Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03668-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000234200020170366801 (6135-2019)
Demandante: Doris María Castro Solís
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1
Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda,
Subsección E, el 2 8 de junio de 2019 , que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
1.1. Pretensiones
La señora Doris María Castro Solí s , por intermedio de apoderado ,
en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,
1 En adelante UGPP.
2 Folios 26 a 39.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020170366801 (6135-2019)
Demandante: Doris María Castro Solís
peticionó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 005106 del
13 de febrero de 2017; RDP 012697 del 28 de marzo de 2017 y la
RDP 017419 del 26 de abril de 2017, mediante las cuales la UGPP,
negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y
resolvió los recurso s de reposición y apelación , respectivamente,
confirmando la decisión.
A título de restablecimiento del derecho , solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconoce r y pagar la pensión gracia
teniendo en cuenta todos los factore s salaria les devengado s en el
año anterior al 11 de enero de 2010, fecha en que adquirió el
estatus pensional ; (ii) reconocer y pagar las mesadas pensionales
y las adicionales d ebidamente reajustadas; (iii) realiza r los ajustes
conforme al índice de precios al consumidor, según el artículo 187
y 193 del CPACA; (iv) pagar intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (v) reconocer intereses
moratorios d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 ejusdem;
y (vi) pagar costas y agencias en derecho.
1.2. Hechos que fundamentan la de manda
La señora Doris María Castro Solí s , por intermedio de apoderado,
refirió lo siguiente:
a) Nació el 24 de abril de 1959.
b) Prestó sus servicios como docente así:
• Al servicio del departamento de Cundinamarca desde el 26
de septiembre al 19 de noviembre de 1978.
• Al servicio del dep artamento de Santander desde el 5 de
agosto de 1980 hasta el 1 de diciembre de 1982.
• Al servicio del Dist rito Capital de Bogotá D.C., desde el 3
de marzo al 30 de noviembre de 1992 , y desde 8 de febrero
de 1993 a la fecha de presentación de la demanda.
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c) El 23 de septiembre de 2016 la accionante solicitó a la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión gracia , petición que
fue resuelta mediante la Resolución RDP 005106 del 13 de
febrero de 2017 a través de la cual, la entidad demandada
negó el derecho pretendido , toda vez que la peticionaria no
aportó en copia auténtica los correspondientes actos de
nombramiento y posesión correspondientes a los tiem pos al
servicio de la Secretaría de Educación Bogotá.
d) La actora recurrió la decisión y esta f ue resuelta a través de
las Resoluciones RDP 012697 del 28 de marzo de 2017 y la
RDP 017419 del 26 de abril de 2017 , por medio de la s cuales
la entidad confirmó la negativa con los mismos argumentos.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
La actora a rgumentó que la entidad demandada desestimó la
prueba documental aportada por ella con la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia , es decir, lo s actos de
nombramiento y posesión, así como los ce rtificados de historia
laboral y de salario s .
Señaló que la entidad accionada incurrió en falsa motivación, toda
vez que con dichos documentos la accionante lograba acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para acceder a la
pensión gracia y, p or el contra rio, e st a le fu e negada sin crite rio ni
justificación alguna.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP 4, por intermedio de apoderad o, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos
fácticos y jurídicos , pues, aseveró que la accionante no aportó en
copia auténtica el Decreto 1541 del 30 de junio de 1980 y el Acta
4 Folios 60 a 67.
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de Posesión 809 de 1980, y tampoco aportó acta de nombramiento
y posesión correspondientes al 3 de marzo de 1992 y posteriores.
Solicitó que , en caso de que se ordene el reconocimiento pensional,
se abstenga de condenar a la entidad al pago de la indexación y de
intereses moratorios.
Propuso las excepciones denominadas (i) ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado ; (ii) in existencia de la ob ligación y
cobro de lo no debido ; (iii) inexistencia de vulneración d e principios
constitucionales y legales; (iv) prescripción de mesadas ; (v)
imposibilidad de condena en costas ; y (v) la genérica.
3. AUDIENCI A INI CIAL 5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en acatamiento del artículo 180 del CPACA, llevó a
cabo la audiencia inicial el 27 de sept iembre de 2018 , oportunidad
en la que fijó el litigio en los siguientes términos:
«Se cont r ae a det erm inar si la Sr a. Doris M ar í a Cast r o Solí s ,
alle gó la t ot a lida d de docum ent os que acr edit an el
cum plim ient o de los r equisit os est ab lec i dos en l a Ley 114 d e
1913 y dem ás nor m as concor dant es y, en consecuencia , si
t iene der echo a qu e se le r econozc a y pague l a pens ión de
gr acia. »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante sentencia del 28 de junio de 2019 , accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda , así:
«PRI M ERO : DECL A RA R la nul idad de las Resol ucion es RD P
005106 de 13 de f ebr er o de 2017, RDP 012697 de 28 d e m ar zo de
5 Folios 80 a 82.CD allegado a folio 79.
6 Folios 121 a 128.
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2017 y R DP 017 41 9 de 26 de abr i l de 2017, que n ega r on el
r econocim ient o y pago de la pensión gr acia a la señor a DO RI S
M ARÍ A CASTRO SO LI S.
SEG UNDO : DECLA RA R la excepción de pr escr ipción de las
m esadas pensional es causadas con ant er ior idad el 23 de
sept iem br e de 2013, de acuer do con lo expuest o en la par t e m ot iva.
T ERCERO : Com o consecuencia de la ant er ior declar ación y a t ít ulo
de r est ablecim ient o del der echo, CO NDENA R a la Unida d
Adm inist r at iva Espe cial de G est ión Pe nsiona l y Cont r ibu cione s
Par af iscales de la P r ot ección Socia l - UG PP a r econocer la pensión
de j ubilación gr acia de la señor a DO RIS M ARI A CASTRO SO LI S,
ident if ica da con la cédula No. 25. 43 5. 547, a par t ir del 23 de
sept i embre de 2013 - por pr escr ipción t r ienal, por cont ar con m ás
de 20 años de ser vicio y 50 años de edad, t eniendo en cuent a el
75% de los f act or es devengados en el a ño ant er ior a la adquisic ión
del est at us pensio n al est o es, del 14 de enero de 2009 a 13 de
enero de 2010 , cor r espondie nt es a ( i) la asignac ión bás ica o sueldo
básico, ( ii) 1/ 12 pr i m a de navidad y ( iii) 1/ 12 pr im a de vacaciones.
[ …]
SEXT O : Se NI EGA N las dem ás pr et ensiones de la dem anda .
SÉPT I M O : De acuerdo con el art í culo 365 del Código G ener al del
Pr oceso, se condena en cost as en est a inst ancia a la par t e
dem andada según l o señalado en pr ec edencia; par a t ales ef ect os
se f ij a com o agencias en der echo el valor de quinient os m il pesos
m oneda legal ( $ 500 . 000 M / L). Po r la secr et ar í a liquí dense.
[ …] » (sic)
El a quo indicó que la actora cumplió con el requisito de edad, y en
cuanto al tiempo de servicios, concluyó que de acuerdo con la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 y los documentos
aportados, demostró los requisitos para acceder a la pensión que
reclama.
Al respecto, estableció que la accionante acreditó el ingreso antes
del 31 de diciembre de 1980 como docente n acionalizada del 5 de
agosto de 1980 al 1 de diciembre de 1982 conforme al Decreto 1541
del 30 de junio de 1980 y el acta de posesión del 5 de agosto de
1980.
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Determinó que, con posterioridad, fue vinculada como docente
territorial del 3 de marzo al 30 de noviembre de 1992 (según
certificación allegada al proceso).
Señaló que de acuerdo con la Resolución 202 del 1 de febrero de
1993 y el acta de posesión del 8 de febrero de 1993, la vinculación
en el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1993 y el 12 de
julio de 2016 fue de carácter territo rial.
Advirtió que no le asistió razón a la entidad para negar la petición,
toda vez que los documentos que obran en el plenario junto con la
respectiva cert ifica ción son suficiente s para determinar el tipo de
vinculación, naturaleza del nombramiento y la plaza en la que se
desempeñó. De igual forma, encontró probado el requisito de buena
conducta, razón por la cual, accedió a la prestación deprecada.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
La UGPP presentó escrito en el que solicitó revocar la d ecisión por
considerar que no resulta procedente el reconocimiento de la
pensión gracia a favor de la demandante, toda vez que no acreditó
los requisitos que la ley exige para su reconocimiento, en tanto que
la entidad no tiene certeza sobre los tiempos laborados desde el 3
de marzo de 1982 y posteriores, ya que no fueron allegados los
actos de nombramiento y posesión correspondientes en copia
auténtica.
En ese orden, afirm ó que la señora Doris María Cast ro Solís no
cumplió con los requisitos de tiempo de servicios, al no haber
acreditado la causación de 20 años de labor en entidades del orden
municipal o departamental.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
7 Folio 132.
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6.1 La parte demandante no se pronunció.
6.2 La entidad demandada 8 insistió en lo expuesto en el recurso
de apelación.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a
folio 167.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia .
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .
2.2. Problema jurídico .
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
1. ¿Es procedente negar la pensión gracia porque la
accionante no alleg ó los actos de nombramiento y posesión
en copia auténtica?
8 Folios 465 a 467.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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2. ¿La señora Doris María Castro Solís , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación?
2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia .
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
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hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A part ir de la v igenc ia de la pr esent e Ley el p er sona l
docent e naciona l y nacional izado y el que se vincule con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 será r egido por las siguient es
dispos icion es:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980 que
por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
dem ás nor m as que las hubier an desar r ol lado o m odif icado, t uviesen
o llegar en a t ener de r echo a la pensión d e gr acia, se les r econocer á
siem pr e y cuando cum plan con la t ot al i dad de los r equ isit o s . Est a
pensión segu ir á r econociénd ose por la Caj a Naciona l de pr evisió n
Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 197 6 y ser á com pat ible con la
pensión or d inar ia d e j ubilac ión, aún en el event o de est ar ést a a
car go t ot al o par cial de la nación. [ …] »
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicio nantes, esta solo está prevista para los de carácter
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territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er echo a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equ isit os” . [ …] . » 11
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o cedí a la
Nación a l as ent idad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de 1886
y hast a cuando p er m anecier on e n vig or e n la C onst it ució n de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se incor por aban
a los pr esupuest os local es pasaban a ser de pr opiedad exclusiv a
de los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que l es gir a la Nac ión, pr ovenient es del s i st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba l a Nac ión a las ent idades t er r it or iales por co ncept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los ent es
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de lo s r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í c ulos 29 de l
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .
iv) Así com o los f ondos edu cat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nacion aliza dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac iones
salar ia les or ig inada s por el ser vicio que pr est aban los educ ador es
11 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest ina dos par a t al f in pr ov ení an
t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las ent i dades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiv a a los ent es locales dado
que ingr esaban a sus pr esupuest os en cali dad de
r ent as exógenas y endógenas.
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vie ne, adem ás del r epr ese nt ant e
lega l de la ent idad t er r it or ial, el delegado per m anent e del M inist er io
de Educac ión Nacion al com o m iem br o de la j unt a
admi ni st radora del r espect ivo f ondo educat i vo regi onal , así,
est e últ im o, cer t ifique la vaca ncia del car go j unt o con la
dispon ibi li dad pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ent o de que los
r ecur sos dest inados par a su sost enim ient o t ien en su or igen o
f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i da d de docent e t erri tori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a
ocupar sea de aquell as que el legi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icación de la aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí voca que el t ipo d e vinculac ión a l cual s e
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elev ant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
gr acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ial o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exóge nas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos edu cat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que ver con los educador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se en m ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
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«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o». 13
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
(a) El 23 de septiembre de 2016 la accionante solicitó a la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que fue
resuelta mediante la Resolución RDP 005106 del 13 de febrero
de 2017 a través de la cual, la entidad demandada negó el
derecho pretendido , toda vez que la peticio naria no aportó en
copia auténtica los correspondientes actos de nombramiento y
posesión de los tiempos al servicio de la Secretaría de
Educación Bogotá.
13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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(b) La accionante recurrió la decisión y esta fue resuelta a través
de las Resoluciones RDP 012697 del 28 de marzo de 2017 y
la RDP 017419 del 26 de abril de 2017, por medio de las cual es
la entidad confirmó la negativa, con los mismos argumentos.
2.5. Caso concreto
2.5.1 ¿Es procedente negar la pensión gracia porque la accionante
no allegó los actos de nombramiento y posesión en copia auténtica?
La UGPP en sede administrativa negó a la accionante el derecho a
la pensión gracia por considerar q ue la peticionaria no había
aportado los correspondientes actos administrativos de
nombramiento y posesión correspondientes al periodo laborado al
servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá en copia
auténtica.
En igual sentido se pronunció al con testar la demanda en el
presente proceso judicial , y en sede de apelación reiteró su
argumento.
Al respecto , result a necesario indicar le a la entidad demandada que
tal argumento no es óbice para negar el derecho deprecado de
acuerdo con lo est ablecido en el artí culo 246 del Código Ge neral
del Proceso 14 (norma vigente al momento de la reclamación), que a
su tenor literal est ablece:
«A rt í cul o 246. Val or probat ori o de l as copi as . Las copias t endr án
el m ism o valor pr obat or io del or igina l, salvo cuando por disp osició n
lega l sea necesar ia la pr esent ación del or iginal o de una
det er m inada copia.
Sin per j uic io de la pr esunción de aut ent ic idad, la par t e cont r a quie n
se aduzca copia de un docum ent o podr á solicit ar su cot ej o con el
or igina l, o a f alt a de est e con una copia expedida co n ant er ior idad
a aquel la. E l cot ej o se ef ect uar á m edian t e exhibic ión d ent r o de la
audienc ia cor r espon dient e. »
14 E n adelante CGP.
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En ese orden, esta Corporación 15 ha considerado que el legislador
le ha otorgado primacía a los principios de confianza legítima y
buena fe, pues normas como la contenida en el artículo 215 del
Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se refieren a la paridad entre las copias simples y
las auténticas.
Siguiendo esa línea, esta Sala considera que el no efectuar un
pronuncia miento de fondo ante la inobservancia de estas
exigencias afectaría gravemente el acceso a la administración de
justicia y daría pre valencia al derecho formal sobre el sustancial.
Adicionalmente, se observa que la entidad en ningún momento
tachó de falsos los mencionados documentos ni objetó su
contenido, es decir, que la entidad no desconfía de la legitimidad
de las pruebas entregadas en copia simple, y simplemente insistió
en un rigorismo formal que atenta en contra del derecho de la
accionante a que le sea estudiada su solicitud de cara a las pruebas
allegadas y la información contenida en las mismas.
En ese orden, se observa que el a quo, advirtió en la sentencia
recurrida que los a ctos de nombramiento y de posesión, así como
las certif icaciones de tiempos de servicios habían sido debidamente
aportados y, al efecto, procedió a re alizar un estudio d e fondo de
los mismos.
Ahora bien, en el presente caso el apelante no argumenta de
manera directa su inconformidad con alguno de los tiempos
laborados, sino que ataca la forma en la que estos fueron aportados
(copia simple), sin embargo, esta Sala procede a realizar el análisis
tendiente a verificar si a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia por cumplir con los requisitos
15 C o n s e j o
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013,
radicación 05001233100019960065901 (25022), ago. 28/13, C. P. Enrique Gil.
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legales, concretamente frente a los tiempos de servicios
acreditados.
Llama la atención de esta Sala que el expediente administrativo
digital allegado al proceso por la UGPP, no contiene los
documentos adosados por la demandante al momento de la
reclamación , pues, tan solo obran los actos administrativos
demandados y las constancias de notificación , y se echa de menos
los actos de nombramientos , de posesión, así como las
certificaciones que fueron relacionadas en la contestación y que
fueron aportadas, según lo dicho, en copia simple.
2.4.2. Hechos probados y análisis
2.4.2.1. La demandante nació el 24 de abril de 1959 16, por tanto, el
mismo día y mes de 2009 cumplió 50 años de edad.
2.4.1.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:
A) Del periodo comprendido entre el 5 de agosto de 1980 y el 1
de diciembre de 1982 , nombrada mediante Decreto 1541 del
30 de junio de 1980 17
Para efectos de esclarecer la naturaleza jurídica del vínculo laboral
de la actora previo a 1980, resulta pertinente señalar que de
acuerdo con el De creto 1541 del 30 de junio de 1980 «Por el cual
se causan unas novedades en enseñanza primaria» , la actora fue
nombrada por disposición de la máxim a autoridad departamental
(gobernador de Santander), sin que obrara referencia a alguna ley
que permita inferir que su nombramiento se realizaba en nombre de
la Nación y fue suscrito por el encargado de la gobernación, el
16 A s í
consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra visible a folio 3 y
copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 4.
17 F o l i o s 7 y 8.
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secretario de educación departamen tal y el director de planeación
distrital, es decir, sin participación ni injerencia por parte de algún
representante del Ministerio de Educación.
Adicionalmente, el acto de designación fue expreso al establecer
que se trataba, de un nombramiento en un plantel educativo del
departamento (maestra de la Escuela Rural Badillo), e s decir, que
ocuparía una plaza correspondiente al ente territorial en el
municipio de Puerto Wilches , y de acuerdo con el encabezado, se
desempeñaría en el nivel de educación primaria .
Cabe advertir que el mencionado decreto fue emitido en 1980, es
decir que ocurrió con posterioridad a la nacionalización adelantada
por la Ley 43 de 1975 sin que se evidencie que la plaza ocupada
haya sido sometida a ese proceso de nacionalización lo que por
regla general corre spondería a un nombramiento territorial.
De acuerdo con la certificación de tiempo de servicios emanada de
la Secretaría de Educaci ón de Santander emitido el 23 de junio de
2016 18 indicó de m anera expresa que la accionante «prestó sus
servicios en el nivel Básica Primaria , vinculación: En Propiedad,
como Nacionalizado en forma Continua» en la Escuela Rural
Badillo, Puerto Wilches. Dic ho documento fijó como extremos
temporales de esa relación el 5 de agosto de 1980 al 1 de diciembre
de 1982, fechas que resultan coincidentes con las establecidas en
el Formato No. 1 Certificado de Información Laboral del 4 de agosto
de 2016 19
La fecha in icial relacionada resulta coincidente con el Acta de
Posesión 0809 del 5 de agosto de 1980 20.
18 F o l i o 5.
19 F o l i o 6.
20 F o l i o 9.
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Ahora bien, para efectos de esclarecer la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de la demandante previo a 1980, resulta pertinente
señalar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903, las entidades
territoriales, por regla general, estuvieron únicamente a cargo y
bajo la dirección de la educación primaria (artículo 3), por lo que el
nombramiento que aquí se analiza, sería consecuente con la
atribución que con antelación había otorgado el legislador, toda vez
que fue nombrada como maestra en primaria segú n se explicó.
Con el fin de determinar cuándo un docente es de carácter territorial
o nacionalizado, resulta relevante destacar que la Corte
Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:
«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" de la educación pr i m ar ia y secundar ia of icia l
decr et ada por la Le y 43 de 1975 par a ser cum plida en un p er í odo
de cinco a ños, es de ci r hast a el 31 de di ci embre de 1980, ex i st í an
dos cat eg orí as de docent es of i ci al es, a saber: l os naci o nal es,
vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al M i ni st eri o de
Educaci ón Naci ona l ; y l os t errit ori al es, vi ncul ados l aboralment e
a l os depart ament os , en nada se oponí a a la Const it ución en t onces
en vigor , qu e exist ier a par a ést os últ im os la denom inada " pensión
gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de 1913, post er ior m ent e ext endida
a ot r os docent es por las leyes 11 6 de 1928 y 37 de 193 3, com o
t am poco se opone la pr olongac ión de su s ef ect os en el t iem po par a
quienes act ualm ent e la disf r ut an, o r eunier on los r equisit os
sust anciales par a t ener der echo a ella ant es del 31 de dicie m br e de
1980, pues la diver sidad del em pleado r ( nación o depar t am ent o) ,
per m it í a, conf orm e a la Car t a, est ablecer un t r at o dist int o y una
excepción al pr in cipio gener a l pr ohibit iv o de devengar dos
asignac iones de l Tesor o Públ ico, si t uación ést a que r esult a
igua lm ent e acom pasada con la Const it uc ión Po lí t ica de 199 1 , pues
la nor m a acusada ( ar t í culo 4º , num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada
vulner a e l pr inc ipi o de la igua ldad cons agr ado por el ar t í cul o 13 de
la Car t a M agna, el cual pr ohibe ( sic) dispensar t r at o dif er ent e y
discr im inad o " por r azones de sexo, r aza, or igen nac iona l o f a m iliar ,
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lengua, r elig ión, opi nión polí t ica o f ilosóf ica" , nada de lo cual ocur r e
en est e caso. [ …] » (Negr il la de la S ala)
Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territ orial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha , de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoria les».
De lo anteriormente expuesto se colige que la naturaleza jurídica
del vínculo fue nacionalizada .
El análisis prece dente se encuentra en concordancia con la
certificación relacionada ut supra, en la que de manera expresa se
indicó que el tipo de vinculaci ón fue de carácter nacionalizado, de
manera que la información suministrada resulta válid a y no fue
objetada o tachada de falsedad, por lo que debe tenerse en cuenta.
Así las cosas, se puede verificar que esta vinculación ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980 y, por tanto, se deben incluir dichos
periodos en los cálculos, a efectos de acreditar lo s 20 años
requeridos para la pensión gracia.
B) Del periodo comprendid o entre el 3 de marzo y el 30 de
noviembre de 1992.
De acuerdo con el escrito de demanda, la accionante señaló que
estuvo vinculada al magisterio del Distrito Capital de Bogotá como
docente temporal con vinculación territoria l dist rital entre el 3 de
marzo y el 30 de noviembre de 1992.
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Conforme con la información contenida en el Formulario Único para
Expedición de Certificado de Historia Laboral, emanada de la
Secretaría de Educación de Bogotá el 14 de mayo de 2019 21, se
rotuló como novedad una «Vinculac ión Temporal Tiempo
Completo», sin que exista algún acto administrativo relacionado y
fijó como extremos temporales los mismos de la demanda, es decir,
del 3 de marzo al 30 de noviembre de 1992 .
Resulta pertinente resaltar que el nombramiento provisional para
proveer un empleo en la administración pública no ha sido extraño
en el ordenamiento colombiano, y es así como en el régimen
general, artículo 5 del Decreto Ley 2400 de 1968 22 (aplicable al
presente periodo), las Leyes 27 de 1992 23 y 443 de 1998 24, y el
artículo 25 de la Ley 909 de 2004 25, prevé esa clase de
nombramiento, también el Decreto -Ley 1278 de 2002,
expresamente acude al nombramiento provisional para proveer
situaciones administrativas de licencias, en el sector d ocente. De
manera que en el contexto docente la provisionalid ad es una
herramienta de la administración de personal, para proveer
vacancias temporales, como la generada por la licencia.
En el régimen general, el artículo 83 del Decreto Ley 1042 de 1978
previó la vinculación o nombramientos de supernumerarios, para
suplir las vacancia s temporales de los empleados públicos en casos
de vacaciones, licencias o para desarrollar actividades tra nsitorias.
21 F o l i o 115.
ARTICULO 5. Para la provisión de los empleos se establecen tres clases de
22
nombramientos. Ordinario, en período de prueba y provisional.
23 « P o r
la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se
expiden normas sobre administración de personal al se rvicio del Estado, se
otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones.
24 « P o r
la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan
otras disposiciones.»
Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de
25
carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que
impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma
provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera.
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en su oportunidad
sentó la tesis respecto de los nombramientos en calidad de
supernumerarios , como una «[…] forma de vinculación laboral que
constituye una verdadera relación laboral regida por nor mas de
derecho administrativo, que en esencia es temporal 26».
También la misma Corporación ha sido enfática en considerar que
el «desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados
supernumerarios que se vinculan transitoriamente a la
Administración Pública, resulta contrario a los principios rectores
de las relaciones laborales, y a la justicia […] por cuanto el hecho
de que la vinculación sea transitoria, no es óbice legítimo para
establecer diferencias frente a aquellos servidores públicos
vinculados permanentemente a la Administración […] d esconoce el
principio constitu cional de irrenunciabilida d a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales 27».
Adicionalmente, la jurisprudencia, ha sido del criter io que
pertenece a la esencia de la labor docente el hecho de que el
servicio se preste personalmente y esté subordinado al
cumplimiento de los reglamentos educativos, a las políticas que fije
el Ministerio de Educación a la entidad territoria l correspondi ente
para que administre dicho servicio público en su respectivo
territorio, al pensum académico y al calendario escolar, en
consecuencia, ha reconocido la existencia de una relación laboral
en aquellos casos en los cuales los docentes han sido vinculados
por medio de contrato u órdenes de prestación de servicios; razón
por la cual el tiempo servido a la docencia, independientemente de
la forma de vinculación, interrumpido o no, con nombramiento en
propiedad o no , tiene efectos prestacionales.
26
Sentencia T-261/10
27
Corte Constitucional Sentencia C -401-98 M.P: Vladimiro Naranjo Mesa.
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La parte actora allegó al proceso oficio del 20 de febrero de 1992,
suscrito por el jefe de personal de la Secretaría de Educación de
Santafé de Bogotá D.C. 28, mediante el cual, le fue informado lo
siguiente:
«At ent am ent e m e per m it o inf or m ar le que ha sido vincu lad o ( a) par a
desem peñar el car g o de DO CEN TE TE M PO RAL , desde la f echa de
pr esent ación por el año lect ivo.
Nom ina S. E. D. Doce nt e ( Cent r o de Costo 010201) »
Se advierte que el documento registra una serie de anotaciones ,
entre ellas dos (2) anuladas y una del 3 de marzo de 1992 que
señala:
«Santafé de Bo go tá D.C.
3 de Marzo de 1992
REUBICACIÓN: ESCUELA CLASS
J o rnada Tarde – Zo na 8D.
J e fe División Básica Primaria»
En la parte inferior del documento figura la información d e la actora
y fecha de notificación del 27 de febrero y un sello que corresponde
a una escuela (que resulta ilegible ) con un manuscrito «Inició: 03 -
03-92», fecha esta que coincide con la establecida en el Formato
Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral
relacionado.
En ese orden, del oficio de comunicación es posible coleg ir que fue
emitido por la Secretaría de Educación Distrital, y se indica que
corresponde a la nómina de la misma entidad , no existe anotación
alguna que refiera que se trata de una vinculación nacional, por lo
que es posible inferir que se trata d e una vinculación territorial o
nacionalizada.
28 F o l i o 15.
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De acuerdo con lo anterior, aunado a la información relacionada en
el Formulario de Historia Laboral, resulta evidente que la
accionante demostró la prestación efectiva del servicio en el ramo
docente, pues, se encuentra debidamente certificad a la prestación
del servicio.
Teniendo en cuenta el análisis expuesto en el periodo
anteriorm ente analizado , sería dable determinar que se trat ó de
una vinculación nacionalizada, sin e mbargo, ello no coincide con
la información registrada en el certificado de historia laboral en el
que se indica que el tipo de vinculación fue territorial , situació n
que de todas formas permite que ese lapso (8 meses y 29 días) sea
tenido en cuenta para efecto de la pensión gracia .
C) Del periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1993 y el 14
de mayo de 2019 , nombrado mediante la Resolución 202 del
1 de febrero de 1993 29.
«Res olu ción Nú mero 20 2
01 FEB 199 3
EL A LCA LDE M A YO R DE SA NT A FE DE BO G OT A, DI ST RIT O
CA PI TA L
en ej er cicio de sus f acult ades leg ales,
C O N S I D E R A N D O
Q ue el Acuer do No. 08 de 1. 992 d ispus o la cr eaci ón de un a
Plant a de Per sonal Docent e par a el sect or educat ivo del
Dist r it o Capit a l.
Q ue el m ism o Acuerdo pr ohibió expr esa m ent e el nom br am ient o
de per sonal t em por al y dispuso que la Se cr et ar í a de Educación
deber í a " desar r ollar un est udio sobr e las necesidade s
educat ivas de la ci u dad, que concluyer a en el est ablecim ie n t o
de la r espect iva pla nt a.
Q ue la of icina de Planeac ión de la Secr et ar í a de Educación
r ealizo e l est udio m encionad o en el co nsider ando ant er ior y,
sobr e la base de las necesidades r ea les del ser vici o par a
1. 993, llegó a la conclusió n de Q ue es preciso f ij ar la plant a de
per sonal en un núm er o de 7. 120 docent es.
29 F o l i o s 11 a 12 Vto.
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Q ue el Decr et o No. 029 de 1. 993 f ij ó la Plant a de Per son al
Docent e en el n úm er o m encionado en e l consider ando a nt er i or .
Q ue el Acuer do N o. 40 de 1. 992 ap r obó dent r o del pr esupue st o
par a la vigencia de 1. 993, un r ubr o expresam ent e dedicado al
pago de per sona l do cent e de la p lant a D i st r it al de educador e s.
Q ue el Acuer do No. 41 de 1. 992 d ispuso que la Adm in ist r aci ón
Dist r it al nom br ar á en pr opiedad, a p ar t ir del Pr im er o de
Febr er o de 1. 993, al per sonal docent e t em por al que vení a
pr est ando sus ser vicios a la Secr et ar ia de Educaci ón, siem pr e
y cuando cum pla con los r equis it os de Ley par a ocupar el
car go.
Q ue con el obj et o de evaluar los m ér it o s de cada uno de l o s
m aest r os ant er ior m ent e t em por ales y que aspir an a i ngr esar a
la plant a se llevó a cabo un anális is del t r abaj o r ealizado has t a
ahor a al ser vicio de la Secr et ar í a de Educación, a f in de
ver if icar su idonei dad par a el ej er cicio de la docencia y
m ediant e e val uació n ind ividu al r ea liz a da por los c om it és de
cur r í culo de cada ent idad educ at iva se ver if icó en f or m a
dem ocr át ica la capa cidad de cada uno p ar a el ej er cicio de s us
f unciones, habién do se com pr obado que de m aner a pública y
f ehacient e el ej er cic io m ism o del t r abaj o pedagógico a lo lar go
de t iem po en ningú n caso inf er ior a un año, sin sanción de
ninguna c lase y s at is f acción de t odos los est am ent os del sect or
educat ivo, const it uye elem ent o pr ivilegi ado de j uicio y pr ueba
m ér it os par a su vinculaci ón a la pla nt a.
Q ue adem ás de la adecuada eva lua ción de m ér it os, los
pr incip i os j ur í dicos aplic ables a los doc ent es y en par t icul ar el
ar t í culo 5 del Decret o 2277 de 1. 979, est ablecen r equisit os
par a ej er cer la docencia en p lant el es of icia les de educac i ón,
así : Poseer t ít ulo docent e de conf or m idad con l os
r equer im ient os par a cada uno de los dist int os nive les del
Sist em a Educat ivo Nacion al o acr edit a r est ar inscr it o en el
Escalaf ón Nac iona l Docent e.
Q ue r evisados por la Secr et ar í a de Educación los d ocum ent os
que r eposan en la h oj a de vida de cada uno de los docent es a
los que se r ef ier e la par t e r esolut iva del pr esent e act o se
com pr obó el cum pli m ient o de los ant er ior es r e quisit os.
R E S U E L V E
A RT I CULO PRI M ERO . - Nom br ar com o Docent es de t iempo
com plet o, zona ur bana, con asignac ió n m ensual de acue r do
con el gr ado que a cada uno cor r esponda en el Escalaf ó n
Nacion al, en la plan t a de per sonal docent e del Dist r it o Capi t al
de Sant af é de Bogot á - Secr et arí a de Educación - a l os
docent es r elacion ad os a cont inuación:
[ …]
1860 25435547 CASTRO SO LI S DO RI S M ARI A
[ …]
[ …]
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020170366801 (6135-2019)
Demandante: Doris María Castro Solís
A RT I CULO T ERCER O . - El Secr et ar io de Educació n del Dist r it o
Capit a l de Sant af é de Bogot á ej er cer á la f acult ad de ubicar y
t r asladar a los docent es nom br ados en el ar t í culo pr im er o de
la pr esent e Reso luci ón, de acuer do con l as necesidad es en l a
pr est ación del ser v ic io educat iv o y en la j or nada labor a l que s e
r equier a.
[ …]
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE
ALCAL DE M AYO R D E SANTA FE DE BO G O TA. DI STRI TO
CAPI TAL
Secr et ar io de Educa ción Dir ect or de Ser vicio C ivi l» (sic)
• Fue aportada Acta del 8 de febrero de 1993 mediante la cual
la accionante tomó posesión del cargo de «docente para el
cual fue nombrada en propiedad por Resolución 202 de 01
FEB. 1993», suscrita por el secretario de educación y el jefe
de División de Personal de la Secretaría de Educación .
• El relacionado Formulario Único para Expedició n de
Certificado de Historia Laboral, emanad o de la Secretaría de
Educación de Bogotá el 14 de mayo de 2019 30, señaló como
novedad 2 «Nombramiento en Propiedad », desde el 8 de
febrero de 1993.
De la lectura del ac to de nombramiento, es posible extraer que fue
emanado del alcalde mayor de Santafé de Bogotá D.C. , en calidad
de representante del ente local; se basó en atribuciones legales
propias y no en facultades especiales conferidas por la Nación, y
fue suscrita p or él como autoridad territoria l, junto al secretario de
educación y el director de servicio civil , sin la intervención de la
Nación.
De manera expresa se determinó que mediante el Decreto 29 de
1993, se fijó la Planta de Personal Docente y se crea ron 7. 120
30 F o l i o 115.
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plazas que serían pagadas con el presupuesto para vigencia de
1993 conforme al Acuerdo 40 de 1993.
En este acto administrativo se explicó que serían nombrados los
docentes temporales que venían prestando sus servicios a la
Secretaría de Educación, ta l y como ocurrió con la demandante
conforme el estudio precedente , que, como se advirtió, da cuenta
de la vinculación temporal en el periodo lectivo de 1992.
Se advierte además, que en el artículo tercero se estableció de
manera clara que correspondería al secretario de educación ejercer
la facultad de trasladar y ubicar a los docentes de acuerdo con las
necesidades del servicio, lo que permite aseverar que se trató de
una vinculación territo rial , ya que, aunque el nombramiento fue
posterior al proceso de nacionalización de la educación de la Ley
43 de 1975 , este tuvo por objeto pro veer una plaza exclusiva del
ente local (Planta Distrital de Educadores).
Lo anterior resulta coincidente con el certificado relacionado que
da cuenta que el tipo de vinculación f ue territorial , de m anera que
este tiempo también debe computa rse a efecto de acreditar los 20
años para acceder a la pensión gracia.
En consecuencia, la Sala encuentra que el ejercicio de la profesión
docente de parte de la accionante con vinculación territorial y
nacionalizada por más de 20 años está lo suficientemente
demostrado, pues las pruebas aportadas indican sin lugar a
equívoco que se desempeñó como educador a de manera
interrumpida desde el 1 5 de agosto de 1980 y cumplió los 20 años
de servicio el 11 de enero de 2011, fecha que si bien no coincide
con la dispuesta por el tribunal, no será modificada teniendo en
cuenta que la ent idad demandada fue la única apelante y en ese
orden habrá de mantenerse la data dispuesta por el a quo, es decir
el 14 de enero de 2010.
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Demandante: Doris María Castro Solís
2.4.2.3 En relación con el requisito de buena conducta, si bien no
obra en el proceso certificado de antecedentes ni declaración
juramentada que den cuenta de la ausencia de sanciones, lo cierto
es que, a este respecto, se presume la buena fe de la interesada
en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez, consagración
y buena conducta, pues adicionalmente, dicho tópico no fue objeto
de discusión en sede administrativa o en la primera instancia .
Así las cosas, para esta Sala es posible afirmar que la accionante
(i) prestó sus servicios como docente de carácter territoria l con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; (ii) acreditó 20 años de
servicios el 14 de enero de 2010 fecha en la que alcanzó el estatus
pensiona l; (iii) cumplió 50 años de edad el 24 de abril de 2009 , y
(iv) no existen pru ebas de que haya incurrido en causal de mala
conducta, lo que indica que es beneficiaria de la pensión gracia .
3. Conclusión
Teniendo en cuenta lo anterior, y d e acuerdo con el recurso de
apelación presentado por la entidad demandada , la Sala encuentra
probado que la señora Doris Ma ría Castro Solís tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión gracia , por lo que se
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 28 de junio de
2019, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
4. Condena en costas de segunda instancia
De conformidad con el artículo 365 del Código General d el Proceso
no se condenará en costas de segunda instancia, como quiera que ,
si bien se resolve rá de manera desfavorable el recurso d e apelación
interpuesto por la entidad demandada y será confirmada la
sentencia de primera instancia, éstas no se encuentran probadas,
toda vez que no hubo participación en la segunda instancia por
parte de la demandante.
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Demandante: Doris María Castro Solís
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
el 28 de junio de 2019, que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda presentada por la señora Doris María Castro Solís
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. No con denar en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de l veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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