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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00487-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00487-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Glenia Montero de Sierra contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 13001 23 33 000 2017 00487 01 (3388-2024) Demandante: Glenia Montero de Sierra TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-00487-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2017 00487 01 (3388-2024)
Demandante: Glenia Montero de Sierra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente territorial. Periodos por contratos
de prestación de servicios. Condena en costas

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia debido a que
la demandante reúne todos los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia, en especial haber servido como
docente de carácter territorial y/o nacionalizado durante un
mínimo de 20 años

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 13 de diciembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, solicitó que
se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 029503 del 11 de agosto de 2016
y RED 041170 del 28 de octubre de 2016, a través de las cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la accionada a
concederle la mencionada prestación periódica a partir del 5 de abril de 2011,
junto con los reajustes por concepto de lo previsto en las Leyes 4 de 1976 y 71
de 1988, así como la indexación de las sumas adeudadas en virtud del artículo
187 de CPACA, los intereses moratorios en caso de no dar cumplimiento a la
sentencia en el plazo que establece el artículo 192 del CPACA y condenarla en
costas.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que se desempeñó como
docente nacionalizada al servicio del departamento de Bolívar, de acuerdo con

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Demandante: Glenia Montero de Sierra

el nombramiento efectuado por el gobernador de ese ente territorial mediante el
Decreto 101 del 10 de febrero de 1975, laborando desde el 6 de marzo de 1975
hasta el 25 de mayo de 1978.

4. De igual modo, adujo que prestó sus servicios como educadora para la
Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, producto de los contratos de
prestación de servicios que suscribió con el ente territorial en los años 1991,
1992, 1993 y 1994, así como del nombramiento efectuado mediante el Decreto
548 del 9 de junio de 1994, con efectos desde el 23 de junio de 1994 hasta el 11
de noviembre de 2015, acumulando un total de 28 años, 5 meses y 15 días de
labores docentes.

5. Precisó que adquirió el estatus pensional el 5 de abril de 2011, por haber
cumplido 50 años de edad y 20 años de servicios, y haber ejercido sus funciones
con buena conducta.

6. Por lo anterior, elevó solicitud de reconocimiento de la pensión gracia ante
la UGPP, pero esta le fue negada a través de los actos administrativos acusados
bajo el argumento de que parte del tiempo prestado fue de carácter nacional.

Contestación de la demanda

7. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
explicando que las resoluciones enjuiciadas se encuentran debidamente
motivadas en cuanto a la negativa del reconocimiento de la prestación, ya que
está demostrado que la demandante, a pesar de tener más de 50 años de edad,
no acreditó el requisito de haber laborado durante 20 años como docente
territorial y/o nacionalizada pues a partir de 1994 su vinculación fue del orden
nacional.

8. Sumado a lo anterior, señaló que tampoco hay derecho al reconocimiento
de la pensión reclamada por cuanto no se cumplieron todos los requisitos legales
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, tal como lo estableció la
Corte Constitucional en la sentencia C-489 del 2000.

9. Propuso las excepciones de mérito o de fondo que denominó
«prescripción», «inexistencia de la causa pretendi y cobro de lo no debido», «falta
del derecho para pedir», «buena fe», «cobro de lo no debido» y la genérica.

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 2022, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la demandante
a partir del 2 de agosto de 2008, teniendo en cuenta el 75 % del promedio
mensual de los conceptos devengados en el último año anterior a la causación

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del derecho; sin embargo, declaró la prescripción de las mesadas causadas a
partir del 7 de abril de 2013.

11. Al respecto, el a quo estimó que la demandante, al momento de la solicitud
de reconocimiento, contaba con más de 50 años de edad, pues los cumplió el 25
de diciembre de 2005. Asimismo, precisó que, en virtud del Decreto 101 de 10
de febrero de 1975 y del Formato Único para la Expedición de Historia Laboral
del 15 de julio de 2008, la actora prestó sus servicios como docente nacionalizada
en la Escuela Rural Mixta de Puerto Rico Tiquiso del municipio de Pinillos, desde
el 6 de marzo de 1975 hasta el 23 de mayo de 1978, para un total de 3 años, 2
meses y 18 días, con lo cual cumple con el requisito de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizado y/o territorial.

12. Con referencia al requisito de haber laborado como docente durante 20
años, concluyó que este se cumple tomando en consideración los tiempos
ejercidos en virtud de los contratos de prestaciones de servicios que suscribió
con el distrito de Cartagena —los cuales deben tenerse en cuenta de acuerdo
con lo normado en el parágrafo 3.° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, en
concordancia con el parágrafo 1.° del artículo 6.° de la Ley 60 de 1993 y la
Sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional— y el nombramiento
efectuado a través del Decreto 548 del 9 de junio de 1994, el cual fue de carácter
nacionalizado.

13. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada, por resultar
vencida en el presente litigio, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

Recurso de apelación

14. La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, denegar las pretensiones reiterando los argumentos expuestos en
sede administrativa y en la contestación de la demanda.

15. De igual modo, precisó que, según el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral del 7 de enero de 2016, el tiempo laborado por
la demandante desde el 23 de junio de 1994 hasta el 7 de enero de 2016 fue
catalogado como de orden nacional, por lo que no podría computarse para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia reclamada.

16. Finalmente se opuso a la condena en costas en razón a que no se verifican
circunstancias de temeridad o mala fe que las justifiquen, sumado a que las
actuaciones desplegadas se encuentran revestidas de legalidad y amparadas por
la buena fe.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 19 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandante que disponía hasta la ejecutoria

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de esta providencia para pronunciarse en torno al recurso de apelación y al
Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que ingresara el
proceso al despacho para sentencia.

18. El Ministerio Público emitió concepto solicitando que se confirme la
sentencia de primera instancia habida cuenta que en el expediente se encuentra
probado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión
gracia. Por su parte, la demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

20. En atención a los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a
la Sala determinar si la parte demandante reúne todos los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia reclamada, en especial, haber laborado como
docente de carácter territorial y/o nacionalizado durante un mínimo de 20 años.

21. Por otro lado, se estudiará si había lugar o no a condenar en costas en
primera instancia a la parte vencida.

Análisis del problema jurídico

22. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia,
con base en los argumentos que se expondrán a continuación.

23. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un periodo no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

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Demandante: Glenia Montero de Sierra

24. En el presente asunto se evidencia que la demandante acreditó el requisito
de la edad, pues nació el 25 de diciembre de 19551 y, por ende, cumplió 50 años
el 25 de diciembre de 2005.

25. También se encuentra cumplido el requisito de haber laborado como
docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980. En efecto, en el expediente obra copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 15 de julio de 20082 emitido por
la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, en el que se detalla que
la demandante prestó sus servicios como directora de la Escuela Rural Mixta de
Puerto Rico Tiquisio del municipio de Pinillos (Bolívar) entre el 6 de marzo de
1975 y el 23 de mayo de 1978, calificando dicho vínculo como «nacionalizado».

26. Igualmente, se aportó copia del Decreto 101 del 10 de febrero de 19753, a
través del cual se nombró a la libelista como directora de la mencionada Escuela
Rural Mixta de Puerto Rico del municipio de Pinillos. El mencionado acto
administrativo fue proferido por el gobernador del Atlántico, en uso de sus
facultades legales como autoridad nominadora del ente territorial, sin que se
advierta la intervención o delegación alguna por parte del Ministerio de Educación
Nacional, o la previa certificación de disponibilidad de recursos para la
designación por parte de algún representante de esa cartera ministerial.

27. Este último aspecto es clave para concluir que, contrario a lo certificado
por la entidad nominadora, el nombramiento no fue nacionalizado dado que no
se cumplió con el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 19754,
es decir, no se evidenció la previa autorización del Ministerio de Educación
Nacional para que el gobernador pudiera designar a la demandante como
maestra. Mucho menos se mencionó que la plaza a ocupar requiriera recursos
transferidos por el Gobierno Nacional a través de los Fondos Educativos
Regionales, conforme al artículo 6 de la misma norma.

28. Inclusive, la posesión del cargo ocurrió el 6 de marzo de 1975, mientras
que la Ley 43 de 1975 fue sancionada y entró en vigencia el 11 de diciembre de
19755; por lo tanto, no era posible que la designación tuviera el carácter
nacionalizado ya que en ese momento no había comenzado en Colombia la
nacionalización de la educación primaria y secundaria implementada con la
mencionada ley.

29. En consecuencia, en esa fecha el nombramiento solo podía ser nacional
o territorial, pero nunca nacionalizado6. En todo caso, es relevante señalar que

1 Folio 16 del expediente digitalizado.
2 Folios 28 y 29 del expediente digitalizado.
3 Folios 17 y 18, ibidem.
4 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
5 https://www.camara.gov.co/sites/public_html/leyes_hasta_1991/ley/1975/ley_0043_1975.html
6 Este argumento guarda coherencia con las consideraciones de la Corte Constitucional en sentencia C-084

de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisando que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los
docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.

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tampoco fue de carácter nacional puesto que no se trató de una vinculación por
nombramiento del Gobierno Nacional, tal como lo define el artículo 1° de la Ley
91 de 1989.

30. En definitiva, los servicios docentes prestados por la demandante desde
el 6 de marzo de 1975 hasta el 23 de mayo de 1978 (3 años, 2 meses y 18 días)
fueron de carácter departamental (territorial); los cuales también son
computables para el conteo de los 20 años de servicio que exige la Ley 114 de
1913.

31. Por otra parte, se allegó copia del certificado del 17 de diciembre de 20157,
a través del cual el subdirector técnico de Talento Humano de la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena de Indias dio constancia de que la demandante
prestó sus servicios como docente en dicha entidad territorial a través de órdenes
de prestación de servicio, en los siguientes lapsos: entre el 1 de marzo y el 30 de
noviembre de 1991 (9 meses); entre el 14 de febrero y el 10 de noviembre de
1992 (8 meses y 27 días); entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1993 (10
meses); y entre el 1 de febrero y el 8 de junio de 1994 (4 meses y 8 días).

32. Con relación a dichos lapsos, no se allegaron al expediente copias de los
contratos de prestación de servicios. No obstante, la Sala otorgará valor
probatorio a la certificación expedida por la autoridad nominadora, en la que se
da cuenta de los servicios prestados por la docente.

33. Lo anterior, en aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sala
Plena de esta Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, conforme a las cuales el tipo de vinculación puede acreditarse
mediante certificaciones de la autoridad competente, siempre que estas permitan
establecer de manera inequívoca la naturaleza del vínculo del docente oficial.
Aunado a que dicho documento no fue tachado ni controvertido por la entidad
demandada, lo que refuerza su mérito probatorio.

34. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana en
señalar que los tiempos ejercidos en dicha modalidad pueden tenerse en cuenta
para acceder a la aludida prestación. Al respecto, se ha indicado lo siguiente8:

Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a
la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que
las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo
y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios
también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la
autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer

7 Página 25, ibidem.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

28 de marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden
consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018,
radicado: 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-
39-000-2015-00529-01 (3878-17); c. del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01
(4512-17)

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regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para
todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado»9.

[…]

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.

Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por
el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para
que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite,
previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.10

35. En cuanto a la naturaleza de la vinculación, de la certificación examinada
se desprende que los servicios docentes, en ejecución de contratos de prestación
de servicios, fueron prestados para la Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena, sin que en dicho documento se haga referencia a orden, autorización
o aprobación previa del Ministerio de Educación Nacional para la celebración de
tales contratos.

36. Asimismo, no obra en el expediente prueba alguna que permita inferir que
la demandante ostentara la calidad de docente del orden nacional, en la medida
en que no se acreditó la intervención del Gobierno Nacional como entidad
contratante.

37. En ese sentido, esta colegiatura confirma que se trató de un vínculo de
carácter territorial (distrital). En consecuencia, en el presente asunto se
computarán los tiempos laborados por la demandante en virtud de los contratos
de prestación de servicios que mantuvo con el distrito de Cartagena de Indias,
por un lapso total de 2 años, 8 meses y 5 días.

38. Finalmente, obra en el expediente copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 7 de enero de 201611, a través
del cual la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena de Indias informa
de que la demandante ingresó como docente en propiedad a la Escuela de San
Fernando de esa ciudad, por nombramiento realizado a través del Decreto 548
del 9 de junio de 1994.

9 Sentencia C-517 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente:

54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018,
expediente: 17001-23-33-000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Expediente administrativo.

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39. De igual manera, se aportó copia del referido Decreto 548 del 9 de junio
de 1994, a través del cual se nombró a la demandante como docente de primaria,
en propiedad, en la modalidad de tiempo completo, en las escuelas y colegios
del distrito turístico y cultural de Cartagena. De dicho cargo, tomó posesión el 23
de junio de 199412, para prestar sus servicios en la Escuela Mixta San Fernando
de Cartagena.

40. La entidad apelante insiste en que esta designación no puede tenerse en
cuenta para efectos de la pensión gracia que se reclama puesto que la Secretaría
de Educación de Cartagena de Indias la calificó como del orden nacional en el
mencionado Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 7 de enero de 2016.

23. Pues bien, en el aludido certificado se marcó como «nacional» la casilla
del «régimen de pensiones». No obstante, esta Sala ha establecido que esta
casilla no se erige como un elemento concluyente para determinar la naturaleza
jurídica del vínculo docente13, de acuerdo con las definiciones que consagra el
artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para el
personal nacional, nacionalizado y territorial.

24. Además, dicha casilla está orientada a informar sobre el régimen de
seguridad social en materia de pensión de vejez aplicable al profesor, cuestión
que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son
de interés para la Sala.

41. Ahora bien, al examinar el acto de nombramiento (Decreto 548 del 9 de
junio de 1994) se advierte que fue suscrito por el alcalde mayor de Cartagena,
en ejercicio de sus facultades legales y, en particular, de las conferidas por el
artículo 9 de la Ley 29 de 1989, en concordancia con el Decreto 2277 de 1979 y
las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994.

42. En su parte considerativa se señala que, mediante el Decreto Distrital 547
de junio de 1994, se crearon 475 plazas para ser ocupadas por docentes
temporales que cumplieran los requisitos de la carrera docente. Se indica,
además, que el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional (FER) de Bolívar certificó la existencia de disponibilidad
presupuestal para la incorporación de dichos docentes al Distrito.

43. En ese contexto, para la Sala, esta designación se subsume en la
definición que el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 establece para el personal
docente nacionalizado puesto que fue realizada por la entidad territorial con
sujeción a la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de

12 Cfr. Acta de posesión 182 del 23 de junio de 1994, visible en el folio 27 del expediente.
13 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en la siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre

de 2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia
del 21 de agosto de 2021, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.

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Educación Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley 43
de 1975.

44. A propósito, la intervención de dicho delegado no implica que se trate de
un docente del orden nacional; por el contrario, obedece a lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el cual dispuso que «[e]n adelante ningún
departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios
podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco decretar la construcción de nuevos
planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del
Ministerio de Educación Nacional».

45. Adicionalmente, el fundamento normativo en virtud del cual el alcalde
mayor de Cartagena de Indias nombró a la parte demandante fue la Ley 29 de
1989. Dicha ley asignó a los representantes legales de las entidades territoriales
la función de nombrar, trasladar, remover, supervisar y, en general, administrar
el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales y nacionalizados.

46. En efecto, la referida ley delegó en alcaldes y gobernadores la
competencia para nombrar docentes nacionales o nacionalizados. En otras
palabras, el ejercicio de esa atribución permite concluir que el nombramiento
efectuado mediante el Decreto 548 del 9 de junio de 1994 solo podía revestir
carácter nacional o nacionalizado.

47. De este modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de
1989, el personal nacional corresponde a los docentes vinculados mediante
nombramiento del Gobierno nacional, supuesto que no se configura en el
presente caso. En consecuencia, descartado el carácter nacional del vínculo, se
confirma que la designación ostentó naturaleza nacionalizada.

48. Con base en lo expuesto, para esta Subsección está claro que la
vinculación docente que tuvo la demandante con el distrito de Cartagena de
Indias entre el 23 de junio de 1994 y el 7 de enero de 2016 —fecha de expedición
del certificado— (21 años, 6 meses y 15 días) debe computarse para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto fue de naturaleza
nacionalizada.

49. Así las cosas, la parte demandante acreditó un total de 27 años, 5 meses
y 8 días de servicio como docente del orden territorial y nacionalizado, según se
evidencia en la siguiente gráfica:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 06/03/1975 23/05/1978 3 2 18
OPS - Territorial 01/03/1991 30/11/1991 0 9 0
OPS - Territorial 14/02/1992 10/11/1992 0 8 27
OPS - Territorial 01/02/1993 30/11/1993 0 10 0

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00487 01 (3388-2024)
Demandante: Glenia Montero de Sierra

OPS - Territorial 01/02/1994 08/06/1994 0 4 8
Nacionalizado 23/06/1994 07/01/2016 21 6 15
TOTAL 27 5 8

50. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente
analizados, sino que no obra prueba en el expediente que desvirtúe la presunción
de honradez y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una
doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

51. Empero, cabe precisar que el a quo concluyó que la demandante cumplió
el requisito de tiempo de servicios el 2 de agosto de 2008. Sin embargo, la Sala
difiere de este cálculo, puesto que al haber completado 27 años, 5 meses y 8
días el 7 de enero de 2016, la fecha del estatus pensional surgió a partir del 30
de julio de 200814. Sin embargo, dado que dicho aspecto no fue objeto del recurso
de apelación y en aplicación del principio de la non reformatio in pejus respecto
de la apelante única al modificarse la fecha con base en la cual debe calcularse
el ingreso base de liquidación de la prestación, se confirmará también este punto.

52. Por último, la Sala confirma la decisión del Tribunal de declarar la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 7 de abril
de 2013 por cuanto la petición de la prestación periódica que hoy es objeto de
reconocimiento se presentó el 7 de abril de 201615, es decir, vencidos los 3 años
siguientes al surgimiento del estatus, y la demanda se interpuso el 7 de marzo
de 201716, lo que indica que no se cumplieron los plazos trienales establecidos
en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
respectivamente.

Sobre la condena en costas en primera instancia

53. La parte demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas que el
Tribunal le impuso en primera instancia, precisando que en el asunto de la
referencia no ha actuado temerariamente.

54. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte
de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de
lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

14 Del cómputo cronológico efectuado se desprende que la demandante acumuló, al 7 de enero de 2016, un

total de 27 años, 5 meses y 8 días de servicios docentes. En consecuencia, al descontar el excedente de 7
años, 5 meses y 8 días sobre el mínimo legal de 20 años, se establece que dicho requisito fue completado
el 30 de julio de 2008. En esa fecha se consolidó el estatus pensional.
15 Información tomada de la Resolución RDP 029503 del 11 de agosto de 2016, visible en el folio 32 del

expediente digitalizado.
16 Folio 50, ibidem.

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Demandante: Glenia Montero de Sierra

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

57. Con fundamento en los argumentos expuestos y comoquiera que en la
sentencia apelada se condenó en costas a la demandada en virtud de la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 365 del CGP, porque sus excepciones se
negaron en su totalidad, no hay lugar a revocar dicha decisión, en tanto que
estuvo ajustada a los razonamientos explicados en los párrafos anteriores.

Condena en costas en segunda instancia

58. Con base en el análisis normativo abordado en precedencia, en esta
instancia también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Glenia Montero de Sierra
contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en
segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

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Demandante: Glenia Montero de Sierra

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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