Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00536-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00536-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00536-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en
plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de julio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
Requisito de vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.
Decisión: Se niegan las pretensiones debido a que la parte demandante no
acreditó de forma inequívoca una vinculación docente de carácter
municipal o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. El accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones AMB 39419 del 19 de agosto de 2008 y 21621 del 8 de junio
de 2009, así como del Auto ADP 001431 del 29 de enero de 2013, expedidos por la Caja
Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL) y la UGPP, respectivamente, mediante
los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad demandada
a reconocer y pagar la referida prestación incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, junto con los
1 En adelante UGPP
2 Folios 2 a 9.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
ajustes y reajustes previstos en la Ley 71 de 1988, los intereses moratorios de los
artículos 192 y 195 del CPACA y la condena en costas.
3. En respaldo de sus pretensiones, manifestó que solicitó ante la entidad el
reconocimiento de la pensión gracia y allegó la documentación exigida por la ley, entre
ellas, tres declaraciones extraprocesales y una certificación expedida por el alcalde
municipal de La Uvita (Boyacá) en 2006, con el fin de acreditar el tiempo laborado entre
el 1.º y el 15 de marzo de 1975, advirtiendo que los archivos municipales desaparecieron
como consecuencia de una incursión guerrillera ocurrida el 1.º de mayo de 1999.
4. Señaló que, a pesar de ello, la entidad negó la solicitud sin valorar los tiempos de
servicio prestados como profesor rural interino en el municipio de La Uvita (Boyacá)
durante el periodo comprendido entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975.
5. Indicó que con las declaraciones extra-juicio de Obdulia Galvis Hernández, Aura
Galvis de Rojas y Emérita Córdoba Chávez, así como con la certificación del alcalde
municipal de La Uvita del 11 de marzo de 2010, se acreditó que prestó servicios docentes
en dicha localidad.
6. Precisó que interpuso solicitud de revocatoria directa contra el Auto ADP 001431
de 2013, para que se continuara con el trámite de su petición radicada el 29 de agosto
de 2012 y se expidiera un nuevo acto administrativo de fondo. No obstante, las
Resoluciones RDP 012752 del 15 de marzo de 2013 y RDP 016497 del 12 de abril de
2013 negaron la revocatoria solicitada.
Contestación de la demanda3
7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el actor no
acreditó vinculación con la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, toda vez
que las declaraciones aportadas no constituyen prueba idónea para demostrar una
relación legal y reglamentaria. Precisó que, conforme a la Ley 50 de 1886, los actos de
nombramiento y posesión son los únicos documentos válidos para acreditar dicho vínculo
y que en este caso no se adelantó el procedimiento de reconstrucción de expediente
previsto en la ley.
8. Sostuvo que las certificaciones laborales aportadas no cumplen los requisitos
necesarios para establecer la autoridad nominadora, la naturaleza del cargo o el origen
de los recursos con los cuales se pagaron los salarios, ni se aportó certificación alguna
que acreditara la causa de la desaparición de los archivos municipales.
9. Frente a la certificación del alcalde municipal de La Uvita del 11 de marzo de 2011,
la entidad indicó que carece de valor probatorio, al no evidenciarse acto de nombramiento
ni posesión, ni la autoridad que efectuó la designación. Aun en gracia de discusión,
sostuvo que no podría ser considerada al corresponder a un nombramiento de carácter
interino.
3 Folios 34 a 42.
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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
10. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido», «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales»,
«prescripción» y la genérica.
Sentencia apelada4
11. El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas y agencias en derecho a la parte vencida. Encontró probado que el
demandante laboró como docente interino del 1.º al 15 de marzo de 1975 en la Escuela
San Antonio del municipio de La Uvita (Boyacá), conforme a las constancias expedidas
por los alcaldes municipales los días 13 de diciembre de 2006 y 11 de marzo de 2010,
en las cuales se registró que el acta de posesión fue destruida a raíz de la incursión
guerrillera de 1999.
12. Agregó que, durante la primera instancia, se practicó testimonio mediante
despacho comisorio de la señora Obdulia Galvis Hernández (19 de mayo de 2016), quien
declaró haber posesionado al actor como docente en 1975 en la Escuela Rural San
Antonio, para cubrir una licencia. El Tribunal consideró dicho medio de prueba suficiente
para acreditar el requisito de la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
13. No obstante, concluyó que el demandante no demostró haber laborado durante 20
años como docente territorial o nacionalizado para la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989 (29 de diciembre de 1989), pues para esa fecha solo acumulaba 6 años y 12 días
de servicio. En tal sentido, sostuvo que no podía computarse el tiempo laborado con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989, dado que, conforme a la sentencia C-489 de
2000 de la Corte Constitucional, los requisitos para acceder a la pensión gracia debían
cumplirse antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
Recurso de apelación5
14. El demandante interpuso recurso de apelación señalando que el 1.º de mayo de
1999 una incursión guerrillera destruyó los archivos municipales de La Uvita (Boyacá).
En cumplimiento de la Ley 50 de 1886, aportó tres declaraciones extra-juicio y dos
certificaciones laborales para acreditar su vinculación docente entre el 1.º y el 15 de
marzo de 1975.
15. Argumentó que, en sede judicial, se recibieron los testimonios de Emérita Córdoba
Chávez y Obdulia Galvis Hernández, quienes confirmaron su vinculación en el citado
periodo. Aunque la primera no precisó quién efectuó el nombramiento ni quién pagó los
salarios, la segunda ratificó los hechos expuestos en las declaraciones anteriores.
16. Afirmó que logró acreditar su vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de
1980 mediante las pruebas documentales allegadas al expediente. Además, sostuvo que
los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia pueden completarse
4 Folios 211 al 223.
5 Folios 225 a 228.
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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
en cualquier tiempo, siempre que el interesado hubiera tenido la calidad de docente
territorial antes de dicha fecha, requisito que considera plenamente demostrado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 17 de junio de 20196 se admitió el recurso de apelación. A través
de auto del 13 de agosto de 20207, se corrió traslado a las partes de conformidad con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623
del Código General del Proceso.
18. Las partes y Ministerio Público se abstuvieron de emitir pronunciamiento en esta
etapa8.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Cuestión previa
20. La entidad demandada9 solicitó se emita sentencia de unificación jurisprudencial
en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos
y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones que debe reunir la
«plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018,
para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.
21. Al respecto, la Sala precisa que de manera reiterada y previa han sido presentadas
las mismas solicitudes en otros procesos adelantados en esta instancia judicial con
similares argumentos, las que fueron decididas a través del auto del 20 de octubre de
202210, reiterado en providencias del 26 de octubre de 202211, en los que se indicó que
en virtud del artículo 27112 del CPACA, «el Consejo de Estado puede asumir
6 Folio 234.
7 Folio 253.
8 Índice 14 de Samai. Informe secretarial del 21 de enero de 2021.
9 Índice 15 registrado en Samai.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez mediante
auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015), demandante:
Baudilio Ramírez Alvernia.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-
2010- 01800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado,
Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-
2015), demandante: Nelcy del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26
de octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro
Grosso Buitrago.
12 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el
momento de la solicitud de unificación.
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Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a
solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a
petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público,
que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones
de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o
unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación.»
22. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que debe
reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no
están dados los presupuestos para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de
unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se deben observar,
con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia.
23. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo dispuesto en el
auto del 20 de octubre de 202213, reiterado en providencias del 26 de octubre de 2022.
Problemas jurídicos
24. De conformidad con los reparos específicos desarrollados en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala analizar si el demandante debía reunir la totalidad de
los requisitos legales para acceder a la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989,
fecha en la que entró en vigencia la Ley 91 de 1989.
25. En caso negativo, la Sala deberá determinar si el actor cumple los requisitos
exigidos por la ley para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, en particular, la
acreditación de haberse vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980 y en la misma calidad durante 20 años, de conformidad
con los artículos 1.° de la Ley 114 de 1913 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Análisis de los problemas jurídicos
1. Sobre la exigencia de cumplir con la totalidad de requisitos para acceder a
la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989.
26. Esta Corporación, en la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de
agosto de 202214, aclaró que el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989
debe interpretarse de la siguiente manera: «[l]os docentes pueden acceder a la pensión
gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre que demuestren una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-
2013- 00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2021, del 11 de agosto de 2022, radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
27. Así pues, en dicha providencia de unificación la Sala Plena de la Sección Segunda
destacó que la Corte Constitucional no ha afirmado de manera expresa que los docentes
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 deban cumplir los requisitos de edad y
tiempo de servicio antes del 29 de diciembre de 1989. Por el contrario, se ha limitado a
proteger los derechos adquiridos consolidados hasta esa fecha de acuerdo con el artículo
58 de la Constitución y ha promovido una interpretación que respeta los principios de
favorabilidad y pro homine, que exigen optar por la alternativa más garantista.
28. Por consiguiente, dado que esta regla jurisprudencial debe aplicarse a todos los
casos pendientes de resolución, tanto administrativa como judicialmente15, la Sala
estimará el reparo realizado por el demandante en su recurso de apelación y se
procederá a analizar si la parte demandante acreditó la totalidad de los requisitos para
acceder a la pensión gracia.
2. Análisis de los tiempos de servicios prestados por el demandante como
docente de carácter oficial
• Vinculación docente de carácter territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980
29. La parte demandante sostiene que prestó sus servicios como docente en la
Escuela San Antonio del municipio de La Uvita entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975, con
lo cual pretende acreditar el cumplimiento del requisito consistente en haberse vinculado
como docente de carácter municipal con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
30. Con el propósito de demostrar dicho hecho, el actor allegó al proceso las
declaraciones extraprocesales rendidas por la señora Emerita Córdoba Chaves ante la
Notaría Segunda del Círculo de Tunja y la Notaría Dieciséis del Círculo de Medellín, los
días 11 de diciembre de 2006 y 5 de septiembre de 2008, respectivamente.
31. En tales declaraciones manifestó que, para el 1.º de marzo de 1975, se
desempeñaba como jefe de núcleo en el municipio de La Uvita, razón por la cual le
constaba que el señor Plutarco Cáceres ejerció funciones docentes desde esa misma
fecha y hasta el 15 de marzo siguiente en la escuela rural de la vereda San Antonio, en
reemplazo de la profesora Irma Quintero, quien se encontraba en licencia16.
32. En términos similares rindieron declaración extraprocesal ante la Alcaldía
Municipal y el Juzgado Municipal de La Uvita, así como ante la Notaría Única de Boavita,
15 Así lo dispuso expresamente la Sala Plena de la Sección Segunda en el numeral segundo de la parte
resolutiva de la aludida sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
2022 (se reproduce): «Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en
la presente sentencia de unificación es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los procesos
similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En
consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada.
En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan
inmodificables.»
16
Folios 15 y 18 (reverso).
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Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
el propio demandante y las señoras Aurora Galvis Rojas y Obdulia Galvis Hernández.
Esta última agregó que para la época se desempeñaba como alcaldesa del municipio,
además de señalar que en el año 1989 la sede de la alcaldía y sus archivos fueron
destruidos durante una toma guerrillera, circunstancia por la cual no existe constancia
escrita del nombramiento17.
33. De igual forma, el 13 de diciembre de 2006, el alcalde del municipio de La Uvita
(Boyacá) certificó que el demandante prestó sus servicios al ente territorial entre el 1.º y
el 15 de marzo de 1975 como docente de la escuela rural ubicada en la vereda San
Antonio, con nombramiento efectuado para cubrir la licencia de la profesora Irma
Quintero.
34. Agregó que no fue posible allegar el acta de posesión correspondiente, habida
cuenta de que el palacio municipal y sus archivos fueron destruidos en la toma guerrillera
ocurrida el 1.º de mayo de 1989. Finalmente, indicó que sobre dicho tiempo de servicio
rindieron declaración las señoras Obdulia Galvis Hernández y Aurora Galvis Rojas, en
sus calidades de exalcaldesa, exdocente y habitantes del municipio18.
35. El 11 de marzo de 2010, el entonces alcalde del municipio de La Uvita certificó que
el actor prestó sus servicios al ente territorial, por intermedio de la Secretaría de
Educación de Boyacá, entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975, en el cargo de docente de
la escuela rural de la vereda San Antonio, con ocasión de la licencia de la profesora Irma
Quintero.
36. En la misma certificación se indicó que tanto el nombramiento como la posesión
fueron efectuados por el municipio y se reiteró que no fue posible allegar el acta de
posesión debido a la incineración de los archivos municipales durante la incursión
guerrillera ocurrida en el año 198919.
37. Por su parte, el certificado de tiempo de servicio de personal retirado n.º 3181,
expedido el 10 de octubre de 2013 por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá, registra que el demandante se desempeñó como docente de primaria en la
escuela rural de San Antonio del municipio de La Uvita entre el 1.º y el 15 de marzo de
1975, de conformidad con el «oficio de fecha 11 de marzo de 2010 expedido y suscrito
por el alcalde municipal de La Uvita, Boyacá»20.
38. Mediante el oficio n.º 2016RE603, de fecha 9 de marzo de 2016, la Secretaría de
Educación Municipal de Duitama informó al tribunal de primera instancia que, tras la
revisión de sus registros, no se evidenció ninguna vinculación del actor durante el período
comprendido entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975, ni se encontró documento alguno que
diera cuenta de una relación laboral en ese lapso. Igualmente, precisó que la inscripción
del demandante en el escalafón docente nacional se produjo a partir del 19 de diciembre
de 1984, conforme a lo dispuesto en la Resolución n.º 12614 de la misma fecha 21.
17
Folios 15 (reverso) al 18.
18 Folio 16 ibidem.
19
Folio 19.
20 Folios 24 a 25 del cuaderno de pruebas.
21
Folio 151.
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Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
39. En diligencia de recepción de testimonio practicada el 19 de mayo de 2016 ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de La Uvita, la señora Obdulia Galvis Hernández, quien
contaba con 85 años de edad, relató haber sido alcaldesa de La Uvita alrededor del año
1975, pero no recuerda la fecha exacta de su posesión por pérdida de archivos debida a
un incendio ocasionado por la guerrilla. Indicó que, durante 1975, Plutarco Cáceres
trabajó en la escuela de San Antonio, inicialmente como docente y luego como secretario
municipal (se dejó constancia que revisó un documento que portaba).
40. La testigo manifestó desconocer documentos oficiales que acrediten ese tiempo
de servicio, reiterando que muchos archivos desaparecieron por un incendio de la
alcaldía. Afirmó que posiblemente el nombramiento de Plutarco fue realizado por la
Secretaría de Educación Departamental y solo acudió a posesionarse ante su despacho.
Aunque recordó haber visto a Plutarco Cáceres cumplir funciones educativas y
administrativas, precisó que no tiene certeza de fechas exactas, pues han pasado más
de 40 años.
41. En este punto, es menester señalar que la Sala Plena de esta Sección, en
sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, estableció directrices pertinentes a la
prueba de la calidad docente consolidando así la siguiente regla jurisprudencial:
«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)
42. De conformidad con lo expuesto, en esta clase de asuntos el juez debe examinar
el expediente con el fin de verificar la existencia del acto administrativo de nombramiento
—o, en su defecto, del acta de posesión— que permita determinar la naturaleza jurídica
del vínculo o de la plaza docente objeto de controversia. Ello resulta fundamental, en la
medida en que el contenido de dichos documentos proporciona información determinante
sobre las condiciones jurídicas del cargo desempeñado y el régimen al cual quedó sujeto
el servidor.
43. No obstante, ante la ausencia de tales documentos, es posible acudir a otros
medios probatorios, los cuales deben ser analizados de manera conjunta y conforme a
las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones expedidas por las autoridades
nominadoras, siempre que la información en ellas contenida resulte clara, precisa e
inequívoca.
44. En el presente caso, el actor no aportó el acto administrativo de nombramiento ni
el acta de posesión correspondientes a los servicios docentes que afirma haber prestado
entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975, aduciendo que ello obedece a la incineración del
archivo municipal durante una toma guerrillera ocurrida en el año 1989.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
45. Corresponde entonces a la Sala verificar si la información consignada en las
certificaciones expedidas el 13 de diciembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010 por el
alcalde del municipio de La Uvita, así como en la certificación del 10 de octubre de 2013
emanada de la Secretaría de Educación de Boyacá, resulta inequívoca y suficiente para
acreditar la existencia y características del vínculo docente alegado.
46. Al respecto, se advierte que dichas certificaciones no tuvieron como fuente el acto
administrativo de nombramiento ni el acta de posesión, sino que se fundamentaron
expresamente en declaraciones extraprocesales rendidas por las señoras Obdulia Galvis
Hernández y Aurora Galvis de Rojas. Incluso, el certificado expedido el 10 de octubre de
2013 señala de manera expresa que su origen es la certificación del 11 de marzo de
2010, en la cual el alcalde manifestó que no fue posible consultar el acta de posesión
debido a su destrucción.
47. En ese orden de ideas, las certificaciones allegadas al expediente no se
sustentaron en documentos públicos distintos de las referidas declaraciones
extraprocesales, aunado a que la certificación expedida por el alcalde el 11 de marzo de
2010 no precisó de manera concreta las fuentes documentales consultadas para su
expedición.
48. De otra parte, en el curso de la primera instancia se practicó la prueba testimonial
de la señora Obdulia Galvis Hernández. Sin embargo, dicha declaración no ofrece
certeza suficiente sobre la existencia del vínculo docente alegado, toda vez que la
deponente no recordó fechas precisas de la designación ni otras circunstancias de modo,
tiempo y lugar que permitieran esclarecer los hechos relacionados con el supuesto
nombramiento, además de que manifestó haber consultado documentos para responder
algunas de las preguntas formuladas.
49. Así las cosas, en el presente asunto, si bien se aportaron certificaciones con el
propósito de suplir la ausencia del acto administrativo de nombramiento o del acta de
posesión, lo cierto es que estas no permiten establecer, con grado de certeza suficiente,
la naturaleza jurídica de la vinculación que el actor afirma haber tenido con el municipio
de La Uvita o con la Secretaría de Educación de Boyacá durante el período comprendido
entre el 1.º y el 15 de marzo de 1975.
50. En relación con la carga de la prueba, el artículo 167 del Código General del
Proceso dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
51. En el caso bajo examen, correspondía a la parte demandante acreditar, mediante
prueba idónea, su vinculación docente formalizada con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, presupuesto indispensable para el reconocimiento de la prestación reclamada.
52. Tal acreditación pudo haberse intentado, a manera de ejemplo, a través del trámite
de reconstrucción del expediente administrativo, de acuerdo a la época de inicio del
procedimiento, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, el Código
General del Proceso y las disposiciones especiales del Acuerdo 07 del 15 de octubre de
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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
2014 emanado del Archivo General de la Nación, sin que en el expediente obre
constancia de que se hubiese adelantado dicha gestión.
53. En consecuencia, al descartarse este periodo, la Sala concluye que no se
encuentra acreditada la existencia de una relación legal y reglamentaria que permita
afirmar de manera inequívoca que el demandante ostentó una vinculación docente de
carácter territorial y/o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
especialmente al no haberse allegado copia del acto administrativas de nombramiento o
el acta de posesión, ni las certificaciones fueron concluyentes sobre el particular.
54. En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, pero debido a que el actor no acreditó el
requisito mínimo de vinculación territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, presupuesto indispensable para el reconocimiento de la pensión
gracia.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial
habida cuenta que, en efecto, el demandante tenía la posibilidad de acreditar los 20 años
de servicios en cualquier tiempo. En consecuencia, se prescindirá de la condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Radicación: 15001 23 33 000 2014 00536 01 (0411-2019)
Demandante: Plutarco Cáceres Córdoba
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 25 de septiembre de 2018 dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante, de acuerdo con las razones explicadas en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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