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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01137-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01137-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió Efraín Quiñónes Bedoya en contra del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01137-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01137-01 (2399-2025)
Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya
Demandado: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali
Tema: Reconocimiento y pago de prestaciones extralegales fijadas en
el Decreto 0216 de 1991. Competencia de la entidad territorial
para la creación de emolumentos salariales.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por el
apoderado del demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del Oficio nro.
202141370400251371, TDR: 4137.040.17.1.0819.025137, Rad. Padre:
202141730100463612 del 18 de junio de 2021, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de los emolumentos establecidos en el Decreto 0216 de
1991.

3. Como restablecimiento del derecho, se exigió el pago de todas las prestaciones
extralegales establecidas en el Decreto 0216 de 1991, a saber: «las doceavas», la
prima extra legal de junio, la prima extra legal de diciembre, la prima vacacional
extralegal de diciembre y la prima de antigüedad.

4. Hechos. A través del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, el alcalde del
entonces municipio de Santiago de Cali creó diversas prestaciones sociales y
beneficios económicos en favor de los empleados públicos de la administración
central.

5. El pago de tales estipendios fue suspendido a partir del mes de octubre de 1999,
debido a que, en aplicación de los Decretos Municipales 0745 de 24 de septiembre
de 1999 —que modificó el Decreto Municipal 0731 de 21 de septiembre de ese

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Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya

año—, que establecieron que el régimen de prestaciones sociales de los empleados
vinculados al municipio de Santiago de Cali debía ser el previsto en la ley.

6. El referido acto administrativo fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca mediante sentencia del 20 de enero de 2001 (sic)1. Esta decisión
fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia del 8 de agosto de 2019,
en la cual, además, se dejó a salvo la situación de quienes hubieran consolidado su
derecho antes de la notificación de esa providencia.

7. Entonces, como el actor prestó sus servicios a la entidad territorial como tesorero
entre el 9 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2007, y posteriormente desde el 15
de julio de 2011 hasta la fecha de presentación de la demanda, tiene derecho a
recibir las prestaciones extralegales previstas en el Decreto 0216 de 1991.

8. Por tal razón, el 19 de marzo de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de dichos
estipendios. Sin embargo, la administración negó lo pedido mediante el acto
administrativo demandado.

9. Fundamentos de derecho. La parte actora señaló como vulnerados el
preámbulo y los artículos 4.°, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; el Decreto 0216
de 1991 y la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 8 de agosto de 2019 2.

10. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que en su favor se había
consolidado un derecho, conforme a lo señalado por esta corporación en la
providencia antes mencionada.

11. Contestación de la demanda3. Dentro de la oportunidad de ley, el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali ejerció su derecho de contradicción y defensa de la siguiente manera:

12. El Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 fue derogado por los Decretos 0731
y 0745 del 21 y 24 de septiembre de 1999, respectivamente. En estos últimos actos
se indicó que los factores salariales y prestacionales allí previstos habían sido
creados con desconocimiento del ordenamiento jurídico.

13. Agregó que las asambleas departamentales, los concejos municipales, los
gobernadores y los alcaldes carecen de competencia para crear prestaciones
sociales o factores salariales en favor de los empleados públicos.

14. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de «cobro de lo no
debido», «inconstitucionalidad» y «prescripción».

1 La fecha correcta es el 20 de enero de 2012.
2 Expediente nro. 76001-23-31-000-2010-01485-01 (0046-2013), C.P. Cesar Palomino Cortés.
3 PDF 6 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción «Gestionar documentos» de la
plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya

15. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 30 de junio de 2023, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora. Para sustentar su decisión, expuso
las siguientes consideraciones:

16. La competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos corresponde, por mandato constitucional, al Congreso de la República y,
de manera excepcional, al Gobierno nacional, cuando ha sido investido de
facultades extraordinarias para ello.

17. Las asambleas departamentales, los concejos municipales, los gobernadores y
los alcaldes carecen de competencia para crear factores salariales o prestaciones
sociales en favor de los empleados públicos de las respectivas entidades
territoriales.

18. Si bien el Decreto 0216 de 1991 fue expedido antes de la entrada en vigencia
de la Constitución Política de 1991, la Carta Política anterior también reservaba al
Congreso de la República y, excepcionalmente, al Gobierno nacional, investido de
facultades extraordinarias, la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.

19. En relación con el mencionado acto administrativo, indicó que la Subsección “B”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de agosto
de 2019, confirmó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que declaró su nulidad, por considerar que el alcalde de Santiago de Cali
carecía de competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos del municipio.

20. Precisó, además, que, aunque dicha decisión produjo efectos ex tunc, también
salvaguardó los derechos adquiridos por los servidores públicos, incluidos los
relacionados con las doceavas causadas hasta la notificación de la sentencia.

21. En ese contexto, concluyó que no resulta jurídicamente admisible reconocer
como factores salariales o prestacionales beneficios creados por una autoridad
manifiestamente incompetente.

22. Finalmente, aseguró que no se consolidó derecho alguno en favor del
demandante, puesto que todavía se debatía en sede judicial el reconocimiento de
los factores salariales y emolumentos consagrados en el Decreto 0216 de 1991.

23. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante insistió en que sí se consolidó en su favor un derecho adquirido, por
cuanto prestó sus servicios al entonces municipio de Santiago de Cali durante la
vigencia del Decreto 0216 de 1991, en los siguientes períodos: i) del 9 de enero de

4 PDF 22 del expediente digital, ibidem.
5 PDF 23 del expediente digital, ibidem.

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Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya

2004 al 30 de junio de 2007 y, ii) del 15 de julio de 2011 al 30 de septiembre de
2021.

24. En consecuencia, afirmó que la falta de competencia del municipio para expedir
el Decreto 0216 de 1991 no impide el reconocimiento de los beneficios allí previstos,
toda vez que la sentencia del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2019 protegió
expresamente los derechos adquiridos que se hubieran consolidado con
anterioridad a su notificación.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

25. La admisión del recurso. Mediante auto de 12 de junio de 20266 se admitió la
alzada. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el Agente del Ministerio
Público7, quien solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por los
siguientes motivos: i) el actor no solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones antes de la declaratoria de nulidad del Decreto 0216 de 1991; y ii)
cuando una entidad sin competencia crea emolumentos, ello de ninguna manera
genera un derecho adquirido.

26. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

27. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

28. Problema jurídico. Le corresponde a la Sala establecer si ¿durante la vigencia
del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, se consolidó en favor del demandante
un derecho adquirido sobre las prestaciones extralegales allí previstas?

29. En orden a resolver este planteamiento, la Subsección abordará lo relacionado
con los derechos adquiridos y su alcance sobre las situaciones jurídicas no
ajustadas a la ley.

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

30. Los derechos adquiridos y su alcance sobre las situaciones jurídicas no
ajustadas a la ley.

6 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI.
7 Ver índice 10, ibidem.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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31. A juicio de la Corte Constitucional10, los derechos adquiridos son aquellas
prerrogativas individuales y subjetivas que han ingresado al patrimonio de una
persona, por el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la norma que las
consagra. Por tanto, en esas condiciones, se pregona su intangibilidad, lo que
denota que no pueden ser variados ni desconocidos por leyes posteriores. En
sentencia C-242 de 200911, esa corporación afirmó:

« […] (i) La Corte Constitucional ha precisado que los derechos adquiridos son
aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el
imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un
derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede
afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Existe un derecho
adquirido cuando respecto de un determinado sujeto, los hechos descritos en las
premisas normativas tienen debido cumplimiento. Por contraste, las meras
expectativas, consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que,
por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a
parámetros de justicia y de equidad […]».

32. El origen de esta figura dimana del artículo 58 constitucional, el cual la contuvo
en los siguientes términos:

«Artículo 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999.
El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una
ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto
los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social [...]».

33. De la anterior disposición se extrae que los derechos adquiridos surgen en la
medida en que se satisfacen los requisitos contenidos en las leyes que los conciben.
Sin embargo, para que una prerrogativa se consolide y alcance esa connotación, es
necesario que se obtenga «con arreglo a las leyes civiles», lo que demanda que la
respectiva ley se ajuste al ordenamiento jurídico vigente.

34. Por tanto, cuando la norma que prevé el respectivo beneficio desconoce esos
mandatos, no se puede catalogar como derecho de esa naturaleza. En sentencia
de 12 de marzo de 202012, esta Subsección adujo que:

«[…] La norma constitucional garantiza la propiedad privada y los demás «derechos
adquiridos» con arreglo a las leyes civiles. De esta manera, la propia Carta Política
establece la categoría de derechos adquiridos, los que protege con la regla de
irretroactividad de la ley, de modo que no sean desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores.

Han sido definidos como aquellas situaciones jurídicas individuales definidas y
consolidadas bajo la vigencia de una ley y que, en tal virtud, se entienden
incorporadas válida y definitivamente al patrimonio de una persona13. Para que el

10 Sentencia C-314 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Expediente nro. 25000-23-25-000-2011-00849-01 (3592-2016), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
13 Ver sentencia C-197 de 1997 magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.

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derecho sea considerado como «adquirido», es necesario que se hayan cumplido
los supuestos que la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas las condiciones y
requisitos fijados en esta respecto de un determinado sujeto14.

Vale precisar que el respeto y la garantía de no ser desconocido depende, además
de lo anterior, de que se hubiese obtenido con respeto del ordenamiento jurídico,
pues el artículo 58 de la Carta es claro en indicar que deben ser adquiridos «con
arreglo a las leyes civiles», lo cual quiere decir que debe existir un justo título por lo
que «solo pueden tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se
comenta, los actos que respetan el ordenamiento jurídico».15 (Negrilla fuera de
texto).

En tal sentido, una vez ocurridos todos los supuestos normativos, el derecho se
incorpora de manera definitiva en el patrimonio de su titular, lo que significa, a la luz
del artículo 58 Superior citado, que no es posible por ninguna persona ni por el
Estado desconocerlo, pues está protegido por la propia Constitución. Ello, excepto
en los casos en que sea necesario limitar su ejercicio para garantizar principios y
valores de mayor valor consagrados en la Constitución Política como la solidaridad
y el interés general16[…]».

35. Se reitera, entonces, que cuando una prerrogativa no se obtiene con base en
disposiciones ajustadas al ordenamiento, surge una situación jurídica
aparentemente consolidada que no es destinataria del atributo de intangibilidad
propio de los derechos adquiridos.

36. En conclusión, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial antes
expuesto, advierte la Sala que un derecho adquirido es aquél que ingresa al
patrimonio de la persona, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la
norma que lo concibe y siempre y cuando este último dispositivo no contrarie
el orden legal vigente.

En la sentencia C-314 de 2004 se manifestó sobre el particular lo siguiente: «De conformidad con la
jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el
patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen
en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De
acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos
fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras
expectativas …»
14 Sentencia C-242 de 2009 magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: María Inés Ortiz

Barbosa. Bogotá, D.C. 25 de junio de dos mil dos (2002). Radicación: 11001-03-15-000-1999-0439-01(S-439).
Actor: Yuvanny Annelice Cifuentes Varón. Demandado: Departamento del Tolima.
Igual posición se asumió por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.
16 Al respeto en la sentencia C-606 de 1992 con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón se expuso o que

sigue: «… lo que prima ahora no es el interés patrimonial del individuo, -que por supuesto merece también
particular atención-, sino otros valores, principios y derechos que, como la solidaridad, el interés general y la
dignidad humana, podrían llegar a verse afectados por una defensa a ultranza de los derechos patrimoniales».
Por otro lado, la sentencia C-491 de 2002 con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra se indicó
que «El artículo 58 de la Carta Política de Colombia dispone que el ordenamiento jurídico nacional preservará
la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Esta protección, común a todo
régimen constitucional que reconozca la primacía de los derechos individuales, no es absoluta. La limitación del
ejercicio del derecho de propiedad atiende al reconocimiento de que, según el artículo 95 de la Carta Política,
el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, toda vez que
las decisiones humanas no repercuten exclusivamente en la órbita personal del individuo, sino que afectan, de
manera directa o indirecta, el espectro jurídico de los demás. La explotación de la propiedad privada no admite
concesiones absolutas. Por el contrario, exige la adopción de medidas que tiendan a su integración en la
sociedad como elemento crucial del desarrollo».
Estas posturas fueron también asumidas en la sentencia C-258 de 2013 con ponencia del magistrado Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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37. De la nulidad del Decreto 0216 de 18 de febrero de 1991 y sus efectos sobre
los derechos adquiridos.

38. Aunque anteriormente se pregonó que un derecho adquirido es aquel que se
estructura con fundamento en el cumplimiento de las exigencias previstas en
disposiciones que no contrarían el ordenamiento jurídico, lo cierto es que en este
asunto no se puede pasar por alto la regla contenida en la sentencia del 8 de agosto
de 2019, a través de la cual la Subsección “B” de esta Sección confirmó la
providencia de primer grado, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la nulidad del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991.

39. En efecto, en dicho pronunciamiento, esa Sala, luego de reiterar que el acto
administrativo en mención desconoció las reglas de competencia fijadas en la
Constitución Política de 1886, en las que solo el Congreso de la República y, de
manera excepcional, el presidente de la República podía concebir el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, afirmó que mantendría incólumes
las respectivas situaciones jurídicas consolidadas. En el apartado pertinente de esa
decisión se puede leer lo siguiente:

«[…] Finalmente, es preciso advertir que aunque se confirmará la sentencia que
decretó la nulidad del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 expedido por el
alcalde municipal de Santiago de Cali, se respetarán los efectos que causó mientras
estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado situaciones jurídicas
en lo referente a los factores salariales y prestaciones sociales, por lo que no es
pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena fe que surgieron en razón de
ello.

En consecuencia, la presente sentencia de nulidad tendrá efectos «ex tunc», o sea,
desde el momento de la expedición del Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991; no
obstante, se respetarán los derechos adquiridos por los servidores públicos del
Municipio de Santiago de Cali, inclusive sobre las doceavas causadas al momento
de notificación de esta providencia.»

40. Por tal razón, esta Subsección debe atender el anterior parámetro al momento
de decidir la presente controversia, en tanto, como orden judicial que es, está dotada
de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada y, por contera, obliga a todas
las autoridades judiciales y administrativas.

41. En otras palabras, aunque aquí se ha dicho que un derecho tendrá la
connotación de adquirido y consolidado en la medida en que se haya obtenido de
acuerdo a las leyes pertinentes, en el caso de marras se debe verificar si, entre las
fechas en que el Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 estuvo vigente, el actor
“consolidó” en su favor las prerrogativas extralegales previstas en aquel.

42. Caso concreto. Interrogante único: ¿durante la vigencia del Decreto 0216 del
18 de febrero de 1991, se consolidó en favor del demandante un derecho adquirido
sobre las prestaciones extralegales allí previstas?

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Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya

43. La Sala responde que durante la vigencia del Decreto 0216 del 18 de febrero
de 1991, el señor Efraín Quiñónez Bedoya no logró “consolidar” en su favor las
prerrogativas extralegales establecidas en ese acto administrativo.

44. Lo anterior, en razón a que tal decreto17 «por el cual se fijan prestaciones
sociales y otros beneficios para empleados públicos de la administración central de
Santiago de Cali» fue derogado tácitamente a través del Decreto 0731 del 21 de
septiembre de 199918, modificado por el Decreto 0745 del 24 de septiembre de ese
mismo año.

45. En el primero de esos decretos19, el alcalde municipal de Santiago de Cali
reconoció que, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991,
las autoridades locales tenían vedado fijar el régimen prestacional de los servidores
públicos, en tanto tal competencia está reservada para el Congreso de la República
y, excepcionalmente, al Gobierno nacional.

46. En consecuencia, aseguró que toda la normativa municipal emitida con
anterioridad a la nueva Constitución era incompatible con esta y, por ende, de
acuerdo con la regla consignada en el artículo 4.° superior, esta última debía
prevalecer sobre aquellas.

47. En ese orden de cosas, en su parte resolutiva declaró que, en lo sucesivo, «[e]l
régimen de prestaciones sociales de los Empleados Públicos vinculados al
Municipio de Santiago de Cali, será el que establece la Ley […]» y, por demás,
agregó que «[e]l presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias».

48. Por lo que sigue, es claro que la afirmación vertida en la demanda y ratificada
en su contestación, relacionada con que, a partir del mes de octubre del año 1999,
el otrora municipio de Santiago de Cali dejó de pagar las prerrogativas extralegales
concebidas en el Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991, tuvo su génesis en el
mentado Decreto 0731.

49. En otras palabras, desde el mes de octubre de 1999 se ejecutó la derogatoria
prevista en el Decreto 0731 del 21 de septiembre de ese mismo año, por lo que, a
partir de entonces, el Decreto 0216 del 18 de febrero de 1991 dejó de producir
efectos jurídicos por voluntad de la misma administración.

50. Sobre el particular, basta recordar que, a voces del artículo 66 del Decreto 01
de 1984 —otrora Código Contencioso Administrativo—, normativa vigente en la
fecha de emisión del citado decreto, un acto administrativo dejaba de ser obligatorio
cuando, entre otras cosas, perdiera su vigencia.

17 Folios 6 a 16 del PDF «003Anexos», contentivo del expediente digital que puede ser descargado en la opción

«Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
18 «Por medio del cual se observan disposiciones constitucionales y legales en materia de prestaciones sociales

para el Municipio de Santiago de Cali».
19 Ver folios 1-2 del archivo denominado «9_MemorialWeb_Anexos», el cual puede ser descargado en la opción

«Gestionar documentos», de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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51. Por ende, la aludida derogatoria provocó la pérdida de vigencia del Decreto
0216 del 18 de febrero de 1991 y, por contera, hizo cesar toda obligación de la
administración en reconocer las prerrogativas extralegales allí concebidas.

52. De cara a lo anterior, se tiene que, según lo afirmado en la demanda y
demostrado en el paginario, el accionante se vinculó al ente demandado el 9 de
enero de 2004, data en la que no se encontraba vigente el Decreto 0216 de 1991 y,
por tanto, era imposible que las prestaciones extralegales allí previstas ingresaran
a su patrimonio.

53. Corolario, se insiste, como el demandante no consolidó en su favor las
prerrogativas que ahora reclama, deviene procedente confirmar la sentencia de
primer grado.

54. Sin perjuicio de lo indicado, se encuentra acreditado que la reclamación
administrativa fue presentada el 19 de marzo de 202120, esto es, con posterioridad
a la sentencia del 8 de agosto de 2019, que confirmó la nulidad del decreto en
mención y precisó que sus efectos eran inmediatos respecto de las situaciones
jurídicas que para ese momento aún se encontraran en discusión, tanto en sede
administrativa como judicial, supuesto dentro del cual se enmarca el presente
asunto.

55. En armonía con lo anterior, la Subsección “B” de esta Sección21, al resolver un
caso con supuestos fácticos y jurídicos semejantes, concluyó que no existe un
derecho consolidado cuando la reclamación administrativa fue presentada con
posterioridad a la sentencia del 8 de agosto de 2019.

56. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

20 Folio 57 del PDF 003 del expediente digital.
21 Subsección “B”, sentencia del 12 de febrero de 2026, expediente nro. 76001-23-33-000-2021-01069-01
(2510-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01137-01 (2399-2025)
Demandante: Efraín Quiñónez Bedoya

58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

59. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto no se acogieron los argumentos del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2023, a través de la cual
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió Efraín Quiñónes Bedoya en contra del Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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