Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01394-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01394-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carina Mancera Marín presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
1 El consejero de estado Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones y conforme a
la causal prevista en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat. No obstante, la Sala de Subsección
con auto del 18 de septiembre de 2024, declaró infundado su impedimento. Al respecto ver
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 009661 y RDP 018627 del 17 de
abril y 14 de agosto de 2020, a través de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social3 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional; ii) la indexación de las sumas adeudadas; iii) el pago de intereses
moratorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187, 189 y 195 del
CPACA y 141 de la Ley 100 de 1993; iv) la declaratoria de las mesadas causadas
con anterioridad al 28 de febrero de 2018; v) la condena en costas a la entidad
demandada; y v) el cumplimiento de la sentencia según lo dispuesto en los artículos
187, 189, 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Caria Mancera Marín prestó sus servicios como docente territorial, así: i
Acto
Empleador Vinculación Desde Hasta
administrativo
Departamento de Decreto 93 de Departamental 1° de marzo de 3 de febrero de
Risaralda 1977 nacionalizado 1977 1980
Contrato de
prestación de
20 de agosto de 19 de diciembre
• servicios 512 del Nacionalizado
1996 de 1996
20 de agosto de
1996
Contrato de
prestación de
13 de enero de 12 de mayo de
• servicios 001 del Nacionalizado
1997 1997
13 de enero de
1997
Contrato de
prestación de
14 de mayo de 12 de julio de
• servicios 328 del Nacionalizado
1997 1997
14 de mayo de
1997
Contrato de
2 de marzo de 17 de abril de
• prestación de Nacionalizado
1998 1998
servicios 143 del
3
En adelante UGPP
2
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
7 de febrero de
1998
Contrato de
prestación de
20 de abril de 3 de junio de
• servicios 145 del Nacionalizado
1998 1998
7 de febrero de
1998
Contrato de
prestación de
17 de septiembre 16 de diciembre
• servicios 246 del Nacionalizado
de 1998 de 1998
17 de septiembre
de 1998
Contrato de
prestación de
1° de marzo de 5 de julio de
• servicios 2301 Nacionalizado
2002 2002
del 1° de marzo
de 2002
Contrato de
prestación de
26 de agosto de 22 de noviembre
• servicios 2301 Nacionalizado
2002 de 2002
del 1° de marzo
de 2002
Departamento Decreto 2490 del
Departamental 26 de diciembre 12 de noviembre
del Valle del 26 de diciembre
nacionalizado de 2002 de 2003
Cauca de 2002
Resolución 2335
Municipal 13 de noviembre 16 de agosto de
Municipio de Cali del 15 de octubre
nacionalizado de 2003 2005
de 2003
Vigente en la
Resolución 1951
Municipal 24 de agosto de fecha de
Municipio de Cali del 19 de agosto
nacionalizado 2005 presentación de
de 2005
la demanda
3.2. El 28 de febrero de 2018 adquirió el estatus de pensionada, por cuanto contaba
con más de 50 años de edad, 20 años de servicio como docente y «su vinculación es
anterior al 31 de diciembre de 1980».
3.3. El 14 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, la cual
fue negada con la Resolución RDP 009661 del 17 de abril de 2020. Decisión que
fue confirmada mediante la Resolución RDP 018627, a través de la cual fue resuelto
el recurso de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125,
128 y 209 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley
116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 3 del Decreto 2285 de 1955; 17 de la Ley
3
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
6 de 1945; 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; y 137 del CPACA. Así
como la Ley 43 de 1975 y el Decreto 223 de 1977.
5. En cuanto al concepto de violación, después de efectuar un recuento del régimen
legal y jurisprudencial que rige la prestación pretendida, señaló que, con la
expedición de los actos demandados, la Ugpp incurrió en una vía de hecho al
desconocer la normatividad que regula el reconocimiento y liquidación de la pensión
gracia.
6. Lo anterior, por cuanto, «al momento de adquirir su estatus pensional (50 años de edad
y 20 años de servicio), se encontraba no con una mera expectativa sobre el derecho
pensional, sino con un derecho adquirido legalmente por cumplir con la totalidad de los
requisitos exigidos pues poseía la calidad de docente (nombrada con anterioridad al 1° de
enero de 1981), no había sido sancionada y llevaba más de 20 años de servicio prestado.
Así lo avala la entidad al argumentar de forma exclusiva que el único reparo que posee
frente al reconocimiento de la prestación reclamada por mi mandante es el considerar que
el servicio prestado con antelación al 31 de diciembre de 1980, no es computable para
acceder a la prestación por no corresponder a un nombramiento de carácter territorial
(departamental, municipal o distrital)» [sic].
7. De acuerdo con el precedente jurisprudencial «sólo se habla de docente nacional
cuando su nombramiento deviene de una resolución del Ministerio de Educación o
autoridad Nacional, y que son nacionalizados los nombrados por las entidades territoriales,
llámese departamentos, distritos, municipios» [sic].
1.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:
8.1. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, puesto
que no acreditó los 20 años de servicio como docente del orden territorial o
nacionalizado como lo exigen las normas que regulan esta prestación. «Esta
circunstancia se puede inferir de los documentos allegados con la demanda y que en su
momento reposaron en el expediente administrativo, donde únicamente se encuentran
certificados los tiempos de servicios desde el 01 de marzo de 1977 al 03 de febrero de 1980
y del 24 de agosto de 2005 al 30 de diciembre de 2019, pues fueron allegados conforme el
formato CETIL».
8.2. Para efectos de acreditar las vinculaciones que pueden ser computadas para el
reconocimiento de la pensión pretendida, es indispensable que se aporten
documentos que ofrezcan datos puntuales en relación con el tipo de nombramiento,
la autoridad nominadora, la institución educativa en la que fueron prestados los
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
servicios y su naturaleza; sin embargo, en el presente asunto se aportaron
documentos que no resultan suficientes para verificar los referidos aspectos.
8.3. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; iii) prescripción; iv) buena fe de la entidad demandada;
e v) innominada.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 8 de
agosto de 2024, accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia: i) declaró
la nulidad de los actos demandados; y ii) ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia a partir del 24 de febrero de 2018.
10. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
10.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento de la prestación.
10.2. El material probatorio aportado al expediente permite evidenciar que Carina
Mancera Marín se vinculó como docente nacionalizada desde el 25 de febrero de
1977, lo que le permitió acreditar el requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
10.3. En relación con la exigencia de contar con 20 años de servicio como docente
del orden territorial o nacionalizado, las vinculaciones que la demandante ostentó
en interinidad y con ocasión de contratos de prestación de servicios son válidas para
obtener la prestación pretendida. Así las cosas «demostró que laboró en el magisterio
oficial durante más de 20 años como docente de primaria, en plazas clasificadas como
nacionalizadas y territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al
31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con
los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del
beneficio pensional pretendido» [sic].
10.4. Finalmente, comoquiera que el derecho se consolidó el 24 de febrero de 2018
y la reclamación de reconocimiento se radicó el 14 de febrero de 2020, no hay lugar
a declarar la prescripción de las mesadas pensionales.
5
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
1.4. El recurso de apelación
11. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
11.1. La demandante no era acreedora de la pensión gracia, puesto que no acreditó
el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio departamental, distrital,
municipal o nacionalizada. Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el
certificado Cetil 02008890399011900750003 «el tiempo de vinculación es “laboral”
Fuente de los recursos NACIONAL».
11.2. De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.a de la Ley
91 de 1989, la docente «no se encontraba vinculada a la docencia oficial, teniendo en
cuenta que la disposición regula una situación transitoria, pues como se evidencia su
propósito era colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
solicitada por cuanto la vinculación en su carácter de docente la acredita con fecha posterior
a la contemplada en la Ley».
11.3. Contrario a lo concluido por el tribunal, las vinculaciones que Carina Mancera
Marín ostentó con ocasión de órdenes o contratos de prestación de servicios no
pueden ser tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de requisitos de la
pensión gracia, puesto que se trató de una relación de carácter civil y no legal y
reglamentaria, según lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 114 de 1913.
11.4. Es «pertinente evaluar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio de
la pensión gracia desde una perspectiva histórica, donde se analice la relevancia social y
la intención que tuvo el legislador con la creación de la Ley 114 de 1913 y sus demás
normas complementarias. Lo anterior, más allá de la simple verificación de la fecha en
la cual se realizó la primera vinculación docente del orden territorial o nacionalizado,
seguido de definir de forma clara el alcance de los términos “tuvieren o llegaren a
tener”, contemplados en el artículo 15 numeral 2 de la Ley 91 de 1989. 24 Ley 114 de
1913, art. 1. Se reitera que el derecho a la pensión gracia se causa exclusivamente
para aquellos docentes territoriales y nacionalizados vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, en aras de suplir la diferencia salarial respecto a los docentes con
vinculación del orden nacional».
1.5. Trámite de segunda instancia
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
12. Toda vez que no se advirtió la necesidad de decretar pruebas en esta instancia,
no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de
conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no intervino en esta etapa
procesal.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
14. Se circunscribe a resolver ¿si Carina Mancera Marín acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las
normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
15. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
16. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19134 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
4
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
17. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
5
18. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19336, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
19. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
8
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
20. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
7
21. En efecto, la Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
22. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
7
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
9
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja8, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 19689, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos10 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199411 (artículo 179, literal d).
23. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
24. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199512, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
24.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
24.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
25. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
8
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
9
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
10
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
11
«Por la cual se expide la ley general de educación»
12
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
10
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
26. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
27. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
13
28. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
14
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
15
29. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
30. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala16 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
13
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
16
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
31. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
32. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202219 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
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previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
33. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
34.1. Carina Mancera Marín nació el 25 de febrero de 1959.
34.2. Mediante el Decreto 099 del 25 de febrero de 1977, «por el cual se causan
novedades en el personal docente de enseñanza primaria», el gobernador del
departamento de Risaralda la nombró «maestra escalafonada en 2a. categoría, a
seccional en la escuela rural San Carlos, en el municipio de Apía». Este acto, fue suscrito
por el gobernador, la secretaria de educación y el jefe de la división de personal del
ente territorial.
34.3. Según acta 7978, el 1° de marzo de 1977 se posesionó en el empleo para el
cual fue designada con el Decreto 099 de esa anualidad.
34.4. A través del Decreto 2490 del 26 de diciembre de 2002, «por medio del cual se
realizan unos nombramientos provisionales de docentes en vacancias definitivas en el
municipio de Cali», el gobernador del departamento del Valle del Cauca la nombró
en el «cargo de docente del municipio de Cali».
34.5. Mediante la Resolución 2335 del 15 de octubre de 2003, « por medio de la cual
se efectúa un nombramiento provisional docente en las instituciones educativas oficiales
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
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del municipio de Santiago de Cali», el secretario de educación del municipio de Cali la
nombró en «el cargo docente del municipio de Cali» en la Institución Educativa Santa
Fe.
34.6. El
13 de noviembre de 2003 se posesionó como « docente (provisional)
dependiente de la Secretaría de Educación municipal», para el cual fue nombrado con
la Resolución 2335 del 15 de octubre de esa anualidad.
34.7. Por medio de la Resolución 4211.3.3.1951 del 19 de agosto de 2005, por la cual
«se hacen unos nombramientos en periodo de prueba de conformidad con el listado de
elegibles, a unos docentes de las instituciones educativas oficiales de la planta de cargos
municipal, financiados con recursos del sistema general de participaciones de la Secretaría
de Educación Municipal», el secretario de educación del ente territorial la nombró
docente en la Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea. Empleo en el que se
posesionó el 24 de agosto de esa anualidad.
34.8. A través de la Resolución 4211.3.21.5036 del 5 de octubre de 2006, «por medio
de la cual se nombra en propiedad a unos docentes y directivos docentes en instituciones
educativas oficiales pertenecientes a la planta de cargos del municipio de Santiago de Cali
[…]», fue nombrada en la Institución Educativa Santa Fe.
34.9. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral expedido el 8 de abril de 2019 por la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda, prestó sus servicios como docente con vinculación
nacionalizada, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Nombramiento
Decreto 99
Escuela San Carlos 1-03-1977 8-03-1977
25-02-1977
Apia
Traslado
Decreto 132
Plantel Educativo Marina 9-03-1977 3-08-1978
9-03-1977
Santuario
Traslado
Plantel Educativo La Decreto 1664
4-08-1978 3-02-1980
María 4-08-1978
Apia
Retiro
Plantel Educativo La Decreto 553
• 4-02-1980
María 11-07-1980
Apia
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34.10. El subsecretario de despacho de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
de la Secretaría de Educación del municipio de Cali, certificó que « prestó sus
servicios en la modalidad de contrato de orden de prestación de servicios, no generando
permanencia en el sector educativo no relación laboral alguna con la Secretaría de
Educación», así:
O.S. número Fecha Inicio Termina Mes Día
516 20/08/1996 20/08/1996 19/12/1996 04 0
001 13/01/1997 13/01/1997 12/05/1997 04 0
328 14/05/1997 14/05/1997 12/07/1997 01 29
143 02/07/1998 02/03/1998 17/04/1998 01 16
145 02/07/1998 20/04/1998 03/06/1998 01 15
246 17/09/1998 17/09/1998 16/12/1998 03 0
2301 01/03/2002 01/03/2002 05/07/2002 04 05
2301 26/08/2002 26/08/2002 22/11/2002 02 28
34.11. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral con consecutivo 18514 expedido el 15 de mayo de 2019 por la
Secretaría de Educación del municipio de Cali, prestó sus servicios como docente,
así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing
Decreto 2490
Localidad Genérica 26-12-2002 12-11-2003
26-12-2002
Cali (Val)
Tiempo total 10 meses y 18 días
34.12. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral con consecutivo 18514 expedido el 15 de mayo de 2019 por la
Secretaría de Educación del municipio de Cali, prestó sus servicios como docente,
así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing
Institución Educativa Resolución 2335
13-11-2003 16-08-2005
Santa Fe 15-10-2003
Cali (Val)
Tiempo total 1 año, 9 meses y 4 días
34.13. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral con consecutivo 1618 expedido el 28 de enero de 2020 por la
16
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Demandante: Carina Mancera Marín
Secretaría de Educación del municipio de Cali, prestó sus servicios como docente,
así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing
Institución Educativa Resolución 1951
24-08-2005 -
Santa Fe 19-08-2005
Cali (Val)
Prom propiedad
Institución Educativa Resolución 5036
30-10-2006 -
Santa Fe 05-10-2006
Cali (Val)
Traslados
Sede Educativa Juan Resolución 3203
01-05-2017 -21
Pablo II – Sede Principal 27-04-2017
Cali (Val)
Tiempo total 14 años, 5 meses y 5 días
34.14. El coordinador del Grupo de Certificaciones de la Subdirección de Talento
Humano del Ministerio de Educación Nacional suscribió el oficio 2019-ER-084507
del 22 de abril de 2019 informó que «consultadas las bases de datos de esta entidad,
no se encuentra archivo de historia laboral a nombre de la señora Carina Mancera Marín».
34.15. En la certificación electrónica de tiempos laborados [CETIL]
202008890399011900750003 expedida el 3 de agosto de 2020, se indicó que en
los periodos comprendidos entre el 13 de noviembre de 2003 y el 16 de agosto de
2005 y desde el 24 de agosto de 2005 [la vinculación se encontraba vigente en la
fecha de expedición del certificado], la docente ostentó una vinculación del nivel
nacional y la «fuentes de recursos: nacional».
34.16. El profesional especializado de talento humano de la Secretaría de Educación
del departamento del Valle del Cauca, con el oficio 1.210.30.52-2022019089 del 1°
de abril de 2022, certificó que la demandante se vinculó como docente con ocasión
de órdenes de prestación de servicios así: i) 516 del 20 de agosto de 1996, 001 y
328 del 13 de enero y 14 de mayo de 1997 y 2301 del 1° de marzo y 26 de agosto
de 2002 [las cuales coinciden con las indicadas en el certificado relacionado en el
párrafo 34.10]; y ii) 3406 del 1° de octubre de 2002, con ocasión de la cual prestó
sus servicios entre el 1° de octubre y el 22 de noviembre de 2002, esto es, durante
1 mes y 22 días.
21 La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
17
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
34.16.1. En las órdenes de servicio se indicó que: i) «elaborado el cronograma para la
realización del concurso con el fin de vincular los docentes al servicio educativo estatal en
el departamento del Valle del Cauca»; y ii) «la Secretaría de Educación del Departamento
cancelará el valor de la presente orden de servicio con cargo al rubro […] del presupuesto
de ingresos y gastos del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca F.E.R22» o «la
Secretaría de educación cancelará el valor del presente contrato […] del presupuesto de
ingresos y gastos del Fondo Educativo Departamental23» o «la Secretaría de educación
cancelará el valor del presente contrato […] del presupuesto de ingresos del Sistema
General de Participaciones24». Asimismo, estas fueron suscritas por el secretario de
educación de la entidad territorial.
34.17. El 14 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento de una pensión gracia, la
cual fue negada a través de las resoluciones RDP 009661 y RDP 018627 del 17 de
abril y 14 de agosto de 2020.
2.4. Análisis sustancial
35. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al considerar que la demandante no contaba con
todas las exigencias legales para el reconocimiento de una pensión gracia, porque
no acreditó el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio departamental,
distrital, municipal o nacionalizada. Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el
certificado Cetil 02008890399011900750003 «el tiempo de vinculación es “laboral”
Fuente de los recursos NACIONAL».
36. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la sala deberá verificar
si la demandante acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) acreditó una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada; iii) completó 20 años de servicio en una plaza
territorial o nacionalizada; y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
37. Al respecto, se advierte que frente al requisito de la buena conducta no se realizó
reparo alguno, por lo que se encuentra acreditado. Asimismo, que Carina Mancera
Marín contaba con más de 50 años de edad [nació el 25 de febrero de 1959, por lo
que cumplió con esa exigencia en el año 2009].
22 Los contratos suscritos durante los años 1996 y 1997.
23 Algunos de los contratos suscritos en el año 2002.
24 Algunos de los contratos suscritos en el año 2002.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
38. Ahora bien, en relación con la experiencia docente con vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, se evidencia que la demandante
fue designada maestra en la escuela rural de San Carlos en el municipio de Apía en
el departamento de Risaralda.
39. En relación con esta vinculación en el expediente obra: i) el acto de designación
contenido en el Decreto 099 del 25 de febrero de 1977, el cual fue suscrito por el
gobernador, la secretaria de educación y el jefe de la división de personal del ente
territorial; ii) acta 7978 en la que consta que se posesionó en el referido empleo el
1° de marzo de 1977; y ii) certificado de historia laboral, mediante el cual la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda certificó que Carina
Mancera Marín prestó sus servicios como docente nacionalizada entre el 1° de
marzo de 1977 y el 3 de febrero de 1980, vinculación que nació con el Decreto 099
del 25 de febrero de 1977.
40. El anterior material probatorio es suficiente para concluir que la designación
efectuada a la demandante antes del 31 de diciembre de 1980 fue en una plaza
nacionalizada, porque fue efectuada por una autoridad de ese orden, sin que se
evidencie intervención alguna del Ministerio de Educación Nacional y, porque de
conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, era personal de ese orden « los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». Así las cosas, se encuentra acreditado el requisito de contar con una
experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una plaza educativa territorial o
nacionalizada.
41. En cuanto a la exigencia de contar con 20 años de servicio como docente del
orden territorial o nacionalizado, en el sub judice se encuentra acreditado que la
demandante se vinculó como docente a través de ordenes y contratos de prestación
de servicio con la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca,
así:
O.S.
Fecha Inicio Termina tiempo Material probatorio
número
516 20/08/1996 20/08/1996 19/12/1996 4 meses Certificados
001 13/01/1997 13/01/1997 12/05/1997 4 meses relacionados en los
1 mes y 29 párrafos 41.10 y
328 14/05/1997 14/05/1997 12/07/1997
días 41.16
1 mes y 16
143 02/07/1998 02/03/1998 17/04/1998
días Certificado
1 mes y 15 relacionado en el
145 02/07/1998 20/04/1998 03/06/1998
días párrafo 41.10
246 17/09/1998 17/09/1998 16/12/1998 3 meses
19
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
4 meses y Certificados
2301 01/03/2002 01/03/2002 05/07/2002
5 días relacionados en los
2 meses y párrafos 41.10 y
2301 26/08/2002 26/08/2002 22/11/2002
28 días 41.16
Certificado
1 mes y 22
3406 01/10/2002 01/10/2002 22/11/2002 relacionado en el
días
párrafo 41.16
Tiempo total: 1 año, 11 meses y 3 días25
42. Se advierte que estas vinculaciones tuvieron origen en los contratos celebrados
entre Carina Mancera Martín y el secretario de educación del departamento del
Valle del Cauca, con el objeto de que la educadora ejerciera como docente al
servicio educativo estatal en el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, no se
evidencia que en este hubiese intervenido el Ministerio de Educación Nacional, por
lo que se concluye que la vinculación tuvo una naturaleza territorial.
43. En relación con este periodo la entidad recurrente reprochó que fuera tenida en
cuenta para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia, porque estas vinculaciones se dieron en el
marco de una relación de carácter civil y no legal y reglamentaria, esta última exigida
por la Ley 114 de 1913.
44. Al respecto, encuentra la sala que no le asiste razón a la Ugpp, puesto que, como
lo ha sostenido esta Corporación en anteriores oportunidades, las leyes 114 de
19313 y 116 de 1928 concibieron la pensión gracia como una prerrogativa en favor
de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, por lo que la
verificación del tiempo de servicio se debe limitar a comprobar que este se hubiese
prestado al servicio de la docencia en el nivel requerido por la norma [territorial o
nacionalizado] sin que al juez le esté permitido excluir a los docentes por la
modalidad a la que la administración hubiese acudido para efectos de su
vinculación, puesto que no se trataba de una limitación prevista por el legislador. En
ese sentido, esta sección precisó:
«Para la Sala, esa modalidad de vinculación [órdenes de prestación de servicios y no en
propiedad] no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades
territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros
son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante
contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
25 Se descuenta el tiempo servido con ocasión de la orden 3406 del 1° de octubre de 2002, por
cuanto resulta concomitante con el tiempo servido por la vinculación efectuada con la orden 2301
del 26 de agosto de 2002.
20
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado26».
45. Así las cosas, contrario a lo expuesto por la apelante, el tiempo de servicio que
la docente prestó con ocasión de las órdenes de trabajo, serán computadas para
verificar el cumplimiento del tiempo de servicio, bajo el entendido de que estas
vinculaciones fueron efectuadas por la entidad territorial con el objeto de que
prestara sus servicios como educadora.
46. Ahora bien, se encuentra que la docente prestó sus servicios entre el 26 de
diciembre de 2002 y el 12 de noviembre de 2003, como docente vinculada con la
Secretaría de Educación del municipio de Cali. En relación con esta, en el
expediente obra: i) Decreto 2490 del 26 de diciembre de 2002, «por medio del cual
se realizan unos nombramientos provisionales de docentes en vacancias definitivas en el
municipio de Cali», con el cual fue designada en el empleo de «docente del municipio
de Cali», acto que fue suscrito por el gobernador del departamento del Valle del
Cauca; y ii) certificación con consecutivo 18514 con la cual el secretario de
educación del municipio de Cali indicó que prestó sus servicios como docente
durante el periodo señalado.
47. El material probatorio descrito en el párrafo anterior es suficiente para concluir
que la designación efectuada a través del Decreto 2490 del 26 de diciembre de 2002
fue del orden territorial, porque permiten concluir que se trató de una plaza de ese
nivel. Así las cosas, los 10 meses y 18 días que prestó con ocasión de la vinculación
en estudio también deberán ser computados para efectos de la verificación de los
20 años exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
48. De igual forma, Carina Mancera Marín acreditó que había prestado sus servicios
entre el 13 de noviembre de 2003 y el 16 de agosto de 2005, vinculación que fue
efectuada a través de la Resolución 2335 del 15 de octubre de 2003, «por medio de
la cual se efectúa un nombramiento provisional docente en las instituciones educativas
oficiales del municipio de Santiago de Cali» [se resalta], con el cual el secretario de
educación del ente territorial la nombró «docente del municipio de Cali». Lo anterior,
permite evidenciar que fue designada en una plaza territorial por una autoridad
nominadora de igual nivel, por lo que este tiempo de servicio, correspondiente a 1
año, 9 meses y 4 días, también será tenido en cuenta para el reconocimiento de la
prestación objeto de estudio.
26Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo de 2019,
expediente con radicado 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14).
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
49. Finalmente, en relación con la última vinculación acreditada por la educadora se
advierte que: i) fue designada a través de la Resolución 4211.3.3.1951 del 19 de
agosto de 2005, por la cual «se hacen unos nombramientos en periodo de prueba de
conformidad con el listado de elegibles, a unos docentes de las instituciones educativas
oficiales de la planta de cargos municipal, financiados con recursos del sistema general
de participaciones de la Secretaría de Educación Municipal», acto que fue suscrito por el
secretario del ente territorial; y ii) certificado de historia laboral expedido el 28 de
enero de 2020, en el que el secretario de educación del municipio de Cali certificó
que la demandante se posesionó en el empleo de docente el 24 de agosto de 2005
y que la vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el
mencionado formato.
50. Para la sala, es claro que, de igual forma, este último periodo deberá ser tenido
en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, porque el acto de
designación fue expedido por una autoridad del orden territorial para proveer una
vacante de igual nivel. Así las cosas, también serán computados los 14 años, 5
meses y 5 días que prestó con ocasión de esta designación.
51. De otra parte, si bien como lo señaló la Ugpp, al proceso fue allegado el
certificado Cetil 02008890399011900750003 según el cual «el tiempo de vinculación
es “laboral” Fuente de los recursos NACIONAL», para la sala, este documento no es
suficiente para concluir que la demandante no fuera acreedora de la pensión gracia,
pues el análisis de los actos de vinculación permiten concluir que, de conformidad
con el marco jurídico aplicable al sub judice, las vinculaciones que ostentó nacieron
con naturaleza territorial y nacionalizada.
52. Asimismo, la entidad de previsión sustentó su solicitud de revocatoria de la
sentencia de primera instancia con el argumento según el cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15.2.a de la Ley 91 de 1989, la docente «no se encontraba
vinculada a la docencia oficial, teniendo en cuenta que la disposición regula una situación
transitoria, pues como se evidencia su propósito era colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, en consecuencia no hay lugar al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por cuanto la vinculación en su
carácter de docente la acredita con fecha posterior a la contemplada en la Ley».
53. Al respecto, encuentra pertinente la sala recordar que la Sección Segunda de
esta Corporación, al establecer el alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, precisó que «no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión
gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo
es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en
instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio
de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre
éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes
territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio». Así las
cosas, no le asiste razón a la entidad de previsión, porque, de conformidad con el
precedente jurisprudencial, el marco temporal establecido en la referida disposición
tuvo como objeto establecer qué grupo de educadores mantendrían la expectativa
del reconocimiento de la pensión gracia, a quienes se les permitió acreditar el
cumplimiento de los requisitos con posterioridad a la referida data.
54. Finalmente, la entidad apelante, consideró «pertinente evaluar el cumplimiento de
los requisitos para acceder al beneficio de la pensión gracia desde una perspectiva
histórica, donde se analice la relevancia social y la intención que tuvo el legislador con la
creación de la Ley 114 de 1913 y sus demás normas complementarias. Lo anterior, más
allá de la simple verificación de la fecha en la cual se realizó la primera vinculación
docente del orden territorial o nacionalizado, seguido de definir de forma clara el
alcance de los términos “tuvieren o llegaren a tener”, contemplados en el artículo 15
numeral 2 de la Ley 91 de 1989. 24 Ley 114 de 1913, art. 1. Se reitera que el derecho a
la pensión gracia se causa exclusivamente para aquellos docentes territoriales y
nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, en aras de suplir la
diferencia salarial respecto a los docentes con vinculación del orden nacional».
55. En relación con el anterior argumento, se pone de presente que, como se explicó
antes, justamente la expedición de la Ley 91 de 1989 logró la unificación de los
distintos regímenes del magisterio, con el fin de eliminar las diferencias que se
mantuvieron vigentes incluso después de la entrada en vigor de la Ley 43 de 1975
[proceso de nacionalización], las cuales afectaban las condiciones laborales de los
educadores. Es decir que, como lo señaló el recurrente, esa diferencia salarial entre
los docentes nacionales y territoriales fue superada; sin embargo, por disposición
expresa del legislador se mantendrían las expectativas que frente al reconocimiento
de la pensión gracia tenían los docentes que ostentaron una vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
56. En ese sentido, el artículo 15.2 de la mencionada Ley 91 dispuso que «[l]os
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos» [se resalta]. La expresión
resaltada fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional27,
bajo el entendido de que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no
podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
57. Así las cosas, tampoco se encuentra procedente este reproche, puesto que, si
bien la diferencia que justificó el reconocimiento de la pensión gracia fue superada,
el legislador mantuvo esta prerrogativa a los docentes que contaran con una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
58. En consonancia Carina Mancera Marín acreditó el siguiente tiempo de servicio
computable para el reconocimiento de la pensión gracia: i) 3 años y 3 días como
docente nacionalizado en el departamento de Risaralda entre el 1º de marzo de
1977 y el 3 de febrero de 1980; ii) 1 año, 11 meses y 3 días con el departamento
del Valle del Cauca, con ocasión de las vinculaciones a través de contratos de
prestación de servicio, entre el 20 de agosto de 1996 y el 22 de noviembre de 2002;
iii) 10 meses y 18 días con el municipio de Cali entre el 26 de diciembre de 2002 y
el 12 de noviembre de 2003; iv) 1 año, 9 meses y 4 días con el municipio de Cali
entre el 13 de noviembre de 2003 y el 16 de agosto de 2005; y v) 14 años, 5 meses
y 5 días con el municipio de Cali entre el 24 de agosto de 2005 y el 28 de enero de
202028.
59. En suma, el 26 de enero 2018 la demandante cumplió 20 años de servicio como
docente con vinculaciones nacionalizadas y territoriales, fecha en la que contaba
con más de 50 años de edad, puesto que nació el 25 de febrero de 1959. Se advierte
que entre la fecha de estatus establecida por el tribunal de primera instancia y la
definida por esta sala hay una diferencia de 1 mes y 2 días; sin embargo, no se
modificará porque podría afectarse a la entidad de previsión como apelante único.
60. Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la demandante acreditó la
totalidad de los requisitos para efectos del reconocimiento pensional pretendido.
2.5. Costas
61. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
28 Fecha en la que se expidió el certificado, en la que la vinculación se encontraba vigente.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
62. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
63. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.
64. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
65. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
66. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Carina Mancera Marín
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden territorial
antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como docente de ese orden
y ejerció la profesión con buena conducta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
29En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01394-01 (6119-2024)
Demandante: Carina Mancera Marín
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se accedieron a las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
26
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