Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00167-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)1
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: sustitución pensional. Subtema 1: pensión gracia. Subtema 2: docente
nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de diciembre de 2021, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante solicitó el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, en la
calidad de cónyuge supérstite de un docente, en cuyo acto de reconocimiento se
computaron los tiempos laborados en una plaza nacional. La UGPP negó lo pedido al
considerar que el maestro nacional no tenía derecho a la pensión gracia. El Tribunal
ordenó la sustitución pensional al considerar que solo debía analizar los requisitos del
vínculo matrimonial y la convivencia, puesto que, en su criterio, la resolución que
otorgó la pensión gracia estaba en firme y conservaba su presunción de legalidad.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Carmen Luisa Salcedo de Aguilar, a través de apoderado, presentó demanda el
2 de marzo de 2021, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con las
siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución 014076 del 19 de junio de 2020, que negó
el reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante, en la calidad de cónyuge
supérstite de Félix Alberto Aguilar Pérez.
3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 020441 del 8 de septiembre de 2020,
que resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 014076 del 19 de junio
de 2020.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la
sustitución de la pensión gracia, causada desde el 7 de marzo de 2020, fecha de
fallecimiento del señor Félix Alberto Aguilar Pérez. Asimismo, pidió el pago de las
mesadas retroactivas; que las sumas adeudadas sean actualizadas; que la sentencia
se cumpla en los términos del artículo 192 del CPACA; que se causen intereses
moratorios; y que se condene en costas a la entidad demandada2.
2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Félix Alberto Aguilar Pérez nació el 21 de julio de 1941, laboró como
docente de primaria y secundaria en el Distrito Especial de Bogotá y en el Ministerio
de Educación Nacional durante más de 20 años.
7. La Caja Nacional de Previsión Social (en adelante Cajanal), le reconoció una
pensión gracia al docente, a través de la Resolución 10171 del 9 de marzo de 1993,
efectiva desde el 21 de julio de 1991. La pensión fue reliquidada en la Resolución
008102 del 1° de septiembre de 1994.
2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive proceso en el
Tribunal, doc. 1.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
8. El 6 de diciembre de 1969, la señora Carmen Luisa Salcedo y Félix Alberto
Aguilar Pérez contrajeron matrimonio y compartieron techo, lecho y mesa hasta su
fallecimiento.
9. El 7 de marzo de 2020, falleció el señor Félix Alberto Aguilar Pérez.
10. El 19 de marzo de 2020, la actora solicitó el reconocimiento de la sustitución de
la pensión gracia, que fue negada por la UGPP, en las resoluciones RDP 014076 del
19 de junio de 2020 y RDP 020441 del 8 de septiembre del mismo año, con
fundamento en que la resolución de reconocimiento de la pensión gracia computó
tiempos nacionales, los cuales no podían ser tenidos en cuenta.
3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 11, 29, 48 y 53.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1, 2, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
Del Decreto Ley 1713 de 1960, el artículo 1, literal b.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
Del Decreto Reglamentario 1743 de 1966, el artículo 5.
Del Decreto 3135 de 1968, los artículos 36 y 39.
Del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, los artículos 80 y 92.
De la Ley 33 de 1973, el artículo 1.
Ley 12 de 1975.
De la Ley 43 de 1975, los artículos 1 y 10.
Ley 71 de 1988.
Del Decreto 1160 de 1989, los artículos 5 y 6.
De la Ley 91 de 1989, los artículos 1 y 15, numeral 2, literal a).
De la Ley 100 de 1993, los artículos 46 y 47.
De la Ley 797 de 2003, los artículos 13 y 19.
De la Ley 1204 de 2008, los artículos 3 y 5.
Del CPACA, los artículos 80, 87, 88, 93 y 97.
12. La parte actora sostuvo que las resoluciones demandadas no estudiaron el
derecho a la sustitución pensional, sino que determinaron que el jubilado no tenía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pese a que los actos administrativos
que otorgaron y reliquidaron esta pensión se encuentran en firme y gozan de
presunción de legalidad. Por ende, en criterio de la accionante, en este proceso solo
se debe examinar el derecho a la sustitución de la pensión gracia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
13. Así pues, la demandante señaló que la UGPP está acudiendo a una revocatoria
tácita de los actos administrativos, la cual está proscrita del ordenamiento jurídico.
Sostuvo que al ser plenamente válidos los actos que reconocieron la pensión gracia,
tiene derecho a la sustitución pensional, en atención a su calidad de cónyuge desde el
6 de diciembre de 1969 y al cumplimiento de los requisitos legales. No obstante, la
UGPP ha negado reiteradamente sus solicitudes, con lo cual afectó de manera
injustificada su derecho al mínimo vital.
4. Contestación de la demanda
14. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda porque la pensión gracia
no puede ser reconocida a un docente nacional, dado que «constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación». Sin embargo, en el expediente administrativo del docente fallecido consta que
prestó sus servicios para el Ministerio de Educación Nacional del 26 de febrero de
1969 al 13 de agosto de 1981.
15. La Unidad en la Resolución 20441 del 8 de septiembre de 2020 confirmó la
Resolución 14076 del 19 de junio de 2020. En gracia de discusión, sostuvo que los 20
años de servicios para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, debían
ser anteriores a la expedición de la Ley 91 de 1989, la cual unificó el régimen pensional
de los docentes oficiales.
16. Propuso las excepciones que denominó «legalidad de los actos
administrativos», buena fe e inexistencia del derecho3.
5. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 2 de diciembre de 2021, accedió a las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas. Declaró la nulidad de las resoluciones 014076 del
19 de junio de 2020 y RDP 020441 del 8 de septiembre de 2020. A título de
restablecimiento del derecho ordenó «sustituir la pensión gracia que en vida
devengaba el señor Félix Alberto Aguilar Pérez (q.e.p.d.), a la señora Carmen Luisa
Salcedo de Aguilar, en calidad de cónyuge supérstite, en un porcentaje de 100%,
desde el 8 de marzo de 2020».
18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal explicó que Cajanal le reconoció
una pensión gracia al señor Félix Alberto Aguilar Pérez, y que la UGPP negó la
3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive proceso en el
Tribunal, doc. 16.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
sustitución a la señora Carmen Luisa Salcedo de Aguilar, dado que el reconocimiento
pensional tuvo en cuenta tiempos nacionales.
19. En lo que respecta al requisito de convivencia, expuso que la actora aportó al
proceso una declaración extrajuicio, así como el Informe Técnico de Investigación
Administrativa, realizado por la empresa COSINTE LTDA, en el que constan fotos de
los momentos compartidos por la pareja, durante alrededor de 20 años y las
declaraciones telefónicas de familiares y vecinos. A partir de estas pruebas, el Tribunal
consideró que la señora Carmen Luisa Salcedo de Aguilar acreditó la calidad de
cónyuge supérstite y que «si bien sólo se aportó su declaración extrajuicio, lo cierto es
que, del informe aportado al plenario, adelantado por disposición de la entidad
demandada y que además no fue tachado de falso, quedó evidenciada la misma».
20. Para el Tribunal, la entidad no discute que la demandante haya acreditado los
requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para tener derecho a la sustitución
pensional; sin embargo, lo cierto es que negó el reconocimiento porque el beneficiario
de la pensión gracia había sido vinculado como docente nacional. Por ello, resaltó que
el acto administrativo de reconocimiento pensional contenido en la Resolución 10171
del 9 de marzo de 1993 «no fue demandado en reconvención, ni la citada resolución
ha sido revocada o anulada […] de manera que, en el presente proceso no está en
discusión la legalidad del acto de reconocimiento pensional al causante, sino aquellos
que negaron la sustitución pensional a la demandante».
21. Así pues, resaltó que la referida Resolución 10171 del 9 de marzo de 1993 no
ha perdido su fuerza ejecutoria y tiene vigencia, por tanto, es obligatoria en los términos
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
22. Por consiguiente, el Tribunal consideró que los actos demandados están
viciados de nulidad porque negaron la sustitución de la pensión gracia, y ordenó el
pago desde el 8 de marzo de 2020, dado que no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción, en tanto, la reclamación se presentó el 19 de marzo de 2020 y la
demanda se interpuso el 2 de marzo de 2021. En todo caso, precisó que la entidad de
considerarlo pertinente podía someter a consideración de un juez los actos
administrativos que reconocieron y reliquidaron la pensión gracia.
23. Por último, no condenó en costas ya que la demanda no fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal4.
4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive proceso en el
Tribunal, doc. 28.
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Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
6. Recursos de apelación
6.1. Parte actora
24. La accionante solicita que se adicione el fallo apelado solo para ordenar que la
entidad demandada sea condenada en costas. Para el efecto indicó que la Ley 1437
de 2011 estableció un criterio objetivo frente a la imposición y liquidación de las costas
procesales, de modo que debe ser condenada la parte que resultó vencida en el
proceso, porque prosperaron las pretensiones de la demanda5.
6.2. Parte demandada
25. La UGPP solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con fundamento
en los siguientes argumentos:
26. Reiteró que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente
nacional, toda vez que los únicos beneficiarios son los docentes territoriales; no
obstante, el acto administrativo de reconocimiento pensional incluyó los tiempos
laborados para el Ministerio de Educación Nacional del 26 de febrero de 1969 al 13 de
agosto de 1981.
27. Explicó que aun cuando se tuvieran en cuenta los referidos tiempos nacionales,
en la suma de los 20 años para tener derecho al reconocimiento pensional, lo cierto es
que solamente se deben computar los tiempos laborados hasta el 31 de diciembre de
1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. En tanto, a partir del 1° de
enero de 1990 se unificó el régimen pensional de los docentes, como lo indicó la
sentencia C-489 de 2000 de la Corte Constitucional.
28. En lo atinente a la condena en costas, la entidad señaló que para imponerla se
requiere evaluar la conducta de las partes y que además deben estar causadas y
comprobadas. Así, resaltó que la UGPP no ha actuado con temeridad o mala fe, por
ende, no hay lugar a que se imponga la condena6.
7. Trámite procesal en segunda instancia
29.El auto del 23 de junio de 20227 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del
CPACA y prescindió del traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive proceso en el
Tribunal, doc. 30.
6 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive proceso en el
Tribunal, doc. 31.
7 Samai, índice 6.
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Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3288 del
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
32. ¿La accionante, en la condición de cónyuge supérstite del docente pensionado,
tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, aunque Cajanal computó
tiempos nacionales para otorgarle la pensión gracia al maestro? Igualmente se
analizará si la decisión de negar la sustitución pensional de la UGPP desconoce unos
actos que se presumen legales y, por tanto, los estaría revocando tácitamente.
33.Para resolver los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos:
pensión gracia, sustitución de la pensión gracia, hechos probados relevantes y caso
concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial
3.1. La pensión gracia
34. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19139,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Demandado: UGPP
35. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
36. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
37. Por su parte, la Ley 91 de 198912 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
38. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
39. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […]
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […]
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la
ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
40. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de
veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber
cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.
41. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21
de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
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i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar […].
42. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
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3.2. La sustitución de la pensión gracia
43. Según la sentencia del 9 de julio de 2024 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado la línea mayoritaria ha considerado «procedente la “sustituibilidad o
transmisibilidad” de la pensión gracia por la muerte del docente oficial […] que se
configura cuando el maestro causante ya tenía consolidada materialmente la
prerrogativa por cumplir con todas las exigencias, y por tanto, dicho beneficio ya había
ingresado a su patrimonio con o sin el reconocimiento formal por parte de CAJANAL (hoy
UGPP) en su momento»17.
44. Ahora bien, en cuanto a la norma aplicable para la sustitución pensional, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202218, la Sección Segunda explicó que
si bien la pensión gracia es especial, en cuanto a la sustitución se ha gobernado por
las normas generales, así:
En esta perspectiva, el Consejo de Estado, en un ejercicio de interpretación armónico
del sistema normativo, acudió a los criterios generales de sustitución de las pensiones
en la pensión gracia, adoptando una posición dirigida a proteger el núcleo familiar del
docente. Sobre el particular en la sentencia del 4 de marzo de 2010, se consideró que
la gratuidad de la pensión gracia no impide “su aptitud para ser sustituida en caso de
muerte del beneficiario”19, así:
“Bajo la motivación precedente se concluye la vocación de sustituibilidad que asiste a
la pensión gracia bajo los mismos parámetros legales y criterios aplicables a las
pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es diferente, estas comparten por
voluntad del Legislador la misma naturaleza, y en materia de sustitución, la misma
finalidad de amparo a la familia más próxima de quien antes de fallecer adquirió el
derecho, de manera pues, que resultan aplicables en tal sentido las normas generales
que regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente”20.
[…].
45. El referido fallo de unificación también determinó que la norma que regula la
sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del fallecimiento del
pensionado o del maestro, en los siguientes términos:
[…] en materia de sustitución pensional o de pensión de sobrevivientes se ha partido
de la premisa general según la cual la norma aplicable es la vigente para la fecha del
fallecimiento del causante. Así lo consideró en sentencia del 10 de noviembre de 2005,
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -029- CE-S2 de 2022, del 11 de agosto de
2022, proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
19 Consejo de Estado, sentencia del 4 de marzo de 2010, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado
08001-23-31-000-2006-00004-01 (0824-09).
20 Idem.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
la Subsección A, de la Sección Segunda, donde afirmó que “las normas que rigen la
sustitución son las vigentes al momento del fallecimiento del causante de la prestación y
no las disposiciones sobre la cual se adquirió el derecho que se transmite”21.
Tesis que se reiteró en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, según la cual
“el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, (…) pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto,
cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado”22.
46. La Sección estableció igualmente que el derecho a la sustitución en la pensión gracia
al regirse por las normas generales, obliga a remitirse a los requisitos exigidos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al indicar que «la exclusión del artículo 279 no
comprende la pensión gracia, pues se trata de una pensión del orden nacional,
reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, y no por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Por tanto, se ha exigido a los beneficiarios
acreditar los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993». En este sentido, se
explicó que «la remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de
2005, el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el
derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las
leyes del Sistema General de Pensiones”».
47. En este orden de ideas, el fallo de unificación del 11 de agosto de 2022 concluyó
que para reconocer la sustitución de la pensión gracia, se aplican las normas del
Sistema General de Pensiones, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores.
4. Hechos probados relevantes
48. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
49. El señor Félix Alberto Aguilar Pérez nació el 21 de julio de 1941, como consta en
la cédula de ciudadanía23 y falleció el 7 de marzo de 2020, acorde con el registro civil
de defunción con serial 0586977824. A su vez, la señora Carmen Luisa Salcedo de
Aguilar nació el 5 de junio de 194525.
50. Los señores Félix Alberto Aguilar Pérez y Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2005, proceso con
radicado 25000-23-25-000-1998-05092-01 (3496-04).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001 23 31
000 2007 01611 01 (1605-09).
23 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 74.
24 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 68.
25 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 70
y 73.
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contrajeron matrimonio el 6 de diciembre de 196926.
51. Obra en el proceso, la declaración extrajuicio realizada por la señora Carmen Luisa
Salcedo de Aguilar, ante la Notaría 40 de Bogotá, en la cual expuso que compartió
techo, lecho y mesa con el señor Félix Alberto Aguilar Pérez, desde el 6 de diciembre
de 1969 hasta la fecha del fallecimiento el 7 de marzo de 2020. Relató que su estado
civil al momento de fallecer era casado con sociedad conyugal vigente, y que la
convivencia perduró 50 años. Declaró que de la unión «procreamos tres (03) hijos de
nombres Martha Eugenia Aguilar Salcedo, Carlos Eduardo Aguilar Salcedo y Ricardo
Alberto Aguilar Salcedo»27.
52. La empresa COSINTE LTDA elaboró un informe técnico de investigación
administrativa, el 11 de noviembre de 2020, el cual concluyó que el señor Félix Alberto
Aguilar Pérez (causante) y la señora Carmen Luisa Salcedo de Aguilar (solicitante)
convivieron como pareja dentro de los extremos de convivencia aportados por la
solicitante en su declaración juramentada; y que existe coherencia entre los
testimonios de familiares del causante y vecinos quienes corroboraron la convivencia
entre la pareja28.
• Del reconocimiento de la pensión gracia
53. La Caja Nacional de Previsión Social mediante la Resolución 10171 del 9 de marzo
de 1993 reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación (gracia) al señor Félix
Alberto Aguilar Pérez, regida por el artículo 3 de la Ley 37 de 1933, por los siguientes
tiempos de servicios: en el Ministerio de Educación Nacional del 26 de febrero de 1969
al 13 de agosto de 1981 y en el Distrito Especial de Bogotá del 14 de agosto de 1981
al 27 de noviembre de 199129. A través de la Resolución 8102 del 1° de septiembre de
1994, Cajanal reliquidó la pensión por nuevos factores salariales30.
54.En el proceso consta el formulario de solicitud de pensión ante Cajanal, del 14 de
enero de 1992, donde el reclamante incluyó los tiempos de servicios al Ministerio de
Educación Nacional del 26 de febrero de 1969 al 13 de agosto de 1981 y en el Distrito
Especial del 14 de agosto de 1981 al 27 de noviembre de 199131.
55. El rector del Colegio Nacional Restrepo Millán certificó el 9 de diciembre de 1991,
26 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 71.
27 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 67.
28 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 82
a 88.
29 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 26
a 28.
30 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 45
a 47.
31 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 3
a 5.
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Demandado: UGPP
en un documento con encabezado del Ministerio de Educación Nacional, que el señor
Félix Alberto Aguilar Pérez «presta sus servicios en este plantel oficial como profesor
de tiempo completo, desde el mes de febrero de 1969, con horario de 7 a.m. a 12:20
m.»32.
56. La pagadora del Colegio Nacional Restrepo Millán informó el 19 de febrero de 1985
que el «licenciado Félix Alberto Aguilar Pérez […] presta sus servicios al Ministerio de
Educación Nacional, en este plantel oficial como profesor de enseñanza secundaria
de tiempo completo en la jornada mañana, nombrado por Resolución 616 del 26 de
febrero de 1969»33.
57. A su vez, la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá certificó el 27 de
noviembre de 1991 que el señor Félix Alberto Aguilar fue nombrado mediante el
Decreto 689 de 1981, con fecha de ingreso el 14 de agosto de 1981, encontrándose
activo para la fecha de expedición del documento34.
58. Mediante el Decreto 689 del 3 de abril de 1981, el alcalde mayor del Distrito
Especial de Bogotá, nombró al señor Félix Alberto Aguilar como maestro de educación
física35.
• De la actuación administrativa
59. El 19 de marzo de 2020, la señora Carmen Luisa Salcedo de Aguilar solicitó el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, reconocida a través de la
Resolución 10171 del 9 de marzo de 1993, reliquidada en la Resolución 008102 del 1°
de septiembre de 1994. En respuesta, la UGPP dictó la Resolución RDP 014076 del
19 de junio de 2020, que negó la petición con fundamento en los siguientes
argumentos36:
Que a pesar de lo anteriormente expuesto es claro manifestar que una vez revisado el
cuaderno administrativo de manera integral se evidencia que la resolución de
reconocimiento pensional No. 10171 del 9 de marzo de 1993 ostenta dentro de los tiempos
tenidos en cuenta para su cumplimiento de requisitos legales y posterior liquidación tienen
(sic) carácter de NACIONALES, los cuales según lo normado no pueden ser tenidos en
cuenta para dicho fin, es por ello que se hace necesario tener en cuenta aspectos tales
como:
[..]
32 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 8.
33 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 11.
34 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 9.
35 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs. 12
y 13.
36 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs.
119 a 123.
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Que en dicha resolución de reconocimiento se evidencian tiempos NACIONALES tales
como:
• 26 de febrero de 1969 a 13 de agosto de 1981 laborados para EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL.
[…]
Que es por ello que se procede a negar la solicitud de pensión de sobrevivientes incoada
por las razones expuestas y se enviará a la subdirección jurídica con el fin de que se
inicien las acciones pertinentes.
60. El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación y señaló que, en
efecto, el pensionado ingresó a laborar al servicio del Ministerio de Educación
Nacional, en el Colegio Nacional Restrepo Millán, del 26 de febrero de 1969 al 30 de
diciembre de 1999. Agregó que el literal a) del numeral 2 de la Ley 91 de 1989 habilita
a los docentes nacionales para que tengan derecho al reconocimiento de la pensión
gracia. En todo caso, expuso que pese al cambio jurisprudencial del Consejo de
Estado, la UGPP no puede desconocer de facto el acto administrativo que reconoció
la pensión gracia37.
61. La UGPP, mediante la Resolución RDP 020441 del 8 de septiembre de 2020
confirmó la Resolución RDP 014076 del 19 de junio de 2020 y reiteró que el acto
administrativo de reconocimiento pensional tuvo en cuenta tiempos nacionales del 26
de febrero de 1969 al 13 de agosto de 1981, por tanto, el causante no tenía derecho
al disfrute de la pensión gracia. Por consiguiente, explicó que «estamos ante una
subsanación de un reconocimiento fuera de lo normado, sin el lleno de los requisitos
de ley, el cual no puede ser sustituido hasta tanto se valide su total legalidad, de allí la
necesidad de que se tenga certeza de que el causante reunía con todos los requisitos
para acceder a la prestación que en vida disfrutaba y que ahora pretende por parte de
su sobreviviente».
5. Caso concreto
62. La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, que Cajanal le había otorgado
al señor Félix Alberto Aguilar Pérez. En criterio de la entidad accionada, es
improcedente la sustitución pensional, dado que Cajanal sumó tiempos nacionales
para otorgar la pensión gracia. Sin embargo, para la parte actora la resolución que
reconoció la referida pensión está en firme y ejecutoriada, de modo que no puede ser
revocada tácitamente.
37 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, págs.
133 a 147.
15
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63. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó la sustitución de la pensión gracia a favor de la actora, en la calidad
de cónyuge supérstite del causante, efectiva desde el 8 de marzo de 2020.
64. La UGPP apeló la decisión para reiterar que la pensión no puede ser sustituida
porque el docente fallecido tuvo una vinculación nacional. La parte actora igualmente
apeló, solo para pedir que la entidad sea condenada en costas.
65. Ahora bien, la Sala debe decir que la UGPP no demostró que haya demandado
ante la jurisdicción para que se declare la nulidad de las resoluciones por las cuales
Cajanal reconoció y liquidó la pensión gracia; sin embargo, en el presente proceso el
control de legalidad de los actos administrativos demandados conlleva a analizar si el
maestro nacional fallecido tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
puesto que el contenido de los actos acusados obliga a emitir un pronunciamiento
sobre el derecho principal.
66. En efecto, en el presente proceso el causante fue docente nacional del 26 de
febrero de 1969 al 13 de agosto de 1981 y esos tiempos se sumaron para el
reconocimiento de la pensión gracia. Entonces, el marco del litigio concierne a si la
decisión de negar la sustitución pensional de la UGPP desconoce unos actos que se
presumen legales y, por tanto, los estaría revocando tácitamente, como lo alega la
demandante. Al respecto, la Sala considera que en los eventos de la sustitución
pensional, el beneficiario adquiere el derecho en las mismas condiciones del causante,
y además debe acreditar los requisitos del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. Así pues, la causa del derecho a la sustitución debe ser lícita, es decir, el
objeto tiene que ser legal, lo cual habilita al juez para que estudie los requisitos
pensionales del docente.
67. Para la Sala, lo cierto es que el titular del derecho falleció y con su deceso surgió
el derecho de los beneficiarios a sustituirlo. En este orden de ideas, el juez de lo
contencioso-administrativo no podría sustraerse de estudiar el derecho principal, toda
vez que en este caso se analiza el derecho de la beneficiaria que pretende la titularidad
del derecho pensional que en vida disfrutó el maestro.
68. La Sala no desconoce que el acto administrativo de reconocimiento de la pensión
gracia, contenido en la Resolución 10171 de 9 de marzo de 1993 no fue demandado;
no obstante, debido al deceso del titular del derecho particular y a la solicitud de
sustitución presentada por la cónyuge supérstite, la entidad como administradora debe
proteger los recursos públicos del sistema pensional.
69. En este entendido, dado que la entidad negó la sustitución porque advirtió que el
16
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
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derecho principal contraviene el ordenamiento jurídico, lo procedente es pronunciarse
sobre los motivos de la UGPP para negar la sustitución, toda vez que están
comprometidos recursos del Sistema General de Pensiones, así como el principio de
sostenibilidad financiera previsto en la Carta Política en el artículo 48. Tampoco se
considera que se trate de una revocatoria tácita, toda vez que con el deceso del
causante nace el derecho para los beneficiarios a sustituirlo, derecho que no se causa
automáticamente, por ello, la administración debe evaluar la procedencia de la
reclamación.
70. En el mismo sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación,
en un caso semejante consideró que la administración sí tiene la facultad de revisar el
derecho del jubilado si advierte su irregularidad, bajo el principio según el cual de la
ilegalidad no se puede crear un derecho subjetivo, así38:
«[…] tanto a la administración como al juez les está permitido que al momento de definir
una controversia como la que es objeto de examen, se valide primero si el derecho
reconocido al causante se encuentra ajustado a la ley, pues de ninguna manera este
genera automáticamente una prestación en favor de sus beneficiarios si su propio
reconocimiento se advierte que fue irregular, ya que bajo el principio de legalidad no es
posible crear nuevas situaciones jurídicas con base en otras que no se encuentran
acordes con el ordenamiento.
[…]
Pretender que las autoridades sean convidados de piedra cuando observan de bulto un
desconocimiento del marco normativo, no solo contraviene el anterior precepto, sino
también el principio y derecho de la moralidad administrativa, en el entendido de que si
una vez advertida una ilegalidad, esta es inobservada y convalidada para dar origen a una
situación accesoria derivada del derecho principal, lo único que ocurriría es que se
vulneraría el principio básico de justicia que debe regir en todas las relaciones jurídicas
como las existentes entre el Estado y los particulares».
71. Así pues, la citada providencia precisó que la administración debe actuar conforme
a la moralidad administrativa, en este sentido citó el fallo del 8 de junio de 2011 de la
Sección Tercera de esta corporación, según el cual «la moralidad administrativa
supone generalmente el quebrantamiento del principio de legalidad. (…) Por último, la
jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide
con “el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al
favorecimiento del propio servidor público o de un tercero”, noción que sin duda se
acerca a la desviación de poder»39.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
68001-23-33-000-2018-00674-01 (6364-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2011, proceso con radicado 25000-23-26-000-
2005-01330-01.
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72. Acorde con lo expuesto, las resoluciones acusadas sí podían establecer la
improcedencia de la pensión gracia, sin que se trate de una revocatoria directa, toda
vez que la entidad no debía reconocer el derecho a la sustitución pensional, puesto
que «mal podría la entidad crear una nueva situación jurídica cuando advierta que esa
causa de la actuación no es lícita»40.
73. En consecuencia, no asistió la razón al Tribunal al acceder a las pretensiones de
la demanda, con fundamento en que la resolución de reconocimiento de la pensión
gracia gozaba de presunción de legalidad. Al respecto se reitera que la improcedencia
del reconocimiento de la pensión gracia fue el motivo por el cual los actos acusados
negaron la sustitución pensional, de modo que el juez del control de legalidad sí es
competente para pronunciarse sobre el derecho a la pensión gracia del docente.
74. Entonces, corresponde abordar el argumento del recurso de apelación de la UGPP
relativo a que el docente Félix Alberto Aguilar no tenía derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, toda vez que la Resolución 10171 de 9 de marzo de 1993 tuvo en
cuenta los tiempos laborados para el Ministerio de Educación Nacional del 26 de
febrero de 1969 al 13 de agosto de 1981.
75. En el expediente está acreditado que el Ministerio de Educación Nacional nombró
al señor Félix Alberto Aguilar Pérez como profesor en el Colegio Nacional Restrepo
Millán, mediante la Resolución 616 del 26 de febrero de 1969, como lo acreditan la
constancia de la pagadora de la institución educativa41, así como la certificación del
rector42.
76. Al respecto, debe precisarse que la Sección Segunda, en sentencia de unificación
de 21 de junio de 201843, estableció que para demostrar la condición de docente
también se pueden aportar las certificaciones de la autoridad nominadora que indiquen
el tipo de vinculación, así:
«[…] para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial».
40 Ibidem.
41 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 11.
42 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RV_ENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, one drive, doc. 03, pág. 8.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000234200020130468301 (3805-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
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77. En esta medida, a juicio de la Subsección, las certificaciones aportadas al proceso,
que fueron expedidas por el rector y la pagadora del Colegio Nacional Restrepo Millán
constituyen prueba que acredita la vinculación en una plaza nacional del señor Félix
Alberto Aguilar Pérez.
78. En este orden de ideas, el maestro Félix Alberto Aguilar Pérez no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los tiempos de servicios como
docente nacional no se pueden computar, como quiera que la referida pensión exige
que se cumplan 20 años de servicios como maestro nacionalizado, territorial o
municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199744,
al considerar que «dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados».
79. Por consiguiente, los actos administrativos expedidos por la UGPP que le negaron
a la accionante la sustitución de la pensión gracia no están viciados de nulidad.
80. Por otra parte, en lo que respecta al recurso de apelación de la parte actora relativo
a que se imponga condena en costas a la parte vencida en el proceso, debe decirse
que la tesis mayoritaria de la Subsección no corresponde al criterio objetivo, sino que
se remite al estudio de la conducta procesal de las partes.
81. Por lo tanto, la Subsección revocará el fallo apelado, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
6. Conclusión
82. La señora Carmen Luisa Salcedo de Aguilar no tiene derecho a la sustitución
pensional, en razón a que Cajanal en el reconocimiento de la pensión gracia incluyó
los tiempos laborados en una plaza nacional en el Colegio Nacional Restrepo Millán
que dependía del Ministerio de Educación Nacional. Por ello, el docente no reunía los
requisitos para acceder a la pensión gracia, la cual está prevista exclusivamente en
favor de los docentes territoriales.
7. Costas
83. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 45 de la
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
45 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
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Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 2 de diciembre de 2021, que
accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone negar las
pretensiones de la demanda.
Segundo: Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Edgar José
Polanco Pereira como apoderado de la UGPP, de conformidad con el memorial que
obra a índice 18 de Samai.
Tercero: Reconocer personería al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia como
apoderado de la UGPP, identificado con la cédula de ciudadanía 1.088.261.587 y
portador de la tarjeta profesional 268.679 del Consejo Superior de la Judicatura, según
el poder que consta a índice 20 de Samai.
Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
20
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)
Demandante: Carmen Luisa Salcedo de Aguilar
Demandado: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
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