Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00529-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia - reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gloria María Mendoza Barrera presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución RDP 035210 del 21 de noviembre de 2019
y del acto ficto configurado «al dar respuesta negativa de forma ficta (Auto No. ADP
001238 de 08 de marzo de 2021) al derecho de petición radicado el 11 de noviembre de
2020», a través de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el
reconocimiento de una pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada desde la fecha en la
que adquirió el estatus pensional y hasta cuando sea incluida en nómina de
pensionados; ii) el pago de intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 192 del CPACA; iii) el cumplimiento de la sentencia según lo dispuesto
en los artículos 189 y 192 del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gloria María Mendoza Barrera nació el 18 de octubre de 1960, por lo que
contaba con más de 50 años de edad y prestó sus servicios como docente oficial,
así:
«Decreto de
Empleador Vinculación Desde Hasta
nombramiento»
«Certificación expedida
por rector y coordinador
Departamento
de la Institución Territorial 1977 1980
de Bolívar
Educativa Palenquito –
Pinillo»
Secretaría de
Educación del
Decreto 022 del 25 de 25 de enero de
municipio de Territorial «Activa»
enero de 1996 1996
Piedecuesta -
Santander
3.2. El 11 de noviembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, en
respuesta de lo cual, la Ugpp expidió el Auto ADP 001238 del 8 de marzo de 2021,
en el que señaló que dicha pretensión había sido resuelta de manera negativa,
mediante la Resolución RDP 035210 del 21 de enero de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; y las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966
y 91 de 1989.
2
En adelante UGPP
2
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
5. En cuanto al concepto de violación, señaló que, con la expedición de los actos
demandados, la Ugpp desconoció que había prestado durante más de 20 años sus
servicios como docente territorial, de conformidad con la Ley 43 de 1975, y que
contaba con más de 50 años de edad. Así las cosas «la entidad no está cumpliendo
con los más elementales principios del derecho, para el presente caso la favorabilidad, por
cuanto con esa aplicación hermenéutica jurídica se lesionan los intereses de personas que
durante más de veinte años sirvieron al Estado con lealtad y honradez».
6. Para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, «se deben analizar los tiempos
de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales,
año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber:»
el cargo, la dedicación, la clase de plantel en el que se desempeñó, «el nivel de
vinculación del centro educativo a las entidades políticas», toda vez que esto resulta
«fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y
la Ley 91 de 1989».
1.2. Contestación de la demanda
7. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:
7.1. De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 91 de 1989, solo tendrán derecho
al reconocimiento de la pensión gracia quienes al 31 de diciembre de 1989 se
encontraran vinculados a la docencia oficial, puesto que el propósito del legislador
de 1989 era colmar las expectativas de ese grupo de servidores, en ese orden «no
hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por cuanto la
vinculación en su carácter de docente la acredita con fecha posterior a la contemplada en
la Ley, según como lo ha recordado la Corte en el estudio de constitucionalidad de la norma
antes transcrita».
7.2. En el expediente administrativo no fueron aportados los «soportes legales» que
acrediten el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la pensión
gracia. Lo anterior porque no se allegó certificación que evidenciara el tiempo de
servicio, los recursos con los que fueron financiadas estas vinculaciones ni «de
manera discriminada y pormenorizada con cada uno de los actos administrativos emitidos,
dando certeza o no sobre la existencia de un cambio en la vinculación por la
descentralización de la educación, según como lo ordena el artículo 20 del Decreto 1748
de 1995 y el artículo 2 y 3 del Decreto 13 de 2001, por ende, mal mi defendida hubiera
hecho en darle valor probatorio a un documento que no existe con los parámetros legales,
pues ello sería desconocer lineamientos dentro de nuestro ordenamiento jurídico para
conceder un derecho al demandante en la medida que no le corresponde».
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
7.3. Así las cosas, los actos demandados no constituyen « un artificioso rechazo para
hacer judicializar todos los reclamos, por parte de mi defendida, por el contrario, se trata del
procedimiento que el ordenamiento jurídico le exige para el reconocimiento de los derechos
pensionales, pues quien lo solicita debe suministrar aquello que es necesario para el estudio
certero y veraz de su solicitud, ya que hay que tener en cuenta que el mismo se sufragará
con recursos públicos, los cuales, por orden misma de la Constitución, son de destinación
específica y depende de la buena gestión que realicen las entidades públicas y privadas
sobre los mismos, que se mantenga el equilibrio financiero del Sistema General de
Pensiones, predicándosele dicha responsabilidad en este caso a la UGPP».
7.4. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inepta demanda por no
demandarse autos definitivos; ii) inepta demanda por «no agotar vía administrativa»;
iii) presunción de legalidad de los actos demandados; iv) inexistencia de la
obligación; v) falta de título y causa; vi) cobro de lo no debido; vii) buena fe; viii)
prescripción; y ix) genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 20 de
noviembre de 2023, negó las súplicas de la demanda. Para tal efecto, luego de
realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al
asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. En relación con los «cuestionamientos de la entidad demandada en torno a la
naturaleza del Auto No. 001238 del 08 de marzo de 2021 emitido por la UGPP y frente al
que, alega, no constituye el acto definitivo, que carentes de fundamento resultan tales
reproches cuando dicho acto no constituye el acto enjuiciado en ejercicio del presente
medio de control, sino lo es, el acto ficto negativo surgido como consecuencia del silencio
administrativo frente a la petición elevada el 11/11/2020; acto que fue provocado por la
peticionaria en la medida en que no ejerció, en la respectiva oportunidad, el recurso de
apelación que procedía contra la Resolución No. RDP 035210 del 21 de noviembre de 2019
por medio de la cual se le resolvió una petición anterior, tal y como lo señala en el libelo
introductorio de la demanda, siendo por tanto el acto ficto referido el acto administrativo
contra el que promueve la pretensión de nulidad, pues el Auto No. 001238 del 08 de marzo
de 2021 no resolvió de fondo su solicitud, debiendo entenderse que surgió un acto ficto que
niega en forma tácita el derecho a la pensión gracia reclamada, siendo este el acto
administrativo susceptible de control judicial y frente al que dicho control pasa a
efectuarse».
8.2. El material probatorio permite acreditar que la demandante prestó sus servicios
como docente en la Escuela Rural Mixta de Palenquito – Bolívar antes del 31 de
diciembre de 1980; sin embargo, «no es posible tener por satisfecho el requisito
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
relacionado con la acreditación de 20 años de servicios docentes bajo vinculación territorial
(departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado)». Lo anterior, porque no existe
prueba «que permita tener por demostrado que, contrario a lo que da cuenta Formato
Único para la Expedición de Certificados de Historia Laboral de fecha 02/08/2016 suscrito
por el Secretario de Educación Departamental de Santander en el que se certifica la
vinculación de la docente a partir del año 1996 con carácter NACIONAL, tal vinculación lo
fue de naturaleza territorial, según se afirma en la demanda, carga que recaía en la parte
actora y que no fue satisfecha (art. 167 C.G.P)».
8.3. En ese sentido, reprochó que la parte demandante no hiciera algún «esfuerzo
probatorio […] encaminado a probar, como era de su cargo, se insiste, la calidad de docente
territorial o nacionalizado que invocó, no aportándose copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, que permitieran establecer el carácter territorial de la plaza
ocupada o certificación de la autoridad nominadora que diera cuenta, de manera
inequívoca, que el tipo de vinculación al cual se encontró sometida lo era de carácter
territorial; pruebas frente a las que tampoco solicitó su decreto dentro de las oportunidades
probatorias, limitándose a la aportación, en lo pertinente, del referido Formato Único para
la Expedición de Certificados de Historia Laboral, que en todo caso, certifica que su
vinculación lo fue de carácter nacional».
8.4. Asimismo, recordó que la facultad oficiosa en el decreto de pruebas tiene lugar
cuando se consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad; sin embargo,
no puede disponerse para suplir la carga de la parte de probar los hechos en los
que sustenta sus pretensiones.
8.5. Finalmente, no condenó en costas a la parte actora, toda vez que no advirtió una
actuación temeraria o mala fe.
1.4. El recurso de apelación
9. Gloria María Mendoza Barrera solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior,
con base en los siguientes argumentos:
9.1. Después de efectuar un recuento normativo y jurisprudencial que consideraba
aplicables, concluyó que los tiempos laborados son «computables para el
reconocimiento de la pensión gracia. Fueron prestados bajo nombramientos de entidades
territoriales».
9.2. «Para el caso en concreto, se evidencia en los decretos que se allegan con el presente
escrito: Decreto No. 0241 emitido por la alcaldía municipal de Barrancabermeja, Acta de
posesión No. 2373 emitida por la gobernación de Santander, certificación de vinculación
municipal emitida por la Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja y
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
constancia de vinculación laboral de la Secretaría de Educación Municipal de Piedecuesta
No. 890205383-6 que la docente estuvo al servicio de instituciones públicas del orden
departamental, distrital o municipal tal como lo exige la norma antes mencionada».
9.3. Finalmente, concluyó que «los tres requisitos los cumple […] la prueba fehaciente
para demostrar la vinculación docente que es la que se está discutiendo se desprende de
los actos administrativos de nombramiento, constancias, resoluciones y actas de posesión,
pudiendo así verificar quien los emitió […] Con los argumentos legales expuestos en la
demanda, el material probatorio que obra dentro del expediente y las precisiones que nos
anteceden consideramos que la sentencia debe prosperar a favor de [sus] derechos».
1.5. Trámite de segunda instancia
10. Mediante auto del 28 de febrero de 2025, el consejero ponente resolvió la
solicitud probatoria presentada con el recurso de apelación, en el que dispuso: i)
negó la solicitud probatoria en segunda instancia presentada por la demandante y
ii) decretó como pruebas de oficio los siguientes documentos aportados con el
recurso de apelación: el Decreto 241 del 20 de julio de 1997, el acta de posesión
2373 del 31 de julio de 2006, la certificación de tiempos laborados del 26 de julio de
2005 y la constancia de vinculación laboral del 10 de mayo de 2023.
11. Asimismo, mediante providencia del 1º de septiembre de 2025, de conformidad
con el artículo 247.5 del CPACA, en consideración a que fueron decretadas pruebas
en el trámite de segunda instancia, se ordenó correr traslado con el fin de que
presentaran alegatos de conclusión por escrito. Dentro del mencionado traslado las
partes se pronunciaron en los siguientes términos:
12. Gloria María Mendoza Barrera indicó que el material probatorio aportado permitía
acreditar que fue vinculada como «docente provisional a través del Decreto No. 022 del
25 de enero de 1996 y fue incorporada en propiedad al Municipio de Barrancabermeja a
través del Decreto No. 0241 del 20 de octubre de 1997, el cual fue firmado y expedido por
el alcalde municipal».
13. En relación con la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, «se encuentran
otros documentos que demuestran que la demandante fue docente entre 1977, 1978, 1979
y 1980, como lo son las declaraciones extra juicio presentada por dos testigos,
declaraciones que no han sido desvirtuadas» [sic].
14. Para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se encuentra acreditada la
totalidad de los requisitos, para lo cual se deberán tener en cuenta «los incrementos
porcentuales establecidos por el Gobierno Nacional, las primas y demás emolumentos que
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
constituyen salario, en cuantía del 75%, toda vez que el tiempo laborado desde el 23 de
octubre de 1980 no es de carácter nacional».
15. La Ugpp no se pronunció en esta etapa procesal.
1.6. El Ministerio Público
16. El procurador delegado de intervención 8 tercero ante el Consejo de Estado
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, al considerar que la
demandante no reunió la totalidad de los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, porque «no cumplió los 20 años de servicios con
nombramientos en el orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado, estipulados
taxativamente en el marco jurídico y jurisprudencial».
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
17. Se circunscribe a resolver ¿si Gloria María Mendoza Barrera acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
18. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
19. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
medio de la Ley 114 de 19133 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
20. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
4
21. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19335, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
22. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
3
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
5
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
23. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
6
24. En efecto, la Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
25. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
6
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
9
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja7, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 19688, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos9 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de 199410
(artículo 179, literal d).
26. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
27. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199511, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
27.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
27.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
28. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
7
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
8
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
9
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
10
«Por la cual se expide la ley general de educación»
11
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
29. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
30. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
12
31. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
13
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
14
32. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
33. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala15 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
12
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
14
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
15
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198916 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
34. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201817, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
16
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
35. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202218 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».19
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
36. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
37.1. Gloria María Mendoza Barrera nació el 18 de octubre de 1960.
37.2. El 13 de julio de 2016, la secretaria de recursos humanos de la Alcaldía
Municipal de Pinillos [Bolívar] certificó que «laboró como docente en la Escuela Rural
Mixta de Palenquito – Bolívar, durante los años 1977, 1978, 1979 y 1980».
37.3. El 27 de mayo de 2016, el rector y el coordinador de la Institución Educativa de
Palenquito – Pinillos Bolívar, certificaron que «laboró en esta institución como docente
en el nivel primaria los años 1977, 1978, 1979 y 1980 antigua escuela Rural Mixta de
Palenquito. Que la mencionada docente cumplió sus funciones sin interrupción alguna».
37.3.1. En el encabezado de la mencionada certificación se indicó que la institución
«reorganizada para su funcionamiento y reconocimiento de estudios, según ordenanza Nº
20 de noviembre 29 de 2002, emanada por la Asamblea Departamental y el Decreto Nº 143
de abril 1º del 2003 de la Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar, para los niveles de
preescolar, básica y media, aprobada según Resolución Nº 0052 del 13 de marzo 2006».
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
37.4. Luis Enrique Torres Mejía y Fedora Lidueñas Rojas, ante el notario único del
municipio de Pinillos20 y la secretaria de recursos humanos de la Alcaldía Municipal
de Pinillos21 declararon que la demandante laboró como docente en la Escuela
Rural Mixta de Palenquito durante los años 1977, 1978, 1979 y 1980.
37.5. A través de la Resolución 259 del 21 de octubre de 2019, el alcalde del
municipio de Pinillos [Bolívar] dio apertura al proceso de reconstrucción del
expediente laboral de la demandante, «frente a la situación de orden público suscitada
en el municipio de Pinillos – Bolívar, que generó la pérdida total de su hoja de vida y por las
demás razones expuestas en la parte motiva».
37.6. El 24 de febrero de 2015 el secretario general y jefe de personal de la Alcaldía
del municipio de Cimitarra certificó que «revisado el archivo de las historias laborales
se pudo observar que […] laboró como docente de planta del municipio de Cimitarra,
durante el periodo comprendido» entre el 1° de marzo de 1982 y el 8 de mayo de 1987.
37.7. La secretaria general y jefe de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de
Cimitarra, a través de la certificación expedida el 29 de agosto de 2016, indicó que
había prestado sus servicios como docente durante el periodo comprendido entre
el 1° de marzo de 1982 y 8 de mayo de 1987.
37.8. Mediante Decreto 241 del 20 de octubre de 1997, el alcalde del municipio de
Barrancabermeja la nombró docente en propiedad. En las consideraciones de este
acto se señaló:
«Que mediante Acuerdo Municipal Número 056 de diciembre 22/96. El Concejo
Municipal de Barrancabermeja, creó la planta globalizada de personal docente y
administrativo del servicio público.
Que el alcalde Municipal de Barrancabermeja, mediante Decreto 022 de enero 25/96
efectuó nombramientos a docentes en forma provisional mientras se obtiene el grado de
escalafón nacional docente.
Que la docente Gloria María Mendoza Barrera, vinculada provisionalmente mediante
Decreto No. 022 de enero 25/96, ha presentado el grado de escalafón nacional docente.
Que es necesario hacer el nombramiento en propiedad a los docentes que han allegado
la documentación pertinente.»
37.9. El 26 de julio de 2005, la secretaria de educación municipal de Barrancabermeja
certificó que «presta sus servicios al municipio de Barrancabermeja, vinculación en
propiedad, como municipal en forma continua». Asimismo, indicó que la demandante
20 El 14 de junio de 2016.
21 El 26 de junio de 2016.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
«laboró por contrato individual a término fijo» durante los siguientes periodos: i) entre
el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1991; ii) entre el 1° de febrero y el 30 de
noviembre de 1992; iii) entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993; iv) entre
el 7 de febrero y el 30 de noviembre de 1994; y v) entre el 1° de febrero y el 13 de
diciembre de 1995.
37.10. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral del 18 de septiembre de 2020 por la Secretaría de Educación del
municipio de Piedecuesta, prestó sus servicios como docente con régimen de
pensiones nacional, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Escuela Superior de Decreto 022
25-01-1996 -
Piedecuesta 25-01-1996
Piedecuesta (Sant)
Incorporación y Reub
Planta
Decreto 123
Secretaría de Educación 30-12-2009 -22
30-12-2009
de Piedecuesta
Piedecuesta (Sant)
24 años, 7 meses y 25 días
37.11. El 7 de septiembre de 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, la
cual fue negada a través de la Resolución RDP 002294 del 25 de enero de 2017, al
considerar que la vinculación de la demandante era del orden nacional.
37.12. El 23 de agosto de 2016, el profesional especializado del área de talento
humano de la Secretaría de Educación del municipio de Barrancabermeja expidió
formato de historia laboral en el que certificó que la demandante había prestado sus
servicios como docente y efectuó aportes a pensión en las siguientes entidades: i)
en el Instituto de Seguros Sociales, durante 3 años, 4 meses y 7 días, entre el 1º de
febrero de 1992 y el 13 de diciembre de 1995, con ocasión de vinculación realizadas
a través de «contrato a término fijo con el municipio de Barrancabermeja»; y ii) en
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 31 de enero de
1996.
37.13. El 29 de agosto de 2019 nuevamente solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia, la cual fue negada con la Resolución RDP 035210 del 21 de noviembre de
22 La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
2019 por cuanto los certificados aportados «no pueden ser tenidos en cuenta para el
estudio de la prestación toda vez que no se encuentran en el formato exigido por la entidad,
esto es el certificado de información laboral para pensión gracia en formato CETIL».
37.14. Mediante el Auto ADP 001238 del 8 de marzo de 2021, la Ugpp se «atendrá a
lo dispuesto en la Resolución No. RDP 035210 del 21 de noviembre de 2019 por medio de
la cual se negó la pensión de jubilación gracia» a la demandante.
2.4. Análisis sustancial
38. Gloria María Mendoza Barrera solicitó que se revocara la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, porque, de acuerdo con las normas y
jurisprudencia que rigen el reconocimiento de la pensión gracia, el tiempo de
servicio que acreditó es computable para esos efectos, puesto que tuvo origen en
los nombramientos realizados por entidades territoriales.
39. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la sala deberá verificar
si la demandante acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) acreditó una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada; iii) completó 20 años de servicio en una plaza
territorial o nacionalizada; y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
40. Al respecto, se advierte que frente al requisito de la buena conducta no se realizó
reparo alguno, por lo que se encuentra acreditado. Asimismo, que Gloria María
Mendoza Barrera contaba con más de 50 años de edad [nació el 18 de octubre de
1960, por lo que cumplió con esa exigencia en el año 2010].
41. Ahora bien, en relación con la experiencia docente con vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, se evidencia que la demandante
prestó sus servicios como docente en la Escuela Rural Mixta de Palenquitos del
municipio de Pinillos [Bolívar].
42. En relación con esta vinculación en el expediente obra: i) certificación expedida
por la secretaria de recursos humanos de la Alcaldía Municipal de Pinillos [Bolívar],
según la cual prestó sus servicios en el mencionado establecimiento educativo
durante los años 1977, 1978, 1979 y 1980; y ii) certificación expedida por el rector
y el coordinador de la Institución Educativa de Palenquito – Pinillos Bolívar, en la
que hicieron constar que la demandante prestó sus servicios durante los años 1977,
1978, 1979 y 1980 «sin interrupción alguna».
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
43. El anterior material probatorio permite evidenciar que Gloria María Mendoza
Barrera prestó sus servicios como docente en el municipio de Pinillos, entre el año
1977 y 1980, con ocasión de una vinculación territorial. Lo anterior, toda vez que no
se advierte que en esta hubiese actuado como autoridad nominadora el gobierno
nacional.
44. Ahora bien, para esta sala las certificaciones aportadas son suficientes para
acreditar el requisito de contar con una experiencia docente, en este caso, del nivel
territorial antes del 31 de diciembre de 1980, porque, de conformidad con lo
señalado por la Sección Segunda de esta Corporación23 «para acreditar la calidad de
docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo,
en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial» [se resalta].
45. En ese sentido, en el sub judice, para acreditar el requisito en revisión resultan
suficientes los certificados aportados por la autoridad nominadora y los directivos
del plantel educativo, en tanto, la demandante no tenía la posibilidad de allegar los
actos demandados puesto que, como lo advirtió el alcalde del municipio de Pinillos,
en la Resolución 259 del 21 de octubre de 2019, la situación de orden público que
afectó al ente territorial conllevó a la «pérdida total de su hoja de vida».
46. Una decisión contraria, esto es, exigirle los documentos que no se encontraban
en los archivos de la entidad que se encontraba obligada a custodiarlos, conllevaría
a negar un derecho fundamental de la docente por el incumplimiento del deber que
ostentaba la entidad estatal, en este aspecto, se encuentra pertinente transcribir el
siguiente aparte de la sentencia expedida por la Corte Constitucional:
«Esta Corte ya se ha referido, en la Sentencia SU-182 de 2019, al deber de custodia
que recae sobre los empleadores respecto de la documentación que contenga
información laboral. Ha dicho que aquel deber se desprende del derecho al habeas data,
que ha sido reconocido en el artículo 15 de la Constitución Política. Este derecho
comprende la posibilidad de “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas”.
Del mismo modo, la Corte ha advertido que la información de orden laboral puede ser
fundamental por cuanto tiene una relación inescindible con el derecho a la
seguridad social. En efecto, la eventual pérdida de documentación por parte de los
empleadores, puede derivar en el desconocimiento del derecho a la seguridad social,
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, expediente
con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
específicamente cuando por dicha pérdida no sea posible reconocer ni pagar una
pensión a una persona que la requiere.[90] Este deber de custodia de la información
laboral recae sobre todo tipo de empleador, independientemente de su naturaleza
jurídica. También recae sobre las administradoras de pensiones que, en concreto, deben
salvaguardar la información que esté consignada en la historia laboral de los
afiliados.[91]
En lo que tiene que ver con los empleadores, la Corte ha reprochado el que aquellos, en
algunas ocasiones, argumenten la pérdida de la información laboral para, con ello, evitar
el reconocimiento de relaciones laborales o de los extremos temporales de estas. La
Corte ha recordado que el deber de custodia y vigilancia de la información laboral de sus
trabajadores no es nuevo para los empleadores.[92]
Responsabilidad de las entidades de orden público. La Corte ha indicado que las
entidades públicas han tenido el deber de custodiar la información laboral de quienes
prestan servicios al Estado, por disposición de diversas normas como, por ejemplo, el
Código de Régimen Político y Municipal -artículos 189 y 320-, la Ley 43 de 1913 -artículo
1-, el Decreto 1571 de 1998 o el Decreto 2842 de 2010 -artículo 12-.[93] La Corte, citando
al Consejo de Estado, ha coincidido con esa alta Corporación en que las entidades
públicas deben cuidar este tipo de información porque es necesario “(…) mantener un
registro de (…) situaciones tan trascendentales como las relaciones laborales entre los
diferentes entes estatales y sus servidores”.[94] Por ello, en algunas ocasiones, la Corte
ha ordenado que cuando se pierdan o destruyan archivos laborales, las entidades
públicas deben seguir el trámite previsto en el artículo 126 del Código General del
Proceso para reconstruirlos.[95]»
47. Así las cosas, el tiempo de servicio como docente del orden territorial entre los
años 1977 y 1980, que la demandante acreditó a través de las certificaciones
expedidas por la autoridad nominadora y los directivos de la institución educativa es
computable para el reconocimiento de la pensión gracia y, con ello, acreditar la
exigencia de una experiencia docente anterior al 31 de diciembre de 1980 en una
plaza territorial o nacionalizada.
48. En cuanto a la exigencia de contar con 20 años de servicio como docente del
orden territorial o nacionalizado, en el sub judice se encuentra acreditado que la
demandante se vinculó como docente a través de «contrato individual a término fijo»
durante los siguientes periodos: i) entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de
1991; ii) entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1992; iii) entre el 1° de febrero
y el 30 de noviembre de 1993; iv) entre el 7 de febrero y el 30 de noviembre de
1994; y v) entre el 1° de febrero y el 13 de diciembre de 1995.
49. Se advierte que estas vinculaciones tuvieron origen en los contratos celebrados
entre Gloria María Mendoza Barrera y el municipio de Barrancabermeja. Asimismo,
no se evidencia que en este hubiese intervenido el Ministerio de Educación Nacional
como nominador, por lo que se concluye que la vinculación tuvo una naturaleza
territorial.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
50. Adicionalmente, en cuanto a la forma de vinculación en el periodo comprendido
entre los años 1991 y 1995, es importante precisar que, como lo ha sostenido esta
Corporación en anteriores oportunidades, las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928
concibieron la pensión gracia como una prerrogativa en favor de quienes ejercieran
la actividad docente en el nivel territorial, por lo que, la verificación del tiempo de
servicio se debe limitar a verificar que este se hubiese prestado al servicio de la
docencia en el nivel requerido por la norma [territorial o nacionalizado] sin que al
juez le esté permitido excluir a los docentes por la modalidad a la que la
administración hubiese acudido para efectos de su vinculación, puesto que, no se
trataba de una limitación prevista por el legislador. En ese sentido, esta sección
precisó:
«Para la Sala, esa modalidad de vinculación [órdenes de prestación de servicios y no en
propiedad] no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades
territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros
son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante
contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado24».
51. Así las cosas, el tiempo de servicios que la docente prestó con ocasión de
contratos de trabajo, será computado para verificar el cumplimiento del tiempo de
servicio, bajo el entendido de que estas vinculaciones fueron efectuadas por la
entidad territorial con el objeto de que prestara sus servicios como educadora.
52. De igual forma, Gloria María Mendoza Barrera prestó sus servicios como docente
en el municipio de Cimitarra entre el 1º de marzo de 1982 y el 8 de mayo de 1987,
vinculación que se efectuó en la «planta del municipio», según lo certificado por el
secretario general y jefe de personal de la alcaldía del ente territorial en la
constancia relacionada en el párrafo 41.6. Por lo que, el referido periodo será tenido
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en consideración a
que se trataba de una vinculación del orden territorial.
53. Ahora bien, se encuentra que la docente prestó sus servicios entre el 25 de enero
de 1996 y el 18 de septiembre de 202025, como docente en el departamento de
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo de 2019,
expediente con radicado 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14).
25 Fecha en la que se expidió el formato de historia laboral relacionado en el párrafo 41.10 y la
vinculación se encontraba vigente.
20
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Santander. En relación con esta, en el expediente obra: i) Decreto 241 del 20 de
octubre de 1997 mediante el cual la demandante fue nombrada docente en
propiedad en la «la planta globalizada de personal docente» creada por el concejo
municipal, empleo en el que inicialmente fue nombrada a través del Decreto 22 del
25 de enero de 1996. Así las cosas, se concluye de manera inequívoca que esta
vinculación fue efectuada en una plaza territorial, porque actuó como nominador el
alcalde del municipio y fue creada por una autoridad de ese nivel.
54. En consonancia, Gloria María Mendoza Barrera acreditó el siguiente tiempo de
servicio computable para el reconocimiento de la pensión gracia: i) 3 años como
docente territorial en el municipio de Pinillos Bolívar, durante los años 1977, 1978,
1979 y 1980; ii) 4 años, 2 meses y 5 días26, con ocasión de la vinculación contractual
que ostentó con el municipio de Barrancabermeja; iii) 5 años, 2 meses y 7 días como
docente en el municipio de Cimitarra; y iv) 24 años, 7 meses y 24 días como docente
en el municipio de Piedecuesta.
55. En suma, el 12 de septiembre 2003 la demandante cumplió 20 años de servicio
como docente con vinculaciones territoriales27, sin embargo, solo adquirió el estatus
pensional el 18 de octubre de 2010, fecha en la que cumplió 50 años de edad,
puesto que nació en el año 1960.
56. Ahora bien, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la cual el
demandante solicitó el reconocimiento de la prestación, esto es el 29 de agosto de
2019, y la de adquisición del estatus pensional, el 18 de octubre de 2010,
transcurrieron más 3 años, por lo que operó el fenómeno jurídico de la prescripción.
En esa línea, se ordenará el reconocimiento de la pensión gracia con efectos
fiscales a partir del 29 de agosto de 2016, lo anterior, en consideración a que este
no afecta el derecho principal sino las mesadas correspondientes en forma trienal.
57. Así las cosas, se impone a revocar la sentencia apelada y en su lugar se anulará
la resolución RDP 035210 del 21 de noviembre de 2019, por medio de la cual se
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. A título de restablecimiento del
derecho se condenará a la Ugpp al reconocimiento y pago de la pensión gracia con
el 75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente a la
26 Durante los siguientes periodos: i) entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1991; ii) entre el
1° de febrero y el 30 de noviembre de 1992; iii) entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1993;
iv) entre el 7 de febrero y el 30 de noviembre de 1994; y v) entre el 1° de febrero y el 13 de diciembre
de 1995.
27 i) 3 años como docente territorial en el municipio de Pinillos Bolívar, durante los años 1977, 1978,
1979 y 1980; ii) 4 años, 2 meses y 5 días , con ocasión de la vinculación contractual que ostentó con
el municipio de Barrancabermeja; iii) 5 años, 2 meses y 7 días como docente en el municipio de
Cimitarra; y iv) 7 años, 7 meses y 18 días como docente en el municipio de Piedecuesta.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
consolidación de su estatus pensional, esto es, el 18 de octubre de 2010, con
efectos fiscales a partir del 29 de agosto de 2016, por prescripción.
2.5. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
62. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Gloria María Mendoza
Barrera acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00529-01 (0403-2024)
Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
que contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden
territorial antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como docente de
ese orden y ejerció la profesión con buena conducta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda presentada por Gloria María Mendoza Barrera contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, y en su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad de la resolución RDP 035210 del 21 de noviembre de
2019, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a la demandante.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social el reconocimiento y pago, a favor de Gloria María Mendoza
Barrera, de la pensión gracia con el 75% de todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente a la consolidación de su estatus pensional,
esto es, el 18 de octubre de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 29 de agosto
de 2016.
Cuarto. Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 29 de agosto de 2016.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
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Demandante: Gloria María Mendoza Barrera
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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