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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2024-00146-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00146-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00146-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), respecto de la causal b) de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso con radicado 05001-33-33-030-2014-00301-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, INFIRMAR la sentencia de Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de 34 Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. 18 Número Interno: 2554-2024 Demandante: UGPP Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre Antioquia, para, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida el Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Quince (2015) por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del expediente con radicado 05001-33-33-030-2014-00301-01. TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la acción de revisión formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en esta ocasión. CUARTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), expedirá los actos administrativos que, en estricto cumplimiento de esta sentencia, resulten necesarios para darle ejecución. QUINTO. Sin condena en costas. SEXTO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00146-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Tres (3) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-25-000-2024-00146-00 (2554-2024)1
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)2
Demandado : Mario de Jesús Álzate Aguirre
Trámite : Revisión de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Causal regulada
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema : Factores de liquidación de la pensión gracia
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social [en adelante UGPP], contra la sentencia de Treinta y Uno (31) de
Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda3

1.1.1. Pretensiones

1
Expediente electrónico.
2
En adelante UGPP.
3
Samai, índice 28, documento 39_MemorialWeb_LINKEXPEDIENTE05001333303020140030100(.pdf), archivo:
003_DemandaWeb_Demanda.

Número Interno: 2554-2024
Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) formuló la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la
sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con el radicado 05001-33-33-030-2014-
00301-01 y, en su lugar, se confirme el fallo proferido el Veintiocho (28) de Octubre
de Dos Mil Quince (2015) por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, que negó las pretensiones del demandante en dicho proceso, orientadas
a obtener la reliquidación de su pensión gracia.

2. Asimismo, solicitó se declare que al demandado «[…] no le asiste el derecho a que la
pensión de gracia, le sea reliquidada con la inclusión de las primas de clima, licenciado y vida cara,
toda vez que, no pueden ser incluidos como factores de salario en el entendido que los mismos solo
pueden ser creados por el Congreso de la República y no por Autoridades del nivel Territorial» .

3. Finalmente, pidió que se conmine al señor Álzate Aguirre a «[…] efectuar la
devolución de las sumas pagadas o que lleguen a ser pagadas en virtud del acto de reliquidación de
la pensión gracia, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor alguno en virtud de tal
prestación».

1.1.2. Hechos y omisiones

4. Refirió que el señor Mario de Jesús Álzate Aguirre nació el Veinticuatro (24) de
Junio de Mil Novecientos Cincuenta y Uno (1951); prestó sus servicios a la
Secretaría de Educación de Antioquia como docente entre el Siete (7) de Julio de
Mil Novecientos Setenta y Dos (1972) y el Veintinueve (29) de Diciembre de Dos Mil
Diez (2010); y adquirió el estatus jurídico de pensionado el Veinticuatro (24) de junio
de Dos Mil Uno (2001).

5. Narró que la extinta Caja Nacional de Previsión Social [en adelante Cajanal], le
reconoció una pensión gracia al demandado mediante Resolución 13740 de Seis
(6) de Junio de Dos Mil Dos (2002), «[…] con el 75% del promedio de lo devengado en el año
anterior al de adquisición del status (sic) pensional, incluyendo la asignación básica, en cuantía de
($741.561.95) pesos, a partir del 24 de junio de 2001».

2

Número Interno: 2554-2024
Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

6. Posteriormente, en virtud de una orden de tutela, y a través de Resolución
20781 de Quince (15) de Mayo de Dos Mil Siete (2007), Cajanal reliquidó la pensión
«[…] con el 75% del promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del status, (sic)
incluyendo la asignación básica, primas de navidad, primas de vacaciones y prima de vida cara, en
cuantía de $914.264.58 pesos, a partir del 24 de junio de 2001, con efectos fiscales a partir del 21
de febrero de 2002 por prescripción trienal». Dijo que, con Resolución UGM 26388 de

Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Doce (2012), «[…] modificó y adicionó la Resolución
No. 20781 de 15 de mayo de 2007, en el sentido de ordenar el pago de las diferencias de manera
indexada».

7. Señaló que, a través de Resolución UGM 27871 de Veinte (20) de Enero de
Dos Mil Doce (2012), reajustó nuevamente la pensión gracia, «[…] con el 75% del
promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status (sic)
pensional, incluyendo la asignación básica, prima de carestía o vida cara, prima de navidad y prima
de vacaciones, en cuantía de ($947.235.00) pesos, efectiva a partir del 24 de junio de 2001, con
efectos fiscales a partir del 19 de abril de 2008, por prescripción trienal».

8. Advirtió que, el demandante solicitó la reliquidación de su pensión con inclusión
de la prima de clima y licenciado, petición negada por la UGPP mediante Resolución
RDP 13568 del Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Trece (2013), decisión que fue
confirmada a través de la Resolución RDP 24112 del Veintisiete (27) de mayo del
mismo año, al resolverse el recurso de reposición.

9. Recordó que, el señor Álzate Aguirre promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento, en el que pretendió: (i) la anulación parcial de las mencionadas
resoluciones 13740 de 2002, 20781 de 2007, UGM 27871 de 2012, y UGM 26388
de 2012, en cuanto liquidaron la pensión gracia sin la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de
pensionado; (ii) la nulidad de las resoluciones RDP 13568 y RDP 24112 de 2013,
en cuanto negaron el reajuste de la pensión gracia; y (iii) se ordenara la
reliquidación de la pensión de gracia con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus de
pensionado, esto es, desde el Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil Uno (2001),
incluyendo la prima de clima y la prima de licenciado.

3

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

10. Adujo que el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín dictó fallo desestimatorio de las pretensiones, «[…] al considerar que la no
inclusión de las primas de clima y de licenciado en la liquidación de la pensión gracia deI demandante
era una decisión ajustada a derecho».

1.2 Sentencia objeto de revisión4

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de Treinta y Uno
(31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021): (i) revocó la sentencia de primer grado;
(ii) declaró la nulidad parcial de la Resolución 13740 de 2002 y la nulidad total de
las Resoluciones RDP 13568 y RDP 24112 de 2013; y (iii) como consecuencia de
lo anterior, ordenó reliquidar la pensión gracia «[…] incluyendo dentro de esta la prima de
clima y la prima de licenciado, factores devengados durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico de pensionado» .

12. Como sustento de la decisión, el Tribunal sostuvo que «[…] para el caso de la pensión
gracia se debe aplicar lo dispuesto en la Ley 4 de 1966 y en el Decreto 1743 del mismo año, que
establecieron que se debe liquidar la pensión tomando como base el promedio mensual de los
salarios obtenidos en el último año de servicios», en específico, calificó como «[…] claro que

la pensión gracia debe ser liquidada con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados
por el docente en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, independiente de si estos
tienen creación legal o no».

1.3 Causales de revisión invocadas

13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) invocó las causales de revisión
establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

14. Sobre la primera de ellas, manifestó que la orden judicial de reliquidación
pensional «[…] inobservó, la constitución, la ley y la jurisprudencia, pues ordenó reliquidar la
prestación del aquí demandado con la inclusión de factores salariales que no se debieron incluir por
expreso mandato legal».

4
Samai, índice 28, documento 39_MemorialWeb_LINKEXPEDIENTE05001333303020140030100(.pdf), archivo:
«007_DemandaWeb_Anexos», pp. 891-912.

4

Número Interno: 2554-2024
Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

15. Por otra parte, aseveró que, la causal preceptuada por el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 se configuró en el presente caso, toda vez que la sentencia
cuya revisión solicita ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la
legislación, pues, no es viable «[…] la inclusión de emolumentos que no pueden ser

considerados como factores salariales en el entendido que los mismos solo pueden ser creados por
el Congreso de la República y no por Autoridades del nivel Territorial».

16. Con sustento en lo anterior, requirió se infirme la sentencia objeto de censura,
en cuanto dispuso el ajuste «[…] con la inclusión de todos los factores devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, entre estos, las primas de clima, licenciado y vida
cara, siendo que estos emolumentos no pueden ser incluidos como factores de salario en el
entendido que los mismos solo pueden ser creados por el Congreso de la República y no por
Autoridades del nivel Territorial».

1.4 Auto admisorio

17. Por medio de providencia del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) se

admitió la acción especial de revisión5. Posteriormente, mediante auto del
Diecinueve (19) de Mayo siguiente6, se tuvo por contestada la acción, se decretaron
como pruebas los documentos aportados con la demanda, en la contestación y el
expediente del proceso ordinario, y se corrió traslado de estas a las partes y al
Ministerio Público para que se pronunciaran sobre ellas.

1.5. Contestación de la demanda de revisión 7

18. El señor Álzate Aguirre contestó la demanda dentro del término de traslado, y

solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de revisión, toda vez que, la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia fue proferida
conforme a la ley y jurisprudencia en vigor al momento en que fue emitida, razón
por la cual, debe privilegiarse el principio de seguridad jurídica.

19. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación» y «buena fe».

1.6 Concepto del Ministerio Público

5
Samai, índice 21.
6
Samai, índice 31.
7
Samai índice 29.

5

Número Interno: 2554-2024
Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

20. El agente del Ministerio Público no emitió concepto, en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

21. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según
lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2 Oportunidad

22. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del

Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, fue notificada por correo electrónico el Primero (1º) de
Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)11, quedando en consecuencia ejecutoriada
el Seis (6) de Septiembre siguiente12; la demanda fue presentada el Treinta (30) de
Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)13, esto es, dentro del término establecido en el
artículo 251 del CPACA.

2.3 Cuestión previa: Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con
violación del debido proceso

23. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las

providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser

8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias
[…]»
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Samai índice 1.
12
Ibid.
13
Samai índice 1.

6

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

24. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado 14:

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación
autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor
de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem.

25. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta

Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen»15 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»16.

26. En el sub examine, se tiene que la UGPP plantea la hipotética reliquidación de

la pensión gracia del señor Álzate Aguirre con violación del derecho al debido
proceso, al estimar errada la posición jurídica adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la sentencia revisada, consistente en ordenar el
reajuste de la prestación incluyendo las primas de clima y de licenciado.

27. En consecuencia, resulta viable colegir que, la demandante no formuló reparos

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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Número Interno: 2554-2024
Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

constitutivos de una eventual trasgresión al derecho fundamental al debido proceso
en la que pudiera haber incurrido el mencionado Tribunal, sino que se encamina a
discutir ciertos factores que considera no están llamados a integrar el ingreso base
de liquidación de la pensión reconocida al accionante, razón por la cual, es claro
que, en estricto sentido, la demanda de revisión no entraña la configuración de la
causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y solo se
encuentra concernida a la cuantía de la prestación, razón por la cual, en lo sucesivo,
el examen del recurso se efectuará bajo la lógica, materia y alcance de la causal
prevista en el literal b) de la referida norma.

2.4 Problema Jurídico

28. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

28.1. ¿La sentencia de Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021),

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se encuentra incursa en
la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en tanto, reconoció el reajuste de la prestación con inclusión de los
factores denominados prima de clima y prima de licenciado?

2.5 Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una acción especial de revisión

de providencias judiciales, de la siguiente manera:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las

8

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Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 17 y

comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que
«solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley»18.

31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y

quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,

la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco posibilita
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios 19.

33. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del

recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro
(4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa
normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 20 […] pues

17
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
20
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

esta acción especial «tiene un carácter sui generis21, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia22», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial 23.

2.5.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 - Ingreso base de liquidación de la pensión gracia

34. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone

que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia

reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente viable.

35. De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala

advierte que, lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para accionar
contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada,
para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o
cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.24

2.6 Caso concreto

36. En el presente caso, la inconformidad de la recurrente se funda en los factores

00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
22
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018
[Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
23
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 11001-03-25-000-2016-
00-299-00 (1716-2016); sentencia de 11 de junio de 2026, radicado 11001-03-25-000-2019-00965-00 (6676-2019), C.P Jorge
Edison Portocarrero Banguera.

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

que deben ser incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia, pues,
considera que, los emolumentos creados por los entes territoriales no pueden ser
computados para establecer el quantum de esa prestación.

37. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en afirmar

que la pensión gracia, por tratarse de un régimen especial, se debe liquidar con el
equivalente del 75% del promedio de todos los factores devengados durante el año
de servicio, anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional, así:

[…] se ha entendido que, una vez que el docente oficial territorial y/o nacionalizado
cumple los requisitos de ley para tener derecho a la pensión de jubilación gracia bien
puede reclamarla y serle reconocida, en cuyo evento se liquida teniendo en cuenta los
factores devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del status
pensional; esta pensión se adquiere así, sin limitaciones, por lo que su reconocimiento
es definitivo y se consolida su situación pensional, goza de los reajustes pensionales,
etc. aunque el docente –si lo desea puede continuar en servicio por la prerrogativa
conferida en el mencionado decreto. Ahora, el Art. 9º de la Ley 71/88 -que autoriza la
reliquidación pensional por factores devengados al momento del retiro efectivo del
servicio- para quienes continuaron en servicio, no es aplicable a la pensión de jubilación
gracia por cuanto regula situaciones relativas a las pensiones de jubilación ordinarias
de los servidores públicos, quienes antes de su retiro del servicio pueden solicitar su
reconocimiento, continuar en servicio y al momento de su desvinculación efectiva
solicitar esa “reliquidación” autorizada por la ley, más cuando ellos no pueden gozar de
la mesada pensional en ese interregno, como si tienen esa prerrogativa los docentes.

[…] la Sala considera necesario precisar que respecto a la reliquidación de la pensión
especial de jubilación gracia al momento del retiro, NO ES POSIBLE SU
RELIQUIDACIÓN, como ya se expresó en sentencia de Sep. 2/04, Exp. No. 4581-03,
en la que se expresó: “... La Sala–en esta instancia- respecto de esta pretensión
(reliquidación de la pensión de jubilación gracia con los valores de los factores
devengados durante el último año de servicios previo al retiro definitivo) considera: Se
advierte que durante un tiempo esta Jurisdicción admitió que la pensión de jubilación
gracia se reliquidara por los factores devengados por el docente al momento de su
desvinculación del servicio. Sin embargo, reconsideró la situación por cuanto el docente
cuando cumple los requisitos de la pensión de jubilación gracia (estatus pensional) se
le hace un RECONOCIMIENTO DEFINITIVO PENSIONAL y entra a gozar de la
prestación, aún sin su retiro del servicio, por autorización legal que comprende una
excepción a la prohibición de recibir más de un emolumento a cargo del Tesoro Público.
Además, dicha pensión se reajusta año tras año conforme a las leyes de tal alcance.
Y, por último, no existe disposición legal que ordene la Reliquidación pensional de los
docentes, teniendo en cuenta el último y definitivo año de servicios, más cuando la
liquidación se hace con los requisitos y situaciones al momento de adquirir el derecho
pensional.

[…] La reliquidación de la pensión jubilación gracia-Inclusión de factores devengados
durante el año anterior a la fecha en que ADQUIRIÓ EL STATUS. Esta reliquidación
es la permitida por la ley, en el caso que la administración al liquidar la pensión de
jubilación gracia, al momento de la obtención del status pensional por el docente, haya
omitido incluir algunos factores que son computables. Su liquidación se debe hacer
como autoriza la ley, sin aplicar a esta pensión de jubilación excepcional reglas actuales
aplicables a las pensiones de jubilación ordinarias. …

La reliquidación se realiza en una cuantía del setenta y cinco por ciento sobre los
factores devengados en el año anterior a su consolidación. […] Debe incluir las primas
de alimentación, habitación, navidad y vacaciones devengadas en el año anterior a su

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

consolidación […]25

38. De acuerdo con la jurisprudencia en cita, es razonable la improcedencia de la

liquidación o reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año
anterior al retiro, puesto que, el derecho a la pensión gracia se perfecciona con el
cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador, y constituye un
derecho que disfruta el docente aun encontrándose en actividad.

39. Así las cosas, en materia de la liquidación y la forma de establecer la cuantía en

relación con la pensión gracia, la tesis jurisprudencial consolidada señala que, la
misma se liquida en el equivalente al 75% del promedio de todos los factores
devengados durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional26.

40. Ahora bien, respecto de los factores que deben integrar la base de liquidación

de la pensión gracia, esta Sala, ha sostenido27:

Pues bien, teniendo en cuenta que la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia no se refirió a algún factor en particular sino que enfatizó en la inclusión de
factores salariales de creación legal percibidos por el actor, a juicio de esta Sala, tal
decisión no fue caprichosa pues atendió a la interpretación normativa expuesta por el
Consejo de Estado, en el sentido que la pensión gracia se debe liquidar con el salario
básico y los demás factores salariales devengados por el docente en el último año
anterior a la fecha de la adquisición del estatus jurídico pensional.

Así entonces, le correspondía a la UGPP al momento de dar cumplimiento a la
sentencia, determinar cuáles fueron los factores salariales devengados por el actor en
el período referido, de origen legal, así como excluir aquellos que sean de naturaleza
de prestaciones sociales y que no tienen relación directa con el cargo o con las
funciones o calidades profesionales del beneficiario de la prestación28.

Por tanto, a juicio de esta Sala, tal posición guardó armonía con la jurisprudencia
imperante en el órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo29 máxime cuando el
mismo fallador especificó que los emolumentos a incluir debían corresponder a factores
salariales de creación legal, por lo que la controvertida prima de clima no se encontraba
allí incorporada.

25
Sesión Segunda, Subsección B, radicación número: 25000-23-25-000-2003-04682-01(5408-05). Sección Segunda,
Subsección A, providencia del 19 de enero de 2006. 66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14) sentencia de 14 de abril de
2016.
26
Rad. No.: 66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14) sentencia de 14 de abril de 2016. M.P. William Hernández Gómez.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 6 de julio de 2023; expediente 11001-03-25-000-2018-
00618-00; consejero ponente: César Palomino Cortés.
28
Ver en el mismo sentido la sentencia del 10 de noviembre de 2022, en la acción especial de revisión con radicado 11001-
03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021) y ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicación 25000- 23-25-000-1998-0363-
01(0185-01).

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41. Asimismo, en un caso más reciente, frente a la inclusión de la denominada prima

de vida cara creada por el Departamento de Antioquia en favor de unos docentes,
se advirtió30:

Teniendo como parámetro que la prima de vida cara no constituye un derecho
adquirido, al confrontar la Constitución y la ley vigente al momento de su expedición,
se concluye que, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, está
incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, dado que, al disponer la liquidación de la pensión gracia, con todos los factores
salariales, incluyó la prima de vida cara, lo cual, genera una mesada pensional superior
a la determinada por la ley que afecta al erario, al imponer una carga prestacional sin
fundamento legal.

Como consecuencia de ello, se infirmará parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y se procederá a emitir la sentencia de reemplazo,
conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del CPACA, en el que se
dispuso que si el competente encuentra fundada la causal «del literal b) el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho
corresponde».

42. En ese sentido, la base de liquidación de la pensión gracia debe estar integrada

por factores de creación legal o reglamentaria del orden nacional, sin que resulte
viable incluir aquellos emolumentos establecidos, sin competencia para ello, en
actos administrativos emitidos por las entidades del orden territorial.

43. Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que, la extinta Caja

Nacional de Previsión Social - (Cajanal) reconoció al señor Mario de Jesús Álzate
Aguirre, la pensión gracia mediante la Resolución 13740 del Seis (6) de junio de
Dos Mil Dos (2002), liquidada con el 75 % del promedio de lo devengado durante el
año anterior a la consolidación del estatus pensional. Posteriormente, a través de
las Resoluciones 20781 de Quince (15) de Mayo de Dos Mil Siete (2007) y UGM
27871 de Veinte (20) de Enero de Dos Mil Doce (2012), la prestación fue objeto de
reliquidaciones, oportunidad en la que se incluyeron, entre otros, la asignación
básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la denominada prima de vida
cara.

44. Asimismo, el demandado solicitó la reliquidación de la pensión gracia con la

inclusión de las primas de clima y de licenciado, petición que fue negada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), mediante las Resoluciones RDP 13568 del

30
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicación 11001-03-25-000-2018-00309-00
(1059-2018)

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Diecinueve 19 de marzo de Dos Mil Trece (2013) y RDP 24112 del Veintisiete (27)
de mayo del mismo año. Posteriormente, el Juzgado Treinta (30) Administrativo del
Circuito de Medellín negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; no obstante, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
al resolver la apelación, revocó dicha decisión y ordenó reliquidar la prestación con
la inclusión de esos emolumentos, al considerar que, debían computarse todos los
factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, independientemente de su origen legal o territorial.

45. Obra en el plenario la siguiente certificación, en la que constan los factores

salariales devengados por el demandante durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, entre ellos, las primas de clima y de licenciado.

46. La Sala advierte que, durante el año anterior a la adquisición del estatus

pensional, el señor Mario de Jesús Álzate Aguirre percibió, además de la asignación
básica, las denominadas prima de clima y prima de licenciado, cuya inclusión en el
ingreso base de liquidación, fue ordenada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia. No obstante, conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, si
bien es cierto, la pensión gracia se liquida con el setenta y cinco por ciento (75 %)
del promedio de los factores salariales devengados durante ese período, tampoco
es menos cierto que, únicamente pueden computarse aquellos de creación legal o

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reglamentaria del orden nacional. En ese sentido, al tratarse de emolumentos
establecidos por autoridades del Departamento de Antioquia, dichas primas no
podían integrar la base de liquidación de la prestación.

47. Siendo así las cosas, se encuentra demostrado que, al ordenar la inclusión de

las primas de clima y de licenciado, de creación territorial, el Tribunal Administrativo
de Antioquia ordenó el aumento, contra legem, de la cuantía de la pensión gracia
reconocida al señor Álzate Aguirre, razón por la cual, se encuentra configurada la
causal preceptuada en la letra b, del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

48.Por tanto, conforme lo prevé el artículo 255.2 del CPACA, la Sala infirmará la

sentencia objeto de revisión, y dictará la respectiva providencia de reemplazo.

2.7 Conclusión

49. La Sala concluye que, le asiste razón a la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
por cuanto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
reconoció una pensión gracia en cuantía superior a la que legalmente correspondía,
al ordenar la inclusión de las primas de clima y de licenciado, emolumentos de
creación territorial que no podían integrar el ingreso base de liquidación de dicha
prestación. En consecuencia, prospera la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, por tanto, se infirmará la sentencia objeto
de revisión y se dictará la correspondiente sentencia de reemplazo.

III. SENTENCIA DE REEMPLAZO

3.1. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

50.1. ¿El demandante tiene derecho a que su pensión gracia se liquide con la

inclusión de las primas de clima y de licenciado, recibidas en el año anterior a
la adquisición del estatus jurídico de pensionado?

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3.2. Caso concreto

51. Con el fin de resolver el problema jurídico que ocupa el particular, la Sala reitera

la regla de derecho que rige el asunto, consistente en determinar que, la base de
liquidación de la pensión gracia debe estar integrada por factores de creación legal
o reglamentaria del orden nacional, sin que resulte viable incluir aquellos
emolumentos establecidos, sin competencia para ello, en actos administrativos
emitidos por las entidades del orden territorial.

52. Dicho lo anterior, debe decirse que, la prima de clima fue instituida mediante

Ordenanza 8 de 1978 por la Asamblea Departamental de Antioquia, acto
administrativo que fue declarado nulo por esta Corporación, en sentencia de Treinta
y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013)31, habida cuenta de la falta de
competencia de dicho ente territorial para crear ese tipo de emolumentos.

53.Igual suerte corrió la prima de clima creada mediante Decreto 1 BIS de 1981,

expedido por el Gobernador de Antioquia, que fue declarado nulo por el Consejo de
Estado mediante sentencia de Doce (12) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)32, con
similares razones.

54. Ahora bien, la prima de licenciado fue compilada y prevista por el artículo 3 del

mencionado Decreto 1 BIS de 1981, emitido por el Gobernador de Antioquia, en los
siguientes términos:

3. 10% mensual de la remuneración básica fijada según el grado, para los licenciados
en ciencias de la educación egresados de facultades debidamente aprobadas por el
ICFES, con título registrado, que presten sus servicios como profesores de tiempo
completo de enseñanza básica secundaria y media vocacional, seccional de
enseñanza básica primaria y preescolar, rectores y directores de establecimientos
educativos y que laboren en municipios diferentes a: Medellín, Caldas, La Estrella,
Itagüí, envigado, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Guarne, Marinilla,
Santuario El Retiro, La Ceja y Rionegro. Esta prima es incompatible con las demás que
por el mismo concepto se cancelen.

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 31 de octubre de 2013; expediente: 05001-23-31-000-
2005-06568-02(1056-11); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. En esa decisión se declaró la nulidad del Decreto 1
BIS de 1981 al concluir que el Gobernador de Antioquia carecía de competencia para crear factores salariales mediante dicho
acto administrativo, por tratarse de una materia reservada al legislador y al Gobierno Nacional.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 12 de abril de 2018; expedientes: 05001-23-31-000-
2005-00974-01(1231-14) y 05001-23-31-000-2005-07606-02(0091-12); consejero ponente: William Hernández Gómez. En
dicha providencia, la Sala concluyó que la Asamblea Departamental de Antioquia y el gobernador carecían de competencia
para crear factores salariales y prestacionales mediante las ordenanzas y el Decreto 001 Bis de 1981, pues, tras la reforma
introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968, dicha atribución correspondía privativamente al Congreso de la República.

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55. Sobre la legalidad y constitucionalidad de dichos emolumentos, en la
mencionada sentencia de Doce (12) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)33, el
Consejo de Estado determinó:

La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para ordenar el pago
de una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho departamento, a través
de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981, como tampoco
la tenía el gobernador de Antioquia para expedir los numerales 3, 5 y 6 del artículo 1
del Decreto 001 Bis del 7 de enero de 1981 a través de los cuales estableció una prima
de clima y otras bonificaciones en favor de los docentes del ente territorial, pues de
conformidad con la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968 a la
Constitución Política de 1886, las autoridades administrativas del orden territorial no
estaban habilitadas para crear factores salariales ni prestacionales, dado que aquella
estaba atribuida, de manera privativa, en el Congreso de la República.

56. En el presente caso, está demostrado que las primas de clima y de licenciado

comportan emolumentos creados por organismos de orden territorial, sin
competencia legal ni constitucional para ello, razón por la cual, de acuerdo con el
análisis legal y jurisprudencial realizado, no están llamadas a integrar la base de
liquidación de la pensión gracia del accionante, toda vez que, no fueron previstas
por las entidades del orden nacional con competencia para ello.

57. Por lo tanto, las pretensiones de la demanda formulada por el señor Mario de

Jesús Álzate Aguirre, no están llamadas a prosperar, razón por la cual, la Sala
confirmará la sentencia proferida el Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Quince
(2015) por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

IV. PRETENSIÓN DE DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS POR CONCEPTO
DE LA RELIQUIDACIÓN ORDENADA

58. Finalmente, en cuanto a la devolución de dinero pretendida con la demanda de

revisión, debe decirse que, dicha pretensión no cuenta con vocación de prosperidad,
habida cuenta que, las cantidades dinerarias sufragadas por concepto de la
reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia expresan la
satisfacción de los principios de legalidad y cosa juzgada que amparan a las
decisiones proferidas por esta Jurisdicción.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 12 de abril de 2018; expedientes: 05001-23-31-000-
2005-00974-01(1231-14) y 05001-23-31-000-2005-07606-02(0091-12); consejero ponente: William Hernández Gómez.

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Demandante: UGPP
Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

59. Sobre el particular, es menester recordar que, el parágrafo del artículo 253 del

CPACA establece que, «[e]n ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el
cumplimiento de la sentencia», razón por la cual, no es viable ordenar la devolución de

las sumas de dinero pagadas hasta la ejecutoria de esta sentencia, toda vez que,
las mismas fueron recibidas en virtud de una providencia judicial, emitida por la
autoridad competente para pronunciarse sobre el particular. En consecuencia, la
Sala negará tal pedimento.

V. CONDENA EN COSTAS

60. En el presente caso, no se configuró el supuesto preceptuado por el artículo 255

del CPACA34, razón por la cual, no se dispondrá condena en costas, en esta
oportunidad.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), respecto de la causal b) de la Ley 797
de 2003, contra la sentencia de Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiuno
(2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso con
radicado 05001-33-33-030-2014-00301-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, INFIRMAR la sentencia de Treinta y Uno (31) de
Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de

34 Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.

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Demandado: Mario de Jesús Álzate Aguirre

Antioquia, para, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida el Veintiocho (28)
de Octubre de Dos Mil Quince (2015) por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del
expediente con radicado 05001-33-33-030-2014-00301-01.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la acción de revisión formulada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en esta ocasión.

CUARTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), expedirá los actos
administrativos que, en estricto cumplimiento de esta sentencia, resulten necesarios
para darle ejecución.

QUINTO. Sin condena en costas.

SEXTO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

19

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