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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00861-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00861-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declárese fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de 2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 680013331007200800043, al configurarse la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Segundo: Infírmese la sentencia referida. En consecuencia, se dispone: Revóquese la sentencia proferida el día 28 de febrero de 2011, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José Antonio Ortega Moreno en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Deniéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero: Sin condena en costas. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00861-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

25 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
UGPP
Demandado: LUZ MARINA FERREIRA ACEVEDO Y NATHALIE ORTEGA
FERREIRA1

Temas: Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de
2003. Reintegro de aportes al sistema de seguridad social, pensión
gracia.

SENTENCIA DE REVISIÓN
O-048-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 3 de noviembre de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Antonio Ortega Moreno
contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, con radicado
680013331007200800043.

ANTECEDENTES

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor José Antonio Ortega Moreno, por intermedio de apoderado y en ejercicio
de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó2 la nulidad del Oficio
GN-15636 del 14 de agosto de 2007, mediante el cual la Caja Nacional de Previsión

1
Mediante Resolución RDP 026216 del 25 de junio de 2015 la UGPP reconoció pensión de
sobrevivientes en favor de las señoras Luz Marina Ferreira Acevedo y Nathalie Ortega Ferreira, en
calidad de cónyuge e hija respectivamente, del señor José Antonio Ortega Moreno.
2
Folios 5 a 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Social EICE negó el reintegro del 7% de lo que por concepto de aportes a salud ha
descontado a la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó
condenar a la entidad demandada a: i) reintegrar en un 7% los descuentos
efectuados sobre su pensión gracia por concepto de aportes a salud, con
retroactividad desde la fecha en la que adquirió dicha prestación, de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993, 4ª de 1966, 33 de 1985, 71
de 1988 y 91 de 1989; ii) pagar la indexación sobre las sumas adeudadas, conforme
al IPC; iii) pagar los intereses moratorios y las costas procesales y iv) cumplir la
sentencia conforme lo dispone el artículo 176 y siguientes del CCA.

Fundamentos fácticos

1. Por medio de la Resolución 19428 del 13 de agosto de 2001, CAJANAL
reconoció una pensión gracia de jubilación al docente José Antonio Ortega Moreno,
a partir del 31 de octubre de 1984 pero con efectos fiscales desde el 23 de
septiembre de 1994.

2. El mencionado acto administrativo dispuso deducir de cada mesada
pensional el valor correspondiente para los servicios médico-asistenciales, en virtud
de la Ley 100 de 1993.

3. El 4 de mayo de 2007, el demandante solicitó a la entidad pensional
suspender el descuento de los aportes con destino al servicio de salud que supere
el 5% y la devolución de aquellos que ya le fueron efectuados en exceso.

4. Por medio del Oficio GN 15636 del 14 de agosto de 2007, la Caja Nacional
de Previsión Social, EICE, Subdirección de prestaciones Económicas, Grupo de
Nómina, negó el reintegro de los aportes descontados, así como la suspensión de
dichas deducciones. Para el efecto, la entidad manifestó que, de acuerdo con el
artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 en armonía con la Ley 100 de 1993, todos los
pensionados tienen la obligación legal de efectuar cotizaciones al FOSYGA.

Como normas vulneradas invocó los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 6ª de 1945,
4ª de 1966, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989.

Explicó que el acto objeto de demanda desconoce las disposiciones
constitucionales y legales que rigen el derecho pensional del demandante, pues
descuenta de la pensión gracia un porcentaje, por concepto de aportes a salud,
mayor al que permite la ley. En ese sentido, aseveró que al estar autorizado
solamente un 5%, la entidad debe reintegrar el 7% restante en favor del pensionado.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Agregó que el descuento del 12%, por concepto de salud, contenido en la Ley 100
de 1993 no resulta aplicable al demandante comoquiera que este pertenece a un
régimen especial, dentro del cual se prevé un porcentaje inferior.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

CAJANAL se opuso a las pretensiones de la demanda. Arguyó que tal como lo prevé
el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 todas las personas se encuentran en la
obligación de efectuar aportes por concepto de salud.

A continuación, formuló las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE LA CAUSA PETITA»: Sobre este punto, explicó que, si
bien, los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, ello no implica
que se encuentren exentos de efectuar los aportes correspondientes al sistema de
salud. Agregó que así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 1996
declaró exequible el inciso 2.º del artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

• «PRESCRIPCIÓN»: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones de
la demanda, declare la prescripción trienal de las sumas no reclamadas en tiempo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 4

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, el 28 de febrero de 2011, dictó
sentencia en la que declaró la nulidad del acto administrativo demandado, le ordenó
a CAJANAL abstenerse de seguir efectuando el descuento del 12% de la mesada
pensional por concepto de aportes a salud y la condenó a reintegrar las sumas que
fueron deducidas desde el 4 de mayo de 2004, por prescripción trienal, hasta la
fecha de ejecutoria de dicha providencia, debidamente actualizadas. Las
consideraciones que sirvieron de fundamento fueron las siguientes:

Para comenzar, recordó que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 136 del
CCA, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán ser demandados en
cualquier tiempo. De ahí que concluyó que en el sub lite no había operado la
caducidad, comoquiera que en el oficio objeto de nulidad se resolvió sobre la
devolución de los aportes por concepto de salud que se efectúan sobre la pensión
del demandante. Seguidamente, advirtió que en contra del acto demandado no
procedía ningún recurso, por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 63 del
CCA, la vía gubernativa se encuentra agotada.

Luego, analizó si el hecho de devengar la pensión gracia implica que el demandante
se encuentra dentro de los supuestos del artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, de
acuerdo con el cual los pensionados que reciban ingresos adicionales no pueden

3
Folios 52 a 53 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4
Folios 205 a 275 del cuaderno principal.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

utilizar simultáneamente los servicios de salud de los regímenes general y del
exceptuado, sin embargo, sí deben realizar cotizaciones al FOSYGA. A partir de la
normativa que regula la pensión gracia otorgada al personal docente, esto es, la
contenida en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989,
concluyó que, dado que la prestación se deriva de la calidad de docente, no puede
desconocerse su condición de afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y, en esa medida, no es destinatario de los descuentos a salud
regulados por la Ley 100 de 1993.

Seguidamente, indicó que el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no hizo referencia
a los beneficiarios de la pensión gracia, que es un derecho de carácter especial, por
lo tanto, «su reconocimiento es directo e independiente de cualquier otra situación
ordinaria». También, se refirió a la Ley 812 de 2003, para precisar que en el artículo
81, extendió las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 a los
docentes oficiales, de ahí que deben efectuar cotizaciones a salud en las
proporciones señaladas en dicha ley. No obstante, interpretó que el personal
vinculado con anterioridad a la promulgación de la referida norma continuaría
exceptuado del régimen establecido en la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia de lo anterior, el a quo tuvo en cuenta que el señor José
Antonio Ortega Moreno se vinculó al servicio educativo estatal antes de 1980, por
ende, no le resultan aplicables las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de
2003 y 1122 de 2007. Por lo tanto, estimó que el descuento para salud del 12% de
sus mesadas pensionales no tiene sustento legal, por lo cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACION

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de alzada en el
que destacó que los descuentos y consecuentes aportes para la salud que se
efectúan sobre salarios, pensiones u otro tipo de ingresos al trabajador
independiente, tienen el carácter de contribuciones parafiscales. Es decir, que
constituyen un gravamen impuesto por la ley respecto de un determinado grupo
social o económico y que se utiliza en beneficio del mismo sector, tal como lo
dispone el artículo 2 de la Ley 225 de 1995. En ese mismo sentido, consideró que
no puede desconocerse que la seguridad social es un servicio público que debe
prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y en garantía de los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Bajo esa misma línea argumentativa, señaló que, tal como lo ha sostenido la Corte
Constitucional 5, es razonable que el legislador determine que sobre las pensiones
se efectúen unas cotizaciones con destino al sistema de salud, habida cuenta de
que tal servicio no es gratuito, sino que se financia con el aporte de todos los
beneficiarios.

5
Citó la sentencia C-126 de 2000

5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Más adelante, indicó que en la Ley 4.ª de 1966, así como en los Decretos 1743 de
1966 y 1848 de 1969 se dispuso que los afiliados a CAJANAL debían cotizar para
efectos de salud un 5% de su mesada pensional. Asimismo, que aquel porcentaje
se aumentó a un 12% con la expedición de la Ley 100 de 1993. A continuación,
estimó que la cotización al sistema de pensiones y salud de los docentes no puede
ser inferior al monto que prevén las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en armonía
con el Decreto 4928 de 2007, a saber, del 16% para el primero y del 12% para el
segundo.

Finalmente, concluyó que en cabeza del pensionado esta el deber de contribuir al
sistema en virtud de los principios de eficiencia, universalidad, racionabilidad y
sostenibilidad financiera.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 6

El Tribunal Administrativo de Santander, el 3 de noviembre de 2011 profirió decisión
de segunda instancia, mediante la cual confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, el 28 de febrero de 2011, con
fundamento en lo siguiente:

Explicó que los docentes oficiales están exceptuados del régimen general, en virtud
del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y que, la norma que les aplica es la Ley 91
de 1989, que en su artículo 8 prevé que «El 5% de cada mesada pensional que pague
el Fondo incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados» . Agregó
que, si bien la Ley 812 de 2003 niveló el monto de los aportes que deben hacerse
por los destinatarios del régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989 con los
que efectúan quienes se regulan por la Ley 100 de 1993, lo cierto es que esta
disposición aplica únicamente a los docentes vinculados a partir de la promulgación
de la referida Ley 812 de 2003.

En ese orden, al analizar el sub examine expuso que, dado que el demandante
ingresó al servicio con anterioridad a 1980, no le resultan aplicables las
disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2007 y 1122 de 2007. Sostuvo que
esta normativa modificó aspectos concernientes a la cotización en el sistema de
Seguridad Social en Salud. Enfatizó que los descuentos en una cuantía del 12% no
tienen soporte legal.

Por último, precisó que los descuentos efectuados con anterioridad al 4 de mayo de
2004 se encuentran prescritos, tal como lo sostuvo el a quo.

6
Folios 429 a 435 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

ACCIÓN DE REVISIÓN 7

La UGPP presentó acción de revisión con fundamento en el artículo 20, literales a.)
y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables ».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó: i) «Revocar» la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de 2011,
que confirmó la decisión emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga el 28 de febrero de 2011, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo el radicado 680013331007200800043; ii)
Declarar que CAJANAL carecía de legitimación en la causa por pasiva y iii) Declarar
que sobre la pensión gracia reconocida en favor del señor José Antonio Vega
Moreno, sustituida a las señoras Luz Marina Ferreira Acevedo y Nathalie Ortega
Ferreira, deben realizarse los descuentos por concepto de salud, según la Ley 100
de 1993.

Para fundamentar la demanda, dividió su exposición en dos acápites según las
causales anunciadas, así:

i) El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso.

Al respecto, adujo que el desconocimiento del debido proceso derivaba de la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Caja Nacional de Previsión
Social EICE en liquidación (hoy UGPP), ya que esta entidad no era la destinataria
ni depositaria de los recursos que se recaudaban para el Sistema de Seguridad
Social en Salud.

De otro lado, aludió al artículo 14 del Decreto 1703 de 2002 para destacar que, si
bien los descuentos por concepto de Seguridad Social en Salud los efectúa la
entidad, los recursos de las pensiones son girados al Fondo de Solidaridad y
Garantía, Fosyga, que de acuerdo con el Decreto 1283 de 1996, es una cuenta
adscrita al Ministerio de Salud.

ii) La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo
con la ley.

En relación con esta causal, precisó que se configuraba al haber accedido al
reintegro de las sumas que por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia
le habían sido deducidas al causante. Para el efecto, explicó que los descuentos
con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud tenían fundamento

7
Folios 24 a 35 del cuad. ppal. Subsanación de la demanda folios 164 a 167 del cuad. ppal.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los
pensionados deben encontrarse afiliados y, por ende, realizar las cotizaciones al
tenor del artículo 160 ibidem, numeral 3.

En tal virtud, afirmó que el aporte al régimen contributivo, actualmente fijado en un
12.5% por el artículo 204 de la citada ley, modificado por el artículo 10 de la Ley
1122 de 2007, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia
porque estos no hacen parte de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, aunque en principio pueda generarse la apariencia de que sí lo son.

Sobre el punto, explicó que, si bien el inciso 2 de la disposición en comento exceptúa
del Sistema General de Seguridad Social a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cierto es que lo hace en cuanto a las
prestaciones que asume dicho fondo, pero por disposición del parágrafo 2 de la
misma norma, la pensión gracia no está a cargo de aquel sino de la Caja Nacional
de Previsión Social, hoy UGPP. Por el mismo motivo, agregó que, tampoco resulta
aplicable el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 a la pensión gracia.

Finalmente, en relación con la improcedencia del reembolso de los descuentos a
salud de la pensión gracia, hizo referencia a la sentencia T-359 de 2009 proferida
por la Corte Constitucional. Con base en ella, sostuvo que la orden judicial objeto
de reproche desconoce (i) que incluso antes de la Ley 100 de 1993 los pensionados
de Cajanal contribuían con el 5% de su mesada pensional para financiar los
servicios de salud, por mandato del artículo 2 de la Ley 4 de 1966; (ii) que al entrar
en vigencia aquella norma se estableció de manera general una tasa inicial de
cotización del 12% y (iii) que para evitar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían
las pensiones reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 en razón a ese
incremento en la tasa de cotización, el artículo 143 de la citada Ley 100 de 1993
concedió un reajuste mensual de las mesadas en la misma proporción.

Finalmente, solicitó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia objeto
de acción de revisión, de conformidad con el artículo 238 de la Constitución Política
y el 229 del CPACA. Por medio del auto del 24 de octubre de 2018 8, se negó por
improcedente la medida cautelar.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN

Nathalie Ortega Ferreira 9

La señora Nathalie Ortega Ferreira, mediante apoderado, contestó la demanda y
pidió rechazarla por improcedente. Consideró que la UGPP pretende reabrir un
debate sobre los descuentos que por concepto de salud se efectúan a la pensión
gracia, el cual ya tuvo lugar ante los jueces de instancia. En ese mismo sentido,

8
Folios 297 a 299 del cuad. ppal.
9
La demandada Nathalie Ortega Ferreira fue notificada personalmente del auto admisorio de la
demanda el día 15 de febrero del 2021 (índice 30- Expediente digital: ítem 11, folio 2).

8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

recordó que, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia T-589 de
2003, la acción de revisión no es un mecanismo paralelo, ni un medio para revivir
los términos, interponer nuevos recursos o remediar las falencias cometidas dentro
del proceso ordinario. En otras palabras, afirmó que la acción de revisión no puede
considerarse como una tercera instancia.

En todo caso, aseveró que no existe falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de CAJANAL (hoy UGPP), en primer lugar, porque esta entidad tiene
personería jurídica, lo cual la habilita para ser parte en un proceso, y, en segundo,
porque era su función hacer los descuentos que por concepto de salud se efectúan
a la pensión gracia.

De otra parte, indicó que la entidad pensional no ha cumplido con la orden dada por
el Tribunal Administrativo, en la decisión objeto de revisión, por lo que no es
plausible afirmar que aquella ha sufrido un detrimento en su patrimonio.

Finalmente, estimó que la demanda se presentó vencido el término legal, motivo por
el cual solicitó su rechazo.

Luz Marina Ferreira Acevedo 10

La parte demandada presentó de forma extemporánea la contestación de la acción
de revisión tal como se advirtió en auto del 29 de octubre de 2021 11.

CONSIDERACIONES

• Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 12.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de

10
La demandada se notificó personalmente el 31 de octubre de 2019, tal como consta en el folio 317
del cuad. ppal.
11
Índice 34 del sistema informático SAMAI.
12
En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto de
2009.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación. […]».

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 13:

«[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo
un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

[…]

Sección segunda
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la
competencia de esta sección. […]».

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de
2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se confirmó la
decisión emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga el 28 de
febrero de 2011.

Legitimación

Sobre el particular, conviene señalar que, respecto de la legitimación de la UGPP
para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer
pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la
siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho,
en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión 14, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos.

13
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14
Ibidem.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la
UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter que hayan tenido a su cargo
el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se
decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión
Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que
estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto
dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones
asumidas por ese organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió
la legitimación como demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que
comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró
terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
Adicionalmente, el Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la
competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión.

La acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 15 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

15
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».

11

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 16.

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional,
entre los cuales se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación 17.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones 18.

• Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira19.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció

16
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003.
17
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
18
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).

12

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 20.

Cuestión previa – Oportunidad

Teniendo en consideración el argumento expuesto por la señora Nathalie Ortega
Ferreira, la Subsección advierte lo siguiente:

En el caso sub examine la ejecutoria del fallo objeto de revisión ocurrió en vigencia
del CCA, el cual en su artículo 187, de manera general, decretaba que el término
para la presentación de la demanda de revisión era de dos años contados a partir
del día siguiente de la ejecutoria.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, preveía que la acción de revisión
podía ser presentada «en cualquier tiempo». No obstante, esta expresión fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-835 de
2003, dentro de la cual determinó que: «mientras el legislador establece un nuevo plazo,
se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario
de revisión ante el Consejo de Estado».

En estos términos, teniendo en consideración que el 2 de julio de 2012, entró en
vigor el CPACA, y que, respecto de las causales contenidas en la Ley 797 de 2003,
señaló un término de cinco años, es viable colegir que el término que deberá
atenderse para contabilizar la caducidad de la acción de revisión será el contenido
en el CPACA.

Lo anterior, en armonía con lo expuesto por la misma corporación en sentencia SU-
427 de 201621, en la que precisó que en los eventos en los que el recurrente sea la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, el término de caducidad de cinco años para interponer la
acción de revisión no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013,
comoquiera que fue tan solo en esta fecha que la mencionada entidad asumió la
defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la extinta Caja Nacional de
Previsión Social, CAJANAL. Textualmente expresó:

«Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias
judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo
que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
21
Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el
término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte
que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la
providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la
caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional
que afrontaba Cajanal[136], por lo que la Sala estima pertinente entender que el
plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día
en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir,
con posterioridad al 12 de junio de 2013.
[…]
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer
el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido
en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de
junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Así pues, teniendo en cuenta que la providencia del 3 de noviembre de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander cobró ejecutoria en vigencia
del CCA, en principio, es razonable colegir que el término de caducidad que habrá
de exigirse será el previsto en dicha normativa, esto es, dos años contados a partir
de la ejecutoria de la decisión.

No obstante, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en las sentencias citadas
en precedencia, en atención al estado de cosas inconstitucional en que se
encontraba la extinta CAJANAL EICE; que en el CPACA se señaló que el término
de caducidad para interponer la acción de revisión, de que trata la Ley 797 de 2003,
sería de 5 años, y, que solo hasta el 12 de junio de 2013 se inició la sucesión
procesal y defensa judicial de los asuntos a cargo de aquella por parte de la UGPP,
es plausible concluir que el término de caducidad al que deberá someterse esta será
de cinco años, los cuales no podrán contabilizarse antes del 12 de junio de 2013.

En estos términos, se advierte que la sentencia objeto de revisión, proferida el 3 de
noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, se notificó mediante
edicto que permaneció fijado entre el 21 y 23 de noviembre de 2011 22 y quedó
ejecutoriada el día 23 de los mismos mes y año 23. Así las cosas, teniendo en cuenta
que el artículo 251 del CPACA previó cinco años para promover la acción de revisión
y, que la Corte Constitucional señaló que dicho periodo no podrá contabilizarse
desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que la UGPP asumió la defensa
judicial de los asuntos que tenía CAJANAL, es posible concluir que como la
demanda se presentó el 7 de noviembre de 2017 24, aquella se encuentra en tiempo.

22
Folio 437 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
23
Folio 442 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
24
Folio 296 vuelto cuad. ppal.

14

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Problemas jurídicos

El problema jurídico que se debe resolver se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿ Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 3 de noviembre de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por haber condenado a CAJANAL EICE en
Liquidación (hoy UGPP) a la devolución de los dineros que descontó en una suma
superior al 5%, sobre la pensión gracia del señor José Antonio Ortega Moreno por
concepto de aportes a salud, sustituida en favor de las señoras Luz Marina Ferreira
Acevedo y Nathalie Ortega Ferreira?

2. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 3 de noviembre de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que sobre la pensión gracia
proceden las deducciones de cotizaciones a salud en porcentaje del 5% y no del
12%?

Primer problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por haber condenado a CAJANAL EICE en
Liquidación (hoy UGPP) a la devolución de los dineros que descontó, en una suma
superior al 5%, de la pensión gracia del señor José Antonio Ortega Moreno por
concepto de aportes a salud, sustituida en favor de las señoras Luz Marina Ferreira
Acevedo y Nathalie Ortega Ferreira?

Análisis de la configuración de la causal de revisión prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La parte demandante consideró que se estructura esta causal en la medida en que,
al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudan para el
Sistema de Seguridad Social en Salud, carecía de legitimación en la causa por
pasiva en lo relativo a la orden de devolución del dinero que ya se había deducido
de la pensión gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al
debido proceso.

Pues bien, revisado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Subsección advierte que el señor José Antonio Ortega Moreno demandó la nulidad
del Oficio GN-15636 del 14 de agosto de 2007, mediante el cual CAJANAL EICE
negó la devolución de cotizaciones por concepto de salud efectuadas a la pensión
gracia. Asimismo, que, mediante auto del 6 de junio de 2008 25, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga admitió la demanda en contra de la referida entidad,

25
Folios 38 a 39 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

quien la contestó dentro del término de ley y pidió denegar las pretensiones, habida
cuenta de que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, ello no implica
per se que estén exentos de cotizar al sistema de seguridad social en salud; propuso
como excepciones la «INEXISTENCIA DE LA CAUSA PETITA» y
«PRESCRIPCIÓN».

Igualmente, que, a través de sentencia del 28 de febrero de 2011, el Juzgado
accedió a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el señor José
Antonio Ortega Moreno se vinculó al servicio educativo estatal antes de 1980, por
ende, no le resultaban aplicables las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de
2003 y 1122 de 2007. Por lo tanto, estimó que el descuento para salud del 12% de
sus mesadas pensionales no tiene sustento legal y condenó a CAJANAL EICE a
reintegrar las sumas que fueron deducidas desde el 4 de mayo de 2004, por
prescripción trienal.

Adicionalmente, aun cuando la entidad pensional interpuso recurso de apelación en
contra de la decisión anterior, sus argumentos de reproche se circunscribieron a
que los pensionados beneficiarios de la pensión gracia tienen la obligación legal y
constitucional de efectuar cotizaciones con destino al sistema de seguridad social
en salud. En su criterio, no puede desconocerse que la seguridad social es un
servicio público que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, y en garantía de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En
razón a ello, en sentencia de segunda instancia proferida el 3 de noviembre de 2011,
el Tribunal Administrativo de Santander examinó los razonamientos esgrimidos y
confirmó la decisión apelada.

Así las cosas, durante el trámite ordinario la extinta CAJANAL EICE al contestar la
demanda no alegó la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» ni
tampoco discutió la calidad en la que actuaba dentro del proceso en sede de
apelación.

En otras palabras, dentro del dossier no fue objeto de análisis la falta de legitimación
en la causa por pasiva, habida cuenta de que no fue alegada por la parte
demandada y, adicionalmente, porque los jueces de instancia no la encontraron
probada. De tal suerte que no es viable aducir una vulneración al debido proceso
frente a una situación que no fue puesta en consideración de los jueces de instancia
para ser analizada. Así como tampoco pretender subsanarla en sede de revisión,
pues esta acción no se instituyó para corregir los yerros probatorios que cometieron
las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la
gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

Con todo, la Subsección estima importante precisar que CAJANAL EICE realizó los
referidos descuentos con apoyo en los artículos 157, 202, 203, 204 y 279 de la Ley
100 de 1993, normas que, con independencia de la legalidad o no de la práctica de
esta deducción en el caso concreto, cuestión que será abordada en el siguiente
problema jurídico, les asignaban a las administradoras de pensiones, como

16

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

pagadoras de tal prestación, la competencia para realizarlo. En el caso particular de
CAJANAL, el artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de
«[…] Efectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos
establecidos por la ley […] ».

Es cierto que, aunque la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación
efectuaba las deducciones en comento, no era la receptora final de dichos recursos
económicos ya que aquellos, al hacer parte del Sistema de Seguridad Social en
Salud, debían ser girados al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA (hoy
ADRES), donde se le imprimiría la destinación adecuada. Así lo dispone el artículo
14, inciso 2, del Decreto 1703 de 2002, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 14. Régimen de excepción. Para efecto de evitar el pago doble de
cobertura y la desviación de recursos, las personas que se encuentren
excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, no podrán utilizar simultáneamente los servicios del Régimen de
Excepción y del Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizantes
o beneficiarios.

Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción
tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté
obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, su
empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva
cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto defina el
Ministerio de Salud. Los servicios asistenciales serán prestados,
exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones
económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán
cubiertas por el Fosyga en proporción al Ingreso Base de cotización sobre el
cual se realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los
trámites respectivos.» (Negrillas de la Sala).

Establecido lo anterior, la Sala concluye que no es de recibo el argumento de la hoy
demandante en revisión, quien en el proceso primigenio se encontraba legitimada
en la causa por pasiva no solo de hecho, al haberse dirigido en su contra la demanda
ordinaria, sino también materialmente, pues fue la entidad que emitió el acto
administrativo demandado, esto es, el Oficio 00787351 del 13 de marzo de 2008.

Esta última legitimación no logra desvirtuarse por el hecho de que el dinero
correspondiente a los aportes de salud debiera ser trasladado al Fondo de
Solidaridad y Garantía (hoy ADRES).

Ahora, sería una afrenta a la proporcionalidad imponerle al pensionado la carga de
reclamar ante el FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del a quo, le fue
descontado en exceso de sus mesadas sin justificación jurídica por la Caja Nacional
de Previsión Social EICE en liquidación, a quien, en virtud de la sentencia objeto del
actual recurso, le correspondía proceder con la devolución ordenada para, en un
segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el FOSYGA (hoy ADRES)
tendiente a la devolución de tales recursos.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía extraordinaria, toda vez que la
falta de legitimación en la causa por pasiva que la hoy demandante acusó como
violatoria del derecho al debido proceso no se presentó.

Segundo problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, al considerar que sobre la pensión gracia proceden
las deducciones de cotizaciones a salud en porcentaje del 5% y no del 12%?

Análisis de la configuración de la causal de revisión contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, así

«[…] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas […] b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]».

En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797
de 2003 se observa que la misma obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […] »26. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma y en particular del artículo 20 ibidem estaba el de reducir
el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de
ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de
conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro
de tales parámetros ya que lo que se ha de dilucidar es si sobre la pensión gracia
reconocida en favor del señor José Antonio Ortega Moreno y sustituida a las
señoras Luz Marina Ferreira Acevedo y Nathalie Ortega Ferreira, con ocasión del
fallecimiento de aquel, debe practicarse el descuento para salud propio del Sistema
General de Seguridad Social en el porcentaje que consagra la Ley 100 de 1993 y,
en esa medida, si la mesada que se les paga mensualmente debe verse reducida
en la misma proporción de dicho aporte a efectos de contribuir a la sostenibilidad
financiera de aquel.

26
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

18

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

• La pensión gracia como prestación sujeta a descuentos en salud

El propósito que pretendió satisfacer el legislador con la consagración de la pensión
gracia fue el de compensar el poder adquisitivo de los maestros de primaria del
sector oficial vinculados a entidades territoriales, cuya remuneración era baja con
relación a la de los educadores del nivel nacional, debido a la escasez de recursos
de los departamentos y municipios para cumplir con las obligaciones laborales a su
cargo. Ello permitió que, de manera simultánea, se pudiera ser acreedor de la
pensión de jubilación territorial (pensión ordinaria) y de la nacional (pensión gracia),
sin que en ningún escenario ambas prestaciones pudieran provenir de recursos
nacionales.

En principio, el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 concedió esta prestación económica
para los maestros de las escuelas de primaria oficiales, pero luego se ampliaría
dicho beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y
a los inspectores de instrucción pública atendiendo a las condiciones definidas en
la Ley 116 de 1928. Tiempo después, de conformidad con la Ley 37 de 1993, los
maestros de escuela que completaran el tiempo de servicio legalmente exigido en
establecimientos de enseñanza secundaria también podrían hacerse beneficiarios
de dicha prestación.

Con posterioridad, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que
estaba siendo prestado y financiado por los departamentos y municipios pasó a
redefinirse como un servicio público a cargo de la Nación en virtud de lo dispuesto
en la Ley 43 de 1975, que introdujo un proceso gradual de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como propósito equiparar las
condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los
del nivel nacional.

El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, además de restringir el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, consagró expresamente la compatibilidad de esta
prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación […]».

Como puede advertirse, la norma en cuestión exceptuó la regla que impedía que la
pensión gracia y la ordinaria de jubilación fueran ambas de carácter nacional, lo que
se permitió única y exclusivamente respecto de los docentes departamentales y

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

municipales que, a 31 de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso
de nacionalización que implantó la Ley 43 de 1975 27. En similar sentido, el artículo
6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:

«[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]».

De otro lado, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 81 de 1976; en el artículo 15, numeral 2, literal a), de
la Ley 91 de 1989 28 y en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2 29. Como quedó
explicado, en la actualidad la pensión gracia es asumida por la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Con la expedición de la Ley 4 de 1966 los aportes para financiar los servicios de
salud se hicieron obligatorios, sin excepción alguna, para todos los pensionados por
dicha caja. Así lo previó el parágrafo del artículo 5 ibidem al señalar:

«[…] Artículo 2º.- Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de
Previsión Social, cotizarán con destino a la misma así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de
afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Decreto
Nacional 1743 de 1994
Parágrafo.- Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por
ciento (5%) de su mesada pensional […]» (Negrillas de la Sala).

27
Sobre el alcance del numeral 2.º, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede verse la
sentencia proferida el 26 de agosto de 1997 por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado.
28
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones: […] 2. Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación […]
29
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […] PARÁGRAFO
2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales […]

20

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 impuso una tasa de cotización del 12% para financiar
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y consagró en su artículo 280 lo
siguiente:

«[…] Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los
fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en
los artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las
instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por
cualquier circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en
esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará
del 7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización
para solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del
12% […]» (Negrillas de la Sala).

El debate que subyace a la presente controversia radica en establecer si dicha tasa
resulta aplicable a la pensión gracia por haber sido impuesta sin distinción alguna a
todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud o si, el régimen de
excepción que consagra el artículo 279, excluye de su aplicación a las pensiones
gracia.

La Sala es de la primera tesis referida, pues considera que el precepto en cuestión
fijó en forma general una tasa de cotización en aras de financiar el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, teoría que va en consonancia con los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera que rigen la materia.

Lo anterior teniendo en consideración que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado
por la Ley 91 de 1989 de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social
previsto en aquella, excepción que debe interpretarse en modo restringido, lo que
impone entender que solo aplica en lo que se refiere a las prestaciones que asume
aquel fondo30, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia que, como se dijo,
correspondía inicialmente a la Caja Nacional de Previsión Social y, ahora, a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.

Al no encontrarse exceptuados los docentes de la aplicación de la Ley 100 de 1993
en lo que hace a la pensión gracia, les es aplicable el artículo 157 ibidem, literal a),
numeral 1, en cuanto prevé la afiliación obligatoria de los pensionados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, así:

«[…] Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad
social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como
participantes vinculados.

30
Corte Constitucional, sentencia C-369 de 2004.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema
mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del
título III de la presente Ley […]» (Subraya la Sala).

Asimismo, sirve de fundamento a esta posición el artículo 52 del Decreto 806 de
199831, «por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud
y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud
y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional », que en su artículo 52
dispone:

«[…] Artículo 52. Concurrencia de empleadores o de administradoras de
pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o
reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la
totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinte salarios mínimos
mensuales legales vigentes32, en una misma Entidad Promotora de Salud,
informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones
correspondientes.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, la persona
responderá por el pago de las sumas que en exceso deba cancelar el Fondo de
Solidaridad y Garantía a diferentes EPS por concepto de UPC. Cuando las EPS
hayan reportado oportunamente la información de sus afiliados en los términos
establecidos en el presente decreto, no estarán obligadas a efectuar reembolso
alguno.
Parágrafo. En el formulario de afiliación deberá quedar constancia de la
concurrencia de empleadores y administradoras de pensiones […]».

En efecto, esta interpretación resulta acorde con el artículo 143 de la Ley 100 de
1993 que, en virtud del incremento en la tasa de cotización a salud que implicó su
entrada en vigor, ordenó el reajuste de las pensiones en la misma proporción, según
el siguiente texto:

« […] Artículo 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A
quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la
pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de
dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización
para salud que resulte de la aplicación de la presente Ley […]».

Sobre el asunto objeto de controversia, esta corporación precisó en sentencia del
26 de enero de 2017:

«[…] esta Sala considera que los pensionados en gracia, tienen la obligación
de efectuar los aportes a salud en cuantía del 12%, pues el artículo 143 de la

31
Con excepción de sus artículos 17 al 24, 52, 65, 70, 71, 72 y 79, el Decreto 806 de 1998 fue
derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015.
32
Hoy en día el tope alcanza los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por
disposición expresa del artículo 1, parágrafo 1, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el
artículo 48 de la Constitución Política.

22

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Ley 100 de 1993, unificó el aporte de las mesadas pensionales al servicio de
salud, sin tener en cuenta la clase de pensión de que sean beneficiarios; por lo
tanto, la pensión gracia no está exceptuada de cotizar a dicho sistema […] 33».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya había fijado el mismo criterio, al
sostener que los beneficiarios de la pensión gracia están obligados por aquella ley
a aportar a salud el 12% sobre el valor de su mesada, posición que definió en las
sentencias T-359 de 2009, T-546 y T-835 de 2014 y T-581 de 2015. Al respecto, ha
señalado el máximo tribunal constitucional:

«[…] En conclusión, ninguna disposición normativa excluye a los regímenes de
excepción del deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el
contrario está demostrado que a través del tiempo los beneficiarios de la
pensión gracia han estado obligados a efectuar los aportes
correspondientes al sistema de salud para la prestación de los servicios
médico asistenciales, situación que no varió con la expedición de la Ley
100 de 1993. Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución, definido
en el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el pago de las cotizaciones
en salud es obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio,
en acatamiento del principio de solidaridad que rige el sistema de Seguridad
Social en Colombia […]»34 (Subrayas de la Sala).

De lo anteriormente expuesto, se deduce que al considerar que las deducciones por
concepto de aportes a salud de la pensión gracia debían corresponder al 5% y no
al 12%, la sentencia del 30 de junio de 2011 del Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 ya que, al disponerse que las deducciones sobre la
pensión gracia debían efectuarse en un porcentaje inferior al ordenado por la Ley
100 de 1993, la cuantía del derecho que le fue reconocido al señor José Antonio
Ortega Moreno excedió lo debido de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

Por tanto, la Sala declarará fundado el recurso interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP. En consecuencia, infirmará el fallo proferido el 3 de
noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander y dictará sentencia
de reemplazo.

Sentencia de remplazo

De acuerdo con lo expuesto ut supra, se revocará la sentencia proferida el 28 de
febrero de 2011, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José

33
Sentencia del 26 de enero de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, radicado 63001-23-33-000-2014-00239 01; expediente 1932-15.
34
Sentencia T-581 del 4 de septiembre de 2015; Corte Constitucional, Referencia: Expediente T-
4943302.

23

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

Antonio Ortega Moreno en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en
liquidación, que declaró la nulidad del acto administrativo demandado, le ordenó a
CAJANAL abstenerse de seguir efectuando el descuento del 12% de la mesada
pensional por concepto de aportes a salud y la condenó a reintegrar las sumas que
fueron deducidas desde el 4 de mayo de 2004, por prescripción trienal, hasta la
fecha de ejecutoria de dicha providencia, debidamente actualizadas. En su lugar,
se denegarán las pretensiones de la demanda.

Ahora, en caso de que la entidad no haya realizado el pago en comento, no será
procedente que las beneficiarias del señor José Antonio Ortega Moreno lo exijan
pues, como quedó establecido en esta providencia, sobre la pensión gracia sí debe
hacerse la deducción para aportes a salud. Sin embargo, en el evento en que la
entidad sí hubiese procedido a la devolución de ese dinero, no habría lugar a
ordenar que sea reintegrado porque, a pesar de haberse solicitado su reintegro en
la demanda, es preciso entender que fue recibido de buena fe pues esta no ha sido
desvirtuada, resultando aplicable lo establecido en el numeral 1, literal c), del
artículo 164 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda de
revisión. La norma prevé:

«[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe […]»

Esa buena fe se presume teniendo en cuenta que fue una decisión judicial proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la que ordenó la
devolución de las sumas retenidas de la pensión gracia por concepto de aportes a
salud.

De la condena en costas

En relación con la condena en costas, el artículo 188 ibidem dispone que «[…] Salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas […]».

En esas condiciones, la Subsección considera que el ejercicio de la acción de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un mecanismo de defensa de los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social. Además, se
presenta como una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. En esa medida, se ventila un interés público y, por esa razón, la Sala
considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

24

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00861-00 (4662-2017)
Demandante: UGPP

FALLA

Primero: Declárese fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de noviembre de
2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
680013331007200800043, al configurarse la causal consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Segundo: Infírmese la sentencia referida. En consecuencia, se dispone:

Revóquese la sentencia proferida el día 28 de febrero de 2011, por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Bucaramanga, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor José Antonio Ortega Moreno
en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, se dispone:

Deniéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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