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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04064-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04064-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de julio de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por las razones aquí esgrimidas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04064-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: Nieves Delgado Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: NIEVES DELGADO SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Los argumentos de la tutela coinciden con los esgrimidos en el proceso ordinario, lo que
devela la intención de utilizar esta acción constitucional como una instancia adicional.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
28 de julio de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 1º de julio de la presente anualidad, la señora Nieves Delgado Sánchez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 13 de marzo de
2025, mediante la cual confirmó la sentencia del 4 de noviembre de 2020 proferida por
el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, que negó las pretensiones en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54-001-33-33-005-2014-00547-
01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

PRIMERA. - DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al
dictar la sentencia del 13 de marzo de 2025, en el Proceso 54-001-33-33-005-2014-
00547-01, por el cual CONFIRMÓ la sentencia apelada de fecha 04 de noviembre de
2020 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, al negar
la pensión de jubilación que en derecho me corresponde, contada a partir del 10 de
febrero de 1993, con el argumento que no haber demostrado cotizaciones por el
periodo laborado antes del 27 de junio de 2003 en las modalidades de contratos y
provisionalidad, ha violado directamente los derechos fundamentales consagrados
especialmente en los artículos 13, 25, 29, 53 y 48 de la Constitución Nacional, tales
como a la igualdad frente a la aplicación de ley y la línea de jurisprudencia, el trabajo
en condiciones dignas y justas, el derecho al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad social
integral en conexión con el régimen especial del magisterio y demás derechos

1
Se advierte que el 4 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: Nieves Delgado Sánchez

constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan
la acción de tutela.

SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de segundo grado de 13
de marzo de 2025, Proceso 54-001-33-33-005-2014-00547-01 proferido por el
Tribunal accionado, mediante la cual confirmó el fallo de primer de fecha 04 de
noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cúcuta, carece de efectos legales.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
nuevamente realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar otra
sentencia fundamentada en la normatividad, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y en la línea jurisprudencia vigente contenidas entre otras, en las
sentencias C-555 de 1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la
Sección Segunda.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que la honorable Corporación Constitucional
considere convenientes para el restablecimiento de los derechos afectados.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Nieves Delgado Sánchez cumplió 55 años de edad el 15 de octubre de
2013; y laboró al servicio del magisterio en el Municipio de San José de Cúcuta desde el
10 de febrero de 1993, primero, en virtud de la suscripción de órdenes de prestación de
servicios y luego, a partir del año 1995, como docente en propiedad.

4. Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante la Secretaría de Educación
de Cúcuta, pero se le negó, toda vez que no le computaron los tiempos laborados con
anterioridad al 27 de junio de 2003.

5. En desacuerdo con la decisión, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación, con efectividad
a partir del 8 de noviembre de 2013, es decir, teniendo en cuenta el tiempo que laboró
en cumplimiento de los contratos de prestación de servicios (10 de febrero de 1993 al 30
de noviembre de 1994).

6. Durante el trámite del medio de control, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en adelante FOMAG, le reconoció la pensión de jubilación 2 , bajo el
amparo de la Ley 33 de 1985, pero, con efectividad a partir del 23 de marzo de 2015, es
decir, que no le tuvo en cuenta los periodos laborados como contratista.

7. Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo de
Cúcuta negó las pretensiones de la demanda, dado que la docente no solicitó ante el
municipio el reconocimiento de la eventual relación laboral que surgió entre las partes
durante los años 1993 a 1994.

8. Inconforme con la decisión, la señora Nieves Delgado Sánchez la apeló, y en segunda
instancia el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la confirmó con sentencia del

2 Resolución 0307 de 3 de agosto de 2015.

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Demandante: Nieves Delgado Sánchez

13 de marzo de 2025 (censurada), bajo el argumento de que la parte actora no cumplió
con la carga de la prueba, dado que no demostró si durante la vigencia de la relación
contractual se realizaron los aportes con destino al sistema pensional ni a qué entidad
de previsión se efectuaron dichas cotizaciones.

9. Tras señalar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para
cuestionar una providencia judicial, afirmó que la sentencia del 13 de marzo de 2025
adolece de los siguientes vicios:

10. Defecto sustantivo. En razón a que se aplicaron normas declaradas inexequibles
mediante la sentencia C-555 de 1994 (artículo 6° de la Ley 60 de 19931, así como el
parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994), que propendían por la
contratación sucesiva de docentes; y se desligó al municipio empleador de la obligación
de efectuar las cotizaciones de ley, desconociendo lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-226 de 2019, que responsabilizó únicamente al
empleador de la afiliación del trabajador al sistema de seguridad social en pensiones.

11. Asimismo, sostuvo que se desconoció el principio pro operario, dado que se negaron
las pretensiones con el argumento de que no se demostraron los aportes pensionales,
pero no se consideró que los contratos de prestación de servicio se suscribieron antes
de la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, y por lo tanto, en esa época no existía
obligación de realizar las cotizaciones que se echan de menos.

12. Decisión sin motivación. Reprocha que la autoridad judicial demandada no explicó
con suficiencia los motivos por los cuales se apartó de la tesis acogida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994 y por el Consejo de Estado en las
sentencias de unificación del 22 de enero de 2015 (Rad. 25000-23-42-000-2012-02017-
01) y del 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15)).

13. Desconocimiento del precedente. Refirió que el Tribunal demandado no aplicó las
sentencias de unificación del 22 de enero de 2015 (Rad. 25000-23-42-000-2012-02017-
01) y del 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15)).

14. Refirió tres fallos de tutela3 en los que la Sección Cuarta de esta Corporación decidió
casos de contornos similares al aquí expuesto, y accedió al amparo solicitado, ordenando
que se dictara nueva sentencia en la que se tuvieran en cuenta los tiempos laborados
por los docentes en virtud de órdenes de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento pensional.

15. Violación directa de la Constitución. Reprocha que al desconocer el tiempo de
servicios prestado en virtud de las O.P.S., se transgreden los derechos fundamentales
de igualdad, de acceso a la administración de justicia, y también se niegan los derechos
adquiridos con justo título.

3 Radicados 11001-03-15-000-2021-07366-00, 11001-03-15-000-2021-06830-00 y 11001-03-15-000-
2025 00799-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: Nieves Delgado Sánchez

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 3 de julio de 2025, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Además, ordenó la notificación del ministro de Educación, al alcalde de Cúcuta, y al
director del FOMAG, en calidad de terceros con interés.

17. El magistrado ponente de la providencia censurada emitida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander señaló que la tutela es improcedente, porque
no cumple los requisitos generales y específicos de procedibilidad para censurar una
providencia judicial, dado que carece de relevancia constitucional, dado que, se
evidencia que a todas luces, la parte actora pretende convertir esta acción en una tercera
instancia del proceso ordinario.

18. Precisó que la sentencia del 13 de marzo de 2025 confirmó el fallo desfavorable
emitido por el Juzgado Octavo de Cúcuta, pero por razones diferentes a las señaladas
por el a quo, toda vez que, apoyado en jurisprudencia del Consejo de Estado, se indicó
que no era necesario que el docente hubiera solicitado con anticipación el
reconocimiento de la relación laboral ante la entidad, dado que podía hacerse en el
mismo proceso.

19. Así las cosas, aclaró que la sentencia censurada, acogió la tesis del Consejo de
Estado, según la cual, «(…) en estos casos debe cumplirse de manera estricta con la
carga probatoria que encierra el contrato de prestación de servicios docente, con el fin
de determinar con claridad el periodo de inicio y terminación de cada contrato, su objeto,
la entidad con la cual se celebró el contrato y la entidad a la cual se efectuaron los aportes
pensionales, a efectos de determinar la posibilidad de perseguir la cuota parte pensional
y la entidad de previsión o ente responsable de ella».

20. El Ministerio de Educación Nacional intervino para señalar que la tutela es
improcedente, porque con ella se persigue dejar sin efecto una decisión legítimamente
adoptada por el juez natural de la causa en el proceso de origen.

21. Reprochó que el simple descontento de la accionante no justifica la utilización de este
mecanismo constitucional, y por ende, es evidente la falta de relevancia.

22. La Nación – Ministerio de Educación Nacional adujo que la tutela es
improcedente porque se utilizó como mecanismo alternativo de los mecanismos
judiciales ordinarios previstos en la ley.

23. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del PAP del FOMAG, adujo
que la tutela es improcedencia porque no cumple con los requisitos generales y
específicos establecidos por la Corte Constitucional para efectos de censurar
providencias judiciales.

24. Solicitó su desvinculación, en razón a la falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no tiene la competencia para atender las pretensiones de la accionante.

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C. Fallo impugnado

25. Mediante sentencia del 28 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, dado que, a su juicio, el interés de la parte
actora es revivir el debate surtido en el proceso de origen.

26. Lo anterior, se colige al determinar la similitud entre los argumentos planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 4 de noviembre de 2020,
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta y los que cimientan esta
solicitud de amparo, sobre los cuales ya se pronunció de fondo el Tribunal accionado en
la providencia cuestionada.

27. Así las cosas, concluyó que el asunto carece de relevancia constitucional porque la
parte actora tiene como único interés manifestar su desacuerdo con la providencia, sin
que plantee un debate de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional.

D. Impugnación

28. La señora Nieves Delgado Sánchez insistió en que la controversia planteada cuenta
con la relevancia constitucional necesaria para ser estudiada en este escenario, dado
que con la decisión cuestionada se transgredió un precedente jurisprudencial relacionado
con el cómputo del tiempo laborado en virtud de órdenes de prestación de servicio.

29. Reiteró lo argumentado en el libelo inicial en cuanto a que, a su juicio, los derechos
fundamentales invocados se vulneraron por la providencia objeto de reproche, porque
desconoció el precedente jurisprudencial, según el cual, el tiempo de servicio prestado
como docente con órdenes de prestación de servicio, debe computarse para efectos
pensionales.

30. Así mismo, refirió que mediante la Resolución 0307 de 3 de agosto de 2015 se le
reconoció la pensión de jubilación, aunque sin tener en cuenta los tiempos laborados
mediante órdenes de prestación de servicios. Por ese motivo, se reconoció la prestación
con efectividad a partir del 23 de marzo de 2015 y no desde el 8 de noviembre de 2013,
como corresponde, si se consideran los servicios prestados a través de las OPS.

31. Reiteró que la providencia censurada incurre en los defectos sustancial, falta de
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; y
adicionalmente, alegó que el fallo está viciado por el defecto procedimental, dado que se
realizó un indebido traslado del a carga probatoria y se incurrió en exceso ritual
manifiesto.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

32. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en

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armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problemas jurídicos

33. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 28
de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la tutela.

34. De conformidad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá
establecer si la tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional y los demás
requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.

35. Sólo en caso de que se supere el análisis de procedencia, se abordará el análisis de
fondo del asunto planteado, conforme a los argumentos de alzada.

G. Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

36. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

37. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

38. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto y solución del problema jurídico

39. De entrada, al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala anticipa que la
presente tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215

de 2022 de la Corte Constitucional.

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constitucional, en tanto tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia
planteada en sede ordinaria.

40. En efecto, si bien la impugnante insiste en que demarcó la regla jurisprudencial que
a su juicio incumplió la autoridad judicial accionada, y reitera las providencias que invoca
como desconocidas, en las que el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo señaló que, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, para efectos del reconocimiento pensional, es procedente contabilizar el
tiempo de servicio docente prestado al Estado bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, lo cierto es que dichos argumentos ya fueron puestos en
consideración del Tribunal Accionado.

41. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que a través de la acción constitucional
de la referencia, la señora Delgado Sánchez pretende revivir el debate suscitado en sede
ordinaria, lo que se hace más notorio con los argumentos invocados en el recurso de
apelación5 interpuesto contra la sentencia del 4 de noviembre de 2020, mediante la cual
el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta negó las pretensiones del proceso de
origen, dado que en esa oportunidad también citó y solicitó la aplicación de la
jurisprudencia que invoca en la tutela6, que sostiene que los periodos laborados por los
docentes en virtud de contratos de prestación de servicios son computables para
determinar el régimen pensional aplicable y para completar el tiempo de servicio
requerido.

42. Sobre esos argumentos se pronunció el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en la sentencia de segunda instancia calendada el 13 de marzo de 2025,
ahora censurada, en la que discurrió:

Seguidamente, se observa que, una vez concluidas todas las etapas procesales de
primera instancia, el Juzgador decidió negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que en el presente proceso no se acredita que la señora Nieves Delgado
Sánchez le haya solicitado al Municipio de Cúcuta o al Ministerio de Educación
Nacional, el reconocimiento de la relación laboral que alega se causó entre los años
1993 a 1994, con ocasión de la ejecución de la actividad contractual aludida, y que
tampoco se evidenciaba que tal solicitud haya sido denegada por las referidas
autoridades, ni mucho menos se advertía que, en caso de existir, se haya demandado
el acto administrativo que negó el pago de las prestaciones derivadas del contrato
realidad.

Frente a esa decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación,
dentro del cual centra su inconformidad en el hecho de que el A-quo no haya aplicado
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que sostiene de manera reiterativa que
“El ejercicio docente conlleva implícitos, por naturaleza y esencia, los elementos de
la relación laboral”.

Del mismo modo, argumenta que si bien, la parte actora entre los años de 1993 a
1994 prestó servicios como docente a través de los denominados contratos
administrativos, OPS o contratos laborales docentes, aun así, la evolución de la
jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, ha sido favorable a
materializar derechos constitucionales de estirpe prestacional que les corresponde a

5 Consultado en la plataforma SAMAI, radicado 11001031500020250406400, Actuación 002,
4ED_ANEXOS_1_7_202510_37(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
6Sentencia C-555 de 1994 dictada por la Corte Constitucional; y sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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los profesores vinculados por estas distorsiones jurídicas, concluyendo, que esos
tiempos son idóneos para completar el tiempo de servicio necesario para configurar
las pensión gracia o de jubilación a que tienen derecho los docentes, sin necesidad
de someter tales contratos a acciones judiciales constitutivas.

En esos términos y en aras de resolver el problema jurídico que hoy nos ocupa debe
precisar la Sala en primer lugar que tal y como se advirtió en acápites anteriores,
según el criterio adoptado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
pretensión mediante la cual se persigue el cómputo de los tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios, para efectos de reconocimiento de la pensión
de jubilación, resulta valida dentro del mismo proceso de reconocimiento pensional
docente, sin que para tal efecto sea necesario exigir la declaración de contrato
realidad, pues en términos de dicha Corporación, “su declaración solo tendrá
incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los cuales no opera la
prescripción, ni la caducidad, y por cuanto la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación tiene derecho a repetir contra las
entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda”13.

Lo que a todas luces demuestra que le asiste razón a la parte actora en los
argumentos expuestos en el escrito de apelación relacionados con la evolución
jurisprudencial que ha tenido este tema por parte del Consejo de Estado, con el fin
de otorgar una protección especial a los docentes que tuvieron una vinculación bajo
la figura de prestación de servicios, pues tal y como se evidenció previamente, dicha
Corporación ha enfatizado que dicha modalidad “no desvirtúa el carácter personal de
su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos
(i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades
e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.”14 (Subraya la Sala).

En ese orden de ideas, en el caso particular sería procedente entrar a estudiar la
pretensión encaminada a que se computen los tiempos laborados por la señora
NIEVES DELGADO SÁNCHEZ, a través de contratos de prestación de servicios para
el reconocimiento de la pensión de jubilación, por el periodo comprendido entre el 10
de febrero de 1993 a noviembre 30 de 1994, con el fin de completar los veinte (20)
años de servicio que exige la Ley 33 de 1985 para configurar la pensión de jubilación.
Ello sin necesidad de que dentro de la demanda se haya solicitado la declaración de
contrato realidad. (Subraya la Sala).

No obstante, la Sala no puede pasar por desapercibido que, a pesar de este criterio
proteccionista establecido por el máximo órgano contencioso administrativo, la
Sección Segunda también ha sido enfática en señalar que en esos casos debe
cumplirse de manera estricta, con la carga probatoria que encierra el contrato de
prestación de servicios docente, con el fin de determinar con claridad el periodo de
inicio y terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la cual se celebró el
contrato y la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, a efectos de
determinar la posibilidad de perseguir la cuota parte pensional y la entidad de
previsión o ente responsable de ella. (…)

43. Conforme a lo anterior, el juez natural resolvió la controversia planteada por la señora
Nieves Delgado Sánchez, a la luz de la jurisprudencia en la materia emitida por el órgano
de cierre de esta Jurisdicción, e incluso, en virtud de la transparencia exigida para ejercer
el derecho de apartamiento, citó la misma sentencia que invoca la parte actora como

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inaplicada7, pero al analizar las particularidades del caso, decidió no computar los
tiempos de servicio como contratista en el municipio de San José de Cúcuta entre el 2
de marzo de 1993 y el 30 de noviembre de 1994.

44. Pero no con fundamento en el mismo argumento esgrimido por el a quo, que negó
las pretensiones porque la actora no solicitó la declaratoria de la relación laboral
subyacente en el mismo proceso, sino porque la accionante no cumplió con la carga de
la prueba, consistente en acreditar la entidad a la cual se efectuaron los aportes
pensionales durante ese periodo, exigencia que fundamentó en pronunciamientos
recientes del Consejo de Estado, máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, y que tiene como propósito, determinar la posibilidad de perseguir la
cuota parte pensional, y la entidad de previsión o ente responsable de ella. Así lo señaló
la autoridad judicial accionada:

Un ejemplo claro de esta obligación impuesta, referente a acreditar todas las
circunstancias que rodearon la suscripción y ejecución de los referidos contratos,
incluidas las concernientes a los aportes pensionales, se evidencia en la sentencia
de fecha 06 de febrero de 2020, emitida por la Sección Segunda bajo el radicado No.
54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-15), con ponencia del Consejero Gabriel
Valbuena Hernández, en la cual resalta que si bien, en este tipo de procesos no
resulta necesario llamar como demandada a la entidad a la cual se efectuaron los
aportes pensionales, durante el periodo de tiempo que el docente estuvo vinculado
mediante contrato de prestación de servicios, en virtud de la figura de acumulación
de tiempos de servicio, la entidad o empresa a cuyo cargo este a cargo el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se encuentra facultada para repetir
contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda: (…)

Sin embargo, descendiendo al caso particular, encuentra la Sala que si bien, la parte
demandante aportó los contratos de prestación de servicios y las certificaciones
expedidas por el Municipio de San José de Cúcuta, donde se logra constatar el
periodo de inicio y terminación de cada contrato, su objeto y la entidad con la cual se
celebró el contrato, no obstante, no acredito la entidad a la cual se efectuaron los
aportes pensionales, lo cual también resulta obligatorio.

Ello como quiera que no existe dentro del plenario documento alguno que acredite
los aportes pensionales efectuados por la señora NIEVES DELGADO SANCHEZ
durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1993 a noviembre 30 de
1994, en el cual estuvo vinculada como docente del Municipio de San José de
Cúcuta, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios; y mucho menos la
entidad a la cual se realizaron los mismos. Situación que conlleva a concluir que no
se cumplió con la carga probatoria impuesta por el Consejo de Estado en estos
casos, y en ese sentido, no resulta procedente acceder a la pretensión encaminada
a que se computen estos tiempos laborados para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.

45. Obsérvese que el Tribunal demandado hizo especial énfasis en los supuestos
fácticos particulares que enmarcan la controversia planteada por la señora Nieves
Delgado Sánchez, en especial, resaltó el hecho de que demostró la suscripción de
órdenes de prestación de servicios con el Estado para ejercer la labor docente, y aceptó
que dichos tiempos se podían computar para efectos del reconocimiento pensional -de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación-, pero no accedió a ello, por

7
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: Nieves Delgado Sánchez

cuanto la interesada no acreditó haber efectuado cotizaciones al sistema pensional en
ese periodo, ni a qué entidad de previsión las realizó.

46. Ese argumento que cimentó la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, lejos de apartarse de los pronunciamientos judiciales que avalan el cómputo
del tiempo servido en virtud de contratos de prestación de servicios, se aviene a la
orientación brindada por esta Corporación en la materia y citada en la sentencia
cuestionada, dado que, lo que se avizora, es que siguiendo la línea jurisprudencial, previo
al cómputo del periodo reclamado, se exige acreditar la entidad de previsión a la cual se
hicieron los aportes pensionales, a fin de que la entidad a cuyo cargo está el pago de la
pensión, tenga la oportunidad de perseguir el reembolso de la cantidad proporcional que
corresponda.

47. Con todo, la autoridad judicial accionada resaltó que, durante el trámite del proceso,
el FOMAG reconoció la pensión de jubilación a favor de la señora Nieves Delgado
Sánchez, bajo el amparo de la Ley 33 de 1985 (R. 842 de 31 de octubre de 2016), por lo
que consideró innecesario realizar el análisis en aras de determinar si la demandante
tenía derecho a la prestación, sumando los tiempos cotizados con posterioridad a la
presentación de la demanda.

48. Para esta Subsección, lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo
que se evidencia es que el juez natural al resolver la alzada, efectuó un análisis integral
y razonado del régimen pensional aplicable al sector docente, y decidió el caso particular,
sustentado en los hechos que se demostraron y en la jurisprudencia existente sobre la
materia.

49. Resulta claro, entonces, que con la totalidad de argumentos invocados en la tutela la
accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del contencioso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

50. Nótese que la accionante busca reabrir el debate promovido en sede ordinaria,
cuestionando el hecho de que no se hayan computado los tiempos que se desempeñó
como docente en virtud de contratos de prestación de servicios suscritos con el municipio
de Cúcuta, cuestión que se analizó en el proceso de origen a fondo.

51. En todo caso, de los documentos allegados al expediente, se evidencia que el
FOMAG reconoció la pensión de jubilación a favor de la señora Delgado Sánchez
mediante la Resolución 307 de 3 de agosto de 2015 y, la reliquidó con la Resolución
0842 de 31 de octubre de 2016, con el promedio de los factores devengados en el último
año de servicios, bajo el amparo de la Ley 33 de 1983 y con efectividad a partir del 24
de marzo de 2015, en consecuencia, si la interesada no se encuentra conforme con la
fecha de su estatus pensional –que se modifica con el cómputo de los periodos laborados
en virtud de las O.P.S.-, bien puede iniciar la reclamación correspondiente, a riesgo de
que su prestación sea analizada bajo la óptica de la nueva jurisprudencia en la materia.

52. Esto, sin perjuicio de lo que el juez natural de la causa resuelva acerca de la eventual
configuración del fenómeno de cosa juzgada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04064-01
Demandante: Nieves Delgado Sánchez

53. Del análisis que precede se concluye que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable por
el juez natural de la causa y, por tanto, la acción de tutela deviene improcedente. Se
impone, entonces, confirmar el fallo impugnado.

54. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de julio de 2025, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por las razones aquí esgrimidas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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