Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00358-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00358-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00358-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 003, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Doris Elena Puello Ortega demandó2 en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
1 En adelante Ugpp.
2 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 33 a 47.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 031577 del 19 de agosto de 2016,
y RDP 00183 del 5 de enero de 2017, por medio de las cuales la Ugpp le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión gracia, con el 75% de todos los factores
salariales devengados en el año anterior al estatus pensional; ii) el pago de las
mesadas pensionales a partir del 2 de mayo de 2008; iii) el reajuste de la pensión
conforme con el IPC; iv) el pago de los intereses moratorios; v) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en
costas y agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Doris Elena Puello Ortega nació el 13 de marzo de 1957 y cumplió 50 años de
edad el 13 de marzo de 2007.
3.2. Prestó sus servicios como docente del orden territorial en el municipio de San
Jacinto [Bolívar] y en el Distrito de Cartagena.
3.3. Acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio
docente oficial y 50 años de edad.
3.4. El 19 de abril de 2016 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, petición denegada mediante las Resoluciones RDP 031577 del 19 de agosto
de 2016, y RDP 00183 del 5 de enero de 2017, al considerar que no acreditó 20
años de servicio docente del orden territorial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25, y 58 de la Constitución Política; 10
del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; 1 y 5 de la Ley 114 de 1913; 4 de la Ley 4
de 1966; 1 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 3 de la Ley 37 de 1993;
leyes 91 de 1989; 60 de 1993; 115 de 1994; 5 del Decreto 1743 de 1966; 45 del
Decreto 1045 de 1978; y Decreto 2277 de 1979.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Doris Elena Puello Ortega
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
5.1. Con la expedición de los actos acusados, la Ugpp vulneró los postulados
constitucionales y legales porque consideró que el tiempo de servicio como docente
a partir de 1994 fue con vinculación nacional.
5.2. La entidad no tuvo en cuenta que cumplió con las exigencias previstas en la ley
para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues se vinculó como docente
antes del 31 de diciembre de 1980, acreditó 20 años de servicio docente con
vinculación territorial, contó con más de 50 años de edad y ejerció sus actividades
con honradez, consagración y buena conducta.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con los
siguientes argumentos5:
6.1. Doris Elena Puello Ortega no cumplió con el requisito de 20 años de servicio
docente del orden departamental, municipal o distrital para acceder a la pensión
gracia, porque desde el mes de junio de 1994 prestó sus servicios como docente en
el Distrito de Cartagena con vinculación nacional.
6.2. De acuerdo con la Ley 114 de 1913, no es posible computar los tiempos de
servicio prestados del orden nacional, pues solo se prevé la posibilidad de acumular
periodos por nombramiento como docente de carácter territorial.
6.3. En consecuencia, los actos administrativos demandados fueron debidamente
motivados y proferidos de acuerdo con los postulados constitucionales y legales.
6.4. Propuso las excepciones que denominó i) prescripción; ii) inexistencia de la
causa petendi; iii) «falta del derecho para pedir»; iv) buena fe; v) cobro de lo no debido;
y vi) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003, mediante sentencia
proferida el 13 de diciembre de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda y
4 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 59 a 69.
5 Samai Tribunal, índice 12, archivo Agregar Memorial(.pdf) NroActua 12.
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Demandante: Doris Elena Puello Ortega
condenó en costas a la demandada, con sustento en los siguientes argumentos6:
7.1. De acuerdo con el material probatorio, Doris Elena Puello Ortega cumplió con
los requisitos de una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, y más de 20
años de servicio como docente con vinculación nacionalizado del 2 de enero de
1976 hasta el 30 de junio de 1976; entre el 4 de febrero de 1981 y el 30 de agosto
de 1986; y del «29 de marzo de 1994 en adelante», en las alcaldías de San Jacinto
[Bolívar] y Cartagena de Indias.
7.2. La entidad consideró que de acuerdo con el certificado de información laboral
del Fomag, a partir del 29 de marzo de 1994 prestó sus servicios con vínculo
nacional en la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, por lo cual
no tenía derecho al reconocimiento y pago de la prestación.
7.3. Sin embargo, el certificado de información laboral no era el medio de prueba
idóneo para demostrar el vínculo del docente, pues esa condición se derivaba del
acto nombramiento en virtud de lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
115 de 1994.
7.4. En el acto de nombramiento del distrito de Cartagena de Indias, se indicó «[q]ue
el Representante del Ministro de Educación Nacional ante el FER de Bolívar, en oficio No.
220 de fecha 8 de marzo de 1994 certificó que existe Disponibilidad Presupuestal y
Vacancia definitiva del cargo debido al retiro del servicio por Invalidez Total de la titular ENA
LUZ POLO SIERRA.» (sic). No obstante, la participación del nivel central en el acto
de nombramiento no determina tal carácter nacional del docente, sino la fuente de
sus recursos.
7.5. Además, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado prevista
en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida en el proceso con
radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), los recursos del Fondo
Educativo Regional son territoriales.
7.6. En tal sentido, Doris Elena Puello Ortega acreditó los requisitos legales para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia. En consecuencia, declaró la nulidad de
los actos acusados y ordenó el reconocimiento y pago de la prestación a partir del
2 de mayo de 2008, pero con efectos fiscales desde el 19 de abril de 2013 por
prescripción.
6 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2,
06SentenciaPrimeraInstanciaNyR 000-2017-00358-00.
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Demandante: Doris Elena Puello Ortega
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así 7:
8.1. Doris Elena Puello Ortega no cumplió los requisitos legales para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por lo cual con la decisión de primera
instancia se vulneraron los principios de legalidad y sostenibilidad financiera del
sistema de seguridad social.
8.2. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la Ley 114 de 1913 se
deben acreditar los requisitos de una vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980; 50 años de edad; 20 años de servicio como docente del orden distrital,
departamental, municipal o nacionalizado; ejercer el cargo con honradez y buena
conducta; y no haber estado vinculada directamente con la nación.
8.3. Con las pruebas documentales se demostró que nació el 13 de marzo de 1957,
prestó sus servicios como docente en el municipio de San Jacinto [Bolívar], con
vínculo municipal: i) desde el 2 de enero de 1976 hasta el 30 de junio de 1976, y ii)
entre el 4 de febrero de 1981 y 30 de junio de 1986; y del orden nacional [de acuerdo
con el certificado de información laboral del Fomag] entre el 29 de marzo de 1994
hasta el 30 de diciembre de 2015.
8.4. El tribunal no tuvo en cuenta que en el Decreto 211 del 9 de marzo de 1994 se
estableció que la fuente de financiación del nombramiento fue de carácter nacional,
porque se señaló «[q]ue el Representante del Ministro de Educación Nacional ante el FER
de Bolívar, en oficio No. 022 de fecha 13 de marzo de 1994 certificó que existe
Disponibilidad Presupuestal Vacancia definitiva del cargo debido al retiro del servicio por
Invalidez Total de la titular ENA LUZ POLO SIERRA Que el Representante del Ministro de
Educación Nacional ante el FER de Bolívar, en oficio No. 022 de fecha 13 de marzo de
1994 certificó que existe Disponibilidad Presupuestal Vacancia definitiva del cargo debido
al retiro del servicio por Invalidez Total de la titular ENA LUZ POLO SIERRA.»(sic)
8.5. El a quo no observó que una vinculación territorial «no se reduce únicamente al
hecho de que el docente haya prestado sus servicios a un ente territorial», sino que su
vinculación y remuneración no provengan del nivel central, es decir, que no tengan
vínculo directo con la nación, porque no se acreditó que la remuneración percibida
por concepto de salarios en su calidad de docente haya sido sufragada por una
entidad territorial.
8.6. En ese orden de ideas, no se demostró de forma idónea que la plaza a la cual
7 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 10RecursoApelacion358.pdf.
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se vinculó se financiaba con recursos propios de la entidad territorial, ni se aportaron
las certificaciones del Fomag en las cuales se indicara que no se encontraba
vinculada a la docencia del orden nacional, es decir que no aportó las pruebas
requeridas para establecer «que hubiese laborado con cargo a los recursos de entidades
territoriales, por lo que como se dijo al inicio no cumplió con el requisito de la vinculación a
la docencia territorial o nacionalizada.».
8.7. En tal sentido, de acuerdo con los requisitos de la Ley 114 de 1913, la docente
no cumplió 20 años de servicio con vinculación nacionalizada, departamental,
distrital o territorial, para acceder a la pensión gracia.
8.8. En cuanto a la condena en costas, en el trámite judicial no actuó con temeridad
o mala fe, por lo contrario, se fundamentó en los principios de legalidad y buena fe.
8.9. De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 se configuró la
prescripción de las mesadas pensionales, en los 3 años anteriores contados desde
que adquirió el estatus de pensionada y la solicitud de la prestación.
8.10. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se contrae a resolver ¿si Doris Elena Puello Ortega acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
regulan? y ¿si era procedente la condena en costas a la entidad?
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Demandante: Doris Elena Puello Ortega
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19138 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
9
15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193310, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
8
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
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18. En efecto, la Ley 60 de 199311 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja12, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196813, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos14 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199415 (artículo 179, literal d).
20. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
11
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
12
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
13
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
14
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
15
«Por la cual se expide la ley general de educación»
9
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21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199516, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
21.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
21.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
22. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
17
25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
18
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
16
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala20 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198921 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
19
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
20
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
28. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
22
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
29. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202223 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».24
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
30. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
13
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
31.1. Doris Elena Puello Ortega nació el 13 de marzo de 195725.
31.2. En la constancia del 10 de septiembre de 201526, suscrita por el alcalde del
municipio de San Jacinto [Bolívar], se indicó:
«[Q]ue, la señora DORIS ELENA PUELLO ORTEGA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.084.871 de San Jacinto (Bolívar), laboró con el Municipio de San
Jacinto (Bolívar), en los siguientes periodos y cargos:
1. MAESTRO MUNICIPAL, nombrado mediante Decreto 002 del 02 de Enero de 1976,
posesionado el día 02 de Enero de 1976, hasta el 30 de Junio de 1976, por renuncia del
cargo.
2. MAESTRO, nombrado mediante Decreto No. 023 del 03 de Febrero de 1981,
posesionado el día 04 de Febrero de 1981, hasta el 30 de Agosto de 1986, por medio
del cual se le acepto su renuncia del cargo, con Decreto 137 del 30 de Agosto de 1986.».
[sic]
31.3. Mediante el Decreto 211 del 9 de marzo de 199427 «[p]or el cual se nombra en
propiedad a un docente», suscrito por el alcalde mayor del distrito de Cartagena de
Indias, se nombró como docente de secundaria en el Liceo Nacional Femenino
«Soledad Acosta de Samper».
31.4. Enel Oficio 2019-EE-062018 del 16 de mayo de 201928, suscrito por el
coordinador de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, se contestó
el requerimiento 2356-D001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en los siguientes
términos:
«[D]e manera atenta nos permitimos dar contestación a requerimiento allegado a esta
Cartera Ministerial mediante oficio No. 2356-D001 en el que solicitan dar cumplimiento
25 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visible a folio 30 en la cédula de ciudadanía.
26 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folio 23.
27 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 21 y 22.
28 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folio 135.
14
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
al requerimiento de prueba dentro del proceso con Radicado: 130012333000201700358
adelantado por la señora DORIS PUELLO ORTEGA en contra de la Nación-UGPP,
solicitando lo siguiente:
“Certificado en el que conste si demandante, señora DORIS ELENA PUELLO ORTEGA,
identificada con la C.C No. 23.084.871, expedida en San Jacinto-Bolívar, aparece
registrada como docente nombrada por ese Ministerio.”
De acuerdo con lo anterior y una vez consultadas las bases de la Entidad se logró
establecer que no se encuentra historia laboral que concuerde con los datos por usted
relacionados en el oficio del asunto. Según lo descrito por la Subdirección de Talento
Humano en comunicación interna 2019-IE-018585, la cual remitimos adjunto a esta
comunicación.» [sic]
31.5. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el
25 de enero de 201729 por la Secretaría de Educación de Cartagena de Indias, en
el que consta que prestó sus servicios como directiva docente [coordinador] de
básica secundaria, en propiedad, sin indicar el tipo de vinculación, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Ing. y Reing.
Institución Educativa Soledad
Acosta de Samper Decreto 211 del
Cartagena [Bol] 09-03-1994 29-03-1994 -
Incorporación
Institución Educativa Soledad
Acosta de Samper Decreto 0866 del -
Cartagena [Bol] 16-08-1996 16-08-1996
Organización y Distribución
Secretaría de Educación [Planta
Central] Decreto 0263 del
Cartagena [Bol] 06-11-2001 06-11-2001 -
Terminación Funciones Asig.
Secretaría de Educación [Planta
Central] Decreto 0287 del
Cartagena [Bol] 25-04-2002 25-04-2002 -
Terminación Funciones Asig.
Institución Educativa Soledad
Acosta de Samper Resolución 0756 - Fondo
Cartagena [Bol] del 30-04-2002 30-04-2002 Prestacional
Incorporación del
Institución Educativa Soledad Magisterio
Acosta de Samper Decreto 0312 del -
Cartagena [Bol] 20-05-2003 20-05-2003
Traslados
Institución Educativa CASD
Manuela Beltrán Resolución 0498
Cartagena [Bol] del 26-06-2003 03-07-2003 -
29 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 24 a 27.
15
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
Incorporación
Institución Educativa CASD
Manuela Beltrán Decreto 0057 del
Cartagena [Bol] 23-01-2004 23-01-2004 -
Traslados
Institución Educativa Antonia
Santos Resolución 0154
Cartagena [Bol] del 14-04-2005 02-05-2005 -
Traslados
Institución Educativa Santa María Resolución 0356
Cartagena [Bol] del 19-02-2007 20-02-2007
Organización y Distribución
Institución Educativa Santa María Resolución 3575
Cartagena [Bol] del 16-10-2007 16-10-2007 -
Comisión de Servicios
Secretaría de Educación [Planta
Central] Resolución 3347
Cartagena [Bol] del 8-09-2008 09-09-2008 -
Encargo
Secretaría de Educación [Planta
Central] Resolución 3459
Cartagena [Bol] del 15-09-2008 16-09-2008 -
Encargo
Institución Educativa Santa María Resolución 3459
Cartagena [Bol] del 15-09-2008 01-11-2008 -
Continuidad
Unal de la Virgen y Turística Resolución 3459
Cartagena [Bol] del 15-09-2008 01-02-2009 -
Terminación Comisión
Institución Educativa Santa María Decreto 0348 del
Cartagena [Bol] 05-04-2010 05-04-2010 -
Continuidad
Institución Educativa Santa María Decreto 0348 del
Cartagena [Bol] 05-04-2010 13-04-2010 -
Designación
Institución Educativa Santa María Decreto 0525 del
Cartagena [Bol] 28-05-2010 28-05-2010 -
Traslados
Unal de la Virgen y Turística Decreto 0827 del
Cartagena [Bol] 25-04-2012 01-06-2012 -
Comisión de Servicios
Unal de la Virgen y Turística Resolución 1566
Cartagena [Bol] del 13-03-2013 13-03-2013 -
Tiempo Total: 28 - 9 - 22
31.6. Certificado de salarios expedido el 17 de enero 201730 por la Secretaría de
Educación de Cartagena de Indias, en el cual se indican los factores salariales
30 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 28 y 29.
16
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
devengados desde el año 2006 hasta el 2008, y que prestó sus servicios como
directiva docente de básica secundaria, en propiedad, sin tipo de vinculación.
31.7. Mediante la Resolución RDP 031577 del 29 de agosto de 201231 expedida por
la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Ugpp se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues consideró que la docente prestó
sus servicios con vinculación territorial y nacional, por lo cual no acreditó 20 años
de servicio como docente territorial. Precisó el siguiente periodo y vinculación:
Entidad laboró Desde Hasta Cargo Vinculación
Alcaldía San Jacinto 1976/01/02 1976/06/30 Docente Municipal
Alcaldía San Jacinto 1981/02/04 1986/06/30 Docente Municipal
Alcaldía San Jacinto 1994/03/29 2015/12/30 Docente Nacional
31.8. La decisión administrativa anterior fue confirmada a través de la Resolución
RDP 000183 del 5 de enero de 201732 suscrita por el director de pensiones de la
Ugpp, que resolvió el recurso de apelación en términos similares.
2.5. Análisis sustancial
32. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003, accedió a las
pretensiones de la demanda al concluir que Doris Elena Puello Ortega acreditó los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en consecuencia, declaró la
nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la
Ugpp reconocer la prestación a partir del 2 de mayo de 2008, pero con efectos
fiscales desde el 19 de abril de 2013, por prescripción.
33. La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal, al considerar que no se acreditó el requisito de 20 años de
servicio como docente territorial, porque la vinculación a partir del 29 de marzo de
1994 fue de orden nacional de acuerdo con el certificado de historia laboral.
34. Delmaterial probatorio allegado se advierte que Doris Elena Puello Ortega
contaba con más de 50 años de edad [nació el 13 de marzo de 1957], por lo que
cumplió con ese requisito en el año 2007. Asimismo, se acreditó el requisito de la
buena conducta durante el ejercicio de la docencia, porque frente a este no se
efectuó reproche alguno.
31 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 4 a 8.
32 Samai, índice 2, 4ED_13001233300020170035(.zip) NroActua 2, 01ExpedienteDigitalizado.pdf,
visibles a folios 14 a 18.
17
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
35. Por lo anterior, la controversia gira en torno a los tiempos que resultan válidos
para el reconocimiento de la pensión gracia.
36. Ahora bien, respecto del requisito de contar con una experiencia docente antes
del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada,
se precisa que si bien no reposan los actos de nombramiento y posesión, este
requisito se encuentra acreditado de acuerdo con la constancia del 10 de
septiembre de 2015, mediante la cual el alcalde del municipio de San Jacinto
[Bolívar], precisó que fue nombrada como «maestra municipal» así: i) Decreto 002 del
2 de enero de 1976, [prestó sus servicios entre el 2 de enero de 1976 y el 30 de
junio de 1976]; y ii) Decreto 023 del 3 de febrero de 1981, [prestó sus servicios entre
el 4 de febrero de 1981 y el 30 de agosto de 1986]. Vinculación que es territorial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según el cual es
personal docente de ese orden el designado a través de « nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976».
37. No obstante, se precisa que de acuerdo con las reglas de la sentencia de
unificación del 21 de junio de 201833, para acreditar la calidad de docente territorial,
es necesario el acto administrativo de nombramiento, del cual se determina el
vínculo y que la plaza docente sea de las que el legislador estableció como
territoriales, o con la certificación de la autoridad nominadora en la cual se precise
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de
carácter territorial.
38. En cuanto al reproche planteado en relación con la vinculación que ostentó a
partir del 29 de marzo de 1994, como se señaló en el recurso de apelación, en el
expediente obra certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena
de Indias, en la cual indicó que el tipo de vinculación era nacional.
39. Al respecto, encuentra la Sala que la anterior diferencia puede ser superada a
través del acto de nombramiento contenido en el Decreto 211 del 9 de marzo de
1994, mediante el cual el alcalde del distrito de Cartagena de Indias nombró a Doris
Elena Puello Ortega como docente de secundaria en el «Liceo Nacional Femenino
Soledad Acosta de Samper». En ese sentido, la lectura de este permite concluir que
los servicios prestados con ocasión de esta designación fueron en una plaza
territorial, puesto que, se enmarca en el supuesto del artículo 1 de la Ley 91 de
1989, según el cual es personal territorial el vinculado por una entidad territorial a
partir del 1 de enero de 1976.
33
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
40. En el recurso de apelación, la entidad sostuvo que el hecho de que los salarios
fueron pagados con recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones permite concluir que la vinculación que inició el 29 de marzo de 1994
era de carácter nacional, lo que resulta incompatible con el reconocimiento de la
pensión gracia. Al respecto, como se desarrolló en el marco normativo expuesto en
párrafos anteriores, esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de
201834 precisó que «los recursos del antiguo situado fiscal […] que transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos
regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma
exclusiva a los entes territoriales».
41. En tal sentido, para la Sala es claro que la vinculación que ostentó Doris Elena
Puello Ortega a partir del 29 de marzo de 1994 fue como docente territorial, teniendo
en cuenta que fue vinculada por una entidad del orden territorial, y que, como se
explicó, que sus salarios hayan sido pagados con recursos del antiguo situado fiscal
no modificó la naturaleza de esta.
42. Por otro lado, se precisa respecto de la validez de los cargos como directivo
docente coordinador y como directivo docente rector para el reconocimiento de la
pensión gracia, se tiene que el Decreto Ley 2277 de 1979, «(p)or el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente», señaló:
«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio
de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles
de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen
funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás
actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en
los términos que determine el reglamento ejecutivo».
43. Por su parte, el artículo 32 ibidem, dispuso:
«Artículo 32. CARACTER DOCENTE. Tienen carácter docente y en consecuencia deben
ser provistos con educadores escalafonados los cargos directivos que se señalan a
continuación, o los que tengan funciones equivalentes:
a) Director de escuela o concentración escolar;
b) Coordinador o prefecto de establecimiento;
c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;
d) Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos;
e) Supervisor o inspector de educación».
34
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
44. De acuerdo con lo anterior, los coordinadores y los rectores de establecimientos
educativos son categorizados como cargos docentes y, en consecuencia, tienen
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, siempre y cuando acrediten los
requisitos exigidos en la norma, tal y como lo ha previsto la jurisprudencia de esta
Corporación35.
45. De otro lado, de acuerdo con el oficio 2019-EE-062018 del 16 de mayo de 2019,
suscrito por el coordinador de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Educación, precisó que consultadas las bases de datos de la entidad Doris Elena
Puello Ortega no aparece registrada como docente nombrada por el ministerio, y
«no se encuentra historia laboral que concuerde con los datos por usted relacionados en el
oficio del asunto.».
46. Así las cosas, para la Sala es claro que la vinculación que ostentó Doris Elena
Puello Ortega a partir del 29 de marzo de 1994 fue como docente territorial, teniendo
en cuenta que fue vinculada por una entidad del orden territorial.
47. Por lo expuesto, la demandante acreditó los siguientes tiempos de servicio como
docente territorial: i) entre el 2 de enero de 1976 y el 30 de junio de 1976 [5 meses
y 28 días]; ii) entre el 4 de febrero de 1981 y el 30 de agosto de 1986 [5 años, 6
meses y 26 días]; y ii) entre el 29 de marzo de 1994 y el 25 de enero de 201736 [22
años, 9 meses y 28 días]; es decir 28 años, 10 meses y 20 días, tiempo de servicio
que puede ser computado para efectos de la pensión gracia.
48. Así las cosas, Doris Elena Puello Ortega cumplió los requisitos para acceder a la
pensión gracia, por cuanto: i) acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980; ii) contaba con más de 50 años de edad; iii) prestó sus servicios como
docente oficial del orden territorial por más de 20 años [28 años, 10 meses y 20
días]; y iv) ejerció la docencia con buena conducta, bajo el entendido de que no fue
desvirtuada.
49. Por otro lado, la Ugpp argumentó que en el presente asunto se configuró la
prescripción, y así lo consideró el tribunal, pues precisó que el estatus de
pensionada lo adquirió el 2 de mayo de 2008 y presentó la solicitud de la prestación
el 19 de abril de 2016; en consecuencia, reconoció la pensión gracia a partir del 2
de mayo de 2008, pero con efectos fiscales desde el 19 de abril de 2013 por
prescripción.
35 Sentencias del 5 de septiembre de 2016, Exp. 3633-2014), del 6 de abril de 2017, Exp. 2341-2015, y del 1 de
marzo de 2018, Exp. 3989-2015.
36 De acuerdo con la fecha en que fue expedido el certificado de información laboral del Fomag, en
el cual se indicó que se encuentra activo en la prestación del servicio docente.
20
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
50. Por lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia del 13 de diciembre de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
2.6. Costas
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas
37
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
a la parte demandada, pues no se observa que hubiese realizado análisis de
temeridad o mala fe.
3. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Doris Elena Puello Ortega
acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia prevista en la Ley 114 de
1913 y demás normas que la regulan.
57. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 13 de diciembre de
2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003,
accedió a las pretensiones de la demanda.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 13 de diciembre de
2022, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003, en su lugar
se dispone no condenar en costas.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 003, accedió
a las pretensiones de la demanda.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
22
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00358-01 (2284-2024)
Demandante: Doris Elena Puello Ortega
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
23
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