Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00027-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00027-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00027-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de mayo de 2025
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00027-01 (0270-2024)
Demandante: Librada Otero Otero
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00027-01 (0270-2024)1
Demandante: Librada Otero Otero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: reconocimiento de pensión gracia. Subtema 1: Períodos laborados por contratos de
prestación de servicios. Subtema 2: naturaleza de la plaza.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, del 2 de noviembre de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos dictados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), que le negaron el reconocimiento de una pensión gracia. En
criterio de la entidad los tiempos laborados mediante contratos de prestación de
servicios no se podían computar para el reconocimiento pensional. Por su parte, el
Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que los referidos tiempos sí podían ser tenidos en cuenta, por ello,
determinó que la docente acreditó 20 años de servicios con vinculación territorial.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Librada Otero Otero radicó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el 20 de noviembre de 20192, en contra de la
UGPP, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan:
1 Expediente físico.
2 Folios 120 y 121.
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Radicación: 19001-23-33-000-2020-00027-01 (0270-2024)
Demandante: Librada Otero Otero
Demandado: UGPP
2.1.1. Pretensiones
2. La parte actora solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los
cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
contenidos en las resoluciones RDP 010026 del 14 de marzo de 2017, RDP 023120
del 2 de junio de 2017, RDP 039227 del 27 de septiembre de 2018 y RDP 048169 del
21 de diciembre de 2018.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a su favor, desde que adquirió el estatus
pensional; que la suma reconocida se reajuste conforme al IPC; y la sentencia se
cumpla en los términos de los artículos 192 a 195 del CPACA. Asimismo, pidió que se
condene en costas a la entidad3.
2.2. Hechos
4. La demandante expuso los siguientes hechos:
5. La señora Librada Otero Otero nació el 30 de julio de 1955, por lo cual cumplió
50 años el 30 de julio de 2005. Narró que adquirió el estatus de pensionada el 15 de
mayo de 2010 y que laboró como docente de carácter municipal, territorial y
nacionalizado, durante más de 20 años, así:
i) Del 13 de enero de 1979 al 30 de mayo de 1980, con ocasión del nombramiento
ordenado por el Decreto 003 del 12 de enero de 1979, proferido por el alcalde de
Piendamó (departamento del Cauca).
ii) De enero de 1981 a diciembre de 1985, a través de contratos de prestación de
servicios celebrados con el municipio de Silvia (departamento del Cauca).
iii) Del 3 de septiembre de 1996 hasta el 23 de abril de 2018, en razón del
nombramiento efectuado a través del Decreto 074 del 3 de septiembre de 1996,
dictado por el alcalde del municipio de Silvia (departamento del Cauca).
6. La UGPP, en las resoluciones demandadas, negó el reconocimiento de la
pensión gracia, con fundamento en que el tiempo servido por la docente de 1981 a
1985 no podía ser tenido en cuenta, dado que no existió un acto administrativo de
nombramiento, sino contratos de prestación de servicios.
2.3. Normas violadas y concepto de violación
7. La actora citó como normas violadas las siguientes: artículo 137 del CPACA; el
preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; el artículo 6 de la
Ley 116 de 1928; el artículo 3 de la Ley 37 de 1933; los artículos 1 y 3 del Decreto
2285 de 1955; la Ley 43 de 1975 y su decreto reglamentario 223 de 1977; el artículo
17 de la Ley 6 de 1945; el artículo 1, inciso 2 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 15,
numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989.
3 Folios 2 a 43.
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8. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos
administrativos demandados incurrieron en la causal de nulidad por violación de las
normas superiores, en tanto, reunió todos los requisitos legales para el reconocimiento
pensional. Agregó que los actos están viciados por falsa motivación, ya que
desconocieron los tiempos de servicios laborados entre 1981 a 1985. Por estas
razones, la maestra consideró que debían anularse las resoluciones expedidas por la
UGPP, para en su lugar, ordenar el reconocimiento de la pensión gracia.
2.4. Contestación de la demanda
9. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con las siguientes
consideraciones:
10. La demandante no acreditó los 20 años de servicios exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los tiempos laborados de 1981 a
1985, a través de contratos de prestación de servicios, no podían sumarse para el
reconocimiento pensional. Por tanto, a la docente no le asiste el derecho a reclamar
la pensión gracia, puesto que es improcedente el cómputo de tiempos que no fueron
laborados en virtud de una vinculación legal y reglamentaria.
11. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada, cobro de
lo no debido, prescripción y buena fe4.
2.5. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 2 de noviembre de
2023, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Por tanto, declaró la
nulidad de las resoluciones acusadas y a título de restablecimiento del derecho ordenó
el reconocimiento de la pensión gracia «a partir del 15 de mayo de 2010, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y de todos los factores
salariales devengados por la actora durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional (es decir, del 15 de mayo de 2009 a los mismos día y mes de 2010), y el
pago de las mesadas pensionales causadas a partir del 20 de noviembre de 2016 [por
prescripción]»5. No condenó en costas a la entidad demandada.
13. Como sustento de la decisión, el tribunal resaltó que la demandante se vinculó
como docente en el municipio de Piendamó (Cauca), a través del Decreto 003 de
1979, para desempeñar labores del 12 de enero de 1979 al 30 de mayo de 1980, por
un total de 1 año, 4 meses y 18 días. Igualmente, que desde enero de 1981 hasta
diciembre de 1985 celebró contratos de prestación de servicios con el municipio de
Silvia (Cauca), para un total de 4 años y 11 meses.
14. El tribunal consideró en cuanto a estos períodos laborados antes del 31 de
diciembre de 1980, y entre 1981 y 1985, que eran válidos para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, en tanto, fueron servidos a nivel territorial sin ser
relevante la forma de vinculación.
4 Folios 132 a 140.
5 Folios 169 a 177.
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15. Asimismo, se acreditó que la señora Librada Otero Otero se vinculó, a partir de
septiembre de 1996, como docente municipal, mediante nombramiento efectuado por
el alcalde del municipio de Silvia (Cauca), para ejercer funciones en instituciones
educativas oficiales, vínculo que se mantuvo hasta abril de 2018. De este modo,
completó 27 años de servicio, conforme a las pruebas allegadas al expediente.
16. Bajo estos términos, el tribunal concluyó que la demandante cumplió con los
requisitos para acceder a la pensión gracia, toda vez que alcanzó los 20 años de
servicio con vinculación territorial o nacionalizada el 15 de mayo de 2010. Para esa
fecha, ya había cumplido 50 años de edad, dado que nació el 30 de julio de 1955.
Además, se vinculó al servicio público con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
desempeñó sus funciones con honradez y dedicación, y presentó buena conducta,
condiciones exigidas para el reconocimiento de dicha prestación.
17. Por otra parte, declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 20
de noviembre de 2016, porque la señora Librada Otero Otero adquirió el estatus de
pensionada el 15 de mayo de 2010 y presentó reclamaciones en sede administrativa
el 19 de agosto de 2016 y el 24 de julio de 2018. De las cuales, solo la primera podía
interrumpir la prescripción, teniendo presente que demandó hasta el 20 de noviembre
de 2019.
2.6. Recurso de apelación
18. La UGPP apeló la sentencia de primera instancia, para que se revoque y en su
lugar se nieguen las pretensiones, bajo los siguientes argumentos:
19. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
porque pretende la sumatoria de tiempos laborados, a través de contratos de
prestación de servicios en 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985, lo cual desconoce el
artículo 105 de la Ley 115 de 1994. La entidad hizo énfasis en que la vinculación al
servicio educativo no provino de un acto administrativo, sino mediante órdenes de
trabajo. A ello se suma que los certificados aportados no ofrecen certeza suficiente
para establecer con claridad los periodos laborados.
20. Adicionalmente, indicó que la actora no acreditó el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en la ley para acceder al reconocimiento de la pensión gracia,
dado que solo procede para los docentes de primaria y secundaria vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980 con carácter distrital, municipal, departamental o
nacionalizado, esto es, con exclusión de los docentes que recibieran retribución por
parte de la nación o su nombramiento proviniera directamente del Gobierno nacional6.
2.7. Trámite procesal en segunda instancia
21. Mediante auto del 26 de agosto de 2024 el despacho ponente admitió el recurso
de apelación, y dispuso que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, el expediente ingresaría para fallo salvo que las partes solicitaran
pruebas de acuerdo con el artículo 212 del CPACA. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta oportunidad procesal7.
6 Folios 185 a 187.
7 Samai, índice 4.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, y teniendo
en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en
el recurso, corresponde a la Sala definir si:
• ¿En el proceso se acreditó la vinculación docente antes del 31 de diciembre de
1980, en una plaza docente distrital, municipal, departamental o nacionalizada
para que la accionante sea beneficiaria de la pensión gracia?
• ¿La actora tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pese a que
para los tiempos laborados de 1981 a 1985 no existió un acto administrativo de
nombramiento, sino contratos de prestación de servicios?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
24. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
19138, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
25. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según
el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
26. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
8
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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27. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación.
28. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
29. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…)
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin
la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
30. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980;
haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.
31. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60,
inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados15, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que
prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y
(ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar (…).
32. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
33. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Edad
34. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere en
primer lugar haber cumplido 50 años. En el caso concreto, la señora Librada Otero
Otero nació el 30 de julio de 195516, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años el
30 de julio de 2005.
• Tiempo de servicios
35. El alcalde de Piendamó (Cauca) nombró a la señora Librada Otero Otero,
mediante el Decreto 003 del 12 de enero 1979, como maestra municipal. Asimismo,
obra en el proceso el acta de posesión 005, con efectos fiscales desde el 16 de enero
de 197917.
36. Ahora bien, la Secretaría Administrativa y Financiera del municipio de Silvia
16 Folio 44.
17 Folios 93 a 95.
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Demandante: Librada Otero Otero
Demandado: UGPP
(Cauca) certificó18 que la demandante «prestó sus servicios como docente municipal
mediante contratos de prestación de servicios» desde 1981 a 1985, a través de los
contratos 006/8119, 029/8220, 029/8321, 007/8422 y 009/8523. Así se extrae del
contenido de este documento:
Que revisados los archivos y libros de asignaciones civiles que reposan en el Archivo
Central de la Administración Municipal, la señora LIBRADA OTERO OTERO, identificada
con cédula No. 34,750,007 de Silvia, prestó sus servicios como docente municipal
mediante contratos en las fechas que se relacionan a continuación:
PRIMER NOMBRE: LIBRADA SEGUNDO NOMBRE:
PRIMER APELLIDO: OTERO SEGUNDO APELLIDO: OTERO
FECHA EXPEDICIÓN: 15 DE JUNIO DE 2018
CARGO: DOCENTE LUGAR DE LABOR: Centro Docente Alto del Calvario
PERIODO AÑO ACTO ADMINISTRATIVO VALOR CANCELADO
LABORADO MES
MUNICIPIO
DE SILVIA
Enero-Junio 1981 Contrato No. 006/81 4.600
Agosto- 1981 Contrato No. 006/81 4.600
Diciembre
Enero- 1982 Contrato No. 029/82 5.600
Diciembre
Enero- 1983 Contrato No. 029/83 7.000
Diciembre
Enero- 1984 Contrato No. 007/84 8.400
Diciembre
Enero- 1985 Contrato No. 009/85 10.500
Diciembre
[…]24.
37. A través del Decreto 074 del 3 de septiembre de 1996, el alcalde de Silvia (Cauca)
nombró a la accionante en el cargo de docente, clase I, código 2030, grado 2, en el
Centro Rural Mixto La Estrella25. La actora se posesionó en el empleo, como consta
en el acta del 3 de septiembre de 199626.
38. Mediante el Decreto 495 de 2007, el gobernador del departamento del Cauca
incorporó al personal docente de los municipios no certificados, entre ellos, la señora
18 Folio 105. Los contratos obran a folios 106 a 115.
19 Enero a junio y agosto a diciembre de 1981.
20 Enero a diciembre de 1982.
21 Enero a diciembre de 1983.
22 Enero a diciembre de 1984.
23 Enero a diciembre de 1985.
24 Folio 105. Transcrito textualmente con errores. Destacado fuera del texto.
25 Folios 96 a 97.
26 Folios 99 a 103.
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Demandante: Librada Otero Otero
Demandado: UGPP
Librada Otero Otero27.
39. Igualmente, fue aportado el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, el cual
indicó que la docente fue nombrada mediante el Decreto 003 del 12 de enero de 1979,
y laboró desde el 13 de enero de 1979 hasta el 30 de mayo de 1980, para un total de
1 año, 4 meses y 18 días28. Así como, el formato de la misma Secretaría de Educación,
certificó que la accionante fue nombrada a través del Decreto 074 del 3 de septiembre
de 1996, y prestó sus servicios desde el 3 de septiembre de 1996, encontrándose
activa para el 23 de abril de 2018 (fecha de expedición del formato), para un tiempo
total de 21 años, 7 meses y 21 días29. Este formato incluyó una observación sobre
que la vinculación fue municipal con recursos propios.
3.5. Caso concreto
40. La accionante pide la nulidad de los actos administrativos, expedidos por la
UGPP, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia. Como fundamento de la
demanda indicó que sí cumple la edad y el tiempo de servicio, de modo que la entidad
no debió desestimar los tiempos laborados mediante contratos de prestación de
servicios.
41. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió al reconocimiento de la
pensión gracia, con fundamento en que la actora se vinculó antes de 1980 como
maestra municipal, y acreditó 20 años de servicios como docente territorial, para lo
cual incluyó 4 años y 11 meses, como profesora municipal mediante contratos de
prestación de servicios laborados de 1981 a 1985.
42. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación al alegar
que no se acreditó la vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980, y que
el artículo 105 de la Ley 115 de 1994 solamente prevé la vinculación a la docencia
oficial, mediante acto administrativo de nombramiento, por tanto, se deben desestimar
los tiempos laborados por contrato de prestación de servicios. También censuró que
los certificados no ofrecen certeza sobre los tiempos laborados y que los docentes
nacionales no tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
• Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
43. Respecto del periodo del 13 de enero de 1979 al 30 de mayo de 1980, está
acreditado en el expediente que la actora se vinculó como docente en propiedad a
través del Decreto 003 del 12 de enero de 197930 en la sede principal Simón Bolívar
de Piendamó (Cauca), dictado por el alcalde, que incluyó a la demandante en la nómina
de maestros municipales. Igualmente, de acuerdo con el acta 00531, la accionante tomó
posesión en este cargo, el 13 de enero de 1979, para laborar como maestra en la
escuela Simón Bolívar de la vereda Loma Corta.
27 Folio 102.
28 Folios 91 a 92.
29 Folios 89 a 90.
30 C. Principal, folios 93 y 94.
31 C. Principal, folio 95.
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44. Nótese que el contenido de este acto administrativo coincide con la información
consignada en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca del 23 de abril de 201832,
el cual indicó que la demandante se vinculó como docente a través del Decreto 003 del
12 de enero de 1979, dictado por el alcalde municipal de Piendamó33.
45. Por tanto, la señora Librada Otero Otero ejerció como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, y la naturaleza de la plaza fue territorial. En consecuencia, la
maestra laboró 1 año, 4 meses y 18 días, y esta vinculación es válida para el
reconocimiento de la pensión gracia.
• Tiempos laborados a través de contrato de prestación de servicios
46. En lo atinente al tiempo de servicios de 1981 hasta 1985 por 4 años y 11
meses, la UGPP alega que no puede ser computado al haberse ejercido bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, comoquiera que el artículo 105 de
la Ley 115 de 1994 exige que la vinculación sea a través de una relación legal y
reglamentaria.
47. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
unificación, ha adoptado una postura pacífica en la materia, al considerar que los
tiempos laborados por contratos de prestación de servicios deben ser computados
para el reconocimiento de la pensión gracia en aras de privilegiar los derechos de los
trabajadores, por las siguientes razones:
[…] en el sub lite se computarán los tiempos laborados por la actora en virtud de
contratos de prestación de servicios, celebrados con el alcalde del municipio de
Sogamoso y que se pagaron con recursos propios de dicho ente territorial, en
razón a que la normativa especial no excluyó tal modalidad contractual para el
acceso a dicho beneficio laboral; por el contrario, lo relevante es que el
interesado demuestre haber trabajado en el magisterio oficial como maestro
territorial o nacionalizado, así como tener una experiencia docente anterior al 31
de diciembre de 1980. […]
Igualmente, esta decisión se adopta en razón a las particularidades del caso
concreto, esto es, por el ejercicio de la función docente, la cual de manera
reiterada se ha considerado que por su naturaleza implica subordinación,
prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de formación
y experiencia que denotan la existencia de un verdadero vínculo laboral entre la
administración y los educadores, quienes deben someterse a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, a los contenidos
curriculares y al calendario escolar. […]34.
48. En igual sentido, la Subsección35 ha considerado que los tiempos laborados bajo
la modalidad de prestación de servicios son válidos para acceder a la pensión gracia,
por cuanto las funciones desempeñadas por los docentes contratistas son similares en
formación y experiencia a las de un docente de planta vinculado a través de un régimen
legal y reglamentario, de ahí que lo determinante es la demostración de los 20 años de
32 Folios 89 a 92.
33 Folio 92.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de
jurisprudencia del 11 de agosto de 2022, exp. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de marzo de 2019, exp. 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14).
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servicios de naturaleza departamental, municipal o distrital, debido a la prevalencia del
principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades.
49. Ahora bien, decantado lo anterior, se tiene que en el expediente constan los
contratos de prestación de servicios 006, 029, 017, 007 y 009 mediante los cuales la
demandante laboró como docente de 1981 a 1985.
50. La información sobre los tiempos laborados mediante contratos de prestación
de servicios, se corrobora con la certificación expedida el 15 de junio de 201836, por el
secretario administrativo y financiero del municipio de Silvia (Cauca), según la cual la
señora Librada Otero Otero prestó sus servicios como docente municipal en el Centro
Alto del Calvario a través de varios contratos celebrados de 1981 a 1985.
51. En este orden de ideas, aunque la UGPP afirmó, en el recurso de apelación, que
los certificados aportados al proceso no generaban certeza alguna para el cálculo de
los tiempos, a juicio de la Sala esta manifestación no corresponde con lo acreditado en
el proceso. Lo anterior, porque como quedó visto los contratos antes aludidos y el
certificado del 15 de junio de 2018 dan cuenta de los periodos laborados por la
demandante como docente.
52. En conclusión, el tiempo de 4 años y 11 meses trabajados mediante contratos
de prestación de servicios sí pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de
la pensión gracia, acorde con la línea jurisprudencial pacífica del Consejo de Estado.
• De los tiempos de servicios de 1996 a 2018
53. Por otra parte, en lo atinente a los períodos laborados de 1996 a 2018, la
Subsección destaca que obra en el proceso, el citado Decreto 074 del 3 de septiembre
de 199637, en el cual el alcalde municipal de Silvia (Cauca) nombró a la demandante
en el cargo de docente municipal, clase 1, código 2030, grado 2, en el centro rural mixto
La Estrella, C. Usenda. En este cargo la demandante se posesionó el 3 de septiembre
de 199638.
54. La información sobre el nombramiento se constata con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, expedido por la Secretaría de Educación
del departamento del Cauca, el 23 de abril de 2018. Según este documento, la
demandante fue vinculada desde el 3 de septiembre de 1996 como docente de primaria
con un nombramiento en propiedad en La Estrella, con una «vinculación
municipal/recursos propios con régimen de anualidad»39. El formato indicó que la
actora ingresó al servicio docente a través del Decreto 074 del 3 de septiembre de
1996, y que fue incorporada a la planta departamental por medio del Decreto 0495 del
1 de junio de 2007 en el plantel educativo La Estrella. Igualmente, certificó que el
tiempo total de servicios fue de 21 años, 7 meses y 21 días.
55. Además obra en el proceso, el Decreto 0495 del 1 de junio de 200740, dictado
por el gobernador del departamento del Cauca, en el cual incorporó a la demandante
36 Folio 105.
37 Folios 96 y 97
38
Folio 98.
39 Folios 89 a 92.
40 Folios 99 a 103.
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a la planta global de cargos adoptada por el departamento, financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones del sector educativo.
56. Así las cosas, la demandante se posesionó en este cargo de docente en el cual
fue incorporada en propiedad el 25 de junio de 200741, según el acta firmada por el
director del núcleo educativo del municipio de Silvia.
57. De acuerdo con lo expuesto, está acreditado que la actora tuvo una vinculación
territorial desde 1996 y estaba activa para el 23 de abril de 2018, según se infiere de
los formatos de la Secretaría de Educación, junto con el Decreto 074 del 3 de
septiembre de 1996, y el Decreto 0495 que incorporó a la demandante a la planta global
de cargos del departamento del Cauca.
58. De este modo, la Sala concluye que la demandante estaba vinculada en una
plaza docente territorial, porque incluso el Ministerio de Educación, en respuesta del
15 de noviembre de 2018, le informó a la señora Librada Otero Otero que no se
encontró registro a su nombre que indicara que laboró en dicha entidad nacional42.
59. En estos términos, se establece que los certificados expedidos por las
autoridades competentes gozan de pleno valor probatorio al encontrar respaldo en los
actos administrativos de nombramiento y en los contratos suscritos con el municipio de
Silvia (Cauca), de los cuales se puede constatar que las plazas que ocupó la señora
Librada Otero Otero fueron territoriales.
60. Por consiguiente, se confirmará el fallo del tribunal que accedió al
reconocimiento de la pensión gracia, en tanto, la actora acreditó que laboró más 2043
años de servicios como docente en una plaza territorial, encontrándose vinculada antes
del 31 de diciembre de 1980.
3.6. Conclusión
61. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la señora Librada Otero Otero
cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, porque demostró
haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 y en una plaza territorial durante
más de 20 años. En este orden, será confirmada la sentencia apelada que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados, y ordenó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia.
3.7. Costas
62. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 44 de la
41 C. Principal, folio 104.
42 Folio 61.
43 En efecto, prestó sus servicios antes del 13 de enero de 1979 al 30 de mayo de 1980 por 1 año, 4 meses y 18
días; por contratos de prestación de servicios 1981 hasta 1985 por 4 años y 11 meses; y desde el 3 de septiembre
de 1996 hasta el 23 de abril de 2018, por 21 años, 7 meses, 21 días.
44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
el 2 de noviembre de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer como apoderado de la UGPP, a Edgar José Polanco, identificado
con cédula de ciudadanía número 16.918.747 de Cali y portador de la tarjeta
profesional número 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del
poder que obra a índice 9 de Samai.
Cuarto. Reconocer como apoderado sustituto de la UGPP a Carlos Alberto Chamat
Duque, identificado con cédula de ciudadanía 9.729.693 de Armenia y portador de la
tarjeta profesional número 182.519 del Consejo Superior de la Judicatura, en los
términos del memorial de sustitución que obra a índice 9 de Samai.
Quinto. Aceptar la renuncia al poder presentada por Edgar José Polanco Pereira en
los términos de los memoriales que obran a índices 12 y 14 de Samai, al reunir los
requisitos dispuestos por el artículo 76 del CGP.
Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandado: UGPP
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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