RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2016-01800-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01800-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01800-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, excepto el ordinal segundo, que se revoca, en cuanto condenó en costas a la parte demandada. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 18 Interno: 2251-2018 Demandante: UGPP Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal CUARTO.- Reconocer personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, como apoderada de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado, visible en el índice 27 de la plataforma SAMAI. QUINTO.- Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01800-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado : 05001-23-33-000-2016-01800-01
Número interno : 2251-2018 (expediente híbrido)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada : Blanca Ruth Gómez de Aristizábal
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ley1437
de 2011 (CPACA)
Asunto : Reliquidación de pensión gracia con inclusión de
la prima de vida cara

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

La UGPP, mediante apoderado judicial acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para
solicitar la nulidad de los siguientes actos:

• Resolución 60785 del 15 de diciembre de 2008, expedida por la extinta
Cajanal en liquidación, a través de la cual se reliquidó la pensión gracia post
mortem con inclusión de nuevos factores salariales devengados por el señor

1
Folio 1 a 14

2

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

José Ignacio Aristizábal Salazar (q. e. p. d.), a favor de la señora Blanca Ruth
Gómez de Aristizábal, elevando la cuantía a $33.054.20, efectiva a partir del
3 de octubre de 1988, pero con efectos fiscales desde el 3 de enero de 2015.

• Resolución RDP 042218 del 14 de octubre de 2015, por la cual la entidad
demandante ordenó la reliquidación de la pensión por aplicación del índice
de precios al consumidor, desde la fecha en que el causante se retiró del
servicio hasta la fecha en que adquirió el estatus pensional, elevando la
cuantía a $73.428.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que a la señora
Gómez de Aristizábal, no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión gracia
en los términos planteados en las resoluciones acusadas, por cuanto en ellas
erradamente se incluyó la prima de vida cara como factor salarial; y por tanto, se le
ordene devolver en favor de la entidad las sumas de dinero correspondientes a los
valores cancelados en exceso, desde la fecha en que se hizo efectivo el reajuste
pensional, hasta cuando se realice la devolución, so pena de causarse intereses
comerciales y moratorios. Así mismo, se le condene al pago de costas y agencias
en derecho.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El señor José Ignacio Aristizábal Salazar nació el 3 de octubre de 1938, adquirió el
estatus pensional de gracia el 3 de octubre de 1988, y para efectos del
reconocimiento de esa pensión le fueron tenidos en cuenta los certificados de
tiempos de servicios y factores salariales expedidos por las instituciones para las
cuales prestó sus servicios. El último cargo que desempeñó fue el de docente
nacionalizado en el Liceo Santuario de ese municipio en Antioquia.

El señor Aristizábal Salazar falleció el 12 de febrero de 1989, por ello, la extinta
Cajanal, por medio de Resolución 9543 de 9 de diciembre de 1992, le reconoció la
pensión gracia post mortem en cuantía de $26.379.84, efectiva a partir del 3 de
octubre de 1988, ordenando su sustitución en favor de la señora Blanca Ruth
Gómez de Aristizábal (conyugue sobreviviente), en cuantía de $33.502.40, efectiva

3

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

a partir de 13 de febrero de 1989, siempre y cuando permaneciera en estado de
viudez y no hiciera vida marital.

Por Resolución 21525 de 6 de abril de 1993, la extinta Cajanal en liquidación, tras
resolver el recurso de reposición interpuesto en contra del acto administrativo
anterior, revocó parcialmente la decisión y dispuso que la mesada pensional del
causante debía ser equivalente a la suma de $27.680.60, con efectos fiscales a
partir de 3 de octubre de 1988, y que la sustitución de la pensión a la señora Gómez
de Aristizábal se efectuaba en la suma de $35.154.36 a partir del 3 de febrero de
1989 (por el cambio de asignación básica del causante del 26 de agosto al 30 de
diciembre de 1985).

Mediante Resolución 60785 de 15 de diciembre de 2008, Cajanal en Liquidación,
reajustó nuevamente la pensión gracia post mortem por inclusión de nuevos
factores salariales devengados por el causante, sustituida a la señora Blanca Ruth
Gómez de Aristizábal y elevó la cuantía a la suma de $33.054.20 efectiva a partir
del 3 de octubre de 1988, pero con efectos fiscales a partir del 3 de enero de 2005;
incluyendo como emolumento computable la prima de vida cara o prima de carestía.

Por Resolución RDP 042218 de 14 de octubre de 2015, la UGPP ordenó la
reliquidación de la pensión gracia por aplicación del IPC, elevando la cuantía a
$73.428 efectiva a partir del 3 de octubre de 1988, con efectos fiscales a partir del
17 de julio de 2012, por virtud de la prescripción trienal, pensión sustituida a la
cónyuge en porcentaje del 100%, con efectos fiscales a partir de 17 de julio de 2012,
momento en el que también se incluyó la prima de vida cara como factor salarial.

A través del Auto ADP 000713 de 21 de enero de 2016, la entidad demandante
ordenó la apertura de la actuación administrativa tendiente a lograr la revocatoria
directa de la resolución RDP 042218 del 14 de octubre de 2015, mediante la cual
se reliquidó la pensión con la inclusión de la prima de vida cara, a fin de obtener el
consentimiento previo de la beneficiaria de la mesada.

Por Auto ADP 002171 del 15 de febrero de 2016, la entidad pensional ordenó el
archivo de la solicitud, por cuanto la señora Gómez de Aristizábal no allegó el
consentimiento expreso para proceder con la revocatoria de la precitada resolución.

4

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda:

Artículos 1, 2, 6, 121, 128, 150 y 209 de la Constitución Política; 1 de la Ley 114 de
1993; 6 de la Ley 116 de 1928; 15 de la Ley 91 de 1989 y 19 de la Ley 797 de 2003.

Como concepto de violación señaló que, en torno a la prima de vida cara ha sido
reiterada la jurisprudencia nacional en señalar que las Asambleas Departamentales
y los Concejos Municipales carecen de competencia para determinar el régimen
prestacional y salarial de los empleados públicos; en tanto, el único que cuenta con
esta facultad es el Congreso de la República según lo dispuesto en el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Carta Política.

En tal sentido la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 4 de febrero de 20102, se pronunció en torno a la incompetencia de
las entidades territoriales para expedir las normas que regulen el régimen
prestacional y salarial de sus empleados e inaplicó las ordenanzas del
departamento de Antioquia que regulaban la prima de vida cara, por ser
inconstitucionales y en el mismo criterio se pronunció la subsección A, en sentencia
del 9 de abril de 20143.

2. Contestación de la demanda

La señora Blanca Ruth Gómez de Aristizábal, no contestó la demanda4.

3. Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo de 28 de febrero de 2018,
negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas).

2
Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paez, radicación: 05001-23-31-000-2003-02424-01 (2702-2008).
3
Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 05001-23-31-000-2005-00351-01 (0184-2011)
4
Folio 212 a 214 y 237
5
Folio 257 a 274

5

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

Consideró que para el 15 de diciembre de 2008, el señor Aristizábal Salazar (q. e.
p. d.) ya había consolidado el derecho a la reliquidación pensional con la inclusión
de los factores salariales que devengó en el año en que se retiró del servicio; entre
ellos, la prima de vida cara que tuvo su génesis en los Acuerdos 028 del 01 de
diciembre de 1977, 029 del 15 de diciembre de 1978 y 09 del 22 de noviembre de
1989, todos expedidos por el Concejo Municipal de Medellín, órgano que decidió
crear en favor de todos los empleados de la entidad territorial, la prima en comento
en el equivalente a un ciento por ciento (100%) del sueldo básico mensual,
pagadera en dos cuotas iguales en los meses de febrero y agosto.

Precisó que pese a haberse declarado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
la nulidad de los artículos 1 y parágrafo, 2 y parágrafo del Acuerdo 028 de 1977; 3,
numeral b) del Acuerdo 029 de 1978 y 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, los efectos
de esa anulación que en principio se entienden retroactivos “deben modularse frente
a situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de normas que en su momento,
tuvieron presunción de legalidad como en efecto acontece con los referidos
acuerdos”; dado que, cuando fueron expedidos los acuerdos por medio de los
cuales se creó la prima de vida cara en favor de los empleados del Municipio de
Medellín, (incluido el personal docente), el Concejo Municipal contaba con
competencia para hacerlo y así lo ha entendido el Consejo de Estado al afirmar que
tales actos no perdieron su vigencia con la nueva Constitución, ni con la Ley 4 de
1992, en la medida que en su momento se crearon con base en normas que
atribuían esa facultad a las entidades territoriales y el nuevo marco constitucional y
legal no derogó la normatividad anterior, pues se limitó a cambiar las competencias
para la modificación o regulación a futuro de los factores salariales de los empleados
territoriales.

Refirió que la Resolución 60785 de 15 de diciembre de 2008, que reliquidó la
pensión gracia post mortem, surgió con antelación a la fecha en que fueron emitidas
las sentencias de primera y segunda instancia por medio de las cuales se declaró
la nulidad de algunos artículos de los Acuerdos 028 de 1977, 029 de 1978 y 049 de
1989, a través de los cuales surgió la prima de vida cara como factor salarial en
favor de los empleados del orden territorial; pues, la decisión de primera instancia
data del 20 de mayo de 2012; y la de segunda, del 26 de julio de ese mismo año.
De manera que el derecho a incluir la prima de vida cara dentro de la base de

6

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

liquidación de la pensión graciosa percibida por la demandada ya estaba
consolidado para ese entonces.

Por consiguiente, iteró que como el reconocimiento a la reliquidación de la pensión
gracia post mortem otorgada en favor del causante y que fuera sustituida a su
cónyuge, surgió con antelación a la declaratoria de nulidad de los Acuerdos
Municipales que crearon la prima de vida cara, comporta un derecho adquirido por
ellos que debe ser respetado por la administración, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 53, 58 y 85 de la Constitución Política.

Por último, destacó que el derecho del causante de la pensión gracia post mortem
tuvo su génesis en un régimen constitucional y legal de competencias que se
encontraba vigente hasta antes de expedirse la Constitución Política de 1991; por
lo que, debe concluirse que los efectos de la sentencia de nulidad de los Acuerdos
028 de 1977, 029 de 1978 y 049 de 1989, no pueden hacerse extensivos a dicha
prestación para con base en ello, declararse la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados.

4. Recurso de apelación6

La UGPP actuando a través de apoderada, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia emitida por el Tribunal.

Alegó que según lo establecido en la Constitución Política, la creación del régimen
salarial y prestacional del Estado es función exclusiva del Congreso de la República.
Por consiguiente, con el fallo proferido por el a quo se deja vigente un acto
administrativo de reconocimiento pensional abiertamente inconstitucional; por
cuanto, incluye en su liquidación un factor salarial que carece de sustento legal;
dado que, fue creado por un órgano municipal (que según lo ha dicho el Consejo de
Estado) no tenía competencia para ello; pues, si bien la prima de vida cara era
devengada por el causante en el momento de su fallecimiento y por lo tanto incluida
en la liquidación pensional post mortem, no pueden alegarse derechos adquiridos
de forma inconstitucional y cómo se ha expuesto, el Concejo Municipal para la

6
Folio 277 a 279

7

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

época en que expidió los acuerdos que crearon el mencionado factor, no estaba
facultado para crear emolumentos de ese tipo.

5. Alegatos de conclusión

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el
recurso de alzada7.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio8.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que negó las
pretensiones de la demanda.

Para el efecto se analizará si los actos administrativos acusados adolecen de
legalidad al ordenar la reliquidación de la pensión gracia del señor José Ignacio
Aristizábal Salazar (q. e. p. d.), sustituida a la señora Blanca Ruth Gómez de
Aristizábal, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por el
docente durante el año anterior al estatus de pensionado; esto es, con la inclusión
de la prima de vida cara.

Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Sobre la pensión gracia; 2.2. Prima de vida cara; 2.3. Hechos relevantes
probados; y 2.4. Caso concreto.

7
Folio 299 a 304
8
Folio 305

8

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

2.2.1. Sobre la pensión gracia

La pensión de jubilación gracia fue consagrada en el artículo 1 de la Ley 114 de
1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los
empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de
Instrucción Pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6, a completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en
diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar
para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de
jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que completaran el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Finalmente, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. (…)”.

La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado9, pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la
pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15, puntualizó:

“(…) También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997. Actor: Wilberto
Therán Mogollón.

9

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida
en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría
el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.(…)”.

Ahora bien, en cuanto a la liquidación de la pensión gracia, esta Corporación ha
sostenido10 que la norma aplicable es la Ley 4 de 1966 “por la cual se provee de
nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 4,
dispone:

“A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que
tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio mensual obtenido en el último año de servicios”.

La mentada disposición fue posteriormente reglamentada por el Decreto 1743 de
1966, en cuyo artículo 5 dispuso que las pensiones deben ser liquidadas tomando
como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último
año de servicios.

Es preciso reseñar que la aplicación especial de la norma anterior impide hacer uso
de disposiciones del régimen ordinario, como las Leyes 33 y 62 de 1985, o los
artículos 9 de la Ley 71 de 1988 y 10 del Decreto 1160 de 1989, dado que la pensión
gracia es una prestación especial que, a pesar de encontrarse a cargo del Tesoro
Nacional, no requería afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión
Social ni que se efectuaran aportes para tal efecto.

Además, esta Corporación11 ha precisado que, a diferencia de las pensiones
ordinarias, el último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o
consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a

10
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de septiembre de 2017, radicación: 25000-23-
42-000-2014-03742-01(3403-15), actor: Luis Felipe Moreno Pardo; del 6 de diciembre de 2018, radicación: 19001-23-33-000-
2014-00132-01(3514-16), actor: Paco Torres David; del 21 de agosto de 2020, radicación: 66001-23-33-000-2014-00362-01
(3852-17), actor: UGPP; del 20 de septiembre de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-00153-01(4615-16), actor: Ángela
Cuellar de Sánchez; del 8 de octubre de 2020, radicación: 73001-23-33-000-2015-00592-01 (3679-16), actor: Luis Alfonso
Pérez Guarín; del 12 de noviembre de 2020, radicación: 41001-23-33-000-2013-90282-01(4102-18), actor: UGPP; y del 29
de julio de 2021, radicación: 52001-33-31-002-2015-00657-01(0329-20), actor: Carmen Alicia Delgado Ortiz.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de
2016, número interno 0633-2014.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de
2012, número interno 2029-2010.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de
2012, número interno 1837-2011.

10

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

devengarse, y que, dado su carácter especial, admite su compatibilidad con el
salario tratándose de docentes.

2.2.2. Prima de vida cara

Mediante los artículos 1 y 2 del Acuerdo 028 de 1977; 3, literal b) del Acuerdo 029
de 1978 y 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, el Concejo Municipal de Medellín creó y
reguló la prima de vida cara para los empleados del orden municipal. Sin embargo,
esos acuerdos fueron declarados nulos, por medio de sentencia del 26 de julio de
2012 del Consejo de Estado, al encontrar configurada la falta de competencia de la
autoridad que los profirió.

La decisión se fundamentó en que las entidades territoriales no están facultadas
para crear factores salariales, como la prima de vida cara, toda vez que a partir de
la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968, que modificó el artículo 76 de la
Constitución de 1886, establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos compete privativamente al Congreso de la República, y luego, por mandato
del literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, se
dejó como una materia que debía ser regulada de manera concurrente entre el
legislador y el ejecutivo, así:

“el Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia para crear
emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos, pues
se arrogó facultades, que conforme a la normatividad transcrita, están reservadas
al Gobierno Nacional, potestad que éste ejecuta dentro de un marco trazado por
el legislador, en este caso inicialmente bajo la potestad del Acto Legislativo de
1968, luego a través de la Constitución de 1991 y finalmente mediante la Ley 4ª
de 1992”12.

Bajo el mismo razonamiento, el Consejo de Estado, en sentencia del 12 de abril de
201813, declaró la nulidad de las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre de 1973, 033
del 30 de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de
noviembre de 1981 y del Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981; actos mediante
los cuales la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia fijaron la prima

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado: 05001-23-31-000-2005-00971-01(1865-
11).
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado radicado
050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012) (acumulados), actor: Auditoría
General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional

11

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

de vida cara para los docentes oficiales vinculados al departamento. En aquella
oportunidad, se indicó:

"(...)
La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para ordenar el
pago de una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho departamento,
a través de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981,
como tampoco la tenía el gobernador de Antioquia para expedir los numerales 3, 5
y 6 del artículo 1 del Decreto 001 Bis del 7 de enero de 1981 a través de los cuales
estableció una prima de clima y otras bonificaciones en favor de los docentes del
ente territorial, pues de conformidad con la reforma introducida por el Acto
Legislativo 1 de 1968 a la Constitución Política de 1886, las autoridades
administrativas del orden territorial no estaban habilitadas para crear factores
salariales ni prestacionales, dado que aquella estaba atribuida, de manera privativa,
en el Congreso de la República
(...)"

2.2.3. Hechos probados

• Certificación laboral de 22 de octubre de 199814, expedida por el asistente de
posesiones de la Dirección de Relaciones Laborales de la Gobernación de
Antioquia, en la que se indica que el señor José Ignacio Aristizábal Salazar laboró
para ese departamento desde el 26 de enero de 1959 hasta el 15 de marzo de 1984;
que el último cargo que ocupó fue de director de núcleo en el municipio de Santuario
y que durante los años 1983 y 1984 devengó sueldo básico, prima de carestía, prima
de normalista, viáticos y prima de navidad.

• Resolución 9543 de 9 de diciembre de 199215, por medio de la cual el subdirector
de prestaciones económicas de la entonces Cajanal, reconoció una pensión de
jubilación gracia post mortem en cabeza del señor José Ignacio Aristizábal Salazar
en cuantía de $26.379, 84, efectiva a partir del 3 de octubre de 1988 y sustituida a
su cónyuge, señora Blanca Ruth Gómez de Aristizábal en $33.502,40 desde el 13
de febrero de 1989, día siguiente al fallecimiento del causante, liquidada con
fundamento en el 75% de la asignación básica por él devengada entre el 16 de
marzo de 1983 y el 15 de marzo de 1984.

14
Folio 84
15
Folios 118 y 119

12

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

• Resolución 60785 del 15 de diciembre de 200816, expedida por la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, a través de la cual se reliquidó la pensión gracia post
mortem del señor José Ignacio Aristizábal Salazar con inclusión de la asignación
básica, la prima de navidad, la prima de carestía y la prima de normalista, por lo que
se aumentó la cuantía a $33.054.20, en favor de la señora Blanca Ruth Gómez de
Aristizábal, con efectividad a partir del 3 de octubre de 1988, pero con efectos
fiscales desde el 3 de enero de 2015.

• Resolución RDP 042218 del 14 de octubre de 201517, por la cual la entidad
demandante ordenó la reliquidación de la pensión con aplicación del reajuste del
índice de precios al consumidor, desde la fecha en que el causante se retiró del
servicio hasta la fecha en que adquirió el estatus pensional, elevando la cuantía a
$73.428.

2.4. Del caso concreto

La UGPP, a través de apoderado demandó la nulidad de las Resoluciones 60785
del 15 de diciembre de 2008 y RDP 042218 del 14 de octubre de 2015, por
considerar que a la señora Gómez de Aristizábal no le asiste el derecho a la
reliquidación de la pensión graciosa con la inclusión de la prima de vida cara, por
cuanto dicho emolumento no constituye factor salarial. Sumado a que, las
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales carecen de competencia
para determinar el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que como el reconocimiento a la reliquidación de la pensión gracia post
mortem otorgada en favor del causante y que fuera sustituida a su cónyuge, surgió
con antelación a la declaratoria de nulidad de los Acuerdos Municipales que crearon
la prima de vida cara, comporta un derecho adquirido por ellos, que debe ser
respetado por la administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
53, 58 y 85 de la Constitución Política.

16
Folio 156 y 157
17
Folio 172 y 173

13

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

Visto lo anterior; se tiene que, en el sub judice no se discute el derecho a la pensión
gracia ni la norma que se aplicó para su liquidación. La controversia gira únicamente
en cuanto a la inclusión del factor prima de vida cara en la liquidación de dicha
prestación.

Siendo ello así, se tiene que, de las pruebas avizoradas en el plenario la Sala
advierte que, en los actos administrativos demandados la UGPP ordenó la
reliquidación pensional con base en lo previsto en la Ley 4 de 1966; esto es,
consideró que debía computarse todo lo percibido por el docente en el último año
de servicio (asignación básica, prima de navidad, prima de carestía y prima de
normalista).

Ahora bien, en relación con la prima de vida cara, conviene señalar que el Consejo
de Estado venía admitiendo su inclusión en el IBL de la pensión gracia, al
considerar que constituía factor salarial para tal efecto. Al respecto, en la sentencia
del 4 de agosto de 200518, la Subsección B de la Sección Segunda sostuvo:

"(...) la pensión gracia no puede liquidarse con base en el valor de los aportes
durante el último año de servicios, como lo prescribe el inciso 1º del artículo 1º de
la Ley 33 de 1985, toda vez que esta pensión, a pesar de estar a cargo del Tesoro
Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del
beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social ni hacer aportes para el efecto.
(…) Siguiendo las anteriores directrices jurisprudenciales, que ahora se ratifican,
la entidad demandada debe incluir para liquidar la pensión gracia las primas de
vida cara, navidad, vacaciones, alimentación y bono de calidad, que obran en la
certificación expedida por la Gobernación de Antioquia (fl.16 a 18) porque,
conforme al artículo 5º del Decreto 1743 de 1966, la cuantía de la pensión gracia
a que tienen derecho algunos educadores se liquida con el promedio del 75% de
los salarios devengados en el último año de servicios, entendiendo como salario
la totalidad de los ingresos que recibe el trabajador por sus servicios”.

En igual sentido, la Subsección A, en sentencias del 20 de abril de 200619 y el 8 de
febrero de 200720, ordenó la reliquidación de la pensión gracia con inclusión de la
prima de vida cara, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“cuando se trata de liquidar la pensión gracia debe tenerse en cuenta todo lo
percibido por el beneficiario durante el último año de servicios a la adquisición del
status pensional, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se haya efectuado
aportes a la Caja de Previsión.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2005, radicación: 05001-23-31-000-
2003-00567-01(2509-05), demandante: María Isabel Ramírez Salazar.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2006, radicación: 05001-23-31-000-2002-
00607-01 (9012-05), demandante: María Mabel Lopera Montoya.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2007, radicación: 05001-23-31-000-
2003-01405-01(8920-05), demandante: Blanca Cecilia Duque García.

14

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

(…) Es cierto que las pensiones especiales deben regularse por las normas
aplicables a ellas, y en el caso de la pensión gracia, al tenor de la Ley 114 de 1913
artículo 2º, se liquidaba atendiendo la mitad del sueldo que hubiere devengado el
docente durante los dos últimos años de servicios y en caso de que ellos hubieran
sido distintos, se tenía en cuenta su promedio. Sin embargo, posteriormente la Ley
4ª de 1966, […] en su artículo 4 previó: (…)
Esta ley, como se expresó, no excluyó ninguna pensión de las percibidas por los
servidores oficiales, fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966 y allí se dijo
que para liquidar la pensión se tomaría como base el 75% del promedio mensual
de salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la adquisición
del status pensional. Es decir que se precisó a cuál promedio mensual se refería
la Ley 4ª de 1966.
Como se ha reiterado en diferentes ocasiones, la Ley 65 de 1946 definió el salario
o sueldo no solo como la asignación básica fijada por la ley sino como todas las
sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución por sus
servicios.”21

Posteriormente, a partir del año 2011, la Corporación varió su postura en casos en
los que se discutía el cómputo de la prima de vida cara en la liquidación de
pensiones22. En efecto, estimó que este emolumento no podía ser tenido en cuenta
en la pensión gracia23, comoquiera que fue creado por las Asambleas
Departamentales y Concejos Municipales sin competencia para ello. Lo anterior
toda vez que, desde la reforma constitucional de 1968, la definición del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos fue radicada privativamente en el
Congreso de la República y ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta
potestad se atribuyó al legislador y al gobierno nacional, de forma concurrente, así
que, en ningún caso, podía delegarse en las entidades territoriales.

No obstante, aun después de la adopción de esta última tesis, el Consejo de Estado
confirmó en segunda instancia las órdenes de reliquidación de la pensión de
jubilación gracia con inclusión de la prima de vida cara, emitidas por los tribunales

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de abril de 2006, radicación: 05001-23-31-000-
2002-00607-01 (9012-05), demandante: María Mabel Lopera Montoya; y del 8 de febrero de 2007, radicación: 05001-23-31-
000-2003-01405-01(8920-05), demandante: Blanca Cecilia Duque García.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2011, radicación: 05001-23-31-000-
2005-00076-01 (2055-10), demandante: Nidia Rosa López Cruz.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2017, radicación: 11001-03-15-000-
2017-02884-00(AC), actor: José Omar Barco Gallego.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014, radicación: 111001-03-15-
000-2014-01771-00(AC), actor: UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015, radicación: 105001-23-31-000-
2008-00320-01 (3735-13), demandante: José Beltrán Arango Restrepo.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación: 05001-23-33-000-2013-
01841-01(4080-15), actor: Eyda Córdoba Valencia.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, radicación: 05001-23-31-000-2012-
00081-01(0619-14), actor: Ludivia Gómez Arroyave.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de junio de 2020, radicación: 05001-23-33-000-2014-
01673-01(3668-18), actor: Elba Leticia Duque Vallejo.

15

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

administrativos, sin hacer reparo alguno sobre el factor en comento. Ejemplo de ello
es, entre otras24, la sentencia proferida el 17 de agosto de 201125, en la que la
Sección Segunda de esta Corporación indicó:

“El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 18 de marzo de
2005, accedió a las súplicas de la demanda (fl. 79). Luego de realizar un breve
análisis normativo y jurisprudencial del caso, concluyó que la pensión gracia, por
tener carácter especial debía liquidarse con la totalidad de factores que
constituyen salario, devengados en el año anterior a la consolidación del
derecho, sin que sea viable la aplicación de las normas generales contenidas en
las Leyes 33 y 62 de 1985, cuya aplicación es inherente a los regímenes
ordinarios.
En virtud de lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social al momento de
efectuar el reconocimiento pensional respectivo, sólo tuvo en cuenta la
asignación básica percibida en el periodo referido, tal como se observa dentro
del acto de reconocimiento visible a folio 13 del expediente, omitiendo la inclusión
de la prima de navidad y la prima de vida cara efectivamente devengadas de
acuerdo a las certificaciones que aparecen a folios 29 y 38 del cuaderno
principal, lo que sin duda alguna da lugar a la reliquidación de la pensión gracia
otorgada, tal como lo dispuso el a quo” (negrilla fuera de texto).

Puestas, así las cosas, no se desconoce que la prima de vida cara es un factor
salarial creado por entidades del orden territorial y; por esa razón, los actos a través
de los cuales fue regulada han sido declarados nulos por esta Corporación. Con
todo, se observa que la postura del Consejo de Estado en cuanto a la posibilidad
de tener en cuenta este factor para la liquidación de la pensión gracia de
jubilación ha variado; pues, inicialmente, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda consideraron viable computarla en atención a su naturaleza salarial y;
posteriormente, se determinó que debía excluirse por haber sido creada sin
competencia para el efecto; empero, incluso tras este cambio de postura, ha habido
casos en los que se ha optado por mantener los reconocimientos pensionales que
comprenden dicho emolumento.

Por lo anterior, es dable precisar que, en el sub lite la decisión de ordenar que se
reliquidara la pensión gracia con todos los factores salariales devengados en el año

24
Sobre el punto, también ver:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre 2012, radicación: 05001-23-31-000-
2004-07186-01 (2376-11), actor: Carmen Marina Ramírez Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, radicación: 05001-23-31-000-
2009-00619-01(2371-12), actor: Luis Alberto Blandón Mejía.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación: 05001-23-31-000-2008-
00946-01(0443-13), actor: Juan José Agustín Gómez Hoyos.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-
2014-01771-00(AC), actor: UGPP.
25
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011, radicación: 05001-23-31-
000-2003-04414-02 (2029-10).

16

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

anterior al estatus, sin excluir la prima de vida cara era justo; toda vez que, para el
15 de diciembre de 2008 (fecha en la cual se expidió la Resolución 60785
demandada); la jurisprudencia del Consejo de Estado era pacífica en el sentido de
admitir su inclusión, e inclusive con posterioridad a esa fecha se emitieron
decisiones que permitían inferir la validez de esa decisión.

Aunado a lo anterior, el señor José Ignacio Aristizábal Salazar en su condición de
docente nacionalizado del Departamento de Antioquia, devengó la prima de vida
cara en virtud de los Acuerdos 028 de 1977, 029 de 1978 y 9 de 1989, expedidos
por el Concejo Municipal de Medellín (los cuales fueron declarados nulos en
primera instancia el 20 de mayo de 2012 y en segunda el 26 de julio de ese mismo
año) y según las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981
y el Decreto 001 Bis de 1981 de la Asamblea de Antioquia (anuladas en la sentencia
del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado); por lo que, aún gozaban de la
presunción de legalidad cuando fue otorgada la reliquidación pensional de gracia a
la demandada (15 de diciembre de 2008). Máxime si, a pesar de que en varias
oportunidades se ha señalado que los efectos de la nulidad de un acto
administrativo se retrotraen a su nacimiento, también se ha optado por mantener
las situaciones jurídicas particulares y concretas favorables que nacieron bajo su
vigencia, conforme al principio de confianza legítima26.

En este orden de ideas, la Sala considera que se debe confirma la sentencia
apelada; dado que, de las pruebas aportadas al proceso es viable concluir, que
como la reliquidación de la pensión gracia post mortem otorgada en favor del
causante y que fuera sustituida a su cónyuge, surgió con antelación a la declaratoria
de nulidad de los Acuerdos Municipales y las Ordenanzas Departamentales que
dieron vida a la prima de vida cara o carestía; lo cierto es que, ello comporta un
derecho adquirido por ellos que debe ser respetado por la administración, de
conformidad con los precedentes jurisprudenciales enunciados en líneas atrás, y los
artículos 53, 58 y 85 de la Carta Superior.

26
En este sentido se puede consultar la sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional. Del Consejo de Estado pueden
consultarse, entre otras, las sentencias del 31 de octubre de 2019, radicado: 13001-23-31-000-2011-00455-01(3960-14) y del
14 de octubre de 2021, radicado: 11001032500020180030200 (1046-2018) de la Sección Segunda; y del 26 de septiembre
de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC), de la Sección Cuarta.

17

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así,
teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de
las partes un actuar temerario, esta Sala revocará la condena en costas impuesta a
la parte actora.

III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de apelación
presentado por la parte demandante; y, en consecuencia, confirmará la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
negó las pretensiones de la demanda, con excepción de la condena en costas que
será revocada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, excepto el
ordinal segundo, que se revoca, en cuanto condenó en costas a la parte
demandada.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

18

Interno: 2251-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Blanca Ruth Gómez de Aristizábal

CUARTO.- Reconocer personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta
Jaramillo, como apoderada de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado, visible
en el índice 27 de la plataforma SAMAI.

QUINTO.- Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.