.

55. Sobre la base de lo expuesto en precedencia, se concluye que, la pensión de
vejez ordenada no devela un abuso del derecho, ni se advierte que la prestación
haya sido reconocida con fraude a la ley, o que implique un incremento
desproporcionado de la mesada pensional, sobre aquellos casos en los que, el
reclamante era beneficiario del régimen de la Ley 33 de 1985 42 , como lo ha
precisado esta Subsección, en asuntos de condiciones fácticas similares 43.

56. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que, la entidad accionante no
logró acreditar los elementos constitutivos de las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.

56.1. Por último, la Sala precisa que, al no encontrarse configurada ninguna de las
causales de revisión invocadas, por sustracción de materia, deviene improcedente
un pronunciamiento sobre el pretendido reintegro de las sumas pagadas.

2.6. Condena en costas.

41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
42
Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No. 250002325000200404442 01 No.
INTERNO: 0208-2007 Autoridades nacionales, demandante: Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez, de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009).
43
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia
del 29 de octubre del 2025. Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

57. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos
mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
confirmó el fallo proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla,
mediante las cuales, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez
a favor del señor Manuel Contreras Gil, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el Rad. Nº. 08001333301420170056700, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

20

Número Interno: 3378-2024
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Contreras Gil

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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