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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00564-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00564-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la señora Luz Nery Escobar Agudelo con el fin de que se infirme la sentencia del 27 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 050013331000200600197, promovido por la señora Luz Nery Escobar Agudelo contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00564-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

11 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: LUZ NERY ESCOBAR AGUDELO

Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación de pensión gracia Ley 4 de 1966. Prima
de vida cara y prima de licenciado.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-045-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 27 de marzo de 2009 proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-31-003-2006-00197, promovido
por la señora Luz Nery Escobar Agudelo, contra la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La señora Luz Nery Escobar Agudelo, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
demandó1 la nulidad de la Resolución 40060 del 14 de agosto de 2006, mediante la
cual se negó la reliquidación de su pensión gracia de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, de conformidad con el régimen especial de los educadores.

1
Folios 9 a 10 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho obrante en el índice 22 del sistema
informático SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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1

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) reconocer y pagar pensión gracia de jubilación, con
el 75% de todas las sumas devengadas durante el año inmediatamente anterior a la
consolidación del derecho pensional, de conformidad con las disposiciones contenidas
en la Ley 4ª de 1966, el Decreto 1743 de 1966, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988;
ii) pagar las sumas reconocidas debidamente indexadas desde el momento en que se
debió cancelar la prestación y hasta cuando se verifique el pago total de esta; iii)
reajustar las mesadas con fundamento en el IPC, según el artículo 178 del CCA; iv)
pagar los intereses moratorios y las costas de conformidad con el artículo 177 ibidem,
y v) cumplir la sentencia en los términos descritos en el artículo 176 ejusdem.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

1. La señora Luz Nery Escobar Agudelo laboró para el Departamento de Antioquia,
Secretaría de Educación, por más de 20 años en el cargo de docente, así:

• Desde el 28 de febrero de 1973 hasta el 21 de febrero de 1974 para la E.R.
Vallecitos, Jericó.

• Desde el 27 de febrero de 1974 hasta el 25 de agosto de 1975 en la E.R.M San
Pedro de San andes.

• Desde el 26 de agosto de 1975 hasta 18 de julio de 1977 en la E.R.M Alfonso
Upegui de Medellín.

• Desde el 19 de julio de 1977 hasta el 30 de marzo de 1982 en la E. Alfredo Cock
Arango.

• Desde el 31 de marzo de 1982 hasta el 31 de diciembre de 2002 en San Vicente
de Paul.

2. Por medio de la Resolución 012137 del 9 de mayo de 2001, CAJANAL EICE
reconoció en favor de la docente pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 20
de noviembre de 2000. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario
promedio de lo devengado en los últimos doce meses de conformidad con lo
establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985. El factor que tuvo en cuenta en el cálculo
de la mesada fue la asignación básica. El estatus jurídico lo adquirió el 20 de
noviembre de 2000.

3. La señora Luz Nery Escobar Agudelo pidió la reliquidación de la prestación con
inclusión de todos los factores devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional. La solicitud se resolvió desfavorablemente, a través de la
Resolución 40060 del 14 de agosto de 2006.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 53, y 58 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1943, 116 de
1928, 37 de 1933, 4 de 1966, 33 de 1985 y el Decreto 17 de 1996.

Aseveró que la pensión debe reliquidarse teniendo en cuenta todos los factores
devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional, comoquiera que fueron recibidos de forma habitual, periódica y como
contraprestación del servicio.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE, se opuso a las pretensiones de
la demanda y solicitó denegarlas. Aseguró que el acto acusado fue emitido con
fundamento en la normativa que le era aplicable a la docente.

En ese sentido, sostuvo que las normas que rigen la pensión gracia son el Decreto
1045 de 1978 para aquellas prestaciones que se hubiesen consolidado antes del 28
de enero de 1985, y las Leyes 33 y 62 de 1985 para las adquiridas con posterioridad
a la fecha en comento. Por consiguiente, la pensión de la señora Luz Nery Escobar
Agudelo debía computarse conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, última que, en su
artículo 1, enunció los factores salariales que integran el IBL.

Propuso las siguientes excepciones:

• Cobro de lo no debido: Afirmó que la demandante no tiene derecho a que se
reliquide su pensión gracia.

• Prescripción: En caso de acceder a las pretensiones de la demanda, pidió
declarar prescritas las sumas no reclamadas en tiempo, de conformidad con lo
previsto en los artículos 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del CPT.

• Inexistencia de la obligación: Aseguró que la entidad demandada no adeuda
suma alguna a la demandante.

• Compensación: En el evento de que se acceda a lo pedido por la demandante,
solicitó tener en cuenta los pagos ya efectuados en su favor por concepto de
pensión

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN3

El Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 27 de marzo
de 2009, declaró la nulidad del acto demandado. En consecuencia, ordenó a CAJANAL

2
Folios 26 a 32 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 22 del
sistema informático SAMAI.
3
Folios 158 a 166 del cuaderno p.ppal. y páginas 1 a 21 de la parte 17 del proceso ordinario obrante en
CD a folio 321 ibidem.
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3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
EICE reliquidar la pensión gracia de jubilación de la señora Luz Nery Escobar Agudelo
sobre el 75% de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, a saber, entre el 20 de noviembre de 1999 y 19 de
noviembre de 2000, con inclusión de las primas de vacaciones, vida cara, navidad,
licenciatura y bono de calidad.

En primer lugar, explicó que la Ley 4 de 1966, en su artículo 4, previó que las pensiones
de jubilación y de invalidez deben calcularse sobre el 75% de lo devengado durante el
último año de servicios. Luego, precisó que el concepto de salario, según los artículos
5 del Decreto 1743 de 1966, 2 de la Ley 5 de 1969 y 42 del Decreto 1042 de 1978,
abarca todo lo que recibe el trabajador directa o indirectamente con ocasión de la
relación laboral, sin perjuicio de que sobre ello se efectúen los aportes al sistema de
seguridad social. En igual sentido, recordó que el Consejo de Estado, en sentencias
del 6 de septiembre de 2001 y 2 de febrero 2006, indicó que el IBL pensional
comprende no solo la asignación básica, sino todos los emolumentos percibidos por el
servidor.

De otra parte, arguyó que el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo precisó
que, por su carácter especial, la pensión gracia debe liquidarse teniendo en cuenta lo
percibido durante el año anterior a la consolidación del derecho y no al retiro del
servicio4.

RECURSO DE APELACIÓN

Las partes no interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia dentro de la oportunidad prevista para el efecto.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN5

La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literal b) de
la Ley 797 de 2003 que dispone: «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de
Medellín el 27 de marzo de 2009 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por la señora Luz Nery Escobar Agudelo, contra la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, en el proceso con radicado 05001331000200600197.

4
Consejo de Estado, sentencia del 10 de febrero de 2005, radicación: 1409 de 2004.
5
Folios 1 a 14 del cuad. ppal.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
2. Declarar que a la señora Luz Nery Escobar Agudelo no le asiste derecho a que
se reliquide su pensión gracia con inclusión de la prima de vida cara, «la prima de
clima» y prima de licenciado.

3. Condenar a la señora Luz Nery Escobar Agudelo a reintegrar a la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, los
valores cancelados en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia del 27 de marzo
de 2009, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento con radicado 05001331000200600197.

Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989.

Como sustento de sus pretensiones, argumentó que el reconocimiento del derecho
pensional en la decisión cuestionada excede lo debido de acuerdo con la ley, en tanto
ordenó la inclusión de la prima de vida cara y la prima de licenciado, aun cuando se
trata de factores extralegales que no son computables al ingreso base de liquidación.
Al respecto, aseguró que la Constitución de 1886 previó que, al momento de liquidar
la pensión de jubilación, deben tenerse en cuenta los factores salariales de origen
legal, dicho precepto se reprodujo en la Carta de 1991, que en su artículo 150, numeral
19, literal e) dispone que corresponde al Congreso de la República dictar normas
generales en relación con la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, y que estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales,
son indelegables en las Corporaciones públicas territoriales.

Destacó que así mismo lo interpretó el Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
febrero de 20106, en la que señaló que las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales carecen de competencia para establecer el régimen prestacional y salarial
de los empleados públicos. Más adelante, mediante sentencia del 26 de julio de 20127,
declaró la nulidad de los acuerdos mediante los cuales se creó y reguló la prima de
vida cara para los empleados del orden municipal. En aquella oportunidad, señaló:

«Conforme a la normatividad analizada y al criterio jurisprudencial establecido
por esta Corporación, el Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia
para crear emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los
mismos, pues se arrogó facultades, que conforme a la normatividad transcrita,
están reservadas al Gobierno Nacional, potestad que éste ejecuta dentro de un
marco trazado por el legislador, en este caso inicialmente bajo la potestad del Acto
Legislativo de 1968, luego a través de la Constitución de 1991 y finalmente
mediante la Ley 4ª de 1992.».

Así, concluyó que la pensión gracia de la señora Luz Nery Escobar Agudelo debía
liquidarse con el 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional, excluyendo los factores salariales de «prima de vida
cara y prima de licenciado».

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; 4 de febrero de 2010; Radicación No.05001-23-
31-000-2003-2424-01 (2702-08).
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 050012331000200500971 01 (1865-
2011)
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5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
Finalmente, solicitó que se decretara la medida cautelar de suspensión provisional de
los efectos de la sentencia del 27 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín. La solicitud fue negada por improcedente, por medio del
auto del 17 de septiembre de 20198.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN9

La señora Luz Nery Escobar Agudelo contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. Aseveró que la decisión objeto de revisión fue proferida con observancia
de las normas que rigen la pensión gracia y la jurisprudencia vigente para la época.

Seguidamente, destacó que, contrario a lo expuesto por el recurrente, en la decisión
acusada no se ordenó incluir la prima de clima, por lo que no resulta razonable ni
congruente solicitar su exclusión de la liquidación pensional.

Propuso las siguientes excepciones:

• «APLICACIÓN DEL EFECTO EX NUC (sic)»: Consideró que las providencias
proferidas por el Consejo de Estado, el 4 de febrero de 2010 y el 12 de abril de 2018,
mediante las cuales se declaró la nulidad de las Ordenanzas 34 de 1973, 33 de 1974,
31 de 1975 y 17 de 1981, expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia, así
como de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 de 1981 emitido por el
gobernador del departamento de Antioquia, deben aplicarse hacia el futuro, dado que
las situaciones jurídicas consolidadas no pueden verse afectadas con aquella
determinación.

Bajo esa misma línea argumentativa, recordó que, según lo expuso la Sala de Consulta
y Servicio Civil de la misma corporación en el concepto del 5 de junio de 2014 10 «al
retrotraerse las cosas al estado anterior a la expedición del acto, solo se afectarán aquellas
situaciones no consolidadas o las que al tiempo de producirse el fallo eran objeto de debate o
susceptibles de ser controvertidas ante las autoridades judiciales o administrativas ».

• «CONVALIDACIÓN DE NORMAS EXTRALEGALES PARA LA LIQUIDACIÓN
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES»: Recordó que, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, los docentes incorporados a la nueva
planta de personal mantendrán su vinculación sin solución de continuidad, es decir,
que conservarán los derechos laborales, prestacionales y pensionales adquiridos. En
ese sentido, afirmó que la docente demandada tiene derecho a mantener su régimen
prestacional.

• «INCONGRUENCIA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA»: Afirmó que
existe un error en las pretensiones de la acción de revisión. Resaltó que la demandante
pide excluir el factor denominado prima de clima pese a que este no fue devengado

8
Folios 451 a 453 del cuad. ppal.
9
Folios 471 a 485 del cuad. ppal.
10
Radicado: 110010306000201300544 00 (2195).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
por la docente ni tampoco se ordenó su inclusión en la sentencia objeto de revisión.
De ahí que no sea posible acceder a lo pedido.

De otro lado, en cuanto a la «prima de licenciado» estimó que no hay lugar a excluirla
de la liquidación pensional en la medida en que el acto que la creó no fue declarado
nulo por el Consejo de Estado.

• «BUENA FE»: Aseveró que la reliquidación pensional se encuentra amparada
en la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín. Dicho de
otro modo, en el proceso ordinario no existió mala fe, ni se ejecutaron conductas
fraudulentas o ilegales para obtener el derecho reclamado.

• «FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA»: Estimó que se
debe vincular al proceso al Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, comoquiera
que es el llamado a exponer las razones que le llevaron a acceder a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

• «GENÉRICA»: Pidió declarar, de oficio, cualquier excepción que se encuentre
probada dentro del proceso.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.11.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201912.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:

«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

11
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
12
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en consideración que la Subsección A, en
diferentes autos 13, ha admitido que esta corporación es competente para conocer las
acciones de revisión en contra de las sentencias proferidas por los juzgados
administrativos14, cuando en ellas se han decretado reconocimientos que impongan al
erario o a fondos públicos la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, como ocurre en el sub lite15, es posible concluir
que esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la demanda de revisión
formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2009 por el
Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Luz Nery Escobar Agudelo.16

Legitimación

Conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión17, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos.

13
Véanse:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de octubre de 2020, radicación: 11001-
03-25-000-2020-00578-00 (1447-2020), demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones- FONCEP, demandado: Gloria Amparo Garzón de Rojas.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de octubre de 2020, radicación: 11001-
03-25-000-2020-00605-00 (1485-2020), demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones, FONCEP, demandado: Raúl Rincón Vásquez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 22 de septiembre de 2020, radicación:
11001-03-25-000-2020-00025-00 (0025-2020), demandante: Fondo De Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones, FONCEP. demandado: Ana Concepción Bojacá Rojas.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto 18 de noviembre de 2020, radicación: 11001-
03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020), demandante: Fondo de Prestaciones Económicas cesantías y
Pensiones, FONCEP, demandado: Clara Inés León Ramírez.
14
En este mismo sentido, se puede consultar: Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral.
Sentencia de 16 de febrero de 2010, radicado: 31082. Sobre el punto, la mencionada Corporación,
señaló que el legislador, con el objetivo de dotar de nuevos instrumentos jurídicos a aquella corporación
y al Consejo de Estado para hacer frente a la inclemente expoliación del tesoro público, les otorgó la
competencia para conocer de la acción de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
contra las decisiones proferidas por los juzgados, según su especialidad.
15
Mediante auto del 17 de septiembre de 2019, la demanda fue admitida contra la sentencia proferida
el 27 de marzo de 2009 proferida el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín.
16
La demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
17
Ibidem.

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8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
Es de anotar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió legitimación para
demandar a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, artículo 6, numeral 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para
iniciar acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.

Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 27 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Medellín quedó ejecutoriada el día 17 de abril de 200918.
Igualmente, es necesario precisar que la Corte Constitucional señaló que el término
de caducidad de cinco años para intentar este mecanismo no podrá contabilizarse para
la UGPP desde antes del 12 de junio de 2013 19.

Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 30 de noviembre de
201720, se concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto
por el artículo 251 del CPACA.

Acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200321 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan

18
Tal como se observa en la constancia de ejecutoria suscrita por la secretaria del Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín el 9 de febrero de 2012, obrante en el folio 300 del cuad. ppal.
19
Sentencia SU-427 de 2016.
20
Folio 14 cuad. ppal.
21
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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Demandante: UGPP
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»22.

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación23.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones24.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y

22
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
23
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
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sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira25.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 26.

Cuestión previa

En la contestación de la demanda la pensionada considera que se configuran la falta
de legitimación por pasiva, la cual pasará a analizarse.

Falta de legitimación por pasiva

En la contestación de la demanda, la señora Luz Nery Escobar Agudelo afirma que el
Juzgado Tercero Administrativo de Medellín debió ser vinculado como parte
demandada dentro del sub examine comoquiera que fue el que adoptó la decisión del
27 de marzo de 2009.

Al respecto, es preciso recordar que las partes que integran este nuevo proceso son
aquellas que, en virtud de su resultado puedan verse afectadas en el derecho
sustancial que fue objeto de controversia en las correspondientes instancias, que son,
por regla general, las mismas partes que participaron en ellas y, excepcionalmente,
terceros que tuvieron interés directo y que fueron vinculados al proceso original 27.

Por lo tanto, el Juzgado que profirió la decisión cuya revisión se pretende no puede
constituirse en parte demandada dentro del sub examine, comoquiera que es la señora
Luz Nery Escobar Agudelo, la titular del derecho en discusión, y, quien, eventualmente,
podría verse afectada con la decisión que se tome en el fondo del asunto. Por
consiguiente, resulta improcedente vincular al Juzgado que emitió la decisión.

En esas condiciones, no se configura la excepción de falta de legitimación por pasiva.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
27
Para el efecto véase:
Sala Segunda Especial de Revisión, auto del 9 de septiembre de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-
2019-03661-00, actor: Carmen Marlene Quintero Romero, demandado: Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)
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Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, al ordenar la liquidación de la pensión gracia de la señora Luz Nery Escobar
Agudelo, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por la docente
durante el año anterior al estatus de pensionada, sin exclusión de la prima de vida
cara, la prima de licenciado y la prima de clima?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La pensión gracia
de jubilación y iii) La verificación de la causal de revisión invocada en el caso particular y
concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»28. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación gracia a que tiene
derecho la señora Luz Nery Escobar Agudelo, debe liquidarse teniendo en cuenta la
prima de vida cara, la prima de licenciado y la prima de clima devengada por aquella
durante el año anterior a la consolidación del derecho pensional. En esa medida, se
debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión
ordenó reconocer debe ser reducido en la proporción equivalente a dicho emolumento,
a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad
social en pensiones.

28
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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La pensión de jubilación gracia

La pensión de jubilación gracia fue consagrada en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913,
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los
empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de
Instrucción Pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6, a completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en
diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar
para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de
jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Finalmente, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2.°, literal a), limitó la vigencia
temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]».

La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado29, pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión
gracia y en el que a propósito del artículo 15, puntualizó:

«[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral
2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento
de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […]».

Ahora bien, en cuanto a la liquidación de la pensión gracia, esta Corporación ha
sostenido30 que la norma aplicable es la Ley 4 de 1966 «por la cual se provee de nuevos
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto
de 1997. Actor: Wilberto Therán Mogollón.
30
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de septiembre de 2017,
radicación: 25000-23-42-000-2014-03742-01(3403-15), actor: Luis Felipe Moreno Pardo; del 6 de
diciembre de 2018, radicación: 19001-23-33-000-2014-00132-01(3514-16), actor: Paco Torres David;
del 21 de agosto de 2020, radicación: 66001-23-33-000-2014-00362-01 (3852-17), actor: UGPP; del 20
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recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e
invalidez y se dictan otras disposiciones», en su artículo 4, dispone:

«A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que
tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio mensual obtenido en el último año de servicios.».

La mentada disposición fue posteriormente reglamentada por el Decreto 1743 de 1966,
en cuyo artículo 5 dispuso que las pensiones deben ser liquidadas tomando como base
el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de
servicios.

Es preciso reseñar que la aplicación especial de la norma anterior impide hacer uso
de disposiciones del régimen ordinario, tales como la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de
1985, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 del Decreto 1160 de 1989,
dado que la pensión gracia es una prestación especial que, a pesar de encontrarse a
cargo del Tesoro Nacional, no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de
Previsión Social ni hacer aportes para el efecto.

Además, esta Corporación31 ha precisado que, a diferencia de las pensiones
ordinarias, ese último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o
consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a
devengarse, y que, dado su carácter especial, admite su compatibilidad con el salario
tratándose de docentes.

Prima de vida cara y prima de licenciado

Mediante los artículos 1 y 2 del Acuerdo 028 de 1977; el artículo 3, literal b) del Acuerdo
029 de 1978, y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, el Concejo Municipal de
Medellín creó y reguló la prima de vida cara para los empleados del orden municipal.
Dichos acuerdos fueron declarados nulos, por medio de la sentencia del 26 de julio de
2012 del Consejo de Estado, al encontrar configurada la falta de competencia de la
autoridad que los profirió.

La decisión se fundamentó en que las entidades territoriales no están facultadas para
crear factores salariales, como lo es la prima de vida cara y la prima de licenciado,
toda vez que a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968, que modificó el
artículo 76 de la Constitución de 1886, establecer el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos compete privativamente al Congreso de la República, y luego,

de septiembre de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-00153-01(4615-16), actor: Ángela Cuellar
de Sánchez; del 8 de octubre de 2020, radicación: 73001-23-33-000-2015-00592-01 (3679-16), actor:
Luis Alfonso Pérez Guarín; del 12 de noviembre de 2020, radicación: 41001-23-33-000-2013-90282-
01(4102-18), actor: UGPP; y del 29 de julio de 2021, radicación: 52001-33-31-002-2015-00657-01(0329-
20), actor: Carmen Alicia Delgado Ortiz.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 14 de abril de 2016, número interno 0633-2014.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 12 de julio de 2012, número interno 2029-2010.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de agosto de 2012, número interno 1837-2011.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
por mandato del literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de
1991, se dejó como una materia que debía ser regulada de manera concurrente entre
el legislador y el ejecutivo. Así lo expuso:

«el Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia para crear
emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos, pues
se arrogó facultades, que conforme a la normatividad transcrita, están reservadas
al Gobierno Nacional, potestad que éste ejecuta dentro de un marco trazado por
el legislador, en este caso inicialmente bajo la potestad del Acto Legislativo de
1968, luego a través de la Constitución de 1991 y finalmente mediante la Ley 4ª
de 1992.»32

Bajo el mismo razonamiento, la Corporación, en sentencia del 12 de abril de 2018,
declaró la nulidad de las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre de 1973, 033 del 30 de
noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de noviembre de 1981
y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981; actos mediante los cuales la Asamblea
Departamental y la Gobernación de Antioquia fijaron la prima de vida cara y la prima
de licenciado para los docentes oficiales vinculados al departamento. En aquella
oportunidad, indicó:

«La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para ordenar el
pago de una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho departamento,
a través de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981,
como tampoco la tenía el gobernador de Antioquia para expedir los numerales 3, 5
y 6 del artículo 1 del Decreto 001 Bis del 7 de enero de 1981 a través de los cuales
estableció una prima de clima y otras bonificaciones en favor de los docentes del
ente territorial, pues de conformidad con la reforma introducida por el Acto
Legislativo 1 de 1968 a la Constitución Política de 1886, las autoridades
administrativas del orden territorial no estaban habilitadas para crear factores
salariales ni prestacionales, dado que aquella estaba atribuida, de manera privativa,
en el Congreso de la República»33.

Verificación de la causal de revisión invocada

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003

Para comenzar, es de anotar que no se discute que la señora Luz Nery Escobar
Agudelo tenía derecho a la pensión gracia de jubilación. Inclusive, está demostrado
que nació el 20 noviembre de 195034 y laboró para el Departamento de Antioquia,
Secretaría de Educación, en el cargo de docente nacionalizado, entre el 28 de febrero
de 1973 y el 31 de diciembre de 2002 35. Lo anterior implica que adquirió el estatus de
pensionada el 20 de noviembre de 2000, cuando cumplió los 50 años de edad.

La Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución 012137 del 9 de mayo de
2001, reconoció en favor de la docente pensión gracia de jubilación, efectiva a partir

32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado: 05001-23-31-000-
2005-00971-01(1865-11).
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado
radicado 050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)
(acumulados), actor: Auditoría General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional
34
Según cédula de ciudadanía obrante a folio 245 del c. ppal.
35
Conforme al certificado laboral obrante en el folio 217 del cuad. ppal
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del 20 de noviembre de 200036. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75%
del salario promedio de lo devengado en los últimos doce meses de conformidad con
lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985. El factor que tuvo en cuenta en el cálculo
de la mesada fue la asignación básica. El estatus jurídico lo adquirió el 20 de
noviembre de 2000.

Ahora, la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia, certificó37 que la
señora Luz Nery Escobar Agudelo devengó los siguientes emolumentos entre
noviembre de 1999 y noviembre de 2000:

• Sueldo básico
• Prima de vida cara
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Prima de licenciado
• Vacaciones
• Bono calidad

La señora Luz Nery Escobar Agudelo pidió la reliquidación de la prestación con
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada. La solicitud se resolvió desfavorablemente, a
través de la Resolución 40060 del 14 de agosto de 200638.

Mediante la Resolución 33684 del 24 de julio de 2008 CAJANAL reliquidó la prestación,
elevando la cuantía a $879.601, efectiva a partir del 20 de noviembre de 2000, pero
con efectos fiscales a partir del 3 de agosto de 2001 por prescripción trienal.

El Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, en sentencia del 27 de marzo de 2009,
ordenó a CAJANAL EICE reliquidar la pensión de la señora Luz Nery Escobar Agudelo
con todos los factores percibidos durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, en los siguientes términos.

«[…] De acuerdo con las normas trascritas, este tipo de pensión especial; “Pensión
Gracia”, se liquida con fundamento en la remuneración, es decir, todo lo que recibe
el trabajador directa o indirectamente con ocasión de su relación laboral (Ley 65
de 1946), y no con base en los aportes, porque no se ha expedido una norma
especial que así lo disponga.
Por lo tanto la aplicación de las normas citadas, tiene su razón de ser en el hecho
de que se trata de un régimen especial, donde no existe el concepto de aportes o
cotizaciones, sino que es un “reconocimiento”, y de que el parágrafo del artículo
1º de la Ley 33 de 1985 lo excluyó expresamente de la reglas del régimen general
y ordinario contenida en esa misma ley.
[…]
Teniendo en cuenta que el derecho de la actora se consolidó el 20 de noviembre
de 2000, conforme a la Resolución 12137 del 9 de Mayo de 2001, que le otorgó la
pensión, tal como se indica en la Resolución Nro.40060 del 14 de agosto de 2006,
(fls 4), en la reliquidación de la pensión que por esta sentencia se ordenará, se
tendrá en cuenta todo lo devengado entre el 20 de Noviembre de 1999 y el 19 de
Noviembre de 2000, anotándose que además del sueldo básico, tenía para esa

36
Folios 54 a 55 del cuad. ppal.
37
De acuerdo con la certificación obrante en los folios 228 a 230 del cuad. ppal. También a folios 86 y
87 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 22 del sistema
informático SMAI
38
Folios 132 a 133 del cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
época registros de pago de primas de: vida cara, licenciatura, bono de calidad,
prima de navidad y prima de vacaciones.
[…]
Teniendo en cuenta que la demandante formuló la petición de reliquidación de la
pensión de jubilación, el día 3 de agosto de 2004 (fls. 2), en consecuencia, están
prescritas las mesadas pensionales, causadas antes del 2 de Agosto de 2001 […]

FALLA
1. NO PROSPERAN LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS por la
apoderada de la parte demandada.
2. DECLARASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, de las
mesadas causadas, antes del 2 de Agosto de 2001, teniendo en cuenta la
prescripción del derecho que emana de las leyes sociales.
3. DECLARÁSE LA NULIDAD de la Resolución número 40060 del 14 de
agosto de 2006, “POR LA CUAL SE NIEGA LA RELIQUIDACIÓN DE UNA
PENSIÓN GRACIA POR NUEVOS FACTORES SALARIALES”; proferida por la
Asesora de la Gerencia General de Prestaciones Económicas Grupo Docentes de
CAJANAL E.I.C.E., en cuanto no se incluyeron para la liquidación de la pensión
de jubilación todos los factores salariales.
4. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE A LA
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, a efectuar la reliquidación de la
pensión de jubilación a la señora LUZ MERY ESCOBAR AGUDELO incluyendo
las Primas de: Vacaciones, Vida cara, Navidad, Licenciatura y Bono de
Calidad, como factores salariales devengados durante el año anterior en que
adquirió o consolidó el STATUS de pensionada, esto es desde 20 de Noviembre
de 1999 hasta el 19 de Noviembre de 2000. La entidad demandada hará los
descuentos correspondientes por concepto de aportes no efectuados, para lo cual
también hará la actualización con la misma fórmula señalada en la parte motiva,
teniendo en cuenta además la prescripción de las mesadas causadas, antes de 2
de Agosto de 2001.[…]» (Ortografía, puntuación, gramática y negrillas del
texto original).

La entidad dio cumplimiento al fallo citado mediante Resolución UGM 029316 del 26
de enero de 201239.

Análisis de la Subsección

En el presente asunto, la UGPP no discute el derecho a la pensión gracia ni la norma
que se aplicó para su liquidación. La controversia gira únicamente en cuanto a la
inclusión de los factores prima de vida cara, prima de licenciado y prima de clima, por
lo que sobre ello se habrá de centrar el análisis.

Pues bien, de la relación probatoria que precede, se observa que, en la sentencia
objetada, el juez de instancia ordenó la liquidación pensional con base en lo previsto
en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, en armonía con el concepto de salario, entendido
como todo aquello que recibe el trabajador directa o indirectamente con ocasión de la
relación laboral, pues así se ha definido en los artículos 5 del Decreto 1743 de 1966,
2 de la Ley 5 de 1969 y 42 del Decreto 1042 de 1978 y en la jurisprudencia del Consejo
de Estado. Bajo esta interpretación, consideró que debía computarse todo lo percibido
por la docente en el año anterior a la consolidación del estatus jurídico de pensionada,
sin referirse a alguno en particular.

39
Folios 116 a 118 del cuad. ppal.
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Ahora bien, en relación con la prima de vida cara, conviene señalar que el Consejo de
Estado había venido admitiendo su inclusión en el IBL de la pensión graciosa, al
considerar que constituía factor salarial, sin perjuicio de que sobre ella se hubieren
efectuado aportes al sistema de seguridad social. Al respecto, se observa que en la
sentencia del 4 de agosto de 200540, la Subsección B de la Sección Segunda sostuvo:

«la pensión gracia no puede liquidarse con base en el valor de los aportes durante
el último año de servicios, como lo prescribe el inciso 1º del artículo 1º de la Ley
33 de 1985, toda vez que esta pensión, a pesar de estar a cargo del Tesoro
Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del
beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social ni hacer aportes para el efecto.
[…] Siguiendo las anteriores directrices jurisprudenciales, que ahora se ratifican,
la entidad demandada debe incluir para liquidar la pensión gracia las primas de
vida cara, navidad, vacaciones, alimentación y bono de Calidad, que obran en la
certificación expedida por la Gobernación de Antioquia (fl.16 a 18) porque,
conforme al artículo 5º del Decreto 1743 de 1966, la cuantía de la pensión gracia
a que tienen derecho algunos educadores se liquida con el promedio del 75% de
los salarios devengados en el último año de servicios, entendiendo como salario
la totalidad de los ingresos que recibe el trabajador por sus servicios».

En igual sentido, la Subsección A, en sentencias del 20 de abril de 2006 41 y el 8 de
febrero de 200742, ordenó la reliquidación de la pensión gracia con inclusión de la
prima de vida cara, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«cuando se trata de liquidar la pensión gracia debe tenerse en cuenta todo lo
percibido por el beneficiario durante el último año de servicios a la adquisición del
status pensional, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se haya efectuado
aportes a la Caja de Previsión.

[…] Es cierto que las pensiones especiales deben regularse por las normas
aplicables a ellas, y en el caso de la pensión gracia, al tenor de la Ley 114 de 1913
artículo 2º, se liquidaba atendiendo la mitad del sueldo que hubiere devengado el
docente durante los dos últimos años de servicios y en caso de que ellos hubieran
sido distintos, se tenía en cuenta su promedio. Sin embargo, posteriormente la Ley
4ª de 1966, […] en su artículo 4 previó: […]

Esta ley, como se expresó, no excluyó ninguna pensión de las percibidas por los
servidores oficiales, fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966 y allí se dijo
que para liquidar la pensión se tomaría como base el 75% del promedio mensual
de salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la adquisición
del status pensional. Es decir que se precisó a cuál promedio mensual se refería
la Ley 4ª de 1966.

Como se ha reiterado en diferentes ocasiones, la Ley 65 de 1946 definió el salario
o sueldo no solo como la asignación básica fijada por la ley sino como todas las
sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución por sus
servicios.» 43.

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2005, radicación:
05001-23-31-000-2003-00567-01(2509-05), demandante: María Isabel Ramírez Salazar.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2006, radicación:
05001-23-31-000-2002-00607-01 (9012-05), demandante: María Mabel Lopera Montoya.
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2007, radicación:
05001-23-31-000-2003-01405-01(8920-05), demandante: Blanca Cecilia Duque García.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de abril de 2006, radicación:
05001-23-31-000-2002-00607-01 (9012-05), demandante: María Mabel Lopera Montoya; y del 8 de
febrero de 2007, radicación: 05001-23-31-000-2003-01405-01(8920-05), demandante: Blanca Cecilia
Duque García.
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Posteriormente, a partir del año 2011, la Corporación varió su postura en casos en los
que se discutía el cómputo de la prima de vida cara en la liquidación de pensiones 44.
En efecto, estimó que este emolumento no podía ser tenido en cuenta en la pensión
gracia45, comoquiera que fue creado por las Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales sin competencia para ello. Lo anterior toda vez que, desde la reforma
constitucional de 1968, la definición del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos fue radicada privativamente en el Congreso de la República y ya
en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta potestad se atribuyó al legislador
y al gobierno nacional, de forma concurrente, así que, en ningún caso, ha podido
delegarse en las entidades territoriales.

No obstante, aun después de la adopción de esta última tesis, el Consejo de Estado
confirmó en segunda instancia las órdenes de reliquidación de la pensión de jubilación
gracia con inclusión de la prima de vida cara, emitidas por los tribunales
administrativos, sin hacer reparo alguno sobre el factor en comento. Ejemplo de ello
es, entre otras46, la sentencia proferida el 17 de agosto de 201147, en la que la Sección
Segunda de esta Corporación indicó:

«El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 18 de marzo de
2005, accedió a las súplicas de la demanda (fl. 79). Luego de realizar un breve
análisis normativo y jurisprudencial del caso, concluyó que la pensión gracia, por
tener carácter especial debía liquidarse con la totalidad de factores que
constituyen salario, devengados en el año anterior a la consolidación del
derecho, sin que sea viable la aplicación de las normas generales contenidas en
las Leyes 33 y 62 de 1985, cuya aplicación es inherente a los regímenes
ordinarios.

En virtud de lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social al momento de
efectuar el reconocimiento pensional respectivo, sólo tuvo en cuenta la
asignación básica percibida en el periodo referido, tal como se observa dentro
del acto de reconocimiento visible a folio 13 del expediente, omitiendo la inclusión
de la prima de navidad y la prima de vida cara efectivamente devengadas de
acuerdo a las certificaciones que aparecen a folios 29 y 38 del cuaderno

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2011, radicación:
05001-23-31-000-2005-00076-01 (2055-10), demandante: Nidia Rosa López Cruz.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2017,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02884-00(AC), actor: José Omar Barco Gallego.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014,
radicación: 111001-03-15-000-2014-01771-00(AC), actor: UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015, radicación:
105001-23-31-000-2008-00320-01 (3735-13), demandante: José Beltrán Arango Restrepo.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación:
05001-23-33-000-2013-01841-01(4080-15), actor: Eyda Córdoba Valencia.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, radicación:
05001-23-31-000-2012-00081-01(0619-14), actor: Ludivia Gómez Arroyave.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de junio de 2020, radicación:
05001-23-33-000-2014-01673-01(3668-18), actor: Elba Leticia Duque Vallejo.
46
Sobre el punto, también ver:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre 2012, radicación:
05001-23-31-000-2004-07186-01 (2376-11), actor: Carmen Marina Ramírez Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, radicación:
05001-23-31-000-2009-00619-01(2371-12), actor: Luis Alberto Blandón Mejía.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación:
05001-23-31-000-2008-00946-01(0443-13), actor: Juan José Agustín Gómez Hoyos.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2014,
radicación: 11001-03-15-000-2014-01771-00(AC), actor: UGPP.
47
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011,
radicación: 05001-23-31-000-2003-04414-02 (2029-10).
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principal, lo que sin duda alguna da lugar a la reliquidación de la pensión gracia
otorgada, tal como lo dispuso el a quo» (negrita de la Sala de Subsección).

Bajo este mismo razonamiento, en providencia del 24 de enero de 2013 48, señaló:

«es claro que en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los
factores salariales percibidos por la demandante, durante el año inmediatamente
anterior a aquél en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, para hacerse
merecedora a este reconocimiento pensional especial. En otras palabras, la
liquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados
al momento de la consolidación del status pensional.
[…]
En ese orden, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal que anuló las
resoluciones acusadas, por cuanto en el acto administrativo de reconocimiento de
la pensión gracia no se tuvo en cuenta lo percibido por la actora por concepto de
prima de navidad, prima de vida cara, prima de alimentación en el último año de
servicio, factores que se certificó como devengados por la docente la Gobernación
de Antioquia en documento visible a folios 4 a 6.
[…]
Conforme a lo anterior, la Sala comparte la decisión del Tribunal que ordenó la
inclusión de los factores salariales en la base de liquidación pensional y el
incremento a la cuantía pensional atendiendo el IPC al momento en que la
demandada adquirió el estatus pensional, en consideración a la perdida (sic) del
poder adquisitivo constante de su valor.» (negrita de la Sala de Subsección).

De acuerdo con lo anterior, no se desconoce que la prima de vida cara es un factor
salarial creado por entidades del orden territorial y, por esa razón, los actos a través
de los cuales fueron reguladas han sido declarados nulos por esta Corporación. Con
todo, se observa que la postura del Consejo de Estado, en cuanto a la posibilidad de
tener en cuenta este factor para la liquidación de la pensión gracia de jubilación ha
variado, pues, inicialmente, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
consideraron viable computarla en atención a su naturaleza salarial y, posteriormente,
se determinó que debía excluirse por haber sido creada sin competencia para el
efecto; empero, incluso tras este cambio de paradigma, ha habido casos en los que
se ha optado por mantener los reconocimientos pensionales que comprenden dicho
emolumento.

Ahora, en relación con la prima de licenciado se advierte que, si bien no se desconoce
su naturaleza extralegal, lo cierto es que, revisada la jurisprudencia sobre los factores
que se deben incluir para el cálculo de la pensión gracia, referida en párrafos
precedentes, se encontró que hasta el 2011 el Consejo de Estado sostenía la tesis de
que aquella prestación debía liquidarse teniendo en cuenta todo lo percibido por el
beneficiario durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional, en atención a las disposiciones contenidas en las Leyes 65 de 1946, 4ª de
1966 y el Decreto 1743 de 1966. Posición dentro de la cual era viable incluir el citado
emolumento. En efecto, mediante las sentencias del 7 de abril de 201149, 11 de febrero

48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 24 de enero de 2013, radicación:
05001-23-31-000-2004-06407-01(2435-11), actor: Nubia Rosa Benjumea Zuluaga.
49
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 05001-23-31-000-2002-01993-01 (0266-10), actor:
Héctor Hernán Correa Quintero, demandado: Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
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de 201550, 30 de marzo de 201751 y 27 de noviembre de 201752, la Sección Segunda
replanteó su postura y, consideró que los factores extralegales, tal como la prima de
licenciado, no puede incluirse en la liquidación pensional pues su acto de creación fue
expedido por el gobernador del departamento de Antioquia y la Asamblea
departamental sin competencia para ello.

Por otro lado, en cuanto a la prima de clima, se observa que, tal como lo señaló la
pensionada, este emolumento no fue devengado por la docente durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, no fue objeto de análisis por parte del
Juzgado Tercero Administrativo de Medellín y mucho menos se ordenó su inclusión
en la liquidación pensional, de ahí que no sea procedente efectuar algún
pronunciamiento sobre él.

Así las cosas, en el caso particular, la decisión de ordenar que se liquidara la pensión
gracia con todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus, sin
excluir expresamente la prima de vida cara y la prima de licenciado, era razonable,
comoquiera que, para el 27 de marzo de 2009, cuando se produjo la sentencia de
instancia, la jurisprudencia del Consejo de Estado era pacífica en el sentido de admitir
su inclusión y, de hecho, con posterioridad a esa fecha se emitieron decisiones que
permitían inferir la validez de dicha inclusión, sin que exista una posición unificada
sobre el punto. Por esa razón, no puede afirmarse que la providencia ahora analizada
se haya proferido de manera arbitraria o con un desconocimiento flagrante del
precedente aplicable.

Además, la señora Luz Nery Escobar Agudelo, en su condición de docente
nacionalizado del Departamento de Antioquia, devengó la prima de vida cara y prima
de licenciado en virtud de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y
17 de 1981 y el Decreto 001 Bis del 7 de enero de 1981, actos que fueron declarados
nulos hasta el año 2018, por lo que aún gozaban de la presunción de legalidad. Sobre
el particular, es de destacar que, a pesar de que en varias oportunidades se ha
señalado que los efectos de la nulidad de un acto administrativo se retrotraen su
nacimiento, también ha optado por mantener las situaciones jurídicas particulares y
concretas favorables que nacieron bajo su vigencia, conforme al principio de confianza
legítima53.

En estos términos, se infiere que el criterio aplicado por el juzgado en el sub examine
es razonable y no puede considerarse caprichoso ni arbitrario, pues se acompasa con
la tesis jurisprudencial vigente en ese momento en el Consejo de Estado.

50
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 05001-23-31-000-2008-00320-01 (3735-13), actor: José
Beltrán Arango Restrepo, demandado: Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación (hoy
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - U.G.P.P.)
51
Sección Segunda Subsección A, radicación: 05001-23-33-000-2012-00830-01 (1433-14), actor:
Oscar Hernando Duque Hoyos, demandado: Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
52
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 11001-03-15-000-2017-02884-00 (AC), actor: José
Omar Barco Gallego, demandado: Tribunal Administrativo e Antioquia y otro.
53
En este sentido se puede consultar la sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional. Del
Consejo de Estado pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 31 de octubre de 2019, radicado:
13001-23-31-000-2011-00455-01(3960-14) y del 14 de octubre de 2021, radicado:
11001032500020180030200 (1046-2018) de la Sección Segunda; y del 26 de septiembre de 2016,
radicado: 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC), de la Sección Cuarta.
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Demandante: UGPP

Por las razones expuestas, es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 54.

En conclusión: No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la liquidación de la pensión gracia de la señora
Luz Nery Escobar Agudelo, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados por el docente durante el año anterior al estatus de pensionada, sin
exclusión de la prima de vida cara y la prima de licenciado.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundada la acción de revisión contra la sentencia del 27 de marzo de 2009 proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 050013331000200600197.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación55 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

54
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00564-00 (4579-2019)
Demandante: UGPP
FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, contra la señora Luz Nery Escobar Agudelo con el fin de que
se infirme la sentencia del 27 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 050013331000200600197, promovido por la señora Luz Nery
Escobar Agudelo contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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