Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01899-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01899-01 (1569-2022)
Demandante: Caridad Ceballos García
Demandado: Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social
Tema: reliquidación pensión de jubilación. Subtema 1: reajuste por inclusión y pago
de prima de vida cara. Subtema 2: reajuste anual por IPC y por actualización de
salarios percibidos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El departamento de Antioquia mediante las resoluciones S-2018060358932 del 07 de
septiembre de 2018 y S-2019060001046 del 15 de enero de 2019, negó la
reliquidación de la pensión de vejez de la demandante con la inclusión de la prima de
vida cara y la nivelación de salarios percibidos durante los años 1963 a 1993
conforme al IPC. Por lo anterior, la demandante solicita la nulidad de los actos
administrativos anteriormente citados y, en consecuencia, se reliquide la prestación de
la forma solicitada.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Caridad Ceballos García, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2.Solicitó2 que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por el departamento de Antioquia: i) Resolución S-2018060358932 del 07
de septiembre de 2018, por medio de la cual se le negó la reliquidación de pensión de
1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 30 de julio de 2019, conforme al «ACTA DE
REPARTO» visible en el índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf)
NroActua 3», fl 116.
2
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 1.
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01899-01 (1569-2022)
Demandante: Caridad Ceballos García
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
jubilación; y ii) Resolución S-2019060001046 del 15 de enero de 2019 mediante la cual
se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene al departamento de
Antioquia a: i) reconocer y liquidar de las mesadas pensionales por concepto de prima
de vida cara, dejada de pagar desde el mes de febrero de 2018; ii) reliquidar y pagar
la pensión de jubilación, considerándose para dichos efectos, la nivelación de los
salarios percibidos en algunos periodos durante los años 1963 a 1993 conforme el
valor del reajuste anual por IPC certificado por el DANE, por ser más favorable; iii) pagar
la pensión de jubilación a partir del monto actualizado del 100% de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio y el mayor valor que resulte; y
iv) pagar intereses moratorios o en subsidio, indexar las diferencias pensionales
adeudadas conforme al IPC.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
1) La demandante prestó sus servicios al departamento de Antioquia en el Servicio
Seccional de Salud desde el 02 de diciembre de 1963 y mediante el Decreto 4008 de
09 de octubre de 1993, le fue aceptada su renuncia a partir del 29 de noviembre de
1993.
2) A través de la Resolución 629 del 09 de diciembre de 1993, el departamento de
Antioquia le reconoció la pensión de jubilación, efectiva a partir del 29 de diciembre de
1993, en cuantía mensual de $392.616.
3) Con sustento en las Ordenanzas 34 de 1973, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980,34
de 1982 y 12 de 1988 expedidas por la Asamblea de Antioquia, la actora disfrutaba y
devengaba el pago de la mesada de prima de vida cara y esta fue incluida como factor
computable para liquidar su mesada pensional.
4) A partir de febrero de 2018, la demandada sin el consentimiento previo, expreso y
escrito de la demandante dejó de incluirle la prima de vida cara como factor computable
para liquidar su mesada pensional.
5) Inconforme con la anterior decisión, el 31 de julio de 2018 la accionante solicitó ante
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia–Gestión Integral de Recursos, la
reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de la prima de vida cara y por
IPC de sus mesadas, siempre que este sea más favorable y la actualización de los
salarios percibidos, la cual fue resuelta negativamente mediante la Resolución S-
2018060358932 del 07 de septiembre de 2018.
6) Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Resolución S-2019060001046 del 15 de enero de 2019 que confirmó en todas sus
partes la Resolución S-2018060358932 del 07 de septiembre de 2018.
7) Manifestó que algunos aumentos salariales aplicados por la demandada durante los
años 1963 a 1993, estuvieron por debajo del índice de inflación nacional, lo que refleja
en la actualidad un valor inferior en el monto de la mesada pensional.
8) Sostuvo que la demandada no ha efectuado el reajuste de la mesada pensional
según lo dispuesto por los artículos 1 de la Ley 71 de 1998 y 1 del Decreto 1160 de
1989 (incremento porcentual del salario mínimo legal).
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Demandante: Caridad Ceballos García
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
9) La accionante afirmó que, por tratarse de un derecho adquirido y reconocido, debe
continuar pagándosele como factor de liquidación de su pensión, la prima de vida cara.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5.La entidad demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, preámbulo, artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 42, 43, 46,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93, 94, 209, y 366; las ordenanzas 34 de 1973, 23 de
1974, 33 de 1974, 4 de 1975, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 1982 y 12 de 1988
expedidas por la Asamblea de Antioquia; la Ley 71 de 1988, artículo 1; el Decreto 1160
de 1989; la Ley 100 de 1993, artículos 1, 3, 6, 11, 14, 36, 146, 151, 272, 273 y 288; el
Acto Legislativo 01 de 2005 y la Ley 1437 de 2011, artículos 24 a 42, 88, 91 y 97.
6. En el concepto de violación expuso lo siguiente:
a) Sostuvo que en la sentencia que declaró la nulidad de las ordenanzas 34 de 1973,
033 de 1974, 31 de 1975 y del artículo 1° de la 17 de 1981, no se dilucidaron aspectos
como las situaciones jurídicas concretas (derechos pensionales) consolidados en
vigencia de tales ordenanzas, los cuales están dotados de presunción de legalidad y
que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo los derechos pensionales
extralegales obtenidos mediante acuerdo municipales u ordenanzas departamentales.
b) Insistió en que la nulidad declarada no previó la eliminación del derecho de los
pensionados a seguir devengando periódicamente esas mesadas, al constituirse en
un derecho adquirido conforme con los artículos 11, 146 y 273 de la Ley 100 de 1993
y con el Acto legislativo 01 de 2005.
c) Precisó que la demandada desconoció el artículo 53 de la Constitución Política de
Colombia, en tanto la prima de vida cara constituye un derecho laboral irrenunciable
para quienes adquirieron el derecho a la pensión.
d) Argumentó que la mesada pensional fue calculada con base en un salario básico
desactualizado, pues durante los años 1963 a 1993 el incremento salarial fue inferior
a índice de precios al consumidor, lo que quiere decir que el ingreso base de
liquidación a partir del cual se liquidó la mesada pensional es inferior al que en derecho
corresponde y se ha visto afectada por la pérdida de poder adquisitivo propio del
fenómeno inflacionario.
2.2. Contestación de la demanda
7. La demandada3, se opuso a las pretensiones, y manifestó que la ordenanza que
creó la prima de vida cara fue declarada nula por decisión del Consejo de Estado y por
ello, se dejó de reconocer.
8.Sostuvo que no puede hablarse de derechos adquiridos, pues este pago no estaba
amparado en normas acordes con el ordenamiento jurídico, por lo tanto, su derecho
no está legitimado.
9.Frente al reajuste de la pensión por IPC o salario mínimo, precisó que desde el
momento en que se reconoció la pensión a la actora, el 1 de enero de cada año se le
han pagado sus mesadas con los reajustes anuales con el SMMLV y según la variación
del IPC certificado por el DANE. Tanto así que para el año 1993, su mesada era de
$392.616 y para el año 2019 es de $3.576.213.
3
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 127.
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10. Señaló que la actora no tiene derecho a la indexación invocada, toda vez que la
primera mesada se reconoció con los factores salariales que corresponden al año
anterior en que adquirió el estatus de pensionada, de manera que no hubo deterioro o
una pérdida de poder adquisitivo de la primera mesada.
11. Finalmente, propuso las excepciones denominadas «legalidad de los actos»,
«inexistencia de la obligación de reliquidar la mesada pensional de jubilación»,
«ausencia de título jurídico de imputación», y «genérica».
2.3. Sentencia de primera instancia
12. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad mediante
sentencia del 7 de diciembre de 20214 negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas. Argumentó lo siguiente:
a) Sostuvo que está acreditado que, a Caridad Ceballos García al momento de
reconocerse su derecho pensional, le fue incluida la prima de vida cara como factor
salarial computable para liquidar su mesada pensional. No obstante, en cumplimiento
de la sentencia del Consejo de Estado que declaró que este emolumento fue creado
sin la competencia que otorga la ley, a partir del año 2018 la demandada dejó de
reconocer dicho factor, al considerar que las normas que la consagraban estaban por
fuera del ordenamiento jurídico.
b) Argumentó que no observa desacierto en la decisión de la administración de dar
cumplimiento de manera inmediata a las decisiones que en la providencia del Consejo
de Estado se plasmaron respecto a la prima de vida cara, toda vez que la sentencia
que declara la nulidad de una norma tiene efectos ex tunc y erga omnes, en ese
sentido, no hay lugar a continuar con el reconocimiento y pago de una prestación cuyo
sustento jurídico fue anulado.
c) Precisó que contrario a lo manifestado en la demanda, no puede hablarse en este
asunto de la vulneración de un derecho adquirido, ya que, la supresión de la
denominada «prima de vida cara», no se debe a la creación de una norma posterior
que la derogó, sino a las diferentes decisiones judiciales que estudiaron su legalidad,
encontraron que la misma desde su génesis era ilegal, dado que fue creada por la
Asamblea de Antioquia sin contar con la competencia para ello, lo que hizo necesario
sacar las ordenanzas del ordenamiento jurídico.
d) Indicó que no puede hablarse de que se desmejoró la situación particular de la
demandante, debido a que el juez no puede entrar a proteger «derechos» que se
basan en normas ilegales, que nunca debieron existir. Por lo tanto, no se desvirtúa la
legalidad del acto acusado.
e) Finalmente, frente a la pretensión de reajustar la pensión de jubilación conforme al
incremento del IPC o del Salario mínimo legal, señaló que según los actos acusados el
incremento pensional efectuado sobre la prestación percibida por la demandante ha
sido realizado en principio conforme a la Ley 71 de 1988 y luego de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, se realiza según el IPC certificado por el DANE.
Aplicación que según el Consejo de Estado5 no afecta los derechos adquiridos de
quienes se pensionaron con anterioridad a la vigencia del Sistema General de
Pensiones, toda vez que, la prestación se mantiene en los términos en que fue
reconocida. Diferente es que el reajuste de la mesada se realice con la fórmula prevista
en la normativa vigente para asegurar el poder adquisitivo.
4
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_SENTENCIA_06SENTENCIAANTICIPAD(.pdf) NroActua 3».
5
Sentencia del 2 de mayo de 2013, Exp. 2009-00680-01(1185-12).
4
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Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
2.4. Recurso de apelación
13. Caridad Ceballos García, a través de apoderado interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia6, y reiteró los argumentos de la demanda,
además señaló que frente a los pensionados del departamento de Antioquia cuyo
derecho a la pensión de jubilación se consolidó antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, operó a su favor la denominada cosa juzgada constitucional, que les
da derecho, además, a devengar de manera vitalicia, las mesadas pensionales de
prima de vida cara, así algunas de las ordenanzas que previeron su creación, fueran
declaradas nulas.
14. Precisó que el a quo no se pronunció frente al argumento consistente en que el
departamento de Antioquia omitió la obtención de consentimiento de revocación
parcial de la resolución que otorgó a la actora el reconocimiento de la pensión de
jubilación, y consecuentemente, la liquidación sucesiva de las primas de vida cara en
los términos de las ordenanzas 33 de 1980 y 34 de 1982, la entidad debió adelantar
este procedimiento si pretendía dejar de pagar ese factor salarial.
15. Por último, indicó que el Tribunal no interpretó, o no entendió adecuadamente la
consistencia de esta pretensión, que involucró conceptos salariales, lo pedido fue la
nivelación y reajuste salarial a partir del costo de vida (inflación), para lo cual se deben
aplicar principios de nominalismo y valorismo, porque no reajustar los salarios
devengados en años pasados, según el porcentaje de inflación, incide y afecta el valor
de la mesada pensional actual, en contravención al artículo 53 de la Constitución y del
principio de progresividad salarial. Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar conceder
todas las pretensiones incoadas.
2.5. Trámite de segunda instancia
16. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 26 de mayo de 20227 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20218, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.
2.6. El Ministerio Público
17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución
19. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿determinar si la demandante tiene derecho a que se
6
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_APELACION_08APELACIONDTE(.pdf) NroActua 3».
7
Índice 004 del expediente electrónico de Samai.
8
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo-ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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reanude el pago de la prima de vida cara que le fue pagada con ocasión de la pensión
de jubilación de la cual es titular; y si hay lugar a reliquidar la asignación salarial de la
mesada, durante los años 1963 a 1993, de conformidad con el Índice de Precios al
Consumidor correspondiente de cada año.
20. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
marco normativo del factor denominado «prima de vida cara». En segundo lugar, se
estudiará el caso en concreto.
3.4. Marco normativo de la prima de vida cara
21. Mediante la Ordenanza 34 del 23 de noviembre de 1973 la Asamblea
Departamental de Antioquia, creó una «prima de vida cara» para los empleados
públicos del departamento de Antioquia.
22. A su vez la Ordenanza 33 de 1974 la consagró para todos los servidores del
departamento, incluidos los obreros o trabajadores oficiales así: «se reconoce la prima
de vida cara para los servidores departamentales, empleados, obreros, profesores y
maestros, consistente en un setenta y cinco por ciento (75%), de su salario mensual,
por una sola vez, durante el año de 1975 y de ciento por ciento (100%) a partir de
1976, cubierta en dos períodos por partes iguales; la primera durante el mes de febrero
y la segunda mitad en el mes de agosto».
23. Y mediante Ordenanza 31 de 1975 se elevó el monto de la prestación al 100% del
salario mensual «La prima de vida cara de que tratan las Ordenanzas 34 de 1973 y
033 de 1974 se pagará a todos los servidores del Departamento de Antioquia, con
excepción de aquellos que desempeñen los cargos de gobernador, contralor General,
etc., en cuantía del 100% del salario básico que será cubierta en dos cuotas iguales,
así: el primer equivalente a la mitad de dicho salario, en el mes de febrero y la segunda,
por igual valor, en el mes de agosto, de cada año».
24. Finalmente, la Ordenanza 33 de 1980, extendió la prima de vida cara a todos los
pensionados del ente territorial «La prima especial de vida cara se debe pagar también
a quienes disfruten de pensiones de jubilación e invalidez y traspaso o sustituciones
de pensiones cuando estas son cubiertas directamente a los beneficiarios por el
Departamento de Antioquia».
25. No obstante, valga resaltar que el compendio normativo anterior, se emitió por la
Asamblea Departamental en contravía con las normas constitucionales vigentes, esto
es, los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21, de la Constitución de 1886, con las
modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 1968, que radican la
competencia para fijar factores prestacionales de los servidores públicos en el
legislativo y la potestad reglamentaria en el presidente de la República.
26. En esta misma dirección la Constitución Política de 1991, ratificó la potestad
exclusiva del Congreso de la República para la regulación de factores salariales y
prestacionales de los servidores públicos, de conformidad con la previsión del numeral
19 literal e) del artículo 150. En este contexto es claro que los concejos municipales y
las asambleas departamentales carecen de competencia constitucional y legal para
establecer factores salariales y prestacionales de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del orden territorial, pues dicha atribución, se reitera, es
exclusiva del Congreso de la República a través de una ley marco.
27. Con fundamento en el razonamiento anterior el Consejo de Estado, en sentencia
del 18 de abril de 2018 en los procesos acumulados 05001233100020050097401
(1231-2014) y 05001233100020050760602 (0091-2012), dispuso «Declárese la
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nulidad de las Ordenanzas 34 de 1973; 033 de 1974; 31 de 1975 y del artículo 1 de la
Ordenanza 17 de 1981; todas ellas expedidas por la Asamblea Departamental de
Antioquia y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis de 1981 proferido
por el gobernador del Departamento de Antioquia».
28. Asílas cosas, por efecto de la declaratoria de nulidad, las disposiciones que
regulaban la prima de vida cara se excluyen del ordenamiento jurídico, recordó que,
en relación con los efectos de esa decisión, que el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011,
prescribe:
«Efectos de la sentencia. - La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue
la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios. […]».
29. Sobre este tema, esta Sala en sentencia del 27 de abril de 2017, expediente
11001032500020130108700 (2512-2013), precisó:
«En un primer momento la Corporación sostuvo, a partir de la sentencia de 14 de junio
de 1915, con ponencia del Consejero Adriano Muñoz, que, para definir los efectos en
el tiempo de las sentencias de nulidad, se debía aplicar el régimen de los actos jurídicos
civiles contemplado en el Código Civil. Ello por cuanto para ese entonces, la jurisdicción
contenciosa y la teoría del acto administrativo aún no había alcanzado la autonomía y
madurez que lograron consolidar posteriormente y, en consecuencia, el acto
administrativo era considerado y estudiado desde la (sic) órbitas del acto y del negocio
jurídico civil. Entonces, de acuerdo con esta postura jurisprudencial, se tenía la nulidad
como una sanción que afectaba el acto administrativo por haber trasgredido el
ordenamiento jurídico y, por tanto, debía restablecerse el entramado de las relaciones
jurídicas al estado que tenían antes de su expedición, y sus efectos o consecuencias
en el mundo jurídico se consideraban inválidos, es decir, que la sentencia de nulidad
tenía alcances retroactivos, o sea, «ex tunc».
Dada la relevancia que cobra el referido latinazgo, precisa la Sala que significa «desde
el origen» o «desde siempre»; entonces, la declaratoria de nulidad con efectos «ex
tunc» es aquella que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, se dictó la
resolución impugnada o, entró en vigor una norma de carácter general, como lo sería
una ley o un acto administrativo.
Desde entonces y hasta la fecha, el mencionado criterio jurisprudencial se ha
mantenido vigente, pero su sustento ha variado en el sentido de considerarse que su
fuente de inspiración no se ubica en los postulados esenciales del derecho civil, sino
que encuentra su razón de ser ante la necesidad de proteger principios generales del
derecho adoptados por el constitucionalismo moderno, como el de conservación del
ordenamiento jurídico, certeza del derecho y primacía de las normas de carácter
superior.
Bajo esta óptica la jurisprudencia contenciosa ha afirmado, que como la declaración
judicial de nulidad se funda en la existencia comprobada de vicios que afectan la validez
del acto administrativo, los efectos de tal declaración deben ser «ex tunc», es decir,
retroactivas, para deshacer las consecuencias derivadas de la aplicación de
actos administrativos espurios. […]». [Resaltado de Sala].
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3.5. Estudio del caso concreto
3.5.1. Hechos probados
30. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:
a) Caridad Ceballos García nació el 26 de julio de 19439, de conformidad con la cédula
de ciudadanía.
b) A través de la Resolución 629 del 09 de diciembre de 1993 10, el departamento de
Antioquia le reconoció la pensión de jubilación, efectiva a partir del 29 de diciembre de
1993, en cuantía mensual de $392.616.
c) Con sustento en las ordenanzas 34 de 1973, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980,
34 de 1982 y 12 de 1988 expedidas por la Asamblea de Antioquia11, la actora
disfrutaba y devengaba el pago de la mesada de prima de vida cara y esta fue incluida
como factor computable para liquidar su mesada pensional.
d) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a través del concepto
2302 del 28 de febrero de 2017, advirtió a las entidades territoriales que «no es posible
la cancelación de primas extralegales con recursos del Estado, y especialmente con
recursos del Sistema General de Participaciones por tratarse de conceptos salariales
y prestacionales que carecen de amparo constitucional y legal».
e) A partir de febrero de 2018, el departamento de Antioquia dejó de incluirle la prima
de vida cara como factor computable para liquidar su mesada pensional.
f) El 31 de julio de 201812 la accionante solicitó ante la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia–Gestión Integral de Recursos, la reliquidación de su pensión de jubilación
con la inclusión de la prima de vida cara y por IPC de sus mesadas, siempre que esta
sea más favorable y la actualización de los salarios percibidos, la cual fue resuelta
negativamente mediante la Resolución S-2018060358932 del 07 de septiembre de
201813.
f) Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Resolución S-2019060001046 del 15 de enero de 201914, que confirmó en todas sus
partes la Resolución S-2018060358932 del 07 de septiembre de 2018.
3.5.2. Análisis sustancial de la Sala
31. Para resolver el problema jurídico inicial, la Sala precisa que no se discute en el
presente proceso sobre el derecho pensional de la demandante sino, el reajuste el
valor de las mesadas pensionales con la inclusión de la prima de vida cara, prevista
en ordenanzas departamentales de la Asamblea de Antioquia y si hay lugar a reliquidar
la asignación salarial de la mesada, durante los años 1963 a 1993, de conformidad
con el Índice de Precios al Consumidor correspondiente de cada año.
32. Sobre el primer aspecto ha de indicarse que la prima de vida cara es un emolumento
prestacional que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte del Consejo de
Estado, en donde la posición reiterada de esta corporación ha sido la relativa a que ni
9
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 43.
10
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 59.
11
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fls 62.
12
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 98.
13
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 102.
14
Índice 003 del expediente electrónico de Samai, carpeta «ED_EXPEDIENTE_01EXPESCANEADO(.pdf) NroActua 3», fl 109.
8
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el Concejo de Medellín ni la Asamblea de Antioquia tenían la competencia para crear
emolumentos prestacionales, toda vez que lo relativo al régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos solo es competencia del Congreso de la República y,
subsidiariamente, del Gobierno nacional. Las consideraciones en materia de
competencia han sido los siguientes15:
«[La] Constitución Política de 1991, reservó la facultad de fijar el régimen prestacional
de los empleados públicos en cabeza del Congreso y del Gobierno Nacional. Empero,
asignó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la función de
determinar las escalas salariales, esto es, para señalar los grados o niveles para las
distintas categorías de empleos, pero no para crear elementos salariales o factores
prestacionales».
33. A partir de la anterior consideración, se ha determinado que la Asamblea de
Antioquia no cuenta con las atribuciones normativas necesarias para crear o modificar
aspectos propios de los regímenes salariales y prestacionales de sus servidores
públicos, razón por la que se consideró que aquellos actos por medio de los cuales se
creó la mentada prima de vida cara estaban viciados de nulidad, al contrariar normas
del orden constitucional.
34. En consecuencia de lo explicado, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las
ordenanzas 34 de 1973; 33 de 1974; 31 de 1975 y del artículo 1 de la Ordenanza 17
de 1981 y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis de 1981 proferido
por el gobernador del departamento de Antioquia, razón por la que la prima de vida
cara fue expulsada del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no hay sustento
normativo alguno que permita el pago de tal prestación ni su inclusión en el ingreso
base de liquidación para efectos de calcular el monto de las pensiones de los
servidores públicos del departamento de Antioquia.
35. Ahora, la orden impartida no incluyó en su declaratoria de nulidad la Ordenanza 33
de 1980, por medio de la cual se creó la prima de vida cara para los titulares de una
mesada pensional, toda vez que no fue incluida en las ordenanzas demandadas, razón
por la que la apelante considera que su derecho a percibir dicha prestación permanece
vigente, afirmación con la que esta Sala no coincide, por las siguientes razones:
36. Sobre la presunción de legalidad del acto administrativo, el artículo 88 de la Ley
1437 de 2011 dice lo siguiente:
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán
ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha
medida cautelar».
37. Y respecto de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, el artículo 91
ibidem dispone:
«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Radicado 05001233100020050097401
(1231-14) y 05001 23 31 000 2005 07606 02 (0091-12).
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia». [Resaltado de Sala].
38. La anterior precisión es importante porque la Ordenanza 033 de 1980 fue declarada
nula mediante la sentencia del 27 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2019
00536-00, promovido por el departamento de Antioquia.
39. En ese sentido, comoquiera que los fundamentos de la Ordenanza 33 de 1980, por
medio de la cual se extendió el pago de la prima de vida cara para los pensionados
del departamento de Antioquia, como es el caso de la demandante, desaparecieron
del ordenamiento jurídico, no es dable ordenar la inclusión de dicho emolumento en el
ingreso base de liquidación de las pensiones de los empleados del referido ente
territorial.
40. De ese modo, con independencia de las razones por las cuales la accionante
considere que debe reactivarse el pago de la prima de vida cara, lo cierto es que,
legalmente, existe una limitación que no permite acceder a sus pretensiones, pues,
como quedó visto, la ordenanza que estableció la inclusión en las pensiones del
multicitado factor fue anulada.
41. Aunado a lo anterior, es importante indicarle a la demandante que sobre el
argumento según el cual el pago de la prima de vida cara corresponde a un derecho
adquirido amparado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha
considerado el Consejo de Estado en otras oportunidades, la consecución irregular de
una prestación no puede ser entendida como un derecho adquirido, ni mucho menos
como una expectativa legítima, toda vez que la titularidad de un derecho solo se
adquiere a partir de la plena satisfacción de los requisitos legales para ello; en ese
sentido, al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico la ordenanza por medio de
la cual se extendió la prima de vida cara a los pensionados del departamento de
Antioquia, no es correcto dar por sentado que ese emolumento constituya un derecho
adquirido para Caridad Ceballos García.
42. Respecto del reconocimiento de emolumentos salariales creados por ordenanzas
departamentales, expedidas con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1968, no se
predica la existencia de derechos adquiridos, toda vez que el artículo 58 de la
Constitución Política, garantiza la protección de los derechos adquiridos «con arreglos
a las leyes civiles» expresión literal de la norma. De allí que, el reconocimiento de la
prima de vida cara a favor de la demandante incluida como factor computable para
liquidar su mesada pensional, aunque fue reconocida por algún tiempo, ello no implica
que deba mantenerse de manera permanente, puesto que su reconocimiento contraría
el orden constitucional vigente tanto en la Constitución de 1886, modificada con el Acto
Legislativo 01 de 1986, como la Constitución Política de 1991.
43. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil mediante Concepto C.E.
2379 del 31 de julio 2018, precisó:
«[…] No puede afirmarse que una situación jurídica subjetiva se ha consolidado y que
ha ingresado definitivamente al patrimonio de una persona, cuando ha sido creada con
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desconocimiento del régimen constitucional y legal que imperaba al momento de su
definición, pues carece de un justo título.
En este punto es contundente el artículo 10 de la Ley 4 de 1992:
"ARTICULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creara derechos
adquiridos."
Por otra parte, es abundante la jurisprudencia en la que el Consejo de Estado ha
explicado que las prestaciones y asignaciones salariales creadas a partir del Acto
Legislativo 01 de 1968 por las autoridades territoriales son contrarias al ordenamiento
jurídico.16
También y de manera insistente, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha
enfatizado en la improcedencia de reconocer derechos adquiridos en los casos de
prestaciones y salarios creados por las entidades territoriales:
Por ejemplo, en sentencia del 15 de abril de 201017, la Sección Segunda Subsección
"B" acoto:
"Para la Subsección resulta manifiestamente improcedente la inclusión de estos
factores salariales y prestacionales porque, simplemente, se crearon sin competencia
para ello, lo cual no comporta derecho adquirido y no puede formar parte de las
asignaciones de los empleados del ente territorial acusado.
Como ya se indicó arriba, la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los
parámetros señalados por el legislador y no, a las corporaciones públicas territoriales
ni a las autoridades de otros ordenes, las que, edemas, tienen prohibido arrogársela.
En consecuencia, esta Corporación no puede ordenar el reconocimiento de elementos
constitutivos de salarios y prestaciones extralegales aludidas porque se soportan en
Ordenanzas, en Decretos inconstitucionales e ilegales, en "Acuerdos Laborales" y una
serie de normatividad espuria que no puede producir efectos jurídicos en la actualidad
y, por supuesto, esta clase de prestaciones no pueden ser objeto de reconocimiento
en la medida en que ni siquiera comportan un derecho adquirido.
No resulta procedente alegar la existencia de derechos adquiridos en contra de la
Constitución y de la Ley y no pueden calificarse como tales unos supuestos derechos
derivados de normas proferidas por quien carecía de competencia para expedirlas."
[…]». [Resaltado de Sala]
44. En virtud de lo explicado, está claro que el pago de la prima de vida cara para los
empleados públicos del departamento de Antioquia fue objeto de nulidad por parte del
Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril de 2018, al paso que dicha prestación
para los pensionados del mismo ente territorial fue anulada con la sentencia del 27 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, razón por la
que no es posible, en esta instancia, ordenar que se reanude el pago de ese
emolumento.
45. Por otra parte, en cuanto a la censura de la recurrente según la cual el a quo no se
pronunció frente al argumento consistente en que el departamento de Antioquia omitió
la obtención de consentimiento de revocación parcial de la resolución que otorgó a la
16
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección B. Sentencia del 8 de septiembre de 2016. Radicado 2014-
00018, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2016. Radicado 2004-03001, Subsección B. Sentencia del 4 de febrero de
2016. Radicado 2010 — 02266.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Radicación: 2006-00127.
11
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actora el reconocimiento de la pensión de jubilación, se evidencia que, en efecto, el
fallador de instancia no resolvió este reproche.
46. Frente a este reparo, se tiene que en el presente caso el referido ente territorial no
revocó la resolución mediante la cual se le reconoció la pensión a la demandante. Lo
que ocurrió, fue que una vez sacados del ordenamiento jurídico los actos
administrativos que crearon la prima de vida cara, procedió a excluir del Ingreso Base
de Liquidación dicho factor por cuanto resultaba contrario a las normas de orden
constitucional.
47. No obstante lo anterior, si se tomara la exclusión de dicho factor del Ingreso Base
de Liquidación de la pensión de la accionante como una revocatoria parcial, es preciso
citar el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, el cual respecto de las pensiones reconocidas
irregularmente indicó:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento
y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera
que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto
administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes». [Resaltado de Sala]
48. En sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible la anterior
disposición condicionándola en el entendido de que el incumplimiento de los requisitos
legales o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere a
conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal.
49. Además, la Corte advirtió que la facultad de revocación directa de los actos que
reconocen pensiones u otras prestaciones económicas sin el consentimiento previo
del pensionado, está limitada cuando la controversia surge de problemas de
interpretación del derecho pensional, que según el alto tribunal constitucional, puede
ocurrir en relación con «el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de
transición o la aplicación de un régimen especial frente a uno general», eventos en los
cuales deberá acudirse al beneplácito del administrado, y de no ser así, deberá
adelantar ante los jueces competentes las acciones legales a que haya lugar, para
obtener la nulidad de los actos que pretende revocar, supuestos que no se dan en este
caso porque como ya se precisó con antelación, la inclusión de dicho emolumento en
el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de la demandante, es contrario régimen
constitucional y legal.
50. Ahora bien, en lo relativo al ajuste salarial pedido por la demandante, y el
consecuente ajuste de la mesada pensional, también será resuelto de manera
desfavorable a los intereses de la apelante. Lo anterior es así porque lo relativo a los
incrementos salariales anuales objeto de discusión fueron consignados, por el
Gobierno nacional, en una serie de decretos que no fueron demandados en el proceso
de la referencia.
51. Así, el departamento de Antioquia, en los argumentos de su defensa, señaló que
los salarios que percibió la demandante entre 1963 a 1993, fueron anualmente
incrementados de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno nacional en los
decretos anuales expedidos para tal fin. En ese sentido, la entidad territorial se limitó
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a dar cumplimiento a lo dispuesto por el ejecutivo en materia de incremento salarial,
circunstancia que permite llegar a dos conclusiones: la primera es que los incrementos
que discute la demandante se encuentran consignados en una serie de decretos que
no han sido demandados en esta oportunidad y la segunda, que los actos
cuestionados a través del presente proceso no contienen, en realidad, la manifestación
de la voluntad de la administración en materia de incrementos salariales.
52. En otras palabras, Caridad Ceballos García señaló que durante los años 1963 a
1993 su incremento salarial fue inferior al Índice de Precios al Consumidor del año
respectivo, razón por la que considera que la base salarial con la que se calculó la
pensión de jubilación, debe ser ajustada; sin embargo, para establecer lo anterior es
necesario señalar que los Decretos de esos años, fijaron los salarios básicos, lo que
quiere decir que son tales normas las que contienen la voluntad de la administración
en materia de incremento salarial.
53. De acuerdo con lo anterior, si la interesada se muestra inconforme con el porcentaje
de incremento de salarios de esos años, serían los citados decretos cuya legalidad
debió cuestionar, pues es allí donde se encuentra consignada la real voluntad del
ejecutivo en materia de incremento salarial. En ese sentido, la apelante no alegó ni
demostró que el departamento de Antioquia, con los actos que hoy demanda, hubiera
desconocido el incremento anual de salarios de sus servidores, de modo que hubiera
lugar a declarar la nulidad de los actos cuestionados.
54. De ese modo, la fuente legal de los incrementos salariales de Caridad Ceballos
García son los decretos de los años que solicita, los cuales no han sido objeto de
cuestionamiento por parte de la accionante, quien se ha limitado a solicitar la
declaratoria de nulidad de una serie de actos en los que la administración simplemente
informó sobre la imposibilidad legal de acceder a sus pretensiones en sede
administrativa, pero que, de ningún modo, contienen la voluntad de la administración
respecto de los incrementos anuales de la asignación salarial básica.
55. Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 30 de noviembre de 2023 18, señaló:
«[…] En otras palabras, la señora Aurora Galindo señala que durante los años 1973,
1974, 1976 y 1982 el incremento salarial del señor Félix Cuello (q.e.p.d) fue inferior al
índice de precios al consumidor del año respectivo, razón por la que considera que la
base salarial con la que se calculó la pensión que le fue sustituida, debe ser ajustada;
sin embargo, para establecer lo anterior es necesario señalar que los Decretos 577 de
1972; 2680 de 1973; 1623 de 1976 y 3687 de 1981, fijaron los salarios básico de los
años 1972, 1973, 1976 y 1982, respectivamente, lo que quiere decir que son tales
normas las que contienen la voluntad de la administración en materia de incremento
salarial.
De acuerdo con lo anterior, si la interesada se muestra inconforme con el porcentaje
de incremento de salarios de esos años, serían los citados decretos cuya legalidad
debió cuestionar, pues es allí donde se encuentran consignada la real voluntad del
ejecutivo en materia de incremento salarial. En ese sentido, la apelante no alegó ni
demostró que el departamento de Antioquia, con los actos que hoy demanda, hubiera
desconocido el incremento anual de salarios de sus servidores, de modo que hubiera
lugar a declarar la nulidad de los actos cuestionados. […]» [Resaltado de Sala]
56. En ese sentido, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios de la
accionante de los años 1963 a 1993, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y depende,
de una serie de decretos o actos que gozan de la presunción de legalidad que a ellos
les atribuye la norma y que no ha sido desvirtuada en esta oportunidad.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de noviembre de 2023, Radicado 05001 23 33 000 2021
00664 01 (3612-2022)
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3.6. Conclusión
57. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
Caridad Ceballos García no tiene derecho a que se reanude el pago de la prima de
vida cara consagrada en la Ordenanza 033 de 1980 ni hay lugar a reliquidar la
asignación salarial de la mesada pensional, durante los años 1963 a 1993, de
conformidad con el Índice de Precios al Consumidor correspondiente de cada año. En
consecuencia, se confirmará el fallo apelado.
3.7. Costas
58. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 19 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 7 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
19
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de
costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el
artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
14
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Demandante: Caridad Ceballos García
Demandado: Departamento de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
Salva voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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