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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01091-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01091-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Negar la solicitud de unificación jurisprudencial presentada por la UGPP. Segundo: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 30 de junio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas impuesta en primera instancia en el numeral sexto de la providencia, el cual se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias. Cuarto: Aceptar la sustitución del poder a la abogada María de los Ángeles Alfonso Bravo, que obra a índice 30, identificada con la cédula de ciudadanía 1.045.748.691 y tarjeta profesional 418.259 del CSJ, para actuar como apoderada de la demandante. Asimismo, se acepta la sustitución del poder, que consta índice 40, al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía 1.149.189.550 de Florencia (Caquetá) y tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la entidad demandada. Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-01091-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Subtema 1: validez probatoria de las copias simples. Subtema
2: directivos docentes como beneficiarios de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia del 30 de
junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante solicita el reconocimiento de la pensión gracia que fue negada por la
UGPP al indicar que aportó los actos administrativos de nombramiento y posesión en
copia simple. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que
las copias de los documentos públicos se presumen auténticas, cuando no han sido
tachados de falsos. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de
apelación para insistir en que dichos documentos carecen de valor probatorio.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La señora Leyly Roquelina Silva Caballero, a través de apoderado judicial,
presentó demanda el 19 de julio de 20161, en ejercicio del medio de control de nulidad

1 19 de julio de 2016.

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP),
para solicitar se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 041199 del 6 de octubre de 2015, RDP 052310 del 9 de diciembre
de 2015 y RDP 007867 del 23 de febrero de 2016, que negaron el reconocimiento del
derecho a la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP al
reconocimiento y pago de su pensión gracia, donde se incluyan todos los factores
salariales, con una cuantía del 75% desde la adquisición de su estatus pensional.

3. Igualmente, pidió que las sumas reconocidas sean ajustadas en los términos
del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, así como que se condene en costas a la
entidad demandada y que cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 y 195
de la Ley 1437 de 20112.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. La demandante nació el 9 de julio de 1955 y cumplió 50 años en 2005. Fue
nombrada subdirectora de la Escuela Concentración Alfonso López Pumarejo, en el
municipio de Turbaco, mediante el Decreto 295 del 1°. de abril de 1975. Desempeñó
ese cargo desde el 15 de abril de 1975 hasta el 30 de septiembre de 1977, pues fue
retirada del servicio por medio del Decreto 917 del 1°. de octubre de 1977.

6. Posteriormente, la accionante fue nombrada en propiedad como docente en la
Escuela Urbana María Auxiliadora mediante el Decreto 475 del 29 de septiembre de
1988. Fue trasladada a la Escuela Mixta Antonio Nariño, en el municipio de El Carmen
de Bolívar, conforme al Decreto 1294 del 2 de septiembre de 1997.

7. El 29 de mayo de 2006, la demandante cumplió 20 años de servicio y adquirió
el estatus pensional. En consecuencia, el 25 de mayo de 2015, solicitó ante la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

8. El 25 de mayo de 2015, la accionante solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia. Sin embargo, mediante la Resolución RDP 041199 del 6 de octubre de 2015,
la entidad demandada negó su solicitud, al argumentar que no presentó los actos de
nombramiento ni las actas de posesión en original o en copias auténticas expedidas
por la Secretaría de Educación de Bolívar. Además, adujo que, tras verificar la base
de docentes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG), se estableció como fecha de posesión el 29 de septiembre de 1988.

2 Índice 2 Samai. ED_13001233300020160109. págs. 1 a 11.

2

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

9. La interesada interpuso recurso de apelación, pero la entidad confirmó la
decisión mediante la Resolución RDP 052310 del 9 de diciembre de 2015.
Posteriormente, la UGPP expidió la Resolución RDP 007867 del 23 de febrero de
2016, donde negó nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia. No obstante,
la demandante señaló que «la suscrita no realizó una solicitud nueva de pensión
gracia».

2.1.2. Normas vulneradas y concepto de violación

10. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: la Constitución Política,
artículos 2, 6, 13, 25, 53, 58 y 84; el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21; la Ley
114 de 1913, artículos 1, 3 y 4; la Ley 116 de 1928, artículo 6; la Ley 37 de 1933,
artículo 33; la Ley 91 de 1989, artículo 15 y la Ley 115 de 1994

11. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que a partir de las
pruebas aportadas, se acredita que cumplió con todos los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia. En este sentido, señaló que sí estaba vinculada al
departamento de Bolívar antes del 31 de diciembre de 1980, como lo demuestran el
Decreto 295 de 1975, el acta de posesión correspondiente y los certificados de los
tiempos de servicio expedidos por la Secretaría de Educación de Bolívar. Por lo tanto,
el acto de nombramiento de 1975 no puede ser desconocido, puesto que constituye
una manifestación de la voluntad de la administración con efectos jurídicos vinculantes.

2.2. Contestación de la demanda

12. La UGPP, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la accionante no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia.
Así, indicó que no acreditó los 20 años de servicio con una vinculación nacionalizada
o territorial. Además, con fundamento en la sentencia C-489 de 2000 de la Corte
Constitucional, sostuvo que la Ley 91 de 1989 excluye del derecho a la pensión gracia
a quienes no hayan cumplido con todos los requisitos legales al momento de su
entrada en vigencia.

13. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad demandada afirmó que los tiempos de
servicios laborados en la Escuela Concentración Alfonso López Pumarejo, en el
municipio de Turbaco, no están acreditados, toda vez que la documentación «carece
de valor probatorio al haber sido aportada en copias simples», y lo procedente era
aportarlas en originales o copias auténticas3.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 30 de junio de 2020,
declaró la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RDP

3 Índice 2 Samai. ED_13001233300020160109. págs. 83 a 91.

3

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

041199 del 6 de octubre de 2015 y RDP 052310 del 9 de diciembre de 2015. En
consecuencia, condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia con efectos
fiscales a partir del 25 de mayo de 2012, pues declaró la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad a la fecha referida. Por último, condenó en costas a la
entidad demandada.

15. Como fundamento de la decisión, consideró que la demandante fue docente
nacionalizada durante 26 años, 7 meses y 1 día y acreditó el requisito de vinculación
a la docencia oficial del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980, en virtud
del Decreto 295 del 1°. de abril de 1975, que ordenó el nombramiento en el cargo de
subdirectora de la Concentración Educativa Alfonso López Pumarejo de Turbaco. En
particular, señaló que los documentos públicos tanto originales como copias, se
presumen auténticos, salvo que sean tachados de falsos. Por lo tanto, concluyó que
ese tiempo era computable para la pensión gracia, independientemente que el
nombramiento haya sido como subdirectora de una institución educativa.

16. Adicionalmente, el Tribunal consideró que la entidad demandada incurrió en una
interpretación incorrecta de la sentencia C-489 de 2000, así como del literal a) del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, ya que en ningún momento la Corte Constitucional
afirmó que los únicos beneficiarios de la pensión gracia eran los docentes que
cumplieron con todos los requisitos a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

17. Respecto a la Resolución RDP 007867 del 23 de febrero de 2016, el Tribunal se
abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo, pues la parte interesada no interpuso
los recursos de reposición y apelación.

18. Determinó que la accionante adquirió el estatus pensional el 14 de abril de 2006,
pero interpuso la reclamación administrativa el 25 de mayo de 2015, es decir, pasados
más de tres años para interrumpir la prescripción. Por esta razón, los efectos fiscales
del reconocimiento de la pensión gracia son a partir del 25 de mayo de 2012 y declaró
la prescripción del derecho al pago de las mesadas anteriores a esta fecha.

19. Por último, el Tribunal acogió el criterio objetivo-valorativo, para condenar en
costas a la entidad demandada, sin la necesidad de evaluar una temeridad o mala fe 4.

2.4. Recurso de apelación

20. La UGPP, mediante apoderado, solicitó revocar la sentencia de primera instancia
al indicar que la demandante no probó haber completado 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada, ya que a su juicio está claro que su vinculación fue
de carácter nacional.

4 Ibidem. págs. 182 a 199.

4

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

21. Asimismo, señaló que no se acreditaron los tiempos de servicio anteriores al 31
de diciembre de 1980, pues el acto de nombramiento contenido en el Decreto 295 de
1975 y su respectiva acta de posesión no fueron aportados en original ni en copia
auténtica. En todo caso, afirmó que dicho nombramiento no podía ser considerado, ya
que el personal administrativo no tiene derecho a la pensión gracia, beneficio
reservado exclusivamente para el personal docente.

22. La entidad demandada sostuvo que, según el certificado de historia laboral
expedido por la Secretaría de Educación de Bolívar, la accionante no probó que haya
prestado sus servicios como docente bajo una vinculación válida.

23. Reiteró que la Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 2000 estableció que
no pueden acceder a la pensión gracia quienes no hayan cumplido con todos los
requisitos antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

24. Para la UGPP, la demandante incumplió el requisito del numeral 3 del artículo 4
de la Ley 114 de 1913 referente a que para el reconocimiento de la pensión gracia no
se debe haber recibido una recompensa de carácter nacional. Esto, por cuanto, a partir
del 15 de febrero de 1994, los recursos percibidos por la docente provinieron del
Sistema General de Participaciones, el cual está constituido por fondos de la Nación.

25. Para concluir, solicitó que se revoque la condena en costas porque prosperó
parcialmente la excepción de prescripción y existió una debida diligencia y
colaboración durante todo el proceso. Además, el Tribunal no tuvo en cuenta otros
elementos como la mala fe o la temeridad5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 12 de mayo de 20226, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación. Por medio del auto del 4 de abril de 20247, corrió traslado a las partes
para que, en un término de 10 días, presentaran sus alegatos de conclusión conforme
al numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

2.5.1. Alegatos de conclusión

2.5.1.1. Parte demandante

27. La demandante pidió confirmar la sentencia de primera instancia. Sostuvo que no
existe fundamento jurídico para negar el reconocimiento de la pensión gracia por la
ausencia de copia auténtica u original del acto de nombramiento y del acta de
posesión. En apoyo de su posición, citó el artículo 9 del Decreto Ley 19 de 2012, que

5 Ibidem. págs. 211 a 219.
6 Samai, índice 8.
7 Samai, índice 24.

5

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

faculta a las entidades públicas para requerir directamente los documentos faltantes
dentro de las actuaciones administrativas8.

2.5.1.2. Parte demandada

28. La entidad demandada argumentó que no está acreditado el vínculo de la
demandante como docente o directiva docente territorial o nacionalizado antes del 31
de diciembre de 1980. Señaló que, aunque fue nombrada como subdirectora de la
Escuela Concentración Alfonso López Pumarejo en el municipio de Turbaco, entre
1975 y 1977, su cargo era de naturaleza administrativa y no corresponde a un puesto
de directivo docente de los contemplados en el artículo 32 del Decreto Ley 2277 de
1979. Con base en lo anterior, sostuvo que Leyly Roquelina Silva Caballero no tenía
una expectativa legítima del derecho a la pensión gracia, pues al iniciar labores como
docente lo hizo con pleno conocimiento que no adquiriría dicha prestación periódica9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Cuestión previa. Solicitud de unificación jurisprudencial

30. Dentro del trámite de segunda instancia, la entidad demandada presentó
solicitud10 para que, por medio de sentencia de unificación, esta Sección estableciera
el significado de «plaza docente», con el fin de determinar las condiciones que debe
cumplir para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial. Para la UGPP, la
sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 amplió el margen de
interpretación sobre el reconocimiento de la pensión gracia. Por tal razón, se dijo que
los docentes que históricamente eran considerados nacionales, han buscado acceder
a esta prestación periódica.

31. A partir de lo anterior, la entidad solicitó que se defina con precisión el concepto
de plaza docente y establezca la naturaleza de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales. Argumentó que esta delimitación es necesaria para evitar
el reconocimiento indebido de pensiones gracia a docentes con vinculación nacional,
lo que permitiría una mejor gestión administrativa y reduciría la litigiosidad en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Asimismo, indicó que, aunque existen

8 Índice 28 Samai.
9 Índice 29 Samai.
10 Índice 6 Samai.

6

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

criterios para determinar si un docente tiene derecho a la pensión gracia, estos no son
suficientes para diferenciar adecuadamente a los docentes nacionales de los que sí
son beneficiarios.

32. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera procedente analizar lo solicitado
por la UGPP en esta etapa procesal, en aplicación del principio de economía
procesal11, tal como se ha hecho esta Sección en casos anteriores12, con las siguientes
consideraciones.

33. La argumentación presentada por la UGPP ya fue resuelta por la Sección Segunda
en los autos del 20 de octubre de 202213 y 29 de junio de 202314. Concretamente, la
entidad no justifica la necesidad de unificar jurisprudencia, sino que expone su
inconformidad con la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018. Sin
embargo, el simple desacuerdo con el precedente judicial no hace procedente la
unificación jurisprudencial, pues una interpretación distinta iría en contra de lo
establecido por el legislador en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 15.

34. En cuanto a la naturaleza de las plazas docentes y los criterios para determinar el
derecho a la pensión gracia, esta corporación ha adoptado un criterio pacífico sobre
los docentes que pueden adquirir esa prestación periódica. Al respecto, en las
sentencias del 29 de agosto de 199716, 22 de enero de 201517, 21 de junio de 201818
y 11 de agosto de 202219, se estipuló que los docentes nacionales no tienen derecho
a la pensión gracia y se precisaron los tiempos de servicio que sí son computables
para acceder a esta.

35. Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta los pronunciamientos previos de esta
Sección frente a solicitudes similares presentadas por la UGPP, la Sala se está a lo
resuelto por la Sección en los autos del 20 de octubre de 202220 y 29 de junio de 202321
y negará la solicitud de unificación.

11 La Corte Constitucional ha explicado que el principio de economía procesal busca conseguir el mayor resultado

con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Su aplicación tiene como objetivo agilizar la resolución
de los litigios y asegurar una justicia rápida y efectiva. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-037 del 19 de
febrero de 1998. Expediente D-1750. M.P. Jorge Arango Mejía.
12 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Sentencia del 3 de mayo de 2024. Radicado 41001-23-33-000-2021-00144-01 (2926-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
13 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015). M.P. William Hernández Gómez.
14 Radicado 15001-23-33-000-2019-00099-01 (5605-2019). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
15 «Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar

jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de
importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar
su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia
o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes
de fallo o de decisión interlocutoria. […]».
16 Radicado S-699. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
17 Radicado 25000-23-42-000-2012-02017-01 (0775-2014). M.P. Alfonso Vargas Rincón (E).
18 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (2805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015). M.P. William Hernández Gómez.
21 Radicado 15001-23-33-000-2019-00099-01 (5605-2019). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

3.3. Problemas jurídicos

36. De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demandada, y con el fin
de determinar si la señora Leyly Roquelina Silva Caballero tiene derecho a la pensión
gracia, la Sala se circunscribirá a responder los siguientes problemas jurídicos:

¿Si la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque
los actos administrativos de nombramiento y posesión fueron aportados en copia
simple, y si el cargo de subdirectora no es válido para dicho reconocimiento pensional?

¿Para tener derecho a la pensión gracia se requiere cumplir todos los requisitos
legales antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989?

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. La pensión gracia

37. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 22,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

38. La Ley 116 de 192823 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

39. Posteriormente, la Ley 37 de 193324 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

40. Por su parte, la Ley 91 de 198925 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

22 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
23 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
24 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
25 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

41. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1026 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

42. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199727, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […]
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […]
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la
ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

43. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201828, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

26 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21

de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.

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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de
veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber
cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.

44. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados29, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

29 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.

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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar […].

45. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.5. Hechos probados.

46. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

47.Para reconocer el derecho pensional reclamado, se requiere haber cumplido 50
años de edad. Visto el material probatorio, la Sala observa que la accionante nació el
9 de julio de 1955, como consta en el registro civil de nacimiento30. En consecuencia,
cumplió con el requisito de los 50 años el 9 de julio de 2005.

• Vinculación docente

48. El gobernador de Bolívar a través del Decreto 295 del 1 de abril de 1975, designó
a la demandante en el empleo de subdirectora de la Escuela Concentración Alfonso
López Pumarejo, en el municipio de Turbaco31. Según el certificado del 8 de julio de
2010, el referido decreto «es fiel copia de una copia al carbón que reposa en el archivo
general de la Gobernación»32.

49. Igualmente, en el expediente obra la copia del acta de posesión, por la cual asumió
el cargo el 15 de abril del mismo año, en el empleo de subdirectora de la Escuela
Concentración Alfonso López Pumarejo de Turbaco33.

50. Según el certificado del 5 de mayo de 2015, proferido por la Secretaría de
Educación de Bolívar, la accionante laboró desde el 15 de abril de 1975, se encontraba
activa en el servicio para la fecha de dicho documento y la vinculación era
nacionalizada en el cargo docente34.

30 Índice 2 Samai. ED_13001233300020160109. pág. 14.
31 Ibidem págs. 29 a 31.
32 Ibidem pág. 31.
33 Ibidem pág. 32.
34 Ibidem, págs. 33 a 35.

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Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

51.Mediante el Decreto 475 del 8 de septiembre de 1988, el gobernador de Bolívar
nombró a la demandante como docente en propiedad en la Escuela Rural Mixta No. 2,
en el municipio de Arenal35. Este nombramiento se hizo efectivo el 29 de septiembre
de 1988, de acuerdo con el acta de posesión36.

52.Según consta en el certificado del 5 de mayo de 201537, expedido por la Secretaría
de Educación de Bolívar, la docente fue incorporada dos veces en el plantel de la
Escuela Urbana María Auxiliadora, mediante los actos administrativos 47 del 17 de
enero de 1990 y 282 del 14 de junio de 1996.

53.Posteriormente, el Decreto 1294 del 1 de septiembre de 1997 38, expedido por el
gobernador de Bolívar, ordenó que la demandante fuera trasladada a la Escuela
Urbana Mixta Antonio Nariño, en el municipio de El Carmen de Bolívar.

54. Finalmente, la actora prestó sus servicios en la Concentración Técnica Industrial
Juan Federico Hollman y la Institución Educativa Técnica Industrial Juan Federico
Hollman, en virtud de los actos administrativos 160 del 9 de marzo de 2001 y 20 del
29 de noviembre de 2002, según el certificado expedido el 5 de mayo de 2015 por la
Secretaría de Educación de Bolívar39.

• Buena conducta

55. La señora Leyly Roquelina Silva Caballero acudió ante la Notaría Segunda del
Circuito de Cartagena y a través de declaración extrajuicio señaló que no ha sido
sancionada disciplinariamente y que ejerció la docencia con buenas costumbres y ética
profesional40. En el mismo sentido, aportó las declaraciones extrajuicio de los señores
Raúl Mestre Silva y Yohonny Eduardo Anaya Galvis41.

• Actos demandados

56. Mediante la Resolución RDP 041199 del 6 de octubre de 2015, la UGPP negó a la
señora Leyly Roquelina Silva Caballero el reconocimiento de la pensión gracia al
considerar que no aportó los actos de nombramiento ni las actas de posesión en
original o en copias auténticas expedidas por la Secretaría de Educación de Bolívar 42.

57. Esta decisión fue confirmada en la Resolución RDP 052310 del 9 de diciembre de

35 Ibidem, págs. 38 a 39.
36 Ibidem, pág. 36.
37 Ibidem, págs. 33 a 35.
38 Ibidem, pág. 37.
39 Ibidem, págs. 33 a 35.
40 Ibidem, pág. 41.
41 Ibidem, págs. 42 y 43.
42 Ibidem, págs. 18 a 20.

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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

201543. Posteriormente, la UGPP expidió la Resolución RDP 007867 del 23 de febrero
de 201644, donde negó nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia.

3.5. Caso concreto.

58. La demandante solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, que fue negada por
la UGPP, toda vez que aportó en copia simple el acto administrativo de nombramiento
y el acta de posesión, los cuales acreditaban la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980.

59. El Tribunal accedió a las pretensiones al considerar que la demandante reunía los
requisitos para acceder a la pensión gracia, pues había sido vinculada al municipio de
Turbaco antes del 31 de diciembre de 1980, conforme al Decreto 295 de 1975. Estimó
que los documentos sean originales o copias, se presumen auténticos salvo que se
tramite la tacha de falsedad.

60. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso el recurso de
apelación. Argumentó que la demandante no acreditó los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada, ni los tiempos laborados antes de 1980, ya que no
presentó en original o copia auténtica el acto administrativo de nombramiento de 1975
y su respectiva acta de posesión. Además, sostuvo que ese nombramiento no era
válido, toda vez que el cargo de subdirectora pertenece al personal administrativo.
Asimismo, la entidad señaló que el certificado de historia laboral no prueba una
vinculación válida como docente.

61. Reiteró que, según la sentencia C-489 de 2000, la demandante no cumplió con los
requisitos antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989 y que recibió recursos nacionales
del Sistema General de Participaciones, lo cual impide que acceda a la pensión gracia.
Finalmente, pidió revocar la condena en costas.

• Sobre la validez probatoria de la copia simple del acto de nombramiento
de 1975 y su acta de posesión

62. Los documentos públicos en original o en copia se presumen auténticos, mientras
no hayan sido tachados de falsos (artículo 244 de la Ley 1564 de 2012). A su vez, el
artículo 246 idem precisa que «las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original».

63.Ahora bien, es relevante destacar que la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo, en la sentencia del 30 de septiembre de 2014, unificó la jurisprudencia
para otorgar valor probatorio de las copias simples45. Al respecto, dijo que las copias

43 Ibidem, págs. 26 a 28.
44 Ibidem, págs. 45 a 49.
45 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia del 30 de septiembre de 2014.

Radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV)SU. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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simples, cuando no sean tachadas de falsas por la contraparte sí tienen valor
probatorio. Esto a la luz «de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de
la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229
de la Constitución Política». Así, para la Sala Plena no «pueden aplicarse las formas
procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo
que las mismas partes no han hecho, como lo es la autenticidad del documento
aportado en copia simple».

64. La referida providencia resaltó que el juez no puede negar las pretensiones cuando
los documentos fueron aportados en copia simple, dado que desconocería el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el derecho de acceso
a la administración de justicia.

65. La jurisprudencia de esta corporación ha considerado que para acceder a la
pensión gracia sí tienen valor probatorio las copias simples de los actos de
nombramiento y sus actas de posesión46. Por tal razón, negar el reconocimiento del
derecho a la pensión gracia por el ritualismo de exigir la copia auténtica o el documento
original «afectaría gravemente el acceso a la administración de justicia y daría
prevalencia al derecho formal sobre el sustancial»47.

66. En consecuencia, el cargo formulado por la entidad recurrente no está llamado a
prosperar, comoquiera que la UGPP no tachó de falsos el Decreto 295 del 1 de abril
de 1975, expedido por el gobernador de Bolívar ni el acta de posesión. Tampoco
censuró el contenido de estos documentos, sino la forma en que fueron aportados al
proceso, es decir, en copia simple. Aunque aludió a la necesidad de contar con la copia
auténtica u original del acto de nombramiento, en ningún momento concretó esa
voluntad a través de la tacha de falsedad.

67.Por lo tanto, se procederá a analizar dichos documentos para determinar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia.

• Sobre el cargo de subdirectora y su validez para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia

68. La pensión gracia solamente puede ser reconocida a docentes con vinculación
territorial o nacionalizada, en consecuencia, excluye al personal administrativo48. Esto
se debe a que su propósito consiste en ser una compensación o retribución a favor de
los docentes territoriales que tenían una diferencia salarial frente a los maestros de
carácter nacional.

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de

marzo de 2023. Radicado 52001-23-33-000-2013-00238-01 (3478-2014). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22

de junio de 2023. Radicado 25000-23-42-000-2017-03668-01 (6135-2019). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24

de julio de 2008. Radicado 15001-23-31-000-2004-02010-01(2110-07). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

69. Ahora bien, los cargos relativos a la gestión educativa fueron clasificados en la
categoría de directivo docente, según el Decreto 2277 de 197949 y la Ley 115 de
199450; sin embargo, desde el Decreto 223 de 197251 la docencia ya se equiparaba
con cargos que implicaban la administración del sistema educativo, así:

Artículo 2. La profesión docente de que trata el presente Decreto es el ejercicio del
magisterio, primaria y secundaria en sus distintas modalidades, profesional normalista,
especial, de adultos y de la administración educativa. Así mismo, es profesión docente
la actividad que realiza el personal docente por medio de la televisión y otros medios
de comunicación de masas en programas regulares de carácter escolar oficial, en
general, en aquellas instituciones que impartan enseñanza sistemática, y de cuya labor
los profesionales en educación y administradores docentes deriven los medios de
subsistencia.

70. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 128 de 197752, el cual estableció en el
artículo 23 «los cargos de Director y de Rector tienen simultáneamente el doble
carácter de docentes y administrativos». Luego, mediante el Decreto 2277 de 1979, se
expidió el actual Estatuto Docente, donde se definió la profesión docente, así:

Artículo 2. Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores.

Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y
no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente
incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación
de los planteles educativos, de supervisión inspección escolar, de programación y
capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los Términos que determine el
reglamento ejecutivo.

71.En virtud de lo anterior, los directivos con funciones de dirección, coordinación,
supervisión e inspección no pueden ser privados de su derecho a la pensión gracia 53,
pues se trata de cargos que hacen parte de la profesión docente54.

72. Ahora bien, la norma aplicable son los Decretos 223 de 1972 y 128 de 1977,

49 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
50 «Por la cual se expide la ley general de educación».
51 «Por el cual se dictan disposiciones sobre escalafón del personal docente y se establecen derechos, deberes,

estímulos sanciones del mismo».
52 «Por el cual se dicta el estatuto del personal docente de enseñanza primaria y secundaria a cargo de la Nación».
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27

de noviembre de 2014. Radicado 17001-23-31-000-2011-00176-01(0133-13). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
54 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 22 de abril de 2015. Radicado 05001-23-31-000-2011-00087-01(3334-13). M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 23 de junio de 2016. Radicado 73001-23-33-000-2012-00147-01(0017-14). M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 3 de noviembre de 2016. Radicado 05001-23-33-000-2013-01314-01(0111-15). M.P. César Palomino Cortés; y
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de
marzo de 2024. Radicado 05001-23-33-000-2016-00551-01 (3464-2018). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

dado que la señora Leyly Roquelina Silva Caballero asumió la Subdirección de la
Escuela Concentración Alfonso López Pumarejo entre el 15 de abril de 1975 y el 30
de septiembre de 1977.

73. Así las cosas, la Sala considera que dicho cargo correspondía al de directivo
docente. Esto se debe a que el mencionado Decreto 223 de 1972 incluía dentro de la
profesión docente a quienes desempeñaban funciones de administración educativa,
sin establecer distinciones específicas sobre las actividades realizadas o la
denominación del cargo. Así mismo, acorde con el Decreto 128 de 1977, el empleo
subdirectora, encuadra en la categoría de directivo docente.

74. En consecuencia, el cargo propuesto por la UGPP se desestima porque la
demandante acreditó que tenía una vinculación docente antes del 31 de diciembre de
1980.

• Sobre el carácter nacionalizado de la plaza y la prueba de la vinculación

75. La UGPP sostuvo que Leyly Roquelina Silva Caballero no acreditó 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada, ya que, a su juicio, su vinculación fue
de carácter nacional. Sin embargo, para la Sala, la accionante sí demostró más de 20
años de servicio como maestra nacionalizada.

76. Es de anotar que la Secretaría de Educación de Bolívar en el formato que
contiene el certificado laboral de la actora por los tiempos servidos del 15 de abril de
1975, activa para la fecha de expedición del certificado, el 5 de mayo de 201555,
informó que laboró 10.456 días y tenía un tipo de vinculación nacionalizada.

77. En efecto, la demandante fue nombrada subdirectora en la Escuela
Concentración Alfonso López Pumarejo, ubicada en el municipio de Turbaco, mediante
el Decreto 295 del 1°. de abril de 197556. Del análisis de dicho acto se desprende que
su vinculación tuvo carácter nacionalizado, ya que fue proferido por el gobernador de
Bolívar, sin intervención del Ministerio de Educación57.

78. Además, en el proceso obra el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral, con consecutivo 8976 del 29 de abril de 2015, expedido por la
Secretaría de Educación de Bolívar, que informa el tiempo de servicio desde el 29 de
septiembre de 1988, con una vinculación nacionalizada para un tiempo de servicio de
26 años, 7 meses y 1 día58. Este formato señaló que la caja de previsión social a la
cual pertenecía la actora era el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

55 Ibidem, págs. 33 a 35.
56 Índice 2 Samai. ED_13001233300020160109, págs. 29 a 31.
57 Lo evidenciado se respalda por lo consignado en la respectiva acta 100775 de posesión del 15 de abril de 1975.

Ibidem. pág. 32.
58 Índice 2 Samai. ED_ONEDRIVE_20211005.
9_130012333000201601091013EXPEDIENTEDIGI20211005095533. 00174ABC. También obra en el documento
ED_13001233300020160109, págs. 52 a 54.

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Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

Magisterio, desde el 29 de septiembre de 1988.

79. Posteriormente, Leyly Roquelina Silva Caballero fue nombrada docente en
propiedad en la Escuela Rural Mixta No. 2, en el municipio de Arenal, mediante el
Decreto 475 del 8 de septiembre de 1988. En esta oportunidad el gobernador de
Bolívar expidió el nombramiento como presidente de la Junta Administradora del FER.

80. Al respecto es pertinente destacar que «no es dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional», tal como
lo expuso el fallo de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018.

81. Entonces para la Subsección, el argumento de la UGPP sobre el carácter
nacional de la docente con fundamento en el origen de los recursos no tiene vocación
de prosperidad, porque conforme las reglas de unificación de la sentencia SUJ-11-S2
del 21 de junio de 2018, lo relevante para determinar el derecho a la pensión gracia,
no es el origen de los recursos, sino la naturaleza de la plaza docente. En efecto, la
providencia consideró que «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar».

82. Por otra parte, contrario a lo alegado por la UGPP, el certificado expedido el 5
de mayo de 2015 por la Secretaría de Educación de Bolívar59 sí contiene la información
suficiente, así detalla: i) el cargo desempeñado, registrado como docente en
propiedad; ii) los periodos de servicio en cada cargo ocupado; iii) la planta docente a
la que perteneció; y iv) su tipo de vinculación, establecida como nacionalizada. Esto
confirma que la demandante estuvo vinculada como docente nacionalizada para
efectos de adquirir la pensión gracia.

83. En este orden de ideas, la Sala desestimará el cargo sobre la supuesta
vinculación nacional de la demandante, ya que está acreditado que su vinculación fue
nacionalizada.

• Sobre el alcance de la sentencia C-489 de 2000 y el requisito temporal para
adquirir el derecho a la pensión gracia

84. Esta Sección ha estudiado en múltiples ocasiones cargos idénticos al formulado
por la entidad demandada. Por tal razón, en la sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 del 11 de agosto de 202260, se precisó que todo docente vinculado a una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 tiene derecho a la
pensión gracia, sin que sea relevante la fecha en que cumplió con los requisitos de

59 Índice 2 Samai. ED_13001233300020160109. págs. 33 a 35.
60 Radicado 15001-23-33-000-2018-00278-01 (3018-2017).

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Demandado: UGPP

edad y tiempo de servicio, ya sea antes o después del 29 de diciembre de 1989 61.

85. Aunque esta regla de unificación se estableció en una providencia posterior al
inicio de este proceso, esta Sección advirtió que este precedente era vinculante para
los procesos similares que se estuvieran en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo62. En consecuencia, el cargo presentado por la UGPP no está llamado
a prosperar.

• Sobre la condena en costas en la primera instancia

86. En cuanto a la inconformidad de la entidad demandada con la condena en
costas impuesta en primera instancia, esta providencia acoge el criterio mayoritario 63
de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento en los
principios de seguridad jurídica e igualdad. Según dicho criterio, la imposición de
costas requiere verificar que la parte vencida haya actuado con temeridad o mala fe.

87. Teniendo en cuenta lo anterior, como la sentencia apelada no sustentó la
condena en costas respecto a la existencia de una conducta temeraria o de mala fe de
la UGPP, la Sala revocará dicha decisión, conforme lo solicitado en el recurso de
apelación.

88. Asimismo, en atención al criterio de interpretación mayoritario ya expuesto, no
habrá lugar a la condena en costas en esta instancia.

3.6. Conclusión

89. La Sala confirmará parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar, dado que se encuentra acreditado que la demandante sí cumplió con todos
los requisitos para acceder a la pensión gracia, toda vez que acreditó la vinculación en
una plaza docente nacionalizada por más de 20 años. Sin embargo, se revocará la

61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

18

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

condena en costas impuesta en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Negar la solicitud de unificación jurisprudencial presentada por la UGPP.

Segundo: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, el 30 de junio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, salvo la condena en costas impuesta en primera instancia en el numeral
sexto de la providencia, el cual se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto: Aceptar la sustitución del poder a la abogada María de los Ángeles Alfonso
Bravo, que obra a índice 30, identificada con la cédula de ciudadanía 1.045.748.691 y
tarjeta profesional 418.259 del CSJ, para actuar como apoderada de la demandante.
Asimismo, se acepta la sustitución del poder, que consta índice 40, al abogado Carlos
Arturo Sánchez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía 1.149.189.550 de
Florencia (Caquetá) y tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la entidad demandada.

Quinto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

19

Radicación: 13001-23-33-000-2016-01091-01 (3305-2021)
Demandante: Leyly Roquelina Silva Caballero
Demandado: UGPP

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

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