Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02926-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02926-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02926-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2017 02926 01 (1903-2020)
Demandante: Olga Castro Blanco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente de carácter territorial.
Vinculación temporal. Cómputo pensional a periodos servidos por
docentes oficiales mediante órdenes de trabajo. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada porque la demandante acreditó
vinculación docente de carácter territorial antes del 31 de diciembre
de 1980 y en la misma calidad durante 20 años. Se modifica fecha
de adquisición de estatus pensional.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 11 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La accionante interpuso el medio de control de la referencia solicitando que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 042542 del 10 de noviembre de 2016, RDP
001472 del 19 de enero de 2017 y RDP 006023 del 20 de febrero de 2017, a través de
las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la accionada a
concederle el pago de la aludida prestación periódica a partir del 18 de julio de 2009, en
cuantía equivalente al 75 % del salario y la totalidad de los factores salariales que
devengó durante el último año de servicio, junto con los ajustes de valor correspondientes
según lo autoriza el artículo 187 del CPACA, así como con los intereses moratorios de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. De igual modo, solicitó que se le dé
1
Folios 27 al 41.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Olga Castro Blanco
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y
que se condene en costas a la accionada.
3. Como sustento de sus pretensiones, expuso que nació el 10 de mayo de 1952, por
lo que cumplió 50 años el 10 de mayo de 2002. Asimismo, indicó que se vinculó como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que prestó sus servicios
docentes de naturaleza territorial-distrital por más de 20 años para el distrito capital de
Bogotá satisfaciendo así los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
4. Por lo anterior, el 23 de febrero de 2016 elevó solicitud ante la entidad demandada
con el fin de que se le reconociera la pluricitada pensión gracia; empero, esta se la negó
a través de los actos administrativos acusados.
Contestación de la demanda
5. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y condenas
deprecadas por la parte actora. Al respecto, tras realizar un recuento de las normas que
regulan la pensión gracia, precisó que esta no tiene derecho a su reconocimiento y pago
por cuanto al 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada a la docencia oficial,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 numeral 2 de la Ley 91 de 1989.
6. Además, sostuvo que los tiempos certificados mediante órdenes de trabajo no
pueden contabilizarse en tanto corresponden a la contratación por prestación de
servicios, la cual no puede asimilarse a una vinculación de carácter nacional, territorial,
distrital, municipal o departamental.
7. Afirmó que, aunque en las actas de nombramiento y posesión se hace referencia
a tiempos de servicio territorial prestados con anterioridad a 1993, no hay lugar a
computarlos por resultar insuficientes, dado que —reiteró— no se acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
8. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «inexistencia de las
obligaciones y cobro de lo no debido», «buena fe», «prescripción», «legalidad de los
actos demandados», «improcedencia de intereses moratorios o indexación» e
«improcedencia de imposición de costas procesales».
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 11 de octubre de
20192, mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y
condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a la actora una pensión gracia
desde el 17 de julio de 2009, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo
devengado entre el 17 de julio de 2008 y el 16 de julio de 2009, incluyendo la asignación
básica y una doceava parte de las primas especial, de vacaciones y de navidad. No
obstante, declaró la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al 23
de febrero de 2013.
2 Folios 213 al 221.
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Demandante: Olga Castro Blanco
10. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial aplicable a la pensión
gracia —en especial la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 emitida por esta
Corporación—, concluyó que la actora satisfizo todos los requisitos legales para acceder
a la referida prestación en cuanto cumplió 50 años de edad el 10 de mayo de 2002, laboró
con honradez y buena conducta, se vinculó como docente territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y prestó sus servicios por más 20 años.
11. En relación con el requisito del tiempo de servicios, explicó que podían
contabilizarse para efectos del reconocimiento de la prestación los lapsos en que la
accionante se desempeñó como docente interina y temporal.
12. En cuanto al fenómeno de la prescripción, indicó que el derecho pensional de la
demandante surgió el 17 de junio de 2009. En consecuencia, dado que la solicitud de
reconocimiento pensional se presentó el 23 de febrero de 2016, declaró la prescripción
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2013, conforme
a lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969.
13. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada por haber resultado
vencida en el litigio, de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código
General del Proceso. Igualmente, fijó las agencias en derecho en quinientos mil pesos
($500.000), de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
Recurso de apelación
14. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones deprecadas, bajo el argumento de que la actora no cumple
los requisitos legales para que se le reconozca la pensión gracia.
15. Insistió en que no se acreditó una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980
dado que los tiempos laborados en virtud de órdenes de trabajo deben desestimarse, al
corresponder a contratos de prestación de servicios que no constituyen vinculaciones de
carácter nacional, territorial, distrital, municipal o departamental.
16. Igualmente, señaló que de las pruebas obrantes en el proceso se desprende que
la accionante tampoco satisface el requisito de haber laborado como docente durante 20
años en condición territorial o nacionalizada, pues en el certificado de información laboral
del 24 de diciembre de 2013 la Secretaría de Educación de Bogotá informó que prestó
sus servicios como docente entre el 12 de abril de 1994 y el 24 de diciembre de 2013
bajo una vinculación de carácter nacional, tiempos que no pueden ser contabilizados para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
17. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal toda
vez que no se acreditaron actuaciones dilatorias ni de mala fe, de conformidad con lo
previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
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Demandante: Olga Castro Blanco
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 3 de diciembre de 20203, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. Luego, por auto del 8 de abril de 2021 4, se corrió
traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran por escrito sus
alegatos de conclusión. Del mismo modo, se ordenó poner a disposición del Ministerio
Público el expediente para que emitiera el concepto correspondiente.
19. En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada5 reiteró que la actora no
acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia, pues no allegó actos de
nombramiento y posesión anteriores al 31 de diciembre de 1980, siendo que los tiempos
aportados de 1979 y 1980 correspondieron a órdenes de prestación de servicios sin
carácter legal y reglamentario y los periodos territoriales certificados solo aparecen a
partir de 1993, resultando insuficientes.
20. Rechazó la valoración del Tribunal que reconoció tiempos interinos por
emergencia educativa en Bogotá señalando que la ley exige nombramiento en planta y
recordó que la pensión gracia está reservada a quienes acrediten 20 años de servicios
territoriales previos a 1980, buena conducta y ausencia de otra pensión nacional. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones,
pidiendo además no imponer condena en costas al no haberse demostrado su causación.
21. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problemas jurídicos
23. Con base a los argumentos del recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si los servicios prestados por la demandante mediante órdenes de trabajo o
contratos de prestación de servicios pueden ser considerados como tiempo válido de
vinculación en calidad de docente territorial, nacionalizado, departamental o municipal; o
si, por el contrario, no cumplen con el requisito legal de la vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980 para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
24. De igual forma, se debe establecer si la accionante acredita el requisito de haber
laborado durante 20 años como docente territorial o nacionalizado y si la condena en
3
Folio 244.
4
Folio 246.
5 Índice 11 de SAMAI.
4
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costas impuesta a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a la ley.
Análisis de los problemas jurídicos
25. La Sala confirmará la sentencia impugnada, con fundamento en las
consideraciones que se expondrán a continuación.
26. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente nacionalizado o territorial
(municipal o departamental) por un periodo no inferior a veinte (20) años; ii) haber
cumplido cincuenta (50) años de edad; iii) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y iv) no haber recibido ni estar recibiendo otra pensión
o recompensa de carácter nacional.
27. En el presente caso no se discute que la demandante cumplió 50 años de edad el
10 de mayo de 20026 y que se desempeñó con idoneidad y buena conducta en el ejercicio
de la docencia. La controversia se centra en determinar si acreditó una vinculación como
docente territorial y/o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y si completó 20
años de servicios en tal calidad, continuos o discontinuos.
1. Sobre el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
28. En el expediente se observan copias de las Órdenes de Trabajo 5115 del 21 de
noviembre de 19797, 5222 del 22 de febrero de 19808, 5571 del 6 de mayo de 19809, y
5791 del 22 de julio de 198010, suscritas por el director operativo de la Secretaría de
Educación de Bogotá.
29. También se observa copia del Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 23 de julio de 201511, a través del cual la Secretaría de Educación de
Bogotá dio constancia de que la demandante prestó sus servicios como docente interina,
de tipo territorial, entre otros, en los siguientes tiempos e instituciones: i) del 21 al 30 de
noviembre de 1979, en la I. E., Florida Blanca (en virtud de la orden de trabajo 5115 del
21 de noviembre de 1979); ii) del 22 de febrero al 17 de marzo de 1980 (con ocasión a la
orden de trabajo 5222 del 22 de febrero de 1980), en la I. E. General Francisco de Paula
Santander; iii) del 7 al 9 de mayo de 1980 (en atención a la orden de trabajo 5571 del 6
de mayo de 1971), en la I. E., La Reliquia; y iv) del 23 de julio al 18 de agosto de 1980
(derivado de la orden de trabajo 5791 del 22 de julio de 1980), en la I. E. Garcés Navas
núm. 1.
30. La entidad apelante insiste en que los anteriores interregnos no se pueden tener
en cuenta para la pensión gracia toda vez que, al ser labores ejercidas en virtud de
6 Cfr. Cédula de ciudadanía (folio 3), en la que se prueba que la actora nació el 10 de mayo de 1952.
7
Folio 136.
8 Folio 137.
9
Folio 138.
10
Folio 139.
11 Folio 4
5
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órdenes de trabajo, estas no se asimilan a vinculaciones territoriales o nacionalizadas,
sino a contratos de prestación de servicios, por lo que no pueden computarse para
efectos de la pensión gracia.
31. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana en señalar que
los tiempos ejercidos en dicha modalidad pueden tenerse en cuenta para acceder a la
aludida prestación. Al respecto, se ha indicado lo siguiente12:
Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que
cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el
vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y
las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado»13.
[…]
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera
relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario
y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el
accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea
contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de
su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.14
32. En consecuencia, en el presente asunto se computarán los tiempos laborados por
la demandante en virtud de las órdenes de trabajo suscritas por el director operativo de
la Secretaría de Educación de Bogotá.
33. En punto a la naturaleza de la vinculación, se reitera que los contratos fueron
suscritos por el director operativo de la Secretaría de Educación, quien obraba en
condición de nominador y sin que existiera una orden, autorización o aprobación previa
por parte del Ministerio de Educación para realizar dicha contratación; de manera que
esta Colegiatura estima que se trató de un vínculo territorial (distrital); sumado a que no
existe en el plenario prueba alguna que permita inferir que se trataba de una docente del
orden nacional.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de
marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018, radicado: 17001-23-33-
000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-17); c.
del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-17)
13 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14
En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-23-
33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-
000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6
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Demandante: Olga Castro Blanco
34. Por lo tanto, tal como lo estimó el Tribunal en la sentencia de primera instancia, la
Sala computará los tiempos laborados indicados en el párrafo 28 de esta providencia, los
cuales suma un total de 66 días, cumpliendo así el requisito de haber laborado como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980.
2. Sobre el requisito de los 20 años de servicios prestados como docente territorial
o nacionalizado
35. Adicional a los interregnos analizados en precedencia, al expediente se aportaron
copias de las Resoluciones 0223 del 13 de febrero de 198915, 0213 del 31 de enero de
199016, 748 del 10 de marzo de 199217, todas proferidas por el entonces alcalde mayor
de Santa Fe de Bogotá, quien en ejercicio de sus facultades legales y atendiendo a la
declaratoria de emergencia educativa declarada mediante el Acuerdo 09 de 1987 del
Concejo Distrital, vinculó temporalmente a la demandante como docente de jornada
completa para los años lectivos 1989, 1990 y 1992, precisando que los gastos que se
ocasionen por virtud de dichos actos administrativos se harán con cargo a la Secretaría
de Hacienda del distrito capital.
36. De igual modo, se allegó copia de la comunicación del 18 de enero de 1991 18, a
través de la cual el jefe de la División de Personal le informó a la demandante que fue
vinculada como docente temporal para el año lectivo de 1991.
37. Respecto a los interregnos previamente analizados, la entidad insiste en que no
pueden tenerse en cuenta ya que en el oficio del 9 de noviembre de 2018, el profesional
especializado de certificaciones laborales de la Alcaldía Mayor de Bogotá indicó que «de
acuerdo con análisis jurídicos efectuados para las interinidad y temporalidades que son labores ocasionales
o transitorios, no les es aplicable tipo de vinculación “nacional, nacionalizado, y territorial”, vinculaciones
en las cuales se exige en cada una de ellas el requisito de ser vinculados por nombramiento, entendiéndose
como tal la vinculación en propiedad. Por lo tanto, no se es posible certificar “tipo de vinculación”, en el
periodo laborado durante los años como docente interino, 1979 hasta 1980 y por los años 1989 hasta 1992
como docente temporal» (sic para toda la cita).
38. No obstante, al analizar los actos administrativos de nombramiento, se observa
que estos fueron suscritos directamente por el alcalde mayor de Bogotá, sin intervención
del Ministerio de Educación Nacional, lo que permite a esta Sala determinar que se
trataron de vínculos de naturaleza territorial. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, según el cual es personal territorial aquel
«vinculado por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
39. Además, esta Corporación, en casos análogos al presente, ha establecido que la
vinculación docente bajo la figura de la temporalidad o interinidad corresponde a un
mecanismo por medio del cual el ente territorial vincula personal ante la imposibilidad de
suplir los empleos de carrera, con el fin de garantizar la prestación de servicios
15 Folios 141 al 143.
16
Folios 145 al 147.
17
Folios 151 al 153.
18 Folio 148.
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Demandante: Olga Castro Blanco
educativos19. Además, la jurisprudencia ha establecido que los tiempos que se ejerzan
en dicha modalidad son computables para efectos de la pensión gracia, tal como lo
consideró esta Subsección mediante la sentencia del 9 de mayo de 202420, a saber:
Respecto de la vinculación de la demandante como docente en temporalidad, es menester
aclarar que la Ley 114 de 1913, creó la pensión gracia de jubilación como una recompensa
a favor de quienes ejercen la actividad docente en el nivel territorial o nacionalizado durante
20 años de servicio, entre otros requisitos; razón por la cual, y conforme lo ha dispuesto la
jurisprudencia de esta Corporación, no exista justificación alguno para excluir los tiempos
servidos como docentes en temporalidad, pues, como se ha dejado sentado, ello no
corresponde a una de las exigencias de la ley en cita, como tampoco de la jurisprudencia
sobre la materia, por lo que, para efectos del reconocimiento pensional, no tiene relevancia
si la modalidad de vinculación fue temporal o no, en la medida, se insiste, que sea con
carácter territorial o nacionalizado.
40. Por consiguiente, en el caso sub judice se tendrán en cuenta los periodos que la
accionante ejerció como docente temporal, los cuales servirán para completar los 20 años
de servicios requeridos para acceder a la pensión gracia deprecada, aclarando que se
tendrán como de naturaleza territorial. Estos periodos se discriminarán o totalizarán en
los párrafos siguientes.
41. Entre tanto, se allegó copia de la Resolución 202 del 1 de febrero de 1993 21,
también expedida por el entonces alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, quien en
ejercicio de sus facultades legales y atendiendo a la creación de una planta de personal
docente para el sector educativo del distrito capital, aprobado mediante el Acuerdo 08 de
1992 del Concejo Distrital, nombró —entre otros— a la accionante como docente de
tiempo completo en la zona urbana de dicha ciudad. El mencionado acto administrativo
fue suscrito por el aludido burgomaestre, el secretario de educación y el director del
Servicio Civil, sin que se advierta intervención, aprobación o delegación alguna de la del
Gobierno Nacional.
42. También se aportó copia del acta del 1º de febrero de 199322, en la que se avizora
que la demandante tomó posesión del cargo de docente para el cual fue nombrada a
través de la precitada Resolución 202 de esa misma fecha, la cual se llevó a cabo ante
el jefe de división de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá.
43. Sobre este período, vale decir que no está en controversia su naturaleza territorial,
pues, en efecto, dicha vinculación se realizó directamente por el alcalde mayor de Bogotá,
sin la intervención del Ministerio de Educación Nacional, acompasándose a lo previsto en
el precitado artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 (ver párrafo 36).
44. Por último, obra el ya referenciado Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 23 de julio de 201523 (párrafo 28, ut supra), en el cual
19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida bajo el
radicado 25000 23 42 000 2018 02196 01 (0911-2021); y sentencia del 16 de marzo de 2017, emitida bajo el radicado
81001 23 33 000 2013 00285 01 (2806-2015).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida bajo el radicado
25000 23 42 000 2013 01295 01 (2672-2017), con ponencia del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves.
21
Folios 8 al 11.
22
Folio 154.
23 Folio 4
8
Radicación: 25000 23 42 000 2017 02926 01 (1903-2020)
Demandante: Olga Castro Blanco
la Secretaría de Educación de Bogotá indicó que la actora prestó sus servicios como
docente en la IED Nidia Quintero de Turbay entre el 22 de febrero y el 30 de noviembre
de 1989, entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 1990, entre el 21 de enero y el 29
de noviembre de 1991, entre el 20 de enero y el 30 de noviembre de 1992, todas las
anteriores con vinculaciones temporales; y entre el 8 de febrero de 1993 y el 23 de julio
de 2015 (fecha en la que se expidió el referido certificado), como docente en propiedad.
45. De acuerdo con las pruebas que anteceden, queda demostrado que la accionante
prestó sus servicios como docente territorial por un lapso de 26 años y 2 días, como se
discrimina en la siguiente gráfica:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 21/11/1979 30/11/1979 10 0 0
Territorial 25/02/1980 17/03/1980 23 0 0
Territorial 07/05/1980 09/05/1980 3 0 0
Territorial 23/07/1980 18/08/1980 26 0 0
Territorial 22/02/1989 30/11/1989 9 9 0
Territorial 16/01/1990 30/11/1990 15 10 0
Territorial 21/01/1991 29/11/1991 9 10 0
Territorial 20/01/1992 30/11/1992 11 10 0
Territorial 08/02/1993 23/07/2015 16 5 22
TOTAL 2 0 26
46. Finalmente, cabe destacar que la fecha considerada por el a quo para la
adquisición del estatus pensional fue el 17 de julio de 2009, cuando el actor cumplió los
20 años de servicio. Sin embargo, al efectuar el cómputo del tiempo requerido, la Sala
verifica que el derecho se consolidó realmente el 21 de julio de 2009. De este modo, la
Sala modificará la fecha de adquisición del estatus pensional por el 21 de julio de 2009,
considerando que no perjudicará a la apelante única ya que resultaría en un menor
número de días de retroactivo a pagar.
47. Esta variación conlleva la necesidad de ajustar los elementos temporales que
sustentaron la decisión del Tribunal al declarar no probada la prescripción trienal. Sin
embargo, se confirmará dicha disposición, dado que entre la causación del estatus
pensional el 21 de julio de 2009 y la solicitud de reconocimiento pensional presentada el
23 de febrero de 2013, transcurrió un plazo superior a los tres años contemplados en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
3. Sobre la condena en costas en primera instancia
48. La parte actora solicitó la revocatoria de la condena en costas que el Tribunal le
impuso en primera instancia, precisando que en el asunto de la referencia no ha actuado
temerariamente ni estas estás probadas en el proceso.
49. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 02926 01 (1903-2020)
Demandante: Olga Castro Blanco
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. Con base en los argumentos expuestos y comoquiera que en la sentencia apelada
se condenó en costas a la demandada en virtud de la causal prevista en el numeral 1.°
del artículo 365 del CGP, porque sus pretensiones se negaron en su totalidad, no hay
lugar a revocar dicha decisión, en tanto que estuvo ajustada a los razonamientos
explicados en los párrafos anteriores.
4. Condena en costas en segunda instancia
53. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se niegan totalmente
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del 11 de octubre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que impetró la
señora Olga Castro Blanco contra la UGPP, en el sentido de establecer que el estatus
para acceder a la pensión gracia surgió a partir del 21 de julio de 2009.
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 02926 01 (1903-2020)
Demandante: Olga Castro Blanco
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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