Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05728-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de octubre de 2025
Demandante: José Germán Delgado Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05728-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Octubre veintitrés [23] de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05728-00
Demandante: JOSÉ GERMÁN DELGADO DELGADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor José Germán Delgado Delgado, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 12 de septiembre de 2025, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la «tutela judicial efectiva, confianza legítima, igualdad, seguridad jurídica y principio
PRO HOMINE».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de segunda instancia dictada el 17 de marzo de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó el fallo de 4 de
septiembre de 2024, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartago, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número76147-33-33-003-
2023-00154-00/01, que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en adelante FOMAG.
1.2. Pretensiones
El accionante presentó las siguientes:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la
sentencia proferida el día 17 de marzo de 2025 dentro del medio de control con radicado
No. 76147-33-33 003-2023-00154-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA
del señor JOSÉ GERMÁN DELGADO DELGADO, por desconocimiento del precedente
jurisprudencial consolidado por el Honorable Consejo de Estado en materia de la
aplicación del régimen pensional del personal docente oficial.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad
aplicable al caso de la parte actora con aplicación del precedente jurisprudencial actual
del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo.1 (Mayúsculas sostenidas y
negrillas originales)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en este caso:
El señor José Germán Delgado Delgado interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el
fin de desvirtuar la legalidad de la Resolución No. 1.210-54 00858de 22 de marzo de
2023, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
regulada en la Ley 33 de 1985.
Del referido proceso conoció, en primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cartago, autoridad judicial que, en sentencia de 4 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones deprecadas, para lo cual señaló que, en
atención a que el demandante se había vinculado al Magisterio antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, mediante contratos de prestación, era beneficiario del régimen
de transición previsto en dicha norma, no obstante, indicó que como dichas relaciones
no le daban la calidad de empleado público, su derecho prestacional debía estudiarse
conforme a la Ley 71 de 1988, y no con la normatividad solicitada.
En ese orden, advirtió que el señor José Germán Delgado Delgado no cumplía con los
requisitos establecidos en la referida norma para el reconocimiento de la pensión por
aportes, comoquiera que, contaba con 55 años de edad para la fecha de presentación
de la solicitud y porque además no se habían acreditado las cotizaciones al Sistema
de Seguridad Social en pensiones, en los periodos en que se había desempeñado
como contratista.
Contra la anterior decisión, el extremo activo del litigio interpuso recurso de apelación
del cual conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, corporación que, en
fallo de 17 de marzo de 2025, confirmó la providencia impugnada, pero con sustento
en que el señor Delgado Delgado no cumplía con los requisitos establecidos en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, en atención que no se acreditaron los 20 años de
servicio y tampoco las cotizaciones a pensión durante los contratos de prestación de
servicios.
Como argumento de tal conclusión, señaló que, si bien el accionante tenía un tiempo
de servicios de 3 años, 3 meses y 24 días mediante contratos de prestación de
servicios que, sumados con los de su vinculación legal y reglamentaria daban 23 años,
10 meses y 9 días, lo cierto era que, al no haberse probado los respectivos aportes o
cotizaciones a pensión en el periodo de contratista, estos no podían tenerse en cuenta
para el reconocimiento deprecado.
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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De otro lado, indicó que debía analizarse si actor cumplía con los requisitos previstos
en el régimen pensional de la Ley 100 de 1993, dado que su vinculación al magisterio
ocurrió en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Así las cosas, advirtió que, si bien para la fecha de la sentencia cumplía con la edad
requerida, esto es, 57 años de edad, no sucedía lo mismo con la cotización de 1.300
semanas, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues, solo tenía 1.072 semanas para la fecha en que
solicitó el reconocimiento pensional.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de cada uno de ellos,
manifestó que la autoridad judicial había vulnerado sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
a la igualdad y a la seguridad jurídica, al desatender el criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, según el cual, el tiempo prestado como docente mediante
contratos de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para efectos de
determinar el régimen pensional, independiente de la cotización de aportes.
En este punto, trajo a colación pronunciamientos del Consejo de Estado en sede de
tutela, que en casos similares, había llamado la atención a los jueces ordinarios por
haber asumido posturas contrarias al precedente vertical que avala el cómputo de
tiempos de servicio acumulados, aun cuando no se hubiere realizado las cotizaciones
de ley, ello en atención a que la obligación de realizar los respectivos aportes recae en
el ente territorial beneficiario de la labor del docente, sumado a que el cobro de estos
puede realizarse en cualquier tiempo, dada la naturaleza parafiscal de dichos recursos,
tal como lo señaló la sentencia de unificación CESUJS-5 del 25 de agosto de 20162.
En ese orden, alegó que se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de
precedente, en atención a que, si bien el tribunal censurado había hecho referencia a
un pronunciamiento de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que tenía como tesis la exigencia de acreditación de los aportes para efectos del
reconocimiento pensional, lo cierto era que, esta postura había sido rectificada con la
que sostiene que los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios, aun cuando no se hayan realizado cotizaciones, deben ser tenidos en cuenta
para el reconocimiento pensional.
Como sustento del referido cargo citó y transcribió apartes de sentencias de las
Subsecciones A3 y B4 de la Sección Segunda del Conejo de Estado, de donde
concluyó que desde el año 2021, existía línea jurisprudencia que avalaba el computo
2 Sentencias de 20 de marzo de 2025, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente 11001-
03-15-000-2024-06972-01; 19 de junio de 2025, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-15-000-2025-00799-01; 19 de junio de 2025, de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, expediente 11001-03-15-000-2025-01679-01; 10 de julio de 2025, de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2025-01495-01.
3 Sentencias de 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01, 3 de junio de
2021, expediente 50001-23-33-000-2018-00357-01, 7 de abril de 2022, expediente 63001-23-33-2018-
00184-01, 23 de mayo de 2023, expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 y de 30 de enero de 2025,
expediente 66001-23-33-000-2022-00016-01.
4 Sentencias de 4 de julio de 2024, expediente 15001-23-33-2021-00637-01, 12 de septiembre de 2024,
expediente 15001-23-33-000-2021-00407-01, 19 de septiembre de 2024, expediente 15001-23-33-000-
2021-00135-01 y de 20 de noviembre de 2024, expediente 27001-23-33-000-2021-00048-01.
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de los tiempos trabajados mediante contratos de prestación de servicios sin la
respectiva cotización al sistema de seguridad social, para efectos del reconocimiento
de la pensión jubilación.
Asimismo, indicó que conforme a la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
los docentes contratados por prestación de servicios cumplían la misma labor que los
maestros vinculados de manera legal y reglamentaria, razón por la cual, los periodos
laborados en dicha modalidad debían ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de
la prestación, sin perjuicio de la reclamación de los aportes adeudados al sistema
integral de seguridad social, dado su carácter imprescriptible y exceptuado de la
caducidad del medio de control.
De conformidad con lo anterior, iteró que el tribunal censurado desatendió el
precedente vigente, pues, negó las pretensiones de la demanda con sustento en una
sentencia del Consejo de Estado que exigía la acreditación de los aportes para
pensión, además que no cumplió con la debida justificación argumentativa para
separarse del criterio imperante de dicha corporación.
De igual forma resaltó que, en todo caso, de existir dos posiciones, el operador judicial
tenía la obligación de escoger aquella que resultara más favorable para el demandante
y, de optar por el criterio restrictivo, también debía justificar que esta era la más
adecuada para resolver el asunto, lo cual no había sucedido en su proceso.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 16 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de accionado, y le otorgó el
término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartago [autoridad judicial de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho], a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al
FOMAG, y a la Fiduciaria La Previsora S.A. [parte demandada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en
la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las
autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.
Finalmente, reconoció a la abogada Laura Pulido Salgado, como apoderada del
tutelante, de conformidad con el poder otorgado en su favor.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
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1.6.1. Ministerio de Educación Nacional
La referida cartera solicitó que se declare improcedente el mecanismo de amparo, por
cuanto no se había vulnerado, por su parte, ningún derecho fundamental del
accionante, pues, los reparos estaban dirigidos contra la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las súplicas del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó para el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación.
Asimismo, indicó que, en este caso, el debate procesal se circunscribía a una
controversia de carácter estrictamente económico, que involucraba intereses privados
lo cual, en su sentir, excedía la competencia del juez de tutela, luego, carecía de
absoluta relevancia constitucional.
1.6.2. Fiduprevisora S.A.
El entidad pidió que se declare improcedente el mecanismo constitucional y que se le
desvincule del presente trámite por falta de legitimación en la causa por activa,
comoquiera que no era responsable del quebrantamiento de alguna garantía superior
del actor, ante la inexistencia de nexo causalidad entre ella y la presunta acción u
omisión endilgada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor José Germán Delgado Delgado, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Fiduprevisora S.A. en su intervención pidió su desvinculación del presente asunto,
tras alegar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sobre el particular, se precisa que no se accederá a la misma. Esto, en virtud a que la
vinculación de dicha entidad se hizo como tercero, en virtud del eventual interés que
le puede representar las resulta del proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 17 de
marzo de 2025, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
confirmó el fallo de 4 de septiembre de 2024, proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.
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Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20229 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre10.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien el actor planteó la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la
perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación
SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar
las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se
materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.
Se reitera que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere
que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la
decisión de segunda instancia a partir de la configuración de determinado defecto, pero
huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo
procesal frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en
la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio
por parte de la autoridad judicial atentaría contra el principio de autonomía judicial y,
así se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En segundo lugar, la parte accionante busca en este escenario que el juez
constitucional desplace al operador judicial natural del asunto, para obtener la
interpretación y aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le parece
«correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo de amparo
crear una instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya
fueron zanjados por los funcionarios judiciales ordinarios y, además obtener una
decisión favorable.
Ello es así, por cuanto el tribunal censurado, después de referirse al régimen pensional
de los docentes y de citar la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de
abril de 2019, advirtió que, conforme a ésta, los maestros vinculados con anterioridad
a la Ley 812 de 2003, eran beneficiarios del régimen pensional previsto en las Leyes
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33 y 62 de 1985 y, para los que ingresaron después a la vigencia de dicha norma los
gobernaba para dichos efectos las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Asimismo, la autoridad judicial accionada trajo a colación la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre el tiempo laborado por docentes mediante contratos de prestación de
servicios, de donde advirtió que, en un principio, la mentada corporación no los tenía
como validos para efectos de acumularlos con fines pensionales, pero que, dicha
postura había cambiado en el sentido de reconocerlos para el computo de derechos
prestacionales, con sustento en la primacía de la realidad sobre las formalidades.
De igual forma, se tiene que el operador judicial cuestionado estudió el argumento del
recurso de apelación referido a que, en sentir del demandante, no era necesario probar
las cotizaciones a pensión durante los periodos que estuvo vinculado mediante
contratos de prestación de servicios, para lo cual advirtió que, contrario a lo esbozado,
el propio legislador había impuesto la obligatoriedad de los aportes, tema frente al cual
transcribió los respectivos apartes de la sentencia de 9 de septiembre de 2021, de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En ese orden, tal como se indicó en precedencia, es claro que lo pretendido por el
tutelante es utilizar el mecanismo constitucional de amparo como una instancia
adicional y, en consecuencia, se analicen nuevamente los temas relacionados con la
vinculación de maestros a través de contratos de prestación de servicios y la incidencia
de estos tiempos para efectos pensionales, así como sobre la acreditación de las
cotizaciones para pensión en estos periodos, entre otros asuntos.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
José German Delgado Delgado contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
9
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Demandante: José Germán Delgado Delgado
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05728-00
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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