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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05726-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05726-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis Fernando Quintero Gómez. En consecuencia, Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05726-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05726-00
Accionantes: Luis Fernando Quintero Gómez
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión de jubilación de docente
vinculado mediante contratos de prestación de servicios, sin demostración de
aportes a pensión. AMPARA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Fernando
Quintero Gómez en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
expedición de la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-017-2023-
00212-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, así como los principios de confianza legítima y pro homine.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que tiene más de 55 años de edad y un tiempo de servicios
superior a los 20 años en el sector público educativo, en la medida que su
vinculación inició mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el
10 de diciembre de 2001 y el 30 de octubre de 2003, y desde esta última data, a
través de una relación legal y reglamentaria, hasta la fecha.

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Que el 31 de marzo de 2023, el docente solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, pero la Nación-Ministerio de
Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio,
por lo que se configuró un silencio administrativo negativo.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación-Ministerio de Educación-Fomag y del departamento del Valle del Cauca, en
la que solicitó la nulidad del acto ficto y el reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación a partir del 27 de octubre de 2022.

Que el 21 de febrero de 2025, el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Cali declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento
demandado y negó las pretensiones porque determinó que no podían tenerse en
cuenta los períodos que estuvo vinculado mediante contratos de prestación de
servicios porque no acreditó que hubiera realizado cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en pensiones.

Que interpuso recurso de apelación y el 29 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia recurrida con fundamento
en iguales argumentos.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto
sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado,
pues no tuvo en cuenta que la postura vigente y que fue desarrollada desde el año
2021 consiste en el reconocimiento de los períodos laborales, independientemente
de la realización de aportes al Sistema de Seguridad Social, garantizando a la
autoridad competente la facultad de recobro ante la autoridad de previsión o el
descuento de los valores adeudados por aportes a pensión.

Que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dejado sentada su posición de
que la omisión en el pago de aportes por los períodos en los cuales el docente
estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios no puede afectar su
derecho pensional, en atención a la Sentencia de Unificación CESUJ-5 del 25 de
agosto de 2016, acorde con la cual el sujeto responsable de la carga es quien
encubrió el vínculo de trabajo y se benefició de la labor, por lo cual el Fomag debe
adelantar las gestiones para dicho recobro o descuento, cuando no se acredite su
cotización, conforme a la imprescriptibilidad y no afectación a la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

Al respecto, aludió a las siguientes sentencias proferidas por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado: 11 de febrero de 2021, exp. 81001-23-33-
000-2013-00079-01; 13 de junio de 2021, exp. 50001-23-33-000-2018-00357-01; 7
de abril de 2022, exp. 63001-23-33-000-2018-00184-01; 23 de mayo de 2023, exp.
25000-23-42-000-2019-01673-01; y 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-
2022-00016-01.

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Así como las dictadas por la Subsección B de dicha Sección: 4 de julio de 2024,
exp. 15001-23-33-000-2021-00637-01; 12 de septiembre de 2024, exp. 15001-23-
33-000-2021-00407-01; 19 de septiembre de 2024, exp. 15001-23-33-000-2021-
00135-01; y 20 de noviembre de 2024, exp. 27001-23-33-000-2021-00048-01.

Concluyó que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es
abiertamente improcedente, al no atender al desarrollo jurisprudencial actual y
desconocer el valor vinculante de los pronunciamientos judiciales respecto a
controversias similares, sin justificar su apartamiento.

PRETENSIONES

Solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejar sin efectos la
sentencia del 29 de mayo de 2025 y proferir una nueva decisión con fundamento en
la normativa aplicable al caso del accionante, esto es, la Ley 33 de 1985, en los
términos pedidos en la demanda, y atendiendo al precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 16 de septiembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio
de Educación Nacional-Fomag y al departamento del Valle del Cauca, como
terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El departamento del Valle del Cauca manifestó su oposición a las pretensiones,
pues no existe alguna relación entre su actuación y los hechos expuestos en el
escrito de tutela, de allí que la acción se haya dirigido en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a quien corresponde pronunciarse sobre el
particular.

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que el accionante no logró
fundamentar la relevancia constitucional del asunto ni la necesidad de intervención
del juez de tutela, así como tampoco acreditó la vulneración de derechos
fundamentales, poniendo en evidencia que se trata de una controversia
estrictamente económica que involucra intereses privados, por lo cual solicitó
declarar improcedente la acción.

Los demás vinculados guardaron silencio.

Se decidirá previo a las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Esta Subsección debe verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

En primer lugar, se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto
a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección por la incursión en los defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial; ii) la acción se presentó con inmediatez,
pues la sentencia discutida adquirió ejecutoria el 10 de junio de 2025 y esta acción
fue instaurada el 12 de septiembre de este año; iii) se identificaron claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; iv) se agotaron los mecanismos judiciales con los que se contaba; v)
no se trata de una sentencia de tutela; y vi) no se está invocando una irregularidad
procesal, por lo cual no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito.

Por lo anterior, se procede al estudio de fondo. En la sentencia del 29 de mayo de
2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió que el accionante se
encontraba desempeñando funciones docentes antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo cual el régimen aplicable era el previsto en la Ley 33 de
1985, el cual exige 20 años de servicio y 55 años de edad.

Al respecto, concluyó que el demandante cumplió 55 años de edad el 16 de mayo
de 2020, por lo que cumplía con el primero de los requisitos, pero únicamente tenía
18 años, 10 meses y 4 días de tiempo de servicio, pues, aunque adicionalmente

4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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contaba con 1 año, 7 meses y 14 días de labores prestadas a través de contratos
de prestación de servicios, durante ese período no estaban demostrados los aportes
a pensión, lo que impedía incluir dichos tiempos.

En relación con el desacuerdo del demandante expuesto en la apelación, por no
tener en cuenta ese período con fundamento en la falta de prueba de las
cotizaciones a pensión, el Tribunal consideró que ese argumento no era de recibo,
ante la obligatoriedad de realizar aportes parafiscales a pensión, para que la entidad
de previsión pudiera pagar las prestaciones sin detrimento patrimonial, en
consonancia con el principio de sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad.

Efectuado el recuento de los razonamientos contenidos en la sentencia
controvertida en esta sede, esta Subsección advierte que dicha decisión desconoce
la jurisprudencia reiterada de esta corporación, según la cual la entidad de previsión
debe realizar, en cualquier tiempo, el cobro de las sumas que no se hubieren
aportado al sistema pensional7, en atención a su naturaleza parafiscal y
consecuente imprescriptibilidad, por lo cual el hecho de que no estén demostradas
las cotizaciones a pensión no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al reconocimiento pensional.

En ese entendido, el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios
por el accionante no podía ser excluido del cómputo del tiempo trabajado con base
en el argumento de que no se efectuaron los aportes a pensión, pues para ese
efecto la entidad encargada de reconocer la prestación puede y debe adelantar las
gestiones administrativas pertinentes para el recaudo de dichos dineros, con el fin
de garantizar la sostenibilidad del sistema y la financiación de la pensión.

Obsérvese que la razón principal de la autoridad judicial aquí accionada para
desvirtuar el desacuerdo del demandante, expuesto ahora en esta acción, obedeció
a que reconocer el año, siete meses y catorce días de servicios prestados implicaría
desconocer la obligatoriedad de los aportes a pensión, lo que generaría un
detrimento patrimonial, pero ese argumento carece de sustento, pues, como se vio,
el Fomag puede realizar el cobro de las cotizaciones adeudadas.

Lo expuesto pone de presente la configuración del defecto invocado por el actor, el
cual conllevó una afectación al debido proceso susceptible de ser protegida a través
de este mecanismo.

En consecuencia, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor
Luis Fernando Quintero Gómez, se dejará sin efectos la sentencia del 29 de mayo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar,

7
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 23 de mayo de 2023, exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de
Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2024. Exp. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 12 de septiembre de 2024. Exp. 15001-23-33-000-2021-00407-01.

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se le ordenará a esa autoridad judicial que, en el término de 20 días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo, conforme a los
anteriores considerandos.

Se aclara que la anterior orden no implica que indefectiblemente deba accederse a
las pretensiones, pues ello dependerá del estudio del caso, conforme a los
parámetros aquí señalados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis
Fernando Quintero Gómez. En consecuencia,

Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, en el
término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una
nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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