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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01069-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que condenó en costas a la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar: «Segundo. No condenar en costas» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Claudia Kytra Abadía Herrera contra el municipio de Cali, por los motivos expuestos en esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto 20 Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024) Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01069-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera
Demandado: Municipio de Cali

Tema: Reclamaciones salariales y prestacionales extralegales. Decreto
216 del 18 de febrero de 1991. Competencia para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos del orden
territorial. Diferencia entre derecho adquirido y expectativa
legitima. Efectos de las sentencias de nulidad de actos
administrativos de carácter general

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Claudia Kytra Abadía Herrera presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
TRD:4137.040.17.1.0541.018890 del 29 de abril de 2021, por medio del cual el
subdirector del Departamento Administrativo de la Subdirección de Gestión
Estratégica del Talento Humano de la Alcaldía de Cali le negó el reconocimiento y
pago de los «factores salariales y prestacionales consignadas en el Decreto Municipal
0216 de 1996» [sic] ; y ii) el acto ficto negativo producto de la falta de respuesta del
recurso de apelación interpuesto contra «la decisión contenida en el acto administrativo
del 29 de abril de 2021» [sic].

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y orden de pago como factor salarial «de los derechos
adquiridos de buena fe que surgieron a razón del [D]ecreto 216 de 1991 y de la sentencia
S/N proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. César
Palomino Corté[s], dentro del proceso identificado bajo el radicado No.
76001233100020100148501» [sic]; ii) el reajuste retroactivo del salario, «desde el año
1991 al 19 de septiembre de 2019, en aplicación de lo consagrado en el artículo 14 de la
Ley 50 de 1990 y en la jurisprudencia que se cita en esta demanda» [sic]; iii) la
reliquidación y pago indexado de los siguientes conceptos salariales y
prestacionales «incrementos salariales, primas de servicio legales y extralegales, primas
de vacaciones legales y extralegales, intereses a las cesantías, intereses moratorios, y en
general, todos los reconocimientos prestacionales o legales que usen como base de
liquidación los factores salariales obtenidos en virtud del Decreto 2016 desde el año 1991,
e inclusive las doceavas causadas al 19 de septiembre de 2019» [sic]; iv) los intereses
moratorios, en la forma prevista por el artículo 49 del Decreto 216 de 1991; v) el
reajuste e indexación del valor de las condenas; vi) la orden de pago con destino a
las administradoras de salud y pensiones de las diferencias en la cotización de
aportes; vii) «fallar este proceso aplicando las facultades extra y ultra petita» [sic]; viii)
«conocer el proceso bajo el principio IURA NOVIT CURIA, por tratarse de un asunto laboral»
[sic]; ix) el cumplimiento de la sentencia según los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA; y x) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

3.1. Desde el 22 de enero de 1998 [hasta la presentación de la demanda] Claudia
Kytra Abadía Herrera laboró en el municipio de Cali, vinculada «legal y
reglamentariamente».

3.2. Mediante el Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, el alcalde municipal de Cali
otorgó una serie de factores salariales y prestacionales para los servidores de la
entidad territorial, tales como «incrementos horas diurnas y nocturnas; incrementos
dominicales y festivos; incrementos intereses sobre el monto de las cesantías; primas
extralegales; prima de vacaciones extralegales; prima de antigüedad; auxilios; intereses por
mora en el pago de prestaciones» [sic], entre otros.

3.3. A través de la sentencia del 8 de agosto de 2019, la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la declaratoria de nulidad Decreto 0216 del 18 de

2 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio

allegado al plenario.

2

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

febrero de 1991, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en providencia del 20 de enero de 2012; no obstante, el máximo
tribunal de lo contencioso-administrativo con el fin de proteger los derechos
adquiridos de buena fe «dejó a salvo aquellas situaciones jurídicas consolidadas en su
vigencia» [sic].

3.4. El 29 de marzo de 2021, con fundamento en la sentencia del 8 de agosto de
2019, Claudia Kytra Abadía Herrera solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales
adquiridos en vigencia del Decreto 216 de 1991. Esta petición fue negada a través
de los actos demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 5, 40, 42,137
y 138 del CPACA. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

4.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación,
toda vez que desconocieron la protección especial otorgada en la sentencia que
confirmó la declaratoria de nulidad del Decreto 216 de 1991, para los servidores con
derechos adquiridos de buena fe. En la providencia proferida el 8 de agosto de 2019
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se protegieron las situaciones
jurídicas consolidadas.

4.2. Erabeneficiaria de derechos adquiridos, puesto que su vinculación con la
administración se dio antes de la expedición del Decreto 216 de 1991, y se mantuvo
en su vigencia.

1.2. Contestación de la demanda

5. El municipio de Cali se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
con fundamento en los siguientes argumentos 4:

5.1. Los beneficios laborales y prestacionales reclamados se derivan de un acto
declarado nulo por el Consejo de Estado por contravenir las disposiciones
constitucionales y legales «además lo fue derogado expresamente por la administración
municipal desde 1999 y que por no habiéndose pagado desde esa fecha produjo además

3 Samai del tribunal, índices 3 y 12, documentos:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3; y
12_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 12.
4 Samai del tribunal, índice 22, 22_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONDELAD(.pdf)

NroActua 22, folios 27 al 50.

3

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

su pérdida de fuerza ejecutoria» [sic].

5.2. Si bien el Decreto 216 del 18 febrero 1991, reconoció algunas prestaciones
extralegales y beneficios laborales para los servidores de la administración
municipal de Cali, lo cierto es que con la expedición del Decreto 731 del 21 de
septiembre de 1999, modificado por el Decreto 745 del 24 de ese mes y año, dicha
disposición se derogó, porque «no le es permitido a las autoridades ejecutivas ni a las
corporaciones territoriales fijar prestaciones sociales a sus empleados públicos y la
incompatibilidad del Decreto 0216 de 1991 con la constitución y la ley» [sic].

5.3. Ciertamente, con el auto del 21 de agosto de 20205, la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó las solicitudes de aclaración presentadas por las partes;
no obstante, en la parte motiva de esa decisión se dispuso que «solo las situaciones
no definidas son afectadas por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en
discusión o porque estuvieren demandadas o pudieren serlo ante la jurisdicción contencioso
administrativa entre e[l] momento de la expedición del acto y la sentencia proferida»[sic].

1.3. La sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 10
de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la demandante. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos
legales y jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente6:

6.1. De acuerdo con la sentencia del 8 de agosto de 2019, en concordancia con el
auto del 21 de agosto de 2020, proferidos por el Consejo de Estado7 era posible
concluir que, si bien el Decreto 216 del 18 de febrero de 1991, se expidió sin
competencia, también es cierto que, por virtud de los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada, aquellas situaciones consolidadas en su vigencia se les respetaron
los derechos adquiridos, pues solo las demás estuvieron afectadas por la decisión
anulatoria.

6.2. Comoquiera que Claudia Kytra Abadía Herrera reclamó los beneficios laborares
y prestacionales luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 216 de 1991, esto

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: providencia del 21

de agosto de 2020. Radicado: 76001-23-31-000-2010-01485-01 (0046-2013).
6 Samai del tribunal, índice 40,
36SENTENCIADEPRSENTENCIANO024RAD20210106900FACTORESD2161991PDF(.pdf)
NroActua 40.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: sentencias del 19 de

febrero de 2015. Radicado 0882-2013; del 17 de abril de 2017. Radicado: 2297-11; del 1° de marzo
de 2012. Radicado 0375-11; del 22 de octubre de 2009. Radicado 0262-08; y del 3 de abril de 1995.
Radicado 5708, 5833 y 5937.

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

es el 17 de abril de 2021, no era posible su reconcomiendo, pues durante su
vigencia no discutió ni definió su derecho.

6.3. De conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del
Proceso8, la condena en costas era procedente en tanto que la parte demandante
resultó vencida.

1.4. El recurso de apelación

7. Claudia Kytra Abadía Herrera interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos9:

8.1. Contrario a lo concluido por el tribunal, le asiste el derecho al reconocimiento y
pago de los beneficios prestacionales y legales previstos por el Decreto 216 de
1991, en tanto que su situación jurídica se consolidó, pues durante su vigencia
ostentaba la calidad de servidora público del municipio de Cali «factor determinante y
requisito único para obtener los beneficios laborales que traía consigo el mentado decreto»
[sic].

8.2. Era beneficiaria de derechos adquiridos en la medida que cumplió con todos los
requisitos en vigencia de la norma, lo cual implicó que, de forma definitiva, los
beneficios prestacionales y legales reconocidos por medio del Decreto 216 de 1991
entraron a su patrimonio y no podían desconocerse con ocasión del cambio de
regulación.

8.3. Según lo previsto por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de agosto de 2019
y el artículo 53 constitucional, los servidores del municipio de Cali fueron cobijados
por el principio de favorabilidad como garantía constitucional especial.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

8 En adelante CGP.
9 Samai del tribunal, índice 44, 36_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 44.

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si, a la demandante le asistía el derecho
al reconocimiento y pago de los emolumentos salariales y prestacionales creados
por el Decreto 216 de 1991, porque constituía un derecho adquirido?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos del orden territorial

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.19.e de la Constitución
Política10 el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos lo establece
el gobierno nacional de acuerdo con las normas generales, los objetivos y los
criterios fijados en la ley. A su vez, los artículos 313.6 y 315.7 ibidem prevén que
compete a los concejos y alcaldes municipales, establecer las escalas de
remuneración de las distintas categorías de empleos pertenecientes a la estructura
de la administración territorial y asignar sus emolumentos, con arreglo a los
correspondientes acuerdos.

13. El artículo 189, numeral 14 de la Constitución previó:

«Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa:

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la
administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y
emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales» [Se resalta]

14. Como se observa, existe una competencia compartida entre el legislador y el
ejecutivo para la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos de la administración central, de tal manera que al primero se le atribuyó la
función de establecer un «marco general» sobre la forma como el segundo ha de

10 «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública» [se resalta].

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

desarrollar su actividad reguladora.

15. Tales indicaciones fueron establecidas en la Ley 4ª de 199211 que en su artículo
2 ordenó al gobierno nacional tener en cuenta para determinar los salarios de los
empleados públicos, entre otros aspectos, los siguientes: «j) [e]l nivel de los cargos,
esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para
su desempeño» y «k) [e]l establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de
los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la
Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral».

16. De igual manera, en el artículo 3 ibidem se especificaron los elementos que
conforman el sistema salarial de los servidores públicos a saber: «la estructura de los
empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».

17. En lo que respecta a la estructura del empleo, la Ley 909 de 200412 en su artículo
19.1, señaló que se entiende por tal «el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo». Asimismo, indicó en el numeral 2 que cada empleo debe contener
la descripción de las funciones para poder determinar las responsabilidades de su
titular, el perfil de las competencias de experiencia y estudio necesarias para
ocuparlo y el tiempo de duración en caso de ser temporal.

18. Esta corporación, con fundamento en el contenido de las normas citadas,
manifestó que el proceso de determinación de los salarios de los servidores públicos
se refleja en el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los
empleos, el cual está compuesto por el nivel, la denominación, la clase, el código,
el grado y la remuneración13.

19. Al respecto, se explicó cada componente así: «(i) [el] nivel, que los agrupa por su
jerarquía con fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y
complejidad; (ii) denominación, esto es, el nombre o identificación del conjunto de deberes,
atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo; (iii) clase, es decir, el grado
de importancia dentro del nivel; (iv) código, que hace referencia al número utilizado para el
manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración de cada cargo; (v) grado,
que es el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una
escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherentes al ejercicio de las

11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos…»
12 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y otras disposiciones».
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021.

Radicado: 63001-23-33-000-2015-00169-01(1773-17), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

funciones; y (vi) la remuneración asignada a cada grado»14.

20. De acuerdo con las normas y la jurisprudencia citadas, el gobierno nacional debe
fijar el salario de un empleo público según sus funciones y responsabilidades y los
requisitos de contenido ético, educacional y de experiencia para ocuparlo, todo lo
cual define su nivel jerárquico [si es directivo, profesional, asesor, operativo, entre
otros] y permite establecer los rangos de remuneración acorde con la clase de
empleo o grado de importancia. La remuneración entonces obedece a un análisis
que tiene en cuenta todos los elementos explicados y que están contenidos en los
artículos 2 y 3 de la Ley 4ª de 1992, sin que pueda fijarse por el ejecutivo sin
atenderlos.

21. Por su parte, en el orden municipal, el Congreso de la República profiere de igual
forma la ley marco sobre la cual, el ente territorial ejecutará su actividad respectiva.
A su vez, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe
someterse el gobierno nacional para ejercer la atribución de fijar el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, incluyó en esta clasificación no solo a los
servidores del orden nacional, sino también a los territoriales, a saber:

«El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos
en la presente Ley» [Se resalta].

22. Así, sobre la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos de los departamentos y municipios, la Corte Constitucional
al estudiar la constitucionalidad de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 136 de 199415
sobre la fijación de los salarios de los alcaldes sostuvo lo siguiente16:

«4.2. Dentro de este contexto, se pregunta, ¿cuál es el marco de competencia de las
corporaciones públicas territoriales en materia salarial y prestacional de los empleados
de su administración?

4.2.1. La propia constitución da una primera respuesta a este interrogante, cuando en el
artículo 150, numeral 19, inciso final, establece que las funciones dadas al Gobierno
Nacional en materia de prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales y que éstas tampoco podrán arrogárselas. Debe
entenderse, entonces, que corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional

14 Ibidem.

Ver también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2018,
Radicado: 05001-23-31-000-2010-02233-01 (4879-14). A Corte Constitucional se manifestó en igual
sentido en la sentencia T-105 de 2002.
15 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios»
16 Corte Constitucional, sentencia C510 del 14 de julio de 1999, expediente D-2358, M.P. Alfredo

Beltrán Sierra.

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de los entes territoriales,
siguiendo, obviamente, los parámetros establecidos por el legislador en la ley general.

En tratándose de los trabajadores oficiales de estas entidades, al Gobierno solamente le
corresponde regular el régimen de prestaciones sociales mínimas, según lo establece
el literal f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución. Es decir, que a partir de
esos mínimos, las corporaciones públicas territoriales podrían establecer un régimen
prestacional mayor al señalado por el Gobierno Nacional, sin que pueda entenderse que
estos entes están usurpando competencia alguna en cabeza del ejecutivo central.

4.2.2. En cuanto a la asignación salarial, la respuesta se encuentra en el parágrafo del
artículo 12 de la ley 4ª de 1992, cuando señala que ‹El Gobierno señalará el límite
máximo salarial de estos servidores -se refiere a los de las entidades territoriales-
guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional›.

Esta atribución que radicó la ley general de salarios y prestaciones en cabeza del
Gobierno Nacional, fue declarada exequible por esta Corporación en sentencia C-315
de 1995. En esa oportunidad, la Corte consideró que la competencia del Gobierno
para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los
entes territoriales, armonizaba con los principios de economía, eficacia y
eficiencia que rigen el gasto público, y no desconocía ni la competencia que la
Constitución expresamente otorgó a las autoridades de estos entes para fijar, por una
parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos dentro de su jurisdicción (artículos 300, numeral 7 y 313, numeral 6 de la
Constitución) y, por otra, para determinar los emolumentos de los empleos de sus
dependencias (artículos 305, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución), como
tampoco cercenaba el principio de autonomía de que trata el artículo 287 de la
Constitución. Se dijo en la mencionada providencia.

‹No obstante que las autoridades locales tienen competencias expresas para determinar
la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de
sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7), no puede
desconocerse la atribución general del Congreso en punto al régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos territoriales (C.P. arts. 150-5, 150-19-e y 287 ).
Del artículo 150-19 de la C.P., se deduce que la función de dictar las normas generales
sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos puede ser delegado
a las Corporaciones públicas territoriales, lo que no sería posible si en este asunto el
Congreso careciera de competencia. Desde luego, la competencia del Congreso y la
correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades
específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen
en las normas citadas.

‹La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en
el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las
torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades
territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y
concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las
autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de
marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las
autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo
contrario, llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente

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Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

rechazó al señalar: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley› (C.P. art. 287).

‹La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, es un
principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad
democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las
autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no
es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto
burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del
gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las
entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios
públicos.

‹La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que
el patrón de referencia - los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional -,
garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado.› ( Cfr.
sentencia C-315 de 1995. Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).

Dentro de este contexto, ha de colegirse que la competencia para determinar el régimen
salarial de los empleados de las entidades territoriales, en el marco de la Constitución
de 1991, requiere una interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, a efectos
de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en especial,
el que hace referencia a la facultad de gobernarse por autoridades propias (artículo 287,
numeral 1), con el esquema del Estado colombiano definido como una República
unitaria, para lograr que las atribuciones de los distintos órganos a nivel central y
territorial no resulte anulada. En otros términos, que la forma como llegue a ejercer uno
cualesquiera de estos órganos su función, no niegue o invalide la de los otros.

4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente
para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así:
Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los
principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la
determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde
señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en
cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas
departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas
de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de
que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de
los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el
efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas
y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer
los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional». [se resalta].

23. Ahora bien, como se indicó en precedencia, la Sección Segunda de esta
Corporación de manera reiterada ha señalado que según las disposiciones previstas
en la Constitución Política, la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados del sector territorial le corresponde al legislador, a
través de leyes marco, el ejecutivo y las autoridades locales, asambleas y
gobernadores, y concejos y alcaldes, siempre dentro de los límites señalados por el
gobierno nacional, esto es con fundamento en el principio administrativo de

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

concurrencia17.

2.4. Caso concreto

24. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

24.1. Decreto 0044 del 12 de enero de 198818, a través del cual el alcalde de Cali
nombró a Claudia Kytra Abadía Herrera como «secretaria III del Departamento de
Impuestos y Multas, dependiente de la División de Registro, Matriculas y Licencias de la
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, categoría 04, código cargo #6040300251
(…) en reemplazo de la señorita Heidi Patricia Moreno, quien fue promovida a otro cargo»
[sic]. De dicho empleo se posesionó el 22 de ese mes y año19.

24.2. Oficio sin número del 14 de enero de 1988, por medio del cual el jefe del
Departamento de Relaciones Laborales del municipio de Santiago de Cali le
comunicó a la demandante sobre su nombramiento20.

24.3. Decreto 216 del 18 de febrero de 1991, «por el cual se fijan prestaciones sociales
y otros beneficios para empleados públicos de la administración central de Santiago de
Cali»21 [sic]. Corregido y aclarado con la Resolución 0715 del 31 de mayo esa
anualidad22.

24.4. Decreto 731 del 21 de septiembre de 1999, mediante el cual se dispuso que
«[e]l régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos vinculados al municipio
de Santiago de Cali, será el que establece la Ley, salvo el de aquellos que se encuentren
dentro de la situación descrita en el parágrafo del artículo 293 del Decreto Nacional 1333
de 1986 Código de Régimen Político Municipal y hasta el 25 de abril del citado año; fecha
en que entró en vigencia el mencionado decreto»23 [sic]. Modificado por el Decreto 745

17 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de julio de 2008,
expediente radicado: 20001-23-31-000-2002-01522-01 (10007-2005), M.P. Jesús María Lemus
Bustamante; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de febrero de 2013, expediente
radicado: 73001-23-31-000-2009-00102-01 (0224-10), M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de febrero de 2017, expediente radicado:
150012331000200800160 01 (2267-2015), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sala
de Consulta y del Servicio Civil, Consulta 1518 de 11 de septiembre de 2003. M.P. Susana Montes
de Echeverri.
18 Samai del tribunal, índice 22, 22_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONDELAD(.pdf)

NroActua 22, folio 51.
19 Ibidem, folio 52.
20 Ibidem, folio 53.
21 Samai del tribunal, índices 3 y 12, documentos:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3; y
12_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 12, folios 24 al 45.
22 Ibidem, folio 46 al 49.
23 Ibidem, folios 126 al 130.

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

del 24 de ese mes y año24.

24.5. Sentencia de segunda instancia del 8 de agosto de 201925, a través de la cual
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
declaratoria de nulidad del Decreto 216 del 18 de febrero de 1991.

24.6. Certificación expedida el 28 de enero de 202126, en la cual el profesional
especializado de la Subdirección Gestión Estratégica del Talento Humano de la
Alcaldía de Cali hizo constar que «desde el 22/enero/1988 hasta la fecha, Claudia Kytra
Abadía Herrera» [sic] prestó sus servicios para el municipio de Cali «adscrito a la SUB
DE GEST ESTRATEG DEL TALENTO HUMANO. Cargo desempeñado: PROFESIONAL
UNIVERSITARIO» [sic].

24.7. Reclamación administrativa del 17 de abril de 2021, en la cual la demandante
le solicitó al municipio de Cali reconocer y pagar «los derechos adquiridos de buena fe
por virtud del Decreto 0216 de 1991 y la decisión proferida por el Consejo de Estado el 19
de septiembre de 2019 dentro del proceso identificado bajo el radicado No.
76001233100020100148501, son factores salariales para todos los efectos legales (…)
reajuste el salario y reconozca los factores salariales y prestacionales»27[sic].

24.8. Oficio 202141370400188901TRD4137.040.17.1.0541.018890 del 29 de abril de
2019, mediante el cual el subdirector del Departamento Administrativo de la
Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano de la Alcaldía de Cali le
negó el reconocimiento y pago de los «factores salariales y prestacionales consignadas
en el Decreto Municipal 0216 de 1996»28[sic]. Contra este acto presentó recurso de
apelación29, pero la entidad no lo resolvió.

24.9. Certificación de salarios mes a mes con factores salariales, expedido por el
subdirector del Departamento Administrativo de la Subdirección de Gestión
Estratégica del Talento Humano de la Alcaldía de Cali, en el cual se dejó constancia
que en el «periodos certificados: Desde 1990-01-01 hasta 2021-05-31» devengó los
siguientes30:

Año Factores

24 Samai del tribunal, índice 22, 22_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONDELAD(.pdf)

NroActua 22, folio 131.
25 Samai del tribunal, índices 3 y 12, documentos:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3; y
12_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 12, folios 50 al 65.
26 Ibidem, folio 81.
27 Ibidem, folios 66 al 69.
28 Ibidem, folios 70 al 73
29 Ibidem, folios 74 al 78.
30 Ibidem, folios 83 al 98

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1990 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1991 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1992 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1993 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1994 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Subsidio de transporte
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1995
• Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1996 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1997 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1998 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
1999 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2000
• Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal

13

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2001 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2002 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2003 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2004 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2005 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2006 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2007 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2008 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2009 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2010 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2011
• Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2012 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2013 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2014 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2015 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2016 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2017 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2018 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2019 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2020 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad
-. Asignación básica
-. Bonificación y/o prima antigüedad
2021 - Prima vacaciones legales
-. Prima de servicios legal
-. Prima de navidad

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

2.5. Análisis sustancial

25. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que la demandante no consolidó el derecho, porque reclamó los
beneficios laborales y prestacionales extralegales con posterioridad a la declaratoria
de nulidad del Decreto 216 del 18 de febrero de 1991.

26. La demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera
instancia al considerar que su vinculación con la entidad territorial se dio desde 1988
y por tanto los beneficios prestacionales y legales reconocidos por medio del
Decreto 216 de 1991 entraron a su patrimonio y no podían desconocerse con
ocasión del cambio de regulación pues le asistía un derecho adquirido.

27. Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado, se advierte que, tal y
como lo evidenció el tribunal, Claudia Kytra Abaía Herrera se vinculó el 22 de enero
de 1988 con el municipio de Cali y el 17 de abril de 2021 le solicitó a la entidad
territorial el reconocimiento y pago de los emolumentos extralegales otorgados por
virtud del Decreto 216 de 1991; petición que fue resuelta desfavorablemente a
través de los actos demandados.

28. Bajo tal panorama, la Sala encuentra que si bien a través del Decreto 216 del 18
de febrero de 1991, el municipio de Cali reconoció el pago de unos emolumentos
salariales y prestacionales extralegales para los empleados del ente territorial, no
es menos cierto que, en sentencia del 8 de agosto de 201931 el Consejo de Estado
confirmó su declaratoria de nulidad, en los siguientes términos:

«[E]n ausencia de una norma que permitiera crear prestaciones sociales o factores de
salario, le estaba vedado al alcalde municipal de Santiago de Cali expedir acuerdos que
crearan prestaciones sociales o factores salariales en favor de los servidores públicos.

En ese orden de ideas, se concluye que el Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991
expedido por el alcalde municipal de Santiago de Cali está viciado de nulidad, pues esa
autoridad carecía de competencia para expedir actos administrativos que crearan
elementos de salario o prestación social en favor de los servidores públicos de ese
municipio.

En gracia de discusión, si se contrastara el referido acto administrativo, con las
disposiciones posteriores a la promulgación de la Constitución Política de 1991, se
llegaría a la misma conclusión.

Finalmente, es preciso advertir que aunque se confirmará la sentencia que decretó

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: sentencia del 8 de

agosto de 2019, radicado: 76001-23-31-000-2010-01485-01 (0046-2013)

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

la nulidad del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 expedido por el alcalde
municipal de Santiago de Cali, se respetarán los efectos que causó mientras
estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado situaciones
jurídicas en lo referente a los factores salariales y prestaciones sociales, por lo
que no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que surgieron
en razón de ello.

En consecuencia, la presente sentencia de nulidad tendrá efectos «ex tunc», o sea,
desde el momento mismo de la expedición del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991;
no obstante, se respetarán los derechos adquiridos por los servidores públicos del
Municipio de Santiago de Cali, inclusive sobre doceavas causadas al momento de
notificación de esta providencia» [se resalta].

29. Contra esa decisión el municipio de Cali, el Sindicato de Empleados Públicos del
municipio -SINEMPUBLIC y Luis Mario Duque, en su calidad de parte coadyuvante
solicitaron que se aclararan los efectos de la sentencia. Dichas solicitudes fueron
negadas a través del auto del 21 de agosto de 2020, porque no buscaban
desentrañar conceptos o frases que ofrecieran motivos de duda; sin embargo, en
su parte considerativa, precisó que:

«[E]n relación con las situaciones jurídicas no consolidadas, los efectos de la
decisión son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que
nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se
encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no
consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria
del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome32. Es así que
respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, se reitera, las sentencias de
nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquéllas
que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante
las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de
manera inmediata33.

Lo dicho quiere significar que solo las situaciones no definidas son afectadas por la
decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran susceptibles
de debate en sede administrativa, o porque estuvieren demandadas o pudieren
serlo ante la jurisdicción contencioso administrativa entre el momento de la
expedición del acto y la sentencia proferida. Se excluyen, entonces, aquellas
situaciones consolidadas en aras de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, habida cuenta que ‹la ley (…) ha querido que las situaciones particulares
no queden indefinidamente sometidas a la controversia jurídica y para ello ha establecido
plazos dentro de los cuales se puede solicitar la revisión de las actuaciones

32 Consejo de Estado. expediente No 4614 del 21 de enero de 1994. Consejo de Estado. Sección

Cuarta. Sentencia del 24 de marzo de 2000. Radicación 9551.
33 Sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No. 25000232700020080012501 (18828). M.P.

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
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administrativas y de encontrarse violatorias de normas superiores, para excluirlas del
ámbito jurídico y restablecer el derecho del afectado›34». [se resalta]

30. Ciertamente, sobre el concepto de derecho adquirido se ha entendido como
aquel beneficio de que goza la persona que ha completado los requisitos para su
disfrute y que le permite incorporarlo en forma definitiva a su patrimonio35, lo que en
consecuencia exige una protección especial por parte del Estado. En ese sentido,
se ha hecho necesario distinguir entre un derecho adquirido y una expectativa
legítima. El primero, implica la consolidación del derecho luego de la acreditación
de los requisitos legalmente establecidos, es decir, observados los presupuestos
previstos en la norma para su causación; en cambio el segundo se predica de quien
se encuentra a la espera de completar esos requisitos para beneficiarse de alguna
prerrogativa, esto es, cuando existe una posibilidad razonable de que esa situación
que le permitirá alcanzar ese privilegio sucederá, es decir que se trata de la
posibilidad de ocurrencia de un suceso futuro.

31. Ahora bien, en relación con los efectos de las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general, de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación36, resulta claro que son hacia el pasado, pues precisamente, no
basta con retirar del ordenamiento jurídico el acto ilegal, sino que es necesario que
las situaciones que surgieron en su vigencia queden en el estado en que se hallarían
si este no hubiese existido, esto por cuanto el estudio de su legalidad se remite al
origen de la decisión.

32. Con todo, dichos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas
particulares no consolidadas, esto son aquellas que al momento de producirse la
decisión anulatoria se debatían o eran susceptibles de discutirse ante la
administración o la justicia contencioso-administrativa, puesto que las demás gozan
de la protección constitucional y legal otorgada por la seguridad jurídica y la cosa
juzgada. Así las cosas, comoquiera que, a partir de la sentencia proferida por esta
Corporación el 8 de agosto de 2019, el Decreto 216 de 1991 fue retirado del
ordenamiento jurídico, la demandante no tenía derecho al reconocimiento
pretendido puesto que en la fecha en la que presentó la reclamación este había sido
retirado del ordenamiento jurídico con los referidos efectos [desde su expedición].

33. Ahora, en lo que respecta al argumento relacionado con la calidad de beneficiaria
de un derecho adquirido por haber cumplió con todos los requisitos en vigencia de

34 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de abril de 1991. Rad. 3151. Sentencia del

23 de marzo de 2001. Rad. 11598. M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
35 Puede consultarse, entre otras, la sentencia C-168 de 1995.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de julio de 2018, radicado No. 11001-03-

25-000-2014-01192-00 (2379-15)

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

la norma declarada nula, esta Sala recuerda que la inconstitucionalidad o ilegalidad
de aquellos actos que crearon factores salariales y prestaciones sin competencia,
de manera alguna pueden generar derechos adquiridos, puesto que su
otorgamiento contrarió el ordenamiento constitucional y legal vigente37. Por
consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.

2.6. Costas

34. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

35. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

36. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

37. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

38. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta en la sentencia

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 3 de

julio de 2025, radicación 05001-23-33-000-2019-01899-01 (1569-2022).
38 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

de primera instancia y se abstendrá de imponerla en esta instancia.

3. Conclusión

39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que a la demandante no le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos salariales y
prestaciones creados por el Decreto 216 de 1991, en tanto que con su declaratoria
de nulidad se afectó su situación jurídica particular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 22 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que condenó en costas a la
demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
y, en su lugar:

«Segundo. No condenar en costas»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por Claudia Kytra Abadía Herrera contra el municipio de Cali, por
los motivos expuestos en esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

20

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01069-01 (2510-2024)
Demandante: Claudia Kytra Abadía Herrera

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT

21

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