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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00988-01

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00988-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR por ilegal la Resolución No. 032659 del 30 de julio de 1993, por medio de la cual, se reconoció la pensión gracia al causante José del Carmen Cárdenas Perilla, conforme a las motivaciones consignadas en esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del Trece (13) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas, en la instancia. En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00988-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00988-01 (3238-2024)1
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional – Pensión gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte
demandante como por la demandada contra la sentencia del Trece (13) de
febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1 Pretensiones

1. La señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero, acudió a la jurisdicción en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1
Expediente electrónico
2
Samai índice 2 expediente digital.

2

Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

Contencioso Administrativo CPACA, con el fin de obtener la nulidad de las
Resoluciones Nos. RDP 036631 del 7 de septiembre de 2018 y 044437 del 19
de noviembre del mismo año, mediante las cuales, se negó la sustitución de
la pensión gracia que en vida devengaba su cónyuge José del Carmen
Cárdenas Pinilla (q.e.p.d.).

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) el reconocimiento y pago

de la sustitución de la pensión gracia por la muerte de su esposo, el señor
José del Carmen Cárdenas Pinilla, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 a partir de la
fecha del fallecimiento del causante; ii) el reconocimiento y pago del
retroactivo de las mesadas pensionales desde el 14 de agosto de 2018 y hasta
cuando sea incorporada en la nómina; iii) que la suma adeudada se ajuste
conforme al artículo 187 del CPACA, se dé cumplimiento al fallo dentro del
término previsto en el artículo 192 del CPACA y se paguen los intereses
moratorios; y iv) la condena en costas a la demandada.

1.1.2 Hechos

3. El señor José del Carmen Cárdenas Pinilla falleció el Catorce (14) de agosto

de Dos Mil Dieciocho (2018) y, al momento de su fallecimiento, recibía pensión
gracia en su calidad de docente, concedida mediante la Resolución No. 32659
del Treinta (30) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

4. Afirmó que, contrajo matrimonio con el causante el 27 de junio de 1981 y el

vínculo matrimonial, compartiendo techo, lecho y mesa, permaneció vigente
hasta su deceso.

5. Que antes de su fallecimiento, el señor José del Carmen Cárdenas Pinilla,

con escrito del 26 de septiembre de 2015 informó a la Caja Nacional de
Previsión Social hoy UGPP, que designaba como beneficiaria de su pensión
gracia en caso de fallecimiento, a la señora Marlene Consuelo Vizcaíno
Baquero.

6. El 30 de agosto de 2018 la demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento
de la sustitución pensional, la cual, fue negada mediante Resolución No. RDP
036631 del 7 de septiembre de 2018. Contra dicha decisión presentó recurso

3

Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución RDP 044437 del 19 de
noviembre de 2018 confirmando en todas sus partes la negativa.

1.1.3 Concepto de violación

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

Constitución Nacional, artículos 1, 11, 29, 48 y 53.
Ley 114 de 1913, artículos 1, 2, 3 y 4.
Ley 116 de 1928, artículo 6
Ley 37 de 1933, artículo 3.
Ley 24 de 1947, artículo 1.
Decreto Ley 1713 de 1960, artículo 1 – Literal B.
Ley 4 de 1966, artículo 4.
Decreto Reglamentario 1743 de 1966, artículo 5.
Decreto 3135 de 1968, artículos 36 y 39.
Decreto Reglamentario 1848 de 1969, artículo 80 y 92.
Ley 33 de 1973, artículo 1.
Ley 12 de 1975.
Ley 43 de 1975, artículos 1 y 10.
Ley 71 de 1988.
Decreto No. 1160 de 1989, artículo 5 y 6.
Ley 91 de 1989, artículo 1, artículo 15, numeral 2, literal a).
Ley 100 de 1993, artículos 46 y 47.
Ley 797 de 2003, artículo 19.
Ley 1204 de 2008, artículos 3 y 5.
CPACA, artículos 80, 87, 88, 93 y 97.

8. Expuso que, dentro del desarrollo de la actuación administrativa iniciada por

la demandante ante la UGPP por el reconocimiento de la sustitución de
pensión gracia, la entidad cambió el objeto del petitum y resolvió, en las
resoluciones demandadas, que el causante José del Carmen Cárdenas Pinilla
no tenía derecho a la pensión gracia; cuando los actos administrativos que la
reconocieron se encuentran en firme y no fueron nulitados.

9. Pese a que la discusión central es establecer si la demandante es
beneficiaria de la sustitución de pensión gracia, presentó argumentos
respaldando que la pensión del causante fue reconocida en debida forma.

10. Indicó que los actos demandados “viola el estado social de derecho, el
principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, la firmeza y
ejecutoriedad de ellos y que violenta el debido proceso”, ya que la pensión
gracia del causante ya está reconocida, por lo que argumentar ahora que no

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

tenía derecho a dicha prestación, constituye una revocatoria tácita de los actos
administrativos que la reconocieron, y “tal revocatoria ocurrió por vía fáctica,
la cual está proscrita en nuestro orden jurídico”.

11. Que los actos administrativos se encuentran falsamente motivados, toda
vez que, el causante si acreditó los requisitos para acceder a la pensión.
Además, adujo:

Ahora bien como el causante si laboró durante más de 20 años de servicio con un
vínculo laboral Departamental – Nacionalizado, y posteriormente con un vínculo
de carácter Distrital, y la UGPP da a entender que su vínculo fue Nacional, he aquí
una falsa motivación, que merece la sanción por parte de esa Jurisdicción
Contenciosa con la nulitación de los actos demandados y la orden de
restablecimiento del derecho tal como lo he solicitado en el petitum de este libelo.

(…)

Hecho el recuento legislativo sobre la pensión gracia, debo decir que el causante
tiene derecho a esta prestación, dado que demostró ante la Caja Nacional de
Previsión haber laborado al servicio del Departamento del Meta y el Distrito
Especial de Bogotá durante más de 20 años y el hecho de que además durante
una gran fracción de su vínculo laboral hubiere laborado simultáneamente como
educador al servicio del Ministerio de Educación Nacional, no le puede generar la
pérdida del derecho a la pensión gracia, pues cuando él laboró tanto para el
Distrito Especial de Bogotá, como para el Ministerio de Educación Nacional,
estaba vigente una norma de excepción al mandato del artículo 64 de la
Constitución de 1886, artículo este que prohíbe percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, salvo las excepciones establecidas legalmente. En
esta dirección el Presidente de la República investido de facultades extraordinarias
por la Ley 19 de 1958, profirió el Decreto Ley 1713 de 1960, mediante el cual se
establece excepciones a lo preceptuado en el artículo 64 de la constitución de
1886.”

12. Sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, indicó que
la pensión gracia del causante fue reconocida mediante Resolución No. 32659
del 30 de julio de 1993, la cual fue debidamente notificada, quedó en firme y
fue pagada al señor José del Carmen Cárdenas Pinilla hasta el momento de
su fallecimiento. Manifestó que, tratándose de actos de carácter particular y
concreto, debía acudirse al artículo 97 del CPACA para su revocatoria.

1.2. Contestación de la demanda3 UGPP

13. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Argumentó
que, en este caso el causante no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia por tener tiempos de servicio de carácter nacional.

3
Samai índice 2 expediente digital 5ED_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

14. Propuso como excepciones: “Legalidad de los actos administrativos”,
“Buena fe”, “Inexistencia de vulneración de principios constitucionales y
legales”, “innominado y/o genérica”.

1.5 Sentencia de primera instancia4

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia proferida el del Trece (13) de febrero de
Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, de la siguiente manera:

“Primero. – Declarar la nulidad, de las Resoluciones RDP 036631 de 7 de
septiembre de 2018 y RDP 044437 del 19 de noviembre de 2018, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. – Como restablecimiento del derecho del derecho, reconocer la
sustitución pensional a la señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero,
identificada con cédula de ciudadanía número 41.681.784 de Bogotá, en calidad
de cónyuge supérstite con ocasión de la muerte del señor José del Carmen
Cárdenas Perilla, a partir de la fecha de fallecimiento del causante, 14 de agosto
de 2018, de conformidad con las razones expuestas.

Tercero. – La La(sic) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –Ugpp-, hará la actualización
sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187
(inciso final) de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los índices de inflación
certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática
adoptada por el Consejo de Estado, expuesta en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. - La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –Ugpp-, deberá dar
cumplimiento a la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos
establecidos en los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Quinto. - Sin condena en costas.
[…]

16. Como fundamento de la decisión, el Tribunal advirtió como cuestión previa

que, si bien, la entidad demandada manifestó tanto en los actos demandados,
como en la contestación de la demanda, que la señora Marlene Consuelo
Vizcaíno Baquero no tiene derecho a la sustitución de la pensión gracia que
en vida devengaba su cónyuge, el señor José del Carmen Cárdenas Perilla
(q.d.e.p), ya que, este último no cumplió con los requisitos para acceder a la
misma; se abstendría de hacer pronunciamiento al respecto, como quiera que,
este no fue el objeto de pretensión en la demanda, por lo que únicamente se
verificarían los requisitos para determinar si la demandante era beneficiaria o

4
Samai del tribunal de origen, índice 73.

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

no de la sustitución pensional pretendida.

17. Indicó que, el señor José del Carmen Cárdenas Perilla, falleció el 14 de

agosto de 2018, por lo que, la norma que se encontraba vigente para esa fecha
es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, lo cual implica que debe acreditar que hizo vida marital hasta la
muerte del causante y que convivió con él durante al menos 5 años anteriores
al fallecimiento.

18. Argumentó que, de conformidad con la regla de unificación de la sentencia
SUJ-029-CE-S2 de 11 de agosto de 2022, se verificó con las pruebas
recaudadas la convivencia entre la demandante y el causante durante los
últimos cinco años de vida del señor José del Carmen Cárdenas Perilla. Se
constató que la señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero y el señor José
del Carmen Cárdenas Perilla tuvieron 3 hijos, convivieron desde el día de su
matrimonio, hasta el momento del fallecimiento, es decir, por alrededor de 37
años, y que si bien, no convivieron bajo el mismo techo, durante los 4 meses
anteriores al deceso del causante, se debió a que estuvo hospitalizado hasta
el 14 de agosto de 2018, cuando falleció.

1.6 Recursos de apelación

UGPP5

19. Se opuso a la decisión de primera instancia, explicando que los actos
administrativos demandados nacieron a la vida jurídica conforme con las
disposiciones legales y constitucionales vigentes en la materia, en el presente
asunto al no tener derecho el causante señor José Del Carmen Cárdenas
Perilla, nunca generó el derecho al reconocimiento de la pensión gracia de la
cual se solicita sustitución en el presente proceso.

20. Nuevamente presentó argumentos insistiendo en que, al causante le fue
reconocida pensión gracia sin el lleno de los requisitos por parte de CAJANAL.

5
Samai Tribunales índice 00076.

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Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero6

21. Se opuso a la decisión de primera instancia en cuanto no condenó en
costas a la demandada.

1.7 Trámite de segunda instancia

22. Por medio de auto de Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024)7,

el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo. Dicho auto fue aclarado en
auto del 8 de mayo de 2026.

23. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia. Por

su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

24. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema jurídico

25. El problema jurídico que ocupa el sub examine, se contrae a resolver lo

siguiente:

i) ¿Existiendo un reconocimiento pensional vigente a favor del causante,
puede la entidad demandada desconocer la sustitución pensional
reclamada, trayendo argumentos sobre el derecho a la prestación inicial?

ii) ¿La señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero tiene derecho a la

sustitución de la pensión gracia que en vida devengaba su esposo José
del Carmen Cárdenas Perilla?

6
Samai Tribunal índice 00067.
7
Samai, índice 5.

8

Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

2.3 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional en
docentes8

26. Como lo ha sostenido esta Sala9, la muerte constituye una contingencia

protegida por el sistema de seguridad social, pues, al fallecimiento del afiliado
o pensionado que atendía el sostenimiento de un determinado grupo familiar,
sus integrantes pueden quedar desamparados e inmersos en un estado de
cosas que comporta serias dificultades para su subsistencia y en peligro para
poder subsistir.

27. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala efectuará el análisis

normativo pertinente, con el fin de determinar la solución jurídicamente
correcta para el caso concreto. Lo anterior, en consideración a que el señor
José Del Carmen Cárdenas Perilla falleció el 14 de agosto de 2018. En ese
orden de ideas y en relación con la ley aplicable al reconocimiento de la
sustitución pensional, esta Subsección ha sostenido de manera reiterada que
proceden las disposiciones vigentes al momento del fallecimiento del
causante, por cuanto es a partir de dicho hito temporal que surge el derecho
de los beneficiarios del pensionado, criterio que fue adoptado en sentencia de
unificación por parte de la Sección Segunda10:

«En consecuencia, contrario a lo alegado por el recurrente relativo a que en
la condición de cónyuge supérstite sólo debe acreditar el vínculo matrimonial
o la convivencia al momento del fallecimiento, en los términos de la Ley 71
de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, se responde que como
el fallecimiento de la causante ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
norma aplicable sobre los requisitos que debe acreditar el accionante para
ser beneficiario de la sustitución pensional, son los contenidos en el artículo
47 ídem, modificada por la Ley 797 de 2003».

28. En consecuencia, resulta aplicable el régimen general previsto en la Ley

100 de 1993. En ese sentido, el artículo 46 de dicha normativa, «por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», establece los

requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional, disposición que
fue posteriormente modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, «por la
cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de febrero de 2026, expediente: 17001-23-33-000-2017-
00551-01 (4011-2024), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014, expediente 08001-23-31-
000-2001-02315-01 (964-12), consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
10
Consejo de estado, Sección segunda, SUJ-029-CE-S2 de 2022 del 11 de agosto de 2022.

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Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

especiales».

29. Por su parte, el artículo 47 de la legislación citada, modificado por el artículo

13 de la Ley 797 de 2003, consagra el orden de los beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes.

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene
hijos con el causante aplicará el literal a).”

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo 11. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya
sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente [...]

30. De acuerdo con la norma transcrita, en lo que respecta al cónyuge y al

compañero o compañera permanente, debe precisarse que, si a la fecha del
fallecimiento del causante el beneficiario tiene más de treinta (30) años de
edad, la pensión de sobrevivientes se reconoce de manera vitalicia; en caso
contrario, esto es, si es menor de dicha edad y no existen hijos con el causante,
la prestación se otorga de forma temporal por un término de veinte (20) años.
En todo caso, el cónyuge o el compañero o compañera permanente debe

11
La Corte Constitucional, por sentencia C-1035 de 2008 declaró exequible este apartado, en el entendido que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

acreditar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte, así como, una
convivencia no inferior a cinco (5) años continuos con anterioridad al deceso.

31. Ahora bien, cuando exista únicamente cónyuge, la pensión corresponderá

a este; si no hay cónyuge, pero sí compañero o compañera permanente, el
derecho recaerá en este último12.

32. De otra parte, es preciso señalar que, como lo determinó esta Subsección,

si bien el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exige que el requisito de los cinco
(5) años de convivencia sea «continuo[s] con anterioridad a la muerte del causante»,
cuando se está ante el supuesto de coexistencia entre un compañero
permanente y una sociedad conyugal vigente respecto del causante, dicho
requisito no puede ser examinado de manera estrictamente literal frente al
cónyuge supérstite. Ello, por cuanto una interpretación en ese sentido se
apartaría de la finalidad perseguida por el legislador, orientada a la protección
de la esposa o esposo supérstite con quien el causante únicamente tuvo una
separación de hecho. Esta postura ha sido reiterada por la Corte
Constitucional, entre otras, en la sentencia SU-453 de 2019.13

33. Entonces, en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera

permanente la pensión se otorgará a ambas, en proporción al tiempo de
convivencia.

34. Bajo este horizonte normativo y a la luz de los lineamientos
jurisprudenciales previamente expuestos, se abordará el análisis del caso
objeto de controversia.

2.4 Pruebas recaudadas

35. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

a) Resolución 002914 de 1993, por la cual se reconoce y ordena el pago de
una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $300.365, efectiva a

12
La Corte Constitucional, en sentencia C- 1035 de 2008 declaró exequible la norma en forma condicional en el
entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos Expediente C-1035-2008 MP Jaime Córdoba Triviño
13
Radicado 17001-23-33-000-2017-00386-01 (3285-2023), demandante Angelica María Martínez Agudelo

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

partir del 19 de agosto de 199014 y Resolución No. 032659 del 30 de julio de
1993 por la que se reconoce la pensión gracia.15

b) Registro civil de matrimonio de los señores José del Carmen Cárdenas
Perilla y Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero, celebrado el 27 de junio de 1981
en la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes16

c) Registro civil de defunción con indicativo serial No. 09629904, en el que
consta que el señor José del Carmen Cárdenas Perilla, falleció el 14 de agosto
de 201817

d) Resolución RDP 036631 de 7 de septiembre de 201818, por medio de la cual
se negó provisionalmente una pensión de sobrevivientes a la demandante. En
la cual se indican los siguientes argumentos:

Debe negarse la pensión de sobrevivientes a los siguientes solicitantes:
VIZCAINO BAQUERO MARLENE CONSUELO ya identificado, debido a:
Que una vez verificado el expediente administrativo, se observa que la(sic) causante
laboró como Docente Nacional. (…)

Que revisado el cuaderno administrativo se establece que el Causante laboró entre el
01 de febrero de 1966 y el 27 de noviembre de 1966 y del 01 de enero de 1967 al 30
de diciembre de 1971 con vinculación Departamental y como docente con vinculación
Nacional desde el 31 de mayo de 1972 al 20 de octubre de 1981 y del 21 de octubre
de 1981 al 12 de octubre de 1992.

Por lo anterior se puede concluir que la causante no había cumplido con el requisito
de los 20 años exclusivos al servicio de la docencia con vinculación Nacionalizada
Territorial Departamental Municipal o Distrital, sino que los mismos los completó con
servicios a la docencia de carácter Nacional y en consecuencia no podrá sustituirse
la pensión gracia así reconocida conforme a la normatividad antes citada.

En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de
la pensión gracia solicitada, por cuanto la vinculación a la docencia fue de carácter
NACIONAL, de los tiempos con los que la causante completo los 20 años en la
docencia.

e) Resolución RDP 044437 de 19 de noviembre de 2018, por la cual se
resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 36631 del 7 de
septiembre de 201819

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Samai índice 00002. 5ED_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2. 01 DEMANDA (1) Pág. 92.
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Pág. 103 ibidem.
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Pág. 148-152 ibidem.
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Pág. 158-160.

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

f) Recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 036631 de 7 de
septiembre de 2018, que negó la sustitución pensional a la demandante.

g) Testimonio del señor José Ramiro Cubillos Contreras, declaró que conoció
al causante hace 40 años en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá;
dentro del matrimonio del causante con la demandante se procrearon 3 hijos,
dicho matrimonio convivió más o menos desde 1981 cuando se causaron,
hasta el fallecimiento del causante, sin ningún problema y siempre bajo el
mismo techo.

h) Testimonio de la señora Inés María Vizcaíno de Cubillos, adujo que conoció
a “Chepito”, el causante, en la Universidad Pedagógica Nacional, porque allí
estudiaron educación física, el causante y la demandante duraron 37 años de
casados, desde 1981 hasta la fecha de su muerte.

2.5 Caso concreto

36. En el presente caso, la señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero, en

calidad de cónyuge supérstite del señor José del Carmen Cárdenas Perilla,
pretende se le reconozca la sustitución de la pensión gracia con ocasión del
fallecimiento de éste.

37. El Tribunal de primera instancia, accedió a las pretensiones de la demanda,

al concluir que, la demandante acreditó su condición de beneficiaria de la
sustitución pensional. Para ello, tuvo por demostrado, de una parte, el vínculo
matrimonial vigente y no disuelto y, de otra, la convivencia efectiva en los
términos exigidos por la ley, razón por la cual, ordenó el reconocimiento de la
prestación.

38. Inconformes con dicha determinación, apelaron la demandada UGPP y la

señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero. La primera, nuevamente
argumentó que el causante no tenía derecho al reconocimiento pensional, toda
vez que, pese a que no tiene congruencia con las pretensiones de la demanda
que buscan el reconocimiento de la sustitución pensional; es necesario
estudiarlo. La cónyuge supérstite, por su parte, alegó su inconformidad con el
fallo de primera instancia, únicamente frente a la negativa de la condena en
costas.

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Número Interno: 3238-2024
Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

39. Prima facie, la Sala advierte que la UGPP no demostró que haya
demandado ante la jurisdicción para que se declare la nulidad de las
resoluciones por las cuales CAJANAL reconoció y liquidó la pensión gracia;
sin embargo, en el presente proceso el control de legalidad de los actos
administrativos demandados conlleva a analizar si el maestro nacional
fallecido tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, puesto que el
contenido de los actos acusados obliga a emitir un pronunciamiento sobre el
derecho principal.

40. En efecto, en el presente proceso el causante fue docente al servicio del
Ministerio de Educación Nacional, profesor de tiempo completo en el Instituto
Nacional “Francisco José de Caldas” en Villavicencio desde el 1 de febrero de
1966 al 31 de diciembre de 197120 y esos tiempos se sumaron para el
reconocimiento de la pensión gracia21.

41. La jefe de la división de personal del Ministerio de Educación Nacional
certificó que el causante José del Carmen Cárdenas Perilla prestó sus
servicios al ministerio como profesor en el Instituto Francisco de Paula
Santander INEM de Kennedy, nombrado por resolución No. 1660 del 22 de
mayo de 1972.

42. Entonces, el marco del litigio concierne a si la decisión de negar la
sustitución pensional de la UGPP desconoce unos actos que se presumen
legales y, por tanto, los estaría revocando tácitamente. Al respecto, la Sala
considera que, en los eventos de la sustitución pensional, el beneficiario
adquiere el derecho en las mismas condiciones del causante y, además, debe
acreditar los requisitos del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. Así pues, la causa del derecho a la sustitución debe ser lícita, es
decir, el objeto tiene que ser legal, lo cual habilita al juez para que estudie los
requisitos pensionales del docente.

43. Para la Sala, lo cierto es que el titular del derecho falleció y con su deceso
surgió el derecho de los beneficiarios a sustituirlo. En este orden de ideas, el
juez de lo contencioso-administrativo no podría sustraerse de estudiar el

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Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

derecho principal, toda vez que, en este caso se analiza el de la beneficiaria
que pretende la titularidad del derecho pensional que en vida disfrutó el
docente.

44. La Sala no desconoce que el acto administrativo de reconocimiento de la
pensión gracia, contenido en la Resolución No. 032659 del 30 de julio de 1993
no fue demandado; no obstante, debido al deceso del titular del derecho
particular y a la solicitud de sustitución presentada por la cónyuge supérstite,
la entidad como administradora debe proteger los recursos públicos del
sistema pensional.

45. En este entendido, dado que la entidad negó la sustitución porque advirtió
que el derecho principal contraviene el ordenamiento jurídico, lo procedente
es pronunciarse sobre los motivos de la UGPP para negar la sustitución, toda
vez que, están comprometidos recursos del Sistema General de Pensiones,
así como, el principio de sostenibilidad financiera previsto en la Carta Política
en el artículo 48. Tampoco se considera que se trate de una revocatoria tácita,
pues, con el deceso del causante nace el derecho para los beneficiarios a
sustituirlo, derecho que no se causa automáticamente, por ello, la
administración debe evaluar la procedencia de la reclamación.

46. En el mismo sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación, en un caso semejante consideró que la administración sí tiene la
facultad de revisar el derecho del jubilado si advierte su irregularidad, bajo el
principio según el cual de la ilegalidad no se puede crear un derecho subjetivo,
así22:

«[…] tanto a la administración como al juez les está permitido que al momento de
definir una controversia como la que es objeto de examen, se valide primero si el
derecho reconocido al causante se encuentra ajustado a la ley, pues de ninguna
manera este genera automáticamente una prestación en favor de sus beneficiarios si
su propio reconocimiento se advierte que fue irregular, ya que bajo el principio de
legalidad no es posible crear nuevas situaciones jurídicas con base en otras que no
se encuentran acordes con el ordenamiento.

[…]

Pretender que las autoridades sean convidados de piedra cuando observan de bulto
un desconocimiento del marco normativo, no solo contraviene el anterior precepto,
sino también el principio y derecho de la moralidad administrativa, en el entendido de
que si una vez advertida una ilegalidad, esta es inobservada y convalidada para dar
origen a una situación accesoria derivada del derecho principal, lo único que ocurriría

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
68001-23-33-000-2018-00674-01 (6364-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Demandadas: UGPP

es que se vulneraría el principio básico de justicia que debe regir en todas las
relaciones jurídicas como las existentes entre el Estado y los particulares».

47. Así pues, la citada providencia precisó que la administración debe actuar
conforme a la moralidad administrativa, en este sentido citó el fallo del 8 de
junio de 2011 de la Sección Tercera de esta corporación, según el cual «la
moralidad administrativa supone generalmente el quebrantamiento del
principio de legalidad. (…) Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la
vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el propósito particular
que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio
servidor público o de un tercero”, noción que sin duda se acerca a la desviación
de poder»23.

48. Acorde con lo expuesto, las resoluciones acusadas sí podían establecer la
improcedencia de la pensión gracia, sin que se trate de una revocatoria directa,
toda vez que, la entidad no debía reconocer el derecho a la sustitución
pensional, puesto que «mal podría la entidad crear una nueva situación jurídica
cuando advierta que esa causa de la actuación no es lícita»24

49. En consecuencia, no le asiste razón al Tribunal al acceder a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que la resolución de
reconocimiento de la pensión gracia gozaba de presunción de legalidad. Al
respecto se reitera que la improcedencia del reconocimiento de la pensión
gracia fue el motivo por el cual los actos acusados negaron la sustitución
pensional, de modo que el juez del control de legalidad sí es competente para
pronunciarse sobre el derecho a la pensión gracia del docente.

50. Entonces, corresponde abordar el argumento del recurso de apelación de
la UGPP relativo a que el docente José del Carmen Cárdenas Perilla no tenía
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que, la Resolución
No. 032659 del 30 de julio de 1993 tuvo en cuenta los tiempos laborados para
el Ministerio de Educación Nacional del 1 de febrero de 1966 al 31 de
diciembre de 1971 y del 31 de mayo de 1972 a 20 de octubre de 198125

51. En el expediente está acreditado que el Ministerio de Educación Nacional

23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2011, proceso con radicado 25000-23-26-000
2005-01330-01.
24
Ibidem.
25
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nombró al señor José del Carmen Cárdenas Perilla como profesor I-B en el
Instituto “Francisco de Paula Santander” INEM Kennedy, mediante la
Resolución 1660 del 22 de mayo de 1972, como lo acredita la constancia de
jefe de la División de Personal del Ministerio, así como la certificación del
rector26.

52. Al respecto, debe precisarse que la Sección Segunda, en sentencia de
unificación de 21 de junio de 201827, estableció que para demostrar la
condición de docente territorial también se pueden aportar las certificaciones
de la autoridad nominadora que indiquen el tipo de vinculación, así:

«[…] para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial».

53. En esta medida, a juicio de la Subsección, las certificaciones aportadas al
proceso, que fueron expedidas por el rector y la secretaria del Instituto
Nacional Francisco José de Caldas de Villavicencio, constituyen prueba que
acredita la vinculación en una plaza nacional del señor José del Carmen
Cárdenas Perilla.

54. En este orden de ideas, el maestro José del Carmen Cárdenas Perilla no
tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que, los
tiempos de servicios como docente nacional no se pueden computar, como
quiera que la referida pensión exige que se cumplan 20 años de servicios como
maestro nacionalizado, territorial o municipal. En este sentido, se pronunció la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia S-699 de 29 de agosto de 199728, al considerar que «dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados».

55. Respecto a lo aducido en el concepto de violación de la demanda, en el
sentido que el causante ostentó vinculación simultánea con el Ministerio de

26
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27
Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000234200020130468301 (3805-2014)
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

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Educación Nacional y el Distrito de Bogotá, tal circunstancia, de ser real, no
debilita el argumento que no le asistía el derecho a la pensión gracia, toda vez
que, se insiste, los tiempos útiles para esta prestación, son los de carácter
territorial o nacionalizado, que no es el caso del señor Cárdenas Perilla.

56. Por consiguiente, los actos administrativos expedidos por la UGPP que le
negaron a la accionante la sustitución de la pensión gracia no están viciados
de nulidad.

57. Sin embargo, siendo congruentes con lo hasta aquí analizado, la Sala
inaplicará por ilegal el acto de reconocimiento pensional del causante, toda
vez que, como antes se adujo, la actuación ilícita no puede generar derechos
a la demandante.

58. Por otra parte, en lo que respecta al recurso de apelación de la parte actora
relativo a que se imponga condena en costas a la parte vencida en el proceso,
debe decirse que la tesis mayoritaria de la Subsección no corresponde al
criterio objetivo, sino que se remite al estudio de la conducta procesal de las
partes.

59. Por lo tanto, la Subsección revocará el fallo apelado, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

60. En este mismo sentido se despachó un asunto con contornos fácticos y
jurídicos similares, puntualmente en la sentencia del 19 de marzo de 2026,
radicación 25000-23-42-000-2021-00167-01 (2099-2022)29

2.5.4 Conclusión

61. La señora Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero no tiene derecho a la

sustitución pensional, en razón a que CAJANAL en el reconocimiento de la
pensión gracia incluyó los tiempos laborados en una plaza nacional en el
Instituto Nacional Francisco José de Caldas de Villavicencio que dependía del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, el docente no reunía los requisitos
para acceder a la pensión gracia, la cual está prevista exclusivamente en favor
de los docentes territoriales.

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C. P. Elizabeth Becerra Cornejo

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62. Por esas circunstancias, se inaplicará por ilegal la Resolución No. 032659
del 30 de julio de 1993, por medio de la cual, se reconoció la pensión gracia al
causante.

2.7. Condena en costas

63. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011. En ese sentido, no hay lugar a condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR por ilegal la Resolución No. 032659 del 30 de julio de
1993, por medio de la cual, se reconoció la pensión gracia al causante José
del Carmen Cárdenas Perilla, conforme a las motivaciones consignadas en
esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del Trece (13) de febrero de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B, y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, en la instancia.

En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Demandante: Marlene Consuelo Vizcaíno Baquero
Demandadas: UGPP

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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