Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02290-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02290-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02290-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02290-00
Accionante: Julio Cesar Agudelo
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 ejercida por Julio Cesar Agudelo, a través de
apoderado judicial2, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de amparo
Julio Cesar Agudelo, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al principio de favorabilidad
y a la tutela judicial efectiva, debido a que al interior del radicado de nulidad y
restablecimiento del derecho 15001-3333-004-2021-00046-00/01, el Tribunal
Administrativo de Boyacá emitió la sentencia del 11 de diciembre de 2024 mediante la
que revocó la decisión del 4 de noviembre de 2022 del Juzgado Cuarto Administrativo de
Tunja, en la que se había accedido a las pretensiones de la demanda.
2. Hechos
2.1. Julio Cesar Agudelo interpuso demanda3 de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con el fin de que se le reconociera y pagara una pensión de
jubilación.
1 Obra en el certificado B840CEE945585386 F3648FC7163332EB 758AD3A4CA13318C DA76F4F5E620A7C7, índice
2.
2 Obra en el certificado BC35B9F46738FE4B 87DAE849F980EA6A FCD8A0533F049501 88ADAE4329E41B23, índice
2.
3 Folios 1 – 20 del archivo 03. DEMANDA P55 - JULIO CESAR AGUDELO de la carpeta 04-2021-0046-03 Nyr Laboral
de la carpeta Cuaderno principal de la carpeta 15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado
en el documento con certificado 7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05
8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
2
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Accionante: Julio Cesar Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.2. El 4 de noviembre de 20244 el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja declaró
configurado el silencio administrativo negativo frente a la petición elevada por el actor con
el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, anuló el acto ficto
y como consecuencia ordenó el reconocimiento, liquidación y pago de una pensión de
jubilación a favor de Julio Cesar Agudelo.
2.3. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación5, apelación a la que,
posteriormente, el demandante se adhirió6. Como consecuencia, el 11 de diciembre de
20247 el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión recurrida y, en su lugar, se
negaron las pretensiones de la demanda.
Como fundamento, se expuso que el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad
social es un requisito sine qua non para el reconocimiento del tiempo de servicios para
efectos pensionales, de modo que su no pago impide la contabilización del tiempo de
vinculación bajo contratos de prestación de servicios en el cálculo para otorgar la pensión
de jubilación. Así, se señaló que en el historial laboral no reposaron las cotizaciones
correspondientes a los tiempos de servicios prestados a través de la mencionada
modalidad de contrato.
Por otro lado, el tribunal hizo la aclaración de que su decisión no impedía que, una vez
se reconociera judicial o administrativamente una presunta relación laboral encubierta
que acarreara el pago de los respectivos aportes pensionales, el actor acudiera
nuevamente a la administración de justicia para reclamar una pensión de jubilación.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante considera que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales por las siguientes razones:
4 Obra en el archivo 11_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_ACCEDE de la carpeta Cuaderno principal de la
carpeta 15001333300420210004600_T133906713553062194 del certificado D75EC568D0876C87
5DBA9958555EA734 9AD4353134ACDBA2 AD449FE5423A4BA0, índice 10.
5 Obra en el archivo 12_MemorialWeb_Recurso, ibid.
6 Obra en el archivo 19_MemorialWeb_Otro de la carpeta Cuaderno principal de la carpeta
15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado en el documento con certificado
7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05 8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
7 Obra en el archivo 008SentenciadeSe_REVOCA_02220210004601Recono de la carpeta Cuaderno principal de la
carpeta 15001333300420210004601_T133906713766432267 del certificado D75EC568D0876C87
5DBA9958555EA734 9AD4353134ACDBA2 AD449FE5423A4BA0, índice 10.
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3.1. El juez ordinario no abordó el caso desde una interpretación armónica con el principio
pro homine, de manera que se garantizara una aplicación de la norma y del precedente
judicial que diera prevalencia al derecho sustancial y a la protección de los derechos del
docente.
3.2. Estimó que se incurrió en un desconocimiento del precedente vertical, toda vez que
no se identificó de manera concreta la jurisprudencia que supuestamente fue aplicada al
caso concreto, sino que la sentencia atacada se limitó a hacer referencias vagas como
“la interpretación reiterada de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia”8
o “según la jurisprudencia del Consejo de Estado”9, sin citar las providencias específicas
que respaldaron la decisión adoptada.
En ese sentido, la parte tutelante trajo a colación siete providencias del Consejo de
Estado que estimó como desconocidas y que, en su concepto, han establecido un criterio
contrario al adoptado por el operador jurídico de segunda instancia, en tanto han
sostenido que el tiempo laborado en el servicio docente bajo contratos de prestación de
servicios, con o sin aportes al sistema pensional, resulta computable para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación.
3.3. Por otro lado, sostuvo que no pagar aportes por el periodo en el que el docente
estuvo vinculado a través de relaciones contractuales por prestación de servicios no
puede afectar su derecho prestacional, sumado a que, más allá del tipo de contratación
y la ausencia de dichas consignaciones al sistema pensional, las funciones que desarrolló
el actor correspondieron materialmente a las de un docente vinculado al servicio público,
fueron ejecutadas de forma personal, bajo una subordinación jerárquica, sujeta a control
y supervisión por parte de las autoridades educativas y con cumplimiento de una jornada
reglamentada, razón por la cual resultaba aplicable el régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante textualmente solicitó:
8 Folio 7 del certificado B840CEE945585386 F3648FC7163332EB 758AD3A4CA13318C DA76F4F5E620A7C7, índice
2.
9 Ibid.
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“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 11 de diciembre de 2024, en el expediente rad. No. 15001-33-33-004-
00046-01, transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
VERTICAL, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA del
señor JULIO CESAR AGUDELO, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable
al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985 y, atendiendo al precedente
jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo.”10.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Por auto del 24 de abril de 202511 el Despacho ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo de Boyacá, y, en
calidad de terceros con interés, al Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, a la Nación –
Ministerio de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado12.
5.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja13, luego de resumir el trámite ordinario,
señaló que en el presente asunto constitucional no se encuentra en debate la decisión
tomada en primera instancia, la cual en todo caso se tomó luego de adelantar un proceso
con garantía de los derechos fundamentales del actor, de esta manera, solicitó su
desvinculación.
5.3. La Fiduprevisora S.A.14 aclaró que no tiene la competencia para realizar
reconocimientos, modificaciones, correcciones, adiciones ni realizar el pago de ningún
dinero sin un acto administrativo que así lo determine, tampoco cuenta con los
certificados de los tiempos de servicio de los docentes, sus comprobantes de pago de
mesadas pensionales o su historial laboral. Adicionalmente, aseguró que la solicitud de
amparo no logró demostrar las causales genéricas de procedibilidad ni las específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, específicamente,
10 Folio 3 del certificado B840CEE945585386 F3648FC7163332EB 758AD3A4CA13318C DA76F4F5E620A7C7,
índice 2.
11 Obra en el certificado 5048B5040321CD45 8B29451017C36E2B 198AFB28A74D951A 54D0B61ED1A21669, índice
5.
12 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
13 Obra en el certificado 99E64F59894C29C3 D748D6AA7028FC26 899C575CDB36C149 6AC316FAE9144ABE,
índice 10.
14 Obra en el certificado DD4C88D9E5462398 51CA5C3A2EC13584 17F6BF6C9CB46235 1DBE08070682E887,
índice 11.
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porque el actor cuenta con otros mecanismos para solicitar el pago de una prestación
económica y no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable. En esa línea,
solicitó su desvinculación, que se declarara improcedente o, en su defecto, se negara el
mecanismo constitucional.
5.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá15 contestó la demanda en el sentido de
asegurar que esta partió de un supuesto falso, ya que de la simple lectura de la
providencia atacada se puede advertir la citación de las providencias del Consejo de
Estado que la fundamentaron. Además, no se presentó un desconocimiento del
precedente, toda vez que las sentencias citadas por el tutelante como desconocidas no
resultaban vinculantes en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Julio Cesar
Agudelo en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del
Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la
providencia acusada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante.
3. Cuestión Previa
Respecto a la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Tunja y la Fiduprevisora S.A., la Sala considera que es evidente el interés que les
asiste en las resultas de este asunto constitucional, toda vez que la Fiduprevisora S.A.
15 Obra en el certificado 4FBA85A503864253 5617983D29BEB976 A6130D710585B48A 708EF1F4A75B5B4A, índice
12.
6
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integró la parte pasiva del litigio ordinario y la autoridad judicial en mención conoció del
asunto en primera instancia, de modo que se negará la petición elevada.
4. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción
de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no
son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales o ii) cuando se
ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable16. En el primero de los casos
la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.
4.2. Esta Subsección considera que la solicitud de amparo no logró superar el requisito
de subsidiariedad por dos razones principalmente:
4.2.1. En primer lugar, el actor estimó que no se tuvieron en cuenta las sentencias
emitidas el 7 de abril de 202217, 4 de julio de 202418, 12 de septiembre de 202419, 19 de
septiembre de 20242021, 20 de noviembre de 202422 y 30 de enero de 202523.
La Sala encuentra que durante el trámite ordinario el tutelante no puso en consideración
del juez natural los fallos anteriormente citados y que ahora, en sede de tutela, estima
que debieron ser parte de la fundamentación de la decisión atacada. Específicamente,
16 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
17 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente
William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho bajo radicado No. 63001-23-33-000-2018 00184-01 (4983-2019)”.
18
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 4 de julio de 2024, dentro del proceso ordinario con número único
de identificación 15001-23-33-000-2021-00637-01 (31367 2023)”.
19 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 12 de septiembre de 2024, Rad. No. 15001-23-33-000-00407-01 (6687-
2022)”.
20 “Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente:
Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 19 de septiembre de 2024, dentro del proceso bajo radicado número
15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-2023)”.
21 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de
septiembre de 2024, Rad. No. 15001-23-33-000-2021-00135-01 (1594-2023), actor: Irenarco Enciso Díaz contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
22 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente:
Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 20 de noviembre de 2024, dentro de la controversia laboral radicada bajo
No. 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)”.
23 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luís Eduardo Mesa Nieves, en sentencia
del 30 de enero de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 66001-23-
33-000-2022-00016-01 (3402-2024)”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02290-00
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se encuentra que ni en la demanda24 ni en la apelación adhesiva25 o en los alegatos de
conclusión de primera26 y segunda instancia27 se hizo mención alguna a las sentencias
que, ahora, se pretenden tener como desconocidas28. En ese sentido, se observa que el
tutelante, aunque tuvo la oportunidad de poner en consideración dichas providencias
judiciales, no lo hizo ni alegó una justificación respecto de este actuar.
4.2.2. En segundo lugar, esta Subsección evidenció que en contra del fallo censurado el
actor ejerció un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 29, el cual fue
concedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 24 de febrero de
202530, actualmente dicho trámite se identifica con el radicado 15001-33-33-004-2021-
00046-01 y se encuentra al Despacho de la Consejera Elizabeth Becerra Cornejo por
reparto31.
Así, resulta evidente que la parte actora pretendió hacer uso del mecanismo
constitucional como una vía paralela al trámite del mencionado recurso extraordinario,
máxime cuando el fundamento de la demanda tuitiva fue un presunto desconocimiento
del precedente judicial y el medio de controversia pendiente de resolución, según los
artículos 25632 y 25833 de la Ley 1437 de 2011, tiene como finalidad asegurar una unidad
en la interpretación y aplicación del derecho cuando se contraríe una sentencia de
unificación del Consejo de Estado.
24 Folios 1 – 20 del archivo 03. DEMANDA P55 - JULIO CESAR AGUDELO de la carpeta 04-2021-0046-03 Nyr Laboral
de la carpeta Cuaderno principal de la carpeta 15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado
en el documento con certificado 7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05
8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
25 Obra en el archivo 19_MemorialWeb_Otro de la carpeta Cuaderno principal de la carpeta
15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado en el documento con certificado
7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05 8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
26
Obra en el archivo 5_RECEPCIONMEMORIAL_ALEGATOSP55JULIOC, ibid.
27 Obra en el archivo 0_MemorialWeb_Alegatos de la carpeta Cuaderno Principal de la carpeta
15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado en el documento con certificado
7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05 8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
28 Teniendo en cuenta que varias de las sentencias ya existían para el momento en que se dictó la sentencia de
segunda instancia.
29 Obra en el archivo 012Memorial__12Recurso de la carpeta Cuaderno Principal de la carpeta
15001333300420210004600_T133906713553062194 del link aportado en el documento con certificado
7685CC478210631B B53BD66B9FA85385 2255BDFE223C7C05 8F7797A85DCEEAB6, índice 10.
30 Obra en el archivo 013Autoconcedere_20210004601CONCEDERe, ibid.
31 Según el índice 3 del expediente 15001333300420210004601 del Samai de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
32 “ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad
de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que
resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales”.
33 “ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
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4.3. Relatado lo anterior y dado que no se argumentó ni se logró demostrar la
configuración de un perjuicio irremediable, se impone concluir que la solicitud de amparo
aquí estudiada no logró superar el requisito de procedibilidad analizado.
5. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará improcedente el
amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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