Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00811-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00811-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00811-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00811-01 (1166-2025)
Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: validez del tiempo laborado con posterioridad al
proceso de nacionalización. Subtema 2: requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia. Desigualdad salarial no constituye un presupuesto para el
reconocimiento del derecho.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda, Subsección C el 29 de enero de 2025, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
1. La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, al haber prestado sus servicios en calidad de
docente territorial y nacionalizada por más de 20 años, cumplir con la edad requerida
y haber desempeñado el cargo con buena conducta. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió al derecho; sin embargo, la UGPP apeló la decisión con
fundamento en que para el reconocimiento del beneficio prestacional no pueden
tenerse en cuenta los tiempos laborados por la accionante con posterioridad al 1 de
enero de 1990, no está probada la buena conducta y tampoco la existencia de una
diferencia salarial entre lo percibido por ella y lo devengado por los maestros
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00811-01 (1166-2025)
Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
nacionales. La Sala confirmará el fallo de primera instancia porque encuentra
acreditados los requisitos de tiempo, edad y buena conducta para proceder al
reconocimiento del emolumento prestacional, sin que sea dable exigir presupuestos
adicionales a los considerados en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, como el atinente a la acreditación de una diferencia salarial con docentes del
orden nacional, que incorrectamente se invocó en el recurso de apelación.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
2. La señora Blanca Amelia Zárate de Sánchez, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 29 de septiembre de 20201, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 010264 de 24 de abril de 2020,
RDP 013457 de 10 de junio de 2020 y RDP 015824 de 8 de julio de 2020, por las
cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de la pensión gracia en una cuantía equivalente
al 75% sobre el promedio mensual de los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus (25 de septiembre de 2014), esto
es, asignación básica, bonificación mensual, prima de servicios, prima de vacaciones
y prima de navidad; y que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 189, 192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
2.1.1. Hechos
3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
4. La accionante prestó sus servicios como docente territorial y nacionalizada por
más de 20 años, a través de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de
Educación de Soacha, en las modalidades de licencias y vinculación legal, durante los
siguientes tiempos: (a) licencia desde el 1 de agosto de 1978 hasta el 30 de
septiembre de 1978; (b) licencia a partir del 22 de septiembre de 1979 hasta el 17 de
noviembre de 1979, (c) licencia del 2 de noviembre de 1988 al 19 de noviembre de
1988; (d) en propiedad desde el 10 de febrero de 1995 hasta el 11 de marzo de 2019.
5. Cumplido el tiempo y la edad exigidas legalmente, la demandante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, el cual le fue negado a través de la
Resolución RDP 010264 de 24 de abril de 2020 contra la que interpuso los recursos
de reposición y de apelación, pero dicha decisión fue confirmada por medio de las
resoluciones RDP 013457 de 10 de junio de 2020 y RDP 015824 de 8 de julio de 2020,
respectivamente.
1 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 2_ACTAREPARTO.
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Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
6. Estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como docente
territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con buena conducta.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• La Ley 114 de 1913.
• La Ley 116 de 1928.
• La Ley 4 de 1966.
• La Ley 153 de 1987.
• La Ley 71 de 1988.
• La Ley 100 de 1993.
• La Ley 812 de 2003.
• El Decreto Ley 2277 de 1979.
8. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes
de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia, a partir de lo cual concluyó que la entidad se
apartó de la ley e hizo una interpretación errónea de la jurisprudencia.
2.2. Contestación de la demanda
9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque, pese a que la demandante estuvo vinculada desde el 1 de agosto de 1978
hasta el 11 de marzo de 2019, pretende el reconocimiento de la pensión gracia con
tiempos laborados con posterioridad al 1 de enero de 1990 y solo pueden tenerse en
cuenta aquellos laborados hasta 31 de diciembre de 1989, conforme a la unificación
del régimen pensional de los docentes oficiales, esto es, a la luz de la Ley 91 de 1989,
que acabó con la distinción o clasificación de docentes nacionales y nacionalizados y
en la que se sostuvo que las vinculaciones posteriores al 1 de enero de 1990 tienen
el mismo régimen de los servidores públicos y, por tanto, derecho a una sola pensión
como lo es la de jubilación. Además, afirmó que no obra certificación sobre la conducta
de la parte accionante durante la prestación del servicio como docente, por lo que no
se acreditó su ejercicio con buena conducta 2.
2.3. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C
en la sentencia de 29 de enero de 20253 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en los siguientes términos:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 010264 del
24/04/2020, RDP 013457 del 10/06/2020 y RDP 015824 del 8/07/2020, mediante las
2 Samai Tribunal, índice 00012, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 12, 20_RECIBEMEMORIALES .
3 Samai Tribunal, índice 00061, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 61, 93_SENTENCIARECP.
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Demandada: UGPP
cuales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP, le negó a la demandante el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y resolvió el recurso de apelación
confirmando la negativa, por las razones indicadas en esta providencia.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social- UGPP, reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la
señora Blanca Amelia Zárate de Sánchez identificada con c.c. (…), en cuantía
equivalente al 75% del salario promedio mensual devengado en el año anterior a la
adquisición de su estatus pensional, es decir, del veintisiete (27) de septiembre de
dos mil trece (2013) al veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014), con
inclusión de los factores denominados: asignación básica, bonificación mensual,
prima de servicios, prima de navidad en una doceava parte (1/12) y prima de
vacaciones en una doceava parte (1/12), con efectos a partir del veinticinco (25) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), por prescripción trienal.
TERCERO.- La entidad demandada, deberá indexar las sumas que resulten a favor
de la accionante, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con
fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta,
para tales efectos, la fórmula que ha admitido la jurisprudencia del Consejo de
Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
CUARTO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
11. El Tribunal indicó que quedó demostrado que la parte actora se vinculó como
maestra territorial de la escuela Urbana Los Libertadores del municipio de Soacha,
por medio del Decreto 01912 de 1978, desde el 1 de agosto de 1978 hasta el 30 de
septiembre siguiente; luego fue nombrada en la escuela Urbana la Despensa de ese
mismo municipio, a través del Decreto 01004 de 26 de marzo de 1980, por el término
de 56 días -a partir del 22 de septiembre de 1979- por una licencia de maternidad.
12. Con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, la accionante fue vinculada como
docente, con grado 1 de escalafón, como maestra de bachiller de la Concentración
Anexo Ciudadela Sucre en la jornada de la mañana, mediante el Decreto 347 de 10
de febrero de 1995, expedido por el alcalde del municipio de Soacha y, de acuerdo al
formato único para la expedición de historia laboral expedido por la Secretaria de
Educación de la misma entidad territorial, el nombramiento se hizo con efectos fiscales
a partir del 10 de febrero de 1995 hasta el 11 de marzo de 2019.
13. Concluyó que la demandante acumuló un total de tiempo de servicios de 3
meses y 26 días con antelación al 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad a esa
fecha 24 años, 1 mes y 19 días; sumado al hecho de que cumplió 50 años de edad el
5 de marzo de 2010 y ejerció la labor con honradez, buena conducta y consagración,
lo que la hacía beneficiaria de la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional –27 de septiembre de 2013 al 26 de septiembre de 2014–, con inclusión de
los factores denominados asignación básica, bonificación mensual, prima de servicios,
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Demandada: UGPP
prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones (1/12).
14. Agregó que, al haber transcurrido más de 3 años entre la fecha en que adquirió
el estatus pensional –26 de septiembre de 2014– y la formulación de la petición ante
la administración -25 de febrero de 2020-, se encuentran prescritas las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 25 de febrero de 2017.
15. El magistrado ponente salvó voto, pues, en su criterio, la demandante debió
demostrar que estuvo en una desigualdad salarial como docente territorial frente a lo
percibido por los maestros nacionales y de esta manera justificar el reconocimiento de
la pensión gracia, porque de haber tenido los mismos ingresos del docente nacional
se generaría una situación desigual para con estos últimos.
2.4. Recurso de apelación
16. La UGPP, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación 4 para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
17. La demandante pretende hacerse al derecho del reconocimiento de la pensión
gracia con tiempos laborados con posterioridad al 1 de enero de 1990; sin embargo,
solo pueden tenerse en cuenta lo trabajado hasta el 31 de diciembre de 1989, según
la unificación del régimen pensional de los docentes oficiales –Ley 91 de 1989–, que
acabó con la distinción o clasificación de docentes nacionales y nacionalizados y en
la que se sostuvo que las vinculaciones con posterioridad al 1 de enero de 1990 tienen
el mismo régimen de los servidores públicos y, por tanto, únicamente tienen derecho
a la pensión de jubilación.
18. De la documental obrante en el proceso no se tiene certificación alguna que dé
cuenta de la buena conducta de la docente durante la prestación del servicio.
19. No se acreditó la existencia de una diferencia salarial frente a la remuneración
pactada para los maestros nacionales que justifique el otorgamiento de un ingreso
compensatorio en favor de la parte actora.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
20. Mediante auto de 10 de septiembre de 20255, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
4 Samai Tribunal, índice 00069, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 60, 101_MEMORIALWEB _RECURSO.
5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 4, 4_AUTO QUE ADMITE .
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 3286 del Código General del Proceso (CGP) corresponde a la Sala definir si:
23. ¿El tiempo de servicio docente prestado mediante nombramientos dictados por
autoridades territoriales con posterioridad a 1990 es válido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia?
24. ¿Se probó la buena conducta de la demandante durante la prestación del
servicio?
25. ¿La peticionaria debía demostrar la desigualdad salarial con sus homólogos del
nivel nacional para acceder al beneficio de la pensión gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
26. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 7,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
27. La Ley 116 de 1928 8 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
28. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 9 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
29. Por su parte, la Ley 91 de 1989 10, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
30. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 11 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
31. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997 12,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
32. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018 13,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
33. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
34. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
35. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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• Edad
36. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Blanca Amelia Zárate de Sánchez nació el 5 de
marzo de 1960, según copia de su cédula de ciudadanía 16, en consecuencia, cumplió
la edad de 50 años el 5 de marzo de 2010.
• Vinculación docente
37. La copia del Decreto 1912 de 1 de agosto de 1978 17 da cuenta de que el
gobernador de Cundinamarca nombró interinamente a la señora Blanca Amelia Zárate
Rueda como maestra en la escuela urbana Los Libertadores del municipio de Soacha,
por el término de 60 días, a partir del 1 de agosto de 1978, en remplazo de José
Joaquín Palacios Casas, a quien se le concedió licencia sin remuneración.
38. Según la copia del Decreto 01004 de 26 de marzo de 1980 18 el gobernador de
Cundinamarca nombró a la peticionaria como maestra de la escuela urbana La
Despensa del municipio de Soacha, por un periodo de 56 días, contados a partir del
22 de septiembre de 1979, en remplazo de Gladys Carola Hernández Osorio, a quien
se le concedió licencia de maternidad.
39. La copia del Decreto 02476 de 9 de diciembre de 198819 da cuenta que el
gobernador de Cundinamarca nombró a la accionante como maestra de la institución
educativa Bolivariano del municipio de Soacha, por un término de 18 días, contados
desde el 2 de noviembre de 1988 hasta el 19 de noviembre de 1988, en remplazo de
Ana María Fernández Castillo.
40. Consta en la copia del Decreto 347 de 10 de febrero de 1995 20, dictado por el
alcalde del municipio de Soacha, que la demandante fue incorporada a la planta de
personal docente, en el escalafón 1, en el establecimiento educativo Concentración
Anexo Ciudadela Sucre.
41. Lo anterior se corrobora con el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Soacha 21, en el que
consta que la parte accionante laboró en calidad de docente nacionalizada por
nombramiento que se hiciera a través del Decreto 347 del 10 de febrero de 1995,
desde el 10 de febrero de 1995 hasta el 11 de marzo de 2019.
42. En resumen, las copias de los decretos de nombramiento, expedidos por la
gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha, y del certificado de historia
laboral emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
16 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_DEMANDAANEXOS , pp. 36.
17 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_REPARTOYRADICACIÓN , pp. 39 a 43.
18 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_REPARTOYRADICACIÓN , pp. 44 a 51.
19 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_REPARTOYRADICACIÓN , pp. 52.
20 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_REPARTOYRADICACIÓN , pp. 58.
21 Samai Tribunal, índice 00019, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 19, 26_RECIBE MEMORIALES, pp 262 a 264.
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Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Soacha, demuestran que la aquí
actora prestó el servicio docente durante los siguientes periodos:
Institución Cargo Acto Período Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
de vinculación inicio finalización
Escuela Docente Decreto 1912 01/08/1978 30/09/1978 2 meses
urbana Los del 1 de agosto
Libertadores de 1978
(municipio de
Soacha)
Escuela Docente Decreto 01004 22/09/1979 17/11/1979 1 mes y 26
urbana la del 26 de días
Despensa marzo de 1980
(municipio de
Soacha)
Escuela Docente Decreto 02476 02/11/1988 19/11/1988 18 días
urbana del 9 de
Bolivariano diciembre de
(municipio de 1988
Soacha)
Concentración incorporada Decreto 347 10/02/1995 11/03/2019 24 años, 1
Anexo a la planta del 10 de mes y 2
Ciudadela de personal febrero de días
Sucre docente, en 1995
(municipio de el escalafón
Soacha) 1
Total 24 años, 5
tiempo de meses y 16
servicio días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
43. La UGPP, mediante la Resolución RDP 010264 de 24 de abril de 2020 22, le
negó a la demandante el reconocimiento de la pensión gracia, solicitada el 25 de
febrero de 2020, comoquiera que para el efecto solo puede tenerse en cuenta aquellos
tiempos de servicios laborados hasta el 31 de diciembre de 1989 y no lo trabajado con
posterioridad al 1 de enero de 1990. Agregó que no acreditó si mantuvo o no buena
conducta durante la prestación del servicio.
44. Esta decisión fue confirmada por medio de la Resolución RDP 013457 de 10
de junio de 2020 23, al reiterar que los tiempos desempeñados con posterioridad al 1
de enero de 1990 no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la
pensión gracia; además, la buena conducta durante la prestación del servicio es otro
requisito indispensable para ello, pero no fue probada.
22 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_DEMANDAANEXOS , pp. 14 a 17.
23 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_DEMANDAANEXOS , pp. 20 a 22.
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Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
45. En ese mismo sentido, al resolver el recurso de apelación, a través de la
Resolución RDP 015824 de 8 de julio de 2020 24, se confirmó la primera decisión.
3.5. Caso concreto
46. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad de las resoluciones
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto cumple la edad, el
tiempo de servicio para acceder a dicho derecho y la buena conducta.
47. El Tribunal accedió al reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en
que los servicios prestados como docente temporal y en propiedad eran válidos para
acceder al derecho.
48. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación para que
se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda, porque estima
que no es posible tener en cuenta los tiempos laborados con posterioridad al 1 de enero
de 1990, no se probó la buena conducta de la docente durante la prestación del servicio
y no se acreditó la existencia de una diferencia salarial entre lo percibido por ella y lo
devengado por los maestros nacionales.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
49. El análisis en conjunto de las pruebas documentales referidas demuestra que
la demandante ejerció la actividad docente –en interinidad– mediante vinculaciones
del orden territorial en la escuela urbana Los Libertadores del municipio de Soacha
desde el 1 de agosto de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1978, esto es, por el
término de 2 meses, en virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto 1912
del 1 de agosto de 1978 del gobernador de Cundinamarca.
50. Igualmente, ejerció la actividad docente –de manera temporal– en la escuela
urbana la Despensa del municipio de Soacha desde el 22 de septiembre de 1979
hasta el 17 de noviembre de 1979, es decir, por 1 mes y 26 días, por nombramiento
efectuado a través del Decreto 01004 del 26 de marzo de 1980 del gobernador de
Cundinamarca.
51. Es del caso señalar que, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala, los
periodos de servicio docente prestados en virtud de nombramientos temporales o en
interinidad «son computables para acceder a la pensión gracia, pues lo relevante es
la prestación efectiva del servicio en el ramo docente del orden territorial o
nacionalizado»25. Lo anterior, porque «si bien el ordenamiento jurídico no define
expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
24 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 1, 1_DEMANDAANEXOS , pp. 23 a 26.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01
(3018-2017).
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ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar
la efectiva prestación de los servicios educativos»26.
52. Por lo tanto, la accionante ejerció el empleo de docente antes del 31 de
diciembre de 1980, mediante vinculación de carácter territorial, que resulta válida para
el reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.2. Tiempos laborados después del 1 de enero de 1990
53. En este escenario, resulta oportuno describir las etapas del proceso de
nacionalización de la educación y las situaciones que permiten conservar la
expectativa de acceder al derecho a la pensión gracia, aun cuando el nombramiento
es posterior a la finalización de dicho proceso.
54. El proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria previsto
en la Ley 43 del 11 de diciembre de 1975 27 (a) conservó la facultad de los entes
territoriales de realizar el nombramiento del personal en los planteles que se
nacionalizaron a partir de dicha ley y los nacionalizados anteriormente (art. 1), con la
precisión de que, (b) «en adelante» no podían crear nuevas plazas de maestros y
profesores con cargo a la Nación sin la previa autorización del Ministerio de Educación
Nacional (art. 10). La Nación asumió progresivamente los gastos de personal del
servicio educativo desde el 1. ° de octubre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1980
(art. 8).
55. La Ley 29 de 1989 28 mantuvo en los entes territoriales la facultad para
«nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente
y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados», con
la precisión de que la Nación «no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal (…), ni nacionalizará el personal
así designado» (art. 9).
56. Con posterioridad, la Ley 91 de 1989 estableció la forma en que los entes
territoriales y la Nación asumirían las obligaciones del personal docente 29 y previó el
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14
de noviembre de 2015, Rad. 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). En igual sentido pueden consultarse
las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 27 de septiembre de 2018, Rad.
17001-23- 33-000-2014-00386-01(3283-15); b. del 12 de marzo de 2020, Rad. 25000-23-42-000- 2015-04753-01
(3310-18).
27 Por la cual «se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
28Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988 [Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación
Nacional y se dictan otras disposiciones].
29 Artículo 2. «(…) 1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación
de la presente ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social y el Fondo Nacional de Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades,
o las que hicieren sus veces.
2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los
reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de
previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia,
seguirán siendo pagadas por dichas entidades. 3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas
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régimen prestacional de dichos servidores, de la siguiente manera: (a) los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que «llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos»; (b) los docentes vinculados «a partir del 1.º de enero de 1981, nacionales
o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1.º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación» (art. 15).
57. En lo atinente a la administración del personal docente, la Ley 60 de 1993 30
reitera la facultad de los entes territoriales para realizar los nombramientos en las
plantas que adopten de acuerdo con los requisitos del estatuto docente y la carrera
administrativa. Asimismo, establece que «el régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989 (…) El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial» (art. 6).
58. De acuerdo con el marco normativo referido, el personal docente nombrado por
las entidades territoriales antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados durante el
período correspondiente al proceso de nacionalización (1.º de enero de 1976 a 31 de
diciembre de 1980) 31 se considera nacionalizado 32 según lo dispuesto en la Ley 43 de
197533. Frente a las vinculaciones posteriores, la Ley 91 de 1989 establece lo
siguiente: (a) los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad
territorial de conformidad con las normas vigentes 34 y (b) los docentes nacionales y
los que se vinculen a partir del 1.° de enero de 1990, se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional para efecto de las
en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1º de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así
como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades que
hicieren sus veces. La Nación pagará pero estas entidades contribuirán, por este período con los aportes de la ley
para la cancelación de las prestaciones sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3º de la Ley 43
de 1975. 4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período
comprendido entre el 1º de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente ley, serán reconocidas y
pagadas por las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. (…) 5. Las prestaciones sociales del personal nacional y
nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades
territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus
veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles».
30 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
31 Ley 91 de 1989, artículo 4, numeral 3.
32 Ley 91 de 1989, artículo 1.
33 Artículo 10. «En adelante ningún Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el Distrito Especial, ni los Municipios
podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria;
ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional»
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, exp. 13001-23-33- 000-
2017-00358-01(2284-2024).
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prestaciones económicas y sociales.
59. En cuanto a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, con
derecho a mantener el régimen «que han venido gozando en cada entidad territorial»,
la sentencia de unificación citada en el acápite del marco normativo y jurisprudencial
señaló35:
Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos
el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de
1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de
carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados. En la aludida
providencia el Consejo de Estado sostuvo: [...] La disposición transcrita se refiere de
manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales
que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización.
(…)
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito,
como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del
mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o
nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de
beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria
y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa
que inicialmente le asignó la ley36.
60. A partir de lo expuesto, la Sala recapitula que se encuentra probado con los
decretos 1912 de 1 de agosto de 1978, 01004 de 26 de marzo de 1980 y 02476 de 9
de diciembre de 1988, proferidos por el gobernador de Cundinamarca, que la
accionante fue nombrada maestra en diferentes instituciones educativas del municipio
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018.
36 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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Demandada: UGPP
de Soacha, en otras palabras, que ostentó la calidad de docente territorial con
anterioridad al año 1990.
61. Posteriormente, través del Decreto 347 del 10 de febrero de 1995 del alcalde
del municipio de Soacha se incorporó a la aquí demandante a la planta de personal
docente, en el escalafón 1, en el establecimiento educativo Concentración Anexo
Ciudadela Sucre. Al revisar el acto de designación, teniendo en cuenta la autoridad
que efectuó esta y la institución educativa en la que desempeñaría el servicio docente
la peticionaria, se estima que este es de carácter territorial. Es más, no se evidencia
elemento alguno que permita considerar que la aludida incorporación obedeció a la
creación de una plaza nacional, sino que ocurrió por la adopción de la planta de
personal docente del municipio de Soacha, en cumplimiento de artículo 6.° de la Ley
60 de 1993, como se desprende de la lectura del mencionado Decreto 347 de 1995.
62. En atención a lo anterior, Zárate de Sánchez se desvinculó de la docencia entre
el 20 de noviembre de 1988 y el 9 de febrero de 1995, pero al retomar el ejercicio de
su profesión fue nombrada a través de un acto expedido por una autoridad del orden
municipal a fin de que prestara sus servicios en una institución educativa del municipio
de Soacha, por lo que durante su trayectoria profesional ostentó calidad de maestra
territorial o nacionalizada, de la cual gozó desde antes del 31 de diciembre de 1980,
lo que le permitía conservar su expectativa legítima de obtener la pensión gracia al
cumplir con posterioridad los requisitos para tal efecto, como se reiteró en la sentencia
de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018.
63. Bajo estas consideraciones, al primer problema jurídico se responde que, el
tiempo de servicio prestado por la actora a partir del acto de nombramiento expedido
por el alcalde del municipio de Soacha el 10 de febrero de 1995 también es válido para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.3. Buena conducta
64. Según la parte accionada, no se cuenta con alguna certificación que dé cuenta
que la demandante desarrolló la labor docente con honradez, consagración y buena
conducta. Bajo esta consideración pretende que no se tenga por cumplido uno de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia (artículo 4.4 de la Ley 114 de
191337).
65. Sin embargo, contrario a lo indicando por la UGPP, se evidencia que al proceso
se aportó certificación suscrita por la Secretaría de Educación de Soacha que informa
que no se observa sanción disciplinaria o documento equivalente que ponga en
entredicho con la buena conducta de la demandante como docente 38. Asimismo, de
los documentos relacionados con la hoja de vida de esta tampoco se aprecia que haya
37 «ARTÍCULO 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
(…)
4. Que observe buena conducta».
38 Samai Tribunal, índice 00027, ED_EXPEDIENTE _EXPDIG(.rar) NroActua 46. 27_ RESPUESTAPETICIÓN .
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incurrido en algunas de las causales de mala conducta establecidas en el artículo 46
del Decreto 2277 de 1979 39.
66. Bajo ese entendido, a partir de la declaración que realizó la referida secretaría
de educación sobre la inexistencia de sanciones disciplinarias y la ausencia de algún
documento del cual pueda desprenderse que la señora Zárate de Sánchez incurrió en
mala conducta durante el servicio docente, no se advierte razón para poner en duda
la presunción de buena fe con la que deben actuar los particulares y las autoridades
públicas, que también cobija a los servidores del Estado.
67. Es más, lo que salta a la vista es la ausencia de razones específicas por parte
de la demandada para poner entredicho que la accionante desarrolló la labor docente
con honradez, consagración y buena conducta
68. Lo anterior, permite a la Sala dar por cumplido el requisito de que trata el artículo
4.4 de la Ley 114 de 1913, con lo cual se da respuesta al segundo problema jurídico
planteado.
3.5.4. Desigualdad salarial
69. Finalmente, se tiene que la demostración de la diferencia salarial entre lo
devengado por un docente territorial y uno nacional, no constituye un presupuesto
para el reconocimiento de la pensión gracia como lo consideró la apelante, porque la
disposición de la Ley 91 de 1989, que preservó la expectativa para los docentes
vinculados antes al 31 de diciembre de 1980, «siempre que cumplan con la totalidad
de los requisitos», fue entendida en la sentencia de unificación de esta Sección 40, de
la siguiente manera:
para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
70. Entonces, acreditar la existencia de una diferencia salarial del docente territorial
o nacionalizado frente a la remuneración pactada para los maestros nacionales no es
un requisito que esté previsto normativa ni jurisprudencialmente, por lo tanto, acceder
al dicho de la apelante iría en contravía de principios del orden fundamental, como el
principio de legalidad que implica, entre otras cosas, que todas las decisiones
administrativas o judiciales tengan sustento en la ley o en la jurisprudencia, inclusive,
en aras de evitar la arbitrariedad.
71. En este entendido, en respuesta al tercer problema jurídico planteado, la
39 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
40 Sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018.
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Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
peticionaria no debía demostrar la desigualdad salarial con sus homólogos del nivel
nacional para acceder al beneficio de la pensión gracia, por no ser un requisito para
el efecto.
3.6. Conclusión
72. La Sala concluye que Blanca Amelia Zárate de Sánchez tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia reclamada porque acreditó el ejercicio de la labor
docente durante más de 25 años, desde el 1 de agosto de 1978, por virtud de
nombramientos temporales y en propiedad, en plazas territoriales y nacionalizadas,
cumplió 50 años de edad y desempeñó su labor con buena conducta, sin que sea
dable exigir requisitos adicionales a los considerados en la ley la jurisprudencia.
4. Costas
73. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario 41 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C el 29 de enero de 2025, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «c uando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo -
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00811-01 (1166-2025)
Demandante: Blanca Amelia Zárate de Sánchez
Demandada: UGPP
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMÁI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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