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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00500-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00500-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del Cinco (5) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. 36 Número Interno: 0495-2024 Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00500-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Nueve (9) de julio de Dos mil Veintiséis (2026)

Radicado: 6600-12-333-000-2020-00500-01 (0495-2024)1
Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Pensión gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Cinco (5) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023),
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda2, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, por intermedio de
apoderada judicial, acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de:

2. (i) Obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante los cuales, negó el

1 Expediente electrónico.
2 Sala compuesta por los Magistrados: Leonardo Rodríguez Arango, Dufay Carvajal Castañeda y Juan

Carlos Hincapié Mejía.
3 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 5 a 28.

2

Número Interno: 0495-2024
Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

reconocimiento y pago de una pensión gracia en su favor, que están
integrados por la Resolución No. RDP 0047979 del Veinte (20) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)4, Resolución No. RDP 004372 del
Trece (13) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)5 y la Resolución No.
008995 del Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)6.

3. (ii) A título de restablecimiento del derecho, solicita que, se condene a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, al reconocimiento y pago de
una pensión gracia, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la causación del derecho.

4. (iii) Como consecuencia de lo anterior, pretende que, se ordene a la entidad
demandada, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, desde el
Doce (12) de junio de Dos Mil Catorce (2014), previa aplicación de los
reajustes de ley y actualización según el Índice de Precios al Consumidor
– IPC, junto con los intereses moratorios a los que hubiere lugar.

5. (iv) Finalmente solicita, se condene en costas a la demandada.

1.2 Los hechos

6. En el escrito de la demanda, la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, señaló que, nació el «11 de abril de 1960».

7. Afirmó que, se desempeñó como maestra directora de la Escuela Rural
“Betulia Alta” del municipio de Pereira, desde el Veintisiete (27) de julio de
Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979) hasta el Cuatro (4) de septiembre

4 Mediante el acto administrativo en cita, la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de

la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia que solicitó la demandante, el Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).
5 A través del acto administrativo la Subdirección en referencia, resolvió el recurso de reposición

interpuesto por la demandante el Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), en el sentido
de confirmar en todas sus partes la Resolución No. 47979 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018).
6 En el acto administrativo la Dirección de Pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales

UGPP, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la demandante, oportunidad en que confirmó la
Resolución No. 47979 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

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Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982), conforme a la designación,
mediante el Decreto No. 0657 del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos
Setenta y Nueve (1979), expedido por la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira.

8. Sostuvo que, fue vinculada al servicio docente, por el municipio de
Dosquebradas- Risaralda, bajo «contrato[s] de labores educativas» en los
siguientes periodos:

9. Indicó que, por medio del Decreto No. 313 del Tres (3) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), fue nombrada en propiedad por el
alcalde municipal de Dosquebradas- Risaralda, en el cargo de docente, el
cual, desempeñó sin solución de continuidad hasta la fecha de
presentación de la demanda.

10. Sostuvo que, adquirió su estatus pensional, el Nueve (9) de enero de Dos
Mil Once (2011), fecha en la cual, cumplió cincuenta (50) años y acumulaba
más de veinte (20) años de servicios como docente nacionalizada.

11. El Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020), solicitó a la
demandada, el reconocimiento de la pensión gracia, no obstante, le fue
negada mediante Resolución No. RDP 024290 del Veintinueve (29) de
junio de Dos Mil Dieciséis (2016).

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Parafiscales de la Protección Social, UGPP

12. Posteriormente, el Doce (12) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la entidad demandada,
quien mediante Resolución No. RDP 037507 del Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), negó el reconocimiento, decisión
contra la cual, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación,
los cuales, fueron resueltos de manera desfavorable, a través de las
Resoluciones Nos. RDP 004372 del Trece (13) de febrero de Dos Mil
Diecinueve (2019) y 008995 del Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019).

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

13. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 1, 2, 4, 5, 25, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política;
artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928;
artículo 3 de la ley 37 de 1933; artículos 2, 3, 26 del Decreto Ley 2277 de
1979; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 2 del Decreto 196 de
1995; el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo; la
sentencia de Primero (1) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
asunto con radicado No. 2854-2015; la sentencia de Diecisiete (17) de
mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el asunto con radicado interno
No. 2100-2015; y la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del
Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

14. Sostuvo que, la entidad demandada, al negar la prestación solicitada,
desconoció las normas que rigen el reconocimiento de la pensión gracia y
erró en la valoración de las pruebas que, determinan el cumplimiento de
los requisitos legales para su goce.

15. Sobre el cumplimiento del requisito de edad, sostuvo que, la demandante
cumplió cincuenta (50) años, el Once (11) de abril de Dos Mil Diez (2010).

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Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

16. Frente al tiempo de servicios señaló que, la actividad docente
desempeñada por la demandante, se desarrolló en centros educativos de
carácter departamental y municipal, por designación de las autoridades
territoriales respectivas, sin intervención del Ministerio de Educación
Nacional, conforme lo demuestran los actos administrativos de
nombramiento y los contratos de labores educativas celebrados con el
municipio de Dosquebradas- Risaralda.

17. Sobre este aspecto, indicó que, la vinculación originada en el Decreto 0567
del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), fue
de carácter nacionalizado, lo cual, incluso reconoció la demandada en las
resoluciones en que negó el reconocimiento pensional y que, a su vez, se
infiere de los documentos que integran el expediente administrativo de la
demandante.

18. En relación con los periodos de servicio, originados en los contratos de
labores educativas, manifestó que, si bien fueron desconocidos por la
demandada «por no mediar acto administrativo de nombramiento por parte del
municipio de Dosquebradas, ha de decirse que al presentarse los elementos de una
relación laboral a tono con el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
previsto en el art. 53 de la C.P» [sic], constituyendo una vinculación de carácter

nacionalizado.

19. Respecto de la vinculación efectuada mediante el Decreto No. 313 del Tres
(3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), precisó que,
este fue expedido por el alcalde municipal de Dosquebradas- Risaralda, sin
la intervención del Gobierno Nacional, lo cual, según el artículo 1° de la Ley
91 de 1989, permite determinar que, la vinculación de la docente fue de
carácter territorial, aspecto que se estableció a su vez, en la Resolución
No. 1484 del Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
proferida por la Secretaría de Educación de Dosquebradas- Risaralda.

20. Precisó que, la demandante, a lo largo de su trayectoria como docente, se
desempeñó observando buena conducta, pues ejerció la labor con
honradez y consagración, no fue investigada en sede penal o disciplinaria
y no registra sanciones.

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21. Finalmente alegó que, los actos administrativos demandados adolecen de
las causales de anulación que denominó; «desviación de poder», «violación de la
ley sustancial» y «falta al deber de aplicación de las normas y jurisprudencia».

2. Contestación de la demanda7.

22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, la
actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues, si bien
se demostró que, en el periodo comprendido entre el Veintiocho (28) de julio
de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979) y el Ocho (8) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992), ostentó una vinculación nacionalizada,
dicho periodo no es suficiente para acceder a la pensión gracia, en virtud de
lo dispuesto por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, las cuales
exigen la prestación del servicio nacionalizado o territorial, por espacio de
Veinte (20) años.

23. Indicó que, según el certificado expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, identificado con consecutivo No. 882
del Quince (15) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), se determinó que, el
periodo en que prestó sus servicios, desde el Tres (3) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996) hasta la fecha de expedición del
documento, fue de carácter nacional, por tanto, no puede tenerse en cuenta
para el reconocimiento del derecho.

24. Respecto de los periodos de prestación de servicios, entre Mil Novecientos
Noventa y tres (1993) y Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), bajo
contratos de labores educativas celebrados con el municipio de
Dosquebradas- Risaralda, indicó que, deben ser desestimados, pues, según
la Ley 115 de 1994, es consustancial al reconocimiento pensional, la
vinculación del docente a la plaza de personal de la entidad territorial, por

7 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010– documento
“13_013CONTESTACIONDEMANDA(.PDF)”.

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medio de acto administrativo.

25. De acuerdo con lo anterior, indicó que, la demandante no cumplió con el
requisito de tiempo de servicios exigido por la ley para el reconocimiento de
la pensión gracia, por tanto, los actos administrativos demandados se ajustan
al ordenamiento jurídico.

26. Finalmente, propuso como excepciones de mérito: «inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido», «buena fe» y «prescripción».

3. La sentencia de primera instancia8.

27. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante Sentencia del Cinco (5) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023),
accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para lo cual dispuso:

«1. Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción formulada por la
entidad demandada, de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 26 de
octubre de 2017.

2. Se declara la nulidad de las Resoluciones RDP 047979 del 20 de diciembre de
2018, RDP 004372 del 13 de febrero de 2019 y RDP 008995 del 18 de marzo de 2019,
por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
solicitada por la parte demandante.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reconocer y pagar la
pensión gracia en favor de la señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez a partir
del 9 de enero de 2011, en cuantía del 75% de todos los factores devengados durante
el año anterior a la adquisición del status de pensionada (9 de enero de 2010 al 9 de
enero de 2011), con efectos fiscales a partir del 26 de octubre de 2017, por
prescripción.

4. Se condena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a efectuar los ajustes de
valor sobre las sumas que resulten a favor de la parte demandante, según el Índice

8 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00047.

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de Precios al Consumidor, de conformidad con el artículo 187 del Cpaca y atendiendo
lo señalado en la parte considerativa.

5. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos del
artículo 192 del Cpaca.

6. Sin costas en esta instancia. […]»

28. Precisó que, conforme los medios de prueba que reposan en el expediente,
la demandante cumplió con los requisitos de edad y buena conducta, en
los términos exigidos por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

29. Sostuvo que, de conformidad con las certificaciones, contratos de
prestación de servicios y actos administrativos de nombramiento y
posesión allegados al expediente, se demostró que, el periodo
comprendido entre el Veintiocho (28) de julio de Mil Novecientos Setenta y
Nueve (1979) y el Ocho (8) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y Dos
(1982), fue de carácter nacionalizado.

30. Sobre el tiempo de servicios prestado, con cargo en contratos de
prestación de servicios suscritos entre la demandante y el municipio de
Dosquebradas- Risaralda, entre el Ocho (8) de febrero de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993) y el Dos (2) de diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), estimó que, dicho periodo debe reputarse de
carácter territorial, considerando que, se demostró el tipo de contrato, plazo
de ejecución, objeto y la entidad con la cual se celebró.

31. En relación con los servicios prestados, bajo las vinculaciones que, la
demandante tuvo con el municipio de Dosquebradas- Risaralda, entre el
Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y el
Treintaiuno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019)- fecha de retiro del
servicio-, expuso que, si bien en el formato único para la expedición de
historia laboral expedido por la Secretaría de Educación del municipio de
Dosquebradas, se estableció que, la vinculación de la demandante era de
carácter nacional, precisó que, en el acto administrativo de nombramiento
y en el acta de posesión, la demandante fue nombrada por el alcalde

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municipal de Dosquebradas- Risaralda, producto del proceso de
nacionalización de la educación y los recursos con los cuales se sufragaron
sus salarios, integraban el antiguo situado fiscal, integrando actualmente
las rentas exógenas de las entidades territoriales.

32. Sobre el periodo en mención, estableció que, según información que
reposa en las páginas web de las instituciones educativas, Club de Leones,
María Auxiliadora, Diocesano sede Jesús Maestro y Cristo Rey, del
municipio de Dosquebradas- Risaralda, en que la demandante prestó sus
servicios, eran territoriales antes del proceso de nacionalización, lo que
demostraría que, la vinculación de la demandante era nacionalizada.

33. Con base en lo anterior, precisó que, la demandante hasta su fecha de
retiro, prestó sus servicios como docente territorial y nacionalizada, por
tiempo superior a Veintiocho (28) años.

34. Frente a la prescripción, sostuvo que, la primera solicitud de
reconocimiento la presentó el Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Dieciséis
(2016) y la demanda la presentó el Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil
Veinte (2020), tal que, el fenómeno operó en relación con las mesadas
causadas con anterioridad al Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017).

35. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas procesales, pues indicó
que, no se encuentran acreditadas erogaciones y tampoco se evidencia
una conducta que amerite la condena sobre este aspecto.

4. El recurso de apelación9.

36. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando así, se revoque y, en consecuencia, se
nieguen las pretensiones.

37. Sostuvo que, según las piezas procesales que integran el expediente

9 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051.

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administrativo de la demandante, los tiempos de servicio comprendidos
entre el Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y
el Primero (1) de agosto de Dos Mil Diez (2010), atendieron a una
vinculación nacional, conforme lo indica el certificado laboral bajo
consecutivo No. 882 del Quince (15) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017),
expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas,
Risaralda, por tanto, no pueden tenerse en cuenta para el reconocimiento
de la prestación.

38. Precisó que, los recursos con los cuales se sufragaron los salarios de la
demandante, bajo la vinculación que tuvo lugar a partir del Decreto No. 657
del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979),
correspondían a recursos del Fondo Educativo Regional del departamento
de Risaralda, lo cual, permite advertir que, constituyen recursos de la
Nación, por tanto, la vinculación debe reputarse nacional.

39. Sostuvo que, el Tribunal erró en el reconocimiento pensional, pues, la
pensión gracia no puede reconocerse bajo el cómputo de tiempos de
servicio como docente de orden nacional, por lo cual, la demandante no
tiene derecho a la prestación que se estableció en su favor.

40. Finalmente, con el recurso de apelación, la demandada solicitó el decreto
de pruebas, orientado a oficiar al departamento de Risaralda, para que
certifique, entre otros, el carácter de la plaza docente que ocupó el
demandante, la fuente de financiación de las plazas en que se desempeñó,
los factores salariales percibidos, el tipo de educación dispensada y la
forma de vinculación.

5. Trámite de segunda instancia

41. Por medio de auto del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024)10, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación,
conforme a lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

10 Expediente digital - Samai - índice 00004.

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42. A través de memorial presentado por la apoderada judicial de la
demandada, el Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) 11,
reiteró la solicitud probatoria presentada con el recurso de apelación.

43. El Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025)12, la apoderada
de la parte demandante allegó el Formato Único para la expedición de
Certificado de Historia Laboral, expedido el (19) de diciembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pieza procesal, en relación con la cual, solicitó se dispensara el
trámite de prueba sobreviniente.

44. En auto de Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)13, se negó
el decreto de pruebas solicitado por la parte demandada, pues, no se
encuentra bajo ninguno de los preceptos del artículo 212 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e,
incorporó, bajo la facultad oficiosa prevista en el artículo 213 ibidem, el
medio de prueba allegado por la demandante, por lo cual, corrió traslado a
los sujetos procesales para que rindieran alegatos de conclusión.

45. La Procuraduría Delegada de Intervención No. 8 ante el Consejo de
Estado, rindió concepto en que solicitó que, se confirme la sentencia de
primera instancia, pues, según lo demostró la demandante, se vinculó al
servicio docente antes del Treintaiuno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980) y laboró por más de veinte (20) años como docente
nacionalizada y territorial, considerando que, sus nombramientos fueron
realizados por autoridades municipales, con destino a la prestación de
servicios en instituciones educativas del orden departamental y municipal,
siendo sufragados con recursos del Sistema General de Participaciones,
por tanto, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

11 Expediente digital - Samai - índice 00009.
12 Expediente digital - Samai – índice 00011.

13 Expediente digital - Samai – índice 00013.

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46. Las partes demandada y demandante, no se pronunciaron en el término
dispuesto para alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

47. La Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

48. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 328 14 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2 Problema jurídico

49. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

49.1. ¿La señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, cumplió los
requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, o, por el contrario,
resulta procedente revocar la sentencia de primera instancia, que
accedió a las pretensiones de la demanda, al acreditarse tiempos de
servicio docente de carácter nacional?

50. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la

14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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Número Interno: 0495-2024
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pensión gracia; y 2.2. Caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

51. En principio debe señalarse que, la pensión gracia se considera una
prestación especial, otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa, cumplida durante un lapso no inferior a 20
años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los
siguientes párrafos:

52. El artículo 1º de la Ley 114 de 191315, consagró por primera vez la pensión
gracia a los maestros de escuelas primarias oficiales, que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de veinte años. El numeral 3° del
artículo 4° de esta norma determina que, para gozar de la gracia de la
pensión, es preciso que el interesado compruebe « que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional (…)». No obstante, dicha

previsión, debe ser interpretada de manera sistemática, con el régimen
posterior, en particular con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el cual, dispuso
expresamente la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria
de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación », lo
que evidencia, que se trata de una prestación especial, que opera como
excepción a la prohibición de doble asignación del erario, prevista en el
artículo 128 de la Constitución Política16.

53. Posteriormente, la Ley 116 de 192817, amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114
de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se

15 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
16 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más

de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga
parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro
público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
17 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»

54. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, mantuvo en su momento
la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional, en consonancia
con la prohibición de percibir doble asignación del erario. Esta previsión
obedecía al contexto normativo vigente para la época de su expedición; sin
embargo, como se indicó, el régimen jurídico de la pensión gracia fue
posteriormente objeto de modificación por el legislador, particularmente
mediante el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que redefinió su alcance y
permitió su compatibilidad con otras prestaciones.

55. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199818,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al
aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como
requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra
pensión o recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las
facultades que la misma carta confirió al legislador para regularla.

56. Dijo, además que, los recursos del Estado para el pago de las prestaciones
sociales son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para
acceder a esta pensión.

57. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley
43 de 197519, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados
a la Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia

de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los
distintos docentes del sector oficial.

58. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º),
respecto de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el

18 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
19 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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31 de diciembre de 1980, que, por disposición de las leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, y demás normas que las hubiesen desarrollado
o modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

59. Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos
de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación, equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año.

60. Las normas trascritas permiten concluir que, el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la
Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta
Corporación, en fallo de 26 de agosto de 199720, en el sentido que, el
artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989, es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión
gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

61. Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de
dilucidar la interpretación aplicable de la letra a, del numeral 2° del artículo
15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-
000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que precisó que, se puede acceder
a la pensión gracia antes y después del Veintinueve (29) de diciembre de
Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), siempre que, se acredite una

20 En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera

exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos
en el proceso de nacionalización; ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue
colmar las expectativas de los docentes vínculos hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria; iii) para los docentes nacionalizados
que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad
del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán
Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.

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vinculación anterior al 31 de diciembre de 198021.

62. De acuerdo con la anterior normativa y jurisprudencia, nótese que, en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al Veintinueve (29) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta
y Nueve (1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector
educativo antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), umbral que precisamente previó el legislador como plazo
máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa
prestación.

63. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran,
haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del Treinta y Uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980); cumplir
cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.

2.4 Hechos probados.

64. Con fundamento en el material probatorio, se tiene por acreditado lo
siguiente:

64.1. Obra copia del registro civil de nacimiento de la señora Marleny del

21 Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa

disposición «(…) «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista,
conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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Socorro Quintero Bermúdez22, documento en el cual, consta que, nació
el Veintitrés (23) de abril de Mil Novecientos Sesenta (1960), por lo que,
cumplió cincuenta (50) años de edad, el Veintitrés (23) de abril de Dos
Mil Diez (2010).

64.2. Mediante el Decreto No. 0657 del Dieciséis (16) de julio de Mil
Novecientos Setenta y Nueve (1979)23, el gobernador del departamento
de Risaralda, nombró a la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, como directora de la Escuela Rural «Betulia Alta» del
municipio de Pereira, designación en la que intervinieron a su vez, el
secretario de educación y el jefe de la división de personal de la
Gobernación del departamento de Risaralda.

La demandante se posesionó en el cargo el Veintisiete (27) de julio de
Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), según Acta No. 320324.

64.3. Mediante Decreto No. 313 del Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)25, expedido por el alcalde de Dosquebradas-
Risaralda, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 6° de la
Ley 60 de 1993, nombró a la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, en la Institución Educativa «Club de Leones» del municipio
de Dosquebradas, Risaralda.

64.4. Según certificado de tiempo de servicio No. 7.264 del Veintiocho (28)
de julio de Dos Mil Nueve (2009)26, expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, la demandante prestó sus
servicios en el nivel de básica primaria, con carácter nacionalizado, de
forma continua, en los siguientes periodos e instituciones educativas:

22 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 29.
23 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 33 a 35.
24 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.pdf)” – Archivo “24387739_1” - Folio 44.
25 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 44 a 50.
26 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 36.

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A) Instituto Docente «Betulia Alta» de Pereira: Entre el Veintiocho
(28) de julio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979) y el Ocho
(8) de marzo de Mil Novecientos Ochenta y Dos (1982),
conforme al nombramiento en propiedad, realizado mediante el
Decreto No. 0657 del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos
Setenta y Nueve (1979).

B) Centro Docente «La Merced» de Pereira: Desde el Nueve (9) de
marzo hasta el Cuatro (4) de septiembre de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982). Lo anterior, de conformidad con el
traslado realizado bajo el Decreto No. 184 del Nueve (9) de
marzo de ese año.

64.5. Según los formatos únicos para la expedición de certificado historia
laboral, emitidos por la Secretaría de Educación del departamento de
Risaralda el Diez (10) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016)27, el Cinco
(5) de junio de Dos Mil Veinte (2020)28 y el Dos (2) de junio de Dos Mil
Veintidós (2022)29, la demandante prestó sus servicios como docente
nacionalizada en el siguiente periodo:

64.6. Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio del Ocho (8) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016)30, en que
se determinó que, la vinculación de la docente, en el periodo
comprendido entre el Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa

27 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010– documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 37.
28 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010– documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 38.
29 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00033– documento

“30_030RESPUESTAOFICIO480(.pdf)”- Folio 19.
30 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.pdf)” – Archivo “24387739_1” - Folios 39 a 41.

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y Seis (1996) y la fecha de expedición de la certificación, era de carácter
nacional; información que, resulta coincidente, respecto del Formato
Único para la expedición de certificado de salarios, emitida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la misma fecha 31.

64.7. El Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), la demandante
solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP32, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia; solicitud que, negó la
demandada, a través de la Resolución No. 024290 del Veintinueve (29)
de junio de Dos Mil Dieciséis (2016)33.

64.8. Según Formato Único para la expedición de Certificado de Historia
Laboral, identificado con consecutivo No. 882 del Quince (15) de mayo
de Dos Mil Diecisiete (2017)34, emitido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la expedición del documento, la
demandante prestaba sus servicios en la Institución Educativa «Cristo
Rey» del municipio de Pereira- Risaralda, registrando vinculación en
propiedad y de carácter nacional. En tal sentido, se relacionó el
siguiente registro de los servicios prestados por la demandante:

Entidad Identificación del acto administrativo Novedad
nominadora

Secretaría de Decreto No. 313 del Tres (3) de diciembre de Ingreso
Educación Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)
Municipal de Resolución No. 1429 del Veintiocho (28) de Ascenso/
Dosquebradas agosto de Mil Novecientos Noventa y Siete reubicación
(1997)
Resolución No. 789 del Quince (15) de marzo Ascenso/
del Dos Mil (2000) reubicación

31 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.pdf)” – Archivo “24387739_1” - Folios 42 a 43.
32 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010– documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 60.
33 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010– documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 61 a 66.
34 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 51.

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Resolución No. 2 del Veintitrés (23) de febrero Traslado
del Dos Mil (2000)
Resolución No. 114 del Veintitrés (23) de Traslado
febrero del Dos Mil (2000)
Decreto No. 575 del Veinticinco (25) de junio Traslado
del Dos Mil Ocho (2008)
Tiempo de Trece (13) años, Cinco (5) meses y Veinte (20) días
servicios

64.9. Obra Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios,
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, identificado con el consecutivo No. 808 del Quince (15) de
mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)35, en que se determinó que, la
vinculación de la docente a la Institución Educativa «Cristo Rey», era
de carácter nacional.

64.10. Conforme certificación del Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil Diecisiete
(2017)36, expedido por la Secretaría de Educación del municipio de
Dosquebradas, Risaralda, la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, prestó sus servicios, a través de contratos de labores
educativas, en los siguientes periodos:

Identificación del Plazo de ejecución
contrato
Contrato No. 086 Del Ocho (8) de febrero al Siete (7) de julio de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993)
Contrato No. 459 Del Ocho (8) de julio al Veintidós (22) de agosto de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993)
Contrato No. 7790 Del Veintitrés (23) de agosto al Treinta (30) de noviembre de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993)

Contrato No. 121 Del Siete (7) de marzo al Seis (6) de julio de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994)
Contrato No. 224 Del Siete (7) de julio al Seis (6) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994)

35 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 54 a 56.
36 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 43.

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Contrato No. 070 Del Veintitrés (23) de enero al Treintaiuno (31) de diciembre
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)

Contrato No. 47 Del Dos (2) de enero al Primero (1) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 547 Del Dos (2) de abril al Primero (1) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 847 Del Dos (2) de mayo al Primero (1) de junio de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 982 Del Tres (3) de junio a Dos (2) de julio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 908 Del Tres (3) de julio al Dos (2) de agosto de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 1185 Del Tres (3) de agosto al Dos (2) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 1496 Del Tres (3) de septiembre al Dos (2) de octubre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 1631 Del Tres (3) de octubre al Dos (2) de noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)
Contrato No. 1767 Del Tres (3) de noviembre al Dos (2) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)

64.11. El Doce (12) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017)37, la demandante
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandada, petición
que fue resuelta en negativa, a través de la Resolución No. 037507 del
Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017)38, proferida
por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales.

64.12. El Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)39, la
demandante solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP,
reactivar el estudio de la pensión gracia, atendiendo la sentencia de
Unificación SUJ-11-S2, proferida el Veintiuno (21) de junio de Dos Mil

37 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 68 y 69.
38 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 70 a 75.
39 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 77 a 78.

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Dieciocho (2018), por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

64.13. La petición que antecede fue negada por la Subdirección de
Determinación de Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social- UGPP, a través de la Resolución No. RDP 047979 del Veinte
(20) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)40.

64.14. Contra dicho acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación41. El recurso de reposición fue
resuelto mediante la Resolución No. RDP 004372 del Trece (13) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)42, confirmando en todos sus
apartados la resolución recurrida. El recurso de apelación fue resuelto
a través de la Resolución No. RDP 00899 del Dieciocho (18) de marzo
de Dos Mil Diecinueve (2019)43, que, a su vez confirmó en todos sus
apartados la la Resolución No. RDP 047979 del Veinte (20) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

64.15. Según oficio No. SE-RH-1136 del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil
Veinte (2020)44, emitido por la Secretaría de Educación del municipio
de Dosquebradas- Risaralda, en el cual, atendió la petición identificada
con radicado No. SACDOS2020ER002565, señaló que, la docente:

A) Fue nombrada por el municipio de Dosquebradas- Risaralda, el Tres
(3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) en la
Escuela Primaria «Club de Leones».

B) El Veintitrés (23) de febrero del Dos Mil (2000), fue trasladada al

40 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 79 a 85.
41 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 87 y 88.
42 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 89 a 92.
43 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 94 a 100.
44 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento

“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 57 y 58.

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colegio «María Auxiliadora».

C) El Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Seis (2006), fue trasladada a
la Institución Educativa Diocesano, sede «Jesús Maestro», como
docente de primaria.

D) El Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Ocho (2008), fue trasladada
a la Institución Educativa «Cristo Rey», como docente de primaria.

E) El Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), fue
trasladada al departamento de Risaralda, previa celebración de
convenio interadministrativo.

En el oficio se estableció que, los «los establecimientos educativos donde se
prestaba el servicio educativo oficial antes de la Ley 715 de 2001, eran del orden
departamental; pero a partir del que el municipio obtuvo la certificación educativa,
mediante la Resolución 2745 del 03 de diciembre de 2001, pasaron a ser EE del orden
municipal». Además, comoquiera que, fue nombrada por el municipio de

Dosquebradas- Risaralda, el carácter de la plaza es municipal.

64.16. De acuerdo con certificado expedido por el Director Administrativo y del
Talento Humano de la Secretaría de Educación Departamental de la
gobernación del departamento de Risaralda, el Ocho (8) de junio de Dos
Mil Veinte (2020)45, los servicios docentes prestados por la señora
Quintero Bermúdez, entre el Veintiocho (28) de julio de Mil Novecientos
Setenta y Nueve (1979) y el Cuatro (4) de septiembre de Mil
Novecientos Ochenta y Dos (1982), en la Secretaría de Educación
Departamental, fueron sufragados con recursos del Sistema General de
Participaciones.

64.17. Según Formato Único para la expedición de Certificado de Historia
Laboral, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio e identificado bajo consecutivo No. 138 del Siete (7) de junio

45 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 39.

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de Dos Mil Veintidós (2022)46, el vínculo de la demandante, desde el
Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) hasta
la fecha de expedición del documento en cita, es de carácter
nacionalizado.

64.18. Obra Formato Único para la expedición de Certificado de Historia
Laboral, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio e identificado bajo consecutivo No. 790 del Diecinueve (19)
de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)47, el carácter de la
vinculación de la demandante, entre el Tres (3) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996) y el Treintaiuno (31) de enero de
Dos Mil Diecinueve (2019)- fecha de retiro del servicio-, fue de carácter
nacional.

2.5 Caso concreto.

65. En el presente asunto, la Sala procederá a revisar, el cumplimiento de los
requisitos, por parte de la señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, a
fin de establecer si, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia.

2.5.1. Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.

66. Para acreditar el cumplimiento de este requisito, obra en el dosier procesal,
el Decreto No. 0657 del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos Setenta y
Nueve (1979), por medio del cual, el gobernador del departamento de
Risaralda, nombró a la señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, como
directora de la Escuela Rural «Betulia Alta» del municipio de Pereira-
Risaralda, así:

46 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00034– documento
“31_031RESPUESTAOFICIO481(.pdf)”.
47 Expediente digital - Samai - índice 00009.

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67. Del referido acto administrativo se extraen los siguientes elementos
relevantes:

68. La designación fue realizada directamente por el gobernador del
departamento de Risaralda, en ejercicio de sus competencias como autoridad
nominadora territorial.

69. En el contenido del decreto, no se advierte intervención del Gobierno
Nacional, ni participación del Ministerio de Educación Nacional.

70. Tampoco se hace alusión a que, el nombramiento fue efectuado con
fundamento en autorización del Gobierno Nacional, ni que la plaza
correspondiera a una de carácter nacional.

71. El acto se limita a disponer el nombramiento como directora de la Escuela
Rural «Betulia Alta», sin incorporar elemento alguno, que permita inferir que,
se trataba de una plaza nacional.

72. La jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que, la naturaleza del

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vínculo se determina por el acto de nombramiento y la autoridad nominadora,
no por la fuente de financiación; en esa línea, cuando el nombramiento es
efectuado directamente por entidad territorial, sin acreditarse la autorización
nacional exigida por el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el vínculo debe
calificarse como territorial o nacionalizado.

73. En consecuencia, la vinculación efectuada mediante el Decreto No. 0657
del Dieciséis (16) de julio de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), satisface
el requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al tratarse de una
designación territorial, anterior al Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980).

2.5.2. Edad

74. Según copia del registro civil de nacimiento de la señora Marleny del
Socorro Quintero Bermúdez, consta que, nació el Veintitrés (23) de abril de
Mil Novecientos Sesenta (1960), por lo que, cumplió cincuenta (50) años de
edad Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Diez (2010); en consecuencia, para la
fecha en que elevó la primera solicitud de reconocimiento de la pensión gracia,
esto es, el Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), ya superaba
ampliamente el requisito etario, exigido en el numeral 6° del artículo 4° de la
Ley 114 de 1913.

2.5.3. Buena conducta.

75. La accionada no desvirtuó el requisito, referente al desempeño del empleo
con honradez y consagración por parte de la señora Quintero Bermúdez; en
consecuencia, se encuentra acreditada la exigencia prevista en el numeral 1°
de la norma antes referida.

2.5.4. Prestación del servicio docente territorial o nacionalizada por
veinte (20) años.

76. De conformidad con las certificaciones laborales y los actos administrativos
obrantes en el expediente, se encuentran demostrados los siguientes períodos

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de servicio docente:

77. Primer periodo: Del Veintisiete (27) de julio de Mil Novecientos Setenta y
Nueve (1979), al Cuatro (4) de septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Dos
(1982), cuando prestó sus servicios en la Escuela Rural «Betulia Alta»,
(Decreto 0657 de 1979) y en el centro docente «La Merced»; vinculación hecha
por autoridad territorial, la cual, constituye tiempo de servicio válido para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, al tratarse de una designación
de carácter territorial debidamente acreditada dentro del expediente.

78. El periodo en mención es susceptible de sintetizarse a través del siguiente
esquema:

Identificación del acto Institución Extremos de la Tiempo de
administrativo Educativa vinculación servicios
Decreto No. 657 del Institución Veintiocho (28) de julio Dos (2) años,
Dieciséis (16) de julio Educativa de Mil Novecientos Siete (7) meses
de Mil Novecientos «Betulia Alta» Setenta y Nueve (1979) y Doce (12) días.
Setenta y Nueve (1979) de Pereira. al Ocho (8) de marzo
de Mil Novecientos
Ochenta y Dos (1982)

Traslado, bajo el Centro Nueve (9) de marzo al Cinco (5) meses
Decreto No. 184 del Docente «La Cuatro (4) de y Veintisiete (27)
Nueve (9) de marzo de Merced» de septiembre de Mil días.
Mil Novecientos Pereira. Novecientos Ochenta y
Ochenta y Dos (1982) Dos (1982)

Tiempo de servicios Tres (3) años,
Un (1) mes y
Ocho (8) días

79. De acuerdo con lo anterior, en el primer periodo, la demandante acumuló
Tres (3) años, Un (1) mes y Ocho (8) días.

80. Segundo periodo: En los plazos que integran el periodo comprendido
entre, el Siete (7) de julio de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y el Dos
(2) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), la demandante

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prestó sus servicios al municipio de Dosquebradas- Risaralda, bajo contratos
de labores educativas, vinculación sobre la cual, es necesario precisar los
siguientes aspectos.

81. Esta Subsección48 ha reconocido que esta modalidad de vinculación no se
contrapone, con el vínculo que, es predicable de los servidores que se vinculan
en la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, pues, las
funciones que cumplen unos y otros son «similares en el campo educativo y, en
consecuencia, (el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también) está
obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse
sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho
de los docentes ocasionales (…), a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado»49.

82. De acuerdo con la certificación del Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017), expedido por la Secretaría de Educación del municipio de
Dosquebradas, Risaralda, la señora Quintero Bermúdez, se desempeñó en los
plazos contractuales identificados en el párrafo 65.10 de esta providencia,
prestando servicios docentes, a través de contratos de labores educativas, en
favor de dicha entidad territorial.

83. Por tanto, el tiempo que se desarrolló en los plazos contractuales
desarrollados entre el Siete (7) de julio de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) y el Dos (2) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), es
computable para conceder la pensión gracia deprecada, considerando los
plazos de prestación de servicios bajo el carácter territorial, comoquiera que,
la demandante prestó sus servicios en favor del municipio de Dosquebradas-
Risaralda, en el ejercicio de actividades docentes, los cuales, según la

48 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de Veintiséis (26) de noviembre de

Dos Mil Veinticinco (2025). Radicado 68001-23-33-000-2016-00864-01 (0379-2023). MP Elizabeth
Becerra Cornejo; Sentencia de Catorce (14) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025). Radicado 05001-
23-33-000-2018-00389-01 (4644-2024). MP Juan Enrique Bedoya Escobar; Sentencia de (26) de junio
de Dos Mil Veinticuatro (2024). Radicado 19001-23-33-000-2018-00227-01 (7733-2023). MP Jorge
Edison Portocarrero Banguera; Sentencia de Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).
Radicado 18001-23-40-000-2019-00165-01(0438-2024). MP Jorge Edison Portocarrero Banguera;
Sentencia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019). Radicado 70001-23-33-000-2013-
00205-01 (3183-14). MP Carmelo Perdomo Cueter.
49 Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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jurisprudencia de la corporación, son susceptibles de acumulación para
causar el requisito de tiempo, previsto para la pensión gracia.

84. Así, en el segundo periodo, la demandante acumuló Tres (3) años, Cinco
(5) meses y Catorce (14) días de servicios como docente territorial, de acuerdo
con el esquema que, a continuación se realiza:

Identificación Plazo contractual Tiempo de servicio
del contrato

1 Contrato No. 086 Del Ocho (8) de febrero al Siete (7) Cuatro (4) meses,
de julio de Mil Novecientos cuatro semanas y un
Noventa y Tres (1993) (1) día

2 Contrato No. 459 Del Ocho (8) de julio al Veintidós Un (1) mes, Dos (2)
(22) de agosto de Mil Novecientos semanas y Un (1) día
Noventa y Tres (1993)

3 Contrato No. Del Veintitrés (23) de agosto al Tres (3) meses, Una
7790 Treinta (30) de noviembre de Mil (1) semana y Un (1)
Novecientos Noventa y Tres día
(1993)
4 Contrato No. 121 Del Siete (7) de marzo al Seis (6) Cuatro (4) meses y Un
de julio de Mil Novecientos (1) día
Noventa y Cuatro (1994)

6 Contrato No. 224 Del Siete (7) de julio al Seis (6) de Cinco (5) meses y
diciembre de Mil Novecientos Tres (3) días
Noventa y Cuatro (1994)

7 Contrato No. 070 Del Veintitrés (23) de enero al Once (11) meses, Un
Treintaiuno (31) de diciembre de (1) semana y Cinco (5)
Mil Novecientos Noventa y Cinco días
(1995)

8 Contrato No. 47 Del Dos (2) de enero al Primero (1) Tres (3) meses y Un
de abril de Mil Novecientos (1) día
Noventa y Seis (1996)

9 Contrato No. 547 Del Dos (2) de abril al Primero (1) Un (1) mes
de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)

10 Contrato No. 847 Del Dos (2) de mayo al Primero (1) Un (1) mes y Un (1)
de junio de Mil Novecientos día
Noventa y Seis (1996)

11 Contrato No. 982 Del Tres (3) de junio a Dos (2) de Un (1) mes
julio de Mil Novecientos Noventa y
Seis (1996)

12 Contrato No. 908 Del Tres (3) de julio al Dos (2) de Un (1) mes y Un (1)
agosto de Mil Novecientos día
Noventa y Seis (1996)

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13 Contrato No. Del Tres (3) de agosto al Dos (2) Un (1) mes y Un (1)
1185 de septiembre de Mil Novecientos día
Noventa y Seis (1996)

14 Contrato No. Del Tres (3) de septiembre al Dos Un (1) mes
1496 (2) de octubre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)

15 Contrato No. Del Tres (3) de octubre al Dos (2) Un (1) mes y Un (1)
1631 de noviembre de Mil Novecientos día
Noventa y Seis (1996)

16 Contrato No. Del Tres (3) de noviembre al Dos Un (1) mes
1767 (2) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis
(1996)

Tiempo de servicios Tres (3) años, Cinco
(5) meses y Catorce
(14) Días Dos (2)
semanas

85. Tercer periodo: Del Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y
Seis (1996) al Treintaiuno (31) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019)- fecha
de retiro del servicio-, en virtud del Decreto No. 313 del Tres de diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996).

86. Sobre el presente periodo, si bien, según los medios de prueba, como es
el caso del Formato Único para la expedición de Certificado de Historia
Laboral, identificado con consecutivo No. 882 del Quince (15) de mayo de Dos
Mil Diecisiete (2017) y el Formato Único para la expedición de Certificado de
Historia Laboral, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio e identificado bajo consecutivo No. 790 del Diecinueve (19) de
diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), refieren que, la vinculación del fue
de carácter nacional, dicha información en torno al carácter de la plaza
docente, no es uniforme, pues concurren otros medios de prueba, que,
califican el carácter nacionalizado de la plaza docente ocupada por la
demandante en el periodo en referencia.

87. En contraposición, el Formato Único para la expedición de Certificado de
Historia Laboral, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, e identificado bajo consecutivo No. 138 del Siete (7) de junio de
Dos Mil Veintidós (2022), refiere que, la vinculación del docente fue de carácter
nacionalizado.

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88. A efectos de abordar la discrepancia entre los medios de prueba, frente al
carácter de la plaza docente, acudiendo al contenido del Decreto No. 313 del
Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), emerge que,
el acto administrativo fue expedido por el alcalde municipal de Dosquebradas-
Risaralda, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 6° de la Ley 60
de 1993, la cual, facultaba a los departamentos, distritos y municipios, para la
vinculación de docentes y administrativos, en las plantas de personal de las
entidades territoriales. Al respecto se destacan, los siguientes apartados,
constitutivos de la motivación fáctica y jurídica del acto administrativo en
mención:

«Que el artículo sexto (6) de la ley 60 de 1993 del 12 de agosto de 1993, establece
que los entes territoriales podrán vincular a la planta de personal al Docente y
Administrativos, con el lleno de los requisitos del estatuto Docente y la carrera
Administrativa, además todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos,
a que refiere la norma anterior, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecuta.
[…]
Que el régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los
servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores
públicos de régimen especial de los órdenes Departamentales, Distritales o
Municipales, se regirán por el Decreto 2277 de 1979 y demás normas que lo
modifiquen y adicionen. Igualmente, sus ajustes salariales serán definidos de
conformidad con la Ley 4 de 1992 y el Decreto anual de salarios expedido por el
Gobierno Nacional.

Que el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, ha realizado un convenio con el
Departamento de Risaralda, para el nombramiento de cien (100) Docentes, para cubrir
parte del déficit educativo que existe en la ciudadela Industrial de Dosquebradas, tanto
en el Área Urbana como en la rural. […]»

89. Ahora, en curso de dicha vinculación, según lo determinó el oficio No. SE-
RH-1136 del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veinte (2020), expedido por
la Secretaría de Educación del municipio de Dosquebradas- Risaralda, el
Veintitrés (23) de febrero del Dos Mil (2000), la docente fue trasladada al
Colegio «María Auxiliadora», como docente de primaria, por parte de la
autoridad nominadora y, según se estableció en el medio probatorio, los
establecimientos educativos en que se prestaba el servicio educativo, se
encontraban a cargo del departamento de Risaralda, hasta tanto, fue expedida
la Resolución No. 2745 del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Uno (2001).

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90. Seguidamente, según dicho medio de prueba, el Veintisiete (27) de enero
de Dos Mil Seis (2006), la docente fue trasladada a la Institución Educativa
Diocesano, sede «Jesús Maestro», como docente de primaria y, con
posterioridad, el Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Ocho (2008), fue
trasladada, como docente de primera, a la Institución Educativa «Cristo Rey».

91. Ahora, para calificar la plaza docente que, ocupó la señora Marleny del
Socorro Quintero Bermúdez, a partir del acto administrativo de nombramiento
y de las novedades que se desarrollaron con posterioridad- concretamente los
traslados- es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, la naturaleza de la vinculación docente se determina por la
autoridad nominadora y el acto de nombramiento, más no, por aspectos como
la fuente financiación o la denominación establecida en certificaciones
administrativas50.

92. En efecto, esta Corporación ha sido reiterativa en precisar que, la fuente
de financiación o la denominación administrativa del vínculo, no resulta
determinante para establecer su naturaleza jurídica, pues, conforme al
precedente unificado, el elemento determinante es la autoridad nominadora y
el acto de vinculación inicial51.

93. En el presente asunto, la Sala observa que, el nombramiento efectuado en
propiedad, a través del Decreto No. 313 del Tres (3) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), fue expedido por una autoridad territorial-
alcalde municipal de Dosquebradas- Risaralda- en ejercicio de competencias
legales, circunstancia que descara por sí misma, el carácter nacional. Sumado
a ello, el oficio No. SE-RH-1136 del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veinte
(2020) y las certificaciones allegadas al expediente52, dan cuenta de traslados,

50 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de Cuatro (4) de junio de Dos Mil

Veintiséis (2026). Radicado 76001-23-33-000-2021-01064-02 (1022-2026). CP Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
51 Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Rad. 250000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14).
52 En este punto se hace referencia a los medios de prueba que se ubican en los siguientes apartados y

que fueron reseñados en el acápite de hechos probados: Expediente digital –Samai – Gestión en otros
despachos – índice 00010 – documento “14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.pdf)” – Archivo
“24387739_1” - Folios 39 a 41; Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010
– SharePoint – documento “1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folio 51; Expediente
digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00010 – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 54 a 56; Expediente digital – Samai –

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al interior de la Secretaría de Educación del municipio de Dosquebradas-
Risaralda, situaciones administrativas que, no transforman la naturaleza del
vínculo.

94. En línea de lo anterior, si bien es cierto, el Formato Único para la
expedición de Certificado de Historia Laboral No. 882 del Quince (15) de mayo
de Dos Mil Diecisiete (2017), y, el Formato Único para la expedición de
Certificado de Historia Laboral identificado bajo consecutivo No. 790 del
Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), constituyen, en
principio, medios de prueba conducentes para demostrar los tiempos de
servicio y el carácter de la plaza docente, tampoco es menos cierto que, en el
presente caso, la información que obra en estos, difiere del contenido del acto
administrativo de nombramiento, el cual, determina una vinculación efectuada
por una autoridad del orden territorial. En tal sentido, conforme al precedente
de esta Corporación, debe otorgarse prevalencia al contenido del acto de
designación, en tanto, identifica de manera directa, la autoridad que dispuso
su vinculación y, por tanto, permite definir la naturaleza de la plaza docente.

95. Una vez definido el carácter de la plaza docente ocupada por la señora
Marleny del Socorro Quintero Bermúdez, entre el Tres (3) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996) y el Treintaiuno (31) de enero de Dos Mil
Diecinueve (2019), comoquiera que, fue de carácter territorial, el tiempo de
servicios prestado por la docente, es susceptible de computarse a efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

96. Así pues, conforme se determinó que, los tres (3) periodos en que la
demandante prestó sus servicios, se realizaron bajo una vinculación de
carácter territorial, se sintetiza, a través del siguiente esquema los periodos en
mención, con destino a su computo para el reconocimiento de la pensión
gracia:

Origen de la Instrumento de la Carácter de la Tiempo de servicios

Gestión en otros despachos – índice 00010 – SharePoint – documento
“1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF)”- Folios 57 y 58; Expediente digital – Samai –
Gestión en otros despachos – índice 00034– documento “31_031RESPUESTAOFICIO481(.pdf)”; y
Expediente digital - Samai - índice 00009.

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vinculación vinculación plaza docente
Nombramiento Decreto No. 0657 del Territorial Tres (3) años, Un (1)
en propiedad Dieciséis (16) de julio de mes y Ocho (8) días
Mil Novecientos Setenta
y Nueve (1979).

Contratos Contratos Nos. 086, 459 Territorial Tres (3) años, Cinco
celebrados con el y 7790 de Mil (5) meses y Dos (2)
municipio de Novecientos Noventa y semanas
Dosquebradas- Tres (1993); Nos. 121 y
Risaralda. 224 de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro
(1994); No. 070 de Mil
Novecientos Noventa y
Cinco (1995); Nos. 47,
547, 847, 982, 908,
1185, 1496, 1631 y 1767
de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996).

Nombramiento Decreto No. 313 del Tres Territorial Veintidós (22) años,
en propiedad (3) de diciembre de Mil Un (1) mes y Cuatro
Novecientos Noventa y (4) semanas
Seis (1996)

Veintiocho (28) años,
Tiempo total de servicios Ocho (8) meses, Dos
(2) semanas y Ocho
(8) días.

97. La Sala colige que, la demandante prestó sus servicios como docente
territorial, por tiempo superior a Veinte (20) años, pues, como se evidenció en
el esquema desarrollado previamente, la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, ejerció la labor docente durante Veintiocho (28) años, Ocho (8)
meses, Dos (2) semanas y Ocho (8) días, bajo plazas territoriales.

98. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, la señora Marleny del Socorro
Quintero Bermúdez, acreditó más de veinte (20) años de servicio en la
docencia oficial, bajo vinculación de carácter territorial, cumpliendo así, el

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requisito previsto en la Ley 114 de 1913 y la Ley 91 de 1989.

99. Conforme a lo anterior, no le asiste razón a la entidad recurrente en
ninguno de los reparos elevados contra la decisión de primera instancia, por
lo que, se confirmará en su integridad.

2.7. Condena en costas.

100. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 para condenarla en costas.

2.8. Conclusión.

La Sala confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia,
comoquiera que, fue demostrado que, la señora Marleny del Socorro Quintero
Bermúdez, acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
puesto que, contaba con más de cincuenta (50) años de edad, experiencia
como docente territorial antes del treintaiuno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Veinte (20) años de servicio como docente de ese
orden, además, ejerció la profesión con buena conducta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del Cinco (5) de
octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la
demanda formuladas por la señora Marleny del Socorro Quintero Bermúdez,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

36

Número Interno: 0495-2024
Demandante: Marleny del Socorro Quintero Bermúdez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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