Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01295-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01295 01 (2672-2017)
Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 19 de enero de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Resolución nro. 15697 del 6 de abril de 2009 “por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión gracia”
• Resolución PAP 015802 del 28 de septiembre de 2010 “por la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 15697 del 6
de abril de 2009”
• Resolución UGM 014655 del 24 de octubre de 2011 “por la cual se niega
el reconocimiento y pago de una pensión gracia”
• Resolución RDP 009802 del 1° de marzo de 2013 “por la cual se resuelve
un recurso de reposición en contra de la resolución 14655 del 24 de
octubre de 2011”
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores devengados en
el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, a partir del 2
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Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
de noviembre de 2007, y que se reajuste el valor de las sumas adeudadas,
conforme al IPC.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora María del Rosario Gutiérrez de Molina prestó sus servicios como
docente en el Departamento del Tolima desde el 15 de enero hasta el 14 de abril
de 1968 y desde el 12 de agosto de 1974 al 9 de febrero de 1975. De igual
manera, señala que se vinculó al servicio del Distrito Capital de Bogotá en los
siguientes periodos: «18 de julio al 30 de agosto de 1983; 27 de septiembre al 30
de noviembre de 1988; 16 de enero al 3 de diciembre de 1989; 22 de enero al 3
de diciembre de 1990; 21 de enero al 2 de diciembre de 1991; 21 de enero al 30
de noviembre de 1992; 8 de febrero de 1993 al 23 de agosto de 1995; 23 de
agosto de 1995 al 24 de septiembre de 1996; 25 de septiembre de 1996 al 31 de
julio de 2008 y del 1° de agosto de 2008 al 2 de diciembre de 2009».
Manifiesta que como docente suma un total de 21 años, 3 meses y 22 días de
servicio, sin perjuicio de la vinculación activa a la fecha de presentación de la
demanda. Que cumple los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, dado que acredita la edad -50 años cumplidos en el año 1998- y
el tiempo de servicio o vinculación -20 años- el 2 de noviembre de 2007-.
En virtud de lo anterior, presentó ante CAJANAL la solicitud de reconocimiento
pensional, petición que fue resuelta negativamente mediante Resolución nro.
15697 del 6 de abril de 2009. Contra el anterior acto administrativo se interpuso
recurso de reposición; sin embargo, el mismo se resolvió a través de la
Resolución PAP 015802 del 28 de septiembre de 2010, donde se confirmó la
decisión inicial.
Posteriormente, la demandante reiteró la solicitud de reconocimiento pensional,
pero la misma fue negada mediante Resolución UGM 014655 del 24 octubre de
2011, frente a la cual presentó recurso, siendo desatado negativamente por la
UGPP a través de la Resolución RDP 009802 del 1° de marzo de 2013.
Finalmente, sostiene la parte actora que las razones alegadas por la entidad
demandada para negar el reconocimiento pensional, tienen que ver con el tipo
de vinculación.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 6, 25 y 58 de
la Constitución; artículo 10 del Código Civil; artículo 5 de la Ley 57 de 1887;
artículo 4 de la Ley 4ª de 1966; artículo 5 del Decreto 1743 de 1996; el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978 Leyes 33 y 62 de 1985; artículos 1 a 5 de la Ley
114 de 1913 y Ley 37 de 1933.
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Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que la entidad demandada desconoce
los tiempos de servicios certificados por el Departamento de Tolima y el Distrito
Capital de Bogotá, en los que se evidencia claramente la vinculación por más de
20 años como docente de carácter territorial.
Alega que la pensión gracia está dentro de la excepción contenida en el inciso 2°
del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, puesto que el disfrute de la pensión hace
parte de un régimen especial.
Finalmente, resalta que es ampliamente demostrativo que la demandante cumple
con los requisitos por haber sido vinculada como docente del Departamento del
Tolima antes del 31 de diciembre de 1980 y que la cuantía de la pensión debe
liquidarse con la inclusión de todos los factores salariales devengados y
certificados el año anterior al cumplimiento del estatus pensional.
1.4. Contestación de la demanda1
La entidad CAJANAL EICE -hoy UGPP-, a través de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Indicó que la demandante no demostró el
cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedora de la
pensión gracia, en especial los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden
departamental, municipal o distrital, toda vez que los tiempos laborados fueron
con vinculación del orden nacional. Concluyendo entonces que, conforme lo
dispuesto en la Ley 114 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
es posible computar tiempos como docente del orden territorial y del orden
nacional para el reconocimiento de la pensión gracia.
Finalmente, propuso las excepciones de “cobro de lo no debido”, “caducidad de
la acción” y “genérica”.
1.5. Sentencia de primera instancia2
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”, en sentencia de 19 de enero de 2017, accedió a las pretensiones de la
demanda. En ese orden, declaró la nulidad de los actos acusados, y en
consecuencia ordenó a la UGPP, reconocer a la actora la pensión gracia “a partir
del 28 de julio de 2008, con el 75% del promedio de los factores de salario
devengados en el último año anterior a la adquisición del status de pensionado,
es decir, con base en el sueldo básico, prima especial, prima de vacaciones y
prima de navidad, percibidos entre 29 de julio de 2007 y el 28 de julio de 2008,
teniendo en cuenta que cuando se trata de factores salariales de causación anual
se toma la doceava parte”, con efectos fiscales desde el 9 de abril de 2010, por
prescripción.
1
Folios 45 a 49 del expediente físico.
2
Folios 134 a 148 del expediente físico.
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Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
Como sustento de su decisión, consideró el juez de primera instancia que la
demandante reúne los requisitos necesarios para el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, pues cumplió 50 años de edad el 10 de octubre de 1998, y los 20
años de servicio el 28 de julio de 2008, con vinculación como docente
nacionalizado antes de 1980, y posteriormente como docente territorial; sin que
se observe prueba que desacredite la buena conducta.
En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de la
pensión en cita, indicó que la ausencia de regulación expresa en la Ley 114 de
1913, no conlleva a que el beneficio prestacional, por ser de carácter especial y
excepcional pueda manejarse conforme a las leyes generales, pues, el peculiar
carácter implica en primer término su reconocimiento por la Caja Nacional de
Previsión Social – Decreto 081 de 1976-, sin necesidad de estar afiliado a esta
entidad, dado que a dicha Caja se le transfirió el pago.
En ese sentido, afirmó el Tribunal que el monto prestacional se deduce de lo que
devenga el trabajador en el último año de servicios anterior a la causación del
derecho -28 de julio de 2008-, es decir, sobre los factores salariales percibidos y
que para el presente evento se encuentran debidamente discriminados en la
certificación obrante en el expediente a saber: sueldo, prima especial, prima de
vacaciones, y prima de navidad.
Finalmente, advirtió que operó el fenómeno de la prescripción trienal de las
mesadas, toda vez que, si bien el derecho se causó el 28 de julio de 2008 y la
primera reclamación fue el 29 de octubre de 2008, transcurrieron más de 4 años
hasta la radicación de la demanda -9 de abril de 2013-, por lo que, la prescripción
del pago de las mesadas pensionales diferenciales operó a partir del 9 de abril
de 2010. Por ello, la reclamación posterior hecha el 13 de junio de 2011, no tiene
incidencia alguna, toda vez que el término de la prescripción solo puede
interrumpirse una vez. De otro lado, no se condenó en costas.
1.6. Recurso de apelación3
A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en tanto considera que la
parte actora no cumple con la totalidad de los requisitos contemplados en la Ley
114 de 1913, concretamente, haber prestado servicios como docente
departamental, distrital, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980, así como acreditar 20 años de servicios; destacando que no es posible
tener en cuenta los tiempos servidos como docente nacional.
3
Folios 156 a 160 del expediente físico.
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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 30 de abril de 2018, se dispuso correr traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión.
Así, el apoderado de la UGPP4 reiteró su petición de revocar la sentencia de
primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de
fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para
acceder a tal pensión.
Por su parte, el apoderado de la señora María del Rosario Gutiérrez de Molina5
reiteró que su poderdante acredita cabalmente los requisitos para acceder a la
pensión gracia.
Mientras que el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardó silencio.
De otro lado, en fecha del 4 de mayo de 20236, se dictó auto para mejor proveer
requiriendo a las Secretarías de Educación del Departamento de Tolima y del
Distrito Capital de Bogotá, para que allegaran los siguientes documentos:
a) Copia de los contratos de trabajo, órdenes de prestación de servicios y/o actos
administrativos de nombramiento y las respectivas actas de posesión, por medio de las
cuales se designó a la señora María del Rosario Gutiérrez de Molina como docente
interina, en propiedad o cualquier otro tipo de vínculo laboral en del Departamento del
Tolima y el Distrito Capital de Bogotá.
b) Certificado de tiempos de servicios como docente de la señora María del Rosario
Gutiérrez de Molina, en el que conste las fechas de inicio como de terminación de cada
una de las vinculaciones, en caso de que aún se encuentre adscrita a la educación,
deberá ser precisado en la mencionada certificación junto a la naturaleza del vínculo.
c) Certificación en la que se indique con claridad la naturaleza de las instituciones
educativas y la plaza en la cual la demandante prestó sus servicios como docente.
d) Certificado que especifique de dónde provenían los dineros con los que fueron pagados
los salarios y prestaciones durante el tiempo de servicio de María del Rosario Gutiérrez
de Molina.
e) Certificación de factores salariales devengados por la demandante entre los meses de
julio de 2007 y julio de 2008.
En respuesta a los requerimientos realizados, la Secretaría de Educación de
Bogotá allegó certificado laboral actualizado7; sin embargo, respecto lo solicitado
en el inciso a), indicó que, en la consulta de la base de datos, no se encontraron
registros de relaciones contractuales entre la SED y la señora Gutiérrez de
Molina8.
4
Folios 189 a 194 del cuaderno físico.
5
Folios 185 a 198 del cuaderno físico.
6
Folios 205 a 206 del expediente físico.
7 Actuación visible en los índices 37 y 38 de SAMAI.
8 Actuación visible en los índices 39, 42 y 43 de SAMAI.
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La Secretaría de Educación Departamental de Tolima, guardó silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María del
Rosario Gutiérrez de Molina, tiene derecho al reconocimiento y pago de una
pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo
a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
10 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á p r o n u n c i a r s e
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»11
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201812 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de
26 de agosto de 1997.
12
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2014).
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interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».13
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
13 C o n s e j o
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2.3.2. Del servicio docente en temporalidad
Sobre la vinculación del docente en temporalidad, esta Subsección ha señalado
que es el mecanismo por medio del cual el ente territorial vincula personal ante
la imposibilidad de suplir los empleos de carrera. Ello, para garantizar la
prestación de servicios educativos14.
«También sobre el carácter temporal de la vinculación esta Sala reitera el análisis
efectuado al respecto, en el que dispuso:
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha figura debe entenderse
como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en
cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de
posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una
relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso de la
demandante.
Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un empleo
docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas previstas en
la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones, la administración cuenta con la
posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un nombramiento
con tal naturaleza con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo en la prestación
normal del servicio educativo oficial»
En ese escenario, es claro que la vinculación en temporalidad corresponde a otro
tipo de vinculación al servicio público, que no tiene regulación expresa, sin
embargo, esta se da ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en
carrera, para garantizar la prestación del servicio de educación en el territorio
nacional.
2.4 Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderada, el día 29 de octubre de
200815 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social – hoy UGPP el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la
resolución AMB 15697 del 6 de abril de 200916; como argumento, señaló la
parte demandada que no existe claridad respecto a los tiempos laborados, toda
vez que la peticionaria anteriormente aportó tiempos en los que laboró como
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado:
25000 23 42 000 2018 02196 01 [0911-2021] y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 16 de marzo de 2017, radicado: 81001 23 33 000 2013 00285 01 [2806-2015]
15 F o l i o s 8 a 1 2 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
16 F o l i o s 2 y 3 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
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Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
secretaria nacional y con la nueva solicitud aporta los mismos tiempos en los que
certifica en que se desempeñó como docente nacionalizada, por lo tanto hay
inconsistencias en cuanto a las certificaciones.
Inconforme con la respuesta, la docente interpuso recurso de reposición17, el
cual fue decidido a través de la resolución PAP 015802 del 28 de septiembre
de 201018, que confirmó la decisión de negar lo reclamado.
Posteriormente, la demandante presentó una nueva petición solicitando el
reconocimiento pensional19; sin embargo, la misma fue negada por CAJANAL –
hoy UGPP mediante resolución UGM 014655 del 24 de octubre de 201120.
La parte demandante recurrió el anterior acto administrativo21, lo que derivó en
que la UGPP, en resolución RDP 009802 del 7 de marzo de 201322, al desatar
el recurso, confirmara el acto administrativo acusado.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, por lo que se procede a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que la señora María del
Rosario Gutiérrez de Molina nació el 10 de octubre de 1948, razón por la cual, el
10 de octubre de 1998 cumplió 50 años de edad23, aspecto que en todo caso no
fue cuestionado con el recurso.
• Buena conducta
No se observan reproches sobre la buena conducta en el desempeño docente,
por lo que se entiende probado dicho requisito.
17 F o l i o s 14 y 15 del expediente físico.
18 F o l i o s 4 y 5 del expediente físico.
19 F o l i o s 1 6 a 2 1 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
20 F o l i o s 6 a 8 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
21 F o l i o s 1 9 y 2 0 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
22 F o l i o s 9 a 1 3 d e l e x p e d i e n t e f í s i c o .
23 C o p i a d e l a c é d u l a d e c i u d a d a n í a o b r a n t e a f o l i o 1 2 d e l c u a d e r n o f í s i c o .
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• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
La Secretaría de Educación Departamental del Tolima en Formatos Únicos para
la Expedición de Historia laboral del 9 de abril de 201424, certificó que el tipo de
vinculación correspondiente a la docente María del Rosario Gutiérrez Lozano
(sic) fue como nacionalizada durante los siguientes periodos: i) desde el 15 de
enero hasta el 15 de abril de 1968, nombramiento efectuado mediante Decreto
021 de 15 de enero de la anualidad en cita y ii) desde el 12 de agosto de 1974
hasta el 10 de febrero de 1975, nombramiento realizado mediate Decreto 496 de
05 de agosto de 1974. Dichas certificaciones son del siguiente tenor25:
24
Folios 107 a 108 del expediente físico.
25 Se traen apartes de las mentadas certificaciones
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Si bien en el expediente no reposan los actos administrativos de nombramiento
de la demandante -actas de posesión, decretos de nombramiento y/o contratos
de prestación de servicios-, se advierte que conforme a las pautas
jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201826,
para acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizado, a falta de actos
administrativos donde conste el vínculo, la respectiva certificación de la autoridad
nominadora es válida, por lo cual se tiene acreditado dicha vinculación con
antelación al 31 de diciembre de 1980.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Para efectos de corroborar la naturaleza de la vinculación de la demandante,
resulta indispensable destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084
de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de
la Ley 91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que
se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos
categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:
«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial decretada
por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de
docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente
de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se
oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37
de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el
tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980,
pues la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía,
conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución
Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114
de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en este caso.
[…]» (Negrilla de la Sala)
Por su parte, esta Sala ha precisado que « El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la
Corte Constitucional, mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los
«docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por
las entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación
en la anteriormente citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los
que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que
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fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado
por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y
los gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
En ese escenario, considera la Sala que contrario a lo certificado por el ente
territorial en el Formato Único para la Expedición de Historia laboral del 9 de abril
de 2014, los nombramientos de la docente Gutiérrez de Molina fueron del orden
territorial. Pues, cuando se efectuaron las designaciones no se había expedido la
Ley 43 de 1975.
Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandada, cuando en el recurso
simplemente afirma que la actora no tuvo una vinculación laboral como docente
antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual quedó verificado en los términos antes
señalados; por lo que para la Sala está demostrado que la señora María Gutiérrez
de Molina laboró como docente territorial desde el 15 de enero hasta el 15 de
abril de 1968 y desde el 12 de agosto de 1974 hasta el 10 de febrero de 1975,
esto es por 9 meses, periodo válido para la sumatoria de los 20 años de servicio
docente.
• Desde el 18 de julio de 1983 hasta el 28 de octubre de 2008
“vinculación temporal”
La Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en Formatos Únicos para Expedición
de Certificados de Historia Laboral de fechas 2 de junio de 201127 y 30 de abril
de 201328, informó que el tipo de vinculación de la señora María del Rosario
Gutiérrez de Molina fue territorial, con subtipo distrital, y respecto a las fuentes
de recursos, se describe como “recursos propios”; así mismo se observan las
siguientes novedades:
27
Folios 17 y 18 del expediente físico.
28
Folios 85 y 86 del expediente físico.
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En atención al requerimiento realizado mediante auto de mejor proveer, la
Secretaría de Educación de Bogotá, allegó el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 13 de julio de 202329, donde da cuenta del
retiro forzoso de la actora, mediante resolución nro. 6384 del 2014. Véase:
29
Actuación visible en el índice 42 de SAMAI.
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Para corroborar lo previamente descrito, la parte demandante allegó los
siguientes actos administrativos:
-Resolución nro. 1618 del 7 de diciembre de 198830 «por la cual se vincula
personal en calidad de maestros temporales en algunas escuelas del Distrito
Especial de Bogotá durante el año lectivo 1988».
-Resolución nro. 0107 del 24 de enero de 198931 «por la cual se vincula personal
en calidad de maestros temporales en algunas escuelas del Distrito Especial de
Bogotá durante el año lectivo 1989».
-Resolución nro. 0213 del 31 de enero de 199032 «por la cual se vincula personal
en calidad de maestros temporales en algunos establecimientos del Distrito
Especial de Bogotá durante el año lectivo 1990».
30
Folios 87 y 88 del expediente físico.
31
Folios 89 a 91 del expediente físico.
32
Folios 92 a 94 del expediente físico.
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-Resolución nro. 748 del 10 de marzo de 199233 «por la cual se vincula personal
en calidad de maestros temporales en algunos establecimientos de Santafé de
Bogotá Distrito Capital durante el año lectivo 1992».
Respecto de la vinculación de la demandante como docente en temporalidad, es
menester aclarar que la Ley 114 de 1913, creó la pensión gracia de jubilación
como una recompensa a favor de quienes ejercen la actividad docente en el nivel
territorial o nacionalizado durante 20 años de servicio, entre otros requisitos;
razón por la cual, y conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta
Corporación34, no exista justificación alguno para excluir los tiempos servidos
como docentes en temporalidad, pues, como se ha dejado sentado, ello no
corresponde a una de las exigencias de la ley en cita, como tampoco de la
jurisprudencia sobre la materia, por lo que, para efectos del reconocimiento
pensional, no tiene relevancia si la modalidad de vinculación fue temporal o no,
en la medida, se insiste, que sea con carácter territorial o nacionalizado.
Por ello, los docentes que acrediten su vinculación, ya sea de tipo nacionalizado
o territorial, sin distinción de la modalidad en temporalidad, tienen derecho a que
dichos periodos le sean computados para la satisfacción del tiempo de servicio
prestado, pues, ello no afecta ni varía la naturaleza de la relación, ni mucho
menos el desempeño del docente.
Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, se desprende que los actos
administrativos antes referenciados fueron suscritos por el alcalde del Distrito de
Bogotá, sin la intervención de la Nación.
En ese orden de ideas, el periodo laborado en comento, el cual está debidamente
acreditado por lo expuesto en precedencia, es válido para el cómputo de la
pensión gracia. Pues, se advierte que la vinculación de la señora María Gutiérrez
de Molina con el Distrito de Bogotá -temporal- se dio como respuesta a la
emergencia educativa declarada en la capital mediante Decreto nro. 09 de 1988.
(se excluye en este punto, la referencia a la sentencia C-084 de 1999,
atendiendo a sugerencia de los despachos)
Ahora bien, en torno a la condición o naturaleza jurídica del vínculo docente, esta
Corporación en la ya citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 2018, concluyó:
33
Folios 95 a 97 del expediente físico.
34
Al respecto, ver entre otras providencias, las del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “A”, C.P Gabriel Valbuena Hernández, del 10 de agosto de 2023 dentro del proceso con radicado
nro. 25000 23 42 000 2017 06196 01 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “A”, C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez, del 5 de octubre de 2023 dentro del proceso con radicado nro. 25000-
23-42-000-2015-01035-01.
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«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización
iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha
se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud,
también, del aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con los todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.
Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo análisis la
docente laboró en una entidad territorial con posterioridad a la expedición de la
Ley 43 de 1975 por medio de la cual se adelantó el proceso de nacionalización.
Ahora, conforme la certificación suscrita por la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá y el análisis realizado a los actos administrativos, se advierte que la
vinculación de la señora María Gutiérrez de Molina con el Distrito de Bogotá, fue
territorial. Ello, para contrarrestar la emergencia educativa declarada en la capital
mediante Decreto nro. 09 de 1988; no obstante, si el tipo de vinculación fuera
nacionalizado, dicha categoría también resultaría efectiva para el cómputo de la
pensión gracia, así como el tiempo aquí descrito.
-Desde el 08 de febrero de 199335 y hasta por lo menos el 30 de abril de
201336 -vinculación legal y reglamentaria.
Se tiene que mediante Resolución nro. 202 del 1 de febrero de 199337, por medio
de la cual el alcalde de Bogotá realizó unos nombramientos de docentes de
tiempo completo en la planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé
de Bogotá - Secretaría de Educación, entre estás la señora Gutiérrez de Molina,
indicándose en las consideraciones lo siguiente:
35 Conforme Certificado de Historia laboral, inició labores desde esta fecha (fl 85-86)
36 Fecha esta última en la que se expidió Formato Único para expedición de Certificado de Historia Laboral
– folios 85-86 expediente
37 Folios 114 a 118 del expediente físico.
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De otra parte, se tiene que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en fecha
del 13 de abril de 201338, allegó el certificado de salarios recibidos por la señora
María Gutiérrez durante el periodo 2006 a 2007, con los siguientes factores
salariales: «sueldo, prima especial, prima de vacaciones y prima de navidad».
Se destaca entonces, que este último nombramiento se realizó en propiedad, y
en el acto administrativo arriba referenciado, se dejó sentado que mediante
Acuerdo 040 de 1992, se aprobó dentro del presupuesto de la vigencia 1993, un
rubro para el pago del personal docente de la planta distrital de educadores; y
con Acuerdo 041 de 1992, se dispuso que la Administración Distrital, nombraría
en propiedad, a partir del 01 de febrero de 1993, al personal docente temporal
que venía prestando sus servicios a la secretaría de educación, siempre y cuando
cumplieran los requisitos de ley.
De manera que, el nombramiento efectuado a la actora, fue en propiedad, como
docente territorial, pues como se observa, no hubo intervención alguna de la
Nación o delegado de esta; por lo que este tiempo también es computable para
reconocimiento de pensión gracia.
38
Folio 84 del expediente físico.
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En esos términos, la docente ostentó una vinculación de naturaleza territorial,
por lo que los tiempos de servicio transcurridos entre el 18 de julio al 30 de agosto
de 1983; 27 de septiembre al 30 de noviembre de 1988; 16 de enero al 3 de
diciembre de 1989; 22 de enero al 3 de diciembre de 1990; 21 de enero al 2 de
diciembre de 1991; 21 de enero al 30 de noviembre de 1992 y 8 de febrero de
1993 al 28 de octubre de 2008 (fecha en que se presentó la primera solicitud de
reclamación pensional), -suman un total de 19 años, 5 meses y 24 días de
servicio-, los cuales resultan válidos para el cómputo de la pensión gracia, que
sumado con los 9 meses de servicio con ocasión de la vinculación laboral
anterior al 31 de diciembre de 1980, arroja un total de 20 años 2 meses y 24
días. Ello, sin perjuicio de su vinculación hasta el 2014, cuando fue retirada del
servicio docente.
Pues bien, respecto del cumplimiento de los requisitos antes mencionados,
advierte la Sala que contrario a lo sostenido por la UGPP en el recurso de alzada,
la señora María del Rosario Gutiérrez de Molina sí estuvo vinculada como
docente nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980. Véase que de
conformidad con los certificados de afiliación aportados al plenario, es claro que
la demandante trabajó como docente en el Departamento del Tolima desde el 15
de enero hasta el 15 de abril de 1968 y desde el 12 de agosto de 1974 hasta el
10 de febrero de 1975.
Ahora, frente a la validez o credibilidad de los certificados laborales expedidos
por las entidades territoriales en fecha del 9 de abril de 2014, se destaca que la
Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201839, precisó que la prueba de
calidad del docente, a falta de actos administrativos donde conste el vínculo
laboral, puede acreditarse con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora. Al tenor, la mentada providencia dispuso:
“vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.”
En ese sentido, al tener validez el tiempo de servicio antes referenciado -19 años,
5 meses y 24 días-,40 y teniendo de presente el periodo laborado por la señora
María Gutiérrez con antelación al 31 de diciembre de 1980 -9 meses-, es claro
que la demandante cumple con el requisito de los 20 años de servicio como
docente nacionalizada, por un primer periodo, y luego como territorial por un
segundo periodo, que establece la Ley 114 de 1913, inclusive tomándose como
39
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
40 un tiempo como docente temporal y otro en propiedad
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fecha de corte, el día en que se presentó el primer requerimiento pensional ante
la entidad demandada -esto es, 28 de octubre de 2008-.
Así las cosas, como quiera que los puntos objeto de reparo planteados por la
entidad demandada en el recurso de apelación, se encuentran desestimados, se
procederá a confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en líneas
anteriores.
2.6. Conclusión
Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la docente
María del Rosario Gutiérrez de Molina cumplió con todos los requisitos
establecidos en las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta
Corporación para ser beneficiaria de una pensión gracia, es decir, no existen
reproches sobre la buena conducta en el desempeño de la labor, cumplió 50 años
de edad el 10 de octubre de 1998 y laboró en la educación oficial con naturaleza
territorial por más de 20 años, y acreditó su vinculación como docente
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, tal y como lo determinó la
sentencia objeto de apelación; motivo por el cual se confirmará la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, comoquiera que si bien en
anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del recurso
de apelación, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, en el recurso
se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende,
razones suficientes para no condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2013 01295 01
Demandante: María del Rosario Gutiérrez de Molina
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”,
que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora María
del Rosario Gutiérrez de Molina en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Bogotá D.C. – Colombia
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