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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01064-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01064-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia No. 291 del Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora Escilda Jiménez Jiménez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01064-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 76001-23-33-000-2021-01064-02 (1022-20261)
Demandante Escilda Jiménez Jiménez
Demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Reconocimiento de pensión gracia
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra
de la sentencia No. 291 del Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2

1.1.1 Pretensiones

1. La señora Escilda Jiménez Jiménez, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de obtener la anulación de las Resoluciones RDP 023298 del catorce (14) de octubre de
dos mil veinte (2020) y RDP 028512 del nueve (09) de diciembre de dos mil veinte (2020),
mediante las cuales, se negó el reconocimiento de una pensión gracia.

1
Expediente electrónico.
2
Samai Tribunales, índice 00035.

2

Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión gracia, equivalente al 75% del salario
promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
a partir del momento en que adquirió el estatus de pensionada, es decir, del ocho (8) de
julio de dos mil diecinueve (2019). Además, pidió que, sobre la liquidación de la pensión
de jubilación gracia, se le reconozca y pague los reajustes por concepto de Ley 71 del 23
de diciembre de 1988 y Ley 100 de 1993, desde el momento de la adquisición del estatus
de pensionada.

1.1.2. Hechos

3. Se relató que, la demandante ingresó a laborar en los servicios educativos estatales el
Dieciocho (18) de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), siendo nombrada
como docente, mediante Decreto 009 de Dieciséis (16) de Marzo de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977), expedido por la Alcaldesa Municipal de Bolívar (Valle del Cauca),
laborando en los establecimientos educativos de la vereda Patios - Naranjal.
Posteriormente, fue nombrada mediante Decreto No. 3433 de Veintidós (22) de Octubre
de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) por el Gobernador de Departamento del Valle
del Cauca, en propiedad. Luego, mediante Resolución No. 0059 de 23 de Marzo de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998) es designada en el Centro Docente #38 Santa Ana
de Bolívar (Valle del Cauca).

4. Expuso que, nació el Trece (13) de Abril de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho (1958)
y cumplió los 50 años de edad el Trece (13) de Abril de Dos Mil Ocho (2008). Que los 20
años de servicio los alcanzó en el año 2017.

5. Que, el Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinte (2020) presentó reclamación
administrativa con el fin de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP,
la cual fue negada por medio de los actos demandados.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

6. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:

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Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

6.1. Constitución Política de Colombia. Artículos 13;
6.2. Ley 39 de 1903,
6.3. Ley 114 del 4 de diciembre de 1913. Artículos 1° y 4°,
6.4. Ley 37 de 1933. Artículo 3,
6.5. Decreto – Ley 2277 de 1979. Artículos 32 y 34,
6.6. Ley 115 de 1994. Artículos 126 y 127,
6.7. Ley 91 del 29 de diciembre de 1989. Artículo 15°,
6.8. Ley 60 del 12 de agosto de 1993. Artículo 6°,
6.9. Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Artículo 279°,
6.10. Sentencia de unificación expedida por el Consejo de Estado el 21 de junio de
2018, con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), promovida por
Gladys Amanda Hernández Triana, en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

7. Afirmó que, el desconocimiento de la labor de docente oficial desempeñada por la
demandante, vulnera las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo
demandado y, denota la ilegalidad de su expedición, debiendo otorgarse el derecho a la
señora Jiménez Jiménez, conforme a las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 33 de 1937,
al tratarse de una docente nacionalizada conforme a los lineamientos establecidos en el
artículo 1 de la ley 91 de 1989.

8. Adujo que, no puede sostenerse válidamente que la vinculación de la demandante
corresponde a la de un docente nacional, por cuanto, en los términos del artículo 1° de
la Ley 91 de 1989, no fue nombrado por el Gobierno Nacional - Ministerio de Educación
Nacional, sino por una autoridad del orden territorial, o sea, por el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca. Refirió que, el hecho que se certifique por una
entidad, que la vinculación de un docente es de CARÁCTER NACIONAL, siendo de
carácter TERRITORIAL O NACIONALIZADO, buscando impedir que se acceda a la
pensión de gracia, no solo se encuentra en contravía del postulado del artículo 1 de la
ley 91 de 1989, sino que, esta maniobra oculta de las entidades, ha sido descubierta por
el Consejo de Estado, según la cual, lo importante de la vinculación es que no provenga
de la nación, sino que, haya sido efectuado por un gobernador o un Alcalde, como al
efecto ocurre en el presente evento.

4

Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

1.2 Contestación de la demanda3

9. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Refirió que,
la demandante no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia,
ya que, no acreditó el tiempo de servicio prestado al magisterio establecido en el artículo
1 de la Ley 114 de 1913, esto es, 20 años de servicio mediante una vinculación
nacionalizada, departamental o municipal.

10. Señaló que, la UGPP obró en legal y debida forma en la expedición de los actos
administrativos demandados al negarle el reconocimiento y pago de la pensión gracia a
la demandante, al demostrarse que laboró al servicio de la docencia para la Secretaría
de Educación del Departamento del Valle Del Cuaca, desde el 31 de octubre de 1997
hasta el 18 de noviembre de 2019, mediante tipo de vinculación de carácter NACIONAL.

11. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación demandada y
cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos administrativos demandados» y
«prescripción».

1.3 Sentencia de primera instancia4

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia de Treinta y
Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones de la
demanda al estimar que, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia, tras haber acreditado los requisitos exigidos por la normativa que
regula esta prestación. No impuso condena en costas.

13. Como fundamento de la decisión consideró que, de las pruebas allegadas se pudo
verificar que, los actos de nombramiento y de posesión, fueron suscritos por la alcaldesa
municipal de Bolívar, la Secretaría de Gobierno municipal, el Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca y el secretario de educación departamental, es decir,
entidades del orden territorial. También, encontró demostrado que, los sueldos fueron

3
Samai índice 00035 archivo 08ContestaciònDemanda.
4
Samai del tribunal de origen, índice 00036.

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Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

pagados por la respectiva entidad territorial, al indicarse en los actos de posesión que
eran originarios de cada una de ellas y en otros, que era remunerado con recursos del
Sistema General de Participaciones.

14. Advirtió que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, el carácter
territorial o nacional de los docentes, no lo determina la ubicación del plantel educativo
en donde se presten los servicios, sino el ente gubernativo que profiere dicho acto, lo que
a su vez define la planta de personal a la que pertenecen y el presupuesto de donde
proceden los respectivos pagos laborales; en ese sentido, indicó que, los docentes
territoriales y/o nacionalizados no se convierten en educadores nacionales por el simple
hecho que en el acto de vinculación interviene el representante legal de la entidad
territorial y el delegado permanente del Ministerio de Educación.

15. Puntualmente señaló que: «los periodos laborados por la demandante desde el 18 de marzo de
1977 al 26 de septiembre de 1977 y del 31 de octubre de 1997, ocurridos por virtud de los nombramientos
efectuados por las autoridades territoriales, se adecúan al precepto jurisprudencial que se replanteó
mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, pues quedó demostrado que los salarios se
pagaron con cargo a los recursos correspondientes a rentas de las entidades territoriales nominadoras .»

16. Concluyó que, la docente Escilda Jiménez Jiménez reunió los requisitos necesarios
para acceder a la pensión gracia, como son: prestar los servicios como docente en
planteles departamentales y municipales por veinte (20) años, vinculada antes del 31 de
diciembre de 1980, contar con 50 años de edad (cumplidos el 13 de abril de 2008), y
observar una buena conducta en su desempeño como educadora, por lo que era
procedente el reconocimiento de la pensión gracia reclamada.

17. Frente a la prescripción de las mesadas pensionales, argumentó que, la demandante
adquirió el estatus pensional el veintitrés (23) de abril de dos mil diecisiete (2017) y
presentó la solicitud ante la entidad demandada el tres (3) de abril de dos mil dieciocho
(2018), por lo que contaba con 3 años para acudir ante esta jurisdicción para reclamar su
derecho, y teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el dos (2) de noviembre
de dos mil veintiuno (2021), consideró prescritas las mesadas con anterioridad al dos (2)
de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

6

Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

1.4 Recurso de apelación5

14. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada interpuso
recurso de apelación, en el que sostuvo que, no se analizó en debida forma los
certificados allegados al plenario, y, se establecieron tiempos de servicios que no son
computables para el reconocimiento de la prestación.

15. Sostuvo que, la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente
nacional, pues, constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no
reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella.

16. Agregó puntualmente frente al caso en concreto que:

«De igual forma los tiempos prestados mediante Contratos de Prestación de Servicios o
mediante Ordenes de Prestación de Servicios al Municipio de Sevilla y al Departamento del
Valle del Cauca, deben desestimarse, considerando que no pueden tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada atendiendo a que fueron tiempos prestados bajo
una relación de carácter civil y no bajo una relación de carácter legal y reglamentario, conforme
lo establecido por el numeral 3, artículo 4 Ley 114 de 1913, así como y la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 M.P. Nicolás
Pájaro Peñaranda y referenciar otra sentencia reciente del Consejo de Estado, donde el CE se
haya referido al tema) y de la Corte Constitucional (sentencias C-479 de 1998 , C-954 de 2000,
T-218 de 2012).

Ahora, si en gracia de discusión se atendieran los tiempos de servicios laborados por EL
DOCENTE, con el fin de contabilizar los 20 años de servicios para efectos del reconocimiento
pensional que hace parte del debate, es del caso mencionar, que solo deberá tenerse en cuenta
aquellos tiempos de servicios laborados hasta 31 de diciembre de 1989, por cuanto con la
unificación del régimen pensional de los docentes oficiales, esto con ocasión de la expedición
de la Ley 91 de 1989, las vinculaciones posteriores al 1 de enero de 1990, cuentan con el
mismo régimen prestacional de los servidores públicos, teniendo en consecuencia derecho a
una sola pensión como sería la de jubilación y no la pensión gracia. (…)

Ahora bien, conforme a la exposición jurisprudencial y de la documental obrante en el
expediente, se puede concluir que al demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de
la pensión gracia por cuanto: i) pese a que pretende hacer valer los tiempos laborados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo fueron como docente del orden nacional, como
quiera que sus salarios fueron pagaderos con recursos provenientes del situado fiscal hoy
Sistema General de Participaciones, pues aun cuando estuvo laborando en una entidad
territorial, debe entenderse que dichos recursos son fuente exógena de financiación que
provienen de la Nación, ii) aun cuando laboró a favor del servicio oficial docente por más de
veinte años, no debe perderse de vista que para efectos del reconocimiento pensional solo
podrá tenerse en cuenta aquellos tiempos de servicios laborados antes del 31 de diciembre de
1989, sin que para dicha fecha de una parte, hubiese cumplido 50 años de edad, y de otra, no
completó los veinte años de servicios de que trata la norma, para ser merecedora de la
prerrogativa especial, pues los laborados con posterioridad no son susceptibles de ser
contabilizados para el reconocimiento pensional, en la medida que a partir del 1 de enero de

5
Samai del tribunal de origen, índice 00039.

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Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

1990, se unificó el régimen prestacional de los docentes, por tanto ha de entenderse de una
parte, que la vinculación no fue como nacionalizado, y de otra, a partir de dicha calenda su
régimen será igual que de los servidores públicos, siendo merecedores a una sola pensión
como lo es de jubilación y finalmente, se acabaría la distinción o clasificación de docentes
nacionales y nacionalizados a la luz de la Ley 91 de 1989.» (sic para toda la cita)

17. Conforme a lo anterior, enfatizando que los tiempos de servicio con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no son computables para acceder al
reconocimiento, solicitó revocar la decisión de primera instancia al no acreditarse el
cumplimiento de todos los requisitos para otorgar la pensión gracia a la señora Escilda
Jiménez Jiménez.

1.5 Trámite en segunda instancia

15. Mediante auto del Once (11) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación, y, al no existir solicitud probatoria, el expediente
ingresó a Despacho para fallo.

16. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia.

17. El Ministerio Público presentó concepto mediante memorial del veintiuno (21) de
mayo de dos mil veintiséis (2026)7, en el que solicitó revocar la sentencia apelada,
argumentando que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que,
la naturaleza de la vinculación puede acreditarse plenamente mediante certificados
expedidos por autoridades competentes que, indistintamente de su denominación,
ofrezcan certeza sobre el cargo ocupado, el plantel educativo, su nivel, la naturaleza de
la vinculación y su duración. Concluyó que, la documental allegada al plenario, resulta
concordante y concluyente en cuanto permite corroborar la vinculación nacional de la
docente.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

6
Samai índice 00004.
7
Samai índice 00009.

8

Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

18. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). A su vez, en atención a lo
dispuesto en el artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2 Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:

19.1 ¿La señora Escilda Jiménez Jiménez cumplió los requisitos para ser beneficiaria de
la pensión gracia, o si por el contrario, resulta procedente revocar la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, al acreditarse tiempos de
servicio docente de carácter nacional?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

20. La pensión gracia se considera una prestación especial, otorgada a los docentes
estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa, ejercida durante un lapso no inferior a
20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes
párrafos:

21. El artículo 1º de la Ley 114 de 19138, consagró por primera vez la pensión gracia a los
maestros de escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término
no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo 4° de esta norma determina que, para
gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «que no ha recibido
ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional (…)».

22. Posteriormente, la Ley 116 de 19289, amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: «Artículo 6º. Los empleados y
profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación

8
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

9

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»

23. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional, para poder acceder a la pensión
gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional
de 1886, de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo
128 de la Carta actual10.

24. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199811, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4°(numeral
3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al aparte acusado del numeral 3 del
artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión
de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional, no vulnera la Constitución Política por las facultades que la misma
carta confirió al legislador para regularla.

25. Dijo, además, que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones sociales
son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para acceder a esta pensión.

26. A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
197512, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, porque,
como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y secundaria oficial será un servicio público
a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían
diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

27. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto de las
pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que,
por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y demás normas que
las hubiesen desarrollado o modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión

10
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
11
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
12
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».

10

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

28. Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación, equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

29. Las normas trascritas permiten concluir que, el legislador acabó con el reconocimiento
de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar
todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la
sala plena de esta Corporación, en fallo de 26 de agosto de 199713, en el sentido que, el
artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989, es de carácter transitorio, para no
desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de
los docentes nacionalizados.

30. Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a), del numeral 2° del artículo 15 de la mencionada Ley
91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de
2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que precisó que,
se puede acceder a la pensión gracia antes y después del Veintinueve (29) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), siempre que, se acredite una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 198014.

31. De acuerdo con la anterior normativa y jurisprudencia, en criterio de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, resulta dable conceder la pensión gracia a quien,
pese a colmar los requisitos con posterioridad al Veintinueve (29) de Diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió
al sector educativo antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980), umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar

13
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización; ii) la norma reguló una
situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión.
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
14
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…) «solo tiene una
lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y
docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder
a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

32. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980); cumplir cincuenta (50) años de edad;
y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.4. Pruebas aportadas

33. Fueron recaudadas las siguientes pruebas:

• Decreto No. 009 del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos setenta y siete
(1977), expedido por la alcaldesa municipal de Bolívar (Valle del Cauca),
mediante el cual nombró a la señora Escilda Jiménez Jiménez como maestra
municipal de la Vereda de Patios – corregimiento de Naranjal.15 Este acto
administrativo, fue aclarado mediante Resolución No. 094 del (29) de abril de dos
mil diecinueve (2019), por un error en el nombre de la docente.16.

• Con el Acta No. 1278 del seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018)17, se
ratifica que, la demandante, tomó posesión del cargo de maestra municipal en la
vereda Patios Naranjal, nombrada por Decreto 009 del dieciséis (16) de marzo de
mil novecientos setenta y siete (1977) en propiedad, originario de la Alcaldía
Municipal de Bolívar (Valle del Cauca). Esto, teniendo en cuenta el error de
ortografía en el nombre de la docente, en el acta de posesión suscrita en 1977.

15
Samai índice 00035 archivo 02AnexosDemanda pág. 4.
16
Pág. 7. Ibidem.
17
Pág. 8 ibidem. Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 archivo 201860050950372-5

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Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

• Certificación suscrita por el secretario de despacho de la Secretaría de Servicios
Administrativos de Bolívar (Valle del Cauca), donde se confirma lo siguiente:

«Que la Señora ESCILDA JIMENEZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 29.184.688 de Bolívar Valle, Laboro(sic) en este Municipio EN PROPIEDAD, en
el cargo de MAESTRA MUNICIPAL EN LA VEREDA PATIOS DEL
CORREGIMIENTO DE NARANJAL – ESCUELA AVENDAO GARCIA, desde el
dieciocho (18) de marzo hasta el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos
setenta y siete (1977), con una asignación mensual de dos mil cuatrocientos pesos
($2.400).»18

• Formato único para la expedición de certificado de salarios donde se indican los
factores salariales devengados en el año 1977 por la demandante, el cual, fue
diligenciado a mano, e indica que el tipo de vinculación de la señora Escilda
Jiménez es Municipal.19

• Decreto 3433 del veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y
siete(1997)20 por medio del cual se hacen unos nombramientos en la Secretaría
de Educación Departamental del Valle, y se nombra a la señora «Eselda.» (sic)
Jiménez Jiménez. En los considerandos se indicó: «Que la Secretaría de
Educación Departamental realizó concurso para seleccionar los elegidos a las
plazas docentes de la Secretaría de Educación Departamental». Dicha resolución
fue firmada por el gobernador y por el secretario de Educación Departamental.

• Se aportó acta de posesión No. 767 del treinta y uno (31) de octubre de mil
novecientos noventa y siete (1997) proferida por la secretaría de educación del
Departamento del Valle del Cauca, en la cual, la señora Escilda Jiménez Jiménez,
en el despacho de la gobernación, tomó posesión del cargo de docente en el

18
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 archivo 2020400301095762-5
19
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 archivo 201860050950372-9
20
Pág. 10-12.

13

Interno: 1022-2026
Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

centro No. 8 Isabel la Católica – Naranjal – Municipio de Bolívar nombrada
mediante Decreto No. 3433.21

• Resolución No. 0059 del veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y
ocho (1998), por la cual se acepta una permuta en la Secretaría de Educación
Departamental y se ordena lo siguiente en relación con la demandante:

ARTÍCULO 2.- Trasládese a ESCILDA JIMENEZ JIMENEZ identificada con cédula de
ciudadanía #29.184.688 de Bolívar, del cargo de Docente en el Centro Docente #8
Isabel La Católica Corregimiento Naranjal del municipio de Bolívar, Distrito Educativo
#8 Rodanillo, al mismo cargo en el Centro Docente #38 Santa Ana del mismo municipio
y distrito educativo, reemplaza a Nidia Reyes Dávalos quien se traslada por permuta
libremente convenida. (…)

ARTÍCULO 4.- Las docentes trasladadas por la presente resolución, deberán tomar
posesión del cargo ante la división distrital #8 Roldanillo, previo lleno de los requisitos
legales.”

• Acta de posesión No. 1021 del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos
noventa y nueve (1999)22, en el cual se indica que la señora Escilda Jiménez
Jiménez, se presentó en el despacho de la gobernación con el fin de tomar
posesión del cargo de docente en el centro docente No. 38 – Santa Ana –
Municipio de Bolívar, en virtud de la Resolución No. 0059 del veintitrés (23) de
marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), en traslado.

• Decreto No. 0238 del once (11) de febrero de dos mil cuatro (2004)23, mediante
el cual se hace la incorporación del personal docente, cancelado con recursos del
sistema general de participaciones, que presta sus servicios en los municipios no
certificados que componen el GAGEM No. 7 de Roldanillo Valle del Cauca y se
dictan otras disposiciones, del cual se extrae las siguientes consideraciones:

“Que mediante Decreto Departamental No. 1059 del 10 de octubre de 2003 aclarado por
Decreto No. 110 de octubre de 2003, se adoptó la nueva planta de cargos del personal
que prestará sus servicios en los establecimientos educativos a cargo del
Departamento, cancelada con Recursos del Sistema General de Participaciones. (…)

Que mediante Decreto 3020 del 10 de diciembre de 2002 la Nación, en desarrollo de los
artículos 5 numeral 5.16 y 5.18 y 40 numeral 40.1 de la Ley 715 de 2001 estableció los
criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo
de los establecimientos educativos a cargo de las entidades territoriales.

Que se hace necesario incorporar al personal Docente que venía vinculado con el lleno de

21
Pág. 13.
22
Samai Tribunal índice 00035 archivo 02AnexosDemanda pág. 15.
23
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 1. Documento 2020400301095762-6.

14

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

los requisitos en las plantas tanto Departamental como Municipales, a la nueva planta de
cargos adoptada en el Departamento del Valle del Cauca mediante Decreto No. 1059 del
10 de octubre de 2003 y 1110 de octubre de 2003.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar a la planta de cargos de personal docente del
Departamento del Valle del Cauca conforme al Decreto No.
1059 del 10 de octubre de 2003, al personal que a continuación
se relaciona, (…)

No. Cargo Funcionario Identificación Escalafón Planta
origen
21 Docente Jiménez 29184688 14 Dptal
Jiménez
Escilda

ARTÍCULO SEGUNDO: El personal incorporado en el presente Decreto mantendrá su
vinculación sin solución de continuidad; no obstante deberá
tomar posesión del cargo ante la Secretaría de Desarrollo
Institucional conforme al cronograma establecido para tal fin.”

• De dicho cargo tomo posesión a través de Acta No. 2004-0745D24

• Resolución No. 025910 del cuatro (4) de julio de dos mil ocho (2018)25 mediante
la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación gracia a la señora Escilda Jiménez Jiménez al acreditarse tiempos de
servicio en plaza nacional. Bajo los siguientes argumentos:

“Que con la presente petición fue aportado certificado de tiempos de servicios de
tiempos prestados antes de 1980, sin embargo el certificado de información aportado
se encuentra manuscrito y por tanto no puede ser tenido en cuenta, sin embargo con
los tiempos posteriores a 1980 conforme certificado de información laboral, no cuenta
con los 20 años de servicio de carácter Nacionalizado, Departamental o Territorial.

Por otro lado en el expediente pensional reposa certificado de información laboral
consecutivo No. 1358 de fecha 18 de enero de 2018 expedido por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, en el que claramente se indica que el tiempo de
servicio prestado como docente es de carácter Nacional. (…)

(…)

24
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 2020400301095762-7.
25
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2. Archivo RDP-025910.

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

De acuerdo con lo anterior y conforme a los tiempos de servicio aportados se puede
observar que estos fueron prestados con nombramiento del orden nacional, en
consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter NACIONAL. (…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación
Gracia, solicitada por el (a) señor (a) JIMENEZ JIMENEZ ESCILDA, ya identificado
(a), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a Señor (a) JIMENEZ JIMENEZ ESCILDA,
haciéndole (s) saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia,
puede (n) interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación ante EL
SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES. De estos
recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación,
manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

• Resolución No. RDP 023298 del catorce (14) octubre de dos mil veinte (2020) por
medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual
vitalicia de jubilación gracia. En dicha resolución se indicaron los siguientes
argumentos:

“Que el(a) peticionario(a) ha prestado los siguientes servicios:

Que nació el 13 de abril de 1958 y actualmente cuenta con 62 años de edad.

Que el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, establece (…)

De conformidad con la norma antes transcrita y los tiempos de servicio antes
relacionados se puede observar que el (a) peticionario (a) no cuenta con los veinte
años en la docencia oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal o
Nacionalizado teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es
posible computar tiempos de servicio del orden Nacional ni los desempeñados en
Cargos de carácter Administrativo total o parcialmente, en consecuencia no hay lugar
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada. (…)

De acuerdo con lo anterior y conforme a los tiempos de servicio aportados se puede
observar que estos fueron prestados con nombramiento del orden nacional, en
consecuencia no hay lugar al reconocimiento del pago de la pensión de jubilación
solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. (…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación
Gracia, solicitada por el (a) señor (a) JIMÉNEZ JIMÉNEZ ESCILDA, ya identificado
(a), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.
(…)”

• Resolución No. RDP 028512 del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020),
por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la

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Resolución No. 23298 del catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020). En la
cual se analiza lo siguiente:

“Que revisado el cuaderno administrativo de la recurrente se observan los siguientes documentos:

Que revisado el cuaderno pensional se evidencia certificado de información laboral
formato CETIL No. 2019118903990929991420031 de fecha 18 de noviembre de
2019, en el cual se evidencia que laboró al servicio de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA como docente del 31
de octubre de 1997 al 18 de noviembre de 2019, como docente de carácter
NACIONAL.

Que es de resaltar que se acreditan tiempo correspondientes al MUNICIPIO DE
BOLIVAR – VALLE DEL CAUCA laborados del 1977/03/18 al 1977/09/26, los cuales
fueron prestados como docente MUNICIPAL, sin embargo estos se desestimaran en
razón a que no se encuentran certificados en el formato CETIL, aunado a que aún si
se tuvieran en cuenta los mismos son insuficientes para el reconocimiento de la
prestación incoada. (…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 23298 del
14 de octubre de 2020, conforme el recurso presentado por el (la) señor (a) JIMENEZ
JIMENEZ ESCILDA, ya identificado (a), de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta resolución. (…)”

• Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL del veinte (20) de febrero
de dos mil veinte (2020), la cual da cuenta que la demandante cuenta como
periodos certificados desde el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997) vinculada mediante acto administrativo No. 3433 a la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca. Se indicó que su
tipo de vinculación era en propiedad y el nivel era nacional, encontrándose en el
escalafón 14. También se relacionaron los factores salariales devengados desde
el año 1997 al 2019.26

26
Samai Tribunal índice 00035 archivo 02AnexosDemanda pág. 33-40.

17

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

• Se aportó formato único para la expedición de certificado de salarios consecutivo
No. 55812019, en el que consta la situación laboral de la demandante, refiriendo
lo siguiente: i) régimen de cesantías anual, ii) régimen de pensiones nacional, iii)
nivel básica y iv) tipo de nombramiento propiedad. Además, se relacionaron los
factores salariales devengados en los años 2013 y 2014.27

• Copia de la cedula de ciudadanía de la demandante.28

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de
Certificado de Historia Consecutivo No. 5584201929 indicó que el tipo de
vinculación de la docente es nacional, además, que ingresó al servicio docente
desde el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997)
y, reflejando que, su vinculación se encontraba vigente la fecha de expedición del
referido documento, esto es, el siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

• Declaración juramentada rendida por la demandante el tres (3) de septiembre de
dos mil dieciocho (2018) mediante la cual expresó que se ha desempeñado como
docente con honradez, consagración, idoneidad, y buena conducta y no ha sido
sancionada disciplinariamente.

• Declaración extraprocesal Acta No. 057 del catorce (14) de febrero de dos mil
veinte (2020) rendida ante la Notaría Única del Circuito de Bolívar por la
demandante, donde indica que: “me he desempeñado como docente, con
honradez, consagración, idoneidad y buena conducta” y que no ha sido
sancionada disciplinariamente.30

• Resolución No. 317 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), en la
que se resuelve una solicitud de ascenso en el escalafón nacional docente.

Análisis del caso concreto

34. En el sub examine, la accionante pretende el reconocimiento de una pensión de
jubilación gracia, al estimar que, cumple con los parámetros de ley, pues, cuenta con

27
Pág. 41-42.
28
Pág. 43.
29
Pág. 44 a 57.
30
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2. Archivo 2020400301095762-13

18

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Demandada: UGPP

vinculación territorial desde el año 1977, como docente departamental, por acumular más
de 20 años de servicio, y, al haber cumplido los 50 años de edad.

35. El tribunal de primera instancia, consideró que, la demandante acreditó la prestación
del servicio durante más de 20 años como docente territorial o nacionalizado, confirmado
con los actos de nombramiento y posesión, pese a que existieran certificaciones que
referían su vinculación, como de carácter nacional.

36. La entidad demandada argumentó su oposición afirmando que, a la demandante no
le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia, ya que, su vinculación anterior
al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980) fue de carácter
nacional, por cuanto los recursos para su pago provinieron del situado fiscal, que aun
cuando estuvo laborando en una entidad territorial, debe entenderse que dichos
recursos son fuente exógena de financiación que provienen de la Nación; además, que
solo deberá tenerse en cuenta aquellos tiempos de servicios laborados hasta 31 de
diciembre de 1989 y no los posteriores.

37. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala verificará el cumplimiento de los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia, a partir del material
probatorio obrante en el expediente.

Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980.

38. En relación con el requisito consistente en haber acreditado una vinculación docente
de carácter territorial o nacionalizado con anterioridad al Treinta y Uno (31) de Diciembre
de Mil Novecientos Ochenta (1980), la Sala observa que, la señora Escilda Jiménez
Jiménez, fue nombrada como maestra municipal de la Vereda de Patios – corregimiento
de Naranjal31, mediante Decreto No. 009 del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos
setenta y siete (1977), expedido por la alcaldesa municipal de Bolívar (Valle del Cauca).
Así reza el documento:

31
Samai índice 00035 archivo 02AnexosDemanda pág. 4.

19

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
Demandada: UGPP

39. De dicho cargo, originario de la Alcaldía Municipal de Bolívar (Valle del Cauca), tomó
posesión a través de acta 199 del dieciocho (18) de marzo de mil novecientos setenta y
siete (1977) y, por medio de Acta de posesión No. 1278 del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018)32, se rectificó la primera, por error de ortografía en el nombre de la
docente.

40. Conforme a la certificación suscrita por el secretario de servicios administrativos de
Bolivar (Valle del Cauca), se confirmó lo siguiente:

«Que la Señora ESCILDA JIMENEZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.184.688 de Bolívar Valle, Laboro(sic) en este Municipio EN PROPIEDAD, en el cargo de
MAESTRA MUNICIPAL EN LA VEREDA PATIOS DEL CORREGIMIENTO DE NARANJAL –
ESCUELA AVENDAO GARCIA, desde el dieciocho (18) de marzo hasta el veintiséis (26) de
septiembre de mil novecientos setenta y siete (1977), (…).»33

41. Por lo hasta aquí expuesto, es claro que, el nombramiento fue efectuado por una
autoridad del orden territorial —alcaldesa municipal de Bolívar (Valle del Cauca)—, lo que
permite concluir, conforme al artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que se trató de una
vinculación de carácter territorial.

32
Pág. 8 ibidem. Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 archivo 201860050950372-5
33
Samai Tribunal índice 00035 archivo 09. AnexosContestaciónDda. Anexo 2 archivo 2020400301095762-5

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42. La jurisprudencia de esta Corporación34 ha precisado que, la naturaleza del vínculo
se determina por el acto de nombramiento y la autoridad nominadora, no por la fuente de
financiación; en esa línea, cuando el nombramiento es efectuado directamente por
entidad territorial, sin acreditarse la autorización nacional exigida por el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975, el vínculo debe calificarse como territorial o nacionalizado.

43. Así las cosas, la Sala concluye que, la demandante acreditó una vinculación válida a
la docencia oficial, de carácter territorial, con anterioridad al Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), cumpliendo de esta manera, el requisito
exigido por la normativa aplicable para acceder a la pensión gracia.

Edad

44. Respecto del requisito etario, se encuentra demostrado que, la demandante nació el
trece (13) de abril de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho (1958), por lo que, cumplió 50
años, el trece (13) de abril de Dos Mil Ocho (2008), satisfaciendo la exigencia legal.

Buena conducta

45. La accionante acreditó que, desempeñó el empleo con honradez y consagración; en
consecuencia, honró la exigencia prevista en el numeral 1° de la norma antes referida.
En el expediente, obra declaración extraprocesal en la que afirmó el ejercicio adecuado
de la función docente, sin que haya sido desvirtuada por la entidad accionada.

Prestación del servicio docente territorial o nacionalizado por veinte (20) años

46. Corresponde a la Sala determinar si, la demandante cumple con los veinte (20) años
de servicio en la docencia oficial, bajo vinculación de carácter territorial o nacionalizado,
aspecto que constituye el eje central del recurso de apelación. De conformidad con el
material probatorio, se encuentran demostrados los siguientes períodos relevantes de
servicio:

34
Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Rad. 250000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14)

21

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47. Primer período: Se encuentra probado que, la demandante fue nombrada mediante
Decreto No. 009 del Dieciséis (16) de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977),
expedido por la alcaldesa municipal de Bolívar Valle del Cauca, como maestra municipal
de la Vereda de Patios – corregimiento de Naranjal, tomando posesión del cargo
mediante acta 199 del dieciocho (18) de marzo de mil novecientos setenta y siete (1977),
desempeñándose hasta el Veintiséis (26) de septiembre de ese mismo año, período
correspondiente a una vinculación de carácter territorial, equivalente a seis (6) meses y
ocho (8) días de servicio.

48. Segundo período: Comprendido entre el Treinta y Uno (31) de Octubre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997) hasta el Diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte
(2020). Se tiene acreditado que, mediante Decreto No. 3433 del veintidós (22) de octubre
de mil novecientos noventa y siete (1997)35, expedido con ocasión al «Concurso de
Docentes», convocado por la gobernación del departamento del Valle del Cauca, para
ocupar las plazas de la secretaría de educación departamental, se nombró a la señora
Escilda Jiménez Jiménez en el cargo docente del Centro Docente No. 8 Isabel La
Católica, del municipio de Bolívar, corregimiento Naranjal; también, se aportó acta de
posesión No. 767 del treinta y uno (31) de octubre de (1997), proferida por la secretaría
de educación de ese mismo ente territorial, en la cual refiere que, la actora tomó posesión
del cargo, en propiedad.

49. Adicionalmente, reposa la Resolución No. 0059 del veintitrés (23) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999), por virtud de la cual, el secretario de educación del
departamento del Valle del Cauca traslada a la señora Jiménez Jiménez, para ocupar el
mismo cargo, en el Centro Docente No. 38 Santa Ana, en el municipio de Bolívar. Según
consta en Acta No. 1021, la demandante tomó posesión el veintinueve (29) de marzo de
esa misma anualidad.

50. Además, obra en el plenario el Decreto No. 0238 del once (11) de febrero de dos mil
cuatro (2004), mediante el cual, el gobernador del Valle del Cauca incorpora al personal
docente que estaba vinculado en las plantas tanto departamentales como municipales, a
la nueva planta adoptada por el departamento, entre los cuales se incluye a la aquí

35
Pág. 10-12.

22

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Demandante: Escilda Jiménez Jiménez
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demandante. Este acto señala, además, que los docentes mantienen su vinculación, sin
solución de continuidad.

51. Aunado a lo anterior, se tiene que, según el formato único para la expedición de
certificado de historia, consecutivo No. 55842019, la señora Escilda Jiménez Jiménez,
laboró de forma continua desde su ingreso en el año 1997, hasta la fecha de expedición
del documento, el siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019), presentando como
novedades: cambios de sueldo, ascensos y licencias.

52. Esta circunstancia, es corroborada con la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados CETIL del veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), en la cual consta
que cuenta como periodos certificados, desde el treinta y uno (31) de octubre de mil
novecientos noventa y siete (1997), tipo de vinculación en propiedad y el nivel nacional,
encontrándose en el escalafón 14. Con estos periodos acreditados, se tiene que, supera
los veinte (20) años de servicio docente.

53. Superado el requisito de 20 años de servicio con la anterior información, surge la
inquietud sobre la calificación de nivel nacional de la vinculación que se encuentra en el
CETIL, además, por la fuente de los recursos que se indica; sin embargo, sobre el
particular, la Sala reitera que, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, la
naturaleza de la vinculación docente se determina por la autoridad nominadora y el acto
de nombramiento y no por la fuente de financiación ni por la denominación consignada
en certificaciones administrativas.

54. En efecto, esta Corporación ha sido reiterativa en precisar que, la fuente de
financiación o la denominación administrativa del vínculo, no resulta determinante para
establecer su naturaleza jurídica, pues, conforme al precedente unificado, el elemento
determinante es la autoridad nominadora y el acto de vinculación inicial. 36

55. En el presente asunto, la Sala observa que, el nombramiento efectuado en propiedad,
a través del Decreto No. 3433 del veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y
siete (1997), fue expedido por autoridades territoriales —alcalde municipal y secretario
de gobierno municipal—, en ejercicio de competencias legales, circunstancia que

36
Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Rad. 250000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14)

23

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descarta su carácter nacional. Sumado a ello, las certificaciones allegadas al proceso37,
así como la Resolución No. 0059 del veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa
y nueve (1999), dan cuenta de traslados, cambios de sueldo, ascensos y licencias,
situaciones administrativas que no transforman la naturaleza del vínculo.

56. Esta misma circunstancia se predica respecto a la certificación de disponibilidad
presupuestal, que pudiera estar contenida en los actos de nombramiento, pues, como lo
ha señalado la jurisprudencia, tales actuaciones obedecen a exigencias de coordinación
administrativa derivadas del proceso de nacionalización de la educación, sin alterar la
titularidad de la vinculación.

57. En ese mismo sentido, si bien la certificación CETIL y el Certificado de Historia
Consecutivo No. 55842019 expedido por el FOMAG, constituyen, en principio, medios de
prueba pertinentes para acreditar tiempos de servicio y aspectos relacionados con la
vinculación docente, lo cierto es que, en el sub examine, la información consignada en
estos, difiere del contenido de los actos administrativos de nombramiento, los cuales dan
cuenta de una vinculación efectuada por autoridades territoriales. En tales condiciones,
conforme al precedente de esta Corporación, debe otorgarse prevalencia a los actos de
designación, en tanto constituyen la fuente primaria de la relación laboral y, reflejan de
manera directa la autoridad nominadora y la naturaleza del vínculo.

58. Por lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que, la señora Escilda Jiménez Jiménez,
acreditó más de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial, bajo vinculación de
carácter territorial o nacionalizado, cumpliendo así el requisito previsto en la Ley 114 de
1913 y la Ley 91 de 1989.

59. Conforme a lo anterior, no le asiste razón a la entidad recurrente en ninguno de los
reparos elevados contra la decisión de primera instancia, por lo que se confirmará en su
integridad.

Condena en costas

37
CETIL y Formato único para la expedición de certificado de historia consecutivo No. 55842019.

24

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60. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 para
condenarla en costas.

61. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia No. 291 del Treinta y Uno (31) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora
Escilda Jiménez Jiménez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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