Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00271-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)
Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: naturaleza de la plaza. Subtema 2:
validez del tiempo laborado en plaza creada para docentes temporales incorporados a planta
de ente territorial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 18 de octubre de 2019, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Blanca Ruby Osorio Londoño presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante, UGPP), con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. La UGPP negó la prestación al considerar que su vinculación docente, a partir
del año 1994, fue de carácter nacional. La sentencia apelada declaró la nulidad de los
actos demandados y accedió a las pretensiones de la demanda; decisión que será
confirmada al encontrarse demostrada la validez del tiempo laborado por la actora a
partir de 1994, como docente nombrada por el alcalde del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena.
2. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Blanca Ruby Osorio Londoño, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de junio
de 2014, con las siguientes pretensiones1:
1 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, págs. 1 a 47.
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00271-01 (2244-2021)
Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño
Demandado: UGPP
(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 050083 del 29 de octubre de
2013, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; ADP 015232 del
21 de noviembre de 2013, que rechazó por extemporáneo el recurso de reposición
y en subsidio de apelación, y RDP 056513 del 13 de diciembre de 2013, por la
cual se resolvió el recurso de queja.
(ii) Ordenar a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
Ley 114 de 1913, en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial del último
año de servicio, con la inclusión de las doceavas partes de las primas de servicio,
navidad y vacaciones, la totalidad de la bonificación anual y los gastos de
representación, con los reajustes e intereses moratorios previstos en los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
(iii) Condenar en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del
CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Nació el 23 de abril de 1951, por lo que cumplió 50 años el 23 de abril de
2001;
(ii) laboró por más de 20 años al servicio de instituciones educativas de carácter
territorial; la primera vinculación como docente del departamento de
Córdoba, del 30 de marzo de 1976 al 30 de enero de 1978 y la segunda al
servicio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, del 30 de junio de 1994
al 27 de agosto de 2013 (vigente para la época en que presentó la demanda);
(iii) solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el 4 de octubre
de 2013, reclamación que fue negada mediante Resolución RDP 050083 del
29 de octubre de 2013;
(iv) el 18 de noviembre de 2013 interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la anterior decisión, el cual fue rechazado por extemporáneo
mediante auto ADP 15232 del 21 de noviembre de 2013, confirmado por la
Resolución RDP 056513 del 13 de diciembre de 2013.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La actora citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos
4, 13, 29, 48 y 53; Ley 114 de 1913, artículos 1, 2 y 3; Ley 116 de 1928, artículo 6; Ley
37 de 1933, artículo 3; Ley 4 de 1966, artículos 1, 2 y 3 (sic); Ley 91 de 1989, artículos
1 y 15, numeral 2, literal a); Ley 43 de 1975; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de
1969 y artículo 25 del Decreto 2150 de 1995.
4. En el concepto de violación, la parte actora alegó que la entidad demandada
rechazó indebidamente el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto
contra el acto que negó el reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que fue
presentado de forma extemporánea. Precisó que la entidad tomó como fecha de
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Demandado: UGPP
interposición el 19 de noviembre de 2013, correspondiente al día en que recibió el
recurso, desconociendo que este fue radicado oportunamente mediante envío por
correo el 18 de noviembre de 2013, dentro del término legal de diez días hábiles
contados a partir de la notificación del acto recurrido.
5. Asimismo, señaló que el acto que negó la pensión gracia desconoció las normas
en que debía fundarse, al no tener en cuenta que cumple los requisitos legales para
acceder a dicha prestación, consistentes en haber alcanzado la edad de 50 años y
contar con 20 años de servicio en plazas del orden territorial.
2.2. Contestación de la demanda
6. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la obligación,
cobro de lo no debido y prescripción. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que el
reconocimiento de la pensión gracia es improcedente porque la señora Blanca Ruby
Osorio Londoño no acreditó el requisito legal de 20 años de servicio docente en plazas
del orden territorial o nacionalizadas. Indicó que la vinculación de la demandante en el
distrito de Cartagena, a partir de 1994, es de carácter nacional.
7. En apoyo de su argumento, la parte demandada señaló que el inciso tercero del
Decreto 586 de 1994 consignó que el representante del Ministerio de Educación
Nacional ante el Fondo Educativo Regional de Bolívar certificó la disponibilidad
presupuestal para la incorporación de los docentes al distrito de Cartagena, entre las
que se incluyó a la actora. A partir de lo expuesto, concluyó que el nombramiento se
efectuó con cargo a la Nación no al presupuesto de la entidad territorial.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 18 de octubre de
20192, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; ordenó a la UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la demandante, a partir del 8 de
septiembre de 2012, y en el numeral quinto condenó en costas a la entidad
demandada.
9. Al sustentar la decisión, el tribunal consideró que la docente interpuso en debida
forma el recurso de apelación contra el acto administrativo que negó el reconocimiento
de la pensión gracia, ya que el término para interponerlo vencía el 18 de noviembre de
2013 y en esa misma fecha fue enviado por correo. En consecuencia, estimó que la
UGPP no debió rechazarlo por extemporáneo, porque se debía tener en cuenta la fecha
de envío conforme con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995,
modificado por el artículo 10 de la Ley 962 de 2005.
10. En cuanto a la naturaleza de la vinculación docente, el tribunal indicó que la actora
acreditó la prestación de servicios en la docencia oficial del orden territorial antes del
31 de diciembre de 1980, al ser nombrada docente nacionalizada en el departamento
de Córdoba el 30 de marzo de 1976, donde laboró por el término de un año y diez
días.
2 Samai, expediente digital, índice 00002, ED_EXPDIGITA_TESTIGODOCUMENTALC, carpeta 54001-23-
33-000-2018-00058-00, archivo 015SentenciaNyR, pág, 1 a 17.
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11. Adicionalmente, consideró demostrado que la docente cumplió 20 años de
servicio en plazas del orden territorial, dado que fue nombrada en propiedad mediante
el Decreto 586 del 22 de junio de 1994 para desempeñar un cargo docente en el
Colegio Nocturno Madre Bernarda del distrito de Cartagena, del cual tomó posesión el
8 de julio del mismo año. Destacó que dicho nombramiento fue expedido por el alcalde
municipal para ocupar una de las 475 plazas docentes creadas en el nivel territorial y
que, aunque en el acto se indicó que el Ministerio de Educación Nacional ante el FER
de Bolívar certificó la disponibilidad presupuestal para la vinculación, ello no restaba
su carácter territorial.
12. Por otra parte, el tribunal advirtió que en el expediente obra declaración
extraprocesal rendida por la demandante, en la cual manifestó haber observado buena
conducta en su vida laboral. En este orden, sostuvo que la demandante cumple los
requisitos de edad, tiempo de servicio, tipo de vinculación y buena conducta requeridos
para acceder a la pensión gracia.
13. Concluyó que no se configuró la prescripción de las mesadas, porque no
transcurrieron más de tres años desde que adquirió el estatus pensional hasta la fecha
en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia.
14. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada en aplicación del numeral
1 del artículo 365 del CGP3.
2.4 . Recurso de apelación
15. La UGPP presentó reparos frente a la naturaleza del vínculo laboral de la docente,
al considerar que el nombramiento en el distrito de Cartagena fue de carácter nacional
por haberse efectuado con cargo al Ministerio de Educación Nacional, circunstancia
que, según indicó, fue reconocida por la Secretaría de Educación del municipio en el
certificado de tiempo de servicio.
16. En consecuencia, sostuvo que la demandante no acreditó el requisito de 20 años
de servicio en plazas del orden territorial4.
17. Adicionalmente, solicitó que se revoque la condena en costas, porque la solicitud
de denegación de las pretensiones contaba con respaldo probatorio.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
18. Esta corporación, por auto del 9 de junio de 2022, admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada conforme al artículo 247-3 del CPACA5. Por auto
del 11 de mayo de 2023, el despacho sustanciador corrió traslado para alegatos de
conclusión, de conformidad con el artículo 247-4 del CPACA 6.
3 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 149 a 168.
4 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 171 a 176.
5 Samai, índice 8, Auto que admite recurso de apelación.
6 Samai, índice 21. Auto que corre traslado para alegar.
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2.6. Alegatos de conclusión
19. La parte actora reiteró los argumentos del escrito de demanda, atinentes al
cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia7.
20. La apoderada de la UGPP insistió en los reparos presentados en el recurso de
apelación, relacionados con la naturaleza de la vinculación docente8.
3. CONSIDERACIONES
3.1 . Competencia
21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Cuestión preliminar. Solicitud de unificación de jurisprudencia
22. En el caso particular, la entidad demandada, mediante escrito del 22 de abril de
2022, presentó solicitud de unificación de jurisprudencia con el argumento de que es
necesario definir «qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” (…), requisitos
y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las condiciones que debe reunir “la
plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 DE 21-06-2018, para
ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial»9.
23. Alegó que, a partir de la expedición de la referida sentencia de unificación, la falta
de precisión del concepto de plaza docente ha generado una interpretación errada
sobre los nombramientos de carácter nacional de los docentes financiados con
transferencias administradas por los Fondos Educativos Regionales (FER), en los que
interviene un representante del Ministerio de Educación Nacional, pues en dicho
análisis se han pretermitido otros aspectos como «a. el régimen salarial del docente,
b. la entidad donde se realizaban los aportes para pensión; o c. quien financia la
pensión ordinaria del docente».
24. En tal medida, manifestó que los criterios definidos actualmente en la
jurisprudencia se tornan insuficientes, en muchos casos, para diferenciar a los
docentes con vinculación nacional sin derecho a una pensión gracia, de los
nacionalizados y territoriales, a quienes sí les asiste efectivamente el derecho
prestacional.
25. Explicó que el criterio de la autoridad que realiza el nombramiento o de la
institución educativa donde se prestaba el servicio no permite diferenciar entre las
plazas docentes nacionales y territoriales, pues el solo hecho de que el nombramiento
7 Samai, índice 26.
8 Samai, índice 29.
9 Samai, índice 6.
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sea expedido por una autoridad territorial, no implica que se le otorgue tal categoría,
dado que este pudo actuar en calidad de delegatario de la Nación.
26. Sobre el criterio de financiación de los salarios y prestaciones del docente, señaló
que no resulta preciso, dado que en la sentencia de unificación no se efectuó un
análisis sobre el manejo y naturaleza jurídica del situado fiscal antes y después de la
Ley 60 de 1993, disposición que realizó cambios en cuanto a la naturaleza de los
recursos.
27. Afirmó que existen otros medios para esclarecer la naturaleza de la vinculación de
los docentes y citó los siguientes ejemplos:
(i) criterio sobre el régimen salarial y prestacional aplicable al docente nacional
o territorial;
(ii) criterio de la entidad de previsión social a la cual se realizaron los aportes
para pensión antes de la creación del Fomag y
(iii) criterio sobre qué entidad está asumiendo la financiación de la pensión de
jubilación ordinaria.
28. La Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento en relación con la
solicitud referida, pues sobre el particular ya se manifestó la Sección Segunda al
abordar una petición sobre el mismo tema10, en la que se decidió no avocar
conocimiento del asunto, puesto que los argumentos de la UGPP no resultan
determinantes para emitir una sentencia de unificación y, además, por cuanto ya
existen reglas específicas sobre la «plaza docente» dispuestas en las sentencias del
29 de agosto de 199711; del 22 de enero de 201512; del 21 de junio de 201813 y del 11
de agosto de 202214. En este orden, la Subsección se remite a lo resuelto en la
providencia citada en precedencia, dictada el 20 de octubre de 2022.
3.3. Problemas jurídicos
29. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:
30. ¿El tiempo de servicio prestado por la demandante como docente del distrito de
Cartagena desde el 8 de julio de 1994 es válido para acceder al reconocimiento y pago
de la pensión gracia?
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación:
54001233300020130034401(4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia, con ponencia del magistrado
William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicación
S-699.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación: 250002342000201202017
01(0775-2014).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 250002342000201304683
01(3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación: 150012333000201600278
01(3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
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31. ¿El origen de los recursos destinados al pago del servicio docente prestado por la
actora determina la naturaleza de la vinculación como maestra nombrada por la
autoridad territorial?
32.Por último, la Sala se ocupará de establecer si procede la revocatoria de la
condena en costas impuesta en primera instancia a la entidad demandada.
3.4. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
33. La Ley 114 de 191315 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres16; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
34. La Ley 116 de 192817 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193318 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
35. La Ley 43 de 197519 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
36. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.
15 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
16 Derogado por la Ley 45 de 1931.
17 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
18 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
19 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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37. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.
38. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197520, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente
de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
20 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
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concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados21, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
3.5. Caso concreto
3.5.1. Verificación de la naturaleza de la vinculación
40. En punto a la vinculación docente, la copia del Decreto 000187 del 5 de marzo de
1976, expedido por el gobernador del departamento de Córdoba, da cuenta de que la
señora Blanca Ruby Osorio Londoño fue nombrada profesora en el colegio Nuestra
Señora del Carmen del municipio de Chinú (Córdoba). En dicho cargo tomó posesión
el 30 de marzo de 1976, como consta en la respectiva acta22.
41. La copia del formato único para la expedición de certificado historia laboral, dictado
por la secretaria de educación departamental de Córdoba el 10 de octubre de 2012,
señala que la demandante ejerció el cargo docente en la Institución Educativa Nuestra
Señora del Carmen del municipio de Chinú (Córdoba) del 30 de marzo de 1976 al 30
de enero de 1978 y que la vinculación fue de carácter nacionalizado23.
21 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
22 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 123 a 125.
23 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, págs. 85 y 86.
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Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño
Demandado: UGPP
42. La copia del Decreto 586 del 22 de junio de 199424 evidencia que el alcalde mayor
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena nombró en propiedad a la actora para
desempeñar el cargo docente en el colegio Centro Nocturno Madre Bernarda de ese
distrito. En las consideraciones del decreto, se lee lo siguiente:
Que el artículo 6, parágrafo 1º de la Ley 60 de 1993 estableció que los docentes
temporales vinculados por contrato a los servicios educativos estatales antes del 30 de
junio de 1993 que llenan los requisitos de la carrera docentes serán incorporados a las
plantas de personal de los departamentos o distritos.
Que mediante Decreto Distrital No. 547 de junio de 1994 se crearon cuatrocientos setenta
y cinco plazas para ser ocupadas por docentes temporales que cumplan los requisitos de
la carrera docente.
Que el Representante del Ministerio de Educación ante el FER en oficio (…) certificó que
existe Disponibilidad Presupuestal para la incorporación de 475 docentes en el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena.
43.En ese empleo se posesionó el 8 de julio de 1994, según consta en el acta de la
misma fecha25.
44. Mediante Resolución 0075 del 11 de febrero de 2003, la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena resolvió reubicar por necesidad del servicio a la docente Blanca
Ruby Osorio Londoño en el Colegio Nuestra Señora de la Consolata26.
45. La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, por Resolución 0489 del 25 de
junio de 2003, reubicó a la docente en la Institución Educativa San Juan de Damasco27.
46. Por Resolución 0210 del 13 de febrero de 2008, el secretario de educación de
Cartagena aclaró la Resolución 0192 del 7 de febrero de 2008, en lo relativo al área
de enseñanza. Ese documento registra que la citada Resolución 0192 reubicó a la
docente por necesidad del servicio en la Institución Educativa Madre Laura28.
47. En el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 26 de
julio de 2018, el técnico de certificados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio hace constar que la demandante ejerció la labor docente al servicio de
instituciones educativas del distrito de Cartagena desde el 8 de julio de 1994 al 7 de
mayo de 2018, fecha en la que se produjo su retiro29.
48. Las pruebas documentales referidas demuestran que la demandante ejerció la
docencia en una institución educativa del departamento de Córdoba y en instituciones
educativas del distrito de Cartagena, según consta en las copias de los decretos, los
actos de posesión y los certificados para expedición de historia laboral, así:
24 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 128 a 130.
25 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, pág. 95.
26 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, pág. 109.
27 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, pág. 111.
28 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 3_ED_13001233300020140027, pág. 112.
29 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 134 a 136.
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Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Institución educativa Cargo Acto Período Tiempo laborado
administrativo Fecha de Fecha de
de vinculación inicio finalización
y/o reubicación
Colegio Nuestra Docente Decreto 000187
Señora del Carmen del 5 de marzo 30/03/1976 30/01/1978 1 año y 10 meses
(municipio de Chinú) de 1976
Centro Nocturno Madre Docente Decreto 586 del
Bernarda 22 de junio de
1994
Colegio Nuestra Docente Resolución
Señora de la Consolata 0075 del 11 de
(reubicación) febrero de 2003 08/07/1994 07/05/2018 23 años y 10 meses
Institución Educativa Docente Resolución
San Juan de Damasco 0489 del 25 de
(reubicación) junio de 2003
Institución Educativa Docente Resolución
Madre Laura 0192 del 7 de
(reubicación) febrero de 2008
Total de tiempo de servicio 25 años, 8 meses
49. En este orden, el análisis en conjunto de los medios de prueba, en especial, de
los actos de nombramiento, permiten concluir que la vinculación de la docente en el
departamento de Córdoba es del orden territorial. En cuanto a la naturaleza de la
vinculación realizada mediante el Decreto 586 del 22 de junio de 199430 expedido por
el alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, que la entidad
demandada desestima para acceder al derecho pensional por considerarlo del orden
nacional, al estar financiado con recursos del Ministerio de Educación Nacional, se
encuentra demostrado que la provisión del empleo se dio en una plaza creada en
vigencia del artículo 6, parágrafo 1º de la Ley 60 de 1993 para docentes temporales
vinculados con anterioridad.
50. En este escenario es oportuno reiterar las etapas del proceso de nacionalización
de la educación y las situaciones que permiten conservar la expectativa de acceder al
derecho a la pensión gracia, aun cuando el nombramiento es posterior a la finalización
de dicho proceso. El mencionado proceso de nacionalización de la educación primaria
y secundaria previsto en la Ley 43 del 11 de diciembre de 1975 31 (i) conservó la
facultad de los entes territoriales de realizar el nombramiento del personal en los
planteles que se nacionalizaron a partir de dicha ley y los nacionalizados anteriormente
(art. 1), con la precisión de que (ii) «en adelante» no podían crear nuevas plazas de
maestros y profesores con cargo a la Nación sin la previa autorización del Ministerio
de Educación Nacional (art. 10). La Nación asumió progresivamente los gastos de
personal del servicio educativo desde el 1 de octubre de 1975 hasta el 31 de diciembre
de 1980 (art. 8).
51. La Ley 29 de 198932 mantuvo en los entes territoriales la facultad para «nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
30 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 128 a 130.
31 Por la cual «se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
32 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988 [Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación
Nacional y se dictan otras disposiciones].
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administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados», con
la precisión de que la Nación «no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal (…), ni nacionalizará el personal
así designado» (art. 9).
52. Con posterioridad, la Ley 91 de 198933 estableció la forma en que los entes
territoriales y la Nación asumirían las obligaciones del personal docente 34 y previó el
régimen prestacional de dichos servidores, de la siguiente manera: (i) los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que «llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos»; (ii) los docentes vinculados «a partir del 1.º de enero de 1981, nacionales
o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1.º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación» (art. 15).
53. En lo atinente a la administración del personal docente, la Ley 60 de 199335 reitera
la facultad de los entes territoriales para realizar los nombramientos en las plantas que
adopten conforme con los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa.
Asimismo, establece que «el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido
por la Ley 91 de 1989 (…) El personal docente de vinculación departamental, distrital
y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se
les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial» (art.
6).
33 Por la cual «se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
34 Artículo 2. «(…) 1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación
de la presente ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social y el Fondo Nacional de Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades,
o las que hicieren sus veces.
2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los
reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de
previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia,
seguirán siendo pagadas por dichas entidades.
3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de
nacionalización (1º de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de
pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades que hicieren sus veces. La nación pagará
pero estas entidades contribuirán, por este período con los aportes de la ley para la cancelación de las prestaciones
sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3º de la Ley 43 de 1975.
4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre
el 1º de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente ley, serán reconocidas y pagadas por las
respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las
cuales estaba vinculado dicho personal.
(…)
5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la
promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de
Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles».
35 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
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54. De acuerdo con el marco normativo referido, el personal docente nombrado por
las entidades territoriales antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados durante el
período correspondiente al proceso de nacionalización (1.º de enero de 1976 a 31 de
diciembre de 1980)36 se considera nacionalizado37 según lo dispuesto en la Ley 43 de
197538. Frente a las vinculaciones posteriores, la Ley 91 de 1989 establece lo
siguiente: (i) los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial
de conformidad con las normas vigentes39 y (ii) los docentes nacionales y los que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990, se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional para efecto de las prestaciones
económicas y sociales.
55. Frente a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, con derecho
a mantener el régimen «que han venido gozando en cada entidad territorial», la
sentencia de unificación citada en el acápite del marco normativo y jurisprudencial
señaló40:
Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el
criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997,
en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter
transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión
gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados. En la aludida providencia el
Consejo de Estado sostuvo: [...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva
a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización.
(…)
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito,
como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización
de la educación primaria y secundaria oficiales.
56. En el caso bajo estudio, el Decreto 586 del 22 de junio de 199441, expedido por el
alcalde mayor del distrito turístico y cultural de Cartagena, demuestra que la actora fue
nombrada para desempeñar el cargo docente en el colegio Centro Nocturno Madre
Bernarda de ese distrito en una de las plazas que venía siendo provista de manera
temporal y fue creada para ser incorporada a la planta de personal del ente territorial.
Al respecto, el acto de nombramiento refiere que el «Decreto Distrital No. 547 de junio
36 Ley 91 de 1989, artículo 4, numeral 3.
37 Ley 91 de 1989, artículo 1.
38 Artículo 10. «En adelante ningún Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el Distrito Especial, ni los Municipios
podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria;
ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, exp. 13001-23-33-000-
2017-00358-01(2284-2024).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018.
41 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 128 a 130.
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de 1994» creó 475 plazas «para la incorporación de 475 docentes en el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena»42.
57. De esta forma, debido a que el acto administrativo de nombramiento de la actora
fue expedido en vigencia del artículo 6 de la Ley 60 de 199343, que autorizó la
incorporación de los docentes temporales a las plantas de personal de los
departamentos o de los distritos en los que prestaban servicios, resulta evidente que
la designación se dio en una plaza de naturaleza territorial que conserva esa categoría
en el acto de incorporación dirigido a proveer plazas que antes eran temporales. Lo
anterior en razón a que el propio acto administrativo de nombramiento, que goza de
presunción de legalidad, establece que la plaza provista con el nombramiento de la
actora es de aquellas que con anterioridad a la incorporación era temporal con
naturaleza territorial, circunstancia que impone mantener dicha categorización.
58. De esta manera, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa, porque el
tiempo de servicio prestado por la demandante como docente del distrito de Cartagena
desde el 8 de julio de 1994 es válido para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia al haber sido desempeñado en una plaza de naturaleza territorial.
59. Ahora, en lo relacionado con el cuestionamiento sobre la validez del tiempo
laborado por motivo de la naturaleza de los recursos de la entidad nominadora, es del
caso reiterar que, de conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación SUJ-
11-S2 del 21 de junio de 2018, «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento
de la pensión gracia es la acreditación de la plaza a ocupar».
60. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, porque el
origen de los recursos de la entidad nominadora no determina la naturaleza o
categorización de la plaza provista mediante el nombramiento44 realizado por el
representante de la entidad territorial, en este caso, el alcalde mayor del distrito
turístico y cultural de Cartagena.
3.6. Conclusión
61. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por Blanca
Ruby Osorio Londoño con motivo del nombramiento expedido por el alcalde mayor del
distrito turístico y cultural de Cartagena mediante el Decreto 586 del 22 de junio de
1994 es válido para acceder al derecho a la pensión gracia, porque la plaza provista
es de aquellas que con anterioridad a la incorporación era temporal con naturaleza
territorial, circunstancia que impone mantener la citada categorización. En este
escenario se precisa, en aplicación de la regla de unificación jurisprudencial, que el
origen de los recursos de la entidad nominadora no determina la naturaleza o
categorización de la plaza provista mediante el nombramiento realizado por el
42 Samai, índice 2. Expediente digital, PDF 5_ED_13001233300020140027, págs. 128 a 130.
43 Corte Constitucional, sentencia C-555 de 6 de diciembre de 1994, declaró inexequible el parágrafo del artículo 6
de la Ley 60 de 1993.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, SUJ-11-S2. En igual sentido ver, Corte
Constitucional, sentencia SU-014 del 22 de enero de 2020. «Así pues, el punto de partida para evaluar la
categorización de la educación lo determina la naturaleza jurídica del vínculo definido en el artículo 1º la Ley 91 de
1989, esto es, la plaza a ocupar, no la fuente de financiación. Y tal autorizado criterio proviene de la interpretación
recientísima del Consejo de Estado».
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Demandado: UGPP
representante de la entidad territorial, en este caso, el alcalde mayor del distrito
turístico y cultural de Cartagena, lo esencialmente relevante es la naturaleza de la
plaza.
62. Por lo anterior, la sentencia apelada será confirmada en cuanto ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la actora, a partir del 8 de
septiembre de 2012, al encontrarse acreditado que la actora cumplió el estatus
pensional en la mencionada fecha al cumplir 20 años de servicio, que presentó la
solicitud el 4 de octubre de 2013 y radicó la demanda el 3 de junio de 2014. Se revocará
el numeral quinto que impuso condena en costas a la entidad demandada por la razón
que se expone a continuación.
4. Costas
63. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario45 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
64. Por lo tanto, la Sala revocará la condena impuesta en primera instancia y se
abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte que la entidad
demandada haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Reconocimiento de personería
65. La Sala observa que la abogada Rocío del Pilar Arenas España, en calidad de
representante legal de la organización jurídica Conde Abogados Asociados SAS,
apoderada de la UGPP según escritura pública 0155 del 17 de enero de 2025 (adjunta
al expediente), sustituyó poder al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina para que
actúe en representación de la parte demandada46. Por tanto, procede el
reconocimiento de personería al mencionado profesional.
45 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
46 Samai, índice 47.
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Demandante: Blanca Ruby Osorio Londoño
Demandado: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 18 de octubre de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Blanca Ruby Osorio Londoño contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
SEGUNDO. REVOCAR el numeral quinto de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar el 18 de octubre de 2019, que condenó en costas a la entidad
demandada.
TERCERO. Reconocer personería jurídica al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina
para que actúe como apoderado de la UGPP, en los términos de la sustitución de poder
otorgado por el representante legal de la organización jurídica Conde Abogados
Asociados SAS, que obra en el índice 47 de Samai.
CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
16
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