Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00630-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00630 00 (3141-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Sandra Alejandra García García, representada por Esperanza
Patricia García García
Tema: Causal b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión. En este caso la
cuantía del derecho reconocido no excedía los parámetros legales.
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 20 de
mayo de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual
revocó la emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, el 8 de julio de
2019, que había negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder
parcialmente a ellas.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. La accionante2 instauró demanda contenciosa administrativa3 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 019874 del 15 de mayo de 2017 y
RDP030319 del 27 de julio de 2017, mediante las cuales se negó la inclusión de unos
factores salariales correspondientes a la «pensión de sobrevivientes»4 que le fue
reconocida. Como consecuencia, solicitó ordenar el pago de dicha prestación, liquidada
con el 75% de los factores de salario devengados por su padre Ariel García Rivas, en el
1 En adelante UGPP.
2 La demandante es hija del causante, en condición de discapacidad. Actuó por conducto de su curadora
—Sandra Alejandra García García— calidad que se le dio en la sentencia emitida por el Juzgado Tercero
de Familia de Santa Marta.
3 Expediente digital. Índice 15 de Samai.
4 Si bien el acto administrativo de reconocimiento e incluso la sentencia de segunda instancia se refiere a
la reliquidación de la «pensión de sobrevivientes» en este caso, el causante era beneficiario de la pensión
de jubilación al momento de su muerte -reconocida a través de la Resolución 4241 del 17 de abril de 1989-
, de manera que lo que derivó ante esa circunstancia fue el derecho a sustituirlo en la pensión que ya
estaba reconocida, es decir que, en realidad, se trata de una «sustitución pensional».
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Demandante: UGPP
año inmediatamente anterior a la fecha del retiro, a saber: auxilio de alimentación, prima
de vacaciones, prima de navidad, bonificación y prima de servicios.
2. El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta resolvió la controversia, en
sentencia del 8 de julio de 2019, en la cual negó las pretensiones bajo el argumento de
que estas contravienen la postura unificada de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, sobre factores de liquidación de tal prestación. Para ese efecto, observó que la
pensión se liquidó con los emolumentos que sirvieron de base para hacer aportes en el
último año de servicios prestados por el causante ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil, a saber: asignación básica y bonificación por servicios y según lo certificado
en los folios 175 y 176.
3. La demandante interpuso recurso de apelación, en el cual sostuvo que el
derecho del causante no se consolidó bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, comoquiera
que prestó sus servicios entre el 1o de mayo de 1967 y el 30 de abril de 1989 y adquirió
su estatus pensional, por edad, el 30 de abril de 1987, pues para esa fecha tenía más del
tiempo de servicio requerido. Adicionalmente, para el mes de febrero de 1985, cuando
entró a regir la Ley 33 de 1985, había laborado por más de 15 años, situación que lo
enmarcaba en el régimen de transición de dicha ley y permitía determinar la base
pensional con los factores taxativamente enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978; por lo tanto, consideró que procedía la reliquidación de la prestación con
inclusión de todos los factores que se reclamaron.
4. El 20 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Magdalena revocó la
anterior decisión y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el caso analizado no se rige por la transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues el causante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de
19855, lo que permitía reliquidar su pensión con los factores previstos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978. En ese contexto, consideró viable la reliquidación de la
prestación con los siguientes factores: auxilio de alimentación, prima de servicios, prima
de vacaciones y prima de navidad, además de los que ya se habían reconocido; en todo
caso, autorizó a la entidad «a que realice los descuentos por concepto de aportes de los
factores que no fueron objeto de cotización, en caso de que hubiere lugar a ello».
5. En materia de prescripción, consideró que dicha figura no sería aplicada en este
caso teniendo en cuenta que se trata de una persona con discapacidad que goza de
especial protección constitucional6; por lo tanto, la reliquidación de la mesada se ordenó
desde el momento en que se causó el derecho, esto es, a partir del 19 de octubre de
2003, día siguiente a la fecha de la muerte del causante.
Demanda de la acción especial de revisión
5 Al respecto, consideró que «prestó sus servicios al sector público desde el 13 de enero de 1947 hasta el
30 de abril de 1987, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 – 13 de febrero de 1985- […]
contaba con más de 15 años de servicios discontinuos, razón por la cual el régimen pensional aplicable a
su caso, lo viene a ser el contemplado en el Decreto 1045 de 1978».
6 Interdicción por demencia.
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Demandante: UGPP
6. La UGPP, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó revocar la
sentencia del 20 de mayo de 2020, expedida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por la cual se revocó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Santa Marta; con tal propósito, invocó la causal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», pues consideró que en este caso debió aplicarse la prescripción de las
mesadas causadas con antelación al 1º de febrero de 2014 y, en consecuencia, se debe
ordenar la devolución de las sumas correspondientes, debidamente indexadas7.
7. Como sustento de su pretensión manifestó que en el caso concreto se debió
aplicar la prescripción de las mesadas causadas antes de la mencionada fecha, en virtud
de lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, toda vez que la petición en sede administrativa tendiente a obtener la reliquidación
pensional se radicó el 1o de febrero de 2017. En ese contexto, al inaplicar la prescripción
se impuso una carga prestacional sin fundamento legal, que afecta gravemente el interés
general.
8. Sostuvo que si bien es cierto el Tribunal se fundamentó en lo previsto en el
artículo 2530 del Código Civil para justificar la inaplicación de la prescripción en el caso
concreto, debido a la condición de incapacidad de la demandante, también lo es que ese
fenómeno «debe entenderse [suspendido]8 hasta que dicha incapacidad cese o cuente
con un representante que propenda por su derecho»9. En ese contexto, como la señora
Esperanza Patricia García fue nombrada como curadora desde el 26 de mayo de 2005,
pero acudió 11 años después a formular la reclamación administrativa, ello conduce a
declarar la prescripción.
Contestación de la acción especial
9. Sandra Alejandra García García contestó la acción de revisión10 y expuso que
el escrito presentado por la entidad no cumple con las formalidades, pues de conformidad
con lo previsto en el artículo 252 numeral 4, del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11 debe contener la indicación precisa y razonada de
la causal invocada, pero ello no implica un ataque a las motivaciones y juicios de valor
que soportaron la sentencia; en ese contexto, la entidad pretende hacer uso de este
mecanismo como una tercera instancia para debatir la prescripción del derecho pensional
reconocido, sin que haya lugar a cuestionar el criterio y valoración probatoria acogido por
el Tribunal.
7 Se precisa que aunque en la demanda se refirió a la orden de reliquidación pensional ordenada en la
sentencia, expresamente se concluyó que «sobre este punto no hay ninguna objeción». Página 17 de la
demanda.
8 Se cambia la palabra «suspendido» para dar un mejor entendimiento, de acuerdo con la redacción del
párrafo.
9 Página 21 del recurso.
10 Índice 29 de Samai.
11 En adelante CPACA.
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Demandante: UGPP
II. CONSIDERACIONES
Competencia
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del CPACA, aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado12 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.
Oportunidad
11. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 11 de agosto de 2020,
es decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años, contados a partir del
día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción especial de revisión;
por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el 21 de septiembre de
202113.
Problema jurídico
12. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 20 de mayo
de 2020 por el Tribunal Administrativo del Magdalena está inmersa dentro de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto que al haber omitido
aplicar la prescripción respecto de las diferencias de mesadas pensionales reconocidas
a favor de Sandra Alejandra García García, habría incurrido en un reconocimiento
excesivo del derecho.
Análisis del problema jurídico
13. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión, porque el reconocimiento pensional ordenado no fue excesivo dado
que la pensionada es una persona de especial protección constitucional, debido a su
condición de discapacidad, y ello habilitaba inaplicar la figura de la prescripción. Por otra
parte, no se impondrán costas a la entidad demandante.
14. La acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste en]14
12 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
13 Índice 3 de Samai.
14 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para
facilitar la lectura.
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Demandante: UGPP
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo
que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario» 15.
15. Pues bien, en el caso concreto el planteamiento de la entidad se orienta a
considerar que hubo un reconocimiento excesivo del derecho, en cuanto no se aplicó
prescripción de las mesadas reclamadas con 3 años de antelación a la fecha en que se
radicó la petición en sede administrativa; en ese orden considera que se configura la
causal b) porque el monto fue desbordado, circunstancia que afecta el patrimonio público
que conlleva detrimento al erario y una afectación a los recursos del Sistema, con grave
impacto para el interés general. Por su parte, la pensionada aduce que dicho argumento
desborda el marco de análisis de la acción de la referencia, pues constituye un reproche
al criterio jurídico y las consideraciones del Tribunal de segunda instancia, pretendiendo
acudir a este mecanismo como tercera instancia.
16. Esta Corporación, en forma pacífica16 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales previstas por el
legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza». En ese contexto, y de cara a la solicitud de la entidad
demandante, la Sala considera que en este caso no se pretende reabrir el debate frente
al reconocimiento del derecho, sino a exponer que este se torna excesivo, pues inaplicar
la prescripción conlleva asumir el pago de mesadas no reclamadas oportunamente, es
decir, las causadas entre el 26 de mayo de 200517 y el 1o de febrero de 201418.
17. Así las cosas, el examen de la prescripción en el caso de la reliquidación de la
pensión causada a favor del señor Ariel García Rivas19 y sustituida a la demandante, en
su condición de hija inválida20 debe partir de lo previsto en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, según los cuales se configura «en tres
(3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho
exigible»21. Sin embargo, como en la sentencia del 26 de mayo de 2005, emanada del
Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta22, se declaró la interdicción de la beneficiaria
de la prestación, deben tenerse en cuenta las normas que garantizan los derechos a
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001
03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
16 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de
decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
17 Fecha en la que se le designó curadora a la demandante.
18 Que corresponde a los tres años atrás de la fecha en que se radicó la petición en sede administrativa.
19 Reconocimiento mediante la Resolución 04241 del 17 de abril de 1989. Folios 4 a 7 del expediente
digitalizado.
20 Se concedió el derecho a la «pensión de sobrevivientes», a través de la Resolución 24146 del 22 de
agosto de 2005. Folios 183 a 186 y 262 a 265 del expediente digitalizado.
21 Cita tomada del mencionado artículo 102.
22 Folios 276 a 283 del expediente digitalizado. En el numeral primero de dicha decisión judicial se dispuso:
«Declarar la interdicción judicial por demencia de la señora SANDRA ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA […]»
y, en el numeral segundo, se designó como curadora a su hermana.
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personas que, como ella, son sujetos de especial protección constitucional, debido a que
fue declarada judicialmente interdicta, entre ellos, el artículo 2530 del Código Civil23. Así
lo ha considerado esta Corporación24:
En el presente asunto, advierte la Sala que si bien el señor […] para la fecha en que realizó
la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia a la entidad demandada y de la
interposición de la demanda, no había sido declarado interdicto judicialmente, sí está
probado que padecía de una enfermedad mental […] En consecuencia, considera la Sala
que el demandante se encuentra dentro de las previsiones consagradas en el artículo 2530
del Código civil y en esas condiciones no es posible aplicar la prescripción trienal sobre
las mesadas de la pensión reconocida. [se destaca]
18. Igual postura se acogió en sentencia del 17 de marzo del 202125, en la que se
concluyó:
Aclarado lo anterior, se establece que la prescripción se suspende en los casos en
que se discutan derechos de personas declaradas incapaces, porque no es viable
imponer una sanción a quien se entiende, está en imposibilidad de hacer valer sus
derechos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2530 del Código Civil. [Resalta la Sala]
19. En esta última providencia, se atendió el criterio que también ha sido acogido
por la Corte Suprema de Justicia26, en esa materia, según la cual «resulta claro, entonces,
que frente a las personas declaradas incapaces opera la suspensión de la prescripción».
20. Ahora bien, la Sala no desconoce que existen otros pronunciamientos de esta
Corporación que han avalado la aplicación de la prescripción, en asuntos laborales
administrativos, a quienes han sido declarados incapaces27; sin embargo, en criterio de
23 Artículo 2530. Suspensión de la prescripción ordinaria. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley
791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse;
en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si
alguno hubo. La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se
encuentran bajo tutela o curaduría. Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la
herencia. Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores,
albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos. No se contará el tiempo de
prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras
dicha imposibilidad subsista. [se destaca]
24 En sentencia del 11 de febrero de 2015, de la Sección Segunda, Subsección A, radicado: 18001 23 31
000 2009 00275 (1397-2012) se consideró: «En el presente asunto, advierte la Sala que si bien el señor
[…]para la fecha en que realizó la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia a la entidad demandada
y de la interposición de la demanda, no había sido declarado interdicto judicialmente, sí está probado que
padecía de una enfermedad mental […] En consecuencia, considera la Sala que el demandante se
encuentra dentro de las previsiones consagradas en el artículo 2530 del Código civil y en esas condiciones
no es posible aplicar la prescripción trienal sobre las mesadas de la pensión reconocida.»
25 Sección Segunda, Subsección B, radicado: 76001-23-33-000-2016-00438-01, número interno: 2939-
2019.
26 Sentencia del 15 de septiembre de 2020 SL3422-2020. Corte Suprema de Justicia, sala de
descongestión laboral n°1. Radicación n°77541, acta 34. Magistrada ponente: Dolly Amparo Caguasango
Villota.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 22 de octubre de 2018, radicado 05001 23 33 000 2016 01674 01 (4117-17), en la que se concluyó:
«66. La Sala, de acuerdo al recuento normativo realizado en anteriores consideraciones, a diferencia de lo
expuesto por la parte demandante, estima que en materia de prescripción de derechos laborales no existe
vacío legal, pues las previsiones normativas que se han referenciado regulan el tema en su integridad,
estableciendo el término trienal de prescripción de derechos laborales, de manera que la norma contenida
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la Sala, la tesis empleada por el Tribunal para resolver lo relativo a la prescripción, en el
caso concreto, con base en la norma que suspende dicha figura atendió una de las
posturas posibles para resolver ese aspecto de la controversia.
21. En ese contexto, se entiende que pese a que existen dos posturas sobre la
interpretación de la prescripción en este tipo de casos, el hecho de que el Tribunal hubiera
acogido la más favorable a los intereses de la demandante, debido a la especialidad del
caso, no implica que ello constituya un reconocimiento excesivo del derecho.
22. Por lo tanto, la Sala considera acertada la decisión de entender suspendida la
prescripción en el caso concreto, decisión que no implica desconocimiento normativo ni
conlleva el reconocimiento desbordado de las mesadas pensionales. Como
consecuencia de lo anterior, la Sala declarará infundada la acción especial.
23. Es oportuno precisar que no es procedente tomar en consideración la fecha a
partir de la cual se declaró como curadora de la demandante, a la señora Esperanza
Patricia García García, toda vez que, según el texto de la norma aplicada, «la prescripción
se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo
tutela o curaduría» es decir que, incluso, dicha suspensión se garantiza cuando el titular
del derecho está representado por curador, como en este caso.
24. No sobra agregar que aun cuando el reproche de la entidad se propuso
respecto del retroactivo pensional y no de las sumas que periódicamente debe
continuar reconociendo a la beneficiaria de la prestación, se entiende que la providencia
cuestionada se enmarca dentro de las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
toda vez que en ella se ordenó el reconocimiento de una suma periódica a cargo de una
entidad pública que tiene a cargo el pago de pensiones.
Condena en costas
25. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público28.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
en el artículo 2530 del Código Civil no puede tener aplicación en tratándose del reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes porque, como se explicó, ella hace relación a la prescripción con que se
adquieren las cosas, concretamente en lo que tiene que ver con la posesión que se relaciona con bienes».
28 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los
procesos en que se ventile un interés público».
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Demandante: UGPP
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 20 de mayo de 2020 expedida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en las consideraciones.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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