Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00116-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00116-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00116-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015)
Demandante: Nelcy del Carmen Peña Mercado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia de docente fallecido. No se
logró demostrar el tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre
de 1980. Valoración probatoria. No se analiza falsedad de
documentos, sino su idoneidad y conducencia. Improcedencia
de sustituir un derecho no causado a nombre de la compañera
permanente supérstite. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La señora Nelcy del Carmen Peña Mercado instauró demanda1 en contra de la
UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución UGM 031944 del 8 de febrero de 2012,
por medio de la cual Cajanal EICE - En Liquidación negó el reconocimiento y pago
de la “pensión gracia post mortem” a favor del señor Donaldo Enrique Gamarra
Álvarez (q.e.p.d.), quien era el causante de la actora, así como la solicitud de esta
última para que le fuera sustituida la pensión en calidad de compañera permanente
1 Folios 29 a 39, C1.
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supérstite del referido docente.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer
con los debidos reajustes y a favor del señor Gamarra Álvarez (q.e.p.d.), la “pensión
gracia post mortem” a partir de la fecha en la que adquirió el estatus jurídico (9 de
julio de 2008), ello en cuantía del 75% del promedio salarial devengado durante el
último año de servicio anterior a la consolidación del derecho.
Que, como consecuencia de esta declaración, se ordene sustituir el 100% de dicha
pensión a favor de la demandante desde el 14 de abril de 2011, esto es, al día
siguiente al fallecimiento de su causante, pagando además el valor indexado del
retroactivo de mesadas causadas cuando este último reunió los requisitos para
acceder a esta prerrogativa.
Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos “176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo”, asumiendo para el efecto las costas a que
haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Donaldo Enrique Gamarra Álvarez nació el 9 de noviembre de 1956 y
estuvo vinculado al magisterio del departamento de Bolívar como docente en
solución educativa desde el 5 de febrero de 1980 hasta el 24 de julio de 1985, luego
fue nombrado en propiedad como educador de esa misma entidad territorial del 10
de septiembre de 1992 al 30 de diciembre de 2008.
Que convivió bajo el mismo techo con la señora Nelcy del Carmen Peña Mercado
hasta el 13 de abril de 2011 cuando falleció el causante. Que la reclamante en
calidad de compañera permanente dependía económicamente de este último.
Que, el 9 de febrero de 2010 se radicó una solicitud de reconocimiento de la pensión
gracia a favor del mencionado docente, pero a la fecha de su deceso no se había
dado respuesta.
Que, el 26 de mayo de 2011 se formuló petición tendiente a que se concediera la
pensión gracia post mortem a favor del señor Gamarra Álvarez, y que, a la vez, esta
fuera sustituida a la demandante.
Que a través de la Resolución UGM 031944 del 8 de febrero de 2012 se negó esta
reclamación, aduciendo que no se había demostrado que el causante hubiese
tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, pues lo fue a través de
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la modalidad de solución educativa que no está prevista para ser tenida en cuenta
al momento de adquirir la prerrogativa pretendida.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron las siguientes
disposiciones: artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política;
así como las Leyes 71 de 1988, 33 de 1973, 12 de 1975, 113 de 1985, 114 de 1913
y el Decreto 1160 de 1989.
Que, contrario a lo afirmado por la entidad, el causante del derecho que reclama la
actora sí se encontraba vinculado como docente oficial al 31 de diciembre de 1980
según el certificado de tiempos de servicio, pues se informa que laboró como
educador de tiempo completo en el departamento de Bolívar, durante períodos que
sí son computables para el reconocimiento de la pensión gracia, porque para esta
clase de prerrogativa la Ley 114 de 1913 no exigió aportes de ninguna clase.
Que, como uno de los requisitos primordiales para el reconocimiento de la pensión
gracia es el tipo de vinculación, es decir, que la misma sea departamental, municipal
o distrital, y, teniendo en cuenta que los nombramientos del maestro fallecido no los
efectuó el Ministerio de Educación Nacional, resulta plenamente demostrado que
este sí cumplió con todos los requisitos necesarios para adquirir este derecho, por
lo que, también es evidente que el mismo debe ser sustituido a favor de su
compañera permanente supérstite.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 31 de mayo de 2013 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que, Cajanal EICE, mediante Resolución UGM 031944 del 8 de
febrero de 2012, efectivamente negó la pensión gracia post mortem, pero lo hizo
conforme a las disposiciones aplicables vigentes, pues los tiempos certificados por
la Gobernación de Bolívar comprendidos entre el 5 de febrero de 1980 hasta el 24
de julio de 1985 en la Escuela Oficial Mixta Santa Isabel tienen que ser
desestimados, ya que el tipo de vinculación a través de la modalidad de solución
educativa no está contemplado dentro de la normativa para el reconocimiento del
derecho reclamado.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, (ii) prescripción de mesadas, (iii) buena fe, y, (iv) genérica.
El 5 de noviembre de 20134 se celebró la audiencia inicial en la que se definió que
2 Folios 52 a 56, C1.
3 Folios 67 a 74, C1.
4
Folios 100 a 105, C1.
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no había excepciones previas pendientes de resolver, se fijó el litigio conforme a los
hechos, pretensiones y argumentos de defensa de las partes, se indicó que no hubo
ánimo conciliatorio entre las partes, y finalmente se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.
El 11 de diciembre de 20135 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se
recaudaron y practicaron los medios de convicción pendientes, por lo que finalmente
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 29 de julio de 2014
negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.
Que, inicialmente, se demostró que el señor Gamarra Álvarez laboró como docente
del municipio de Zambrano por un período de 5 años, 5 meses y 19 días, vinculado
mediante solución educativa, la cual es una relación que en términos del Consejo
de Estado tiene naturaleza de contrato de prestación de servicios, en la que la labor
debía ser cumplida personalmente en la institución educativa, bajo el horario
establecido por el Ministerio de Educación y con una remuneración fija.
Que, en virtud de la jurisprudencia de dicha Alta Corte, es claro que el desarrollo de
la actividad educativa ejercida entre el 5 de febrero de 1980 y el 24 de julio de 1985,
se realizó de forma personal y bajo la subordinación del cumplimiento de los
reglamentos del servicio público de educación, por lo que se encuentran reunidos
los presupuestos para considerar que entre la entidad territorial y el causante existió
un vínculo laboral encubierto que sí puede ser tenido en cuenta para computarse
con el fin de cumplir las exigencias de los 20 años de servicio y la acreditación de
un período anterior al 31 de diciembre de 1980, indispensables para consolidar el
derecho en litigio.
Que, se evidenció que el docente fallecido también ejerció como tal bajo un vínculo
del orden territorial entre el 10 de septiembre de 1992 y el 28 de noviembre de 2002
y del 16 de marzo de 2004 al 15 de mayo de 2009, por lo que, al no ser
nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación, es posible computar los
14 años, 6 meses y 11 días restantes que permiten tener cumplido el supuesto del
tiempo de servicio necesario para adquirir la pensión gracia con efectividad desde
el 9 de julio de 2008. Lo propio se concluyó de las exigencias de la edad y el buen
comportamiento de las cuales no hay discusión.
5 Folios 115 a 116, C1.
6 Folios 172 a 182, C1.
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Que, en relación con el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la
actora, es necesario que esta demuestre la convivencia con el causante y los lazos
de afecto que la unían a él como compañera permanente.
Que, si bien al proceso se aportaron declaraciones extrajudiciales de los señores
Orlando Rafael de Oro Avendaño, Libardo Enrique Álvarez Cortés, y Lesbia Judith
Miranda Garcerant; con las que se pretendía acreditar la unión marital de hecho de
la demandante con el docente, lo cierto es que al momento de presentación de la
demanda estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, por lo que se debe dar
aplicación al precedente del Consejo de Estado según el cual esta prueba
anticipada «[…] no cumple con los requisitos de ley, porque esas declaraciones de
terceros, extraproceso, no fueron ratificadas por los declarantes, previo juramento
de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento
Civil. […]»
Que, en tal sentido, se concluyó que la accionante no comprobó la calidad de
compañera permanente del causante, lo que hace imposible inferir su legitimación
para actuar, y, por ende, para reclamar el derecho a la sustitución de la pensión
gracia a la que tuvo derecho en vida el educador Donaldo Enrique Gamarra Álvarez.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia afirmando que, el
tribunal de origen encontró que el causante sí tuvo derecho a la pensión gracia post
mortem, teniendo en cuenta que cumplió con los requisitos de ley, lo cual comparte,
pues esta decisión fue una de las pretensiones de la demanda, por lo que se
entiende que la negativa es solo respecto de la reclamación de la sustitución
pensional a favor de la accionante.
Que, por ello, su inconformidad es con este último punto, esto es, considerar que la
actora no demostró la convivencia con el señor Gamarra Álvarez, puesto que desde
el 26 de mayo de 2011 cuando aquel ya había fallecido, se radicó la respectiva
petición de reconocimiento de dicha prerrogativa a favor de la señora Peña
Mercado, ello con todos los soportes de la unión entre los dos, puntualmente 3
declaraciones extraprocesales que corroboran este hecho, las cuales no fueron
tachadas ni reprochadas por la entonces Cajanal EICE – En Liquidación, tanto así
que son las mismas que se allegaron con la demanda en esta oportunidad, las
cuales esa autoridad ya conocía.
Que, en todo caso, a pesar de la falta de ratificación con testimonios de los
declarantes, estas pruebas son plenas y suficientes para acreditar los lazos entre el
causante y la reclamante, pues tal como lo estimó el Consejo de Estado en
sentencia de tutela del 15 de febrero de 2012 (Rad.: 2012-00035), estos medios de
7 Folios 189 a 195, C1.
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convicción pueden ser valorados siempre que la parte contraria haya tenido la
oportunidad de conocerlos con anterioridad, bien sea en el desarrollo de la
actuación administrativa o en vía judicial, tal como sucede en el presente caso
donde nunca se ha debatido la pertinencia y validez de dichos documentos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 3 de septiembre de 20158 se admitió el recurso de apelación, el 30 de noviembre
de 20159 se prescindió de la celebración de la audiencia de juzgamiento, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar.
La parte demandante10 presentó alegaciones finales en las que ratificó y expuso
los mismos argumentos de su recurso de apelación.
La parte demandada11 allegó sus alegatos en el sentido de solicitar que se confirme
el fallo apelado en la medida en que la parte activa no acreditó la calidad de
compañera permanente del señor Gamarra Álvarez, lo que le impide a la reclamante
tener la legitimidad para pretender el reconocimiento de la sustitución de la pensión
gracia que causó en vida el docente.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el causante de la
pensión reclamada por la actora demostró adecuadamente que cumplió en vida con
la totalidad de los requisitos para haber consolidado el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia desde la fecha estatus hasta el día de su deceso. En caso
afirmativo, tendrá que establecerse si la demandante acreditó las exigencias legales
para ser considerada beneficiaria del docente fallecido, a fin de que le sea
concedida la sustitución de ese derecho.
Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó
conocimiento para unificación de jurisprudencia
Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra
en la plataforma SAMAI,12 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto
del 26 de octubre de 2022,13 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió
no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada
8 Folio 240, C1.
9 Folio 245, C1.
10 Folios 249 a 251, C1.
11 Folio 252, C1.
12 Índice 27 de SAMAI.
13 Índice 21 de la plataforma SAMAI.
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por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como
plaza docente.
Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA14 prevé en su
inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible
de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la
reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada
por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.
En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de
análisis en esta instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre la pensión gracia
Inicialmente, debe destacarse que esta dádiva ostenta esa denominación, ya que
es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre
otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio
al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.°
señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
14 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.
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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»15.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
15 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
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empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,18 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
18 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
La Sala estima necesario precisar que, en el fallo de primera instancia se efectuó
un análisis sobre el reconocimiento de la pensión gracia por parte del señor Donaldo
Enrique Gamarra Álvarez (q.e.p.d.), concluyendo que este sí había logrado acreditar
los requisitos para acceder a este derecho. Sin embargo, pese a ello, se negó la
totalidad de las pretensiones al haber estimado que la actora no había demostrado
la convivencia permanente con su causante durante los 5 años anteriores a su
muerte.
Por tal razón, la parte accionante en su recurso sostuvo que compartía el análisis
efectuado por el tribunal de origen sobre la consolidación de la pensión a favor del
docente, pero que encontraba inconformidad con la negativa de la sustitución al
considerar que sí había comprobado este hecho con las declaraciones
extrajudiciales aportadas con la demanda.
Ahora, si bien tal planteamiento implicaría en principio abordar solo los reparos en
punto a la pretensión sustitutiva, deberá tenerse en cuenta que, como la decisión
en primera instancia fue negar la totalidad de las reclamaciones, incluida la de la
prerrogativa causada por el educador en vida, necesariamente en esta instancia
tendrá que verificarse si este había adquirido o no el derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, pues aquel es el beneficio principal del que se derivan otros como
la sustitución pensional.
Por lo expuesto se concluye que, al estar atadas ambas pretensiones, no puede
efectuarse un estudio sobre esta última sin pronunciarse sobre la primera, al margen
de que el recurso solo hubiese sido formulado por la parte activa, pues, pese a ser
apelante única, cualquier pronunciamiento en segunda instancia no afectaría ni
desmejoraría su situación inicial, ya que la misma es denegatoria de sus
pretensiones, es decir, no tiene concedido ningún derecho a su favor.
Despejado este punto, resulta indispensable analizar si se cumplieron las exigencias
previstas en la regulación aplicable indicada anteriormente en el marco normativo,
en orden de evidenciar si el señor Gamarra Álvarez había o no adquirido el estatus
jurídico pensional respectivo antes de su deceso.
Sin embargo, deberá abordarse inicialmente el estudio del tercer requisito relativo
a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o nacionalizado
anterior al 31 de diciembre de 1980, pues se han generado una serie de dudas e
inconsistencias que impiden satisfacer esta exigencia fundamental para acceder al
beneficio pretendido.
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Al respecto, se observa que la negativa de la entidad accionada se basó
precisamente en la falta de acreditación de esta exigencia, asegurando que la
contratación del maestro bajo la modalidad de soluciones educativas no está
prevista como una opción de tiempo de servicio válido para el efecto.
Por su parte, la accionante aseguró que la primera vinculación de su causante como
educador oficial, antes del 31 de diciembre de 1980, fue a través de una vinculación
por solución educativa con el municipio de Zambrano (Bolívar), la cual duró
supuestamente desde el 5 de febrero de 1980 hasta el 24 de julio de 1985.
Para demostrar lo anterior, la parte activa basó su reclamación solamente en un
certificado laboral emitido el 15 de mayo de 2009 por el alcalde y el director del
servicio educativo “Calse” de la referida entidad territorial,19 en el que se indicó, en
términos generales, que el señor Gamarra Álvarez laboró como docente de tiempo
completo en la Escuela Oficial Mixta Santa Isabel entre 1980 y 1985, ello sin
especificar si el vínculo fue único para ese período, o si lo fue mediante varios
contratos o nombramientos.
Adicionalmente, en procura de verificar este supuesto de hecho, el tribunal de
primera instancia decretó una prueba de oficio el 25 de marzo de 2014,20 con el fin
de que el alcalde del municipio de Zambrano confirmara si el mencionado maestro
había ejercido como tal, para lo cual le solicitó que indicara los extremos del vínculo,
el tipo de relación y el origen de la financiación de su labor.
En respuesta a este requerimiento, el referido funcionario allegó una certificación
del 10 de abril de 201421 en la que aseguró que, una vez consultado el archivo, se
encontraron certificaciones con las que se confirmaba que el causante sí se había
desempeñado como docente de esa entidad a lo largo del mismo período indicado
en el documento anterior, ello en una plaza del orden municipal cuyas acreencias
fueron pagadas con recursos propios del mencionado ente.
Ahora, para la Sala, al revisar la mencionada documentación se generaron una serie
de preguntas respecto de su contenido y la capacidad de demostrar con plena
credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:
¿Cómo es posible que un alcalde encargado en 2009 y otro en 2014 (29 y 34 años
después de los hechos), puedan dar fe de que el docente fallecido laboró al servicio
del municipio de Zambrano (Bolívar) en 1980 sin manifestar con qué soportes
específicos respaldan esa afirmación?, si supuestamente el segundo funcionario
generó la certificación con base en los archivos, ¿por qué no mencionó los
19 Ver folio 6, C1.
20 Ver folios 162 a 163, C1.
21 Ver folios 169 a 170, C1.
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documentos o pruebas que sustentan esa manifestación?, ¿por qué la parte activa
no aportó tales elementos que se dice reposan en la alcaldía en lugar de una
certificación deficiente en detalles sobre el hecho?, ¿existen o no el acto de
nombramiento, el acta de posesión, o una orden de servicios del educador para ese
período?
Además, sin una respuesta a este último cuestionamiento, ¿cómo sería posible
determinar la naturaleza jurídica de la plaza y sus condiciones? Si se afirma que el
causante laboró bajo la modalidad de soluciones educativas, ¿estas fueron a través
de contratos o por nombramientos y actas de posesión?, ¿solo existió un vínculo
ininterrumpido entre el 5 de febrero de 1980 y el 24 de julio de 1985 con fundamento
en un único contrato o relación legal?
Si el mecanismo de las soluciones educativas se diseñó para cubrir servicios de
enseñanza temporales o por periodos lectivos anuales,22 ¿por qué en este caso la
prestación de la labor fue continua entre 1980 y 1985?, ¿hubo contrataciones
intermitentes a lo largo de dicho lapso?, ¿por qué no se relacionaron?, ¿qué
extremos tuvieron?, ¿hubo una decisión directa del Ministerio de Educación
Nacional para avalar esa única solución educativa?
Si eventualmente no existe un acto de nombramiento o un contrato de prestación
de servicios por haberse extraviado o deteriorado, ¿por qué la parte activa nunca
mencionó este hecho?, ¿por qué no se solicitó a la alcaldía municipal que realizara
un proceso de reconstrucción del expediente administrativo con base en la
normativa que regula la materia?
Surgen además otros interrogantes como: ¿qué autoridad o funcionario, y, en
calidad de qué nombró o contrató al docente en 1980?, ¿hubo intervención,
autorización, cofinanciación o desconcentración por parte de la Nación para
vincularlo al municipio de Zambrano?, ¿por qué los dos certificados de 2009 y 2014
se limitan a precisar la misma información de manera deficiente y sin precisión sobre
el respaldo probatorio de lo que dicen acreditar?
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas razonables sobre la
idoneidad de las aludidas pruebas y de su capacidad para acreditar la supuesta
labor desempeñada por el señor Gamarra Álvarez, ya que dichos documentos no
informan de dónde basan su contenido, y si lo mencionan, lo hacen de manera
general, por lo que es claro que, en esta causa judicial, el fundamento para la
22 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 26 de noviembre de 2018, radicado
50001-23-31-000-2009-00316-02 (2470-2015), en la que se precisó que: […] 61. En efecto, el sistema de
“Soluciones Educativas”, consistía en la contratación anual de docentes por los municipios, con recursos del
gobierno nacional, con cargo a sus propios recursos, de suerte que se convirtió en una opción flexible por la
facilidad de vinculación de docentes y posibilitó que se llevara la educación a zonas de difícil acceso. […]
(subrayado intencional).
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supuesta prestación del servicio del docente de 1980 a 1985 se desconoce por
completo.
Ello termina generando un ambiente de incertidumbre, toda vez que no hay un
sustento en otro material probatorio incuestionable que permita respaldar el
supuesto que se quiere demostrar, por lo que, bajo un criterio eminentemente
derivado de la sana crítica, necesariamente a los elementos en cuestión debe
restárseles credibilidad, pero no por considerarlas falsas, sino por su falta de
idoneidad, es decir, por no ser medios inequívocos para poder establecer con
precisión la labor educativa presuntamente desarrollada por el causante, así como
tampoco la naturaleza del vínculo docente de carácter territorial como el alegado.
Al respecto, debe precisarse que en esta causa judicial no es dable emitir
pronunciamientos sobre la validez o no de los mencionados medios de prueba en
lo relacionado con juicios sobre su fiabilidad, pues, además, debe destacarse que
las certificaciones allegadas no fueron tachadas de falsedad por la UGPP.
Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca, más allá de descartar unos
medios de convicción, es realizar un examen crítico sobre ellos, tal y como fueron
practicados en la actuación, pero de ninguna manera desconociendo la procedencia
de su incorporación en el presente proceso, sino valoradas en conjunto con los
demás elementos con el fin de garantizar el principio de la unidad de la prueba
contenido en el artículo 176 del CGP.23
En tal sentido, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas allegadas por el
accionante ni la recaudada de oficio, porque este criterio, en esencia, equivale a
verificar si el documento es adecuado para demostrar el punto que las partes ponen
de presente, esto es, no solo que esté relacionado con el objeto de la controversia
y que se encuentre permitido por la ley, sino que además tenga la viabilidad de
generar certeza sobre su contenido, o lo que es igual, que de su estudio no se creen
dudas, sino respuestas a un interrogante, tanto por su credibilidad sustancial como
formal, es decir, por la fiabilidad de lo que se consigna y se extrae de dicho material
probatorio, así como por la forma en la que lo hace.
En consecuencia, los documentos bajo examen no cumplen con las referidas
condiciones debido a una falta de capacidad probatoria originada en que, en razón
a este primer postulado (el de la credibilidad sustancial), se generan una serie de
cuestionamientos sobre el sustento de lo allí manifestado.24
23 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un importante
principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una
unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que
la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se
requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr
conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad. […]»
24 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso similar al presente, específicamente en sentencia
del 1.º de agosto de 2024, dictada en el radicado: 52001-23-33-000-2016-00208-01 (3052-2019).
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Lo anterior entonces impide tener como cierto el supuesto de la relación legal del
demandante antes del 31 de diciembre de 1980, pues se evidenció que las únicas
pruebas con las que se buscaba acreditar lo propio son en esencia inconducentes25
y, por tanto, incumplen con uno de los elementos esenciales para que esta tuviera
capacidad demostrativa.
Ahora, la existencia de una vinculación formal de un servidor público, como lo es un
docente oficial, requiere de la conjunción de un acto administrativo de nombramiento
y de un acta de posesión, los cuales constituyen, en esencia, las pruebas por
excelencia de la configuración de una relación legal y reglamentaria vigente.
Tanto es así que, en litigios como el presente relacionado con el reconocimiento de
la pensión gracia, esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de
2018 fijó como regla en materia probatoria frente a la naturaleza jurídica de la
vinculación docente, la siguiente: «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]».
Con todo, si bien el referido postulado claramente debe ser atendido en casos como
el que es materia de estudio, lo cierto es que del mismo modo es indispensable
tener en cuenta que aquel corresponde a un lineamiento interpretativo para la
instrucción de asuntos con la misma causa judicial, sin que por esa razón se haya
modificado y mucho menos derogado la normativa procesal aplicable actualmente
a todos los casos sometidos a esta jurisdicción en virtud de lo reglado en el Título
V, Capítulo IX del CPACA, y por remisión directa del artículo 211 de dicha norma,
también en el Código General del Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176.
Por eso, para demostrar la prestación del servicio del causante durante un lapso
anterior al 31 de diciembre de 1980, la reclamante, en principio, debió aportar el
acto de nombramiento y el acta de posesión, o bien los contratos de prestación de
servicios, e incluso, eventualmente, los actos de reconstrucción de los mismos que
hubiesen seguido estrictamente la normativa de archivo propia para el efecto, así
como certificaciones inequívocas sobre el desarrollo de la labor, suscritas por su
propio empleador.
25 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
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De hecho, también pudo haber allegado con lo anterior, constancias laborales de
los rectores de las instituciones donde laboró junto a las constancias de pago o
actos de aprobación de situaciones administrativas; o bien pudo haber solicitado la
práctica de testimonios o informes escritos de parte para poder demostrar de forma
fehaciente el desarrollo material de la labor de maestro, la duración de sus vínculos
y la naturaleza de las plazas ocupadas.
Sin embargo, las pruebas practicadas solo fueron 2 certificaciones carentes de
fundamentación (al no referirse a los soportes en los que se basó lo afirmado como
habrían sido los contratos o actos administrativos) que, lejos de hacerlas
contundentes y precisas en su información, lo que en realidad generaron fue una
serie de dudas que hacen imposible considerarlos inequívocos como se estableció
en la sentencia de unificación aplicable para estos casos, toda vez que, esta
incertidumbre conlleva la posibilidad de cometer eventualmente un error al momento
de valorar la prueba y de determinar probado un supuesto fáctico tan importante
como el examinado, con base en el cual se pudo haber concedido la pretensión.
Bajo dicho contexto, lo cierto es que ante la ausencia de estos medios de convicción,
o por la carencia de vocación probatoria de los mismos por falta de idoneidad como
sucedió en este caso, es evidente que el artículo 165 del CGP habilita a las partes
a recurrir a cualquier tipo de prueba útil y conducente que corrobore lo propio, sin
embargo, la accionante no ejerció una diligencia mayor que la de aportar una serie
de documentos insuficientes, por lo que se configuró el incumplimiento por parte de
la parte activa de la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus
supuestos de hecho, prevista en el artículo 167 del CGP.
En ese entendido, la inobservancia de dicha carga conlleva resultados adversos
para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos de hecho
que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.
De este modo, se concluye que la actora no satisfizo la exigencia de acreditar que
su casuante tuvo un lapso de labor como docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980, de manera que resulta inane examinar los demás
presupuestos normativos para consolidar el derecho en litigio, pues finalmente este
no podría concederse.
Ahora bien, como se encontró que el señor Gamarra Álvarez no acreditó el
cumplimiento de uno de los requisitos esenciales para tener consolidado el derecho
a una pensión gracia, tampoco podrá examinarse la pretensión de sustitución
formulada por la reclamante, toda vez que tal beneficio era accesorio e inherente a
que, en primera medida se concediera la prerrogativa a favor de la masa sucesoral
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del docente fallecido, tal como se explicó en el marco normativo, pues solo es viable
transferir la titularidad de esta dádiva cuando la misma ya se había causado, lo cual
no pudo determinarse en este proceso judicial por falta de actividad probatoria.
Con fundamento en lo expuesto, habrá de confirmarse el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia,
ya que en primera instancia se determinó erradamente que el educador sí había
adquirido la pensión gracia, pero que no podía accederse a lo solicitado a título de
sustitución ante la falta de demostración de la conviviencia de la accionante con su
compañero, lo cual no se ajusta al presente análisis que descarta el objeto de la
reclamación judicial por no haberse demostrado la causación del derecho principal.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202126 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la
demandante según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como
apoderado sustituto al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador de la
tarjeta profesional 262.361, ello conforme a los poderes que se observan en el
índice 38 de SAMAI.
26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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