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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00413-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00413-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 26 Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021) Demandante: UGPP Medellín, del 12 de marzo de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05 001 33 1026 2007 0000 40 al juzgado de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00413-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Belma Paternina Martínez
Tema: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación pensión gracia.
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín el 12
de marzo de 2008, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín del
12 de marzo de 2008, que accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05 001 33 1026 2007
0000 40.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) «revocar» (infirmar) la sentencia del
Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín del 12 de marzo de 2008; ii) declarar
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

que a la señora Belma Paternina Martínez no le asiste el derecho a la reliquidación
de su pensión gracia con la inclusión de las primas de clima y de vida cara; y iii)
condenar a la demandada a reintegrar los valores cancelados por concepto de
reliquidación de la pensión gracia ordenada por el Juzgado Veintiséis Administrativo
de Medellín.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El 17 de junio 1954, nació la señora Belma Paternina Martínez. Prestó sus
servicios en los siguientes períodos e instituciones: a. desde el 1.° de febrero de
1980 hasta el 30 de diciembre de 2002, en la Secretaría de Educación del
departamento de Antioquia; y b. desde el 1.° de enero de 2003 hasta el 14 de abril
de 2008, en la Secretaría de Educación del municipio de Turbo, Antioquia, como
docente nacionalizada.

ii) El 17 de junio de 2004, la señora Paternina Martínez adquirió el estatus jurídico
de pensionada.

iii) El 21 de octubre de 2005, CAJANAL a través de la Resolución 33072 reconoció
una pensión gracia a la hoy demandada, en cuantía de $ 1.251.611,25, a partir del
17 de junio de 2004, de conformidad con la Ley 114 de 1913. Posteriormente,
aquella prestación fue reliquidada por virtud de la Resolución 02241 del 19 de
febrero de 2007, en cuantía de $ 1.412.408,57, en el entendido de incluir nuevos
factores salariales.

iv) El 12 de marzo de 2008, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín,
mediante sentencia de primera instancia, accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO: Declárese la nulidad del acto presunto derivado del silencio administrativo
negativo a la petición presentada el 08 de marzo de 2006 en el que solicita condenar a

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Demandante: UGPP

la entidad demandada a revisar la liquidación de la pensión de gracia (sic) liquidada con
la totalidad de los factores salariales.

SEGUNDO: Condénese a la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- a efectuar
una nueva liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la señora BELMA
PATERNINA MARTÍNEZ, con base en los salarios, primas y demás factores legales
devengados en el año anterior a la adquisición del STATUS JURÍDICO DE
PENSIONADO (sic). […]. (Subrayado y resaltado originales del texto)

v) El 4 de abril de 2008, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Juzgado
Veintiséis Administrativo de Medellín.

vi) El 25 de mayo de 2011, CAJANAL E.I.C.E. expidió la Resolución PAP 054524
mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia referida.

vii) El 25 de agosto de 2016, la UGPP emitió la Resolución RDP 031281 a través de
la cual reliquidó la pensión de jubilación de la señora Paternina Martínez, en el
equivalente al 75 % de lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional, incluyendo las primas de vida cara y de clima, efectiva a partir
del 17 de junio de 2004, con efectos fiscales desde el 26 de febrero de 2013, por
prescripción trienal.

viii) El 12 de diciembre de 2016, por virtud del Auto ADP 014847 la UGPP aclaró que
con la Resolución PAP 054524 de 2011, se dio cumplimiento a la sentencia emitida
por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín.

ix) El 2 de junio de 2017, la UGPP expidió el Auto ADP 004084 por medio del cual
solicitó a la hoy demandada su consentimiento para revocar parcialmente las
Resoluciones PAP 054524 de 2011 y RDP 031281 de 2016, en el sentido de excluir
las primas de vida cara y de clima. Sin embargo, a la fecha de presentación del
recurso, aquella no ha realizado manifestación alguna.

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Demandante: UGPP

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín, el 12 de marzo de 2008, accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Belma Paternina
Martínez contra la extinta CAJANAL, con sustento en las siguientes consideraciones:2

i) En el sub lite no está en discusión el derecho de la actora al reconocimiento de la
pensión gracia, pues el objeto del litigio se circunscribe a determinar los factores
salariales que deben ser incluidos en la liquidación de la prestación. En efecto, a
través de la Resolución 033072 del 21 de octubre de 2005, CAJANAL le reconoció
una pensión gracia, a partir del 17 de junio de 2004, en el equivalente al 75 % de la
asignación básica percibida en 2003 y 2004, así mismo, se afirmó que la
demandante nació el 17 de junio de 1954 y que adquirió el estatus jurídico pensional
el 17 de junio de 2004.

Por su parte, de acuerdo con el acervo probatorio se demostró que la entidad
demandada no dio respuesta a la solicitud elevada por la señora Paternina Martínez,
en la que pretendía la reliquidación de su pensión gracia teniendo en cuenta la
totalidad de los factores salariales devengados.

ii) De conformidad con los sostenido por el Consejo de Estado, en específico, en
sentencia del 6 de septiembre de 2001, N.I. 0363-98, la pensión gracia se debe
liquidar con el salario básico y los demás factores devengados por el docente en el
último año anterior a la fecha de la adquisición del estatus jurídico pensional. En
consecuencia, si no se liquidó de esa forma, el docente puede, en cualquier tiempo,
solicitar la reliquidación en los términos anotados.

iii) En ese orden, procede declarar la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo a la petición del 8 de marzo de 2006, elevada por la actora
y a título de restablecimiento del derecho, se ordena la reliquidación de la prestación
para lo cual la entidad demandada debe incluir todos los factores salariales
percibidos, de origen legal, por la señora Paternina Martínez entre el 17 de junio de

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Demandante: UGPP

2003 y el 17 de junio de 2004. «En la reliquidación, la demandada tendrá en cuenta
la prescripción trienal alegada».

1.2. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:

i) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
comoquiera que el Consejo de Estado mediante la sentencia del 26 de julio de
2012,3 confirmó la providencia de primera instancia expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2011, que había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad impetrada por la Auditoría General de la
República contra el municipio de Medellín, tendiente a solicitar la anulación de a. los
parágrafos de los artículos 1.° y 2.° del Acuerdo 028 de 1977, por el cual se creó la
prima de vida cara; b. el artículo 3, numeral b) del Acuerdo 029 de 1978; y c. los
artículos 1.° y 2.° del Acuerdo 049 de 1989.

Así, el alto tribunal sostuvo, lo siguiente:

Conforme a la normatividad analizada y al criterio jurisprudencial establecido por esta
Corporación, el Concejo [m]unicipal de Medellín carecía de competencia para crear
emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos, pues se
arrogó facultades, que conforme la normatividad transcrita, están reservadas al Gobierno
[n]acional […].

Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el marco
del proceso de radicado 05001 23 31 000 2005 06568 02 (1056-11) accedió a las
pretensiones de la demanda elevada por el Ministerio de Educación Nacional y en
ese orden, declaró la nulidad de la Ordenanza 8 del 27 de octubre de 1978 expedida
por la Asamblea departamental de Antioquia, que entre otras cosas, reconocía la
prima de clima a los normalistas vinculados a la Secretaría de Educación y Cultura
de aquel departamento y que prestaran sus servicios en áreas rurales.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 050012331000200500971 01
(1865- 2011).

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Demandante: UGPP

ii) La Constitución de 1886 previó que, al momento de liquidar la pensión de
jubilación, deben tenerse en cuenta los factores salariales de origen legal. Dicho
precepto se reprodujo en la Carta de 1991, que en su artículo 150, numeral 19, literal
e) dispone que corresponde al Congreso de la República dictar normas generales
en relación con la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, y que estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales, son
indelegables en las Corporaciones públicas territoriales.

Así las cosas, pese a que la liquidación de la pensión gracia reconocida a la
demandada debe atender los postulados de la Ley 4ª de 1966 y del Decreto 1743
de 1966 y si bien aquella devengó las primas de vida cara y de clima, no es posible
tenerlas en cuenta porque de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el gobernador de Antioquia y la Asamblea departamental carecían de
competencia para crear prestaciones con naturaleza salarial.

iii) En consecuencia, «la irregularidad radica en la reliquidación de la pensión gracia
de la señora BLEMA PATERMINA (sic) MARTÍNEZ, con la inclusión de los factores
de Prima de Clima y Prima de vida Cara efectuada en las Resoluciones Nos. 054524
del 25 de mayo de 2011 y RDP 031281 del 26 de agosto de 2016, ordenadas en el
fallo objeto de esta discusión.».

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Belma Paternina Martínez, por intermedio apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:4

i) Si bien es cierto las primas de vida cara y de clima se encuentran suspendidas
temporalmente hacia futuro, y no de manera retroactiva, por virtud de la demanda
que cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia desde el 10 de noviembre de
2016; también lo es que fueron incluidas en la reliquidación de la pensión gracia de
la actora antes de la interposición de la referida demanda. Por consiguiente, se
consolidaron derechos adquiridos a su favor, al tenor del artículo 58 de la

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Demandante: UGPP

Constitución Política y desarrollo de forma amplia por el Consejo de Estado y por la
Corte Constitucional.

ii) Están acreditadas las excepciones de caducidad porque de conformidad con el
artículo 251 del CPACA el recurso extraordinario de revisión debe presentarse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia que se pretende infirmar. Así mismo,
se configuran las excepciones de buena fe, falta de causa para pedir, inexistencia
de las obligaciones demandadas y enriquecimiento sin justa causa.

iii) Finalmente, la conducta desplegada por la entidad recurrente no está enmarcada
dentro de los elementos mínimos de buena fe, de manera que al activar el sistema
judicial y generar un desgaste en la administración de justicia, debe condenarse en
costas y agencias en derecho.
2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.5 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.6

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

Adicionalmente, la Sala resalta que el presente recurso extraordinario de revisión fue interpuesto
antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 23 de noviembre de 2017 como
consta en expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI; razón por la cual su trámite
no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.

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Demandante: UGPP

público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».7

Ahora bien, mediante el auto del 5 de agosto de 2021,8 la Sala resolvió a. avocar
conocimiento de la presente acción especial de revisión y b. convalidar, en virtud
del artículo 138 del CGP, todas las actuaciones adelantadas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está
legitimada para la interposición de esta acción, teniendo en cuenta que se le asigna
la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

La Sala observa que si bien el CPACA no prevé la posibilidad de proponer
excepciones en el trámite de la acción especial de revisión, lo cierto es que la parte
demandada, en la contestación de la demanda, expuso que se presenta la
excepción de caducidad.

Al respecto, se advierte que el inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial».

En el sub lite, puesto que la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de
Medellín quedó ejecutoriada el 4 de abril de 20089 y la acción especial de revisión

7 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también

reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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se interpuso se interpuso el 27 de noviembre de 2017,10 a priori, se concluiría que
aquella estaría fuera del término de los cinco años establecido por el artículo 251
del CPACA para estos eventos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-
427 de 2016, determinó que el plazo para acudir a la revisión de las decisiones
judiciales, por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe
contabilizarse a partir del momento en el que la UGPP asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo CAJANAL, esto es, el 12 de junio de 2013, fecha en la
cual inició la sucesión procesal entre estas dos entidades, la presente acción de
revisión se encuentra dentro del término previsto por la señalada providencia,
comoquiera que este se extendía hasta el 12 de junio de 2018.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de
Medellín, del 12 de marzo de 2008, se encuentra inmersa en la causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir
a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

10 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

La Sala advierte que la acción especial de revisión fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, sin embargo, aquella autoridad judicial a través del auto del 15 de febrero de 2021, resolvió
declarar la falta de competencia para conocer del sub lite y en consecuencia, remitió el expediente
a esta Corporación.

Por su parte, mediante auto del 14 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos que dieron cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Medellín el 12 de marzo de 2008, esto es, las Resoluciones 054524 de 2011 y
RDP 031281 de 2016.

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El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito

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Demandante: UGPP

Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una

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Demandante: UGPP

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
14 Ibidem.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».15

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de esta acción especial y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por
el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador,
sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear
discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa
dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida
haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la
ley.

2.4.3. De la pensión gracia

La pensión gracia es una prestación otorgada a los docentes mediante la Ley 114
de 1913, como un reconocimiento por su capacidad y esfuerzo en la educación
territorial, luego de haber prestado sus servicios en primaria por un lapso no menor
de 20 años, haber cumplido 50 años de edad, tener una conducta intachable y no
recibir emolumento alguno del erario. Este mismo beneficio se extendió con la Ley
116 de 1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).

13

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

Más adelante, con la expedición de la Ley 37 de 1933 (artículo 3º) el reconocimiento
de esta pensión se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de
servicios en establecimientos de enseñanza secundaria. La jurisprudencia de esta
corporación ha precisado que (i) es una prestación con cargo al tesoro, pagada por
Cajanal; (ii) no requiere de aportes a ningún fondo pensional para su
reconocimiento; (iii) es compatible con otras prestaciones no nacionales; (iv) ya no
requiere que los 20 años de servicios se hayan prestado de manera exclusiva en
educación básica primaria; (v) el beneficiario debe tener como mínimo 50 años de
edad y 20 de servicios, y (vi) haber observado durante toda su vida al servicio de la
educación oficial una conducta irreprochable.

En torno a su reconocimiento, esta pensión no se rige por las disposiciones
previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera que la pensión gracia no es
una prestación ordinaria, sino de rango excepcional; razón por la cual el legislador
la excluyó de esta reglamentación y así se encuentra consignado en la primera de
dichas leyes, cuyo texto, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajen en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]

Posteriormente, la Ley 91 de 1989,16 dispuso lo siguiente:

Artículo 15º. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:

1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto

16 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

14

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado17 que fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia, a saber:

[D]entro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley [...].

Ahora bien, en cuanto a la liquidación de la pensión gracia, esta Corporación ha
sostenido18 que la norma aplicable es la Ley 4 de 1966 «por la cual se provee de
nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones», en su artículo 4, dispone:
«A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan
derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarán y
pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual
obtenido en el último año de servicios.».

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 del 26 de agosto

de 1997.
18 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de septiembre de 2017,

radicación: 25000-23-42-000-2014-03742-01(3403-15), actor: Luis Felipe Moreno Pardo; del 6 de
diciembre de 2018, radicación: 19001-23-33-000-2014-00132-01(3514-16), actor: Paco Torres
David; del 21 de agosto de 2020, radicación: 66001-23-33-000-2014-00362-01 (3852-17), actor:
UGPP; del 20 de septiembre de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-00153-01(4615-16), actor:
Ángela Cuellar de Sánchez; del 8 de octubre de 2020, radicación: 73001-23-33-000-2015-00592-01
(3679-16), actor: Luis Alfonso Pérez Guarín; del 12 de noviembre de 2020, radicación: 41001-23-33-
000-2013-90282-01(4102-18), actor: UGPP; y del 29 de julio de 2021, radicación: 52001-33-31-002-
2015-00657-01(0329-20), actor: Carmen Alicia Delgado Ortiz.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

La anterior disposición fue posteriormente reglamentada por el Decreto 1743 de
1966, en cuyo artículo 5 dispuso que las pensiones deben ser liquidadas tomando
como base el 75 % del promedio mensual de salarios devengados durante el último
año de servicios.

Es preciso reseñar que la aplicación especial de la norma anterior impide hacer uso
de disposiciones del régimen ordinario, tales como la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de
1985, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 del Decreto 1160 de 1989,
dado que la pensión gracia es una prestación especial que, a pesar de encontrarse
a cargo del Tesoro Nacional, no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional
de Previsión Social ni hacer aportes para el efecto.

Además, esta Corporación19 ha precisado que, a diferencia de las pensiones
ordinarias, ese último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o
consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a
devengarse, y que, dado su carácter especial, admite su compatibilidad con el
salario tratándose de docentes.

2.4.4. De las primas de vida cara y de clima

Mediante los artículos 1 y 2 del Acuerdo 028 de 1977; el artículo 3, literal b) del
Acuerdo 029 de 1978, y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, el Concejo
municipal de Medellín creó y reguló la prima de vida cara para los empleados del
orden municipal. Dichos acuerdos fueron declarados nulos, por medio de la
sentencia del 26 de julio de 2012 del Consejo de Estado, al encontrar configurada
la falta de competencia de la autoridad que los profirió.

La decisión se fundamentó en que las entidades territoriales no están facultadas
para crear factores salariales, como lo es la prima de vida cara, toda vez que a partir

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 14 de abril de 2016, número interno 0633-2014.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de julio de 2012, número interno 2029-2010.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 27 de agosto de 2012, número interno 1837-2011.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968, que modificó el artículo 76 de la
Constitución de 1886, establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos compete privativamente al Congreso de la República, y luego, por mandato
del literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, se
dejó como una materia que debía ser regulada de manera concurrente entre el
legislador y el ejecutivo. Así lo expuso:

[E]l Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia para crear emolumentos o
factores prestacionales o salariales a favor de los mismos, pues se arrogó facultades,
que conforme a la normatividad transcrita, están reservadas al Gobierno Nacional,
potestad que éste ejecuta dentro de un marco trazado por el legislador, en este caso
inicialmente bajo la potestad del Acto Legislativo de 1968, luego a través de la
Constitución de 1991 y finalmente mediante la Ley 4ª de 1992.20

Bajo el mismo razonamiento, la corporación, en sentencia del 12 de abril de 2018,
declaró la nulidad de las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre de 1973, 033 del 30
de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de noviembre de
1981 y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981; actos mediante los cuales la
Asamblea departamental y la Gobernación de Antioquia fijaron las primas de vida
cara y de clima para los docentes oficiales vinculados al departamento. En aquella
oportunidad, indicó:

La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para ordenar el pago de
una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho departamento, a través de las
Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981, como tampoco la tenía
el gobernador de Antioquia para expedir los numerales 3, 5 y 6 del artículo 1 del Decreto
001 Bis del 7 de enero de 1981 a través de los cuales estableció una prima de clima y
otras bonificaciones en favor de los docentes del ente territorial, pues de conformidad
con la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968 a la Constitución Política de
1886, las autoridades administrativas del orden territorial no estaban habilitadas para crear
factores salariales ni prestacionales, dado que aquella estaba atribuida, de manera
privativa, en el Congreso de la República.21.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado: 05001-23-31-

000-2005-00971-01(1865-11).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado

radicado 050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)
(acumulados), actor: Auditoría General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional

17

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte, frente a la
causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que es preciso
realizar las siguientes consideraciones:

La inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del Juzgado
Veintiséis Administrativo de Medellín, del 12 de marzo de 2008, habría incurrido en
la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por cuanto si bien es cierto la demandada tiene derecho al reconocimiento y pago
de una pensión gracia, deben excluirse de su liquidación las primas de vida cara y
de clima.

Lo anterior, en su concepto, porque el Consejo de Estado mediante la sentencia del
26 de julio de 2012, confirmó la providencia de primera instancia expedida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2011, que había accedido a
las pretensiones de la demanda de nulidad impetrada por la Auditoría General de la
República contra el municipio de Medellín, tendiente a solicitar la anulación de a. los
parágrafos de los artículos 1.° y 2.° del Acuerdo 028 de 1977, por el cual se creó la
prima de vida cara; b. el artículo 3, numeral b) del Acuerdo 029 de 1978; y c. los
artículos 1.° y 2.° del Acuerdo 049 de 1989.

Por su parte, aduce que esta corporación en el marco del proceso de radicado
05001 23 31 000 2005 06568 02 (1056-11) accedió a las pretensiones de la
demanda elevada por el Ministerio de Educación Nacional y en ese orden, declaró
la nulidad de la Ordenanza 8 del 27 de octubre de 1978 expedida por la Asamblea
departamental de Antioquia, que, entre otras cosas, reconocía la prima de clima a
los normalistas vinculados a la Secretaría de Educación y Cultura de aquel
departamento y que prestaran sus servicios en áreas rurales.

En este sentido, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:

Esta Subsección advierte que la entidad recurrente no discute que la señora Belma
Paternina Martínez tenga derecho a la pensión gracia de jubilación, pues la

18

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

controversia gira únicamente a la, presunta, indebida inclusión de los factores de
las primas de vida cara y de clima.

Por su parte, en la sentencia emitida por el Juzgado Veintiséis Administrativo de
Medellín el 12 de marzo de 2008, se ordenó la reliquidación pensional con base en
lo previsto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, en armonía con el concepto de
salario, entendido como todo aquello que recibe el trabajador con ocasión de la
relación laboral. Bajo esta interpretación, consideró que debía computarse todo lo
percibido por la docente en el año anterior a la consolidación del estatus jurídico de
pensionada, sin referirse a alguno en particular.

Pues bien, frente a los factores alegados por la parte recurrente, se tiene que en
relación con la prima de vida cara, esta corporación admitía su inclusión en el IBL de
la pensión gracia, al considerar que constituía factor salarial. Al respecto, en la
sentencia del 4 de agosto de 2005,22 la Subsección B de la Sección Segunda
sostuvo:

[l]a pensión gracia no puede liquidarse con base en el valor de los aportes durante el
último año de servicios, como lo prescribe el inciso 1o del artículo 1o de la Ley 33 de
1985, toda vez que esta pensión, a pesar de estar a cargo del Tesoro Nacional, está
sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional
de Previsión Social ni hacer aportes para el efecto.

[...] Siguiendo las anteriores directrices jurisprudenciales, que ahora se ratifican, la
entidad demandada debe incluir para liquidar la pensión gracia las primas de vida cara,
navidad, vacaciones, alimentación y bono de Calidad, que obran en la certificación
expedida por la Gobernación de Antioquia (fl.16 a 18) porque, conforme al artículo 5o
del Decreto 1743 de 1966, la cuantía de la pensión gracia a que tienen derecho algunos
educadores se liquida con el promedio del 75% de los salarios devengados en el último
año de servicios, entendiendo como salario la totalidad de los ingresos que recibe el
trabajador por sus servicios.

Posteriormente, a partir del año 2011, esta corporación varió su postura en casos
en los que se discutía el cómputo de la prima de vida cara en la liquidación de

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2005,
radicación 05001-23-31-000-2003-00567-01(2509-05).

19

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

pensiones.23 En efecto, estimó que este emolumento no podía ser tenido en cuenta
en la pensión gracia,24 porque fue creado por las Asambleas departamentales y
Concejos municipales sin competencia para ello. Lo anterior toda vez que, desde la
reforma constitucional de 1968, la definición del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos fue radicada privativamente en el Congreso de la República
y ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta potestad se atribuyó al
legislador y al gobierno nacional, de forma concurrente, así que, en ningún caso, ha
podido delegarse en las entidades territoriales.

Sin embargo, aun después de la adopción de esta última tesis, el Consejo de Estado
confirmó en segunda instancia las órdenes de reliquidación de la pensión de
jubilación gracia con inclusión de la prima de vida cara, emitidas por los tribunales
administrativos, sin hacer reparo alguno sobre el factor en comento. Ejemplo de ello
se encuentra, entre otras,25 la sentencia proferida el 17 de agosto de 2011,26 en la
que la Sección Segunda de esta Corporación indicó:

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 18 de marzo de 2005,
accedió a las súplicas de la demanda (fl. 79). Luego de realizar un breve análisis
normativo y jurisprudencial del caso, concluyó que la pensión gracia, por tener carácter
especial debía liquidarse con la totalidad de factores que constituyen salario,
devengados en el año anterior a la consolidación del derecho, sin que sea viable la

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2011,
radicación: 05001-23-31-000-2005-00076-01 (2055-10)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2017,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02884-00(AC).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014,

radicación 111001-03-15-000-2014-01771-00(AC).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015,
radicación 105001-23-31-000-2008-00320-01 (3735-13).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación
05001-23-33-000-2013-01841-01(4080-15).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, radicación
05001-23-31-000-2012-00081-01(0619-14).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de junio de 2020, radicación
05001-23-33-000-2014-01673-01(3668-18).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre 2012,

radicación: 05001-23-31-000-2004-07186-01 (2376-11).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013,
radicación: 05001-23-31-000-2009-00619-01(2371-12).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación:
05001-23-31-000-2008-00946-01(0443-13).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014,
radicación: 11001-03-15-000-2014-01771-00(AC).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011,

radicación: 05001-23-31-000-2003-04414-02 (2029-10).

20

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

aplicación de las normas generales contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, cuya
aplicación es inherente a los regímenes ordinarios.

En virtud de lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social al momento de efectuar el
reconocimiento pensional respectivo, sólo tuvo en cuenta la asignación básica percibida
en el periodo referido, tal como se observa dentro del acto de reconocimiento visible a
folio 13 del expediente, omitiendo la inclusión de la prima de navidad y la prima de vida
cara efectivamente devengadas de acuerdo a las certificaciones que aparecen a folios
29 y 38 del cuaderno principal, lo que sin duda alguna da lugar a la reliquidación de la
pensión gracia otorgada, tal como lo dispuso el a quo (Resaltado fuera del texto).

En igual sentido, en sentencia del 24 de enero de 2013,27 se sostuvo:

«es claro que en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los factores
salariales percibidos por la demandante, durante el año inmediatamente anterior a aquél
en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, para hacerse merecedora a este
reconocimiento pensional especial. En otras palabras, la liquidación de la pensión gracia
sólo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del
status pensional.

[...]En ese orden, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal que anuló las resoluciones
acusadas, por cuanto en el acto administrativo de reconocimiento de la pensión gracia
no se tuvo en cuenta lo percibido por la actora por concepto de prima de navidad, prima
de vida cara, prima de alimentación en el último año de servicio, factores que se certificó
como devengados por la docente la Gobernación de Antioquia en documento visible a
folios 4 a 6.

[...] Conforme a lo anterior, la Sala comparte la decisión del Tribunal que ordenó la
inclusión de los factores salariales en la base de liquidación pensional y el incremento a
la cuantía pensional atendiendo el IPC al momento en que la demandada adquirió el
estatus pensional, en consideración a la perdida (sic) del poder adquisitivo constante de
su valor.» (negrita de la Sala de Subsección).

Por su parte, esta Subsección ha señalado en casos similares al presente, en el
marco de acciones especiales de revisión, donde se discute la inclusión de la prima
de vida cara en la liquidación de pensiones gracia, lo siguiente: 28

[…] no se desconoce que la prima de vida cara es un factor salarial creado por entidades
del orden territorial y, por esa razón, los actos a través de los cuales fueron reguladas

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2013,
radicación 05001-23-31-000-2004-06407-01(2435-11).

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de agosto de 2022,
radicación 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019) (REV) y del 28 de octubre de 2021,
radicación 11001-03-25-000-2018-01504-00(4903-18) (REV).

21

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

han sido declarados nulos por esta Corporación. Con todo, se observa que la postura
del Consejo de Estado, en cuanto a la posibilidad de tener en cuenta este factor para la
liquidación de la pensión gracia de jubilación ha variado, pues, inicialmente, las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda consideraron viable computarla en atención
a su naturaleza salarial y, posteriormente, se determinó que debía excluirse por haber
sido creada sin competencia para el efecto; empero, incluso tras este cambio de
paradigma, ha habido casos en los que se ha optado por mantener los reconocimientos
pensionales que comprenden dicho emolumento.»29

Así mismo, en la sentencia del 28 de octubre de 2021, la Sala aseveró:30

Así las cosas, en el caso particular, la decisión de ordenar que se liquidara la pensión
gracia con todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus, sin
excluir expresamente la prima de vida cara, era razonable, comoquiera que, para el 27
de septiembre de 2007, cuando se produjo la sentencia de instancia, la jurisprudencia
del Consejo de Estado era pacífica en el sentido de admitir su inclusión e inclusive con
posterioridad a esa fecha se emitieron decisiones que permitían inferir la validez de dicha
inclusión, sin que exista una posición unificada sobre el punto. Por esa razón, no puede
afirmarse que la providencia ahora analizada se haya proferido de manera arbitraria o
con un desconocimiento flagrante del precedente aplicable.

En ese orden, para la Sala la decisión objeto de reproche emitida el 12 de marzo de
2008, consistente en ordenar la liquidación de la pensión gracia con todos los
factores salariales devengados en el año anterior al estatus, era razonable para la
fecha en que se produjo, comoquiera que la jurisprudencia del Consejo de Estado,
para aquella data, era pacífica en el sentido de admitir la inclusión de la prima de
vida cara e inclusive, con posterioridad a esa fecha se emitieron decisiones que
permitían inferir la validez de dicha inclusión, sin que exista una posición unificada
sobre el punto.

En todo caso, la señora Belma Paternina Martínez devengó la prima de vida cara
en virtud de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981 y
el Decreto 001 Bis del 7 de enero de 1981, que si bien fueron declarados nulos solo
ocurrió hasta el año 2018, por lo que aún gozaban de la presunción de legalidad
para el momento en que se ordenó su inclusión.

29 Esta Subsección cita la sentencia del 24 de enero de 2013, radicación 05001-23-31-000-2004-

06407-01(2435-11), que fundamentó la decisión de incluir la prima de vida cara en la liquidación de
la pensión gracia en que para tal efecto «[…] se deben incluir todos los factores salariales percibidos
por la demandante, durante el año inmediatamente anterior a aquél en que cumplió con los requisitos
de tiempo y edad, para hacerse merecedora a este reconocimiento pensional especial».
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
radicación 11001-03-25-000-2018-01504-00(4903-18) (REV).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

Sobre el particular, se destaca que, a pesar de que en varias oportunidades se ha
señalado que los efectos de la nulidad de un acto administrativo se retrotraen a su
nacimiento, también ha optado por mantener las situaciones jurídicas particulares
y concretas favorables que nacieron bajo su vigencia, conforme al principio de
confianza legítima31.

Ahora, en relación a la prima de clima por medio del Decreto 0001 Bis de 1981,32
se dispuso que constituye el 10 % mensual sobre la remuneración básica para los
profesores de tiempo completo de básica primaria, secundaria y media vocacional,
seccionales de enseñanza básica primaria, preescolar, rectores y directores de
establecimiento educativos, siempre que presten sus servicios durante todo el mes
en los municipios: Arboletes, Murindó, Chigorodó, Dabeiba, Apartadó, Mutatá,
Peque, Caucasia, Cáceres, Zaragoza, Remedios, Segovia, Puerto Berrio, Puerto
Nare, Maceo, Caracolí, Necoclí, Puerto Triunfo, San Pedro de Urabá, Yondó,
Uramita, Tarazá, Bagre y en los corregimientos de: Puerto Perales (San Luis), San
Miguel (Sonsón), Buchadó, Vegáez, San Antonio de Padua, Bajo Murrí (Urrao),
Liberia (Anorí), Carauta y Murrí en Frontino, San José del Nus y Providencia en San
Roque. Y municipio de Turbo.

Paralelamente, esta Subsección advierte que el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966,
dispuso que las pensiones deben ser liquidadas tomando como base el 75 % del
promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios. Por
otra parte, la Ley 5ª de 1969 dispuso en su artículo 2.°, que se entiende por
asignación actual el promedio de todo lo devengado por un trabajador en servicio
activo a título de salario o retribución de servicios.

31 En este sentido se puede consultar la sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional. Del

Consejo de Estado pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 31 de octubre de 2019,
radicado: 13001-23-31-000-2011-00455-01(3960-14) y del 14 de octubre de 2021, radicado:
11001032500020180030200 (1046-2018) de la Sección Segunda; y del 26 de septiembre de 2016,
radicado: 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC), de la Sección Cuarta.
32 La Sala recuerda que a través de la sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado

radicado 050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)
(acumulados), se declaró la nulidad de las Ordenanzas 34 de 1973; 033 de 1974; 31 de 1975 y del
artículo 1 de la Ordenanza 17 de 1981; todas ellas expedidas por la Asamblea Departamental de
Antioquia y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis de 1981 proferido por el
gobernador del Departamento de Antioquia.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

No obstante, la sentencia objeto de reproche no especificó los emolumentos a tener
en cuenta en la reliquidación de la prestación de la hoy demandada, pues determinó
lo siguiente:33

[…] la entidad accionada reliquidará el monto de la pensión de jubilación (sic) reconocida
con base en el promedio de salario, incluyendo los factores salariales de origen legal
que haya percibido la demandante durante el último período -anual- inmediatamente
anterior al status de pensionada.

En ese orden, si bien esta corporación ha sostenido que la prima de clima es «una
prestación social, habida cuenta de que su finalidad no es la de remunerar el trabajo
en sí mismo, conclusión que se desprende del hecho de que su asignación no
guarda una relación directa ni con el cargo ni con las funciones o calidades
profesionales del beneficiario de la prestación, sino que pretendía compensar
especiales condiciones a las que se verían sometidos los docentes que laboraran
en ciertos sectores o municipios del departamento de Antioquia»;34 la decisión
emitida por el juzgado, se reitera, no se refirió a algún factor en particular, pues
enfatizó en que debían incluirse en la reliquidación de la pensión gracia de la
demandada aquellos factores constitutivos de salario.

En consecuencia, aquella decisión no fue caprichosa pues consideró que la
interpretación normativa expuesta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se ajustaba a los supuestos fácticos y jurídicos del caso
sub examine, en el entendido de que de conformidad con lo sostenido en sentencia
del 6 de septiembre de 2001, N.I. 0363-98,35 que expresamente trajo a colación, la
pensión gracia se debe liquidar con el salario básico y los demás factores salariales
devengados por el docente en el último año anterior a la fecha de la adquisición del
estatus jurídico pensional.

33
Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado
radicado 050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)
(acumulados), actor: Auditoría General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicación 25000-

23-25-000-1998-0363-01(0185-01).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

En ese orden de ideas, respecto a las particularidades en el cumplimiento de la
providencia objeto de reproche por parte de la entidad recurrente, la Sala advierte
que escapa al marco de su competencia en virtud del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, de manera que corresponde a aquella determinar cuáles fueron los factores
devengados por la actora en el período referido y que constituyen salario, así como
excluir aquellos que sean de naturaleza de prestaciones sociales y que no tienen
relación directa con el cargo o con las funciones o calidades profesionales de la
beneficiaria de la prestación.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.36

En ese sentido, revisada la decisión se advierte que el juzgador en el ejercicio de
su independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA, prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público».

36 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

En ese sentido, esta corporación37 ha considerado que el ejercicio de la acción
especial de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un
mecanismo para contrarrestar los graves casos de corrupción que en materia de
pensiones se han presentado y, por lo mismo, para garantizar los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación de la
Seguridad Social, así como el de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Por lo tanto, la Sala considera improcedente la condena en costas en el presente
caso.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de la
causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo de

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de
octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021)
Demandante: UGPP

Medellín, del 12 de marzo de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05 001 33 1026 2007 0000 40 al juzgado
de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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