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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-00123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00123-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. RECONOCER personería a Juan Carlos Jiménez Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.603.891 y portador de la tarjeta profesional N° 53.595 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y en representación del Departamento de Antioquia – secretaria de Salud e Inclusión Social; en los términos y para los fines del poder general que le fue conferido por medio de la escritura pública No. N° 6833 de agosto 6 de 2025, de la Notaria 16 de Medellín, visible en el expediente digital en el sistema Samai, índice 9. 26 Número Interno: 1199-2025 Demandante: María Elena Jaramillo Londoño Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00123-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00123-01 (1199-2025)1
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de
Salud y Protección
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima de vida cara y reajuste anual de mesada pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia
del veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Las pretensiones

1. María Elena Jaramillo Londoño presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se
declarara la nulidad de las resoluciones S-201906003762 del siete (7) de marzo de dos
mil diecinueve (2019), por medio de la cual, se le negó el restablecimiento de la prima de
vida cara creada por las ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental de
Antioquia y cuyo pago fue suspendido y reclamado a partir de febrero de 2018, junto con
su retroactivo y las sumas que se causaran en lo sucesivo, y S-2019060046741 del trece
(13) de mayo de dos mil diecinueve (2019), que confirmó la anterior decisión al resolver
un recurso de apelación3.

1
Expediente digital
2
En adelante CPACA.
3
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 2 a 29.

2

Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: (i)
el reintegro en la nómina de pensionados, liquidación y pago de la prima de vida cara
desde febrero de 2018 y de manera sucesiva; (ii) la reliquidación y reajuste de la pensión
de jubilación con aplicación del IPC certificado por el DANE, siempre que resultara más
favorable frente a los ajustes aplicados por la entidad; (iii) la reliquidación de la pensión
sobre el 100% de los factores salariales devengados durante el último año de servicio;
(iv) el reajuste anual de la mesada pensional desde el primero (1) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), con aplicación del porcentaje de incremento del
salario mínimo legal mensual o, subsidiariamente, del IPC o del porcentaje aplicado por
la entidad, según el que resultara más favorable; (v) el reconocimiento del mayor valor
pensional resultante, con el retroactivo correspondiente y efectos fiscales desde el «21
de noviembre de 2015»; (vi) el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo
88 de la Ley 1328 de 2009 o, en subsidio, la indexación de las sumas adeudadas; (vii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 a 195 del
CPACA; y (viii) la condena en costas a la parte demandada.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:

4. María Elena Jaramillo Londoño laboró al servicio de la Secretaría Seccional de Salud
del departamento de Antioquia entre el veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos
sesenta y siete (1967) y el dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y tres
(1993). A través del Decreto 3953 del quince (15) de octubre de mil novecientos noventa
y tres (1993), le fue aceptada su renuncia a partir del diecinueve (19) de igual mes y año.

5. Mediante la Resolución 597 del diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y
tres (1993), el jefe de recursos humanos de la entidad le reconoció la pensión de
jubilación, con efectos fiscales a partir del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos
noventa y tres (1993), en cuantía de $299.076, equivalente al 100% del promedio
mensual de salarios devengados durante el último año de servicio.

6. A partir del reconocimiento pensional, a la demandante le fue pagada la prima de vida
cara en los meses de febrero y agosto de cada anualidad.

7. Según el certificado de mesadas pensionales expedido por la Dirección de Gestión
Integral de Recursos de la Secretaría Seccional de Salud, la prima de vida cara le fue

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

girada hasta agosto de 2017. Desde febrero de 2018, la entidad dejó de pagarle las
mesadas pensionales correspondientes al emolumento.

8. El veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), pidió a la entidad el
restablecimiento de la prima de vida cara, la reliquidación y reajuste de la pensión de
jubilación, la nivelación salarial con la aplicación del IPC, el reconocimiento y pago del
mayor valor pensional con retroactividad y la liquidación de intereses moratorios o, en
subsidio, la indexación de las sumas adeudadas.

9. A través de la Resolución S-201906003762 del siete (7) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), la Dirección Seccional de Salud de Antioquia le negó las peticiones
formuladas, decisión que fue apelada por la demandante el veintidós (22) de marzo de
dos mil diecinueve (2019) y confirmada por medio de la Resolución S-2019060046741
del trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 29,
42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 93, 94, 209 y 306 de la Constitución Política; 1,
numeral 1, y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 6, 9, 11
y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 9, 12 y 17 del
Protocolo de San Salvador; 34 a 42, 88, 91 y 97 del CPACA; 1 de la Ley 71 de 1988; 1
del Decreto 1160 de 1989; y 1, 3, 6, 11, 14, 36, 146, 151, 272, 273 y 288 de la Ley 100
de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005; y las ordenanzas 34 de 1973, 023 de 1974, 33
de 1974, 04 de 1975, 31 de 1975, 33 de 1980 y 34 de 1982.

11. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

12. La sentencia del Consejo de Estado del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018),
que declaró la nulidad de algunas ordenanzas departamentales relacionadas con la prima
de vida cara, no previó la eliminación de ese derecho respecto de los pensionados que
lo percibían periódicamente, pues tales mesadas constituían derechos adquiridos.

13. Aunque se declaró la nulidad de algunas disposiciones departamentales por falta de
competencia de la Asamblea de Antioquia para crear factores salariales o prestacionales,
dicha decisión no podía afectar las situaciones jurídicas individuales consolidadas
durante la vigencia de esos actos, los cuales se encontraban amparados por la
presunción de legalidad. Además, la Ordenanza 34 de 1982 no fue anulada y continuaba
produciendo efectos jurídicos.

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

14. En el caso concreto, la pensión de jubilación de la demandante fue reconocida
mediante la Resolución 597 del diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y tres
(1993), con disfrute a partir del diecinueve (19) de octubre de ese año. Asimismo, la
liquidación de la prima de vida cara tuvo sustento en las ordenanzas departamentales
vigentes para la época, por lo que se trataba de una situación jurídica consolidada con
anterioridad de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones.

15. La suspensión del pago de la prima de vida cara vulneró el debido proceso, el derecho
de audiencia y defensa, el principio de respeto del acto propio, la confianza legítima y la
intangibilidad de los actos administrativos particulares. La administración no podía
suprimir unilateralmente un derecho reconocido mediante un acto particular sin contar
con el consentimiento previo, expreso y escrito de la titular o, en su defecto, sin acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

16. La entidad demandada tampoco había promovido la acción de lesividad contra el acto
que reconoció la pensión de jubilación ni contra los actos que permitieron el pago de la
prima de vida cara. Por ello, la suspensión del pago desconoció la protección jurídica de
las situaciones particulares y concretas consolidadas a favor de la demandante.

17. En relación con la nivelación y el reajuste salarial, durante los años de servicios de la
demandante algunos incrementos aplicados por la entidad fueron inferiores al índice de
precios al consumidor4, lo que incidió en el valor de los salarios devengados y, por ende,
en la liquidación de la mesada pensional. Por esta razón, se debía actualizar la base
salarial con aplicación del IPC, a efectos de mantener el poder adquisitivo de la pensión.

18. Frente al reajuste anual de la pensión, al tratarse de una prestación causada antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y reconocida bajo un régimen pensional del sector
público, resultaba aplicable el reajuste previsto en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 y en
el artículo 1 del Decreto 1160 de 1989, esto es, en igual porcentaje en que fuera
incrementado el salario mínimo legal mensual, salvo que el IPC o el porcentaje aplicado
por la entidad resultara más favorable.

1.4. Contestación de la demanda

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En lo que sigue IPC.

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

19. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos5:

20. Los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme con el debido
proceso y el derecho de defensa, pues, la entidad actuó en cumplimiento de las
decisiones judiciales que anularon varias ordenanzas departamentales relacionadas con
la prima de vida cara.

21. La suspensión del pago de la prima de vida cara obedeció a la sentencia del Consejo
de Estado del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual, se declaró
la nulidad de las ordenanzas 34 de 1973, 33 de 1974, 31 de 1975 y del artículo 1 de la
Ordenanza 17 de 1981, decisión que desvirtuó la presunción de legalidad de dichos actos
y produjo la eliminación de la prima desde su creación.

22. El departamento de Antioquia promovió demanda contra la Ordenanza 33 de 1980,
que reconoció la prima de vida cara a favor de jubilados y pensionados departamentales,
y pidió la suspensión provisional de sus efectos, por considerar que la Asamblea
Departamental no tenía competencia para crear emolumentos salariales o
prestacionales.

23. No era posible predicar derechos adquiridos respecto de una prestación creada con
fundamento en normas contrarias a la Constitución Política, pues, las asambleas
departamentales carecían de competencia para establecer prestaciones sociales. Por
ello, la prima de vida cara no podía seguir reconociéndose ni pagándose a la
demandante.

24. En cuanto a la reliquidación e indexación de la primera mesada pensional, la pensión
de jubilación fue reconocida a partir del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos
noventa y tres (1993), en el año de retiro del servicio, y liquidada con el 100% del
promedio de lo devengado durante el último año. Por esta razón, no transcurrió un
periodo que hubiera dado lugar a la depreciación de la base pensional.

25. Frente al reajuste de la mesada, la pensión de la demandante se incrementó
anualmente de oficio, de conformidad con la normativa aplicable, esto es, con el salario
mínimo legal mensual o con el IPC certificado por el DANE, según correspondiera. En

5
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 25, actuación
«Expediente digital», documento «16ED_OneDrive_15_1932025z(.zip) NroActua 25», carpeta
«16_Expedientedigi_OneDrive_15_1932025z_0_20250319135218606», archivo «06.1 CONTESTACION DEMANDA MARIA ELENA
JARAMILLO LONDOÑO.docx».

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

consecuencia, no existía detrimento del poder adquisitivo ni obligación de reconocer una
nueva reliquidación.

26. Como excepciones propuso las de: (i) «LEGALIDAD DE LOS ACTOS»; (ii)
«INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE RELIQUIDAR LA MESADA PENSIONAL DE
JUBILACION»; (iii) «AUSENCIA DE TITULO JURIDICO DE IMPUTACION FRENTE AL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA»; y (iv) «GENERICA».

1.5. La sentencia apelada

27. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en sentencia
proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas6.

28. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:

29. Sobre la vinculación de la actora al servicio oficial a partir del veinticuatro (24) de
mayo de mil novecientos sesenta y siete (1967), no hubo discusión, ni sobre el hecho que
para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 contara con más de 15 años de servicios.
Por ello, era beneficiaria de las prerrogativas pensionales previstas en el régimen anterior,
cuyos requisitos fueron respetados por la entidad al reconocerle la pensión mediante la
Resolución 597 del diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

30. La prima de vida cara no podía seguir pagándose, porque las ordenanzas que la
crearon fueron anuladas por el Consejo de Estado en sentencia del doce (12) de abril de
dos mil dieciocho (2018)7. En ese sentido, las sentencias de nulidad producían efectos
ex tunc y, aunque debían respetarse las situaciones consolidadas durante la vigencia de
los actos anulados, no era posible reconocer prestaciones causadas con posterioridad a
la declaratoria de nulidad.

31. El debido proceso de la demandante no se vulneró con la suspensión del pago de la
prima de vida cara, pues no fue un acto particular el que le concedió esa prestación, sino
un acto general que perdió obligatoriedad y ejecutoriedad. Por tanto, no era exigible

6
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 28, actuación
«Sentencia», documento «19Sentencia_05001233300020210012(.pdf) NroActua 28», archivo
«19_Sentencia_05001233300020210012_0_20250327160701433».
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado: (acumulados)
050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

adelantar un trámite previo para cesar su pago, porque desaparecieron los fundamentos
normativos que permitían reconocerla.

32. La declaratoria de nulidad de los actos generales no afectaba los derechos
consolidados durante su vigencia; sin embargo, las prestaciones no causadas antes de
esa decisión no constituían derechos adquiridos, sino meras expectativas. En
consecuencia, no había lugar a ordenar nuevamente el pago de la prima de vida cara
ante la ausencia de soporte normativo vigente.

33. Frente a la reliquidación pensional con fundamento en un presunto mayor ingreso
base, derivado de reajustes salariales inferiores al IPC entre 1967 y 1993, no existía
prueba que demostrara esa circunstancia. Por ello, no era posible acceder a dicha
pretensión.

34. En cuanto al reajuste anual de la mesada pensional, la regla general era la aplicación
de la variación porcentual del IPC certificada por el DANE, mientras que el reajuste con
base en el incremento del salario mínimo legal mensual solo procedía para quienes
devengaban una pensión equivalente al salario mínimo. Como la demandante percibía
una mesada superior, no resultaba procedente el reajuste pretendido.

35. La condena en costas era improcedente, pues no se observó alguna actuación
temeraria de la parte demandante y no existía prueba de que se hubieran causado. Lo
anterior, de conformidad con el análisis de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

1.6. El recurso de apelación

36. La demandante apeló la sentencia de primera instancia para que fuera revocada y,
en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos8.

37. El tribunal omitió analizar el fondo del asunto a partir del artículo 146 de la Ley 100
de 1993, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005 y las sentencias C-410 y C-
590 de 1997. Dicha norma convalidó las situaciones jurídicas individuales definidas antes
de la vigencia del Sistema General de Pensiones, con base en disposiciones municipales
o departamentales en materia pensional.

8
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 31, actuación «RECIBE
MEMORIALES ONLINE», documento «20_MemorialWeb_Recurso-JaramilloLondonoMa(.pdf) NroActua 31», archivo
«20_050012333000202100123002MemorialWeb2025411214536».

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Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

38. Las sentencias que declararon la nulidad de algunas ordenanzas departamentales no
tenían la virtualidad de desconocer la situación jurídica consolidada. La pensión de
jubilación fue reconocida mediante la Resolución 597 del diez (10) de noviembre de mil
novecientos noventa y tres (1993), con efectos fiscales a partir del diecinueve (19) de
octubre de ese año, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los
servidores del departamento de Antioquia.

39. La prima de vida cara constituía un derecho accesorio a la pensión de jubilación,
reconocido con fundamento en las ordenanzas departamentales vigentes para la época.
Por ello, la declaratoria de nulidad de algunos actos generales no podía afectar los actos
particulares expedidos durante su vigencia ni las situaciones jurídicas consolidadas al
amparo de estos. En esa medida, la suspensión de su pago desconoció la confianza
legítima, el respeto del acto propio y la estabilidad de los actos administrativos
particulares.

40. Frente a la reliquidación pensional, la sentencia apelada incurrió en error al considerar
que no existía prueba de que los reajustes salariales aplicados entre 1967 y 1993
hubieran sido inferiores al IPC. En el expediente obraban las certificaciones de tiempo de
servicio, salarios y factores devengados, así como, los antecedentes administrativos de
la entidad, de los cuales podía extraerse la información necesaria para efectuar la
comparación reclamada. Además, el IPC constituía un indicador económico nacional y,
por tanto, un hecho notorio que no requería prueba.

41. En relación con el reajuste anual de la mesada pensional, sostuvo que la pensión de
la demandante no hacía parte del Sistema General de Pensiones, sino de un régimen
pensional del sector público consolidado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Por
esta razón, resultaba procedente aplicar el reajuste previsto en el artículo 1 de la Ley 71
de 1988 y en el artículo 1 del Decreto 1160 de 1989, o el IPC, según el porcentaje que
resultara más favorable.

42. La aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 40 del Decreto 692
de 1994 era improcedente, pues, la pensión correspondía al régimen pensional del sector
público consolidado antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones. Así, este
último desconocía el artículo 11 de aquella ley y excedía la potestad reglamentaria del
gobierno nacional, al incorporar a ese grupo de pensionados para efectos del reajuste
previsto en el citado artículo 14.

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Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

1.7. Trámite en segunda instancia

43. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en cuanto no fue
necesario el decreto de pruebas9.

44. Dentro de sub examine, se presentó proyecto de sentencia a consideración de la sala
de decisión el veinticuatro (24) de julio del año en curso; sin embargo, no alcanzó el
quorum necesario para su aprobación, razón por la cual, se ordenó enviar el expediente
al despacho del consejero de Estado que sigue en turno10.

45. El trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026), por secretaría se realizó el cambio
de ponente11 y el catorce (14) de dicho mes y anualidad, el expediente pasó al despacho
del Magistrado ponente Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera, para proferir
sentencia12.

1.8. Concepto del Ministerio Público

46. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

47. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos

48. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La señora María Elena Jaramillo Londoño, tiene derecho al restablecimiento
de la prima de vida cara que le fue pagada con ocasión de la pensión de

9
Así se consideró en el auto admisorio de la demanda proferido el 20 de mayo de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que admite
recurso de apelación», documento «4Autoqueadmite_11992025admiterecurs(.pdf) NroActua 4», archivo
«4_Autoqueadmite_11992025admiterecurs_0_20250701165912910».
10
Sistema Samai, índice 14
11
Sistema Samai, índice 17
12
Sistema Samai, índice 18

10

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jubilación de la cual es titular, pese a la declaratoria de nulidad de algunas de
las ordenanzas departamentales que la regularon?

ii) ¿Es procedente la reliquidación y reajuste de la pensión de jubilación de la
actora, con aplicación del IPC a la base salarial devengada durante el tiempo
de servicio y con el reajuste anual previsto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto
1160 de 1998, o si, por el contrario, resulta aplicable el artículo 14 de la Ley
100 de 1993?

49. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial del factor denominado «prima de vida
cara». y ii) caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima de vida cara

50. La Sala ha tenido la oportunidad de analizar y detallar el marco normativo y
jurisprudencial que regula la prima de vida cara, en litis de contornos fácticos y jurídicos
similares al que hoy ocupa nuevamente la atención de esta corporación, oportunidades
en las que se ha resaltado que, mediante la Ordenanza 34 del veintitrés (23) de
noviembre de mil novecientos setenta y tres (1973) la Asamblea Departamental de
Antioquia, creó una «prima de vida cara» para los empleados públicos del departamento
de Antioquia.

51. A su vez, la Ordenanza 33 de 1974 la consagró para todos los servidores del
departamento, incluidos los obreros o trabajadores oficiales así: «se reconoce la prima
de vida cara para los servidores departamentales, empleados, obreros, profesores y
maestros, consistente en un setenta y cinco por ciento (75%), de su salario mensual, por
una sola vez, durante el año de 1975 y de ciento por ciento (100%) a partir de 1976,
cubierta en dos períodos por partes iguales; la primera durante el mes de febrero y la
segunda mitad en el mes de agosto».

52. Y mediante Ordenanza 31 de 1975 se elevó el monto de la prestación al 100% del
salario mensual «La prima de vida cara de que tratan las Ordenanzas 34 de 1973 y 033
de 1974 se pagará a todos los servidores del Departamento de Antioquia, con excepción
de aquellos que desempeñen los cargos de gobernador, contralor General, etc., en
cuantía del 100% del salario básico que será cubierta en dos cuotas iguales, así: el primer

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equivalente a la mitad de dicho salario, en el mes de febrero y la segunda, por igual valor,
en el mes de agosto, de cada año».

53. Finalmente, la Ordenanza 33 de 1980, extendió la prima de vida cara a todos los
pensionados del ente territorial «La prima especial de vida cara se debe pagar también a
quienes disfruten de pensiones de jubilación e invalidez y traspaso o sustituciones de
pensiones cuando estas son cubiertas directamente a los beneficiarios por el
Departamento de Antioquia».

54. No obstante, valga resaltar que el compendio normativo anterior, se emitió por la
Asamblea Departamental en contravía con las normas constitucionales vigentes, esto es,
los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21, de la Constitución de 1886, con las
modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 1968, que radican la
competencia para fijar factores prestacionales de los servidores públicos en el legislativo
y la potestad reglamentaria en el presidente de la República.

55. En esta misma dirección la Constitución Política de 1991, ratificó la potestad exclusiva
del Congreso de la República para la regulación de factores salariales y prestacionales
de los servidores públicos, de conformidad con la previsión del numeral 19 literal e) del
artículo 150. En este contexto es claro que los concejos municipales y las asambleas
departamentales carecen de competencia constitucional y legal para establecer factores
salariales y prestacionales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden
territorial, pues dicha atribución, se reitera, es exclusiva del Congreso de la República a
través de una ley marco.

56. Con fundamento en el razonamiento anterior el Consejo de Estado, en sentencia del
doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) en los procesos acumulados
05001233100020050097401 (1231-2014) y 05001233100020050760602 (0091-2012),
dispuso «Declárese la nulidad de las Ordenanzas 34 de 1973; 033 de 1974; 31 de 1975
y del artículo 1 de la Ordenanza 17 de 1981; todas ellas expedidas por la Asamblea
Departamental de Antioquia y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis
de 1981 proferido por el gobernador del Departamento de Antioquia».

57. Así las cosas, por efecto de la declaratoria de nulidad, las disposiciones que
regulaban la prima de vida cara se excluyen del ordenamiento jurídico, recordó que, en
relación con los efectos de esa decisión, que el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011,
prescribe:

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«Efectos de la sentencia. - La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se
revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes
solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el
examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios. […]».

58. Sobre este tema, esta Sala en sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil
diecisiete (2017), expediente 11001032500020130108700 (2512-2013), precisó:

«En un primer momento la Corporación sostuvo, a partir de la sentencia de 14 de
junio de 1915, con ponencia del Consejero Adriano Muñoz, que, para definir los
efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad, se debía aplicar el régimen de
los actos jurídicos civiles contemplado en el Código Civil. Ello por cuanto para ese
entonces, la jurisdicción contenciosa y la teoría del acto administrativo aún no
había alcanzado la autonomía y madurez que lograron consolidar posteriormente
y, en consecuencia, el acto administrativo era considerado y estudiado desde la
(sic) órbitas del acto y del negocio jurídico civil. Entonces, de acuerdo con esta
postura jurisprudencial, se tenía la nulidad como una sanción que afectaba el acto
administrativo por haber trasgredido el ordenamiento jurídico y, por tanto, debía
restablecerse el entramado de las relaciones jurídicas al estado que tenían antes
de su expedición, y sus efectos o consecuencias en el mundo jurídico se
consideraban inválidos, es decir, que la sentencia de nulidad tenía alcances
retroactivos, o sea, «ex tunc».

Dada la relevancia que cobra el referido latinazgo, precisa la Sala que significa
«desde el origen» o «desde siempre»; entonces, la declaratoria de nulidad con
efectos «ex tunc» es aquella que se retrotrae al día en que se concluyó un
contrato, se dictó la resolución impugnada o, entró en vigor una norma de carácter
general, como lo sería una ley o un acto administrativo.

Desde entonces y hasta la fecha, el mencionado criterio jurisprudencial se ha
mantenido vigente, pero su sustento ha variado en el sentido de considerarse que
su fuente de inspiración no se ubica en los postulados esenciales del derecho civil,
sino que encuentra su razón de ser ante la necesidad de proteger principios
generales del derecho adoptados por el constitucionalismo moderno, como el de
conservación del ordenamiento jurídico, certeza del derecho y primacía de las
normas de carácter superior.

Bajo esta óptica la jurisprudencia contenciosa ha afirmado, que como la
declaración judicial de nulidad se funda en la existencia comprobada de vicios que
afectan la validez del acto administrativo, los efectos de tal declaración deben
ser «ex tunc», es decir, retroactivas, para deshacer las consecuencias
derivadas de la aplicación de actos administrativos espurios. […]».
[Resaltado de Sala].

2.3.1. Reajuste pensional antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993

59. El artículo 1 de la Ley 71 de 1988, «[p]or la cual se expiden normas sobre pensiones
y se dictan otras disposiciones», estableció que las «pensiones a que se refiere el artículo

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1o. de la ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por
el Gobierno el salario mínimo legal mensual».

60. En igual sentido el artículo 1 del Decreto 1160 de 1989, «[p]or el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 71 de 1988», dispuso que las «pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, incapacidad permanente parcial, compartidas y de sobrevivientes, de los sectores
público, privado y del Instituto de Seguros Sociales, se reajustarán de oficio y en forma
simultánea con el salario mínimo legal, en el mismo porcentaje en que éste sea
incrementado por el Gobierno Nacional».

61. Posteriormente, el reajuste de las mesadas pensionales fue regulado por el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual las pensiones deben incrementarse
anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la variación porcentual
del IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. En este sentido, la
norma dispuso lo siguiente:

«Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o
de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
Gobierno.»

62. Esta corporación, al resolver la demanda de nulidad presentada contra el artículo 40
del Decreto 692 de 1994, «[p]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993»,
precisó que el reajuste previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 resulta aplicable
a todos los pensionados, incluso a quienes adquirieron su derecho con anterioridad a la
entrada en vigor del Sistema General de Pensiones. Para arribar a esa conclusión,
precisó que no existen derechos adquiridos respecto del porcentaje pensional y que el
legislador podía modificar la forma de incremento de las mesadas. En esa oportunidad,
concluyó13:

«[…] el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido,
por lo tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que el
legislador está habilitado para modificar las normas que consagran la proporción
en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 11001-03-24-000-2010-00007-
00.

14

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De acuerdo con lo anterior, el reajuste previsto por el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 sí es aplicable a quienes les fue reconocida la pensión antes del 1º de abril
de 1994 y no el definido por la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, toda vez que
esta última quedó derogada por aquella

Así las cosas, el artículo 40 del Decreto 692 de 1994 no fue expedido con exceso
de la facultad reglamentaria al incluir para efectos de la aplicación del porcentaje
de aumento anual de las mesadas, a aquellas personas que ya tenían una pensión
reconocida para el 1.º de abril de 1994 en el Sistema General de Pensiones.
Decisión: Por las consideraciones precedentes se denegará la nulidad del artículo
40 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994» [sic].

63. De conformidad con lo anterior, el reajuste anual de las mesadas pensionales
reconocidas antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones se rige
por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y no por el artículo 1 de la Ley 71 de 1988.

64. Con fundamento en los derroteros trazados, se procede a decidir el presente caso.

2.4. Caso concreto.

65. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

66. María Elena Jaramillo Londoño nació el dieciocho (18) de octubre de mil novecientos
cuarenta y tres (1943) y laboró en el entonces Servicio Seccional de Antioquia entre el
veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos sesenta y siete (1967) y el dieciocho (18)
de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), según cédula de ciudadanía y
certificación laboral del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019),
respectivamente14.

67. A través del Decreto 3953 del quince (15) de octubre de mil novecientos noventa y
tres (1993)15, suscrito por el gobernador de Antioquia, le fue aceptada la renuncia en su
cargo como secretaria ejecutiva del despacho del jefe del servicio, a partir del diecinueve
(19) de ese mes y año.

68. Por medio de la Resolución 597 del diez (10) de noviembre de mil novecientos

14
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 33 y 50
respectivamente.
15
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folio 34.

15

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noventa y tres (1993)16, la jefe de la Sección de Recursos Humanos del Servicio
Seccional de Salud de Antioquia le reconoció la pensión de jubilación a partir del
diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), en cuantía de
$299.076.30, equivalente al 100% del promedio mensual de lo devengado durante el
último año de servicio, esto es, entre el diecinueve (19) de octubre mil novecientos
noventa y dos (1992) y el dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y tres
(1993), dentro de lo cual se encontraba el sueldo, el subsidio de transporte y las primas
de navidad, de vida cara y de vacaciones.

69. El veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)17, la demandante solicitó
a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia lo siguiente:

«[…] 1---.) Inclúyase dentro de la liquidación de la mesada pensional, con carácter
permanente, y de forma sucesiva o periódica en el tiempo, el valor de la prima de vida cara,
prevista en las ordenanzas Departamentales de la Asamblea de Antioquia, a las que se hizo
referencia, según la previsión del artículo 146 de la Ley 100 de 1.993.

2---.) Reconózcase, liquídese y páguese, o reintégrese en la nómina de pensionados, el valor
de la prima de vida cara dejada de pagar desde el mes de febrero de 2.018, así como de
aquellas que, dejen de pagársele sucesivamente en el tiempo a la señora pensionada.

3---.) Reliquídese y reajústese el monto de la pensión de jubilación que, viene devengando la
peticionaria, considerándose para la nivelación salarial el valor del IPC certificado por el DANE,
siempre que éste resulte más favorable, en comparación con los ajustes salariales aplicados
por la entidad, así:

--. Del 1º de enero de 1.968 al 18 de octubre de 1.993.

4---.) Complementando lo anterior, reliquídese la pensión de jubilación, ajustando la base de
liquidación pensional, incluyendo todos los factores de salarios devengados durante su último
año de servicio (1.992 - 1.993)), a partir del análisis comparativo del IPC.

5---.) Efectúese la indexación de su primera mesada pensional.

6---.) Reconózcase y páguese el mayor valor pensional resultante de la reliquidación
pensional.

7----) Liquídese y páguese el monto de los intereses moratorios previstos en el artículo 88 de
la Ley 1.328 de 2009) o en subsidio, indéxese las sumas debidas». [sic]

70. Mediante la Resolución S-201906003762 del siete (7) de marzo de dos mil diecinueve

16
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 36 y 37.
17
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 90 a 92.

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(2019)18, la Gobernación de Antioquia negó la anterior petición porque la prima de vida
cara no podía ser reconocida ni pagada, toda vez que el Consejo de Estado, en sentencia
del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), declaró la nulidad de las ordenanzas
que la regulaban. Dicha decisión desvirtuó la presunción de legalidad de esos actos y
produjo la «invalidación o abolición» de la prestación desde su creación.

71. En cuanto a la reliquidación e indexación pretendidas, la pensión de jubilación de la
demandante fue reconocida con efectos a partir del diecinueve (19) de octubre de mil
novecientos noventa y tres (1993), esto es, al día siguiente de su retiro del servicio, y
liquidada con el 100% del promedio mensual devengado durante el último año laborado.
Por ello, no transcurrió un periodo entre el retiro y el reconocimiento pensional que
hubiera generado pérdida del poder adquisitivo de la primera mesada.

72. Asimismo, la mesada pensional había sido reajustada anualmente conforme con la
Ley 100 de 1993, con base en los porcentajes legalmente establecidos para cada
anualidad, por lo que no existía detrimento del mínimo vital ni procedía acceder a la
reliquidación, indexación o pago de mayores valores solicitados.

73. El veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019)19, la actora interpuso recurso
de apelación en contra de la anterior decisión, el cual, fue resuelto por la secretaria
general de la Gobernación de Antioquia en el sentido de confirmarla por medio de la
Resolución S-2019060046741 del trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019)20.

74. De conformidad con el certificado laboral del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve
(2019)21, suscrito por la profesional universitaria de la Dirección de Gestión Integral de
Recursos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la
demandante durante su último año de servicio devengó, entre otros factores, la prima de
vida cara.

2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto

18
Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 102 a 108.
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Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2021 00123 00, índice 23, actuación
«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 99 a 101.
20
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«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folios 102 a 108.
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«Expediente digital», documento «14ED_OneDrive_13_1932025z(.zip) NroActua 23», carpeta
«14_Expedientedigi_OneDrive_13_1932025z_0_20250319134918950», archivo «02. EscritoDemanda.pdf», folio 50.

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75. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en la sentencia
proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025), negó las súplicas de
la demanda, al considerar que la prima de vida cara no podía seguir pagándose, porque
las ordenanzas que la crearon fueron anuladas por el Consejo de Estado. En ese sentido,
la prestación no causada antes de la declaratoria de nulidad constituía una mera
expectativa y no un derecho adquirido, por lo que no existía soporte normativo que
permitiera ordenar su restablecimiento. Asimismo, negó la reliquidación pensional
pretendida, al no encontrar probado que los reajustes salariales aplicados entre 1967 y
1993 hubieran sido inferiores al IPC, y concluyó que el reajuste anual de la mesada debía
efectuarse conforme con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

76. La demandante apeló la anterior decisión, toda vez que, el tribunal omitió analizar el
asunto a partir del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, norma que convalidó las
situaciones jurídicas individuales definidas antes de la entrada en vigor del Sistema
General de Pensiones, con base en disposiciones departamentales o municipales en
materia pensional. Además, sostuvo que, la prima de vida cara constituía un derecho
accesorio a su pensión de jubilación, reconocido con fundamento en actos vigentes para
la época, por lo que la declaratoria de nulidad de algunas ordenanzas no podía afectar
su situación jurídica consolidada.

77. Asimismo, procedía la reliquidación de la pensión con aplicación del IPC a la base
salarial devengada durante el tiempo de servicio, pues en el expediente obraban las
certificaciones laborales y salariales necesarias para efectuar la comparación reclamada.
El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 40 del Decreto 692 de 1994 no eran
aplicables al caso, en la medida en que su pensión correspondía a un régimen del sector
público consolidado antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones, razón por la
cual, debía aplicarse el reajuste previsto en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 1160 de
1989, o el IPC, según el porcentaje más favorable.

78. De cara a resolver los cargos del recurso de apelación, para la Sala es oportuno como
primera medida, traer a colación diferentes pronunciamientos de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en aras de precisar que sobre la prima de vida cara, no se tenía una
línea pacífica; sin embargo, en las últimas providencias se ha considerado improcedente
la inclusión de la prima de vida cara en la liquidación pensional, en atención a su origen
extralegal y a la falta de competencia de las autoridades territoriales para crear factores

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salariales o prestacionales, criterio interpretativo mayoritario de la Subsección B22, con el
cual, también se analizará el presente caso.

79. Además, si bien el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, protege la intangibilidad de los
derechos adquiridos de los pensionados por jubilación conforme a disposiciones del
orden territorial, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993. En el presente caso, la
pensión fue reconocida de conformidad con las Ordenanzas 23 de 1974 y 4 de 1975, y
las normas señaladas en el acto de reconocimiento, de acuerdo con los requisitos de
tiempo y edad establecidos en dichas disposiciones; derecho que no es cuestionado. Con
posterioridad, la Ordenanza 33 de 1980 dispuso que la prima de vida «se pagará también
a quienes disfruten de pensiones de jubilación (…) cuando estas sean cubiertas
directamente a los beneficiarios por el Departamento de Antioquia», disposición que fue
posteriormente declarada nula, razón por la cual desaparecieron sus fundamentos de
hecho o de derecho que habilitaba su reconocimiento.

80. En ese orden, da cuenta el siguiente recuento jurisprudencial que:

• En sentencia del once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida dentro
del expediente 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019), la Sección
Segunda consideró que, aunque la prima de vida cara fue creada por autoridades
territoriales y los actos que la regularon fueron declarados nulos, debía tenerse en
cuenta que tales actos gozaron de presunción de legalidad mientras estuvieron
vigentes. Por ello, destacó que la jurisprudencia ha optado por mantener las
situaciones jurídicas particulares y concretas favorables nacidas durante su
vigencia, en aplicación del principio de confianza legítima. Como respaldo citó las
sentencias C-355 de 2003 de la Corte Constitucional, y las del 26 de septiembre
de 201623, 31 de octubre de 201924 y 14 de octubre de 202125 proferidas por el
Consejo de Estado.

• En sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022), expediente
11001-03-25-000-2021-00413-00 (1982-2021), esta corporación reiteró que el
respeto por las decisiones adoptadas con fundamento en la normativa y la
jurisprudencia vigentes para su época salvaguarda instituciones de raigambre
constitucional, como la seguridad jurídica y la confianza legítima. En esa
oportunidad, precisó que la variación posterior del entendimiento sobre la inclusión
de la prima de vida cara no permitía desconocer, sin más, decisiones o situaciones

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025), radicado 05001-23-33-000-2019-01899-01
(1569-2022). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-
208-00309-00 (1059-2018).
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-00038-01 (AC).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de octubre de 2019, radicado 13001-23-31-000-2011-00455-
01(3960-2014).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicado 11001032500020180030200
(1046-2018).

19

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consolidadas bajo el criterio vigente para el momento correspondiente.

• Esta línea fue reiterada en sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024)26, en la que se analizó la legalidad de los actos administrativos
por medio de los cuales se reliquidó una pensión gracia post mortem con inclusión
de la prima de vida cara. En esa oportunidad, la Sala reconoció que la postura
jurisprudencial sobre la inclusión de dicho emolumento había variado, pues
inicialmente se admitió su cómputo como factor salarial y, posteriormente, se
determinó su exclusión por haber sido creado por autoridades territoriales sin
competencia. Sin embargo, advirtió que, para la fecha de la reliquidación
pensional, los actos que regulaban la prima de vida cara aún gozaban de
presunción de legalidad y existían decisiones que permitían inferir la validez de su
inclusión.

Por ello, concluyó que, al haberse consolidado la situación jurídica pensional con
anterioridad a la declaratoria de nulidad de los acuerdos municipales y ordenanzas
departamentales que dieron origen a dicho emolumento, se configuraba un
derecho adquirido que debía ser respetado por la administración, de conformidad
con los artículos 53, 58 y 85 de la Constitución Política.

• En igual sentido, en sentencia del catorce (14) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)27, esta corporación analizó la legalidad de un acto
administrativo que había reliquidado una pensión gracia con inclusión de la prima
de vida cara antes de la declaratoria de nulidad de los actos generales que la
regularon. En esa oportunidad, la Sala explicó que la jurisprudencia sobre dicho
emolumento había tenido varias etapas, pues inicialmente se admitió su inclusión
en la liquidación pensional y, posteriormente, se consideró improcedente por haber
sido creado por autoridades territoriales sin competencia.

No obstante, precisó que las sentencias de nulidad de los actos generales
producen efectos ex tunc, pero que ello no impide proteger las situaciones jurídicas
particulares y concretas favorables nacidas durante su vigencia. En consecuencia,
concluyó que el criterio actual de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
consiste en que, si para la fecha de la reliquidación de la pensión con inclusión de
la prima de vida cara los actos generales que la regulaban no habían sido
anulados, debe darse prevalencia a la protección de las situaciones particulares
consolidadas, en virtud de los principios de seguridad jurídica y confianza legitima.

• Por otra parte, la jurisprudencia sobre la prima de vida cara ha considerado
improcedente su inclusión en la liquidación pensional, en atención a su origen
extralegal y a la falta de competencia de las autoridades territoriales para crear
factores salariales o prestacionales. Así, en sentencia del tres (3) de julio de dos

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, radicado 05001-23-33-000-2016-01800-
01 (2251-2018).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2024, radicado 05001-23-33-000-2018-
01777-01 (0610-2023).

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Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección

mil veinticinco (2025)28, esta corporación negó el restablecimiento del pago de
dicho emolumento, al estimar que las ordenanzas que lo regularon fueron
anuladas y que la Ordenanza 33 de 1980, mediante la cual se extendió a los
pensionados del departamento de Antioquia, también había sido declarada nula.

• Asimismo, en sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco
(2025)29, al analizar la liquidación de una pensión gracia, la Sala consideró que
debían tenerse en cuenta los factores devengados por la docente al momento de
adquirir el estatus pensional, con excepción de la prima de vida cara, por tratarse
de un emolumento de carácter extralegal que contrariaba la Constitución Política
y la ley.

81. De cara a los hechos probados, es claro que, en el presente proceso no se discute
sobre el derecho pensional de la demandante sino, el reajuste del valor de las mesadas
pensionales con la inclusión de la prima de vida cara, prevista en ordenanzas
departamentales de la Asamblea de Antioquia y si hay lugar a reliquidar la asignación
salarial de la mesada, de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor.

82. Sobre la prima de vida cara, la Sala ha reiterado30 que es un emolumento prestacional
que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, en donde
la posición reiterada de esta corporación ha sido la relativa a que ni el Concejo de
Medellín ni la Asamblea de Antioquia tenían la competencia para crear emolumentos
prestacionales, toda vez que lo relativo al régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos solo es competencia del Congreso de la República y,
subsidiariamente, del Gobierno nacional. Las consideraciones en materia de
competencia han sido los siguientes31.

«[La] Constitución Política de 1991, reservó la facultad de fijar el régimen
prestacional de los empleados públicos en cabeza del Congreso y del Gobierno
Nacional. Empero, asignó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos
Municipales la función de determinar las escalas salariales, esto es, para señalar
los grados o niveles para las distintas categorías de empleos, pero no para crear
elementos salariales o factores prestacionales».

83. A partir de la anterior consideración, se ha determinado que la Asamblea de Antioquia
no cuenta con las atribuciones normativas necesarias para crear o modificar aspectos
propios de los regímenes salariales y prestacionales de sus servidores públicos, razón

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025), radicado 05001-23-33-000-2019-01899-01
(1569-2022).
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-208-00309-
00 (1059-2018).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del tres (3) de julio de dos
mil veinticinco (2025) expediente 05001-23-33-000-2019-01899-01 (1569-2022)
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Radicado 05001233100020050097401
(1231-14) y 05001 23 31 000 2005 07606 02 (0091-12).

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por la que se consideró que aquellos actos por medio de los cuales se creó la mentada
prima de vida cara estaban viciados de nulidad, al contrariar normas del orden
constitucional.

84. En consecuencia de lo explicado, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las
ordenanzas 34 de 1973; 33 de 1974; 31 de 1975 y del artículo 1 de la Ordenanza 17 de
1981 y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis de 1981 proferido por el
gobernador del departamento de Antioquia, razón por la que, la prima de vida cara fue
expulsada del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no hay sustento normativo
alguno que permita el pago de tal prestación ni su inclusión en el ingreso base de
liquidación para efectos de calcular el monto de las pensiones de los servidores públicos
del departamento de Antioquia.

85. Ahora, la orden impartida no incluyó en su declaratoria de nulidad la Ordenanza 33
de 1980, por medio de la cual, se creó la prima de vida cara para los titulares de una
mesada pensional, toda vez que, no fue incluida en las ordenanzas demandadas.

86. Sin embargo, a través de la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil
veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso
con radicado 05001-23-33-000-2019-00536-00, promovido por el departamento de
Antioquia, se declaró la nulidad de la Ordenanza 33 de 1980.

87. En ese sentido, comoquiera que los fundamentos de la Ordenanza 33 de 1980, por
medio de la cual, se extendió el pago de la prima de vida cara para los pensionados del
departamento de Antioquia, como es el caso de la demandante, desaparecieron del
ordenamiento jurídico, no es dable ordenar la inclusión de dicho emolumento en el
ingreso base de liquidación de las pensiones de los empleados del referido ente territorial.

88. De ese modo, con independencia de las razones por las cuales la accionante
considere que debe reactivarse el pago de la prima de vida cara, lo cierto es que,
legalmente, existe una limitación que no permite acceder a sus pretensiones, pues, como
quedó visto, la ordenanza que estableció la inclusión en las pensiones del multicitado
factor fue anulada.

89. Aunado a lo anterior, es importante indicarle a la demandante que sobre el argumento
según el cual el pago de la prima de vida cara corresponde a un derecho adquirido
amparado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha considerado el

22

Número Interno: 1199-2025
Demandante: María Elena Jaramillo Londoño
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Consejo de Estado en otras oportunidades, la consecución irregular de una prestación
no puede ser entendida como un derecho adquirido, ni mucho menos como una
expectativa legítima, toda vez que, la titularidad de un derecho solo se adquiere a partir
de la plena satisfacción de los requisitos legales para ello; en ese sentido, al haber sido
expulsada del ordenamiento jurídico la ordenanza por medio de la cual se extendió la
prima de vida cara a los pensionados del departamento de Antioquia, no es correcto dar
por sentado que ese emolumento constituya un derecho adquirido para María Elena
Jaramillo Londoño.

90. Respecto del reconocimiento de emolumentos salariales creados por ordenanzas
departamentales, expedidas con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1968, no se
predica la existencia de derechos adquiridos, toda vez que, el artículo 58 de la
Constitución Política, garantiza la protección de los derechos adquiridos «con arreglos a
las leyes civiles» expresión literal de la norma. De allí que, el reconocimiento de la prima
de vida cara a favor de la demandante incluida como factor computable para liquidar su
mesada pensional, aunque fue reconocida por algún tiempo, ello no implica que deba
mantenerse de manera permanente, puesto que su reconocimiento contraría el orden
constitucional vigente tanto en la Constitución de 1886, modificada con el Acto Legislativo
01 de 1986, como la Constitución Política de 1991.

91. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil mediante Concepto C.E. 2379
del treinta y uno (31) de julio dos mil dieciocho (2018), precisó:

«[…] No puede afirmarse que una situación jurídica subjetiva se ha consolidado y que ha
ingresado definitivamente al patrimonio de una persona, cuando ha sido creada con
desconocimiento del régimen constitucional y legal que imperaba al momento de su
definición, pues carece de un justo título.

En este punto es contundente el artículo 10 de la Ley 4 de 1992:

"ARTICULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creara derechos
adquiridos."

Por otra parte, es abundante la jurisprudencia en la que el Consejo de Estado ha explicado
que las prestaciones y asignaciones salariales creadas a partir del Acto Legislativo 01 de
1968 por las autoridades territoriales son contrarias al ordenamiento jurídico32.

También y de manera insistente, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha
enfatizado en la improcedencia de reconocer derechos adquiridos en los casos de
prestaciones y salarios creados por las entidades territoriales:

Por ejemplo, en sentencia del 15 de abril de 2010 33, la Sección Segunda Subsección "B"

32
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección B. Sentencia del 8 de septiembre de 2016. Radicado 2014
00018, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2016. Radicado 2004-03001, Subsección B. Sentencia del 4 de febrero de 2016.
Radicado 2010 — 02266.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicación: 2006-00127.

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acoto:

"Para la Subsección resulta manifiestamente improcedente la inclusión de estos factores
salariales y prestacionales porque, simplemente, se crearon sin competencia para ello, lo
cual no comporta derecho adquirido y no puede formar parte de las asignaciones de los
empleados del ente territorial acusado.

Como ya se indicó arriba, la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los
parámetros señalados por el legislador y no, a las corporaciones públicas territoriales ni a
las autoridades de otros ordenes, las que, edemas, tienen prohibido arrogársela.

En consecuencia, esta Corporación no puede ordenar el reconocimiento de elementos
constitutivos de salarios y prestaciones extralegales aludidas porque se soportan en
Ordenanzas, en Decretos inconstitucionales e ilegales, en "Acuerdos Laborales" y una
serie de normatividad espuria que no puede producir efectos jurídicos en la actualidad y,
por supuesto, esta clase de prestaciones no pueden ser objeto de reconocimiento en la
medida en que ni siquiera comportan un derecho adquirido.

No resulta procedente alegar la existencia de derechos adquiridos en contra de la
Constitución y de la Ley y no pueden calificarse como tales unos supuestos derechos
derivados de normas proferidas por quien carecía de competencia para expedirlas." […]».
[Resaltado de Sala]

92. En virtud de lo explicado, está claro que el pago de la prima de vida cara para los
empleados públicos del departamento de Antioquia fue objeto de nulidad por parte del
Consejo de Estado en sentencia del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), al
paso que dicha prestación para los pensionados del mismo ente territorial fue anulada
con la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, razón por la que no es posible, en esta
instancia, ordenar que se reanude el pago de ese emolumento.

93. Ahora bien, en relación con la pretensión de reajuste anual de la mesada
pensional con aplicación del porcentaje de incremento del salario mínimo legal mensual
previsto en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 1160 de 1989, la Sala advierte que, no
resulta procedente. Como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, el reajuste
anual de las pensiones reconocidas antes de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones se rige por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

94. En efecto, esta corporación precisó que el porcentaje de reajuste pensional no
constituía un derecho adquirido y que el legislador podía modificar la forma de incremento
de las mesadas34. Por ello, el reajuste previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993
resultaba aplicable incluso a quienes tenían pensión reconocida antes del 1 de abril de
1994, sin que pudiera exigirse la aplicación ultractiva del artículo 1 de la Ley 71 de 1988.

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 11001-03-24-000-2010-00007-
00.

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95. Bajo ese entendimiento, las pensiones superiores al salario mínimo legal mensual
vigente debían reajustarse anualmente con base en la variación porcentual del IPC
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Solo las pensiones
equivalentes al salario mínimo se incrementarían en el mismo porcentaje en que este
fuera aumentado por el gobierno nacional. En el presente caso, la mesada pensional de
la demandante era superior al salario mínimo, de modo que no habría lugar a ordenar el
reajuste anual con base en el incremento de este último.

96. Tampoco resulta procedente la reliquidación de la pensión con fundamento en la
actualización de la base salarial por IPC durante todo el tiempo de servicio, pues la
prestación fue reconocida a partir del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos
noventa y tres (1993), esto es, al día siguiente del retiro de la demandante, y se liquidó
con el 100% del promedio mensual de lo devengado durante el último año de servicio.
En esas condiciones, no transcurrió un periodo entre el retiro y el reconocimiento
pensional que justificara la indexación de la primera mesada.

97. Por otra parte, en lo que atañe al cargo de actualización de los salarios percibidos por
la actora entre 1968 y 1993 con aplicación del IPC, siempre y cuando le resuelte más
favorable para efectos de reliquidar la pensión, la Sala es del criterio según el cual, los
incrementos salariales de cada anualidad fueron fijados mediante los respectivos
decretos salariales, cuya legalidad no fue controvertida en el proceso 35.

98. Así las cosas, se advierte que la entidad territorial se limitó a dar cumplimiento a lo
dispuesto por el ejecutivo en materia de incremento salarial, circunstancia que permite
llegar a dos conclusiones: la primera es que los incrementos que discute la demandante
se encuentran consignados en una serie de decretos que no han sido demandados en
esta oportunidad y la segunda, que los actos cuestionados a través del presente proceso
no contienen, en realidad, la manifestación de la voluntad de la administración en materia
de incrementos salariales.

99. De acuerdo con lo anterior, si la interesada se muestra inconforme con el porcentaje
de incremento de salarios de esos años, serían los citados decretos cuya legalidad debió
cuestionar, pues es allí donde se encuentra consignada la real voluntad del ejecutivo en
materia de incremento salarial. En ese sentido, la apelante no alegó ni demostró que el
departamento de Antioquia, con los actos que hoy demanda, hubiera desconocido el

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025), radicado 05001-23-33-000-2019-01899-
01 (1569-2022)

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incremento anual de salarios de sus servidores, de modo que, dicho cargo de apelación
tampoco tiene vocación de prosperidad.

2.5. Condena en costas.

100. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo
tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia.

2.6. Conclusión.

101. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
María Elena Jaramillo Londoño no tiene derecho a que se reanude el pago de la prima
de vida cara consagrada en la Ordenanza 033 de 1980, ni hay lugar a reliquidar la
asignación salarial de la mesada pensional, durante los años 1.968 al 1.993, de
conformidad con el Índice de Precios al Consumidor correspondiente de cada año. En
consecuencia, se confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia objeto del
recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el veintisiete (27) de
marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. RECONOCER personería a Juan Carlos Jiménez Escobar, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 71.603.891 y portador de la tarjeta profesional N° 53.595 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y en representación del
Departamento de Antioquia – secretaria de Salud e Inclusión Social; en los términos y
para los fines del poder general que le fue conferido por medio de la escritura pública No.
N° 6833 de agosto 6 de 2025, de la Notaria 16 de Medellín, visible en el expediente digital
en el sistema Samai, índice 9.

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CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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