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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00227-01

Fecha
26 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de junio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: SEGUNDO: NEGAR las suplicas de la demanda TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2018-00227-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 19001-23-33-000-2018-00227-011
Nº Interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 15 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

La señora Lesbia Hernández, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la
nulidad de las Resoluciones No. RDP 034757 del 6 de septiembre de 2017,
por medio de la cual la UGPP, negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia y RDP 043295 del 17 de noviembre de 2017, que resolvió el recurso de
apelación.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que la
demandante tiene el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia,
a cargo de la UGPP.

Se condene a la UGPP a reajustar la pensión de acuerdo con el índice de

1
Expediente digital.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000201800227011100103

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE, desde la fecha de
adquisición del estatus, hasta el momento del pago efectivo; al reconocimiento
de intereses sobre las sumas adeudadas, en los términos del artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 y al pago de las costas del proceso.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante asegura que nació el 28 de febrero de 1959 e inició su labor
como docente vinculada por contratos de prestación de servicios desde 1980
hasta 1987, como directora de la escuela Rural Mixta el Porvenir de la vereda
la Cuchilla. Posteriormente, con nombramiento en propiedad al departamento
del Cauca, «por Decreto 1131 del 26 de octubre de 1995».

Agregó que el Ministerio de Educación Nacional mediante acta del 15 de
diciembre de 1997 hizo entrega formal de los bienes muebles e inmuebles, el
personal y los recursos financieros para que el departamento asumiera el
manejo del sector educativo.

Indicó que prestó sus servicios por más de 20 años, el desempeño docente se
realizó con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta; la actora al
considerar que cumplía con todos los requisitos legales, el 15 de mayo de
2007, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la
demandada, petición negada a través de los actos administrativos
demandados.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 2, 13, 25, 48, 53, 58, 93, 209, 356 y
357.
Del Acto Legislativo 1 de 2005, los artículos 2, 13, 25, 48
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6,
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3
De la Ley 29 de 1989, el artículo 9.
De la Ley 91 de 1989, los artículos 1º y 15

La parte demandante, sostuvo que acreditó los supuestos facticos para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la UGPP negó
el reconocimiento, con lo que desconoció las disposiciones legales en las que
se funda la prestación deprecada.

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que la entidad
actuó conforme a las normas procedentes al expedir los actos demandados.

Sostuvo que de los documentos aportados por la señora Lesbia Hernández,
se puede comprobar que dentro de los tiempos de servicio prestados y que se
pretendieron acreditar para el reconocimiento, se encontró que la demandante
no cumple con la totalidad de requisitos, pues el periodo aportado por la
accionante, no puede ser tenido en cuenta toda vez que no se tiene claro si
fue bajo la modalidad de prestación de servicios.

Indicó que no se pudo establecer la modalidad de vinculación pues existían
dudas sobre si se efectuó por orden de trabajo o en propiedad y, por ello, no
es viable el reconocimiento de la pensión, dado que no es posible con tiempos
parciales, o por vinculación a través de contratos de prestación de servicios,
debido a que el fundamento de la pensión gracia requiere que el tiempo de
servicios acreditado sea de carácter permanente, es decir, que la vinculación
transitoria como, por ejemplo, licencias o por contratos prestación de servicios,
no son aptas; en consecuencia, la demandante no cumple con los requisitos
exigidos por la normatividad propia del caso, esto es, las leyes 114 de 1913 y
116 de 1928, en lo que se refiere a haber prestado 20 años de servicios a
instituciones educativas del orden departamental municipal o nacionalizado.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación
demandada, ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y
prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 15 de
junio de 20232, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
condena en costas, así:

PRIMERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución RDP 034757 del 06 de septiembre de 2017, Resolución RDP
034757 del 06 de septiembre de 2017, proferidas por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP en los que se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
a favor de la señora Lesbia Hernández, por las razones expuestas.

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Expediente digital, índice 2 Aplicativo Sama Consejo de Estado.

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

SEGUNDO: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, que reconozca y pague una pensión
gracia a favor de la señora Lesbia Hernández, identificada con C.C.
27.706.247 de Timbío, Cauca, en los términos de la Ley 114 de 1913 y
demás que la complementaron y modificaron, desde cuando cumplió el
estatus legal y en la cuantía equivalente al 75% del promedio de la
asignación básica y demás factores salariales devengados durante el año
anterior a la causación del derecho. La pensión que se reconoce será
reajustada en la forma como se expuso en la parte considerativa de este
fallo. Están prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 15 de
mayo de 2014.
TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, según lo
expuesto. Liquídense por Secretaría.

Consideró probado el cumplimiento de la edad, desempeño de la labor
docente con idoneidad, honradez y buena conducta, así como el ingreso al
magisterio antes del 31 de diciembre de 1980, mediante contratos de
prestación de servicios.

Precisó que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, es
posible el cómputo de tiempo laborado por contratos u órdenes de prestación
de servicios para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia;
además, sobre la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, sostuvo que
solo es necesario que el docente acredite una relación laboral anterior a esa
fecha y no necesariamente que el lazo se encuentre vigente.

Señaló que la actora prestó sus servicios desde el 27 de enero de 1994, en
virtud del Decreto 0102 del 26 de enero de 1994, que si bien es cierto nombró
a la demandante en una plaza con cargo al presupuesto del Ministerio de
Educación Nacional, y que según dice en el Certificado de Historia Laboral No
488 su vinculación es nacional, lo cierto es que el acto administrativo fue
expedido por el gobernador del departamento del Cauca y se hizo en una plaza
de carácter territorial, como docente de tiempo completo en una escuela rural
del municipio de la Sierra; y esta misma naturaleza de la plaza se mantuvo en
los distintos traslados que se hicieron con posterioridad, a instituciones del
mismo municipio, inclusive con el último traslado efectuado en el año 2018,
según actos de nombramiento, actas de posesión y certificados aportados al
proceso.

Concluyó que la demandante ingresó al servicio docente antes del 31 de
diciembre de 1980 y que prestó sus servicios con una vinculación territorial por
más de 20 años, desde el 1º de septiembre de 1980 hasta el 31 de diciembre

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

de 1987, y desde el 27 de enero de 1994 en adelante, válida para alcanzar la
pensión gracia, además, cumplió con los demás requisitos para acceder a la
prestación, en consecuencia, encontró procedente la declaratoria de nulidad
de los actos enjuiciados y el restablecimiento del derecho deprecado.
Asimismo, desvirtúa las excepciones propuestas por la entidad demandada.

4. El recurso de apelación.

La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia3.
Afirmó que el tribunal desconoció los elementos probatorios arrimados al
proceso, así como la normatividad y jurisprudencia aplicable.

Sostuvo que la entidad, a través de los actos administrativos demandados,
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia a favor de la actora
conforme a derecho, toda vez que de los documentos aportados no se logró
verificar el cumplimiento de todos los requisitos previstos para el
reconocimiento de dicha prestación, más aun cuando se tiene que de esta son
beneficiarios los docentes de primaria y secundaria, cuyo tipo de vinculación
sea distrital, municipal, departamental o nacionalizados, que hayan sido
vinculados, antes del 31 de diciembre de 1980.

Dijo que el tribunal, al adoptar la decisión, omitió dar el valor probatorio
correspondiente al certificado de historia laboral consecutivo No. 488 de 18 de
julio de 2019, en donde se estableció que la demandante laboró al servicio de
la docencia para el departamento del Cauca por un periodo de 22 años, 5
meses y 25 días, mediante de vinculación de carácter nacional; por ello, los
tiempos laborados y relacionados en dicho documento no pueden ser tenidos
en cuenta para efectos del cómputo del tiempo de servicio requerido para el
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.

Concluyó que, en consecuencia, la UGPP no puede reconocer la prestación
solicitada, porque esta debe ceñirse a los documentos y pruebas
efectivamente acreditadas dentro del expediente de la actora, en caso
contrario sería una trasgresión al principio de sostenibilidad presupuestal,
consagrado en el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2005.

Respecto a la condena en costas solicitó que se revoque, dado que en el

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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE
DIGITAL» índice 2.

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

desarrollo del proceso la UGPP actuó con celeridad, aportó de forma oportuna
y pertinente los documentos solicitados, obrando conforme a derecho en todas
y cada una de las etapas del proceso, para que el despacho decidiera la litis;
sumado a ello, se trata de una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por ello, las condenas y sanciones impuestas, afectan
directamente al erario público y sus contribuyentes.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 22 de marzo de 20244, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
247 del CPACA, no corrió traslado para alegar de conclusión. Sin embargo,
dentro del término de ejecutoria de esta providencia, la accionada presentó
alegatos de conclusión5.

La parte demandada: Solicitó revocar la sentencia de primera instancia
porque en el presente asunto se tiene demostrado, de conformidad con las
diferentes certificaciones de tiempos laborados obrantes en el expediente
pensional, que la demandante prestó sus servicios como directora de la
Escuela Rural Mixta El Porvenir, Vereda La Cuchilla, municipio de La Sierra
Cauca, desde el 1º de septiembre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1987,
en virtud de sendos contratos de prestación de servicios.

Por ello, la accionante no logró acreditar haber laborado más de 20 años
continuos o discontinuos al servicio de la educación en carácter de docente
territorial o nacionalizado, dado que para el cómputo de los 20 años de servicio
como docente los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
docente y el departamento del Cauca, no pueden ser contabilizados para el
reconocimiento de la pensión de gracia, en la medida que la vinculación
solamente puede ser acreditada mediante nombramiento por decreto
municipal o departamental, conforme a la planta de personal aprobada por la
entidad territorial.

En igual sentido se encuentra que, el fallo de primera instancia no se ajusta a
derecho en la medida en que tiene en cuenta los tiempos laborados desde el
27 de enero de 1994, en virtud del Decreto 0102 del 26 de enero de 1994, con

4
Índice 6
5
Índice 11

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

cargo al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional y que según dice
en el Certificado de Historia Laboral No 488 su vinculación es “nacional”,
tiempos que claramente no puede tenerse en cuenta para la obtención de la
pensión gracia ya que al tratarse de nombramiento como docente nacional se
acredita que la demandante no estuvo en condición de inequidad salarial y por
tanto, la misma al recibir una asignación proveniente del tesoro nacional no
puede ser beneficiada con la pensión gracia contenida en la Ley 114 de 1913.

Agregó que lo mismo sucede con los tiempos laborados con posterioridad al
31 de diciembre de 1980 y después de la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989; razón por la cual estos, no pueden tenerse en cuenta para efectos de
computar la pensión gracia, en la medida que dichas vinculaciones
corresponden nuevamente a una plaza de carácter nacional, si se considera
que para esa fecha ya se encontraba vigente la Ley 91 de 1989 en
concordancia con la Ley 60 de 1993, normas que establecieron que a partir de
su vigencia los docentes vinculados al servicio sólo gozarán del régimen
vigente para pensionados del sector público nacional.

Finalmente argumentó que el tribunal realizó una indebida valoración
probatoria, porque de las pruebas no se concluye el cumplimiento de los
requisitos por la accionante para obtener el reconocimiento solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 6, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

6
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para
el efecto se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar
de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos
exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas
que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró por
lo menos veinte (20) años como maestra con vinculación territorial o
nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o
municipales.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
Hechos probados; 2.3. Caso concreto y: 2.4 Condena en costas.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento
a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19137 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la

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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

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Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 8, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19289 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que
implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual10.

La Ley 37 de 193311 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el
no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema,
concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las
facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los
aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones
para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del
Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos
sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan

8
«[S]obre Instrucción Pública».
9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12
M. P. Carlos Gaviria Díaz.

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Demandante: Lesbia Hernández
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ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de
jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene
una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar
la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como
consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales
entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

«…
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del
1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.”

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los

13
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que
se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer
referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino
de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”.
Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida
en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley14.»

Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a) del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y

14
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.

12

Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202015, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de
primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado
hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir
de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se
vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores
y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:

«…
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros
de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980
y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y,
para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere
reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

15
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

13

Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor,
que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por
las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados
(nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un
trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar
dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada
vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma
acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por
el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de
“hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo
76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen
prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se
conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por
el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza
suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas,
es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y
que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral
que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la
normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman
lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación16 [se subraya y destaca].”

16
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del
1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.2. Hechos probados.

i) Según cédula de ciudadanía y el registro civil, la demandante nació el 28 de
febrero de 1959.

ii) Constancia expedida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Gobierno
de la Alcaldía municipal de la Sierra (Cauca), del 15 de marzo de 2017, en que
hace constar que, de acuerdo con contratos hallados en el archivo de la
alcaldía municipal, la demandante prestó sus servicios como directora de la
escuela rural mixta el Porvenir de la vereda la Cuchilla, municipio de la Sierra
(Cauca); desde el 1 de septiembre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1987.

iii) Certificado del alcalde del municipio de la Sierra, del 31 de agosto de 1988,
por medio del cual hace constar que la actora laboró como profesora-directora
de la escuela rural mixta del Porvenir, vereda la Cuchilla desde el 1º de
septiembre de 1980, hasta la fecha de expedición del certificado.

iv) Certificado de la tesorería municipal de la Sierra, en la que hace constar
que la demandante prestó sus servicios como docente desde el 1º de
septiembre de 1980 hasta la fecha de expedición del certificado de 10 de
agosto de 1983), con una asignación de $5.000.

v) Decreto 0102-26-1-94, por medio del cual se convierte una solución
educativa nacional en plaza de tiempo completo del nivel de básica primaria y
se nombra en propiedad a la accionante.

vi) Comunicación del 27 de enero de 1994, por la cual el secretario privado de
la gobernación del Cauca le informó a la actora su designación como docente
en la escuela rural mixta El Porvenir de la Sierra.

vii) Acta de posesión 9858 del 27 de enero de 1994, por la cual la actora tomó
posesión del cargo de docente designada por Decreto 0102 del 26 de enero

15

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

de 1994.

viii) Decreto número 0495-06-2007, por medio del cual se incorpora a la planta
de personal docentes de los municipios no certificados del departamento del
Cauca, con cargo al sistema general de participaciones de acuerdo con el
artículo 2 del decreto 3020 de 2002 y Decreto 2645 del 30 de diciembre de
2003 y 0274 del 13 de abril de 2005.

ix) Acta de posesión del 25 de junio de 2007 de la actora como docente
incorporada en propiedad mediante Decreto 0495 del 1 de junio de 2007,
expedida por el gobernador del Cauca.

x) Decreto 0880-09-2018, por medio del cual el gobernador del departamento
del Cauca traslada a la actora de la Institución Educativa Nueva Generación
sede Camilo Torres del municipio de la Sierra (Cauca) al centro Educativo los
Arboles, sede Santa Lucia del mismo municipio.

xi) Acta de posesión 0934, del 26 de noviembre de 2003, de la accionante,
como docente de la escuela rural mixta Camilo Torres, municipio de la Sierra
(traslado),

xii) El certificado de tiempo de servicio número 0137, expedido por la
Secretaria Administrativa, Sección de Personal, del 27 de enero de 1995, da
cuenta de que la docente se vinculó como docente de primaria desde el 27 de
enero de 1994,

xiii) Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, expedido por la Secretaría de Educación del Cauca, del 2 de febrero
de 2007, la demandante se desempeñó como docente en propiedad, vinculada
por Decreto 0102 del 26 de enero de 1994, prestó sus servicios desde el 27
de enero de 1994, hasta la fecha de expedición del documento (23 años, 7
meses).

xiv) Formato Único para la expedición de certificado de salarios, expedido por
la Secretaría de Educación del Cauca, del 2 de febrero de 2017 la
demandante, en calidad de docente de básica secundaria, en donde se
evidencian los factores salariales devengados en los años 2008 a 2017;
correspondientes a asignación básica, pago de sueldo de vacaciones, prima
de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones docentes.

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Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

xv) Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
General de la nación, del 26 de diciembre de 2010, en el que consta que la
parte actora no registra anotaciones disciplinarias en esa entidad.

xvi) Certificado de la Contraloría General de la república en la que consta que
la actora no figura reportada en el boletín de responsables fiscales número 60
con corte a 31 de diciembre de 2009.

xvii) Decreto número 0561-06-2007 por medio del cual se distribuyen en el
municipio de la Sierra unos docentes, con cargo al sistema general de
participaciones de la planta incorporada del departamento del Cauca, según
Decreto 0495 del 1 de junio de 2007, de conformidad con el Decreto 3020 de
2002. (del listado de los docentes vinculados en propiedad, en la casilla 23, se
encuentra la demandante).

xviii) Resolución número 13867-2013 por la cual la gobernación del Cauca
ordena el pago a la accionante de costos acumulados por concepto de
retroactivo de ascensos en el escalafón nacional docente de los años 2008 a
2010.

xix) Constancia de la secretaría administrativa y financiera del departamento
del Cauca, del 26 de septiembre de 2003, por la cual hace constar que existe
disponibilidad presupuestal, con cargo a los recursos del sistema general de
participaciones para realizar el traslado de la docente Lesbia Hernández de la
escuela rural mixta El Porvenir del municipio de la Sierra a la escuela rural
mixta Camilo Torres de la misma municipalidad.

xx) Certificado del secretario de educación y cultura del Cauca en la que hace
constar que la demandante cumple con los requisitos para desempeñar el
cargo, firmado el 28 de julio de 2003,

xxi) Certificación del Coordinador del grupo de control interno disciplinario y el
jefe de la oficina de carrera docente en la que indica que no encontró sanción
de exclusión del escalafón docente de la señora Lesbia Hernández.

xxii) Constancia del presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda la
Cuchilla del municipio de la Sierra, con visto bueno del alcalde de ese
municipio en la cual manifiesta que la señora Lesbia Hernández laboró como
docente directivo, de la escuela rural mixta El Porvenir desde 1980 y desde

17

Numero interno: 7733-2023
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ese entonces un tiempo lo pagó el municipio y luego fue vinculada por el Plan
Nacional de Rehabilitación, hasta 1994, cuando esas plazas fueron
convertidas a tiempo completo por la reconversión nacional de educación.

xxiii) Formato Único para la expedición del certificado de historia laboral,
consecutivo 3525, del 2 de febrero de 2017; de la Secretaría de Educación del
Cauca, en donde consta que la accionante prestó sus servicios por 23 años, 7
días, vinculada por Decreto 0102 del 26 de enero de 1994.

xxiv) Formato Único para la expedición del certificado de historia laboral,
consecutivo 11102, del 2 de abril de 2014; de la Secretaría de Educación del
Cauca, del 2 de abril de 2014, en donde consta que la accionante prestó sus
servicios por 20 años, 2 meses y 7 días, vinculada por Decreto 0102 del 26 de
enero de 1994, con régimen de pensiones nacional.

xxv) Formato Único para la expedición del certificado de historia laboral,
consecutivo 488, del 18 de julio de 2019; de la Secretaría de Educación del
Cauca, en donde consta que la accionante prestó sus servicios por 25 años, 5
meses 22 días, vinculada por Decreto 0102 del 26 de enero de 1994, con
régimen de anualidad, con vinculación nacional.

xxvi) Decreto 2242-10-2023, del 1º de octubre de 2003; por medio del cual se
aceptó la renuncia de la actora como directora de la escuela rural mixta El
Porvenir del municipio de la Sierra y se le trasladada a la escuela rural mixta
Camilo Torres de la misma municipalidad.

2.2. 1. Actuación administrativa

i) El 15 de mayo de 2017 la actora formuló reclamación administrativa ante la
UGPP, orientada a obtener la pensión gracia.

ii) Mediante Resolución RDP 034757 del 6 de septiembre de 2017, la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia pedida por la demandante el 15
de mayo ese año, dado que no acreditó su vinculación a la docencia oficial por
20 años.

2.3. Caso concreto.

La señora Lesbia Hernández acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar la anulación del acto administrativo por el cual se le negó

18

Numero interno: 7733-2023
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el reconocimiento de la pensión gracia.

El Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda, por considerar la accionante prestó sus servicios en calidad de
docente territorial, como lo certificó la secretaría de educación del Cauca,
vinculación que ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 (1 de septiembre
de 1980), desempeñando el cargo con honradez y buena conducta; por lo que
es destinataria de la pensión gracia.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que insiste en que en la realidad la actora trabajó como docente
nacional.

De las pruebas antes enunciadas se desprende que la accionante nació el 28
de febrero de 1959 y laboró para la educación oficial así:

Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
A M D
Municipio de La 1 de 31 de
Contratos de prestación de
Sierra (Cauca) septiembre diciembre 7 7
servicio
de 1980 de 1987
Gobernación del
15 de mayo
Cauca Decreto 0102 del 26 de 27 de enero 23 3 18
de 201717
enero de 1994 de 1994
Total tiempo de servicio 30 10 18

En tal virtud, el 15 de mayo de 2017 la actora pidió de la UGPP el
reconocimiento de la pensión gracia, negada con los actos administrativos
enjuiciados, puesto que, en criterio de la entidad, no cumplió con el requisito
de los 20 años de servicio como maestro del orden territorial.

De acuerdo con lo expuesto, en lo atinente al primer lapso laborado como
docente, esto es, desde el 1º de septiembre de 1980 hasta el 31 de diciembre
de 1987 (7 años, 7 meses), obra en el expediente certificaciones de la alcaldía
municipal de La Sierra, en la que se expuso que estuvo vinculada como
docente, por contratos de prestación de servicio.

En relación a la vinculación de la actora como maestra por contratos de
prestación de servicios, se precisa que, según el ordenamiento que regula la
prestación reclamada, es suficiente que el interesado demuestre haber servido
como docente departamental, municipal o distrital por 20 años y, con

17
Fecha de la reclamación

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Numero interno: 7733-2023
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anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Para esta subsección, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
puesto que las funciones que cumplen unos y otros son «similares en el campo
educativo y, en consecuencia, (el vinculado mediante contrato de prestación de
servicios también) está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales (…),
a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo
laborado»18.

Por tanto, ese tiempo, que, valga decir, inició con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, es susceptible de ser contabilizado para conceder la
pensión gracia deprecada.

De otra parte, en lo concerniente a la vinculación de la señora Lesbia
Hernández, desde 1994, se tiene que, mediante Decreto 0102 de 26 de enero
de 1994 del gobernador del Cauca, la nombró en propiedad como maestra de
educación básica primaria del centro educativo El Porvenir y se encontraba
activo para el 2 de febrero de 2017. Además, obra el acta de posesión 9858,
suscrita por el jefe de personal, la secretaria auxiliar de la gobernación del
Cauca y la demandante, el 27 de enero de 1994.

En contraste con lo anterior, el formato único de expedición de historia laboral
consecutivo 488 del 18 de julio de 2019 indica que su vinculación es nacional
y el apelante manifiesta que, además, el nombramiento se realizó con cargo
al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.

De lo anterior surge la controversia, pues la accionada sostuvo que este
periodo de tiempo no puede ser computable por ser de orden nacional, el a
quo consideró que, si es dable contabilizarlo por ser nacionalizado, por
consiguiente, encontró mal negada la prestación y declaró la nulidad de los
actos cuestionados.

Pues, bien, está acreditado que la demandante se vinculó nuevamente a la

18
Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

20

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Demandada: UGPP

docencia el 27 de enero de 1994, con ocasión de designación que le hiciera el
gobernador del departamento del Cauca por Decreto 0102-26-1-94, por medio
del cual «se convierte una solución educativa nacional en plaza de tiempo completo
del Nivel de Educación Básica Primaria y se nombre en propiedad a un docente», en
este acto se lee:

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Presidente de la Junta Administradora Fer
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para la
vigencia 1993, existen recursos necesarios para efectuar esta conversión.
Que es propósito del Ministerio de Educación Nacional adoptar medidas que
aseguren la continuidad de la prestación del servicio en las localidades y
zonas que han venido siendo atendidas con las soluciones educativas a
cargo de la Nación.
Que el Ministerio de Educación Nacional ante la Entidad Territorial, certificó
la Disponibilidad Presupuestal para la Conversión de la solución educativa
de la escuela Rural Mixta EL PORVENIR, Municipio de la Sierra, según oficio
número del 22 de octubre de 1993.
Que el Jefe de la Oficina Seccional de Escalafón, certificó que la Educadora
LESBIA HERNANDEZ, llena los requisitos legales para desempeñar el
cargo de Directora de la Escuela Rural Mixta EL PORVENIR, Municipio de
la Sierra, según oficio de fecha Octubre 24 de 1993.
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Convertir la Solución Educativa ubicada en la escuela Rural
Mixta EL PROVENIR, Municipio de la Sierra, en Plaza Docente de Tiempo
Completo, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación nacional.

ARTICULO 2º.- Nombrar en Propiedad a LESBIA HERNANDEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía número 25.706.247 expedida en Timbío, Grado
4º en el Escalafón Nacional Docente, para ocupar la Plaza Docente
convertida en el artículo anterior, ubicada en la escuela Rural Mixta EL
PORVENIR, Municipio de la Sierra.
ARTICULO 3º.- La asignación mensual será la que corresponda al Grado
que acredite en el Escalafón nacional Docente, de conformidad con las
normas que regulan el régimen salarial de los docentes nacionales y
nacionalizados.
ARTICULO 4º.- El educador nombrado tomará posesión del cargo en la
Secretaría Administrativa del Departamento, con la acreditación de los
requisitos legales y de las certificaciones expedidas por el Representante
del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, por la
Tesorería Departamental y por la Tesorería Municipal, en las que conste que
el educador no tiene otra vinculación laboral con ninguna de las entidades
territoriales que representan esos organismos.
ARTICULO 5º.- El Educador nombrado permanecerá en el mismo sitio de
trabajo durante un niño de cuatro (4) años, contados a partir de la posesión,
antes de ser trasladado o comisionado a otro lugar del mismo o diferente
municipio.

21

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ARTICULO 6º.- Ordenase la apertura de una carpetea que contenga los
documentos y hoja de vida de la educadora, con la Tarjeta de Servicios.
ARTICULO 7º.- Copia del presente Decreto le será enviada al
Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad
Territorial y a la Dirección del Plantel, con copias auténticas del Acta de
posesión, Resolución de Escalafón Nacional Docente y fotocopia de la
cédula de ciudadanía.
ARTICULO 8º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
y surte efectos fiscales desde la fecha de su posesión
COMUNIQUESE Y CUMPLSE

TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ
Gobernador
LUIS ALBERTO VILLAQUIRAN BURBANO
Secretario de Educación
CRISTINO ALFONSO MONCAYO
Jefe se Servicios Educativos
].

Así entonces, el tiempo laborado por la actora desde el 27 de enero de 1994
debe ser considerado como docente nacional en atención a que si bien es
cierto el acto de designación lo realizó el gobernador del Cauca, también lo es
que la plaza a ocupar no es territorial, ni nacionalizada. Esto porque el artículo
1º del decreto pre transcrito dispuso: «Convertir la Solución Educativa ubicada en
la escuela Rural Mixta EL PROVENIR, Municipio de la Sierra, en Plaza Docente de
Tiempo Completo, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación nacional».

Es así que esta Corporación en sentencia de Unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 201819, precisó:

vi) Prueba de la calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En este caso, de la lectura del acto de nombramiento se evidencia que la
plaza a ocupar es de índole nacional.

Sumado a lo anterior, el Formato único para la Expedición de la Historia
Laboral, consecutivo 488 del 18 de julio de 2019, precisó que la docente prestó
sus servicios con tipo de vinculación nacional

Por igual, el certificado del presidente de la Junta de Acción Comunal de la

19
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)

22

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Vereda la Cuchilla del municipio de la Sierra (Cauca), del 18 de enero de 1995,
con el visto bueno del alcalde municipal, en el que consta que « la accionante
prestó sus servicios como docente directivo de la Escuela Rural Mixta EL PROVENIR
desde 1980, desde entonces un tiempo lo pago el municipio y luego fue vinculada
por el Plan Nacional de Rehabilitación(PNR), hasta 1994 cuando estas plazas fueron
convertidas a tiempo completo por la RECONVENCIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN, Plan Nacional de Presidente Gaviria y la ministra de Educación
MARUJA PACHON DE V».

Esta vinculación se sostuvo hasta la fecha de la reclamación de la pensión
gracia, dado que a pesar de que en 2007 fue reincorporada en virtud de la
reincorporación de la planta de personal docente de los municipios no
certificados a la planta global de cargos adoptado por el departamento del
Cauca con cargo al sistema general de participaciones, dado que el vínculo
nacional no muta.

En efecto, esta Sala ha considerado que

«Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y
administrativos de los planteles educativos […] mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad» (se subraya), la sala
mayoritaria de esta subsección, al desatar medios de control
instaurados por docentes estatales con el ánimo de obtener la
pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien es cierto que el
Departamento […] para asumir la administración del sector de la
educación dentro del modelo de descentralización
administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo
es que esto no conllevó a que la calidad de la vinculación de
estos mutara de nacional a territorial, pues […] el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional […] son personal nacional.
Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»20 (sic; se subraya).
Así las cosas, esta postura precisó que los maestros nacionales incorporados
a los entes territoriales con ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no
pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que, además de que no
existe sinonimia entre los términos nombramiento («nominación») y
homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo de vinculación,

20
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre
otros. Y más recientemente se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33-
000-2019-00085-01 (1126-2021), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

23

Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

pues fue sin solución de continuidad21.

A manera de corolario, se tiene que la accionante no acreditó el requisito de
haber prestado los servicios en condición de maestro territorial y/o
nacionalizado por más veinte años (20) años, pues contrario a lo manifestado
por el a quo y por la accionante; la plaza en la que fue designada el 26 de
enero de 1994 y que ocupó a partir del 27 de enero de ese año era nacional,
por consiguiente, el tiempo que se podría computar para el reconocimiento de
la prestación deprecada y solamente se podría contabilizar el que corrió desde
el 1º de septiembre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1987 (7 años, 7
meses), como docente territorial; con el que no se satisface el requisito
señalado.

Lo anterior impone en consecuencia revocar el fallo apelado.

2.4 Condena en costas

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y
verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en
los artículos siguientes.” (Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad

21
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».

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Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará
en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de junio de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar se dispone:

SEGUNDO: NEGAR las suplicas de la demanda

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

25

Numero interno: 7733-2023
Demandante: Lesbia Hernández
Demandada: UGPP

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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