Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-33-33-000-2015-00650-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-33-33-000-2015-00650-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-33-33-000-2015-00650-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00650 01 (2872-2021)
Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Valor probatorio de actos
administrativos reconstruidos. Aplicación de sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Naturaleza del vínculo
docente.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia porque la demandante
no acreditó el requisito de la vinculación como docente territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
de primera instancia del 5 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto
administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo ante la
petición radicada el 18 de noviembre de 2014, mediante el cual se le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, pidió ordenar el reconocimiento de la
prestación a partir del 29 de mayo de 2007, equivalente al 75% del promedio mensual
de los salarios y factores devengados durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento de los requisitos legales.
3. Solicitó igualmente el pago de los reajustes y demás beneficios legales —mesada
1 En adelante UGPP.
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
7_520013333000201500650022EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210907110301, folios 1 a 14.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00650 02 (2872-2021)
Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
semestral, prima de navidad conforme al Acto Legislativo 1 de 2005—, la indexación
conforme a la variación del IPC certificado por el DANE y el cumplimiento del fallo bajo
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.
4. Como fundamentos fácticos expuso que, según certificaciones expedidas por el
municipio de Santacruz (Nariño) y la Secretaría de Educación del departamento de
Nariño, prestó sus servicios de forma ininterrumpida como docente municipal, pagado
con recursos propios, desde el 1.º de septiembre de 1979.
5. Indicó que mediante la Resolución 397 del 1.º de septiembre de 2009 se
reconstruyó el decreto sin numeración que acreditaba su nombramiento como profesor
municipal entre el 1.º de septiembre de 1979 y el 23 de septiembre de 1981 en la Escuela
Rural Mixta de la Vereda Guadualito. Posteriormente, a través del Decreto 179 del 10 de
junio de 2013, se reconstruyó el Decreto 27 del 24 de septiembre de 1981, con base en
el acta de posesión respectiva, lo que acredita servicios docentes entre el 27 de
septiembre de 1981 y el 30 de agosto de 1984.
6. Señaló que entre el 1.º de septiembre de 1984 y el 30 de junio de 1988 su
vinculación legal y reglamentaria fue reemplazada por contratos de prestación de
servicios. Mediante Decreto 016 del 31 de agosto de 1988 se formalizó nuevamente su
nombramiento hasta el 2 de julio de 1989, siendo posteriormente reelegido para el
periodo escolar 1989–1990.
7. Relató que desde el 1.º de septiembre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1996
volvió a ser vinculado bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios.
Posteriormente, el Decreto 02B del 1.º de enero de 1997 formalizó su nombramiento
como docente de la Escuela de Sande, municipio de Santacruz, ratificándose el cargo
mediante Decreto 023 del 1.º de septiembre de 1998 hasta el 3 de marzo de 2005, fecha
en la cual fue incorporado a la planta departamental mediante Decreto 0176 del 4 de
marzo de 2005, manteniendo su condición de docente municipal.
8. Indicó que en oportunidad anterior había solicitado el reconocimiento de la
pensión gracia mediante petición resuelta negativamente por la Resolución RDP 002033
del 22 de enero de 2014, contra la cual no interpuso recursos. Por ello, el 18 de
noviembre de 2014 elevó nueva solicitud, que fue rechazada mediante Auto ADP 002160
del 12 de marzo de 2015, con el argumento de que la cuestión ya había sido decidida en
la actuación anterior.
Contestación de la demanda3
9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando el
incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en especial la
ausencia de prueba del nombramiento y posesión previos al 31 de diciembre de 1980.
Señaló que los períodos entre el 1.º de septiembre de 1979 y el 23 de septiembre de
1981 deben excluirse por inexistencia de actos administrativos auténticos que acrediten
la vinculación.
3 Ibidem, folios 261 a 271.
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Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
10. Alegó que la Resolución 397 del 1.º de septiembre de 2009, mediante la cual se
reconstruyó el supuesto acto de nominación desde 1979, fue expedida sin el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 50 de 1986 o, en su defecto, de lo previsto en
la Ley 1564 de 2012.
11. Sostuvo que los períodos laborados bajo órdenes de prestación de servicios entre
1984–1988 y 1990–1996 no generan vinculación legal ni reglamentaria. Además, afirmó
que los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones no
son computables para la pensión gracia por corresponder a transferencias nacionales.
12. Propuso las excepciones de «prescripción del derecho frente a los contratos de
prestación de servicios», «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y
legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y la solicitud de reconocimiento oficio
de excepciones.
Sentencia apelada4
10. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 5 de diciembre de 2019,
mediante la cual declaró probadas las excepciones propuestas —prescripción,
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, cobro de lo no
debido— y negó las pretensiones, imponiendo costas al demandante.
11. Determinó que no se acreditó la vinculación docente previa al 1.º de enero de
1981. Sostuvo que la reconstrucción del acto de nombramiento mediante la Resolución
397 de 2009 se fundó únicamente en declaraciones extra-proceso, sin que fuera posible
verificar su autenticidad ni la coincidencia de lo manifestado con el contenido original del
acto reconstruido. Por ello, descartó dicho período para efectos del cómputo pensional.
12. Concluyó que, ante la falta de prueba del cumplimiento de este requisito
indispensable para acceder a la pensión gracia, se debían negar las pretensiones de la
demanda.
Recurso de apelación5
13. El demandante apeló la decisión alegando que la Resolución 397 del 1.º de
septiembre de 2009 goza de presunción de legalidad y reconstruye válidamente su
nombramiento como docente municipal desde el 1.º de septiembre de 1979, acreditando
así la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.
14. Sostuvo que acreditó 20 años de servicios como docente territorial del municipio
de Santacruz, incluyendo los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios. Reiteró que fue nombrado directamente por el alcalde municipal sin
intervención del Ministerio de Educación Nacional y que siempre trabajó en
establecimientos educativos del orden territorial con remuneración pagada con recursos
4 Índice 2 de Samai, archivo digital, archivo,
8_520013333000201500650023EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210907110303, folios 149 a 164.
5 Ibidem, folio 171 a 178
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Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
propios del municipio; sumado a que para la fecha de presentación del recurso de
apelación continuaba vinculado sin interrupción.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto del 25 de noviembre de 20216, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante. El 31 de marzo de 2022 7 se corrió traslado a las
partes por el término de diez (10) días para la presentación de alegatos de conclusión y
se dispuso la remisión del expediente al Ministerio Público para la emisión del concepto
correspondiente luego de vencido dicho plazo.
16. En sus alegatos, la parte demandante8 reiteró los fundamentos expuestos en el
recurso de apelación sosteniendo que la Resolución 397 del 1.º de septiembre de 2009
—mediante la cual se reconstruyó su nombramiento como docente territorial— goza de
presunción de legalidad. Afirmó que las declaraciones extraproceso aportadas
constituyen elementos probatorios complementarios e integradores que acreditan la
vigencia y veracidad del acto reconstruido.
17. La entidad demandada9, por su parte, insistió en que no obra en el expediente
prueba idónea que acredite la vinculación del actor con fecha anterior al 31 de diciembre
de 1980. Agregó que las declaraciones extraproceso fueron rendidas el 13 de junio de
2014, es decir, con posterioridad a la expedición de la Resolución 397 de 2009, razón
por la cual no son susceptibles de valoración, dado que no reflejan conocimiento previo
ni contemporáneo al acto reconstruido. Sostuvo además que los tiempos de servicio al
Departamento de Nariño poseen naturaleza nacional, al financiarse los salarios con
recursos del situado fiscal, y que no es procedente computar períodos posteriores a la
vigencia de la Ley 91 de 1989 en tanto corresponden a nombramientos de orden
nacional.
18. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
19. Por otro lado, mediante escrito del 15 de septiembre de 2022 10, la parte
demandante solicitó incorporar como prueba la Resolución 130 del 31 de marzo de 2021
expedida por el alcalde de Santacruz (Nariño), a través de la cual «se reconstruye la
historia laboral del señor Mauro Orlando Rodríguez Cabezas (…) para efectos de solicitar
al Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público la expedición del correspondiente certificado».
20. Por auto del 28 de enero de 202511 se rechazó dicha solicitud por extemporánea,
al haber sido presentada por fuera del término de ejecutoria del auto que admitió el
recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 212 del CPACA —vigente
antes de la modificación introducida por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021—.
6 Índice 7 de Samai, ver expediente digital, archivo
17_520013333000201500650021AUTOQUEADMITE20211201221037.
7
Índice 11 de Samai, ver expediente digital, archivo
23_520013333000201500650021AUTOQUECORRE20220401071843.
8 Índice 18 de Samai, ver expediente digital, archivo 28_520013333000201500650022MemorialWeb20225919949.
9 Índice 17 de Samai, ver expediente digital, archivo 25_520013333000201500650022MemorialWeb2022427214822.
10 Índice 21 de Samai, ver archivo 31_520013333000201500650022MemorialWeb2022915195552.
11 Índice 29 de Samai, ver archivo 36_Autoquerechaz_28722021RECHAZAPOREX_0_20250128082939847.
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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00650 02 (2872-2021)
Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Cuestión previa
22. La entidad demandada12 solicitó se emita sentencia de unificación jurisprudencial
en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos
y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones que debe reunir la
«plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018,
para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.
23. Al respecto, la Sala precisa que de manera reiterada y previa han sido
presentadas las mismas solicitudes en otros procesos adelantados en esta instancia
judicial con similares argumentos, las que fueron decididas a través del auto del 20 de
octubre de 202213, reiterado en providencias del 26 de octubre de 202214, en los que se
indicó que en virtud del artículo 27115 del CPACA, «el Consejo de Estado puede asumir
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a
solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a
petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público,
que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones
de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o
unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación.»
24. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que debe
reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no
están dados los presupuestos para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia
de unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se deben
observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión
gracia.
25.
12 Índice 15 registrado en Samai.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez mediante auto del 20 de
octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010- 01800-
01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26
de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy del Carmen Peña
Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-
00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
15 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento de la
solicitud de unificación.
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Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
26. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo dispuesto en el
auto del 20 de octubre de 202216, reiterado en providencias del 26 de octubre de 2022.
Problema jurídico
27. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
determinará la validez del tiempo de servicios prestado antes del 31 de diciembre de
1980, en contraste con las pruebas documentales obrantes en el expediente. En
especial, este análisis se llevará a cabo considerando el argumento de que el acto
administrativo de reconstrucción establecido en la Resolución 397 del 1.° de septiembre
de 2009 no cumplió con las formalidades requeridas por la ley para su validez.
28. Esto es fundamental para verificar si se satisfizo el requisito estipulado en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que exige demostrar períodos de servicio como
docente, ya sea territorial o nacionalizado, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Análisis del problema jurídico
29. La Sala considera que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca
haberse vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980. Por tal razón, se procederá a confirmar la sentencia emitida en
primera instancia, conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.
30. El demandante afirmó que desde el 1° de septiembre de 1979 hasta el 23 de
septiembre de 1981 desempeñó funciones como docente en la Escuela Rural Mixta de
la Vereda Guadualito, ubicada en el municipio de Santacruz (Nariño).
31. Para probar ese hecho, presentó copia de la Resolución 397 del 1.° de septiembre
de 2009, mediante la cual se reconstruyó el Decreto del 1° de septiembre de 1979 que
formalizó su nombramiento como profesor municipal de la aludida Escuela Rural, hoy
denominada Centro Educativo El Guadualito. En este acto administrativo se consolidó el
nombramiento a partir del 1° de septiembre de 197917, en concordancia con lo estipulado
en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil.
32. Con la demanda se allegó constancia del 13 de mayo de 201518, titulada como
expedida por el jefe de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Santacruz (Nariño)
pero signada por el alcalde de esa población, detallando que el demandante prestó los
servicios docentes al servicio del municipio de Santacruz (Nariño) desde el 1.° de
septiembre de 1979 hasta el 23 de septiembre de 1981 en virtud de la Resolución 397
del 1.° de septiembre de 2009 (acto de reconstrucción).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013- 00344-
01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
17 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
7_520013333000201500650022EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210907110301, folios 37 a 43.
18 Ibidem, folios 31 a 33.
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Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
33. El jefe de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Santacruz (Nariño)
mediante oficio del 15 de febrero de 201919 dio respuesta al requerimiento realizado en
primera instancia, en la cual informó que el demandante se vinculó como docente
mediante Decreto 27 del 24 de septiembre de 1981 hasta el 30 de agosto de 1984 y
siguió vinculado hasta el mes de julio de 1997 «mediante diferentes formas de
vinculación». Luego, por el Decreto 02B del 1.° de enero de 1997 fue nombrado profesor
municipal en provisionalidad y a través del Decreto 023 del 25 de agosto de 1997
designado en propiedad.
34. En este contexto probatorio, resulta oportuno reiterar lo establecido en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, mediante la cual la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó criterios relevantes respecto a
la acreditación de la calidad docente, consolidando la siguiente regla jurisprudencial: […]
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala).
35. Por ende, en estos casos, corresponde al juez analizar el expediente con el
propósito de constatar la existencia de actos administrativos que permitan determinar la
naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Tal examen resulta
esencial dado que el contenido del acto de nombramiento brinda al fallador información
determinante sobre las condiciones jurídicas del cargo y las implicaciones legales a las
que queda sujeto el servidor público.
36. No obstante, en ausencia de dichos documentos el juzgador puede acudir a otros
medios probatorios (como las certificaciones expedidas por las autoridades
nominadoras), los cuales deberán ser valorados integralmente bajo las reglas de la sana
crítica siempre que su contenido resulte indiscutible en cuanto a su veracidad.
37. En el presente asunto, la Sala concluye que no se le puede otorgar el valor
probatorio suficiente a la reconstrucción realizada mediante la Resolución 397 del 1.° de
septiembre de 2009, teniendo en cuenta que no se ha encontrado evidencia que respalde
el procedimiento que se siguió en dicho trámite administrativo ni existe otro medio
probatorio que permita cotejar la información allí consignada.
38. Adicionalmente, no se logra establecer de forma inequívoca la naturaleza del
vínculo docente establecido con el presunto nombramiento en septiembre de 1979. Esto
se debe a que dicho acto administrativo se limitó a rehacer el decreto fechado el 1° de
septiembre de 1979, sin incluir las características necesarias que permitan a la Sala
clasificar adecuadamente esa designación.
19 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
8_520013333000201500650023EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210907110303, folios 15 a 92.
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Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
39. Sumado a lo anterior, en el expediente se evidencia que el acto administrativo fue
reconstruido basándose únicamente en las declaración de María Edelmira Guerrero
Bastidas, Sebastián Álvarez Huertas y Enriqueta Bastidas de Guerrero, quienes
mediante declaraciones extra proceso se limitaron a indicar que tenían conocimiento de
que el actor desempeñó funciones como profesor municipal en el Centro Educativo de la
Vereda Guadualito (antes Escuela Rural Mixta de la Vereda Guadualito del municipio de
Santacruz) desde el 1° de septiembre de 1979 hasta el 23 de septiembre de 1981.
40. Estas declaraciones de terceros carecen de la solidez necesaria para reconstruir
el aludido acto administrativo ya que no describen información adicional que detalle las
características del nombramiento. Asimismo, no se mencionan o aportan documentos u
otras pruebas que faciliten a la Sala una comprensión más precisa sobre las
particularidades de un vínculo docente territorial o nacionalizado en esa época, o al
menos el Formato Único para la Expedición de Historia Laboral emitido por el FOMAG
en el cual se registre la vinculación del demandante para el año 1979.
41. Así las cosas, la Subsección considera que no se han comprobado los extremos
temporales que la parte demandante ha alegado antes del 31 de diciembre de 1980. Esta
conclusión se fundamenta en la falta de certeza acerca de la existencia del acto
administrativo de nombramiento, así como en la ausencia de evidencia sobre la posesión
del cargo docente desde el 1° de septiembre de 1979 hasta el 23 de septiembre de 1981.
Por tanto, carece de fundamento la información contenida en la certificación emitida por
el jefe de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Santacruz (Nariño) y suscrita
por el alcalde municipal, ya que no se ha demostrado de manera indiscutible el vínculo
docente correspondiente.
42. En resumen, el expediente no evidencia de manera inequívoca que el
demandante haya estado vinculado como docente nacionalizado y/o territorial desde el
1.° de septiembre de 1979 hasta el 23 de septiembre de 1981. Por lo tanto, la Sala
procederá a desestimar este periodo, a fin de cumplir con el requisito establecido en el
numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que estipula que el docente debe
demostrar haber tenido una vinculación en dicha calidad antes del 31 de diciembre de
1980.
43. Corolario a lo expuesto, habida cuenta que no se vislumbran otros períodos que
permitan analizar el cumplimiento de ese requisito, se hace inviable proseguir con el
análisis de los restantes tiempos de servicio necesarios para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, ya que esta no podría ser concedida. Por lo tanto, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas de segunda instancia
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00650 02 (2872-2021)
Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00650 02 (2872-2021)
Demandante: Mauro Orlando Rodríguez Cabezas
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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