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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00799-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00799-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la señora Clara Inés Ortiz Londoño, acorde con las consideraciones expuestas. 3. Dejar sin efecto la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en consecuencia, 14 Para el efecto, ver sentencia del 3 de mayo de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023). 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025, exp. nro. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01 Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, se profiera decisión de remplazo, en la que se tengan en cuenta las consideraciones del presente fallo. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00799-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

19 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: CLARA INÉS ORTIZ LONDOÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Clara Inés Ortiz Londoño
contra la providencia de 6 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del Fomag, y el Ministerio de Educación
Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora Clara Inés
Ortiz Londoño, contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
(…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de febrero de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, de acceso efectivo a la
administración de justicia y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«PRIMERA.- DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad, al
dictar la sentencia de fecha 31 de julio de 2024, correspondiente al proceso 76001-33-33-
006-2023-00234-01 que confirmó el fallo de primer grado emitido el 17 de abril de 2024
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, negando el reconocimiento
de la pensión de jubilación que en derecho me corresponde con el argumento que no
haber demostrado cotizaciones por el periodo laborado antes del 27 de junio de 2003 en
las modalidades de contratos, ha violado directamente mis derechos fundamentales
consagrados especialmente en los artículos 13, 25, 29, 53 y 48 de la Constitución
Nacional, tales como a la igualdad frente a la aplicación de ley y la línea de jurisprudencia,
el trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad social
integral en conexión con el régimen especial del magisterio y demás derechos
constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la
acción de tutela

SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de fecha 31 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad, correspondiente al
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

proceso 76001-33-33-006-2023-00234-01 que confirmó el fallo de primer grado emitido el
17 de abril de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, carece
de efectos legales.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
nuevamente realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar otra
sentencia fundamentada en la normatividad, valorando en plenitud las pruebas aportadas
y en la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en las sentencias C-555 de
1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional y en el fallo
unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda.

CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que la honorable Corporación Constitucional
considere convenientes para el restablecimiento de los derechos afectados.»

2. Hechos

Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De la actuación administrativa

La señora Clara Inés Ortiz Londoño nació el 24 de julio de 1966 y cumplió los 55
años de edad, el 24 de julio de 2021.

Trabajó en la docencia pública en el departamento del Valle del Cauca, mediante
órdenes de prestación de servicios: del 2 de enero al 31 de diciembre de 1997; del 1°
de febrero al 20 de junio de 2001; y, del 8 de enero de 2002 al 7 de julio de 2002; del 26
de agosto al 22 de noviembre de 2002; del 7 de enero al 4 de abril de 2003; del 7 de abril
al 4 de julio de 2003; del 25 de agosto de 2003 al 30 de octubre de 2003.

Posteriormente, fue nombrada en provisionalidad desde el 21 de noviembre de
2003 hasta el 21 de diciembre de 2007; y, en propiedad desde el 8 de octubre de
2008 hasta la actualidad, razón por la que solicitó que se reconocieran estos
tiempos para el cálculo de la pensión de jubilación.

Mediante Resolución 1.210-5400759 del 13 de marzo de 2023, el departamento del
Valle del Cauca, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la
señora Clara Inés Ortiz Londoño por considerar que el régimen aplicable era el
previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que se vinculó a la docencia oficial el 21
de noviembre de 2003, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Posteriormente, la señora Ortiz Londoño promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del anterior
acto administrativo y, como consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, en consideración a que su vinculación inicial fue anterior
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

El Juzgado Sexto Administrativo de Cali, mediante sentencia del 17 de abril de
2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la actora no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos solicitados,
porque acorde con las pruebas aportadas se vinculó formalmente a la docencia
después del 27 de junio de 2003, por lo que, el régimen pensional aplicable era el
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Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

establecido en la Ley 100 de 1993, además, sostuvo que el tiempo acreditado bajo
la modalidad de contrato de prestación de servicios no puede tenerse en cuenta
para efectos pensionales, porque no acreditó los aportes a seguridad social por ese
tiempo.

La actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar
que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, conforme
con la Ley 33 de 1985, por haber cumplido los requisitos de tiempo de servicio y
edad. Que acorde con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado,
concretamente las sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y la del 25
de abril de 2019, los tiempos laborados bajo contratos OPS son válidos para el
cálculo pensional, a pesar de que no se realizaron aportes a la seguridad social en
esos periodos.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de julio de
2024, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que los argumentos
presentados por la demandante para justificar el reconocimiento del tiempo
laborado mediante OPS no desvirtúan las disposiciones legales y jurisprudenciales
aplicables.

Por lo tanto, concluyó que no es posible reconocer el tiempo laborado bajo esta
modalidad ni incluirlo para efectos pensionales, debido a la falta de acreditación de
los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la tutelante, la sentencia acusada incurrió en defecto sustantivo porque
estuvo vinculada a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, en virtud de órdenes de prestación de servicios que suscribió con
diferentes entes territoriales en el departamento del Valle del Cauca.

Señaló que, las consecuencias de la omisión de cotizaciones deben recaer
exclusivamente en el empleador, no en el sujeto más débil de la relación laboral.

Que, no se tuvo en cuenta la sentencia C-555 de 1994, en la cual se declaró
inexequible el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo tercero del artículo 105
de la Ley 115 de 1994, según el cual, los docentes vinculados mediante contratos
de prestación de servicios serían sucesivamente contratados para el periodo
académico siguiente, hasta que pudieran ser vinculados a la planta de personal
docente territorial.

Señaló que acorde con lo previsto en la sentencia SU-226 de 2019, la
responsabilidad de efectuar las cotizaciones en materia pensional es del
empleador, por lo tanto, no es de recibo que en la providencia no se atribuyan las
consecuencias de la omisión de efectuar los respectivos aportes en la entidad
territorial o en el mismo Estado.

Aseguró que, no podían exigírsele las cotizaciones del tiempo que estuvo vinculada
mediante ordenes de prestación de servicios, con fundamento en una disposición
que fue excluida del ordenamiento jurídico. Que, se daban los supuestos de una
relación laboral y era deber de la entidad contratante realizar la afiliación y aportes
al sistema pensional o, en su defecto, imponerle la respectiva cuota pensional

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conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 72 del
Decreto 1848 de 1969.

Que, en esa medida, la decisión adoptada desconoció el principio de favorabilidad
porque no se debía pedir una prueba sobre aportes pensionales por unos contratos
cuyo sustento normativo se declaró inconstitucional, más aún cuando la exigencia
de hacer dichos aportes surgió con la expedición de la Ley 797 de 2003 y los
contratos se suscribieron con anterioridad a esa fecha.

Aseveró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto por decisión sin
motivación, pues tenía el deber de explicar con suficiencia las razones por las
cuales se apartaba de los criterios jurisprudenciales según los cuales, los contratos
de prestación de servicios docentes se tienen en cuenta para efectos pensionales
y se otorga validez a las hora cátedra y a los contratos de prestación de servicios
para (para el efecto citó las sentencias C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, la CE-
SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 y la del 22 de enero de 2015 con radicación Nro.
25000-23-42-000-2012-02017-01, proferidas por el Consejo de Estado).

Además, señaló que la providencia cuestionada no analizó adecuadamente el
artículo 48 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 01 de 2005, que
establece el régimen pensional docente, ni los tratados internacionales ratificados
por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Protocolo de San Salvador, que garantizan el derecho a la seguridad
social como protección frente a la vejez.

Señaló que incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado en las siguientes
providencias: sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 CE-SUJ2-005-16;
sentencia de la Sección Segunda del 22 de enero de 2015 con radicado núm.
25000-23-42-000-2012-02017-01; los fallos de tutela de la Sección Cuarta del 9 de
diciembre de 2021 1 y del 20 de enero de 2022 2.

Refirió que, se configuró el defecto por violación directa a la Constitución porque
en la decisión cuestionada se desconocieron los derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, así como
los derechos adquiridos con justo título.

Señaló que, la Corte Constitucional en las sentencias C-634 de 2011 y C-816 de
2011 se refirió a la fuerza vinculante de la jurisprudencia, la cual es de obligatorio
cumplimiento, tanto para la administración como para los jueces. Además, subrayó
la importancia de tener en cuenta los fallos de unificación jurisprudencial emitidos
por el Consejo de Estado, y en particular, las decisiones de la Corte Constitucional.

Finalmente, indicó que el principio de sostenibilidad fiscal no podía prevalecer sobre
los derechos fundamentales relacionados con la seguridad social y resaltó que las
pensiones son un derecho irrenunciable e imprescriptible.

4. Trámite previo

El 14 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la accionante, al Tribunal Administrativo del Valle del
1
Expediente 11001-03-15-000-2021-07366-00. Accionante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez.
2
Expediente 11001-03-15-000-2021-06830-00. Accionante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
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Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

Cauca, en calidad de accionado y ordenó la vinculación como terceros con interés
del Juzgado Sexto Administrativo de Cali y la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que la acción de tutela no
está llamada a prosperar, porque la providencia cuestionada no transgredió algún
derecho fundamental, por el contrario, se encuentra fundada en las pruebas
aportadas al proceso, en la jurisprudencia vigente, en las normas aplicables al caso
y se profirió con respeto de las garantías fundamentales que se señalan como
presuntamente vulneradas.

Que lo que se evidencia es la discrepancia que tiene la actora con la decisión
adoptada, pues las pretensiones están orientadas a que se ordene emitir una nueva
decisión que resulte favorable a sus intereses, porque no comparte sus
consideraciones.

6. Intervención de los terceros con interés

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque no tiene relación de subordinación o control con la
autoridad judicial que adoptó la decisión cuestionada, ni se acreditó la vulneración
de algún derecho fundamental.

Por otra parte, adujo que la acción de tutela es improcedente, porque no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, porque la actora no acreditó la
vulneración de algún derecho fundamental, por el contrario, lo que se advierte es
un debate procesal, una controversia de naturaleza estrictamente económica, un
litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del
juez de tutela.

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvincule del trámite de la presente
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues asegura que
no hay un nexo de causalidad entre la entidad y la omisión o acción o amenaza de
los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

Señaló que la autoridad judicial actuó conforme con las normas establecidas y no
desconoció el precedente jurisprudencial, agregó que las partes tienen derecho a
la protección de las formas propias de cada juicio, conforme con lo previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política.

7. Sentencia de primera instancia

El 6 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó las solicitudes
de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del
FOMAG y del Ministerio de Educación Nacional y declaró improcedente la acción
de tutela, por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En cuanto al defecto sustantivo, indicó que de una lectura previa de la providencia
no evidenció que el Tribunal otorgó valor a la disposición que la actora consideraba
inaplicable, ni percibía una tensión en derechos fundamentales en el debate

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planteado. Que el conflicto se limitaba a una discrepancia sobre la interpretación
legal, sin elementos suficientes que permitan analizar la validez del cargo.

Precisó que, la parte actora tiene la carga de explicar de manera razonada las
implicaciones de la interpretación del juez sobre la disposición aplicada y cómo esto
afecta los derechos fundamentales, más allá de simplemente señalar el contenido
de la norma y su interpretación propuesta.

Que la providencia no carece de motivación, aunque la actora alegó la vulneración
de derechos fundamentales, lo que busca con este cargo es una nueva valoración
jurídica sobre el régimen pensional aplicable, con el fin de obtener una decisión
favorable, lo cual no corresponde al propósito de la tutela.

En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, señaló que respecto
de las sentencias de unificación la actora se limitó a citar un extracto de la parte
considerativa y de los fallos de tutela solo los identificó e hizo breves
consideraciones.

Indicó que los argumentos expuestos por la accionante no son suficientes para
evidenciar la vulneración de algún derecho fundamental, que justifique el estudio
de fondo del recurso de amparo.

Finalmente, indicó que, aun si en gracia de discusión se considerara que la acción
de tutela satisface el requisito general de relevancia constitucional, la actora tiene
a su alcance otro mecanismo de defensa, esto es, el recurso extraordinario de
revisión, conforme con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
para cuestionar la indebida motivación que depreca de la providencia acusada.

8. Impugnación

La señora Clara Inés Ortiz Londoño impugnó el fallo de primera instancia, para lo
cual insistió en los argumentos del escrito de tutela y señaló que el derecho a la
pensión se torna fundamental cuando está relacionado con otros derechos como el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Que, por lo anterior, se ha reconocido la pensión de jubilación de docentes
incluyendo los tiempos de vinculación por medio de ordenes de prestación de
servicios, conforme con la jurisprudencia desarrollada por las altas Cortes. Que, en
un caso supuestos fácticos similares, recientemente la Sección Segunda del
Consejo de Estado, accedió a las pretensiones, en donde se reclamaba la omisión
en tener en cuenta los tiempos del contrato por parte del mismo tribunal, que
justificó su decisión con la ausencia de pruebas de cotización.

Indicó que no es de recibo el argumento del a quo, sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, pues dicho mecanismo no está previsto para cuestionar
la actividad interpretativa de los jueces o para corregir los errores in iudicando, por
el contrario, está consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos
que incidieron de forma indebida en la decisión del juez o que no pudieron ser
tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para dicha decisión o aparecieron,
después de haber sido emitido el fallo, es decir, nuevas pruebas.

Aseguró que, en la sentencia cuestionada como en el fallo de tutela de primera
instancia, no se tuvo en cuenta que la vinculación de los docentes mediante
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contratos de prestación de servicios es ilegal, pues en atención a las labores que
desarrollan atienden a una verdadera relación laboral, lo cual desconoció lo
dispuesto en la sentencia C-555 de 1994.

Que, pese a lo anterior, el Estado continuó con el uso de estas figuras para evadir
las prestaciones sociales y la estabilidad laboral, lo que perjudicó a los docentes,
aseveró que negar los tiempos que estuvo vinculada mediante contrato de
prestación de servicios como parte del cálculo para la pensión, hace que se
perpetúen esas irregularidades.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de
procedencia de la acción de tutela.

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta
que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.

La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado y, en su lugar, accederá el amparo
pretendido, toda vez que la providencia cuestionada adolece de defecto sustantivo
y por desconocimiento del precedente, pues no se atendió al criterio desarrollado
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre los tiempos de vinculación
con la docencia oficial mediante la suscripción de órdenes de prestación de
servicios, para efecto de determinar el régimen jurídico aplicable.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos, (i) la
verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; (ii) al
régimen de pensiones de los docentes y los criterios para el reconocimiento de las
pensiones de jubilación y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional. La Sala anota que la acción de
tutela cumple con el referido requisito general porque el asunto no trata sobre una
instancia adicional, no alude a una discusión de orden legal o económico, pues
recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social y
cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión,
pues, el cargo por falta de motivación no se enmarca en alguna de las causales del
artículo 250 del CPCA, como en ningún otro medio de defensa idóneo para la
defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito
general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela
resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue notificada por
correo electrónico el 13 de agosto de 2024 y la demanda de tutela fue radicada el
13 de febrero de 2025, esto es, dentro de los seis meses fijados por la Sala plena
de esta Corporación.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la
tutelante; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

(ii) Del régimen de pensiones de los docentes y los criterios para el
reconocimiento de las pensiones de jubilación.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

El parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señaló que el régimen
pensional aplicable a los docentes depende de la fecha de vinculación 6, de acuerdo
con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003.

Así, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, previó el régimen prestacional de los
docentes oficiales, en el sentido de establecer que quienes se encontraban
vinculados antes de la entrada en vigencia, se regirían por las normas anteriores
previstas para el magisterio y quienes se vincularan a partir de esa fecha, «(…) serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

Ahora, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, indicó que:

«(…) De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

i) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

ii) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres».
(se destaca)

Entonces, los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Frente a ello, la sentencia de
unificación precisó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo

6
El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir
de la vigencia de la citada ley, tendrán derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones,
en términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.»

Respecto de los docentes que se vincularon con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, la sentencia de unificación dispuso que, «(…) son igualmente
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y
797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la
citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta
lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.»

Ahora, en cuanto al cómputo del tiempo de servicios prestados por docentes en
virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional, la
Sección Segunda, ha previsto:

«61. El Estatuto de la profesión docente definió este término en el artículo 2 como el «[…]
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos
niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes la ejercieren.

62. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los docentes la
relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos […]» y en la prohibición de abandono o suspensión de labores en
forma injustificada o sin autorización previa.

63. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una demanda de
constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al considerar que
vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un determinado régimen
legal pese a que desde el punto de vista la actividad material que desempeñaban los
docentes temporales era idéntica a los docentes-empleados públicos.

64. En igual sentido, el Consejo de Estado 7 indicó que la definición legal de labor docente
señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun cuando laboren por hora
cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994) al
prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un
proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos», y como tal están
sometidos de manera permanente a las directrices emitidas por el Ministerio de Educación
y las secretarías de educación, así como a su inspección y vigilancia, sin que gocen de
autonomía.

65. Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios conlleva una verdadera
relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido ocultarla, comoquiera que los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario
y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.

66. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, hizo referencia
a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios y señaló que
esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al
igual que los docentes empleados públicos i) están sometidos a las directrices, inspección

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre del 2020, radicación 54001-23-33-
000-2012-00181-01(0235-14). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos;
y iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el
cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

67. Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión
de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia de una relación
laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo
de los periodos laborados bajo la forma contractual.

68. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que en materia de
aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción
extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral
1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la administración no puede sustraerse del pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el
derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.» 8

Del caso concreto

La señora Clara Inés Ortiz Londoño interpuso la presente acción de tutela por
considerar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia
del 31 de julio de 2024, incurrió en defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, porque negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación.

Lo anterior, porque no tuvo en cuenta los contratos de prestación de servicios que
suscribió con el departamento del Valle del Cauca, - del 2 de enero al 31 de diciembre
de 1997; del 1° de febrero al 20 de junio de 2001; y, del 8 de enero de 2002 al 7 de julio de
2002; del 26 de agosto al 22 de noviembre de 2002; del 7 de enero al 4 de abril de 2003;
del 7 de abril al 4 de julio de 2003; del 25 de agosto de 2003 al 30 de octubre de 2003 -,
con el argumento que respecto de estos periodos la demandante no acreditó los
aportes a seguridad social en pensión.

A su juicio, dicha decisión se profirió en contravía del precedente jurisprudencial
desarrollado por el Consejo de Estado, concretamente de las sentencias CE-SUJ2-
005-16 del 25 de agosto de 2016, que prevé que las vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios no desvirtúan el carácter personal de su labor
ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación
y la SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, según la cual, no se requiere
estar afiliado, sino simplemente vinculado, al servicio público educativo oficial con
anterioridad al 26 de junio de 2003, para gozar del régimen pensional establecido
en la Ley 33 de 1985.

De lo anterior, se advierte que la inconformidad de la actora gira en torno a un punto
relevante, que es, si la decisión de la autoridad judicial accionada de negar las
pretensiones de la demanda por no acreditar los aportes a pensión durante el lapso
en el que estuvo vinculada con la docencia oficial mediante la suscripción de
órdenes de prestación de servicios (OPS), incurrió en los defectos invocados.
8
Consejo de Estado, Secciòn Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022), C.P. Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

Por lo tanto, la Sala abordará el estudio de los defectos invocados de manera
conjunta.

Al respecto, la Sala anticipa que la sentencia acusada incurrió en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, por las razones que se
pasan a exponer:

Dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se dio por
acreditado que la señora Clara Inés Ortiz Londoño se desempeñó como docente
vinculada por medio de la suscripción de contratos de prestación de servicios con
el departamento del Valle del Cauca, durante los siguientes lapsos 9:

• Del 2 de enero al 31 de diciembre de 1997
• Del 1 de febrero al 20 de junio de 2001
• Del 8 de enero al 7 de julio de 2002
• Del 26 de agosto al 22 de noviembre de 2002
• Del 7 de enero al 4 de abril de 2003
• Del 7 de abril al 4 de julio de 2003
• Del 25 de agosto al 30 de octubre de 2003.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 31 de julio de
2024, que, en lo que interesa, consideró:

«Ahora bien, la demandante probó que a través de OPS prestó sus servicios por un tiempo total de
3 años, 1 mes y 24 días, de acuerdo con las certificaciones antes relacionadas.

Así mismo, inició la prestación del servicio docente en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues se
vinculó a través del Decreto 1146 del 28 de octubre de 2003, el 21 de noviembre de 2003, por lo
tanto, no puede ser beneficiaria del régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985,
esto es 55 años de edad, tasa de reemplazo del 75%, y 20 años de prestación de servicios.

Si bien la actora tiene un tiempo de prestación de servicios a través de OPS de 3 años, 1 mes y 24
días que al computarse con los tiempos certificados a través de relación legal y reglamentaria -
provisional y en propiedad- de 18 años, 2 meses y 26 días, arroja un tiempo total de prestación de
servicios de 21 años, 4 meses y 20 días, lo cierto es que los tiempos laborados a través de
OPS no pueden ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, por cuanto en el plenario no
obra prueba alguna en la que se advierta que la señora Ortiz Londoño hubiere realizado los
respectivos aportes y/o cotizaciones a pensión durante el tiempo que sostuvo la relación contractual.

La Sala desde ya indica que no le asiste la razón a la apelante de que no debía probar las
cotizaciones a pensión durante el tiempo que estuvo vinculada a través de OPS, puesto que el
legislador ha impuesto la obligatoriedad de realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la
entidad de previsión obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley
debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con el principio de sostenibilidad
financiera del sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los que aquellos están obligados.

(…)
En conclusión, la señora Claudia Inés Ortiz Londoño no puede computar el tiempo laborado bajo
contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, ya que no realizó las cotizaciones
obligatorias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante esos periodos, o al menos no lo
probó en esta instancia judicial, en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado en la jurisprudencia vigente que establecen que la sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones depende del cumplimiento de las obligaciones de aportes por parte de los empleadores y
empleados. En ausencia de estas cotizaciones, los tiempos trabajados no pueden ser considerados
para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

9
Acorde con la certificación de órdenes de prestación de servicios aportada al expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
12
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Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

Zanjada la discusión del porque no es beneficiaria del régimen pensional de la Ley 33 de 1985 y Ley
91 de 1989 la señora Ortiz Londoño, a pesar de tener más de 20 años de prestación de servicios, la
Sala pasará a estudiar si cumple o no con los requisitos del régimen pensional de la Ley 100 de
1993 y 797 de 2003.

Se tiene que la demandante se vinculó al servicio docente en vigencia de la Ley 812 de 2003
mediante el Decreto 1146 del 28 de octubre de 2023, desde el 21 de noviembre de 2003 hasta la
fecha, según los certificados de historia laboral del 4 de marzo de 2022 y acreditó un tiempo total de
18 años, 2 meses y 26 días.

En ese orden de ideas, y acogiendo los argumentos trazados por el Consejo de Estado en la
jurisprudencia en cita, a la demandante le son aplicables las siguientes reglas, en virtud del régimen
pensional previsto en las Ley 100 de 1993 y 797 de 2003:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: 1.30021
• Tasa de remplazo: 65%-85%22
[…]

A la fecha de este fallo, en cuanto al primer presupuesto la demandante cumple con el requisito de
la edad de 57 años, toda vez que nació el 24 de julio de 1966.

En cuanto al segundo de los requisitos; esto es, si cumple con las 1.300 semanas cotizadas; la Sala
precisa que la señora Claudia Inés Ortiz Londoño, no cumple con dicha exigencia consagrada en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para acceder
a la prestación rogada; dado que, que al computar los tiempos laborados como docente con relación
legal y reglamentaria acumuló un total de 18 años, 2 meses y 26 días, lo que equivale a 875,5
semanas cotizadas, por lo cual no alcanzó las 1.300 semanas enunciadas.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la señora Claudia Inés Ortiz Londoño para la fecha
en que solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, no contaba con las 1300 semanas de
cotización requeridas. Por tanto, no logró acreditar haber realizado cotizaciones durante el tiempo
en que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios; y, en ese sentido, se reitera
que los contratistas están obligados a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas
complementarias.

Así las cosas, como quiera que la actora no realizó cotizaciones durante la ejecución de los contratos
de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo dicha modalidad no pueden tenerse en cuenta
para efectos pensionales, y siendo ello así, lo procedente es confirmar la sentencia pero por las
razones expuestas en esta providencia.»

Como se evidencia, la razón por la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no tuvo en cuenta los contratos de prestación de servicios para efecto de
contabilizar el tiempo de servicio de la actora fue, concretamente, que la
demandante probó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por
dichos periodos de tiempo y que, en garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, no era posible contabilizar esos periodos.

Para la Sala, esa conclusión no resulta razonable, pues las normas que dispone el
reconocimiento y pago de este tipo de prestaciones no previeron dicho requisito, en
los términos indicados por la autoridad judicial accionada.

Aunque conforme con lo expuesto en el acápite anterior, el régimen aplicable a los
docentes depende de la fecha de vinculación, no es de recibo que se desestime la
vinculación mediante contratos de prestación de servicios, por el hecho de no
haberse acreditado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pues las
Leyes 812 de 2003, 91 de 1989, ni 100 de 1993, establecieron tal requisito a fin de
computar dichos periodos para efectos pensionales.

Lo anterior, por cuanto la providencia se cita los artículos 3° y 4° de la Ley 797 de
2003, que modificaron los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, sobre la
obligatoriedad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
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Sin embargo, como se indicó en reciente providencia, en materia de aportes a
pensión se hizo obligatorio para los contratistas a partir de la expedición de la Ley
797 de 2003, «ante la necesidad imperiosa de contar con aportes de un grupo mayor de
colombianos dada la desalarización que se venía presentando en el país y la mayor
cantidad de personas independientes de otros sectores, que hacían necesario robustecer
el sistema de financiación y de esta manera dar mayor cobertura.» 10

Entonces, en el presente caso tal disposición no resulta aplicable, por cuanto los
contratos suscritos por la señora Clara Inés Ortiz Londoño, fueron anteriores a la
expedición de la Ley 797 de 2003, - del 2 de enero al 31 de diciembre de 1997; del 1°
de febrero al 20 de junio de 2001; y, del 8 de enero de 2002 al 7 de julio de 2002; del 26
de agosto al 22 de noviembre de 2002; del 7 de enero al 4 de abril de 2003; del 7 de abril
al 4 de julio de 2003; del 25 de agosto de 2003 al 30 de octubre de 2003 -.

Ahora bien, debe indicarse que mediante sentencia de unificación CESUJ2-5 del
25 de agosto de 2016 el Consejo de Estado señaló que los docentes vinculados
mediante órdenes de prestación de servicios merecen protección especial, pues
esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es
ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación,
pues resulta similar a la de los docentes empleados públicos, así:

«[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y
(iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el
cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]» 11.

Por lo anterior, en la referida providencia se determinó que, era válido la inclusión
de tiempos laborados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
siempre que se pretendiera la existencia de una relación laboral o para efectos de
solicitar el cómputo de los periodos laborados en dicha modalidad contractual.

En la providencia de unificación mencionada, se estableció que las reclamaciones
sobre los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social,
derivados del contrato realidad, están exentas tanto de la prescripción extintiva
como de la caducidad del medio de control (según el artículo 164, numeral 1, letra
c, del CPACA).

Esto se debe a que dichos aportes, por su naturaleza de imprescriptible y de
prestaciones periódicas, pueden ser reclamados y demandados en cualquier
momento. En consecuencia, la administración no puede eludir el pago de los
aportes correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones,
especialmente cuando este pago incide en el derecho de acceso a una pensión
digna y acorde con la realidad laboral, derecho que pertenece a quien ha prestado
sus servicios al Estado por medio de una relación de trabajo.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 20 de marzo de 2025, exp. nro.
11001-03-15-000-2024-06972-00 (AC), M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016.
Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
14
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En línea con el anterior criterio, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
previsto que, en casos como el presente en los que se ejerce la labor docente por
medio de contratos de prestación de servicios, los mismos se deben tener en cuenta
como tiempo computable para el respectivo reconocimiento pensional y quien tiene
a cargo el deber de efectuar tales aportes es el empleador, es decir, en este caso
la respectiva entidad territorial a la que prestó el servicio y se benefició con el
mismo.

Entonces, no es que se desconozca el principio de sostenibilidad del sistema
pensional, sino que la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado lo que
ha determinado es una vía distinta para garantizar el recaudo de esos aportes, pues
ha previsto los descuentos a los beneficiarios de las sumas correspondientes y la
posibilidad de que el ente previsional haga recobros ante quien era el obligado a
efectuarlos.

En sentencia del 11 de febrero de 2021, la Sección Segunda, frente a este punto
indicó que:

«Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados conceptos,
la misma intelección de la jurisprudencia aludida y la sola interpretación de los efectos
consecuentes de la configuración de una relación laboral, dictan que el sujeto responsable
de tal carga inexorablemente debe ser quien encubrió dicho vínculo de trabajo a través de
contratos de prestación de servicios, el cual para el asunto de marras es efectivamente el
Departamento de Arauca como se precisó en el primer problema jurídico.

Además de esta consideración, debe tenerse en cuenta que los aportes a pensión por su
propia naturaleza equivalen a tributos en clave de contribuciones parafiscales con una
destinación específica que los hace imprescriptibles como se anunció en la sentencia
reseñada anteriormente. Con base en ello, su recaudo puede decretarse en cualquier
momento de manera actualizada en las proporciones que tanto al trabajador como al
empleador le habrían correspondido durante el período en el que se ocultó la relación
laboral, a fin de que la entidad de previsión respectiva pueda pagar sin detrimento
patrimonial la prestación reconocida» 12
(subrayado fuera del texto original).

En el mismo sentido, mediante providencia del 17 de junio de 2022, la misma
Subsección, refirió que:

«Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados conceptos
en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por contratos de
prestación de servicios docentes, la misma intelección de la sentencia de unificación
jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado,
dicta que el sujeto responsable de tal carga inexorablemente debe ser quien ocultó dicho
vínculo de trabajo, el cual para el asunto de marras sería efectivamente el municipio de
Sogamoso» 13.

Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mostrado la
viabilidad de tener en cuenta los contratos de prestación de servicios para efecto
de reconocimientos de pensiones de los docentes, sin desconocer el criterio de
sostenibilidad financiera del cual goza el sistema pensional, por ello, la entidad
encargada del reconocimiento pensional, en este caso, la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG, tiene la potestad y obligación de efectuar el cobro de tales

12
Subsección A, expediente Nro. 81001-23-33-000-2013-00079-01. Actor: Carmen Gabriela Loyo de Arrieta. Magistrado
ponente: William Hernández Gómez.
13
Subsección A, expediente Nro. 15001-23-33-000-2019-00357-01. Actor: Ligia Carvajal Meléndez. Magistrado ponente:
William Hernández Gómez.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

recursos en cualquier tiempo, pues su naturaleza parafiscal conlleva la
obligatoriedad del recaudo y la imprescriptibilidad 14.

La Sala debe aclarar, que en algún momento la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado concluyó que, los tiempos laborados como
docentes oficiales bajo la modalidad de orden de prestación de servicios solo
resultaban válidos si se demostraba que sobre ellos efectivamente se habían
hechos los aportes al subsistema de seguridad social en pensiones.

Sin embargo, dicha tesis fue reconsiderada y la línea que se mantiene es la de
avalar esos tiempos indistintamente de si se efectuaron aportes, pero garantizando
al ente previsional la posibilidad de recobrar esas sumas a quien tenía la obligación
de hacerlos 15.

Entonces, era deber de la autoridad judicial demandada determinar a cargo de
quién estaría la obligación de hacer tales aportes al sistema, pues, no se desconoce
que el sistema debe estar financiado y que no es posible reconocer unos tiempos
que no tengan un respaldo en el respectivo aporte, pero la ausencia de un estudio
en cuanto a quién estaría a cargo de cubrir tales montos, no puede conducir al
desconocimiento de un derecho pensional de rango constitucional y conexo con
otros derechos fundamentales como el mínimo vital.

Así las cosas, la Sala advierte que la valoración probatoria desplegada por la
autoridad judicial accionada no fue acertada, pues no atendió a los criterios
jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de Estado, según el cual, se deben
tener en cuenta los contratos de prestación de servicios para determinar el tiempo
de servicio de la actora a la docencia oficial y, en consecuencia, el reconocimiento
de la pensión de jubilación.

En ese orden, se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se ampararán
los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la señora
Clara Inés Ortiz Londoño y, como consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia
cuestionada y, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
en el término de veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, emita decisión de remplazo, en donde se tenga en cuenta las
consideraciones del presente fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar,
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social
de la señora Clara Inés Ortiz Londoño, acorde con las consideraciones expuestas.
3. Dejar sin efecto la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en consecuencia,

14
Para el efecto, ver sentencia del 3 de mayo de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero
de 2025, exp. nro. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-01
Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, se profiera decisión
de remplazo, en la que se tengan en cuenta las consideraciones del presente fallo.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

17
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