Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07062-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07062-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07062-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de febrero de 2026
Demandante: Yolanda Sierra Nempeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-07062-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07062-01
Demandante: YOLANDA SIERRA NEMPEQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca parcialmente decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
el fallo del 4 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró la improcedencia del amparo solicitado, por cuanto el asunto
planteado no gozaba de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
Con escrito radicado el 10 de noviembre de 2025, la señora Yolanda Sierra
Nempeque, actuando por intermedio de apoderado judicial2, entabló acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia «a la tutela judicial efectiva, confianza legítima,
igualdad y seguridad jurídica».
En criterio de la actora, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo
lugar con ocasión de la providencia del 7 de mayo de 2025 dictada por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25269-33-33-002-2023-00137-01, que revocó la sentencia del 19 de
1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
2 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Bajo la descripción de documento:
3_DemandaWeb_Poder_PODER(.pdf) NroActua 2
1
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Demandante: Yolanda Sierra Nempeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-07062-01
noviembre de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Facatativá, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:
[…] se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con
fundamento en la normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de
1985, en los términos solicitados en la demanda y, atendiendo al precedente
jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Yolanda Sierra Nempeque promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento de Cundinamarca, a fin de obtener la nulidad del acto ficto o presunto
configurado el 25 de enero de 2023, mediante el cual, se le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación.
En primera instancia, el conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, que mediante fallo del 19 de
noviembre de 2024 accedió a las pretensiones elevadas y declaró la existencia y
posteriormente, la nulidad del acto administrativo demandado, a título de
restablecimiento del derecho ordenó a reconocer, liquidar y pagar «una pensión
vitalicia de jubilación compatible con el salario devengado, de conformidad con la Ley
33 de 1985, efectiva a partir del día 19 de marzo de 2022, en el equivalente al 75%
del promedio de los factores salariales devengados durante al año inmediatamente
anterior a la obtención del estatus pensional».
Como sustento de lo anterior, adujo que observó, que la primera fecha de vinculación
de la accionante al servicio público por contrato de prestación de servicios fue anterior
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, en aplicación de la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, tenía derecho
a la pensión de jubilación reclamada, con los requisitos de la Ley 33 de 1985. Aunado
a que la misma, resultaba «compatible con el salario, toda vez que el sector oficial
docente fue excluido del Sistema General de Seguridad Social conforme al artículo
279 de la Ley 100 de 1993, cual indica que las prestaciones a cargo del Fondo
3 Cita textual del original con posibles errores.
2
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, serían
compatibles con cualquier clase de remuneración».
Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, al
considerar que los períodos durante los cuales la demandante afirmó haber prestado
sus servicios no podían ser tenidos en cuenta, toda vez que, para esas fechas, no se
encontraba nombrada en propiedad, sino vinculada mediante la figura de prestación
de servicios. En consecuencia, sostuvo que al momento de su vinculación como
docente en propiedad ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
mediante fallo del 7 de mayo de 2025, revocó la decisión del a quo, por cuanto
concluyó, que la parte actora no aportó material probatorio que diera certeza de la
forma, modo y lugar en que desarrolló la labor docente, situación que impedía tener
por acreditados los elementos que caracterizaban una verdadera relación laboral,
motivo por el cual, no podía computar los tiempos para analizar la pensión bajo el
régimen que alega la accionante.
Adicionalmente resaltó que, pese a que, se allegó un reporte de semanas cotizadas
proferido a COLPENSIONES, únicamente avizoraba cotizaciones hasta el año de
1998 circunstancia que le impedía tener certeza sobre los aportes al Sistema
Pensional, aspecto que, en su consideración era determinante para el financiamiento
de la prestación y sin el cual no resultaba viable el reconocimiento solicitado.
Aclaró que, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia de 27 de junio de 2023,
expediente 05001-23-33-000-2019-00691-01 (4615-2022) dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, no compartía la decisión del a quo, que
acogió los tiempos de servicios prestados por la señora Sierra Nempeque bajo
vinculación contractual ejecutada como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, para efectos de acreditar su ingreso al mencionado
servicio previo a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Adicionalmente, detalló que, en gracia de discusión, y siguiendo la orientación del
Consejo de Estado en Sentencia de 28 de enero de 2021 4, quienes no contaran con
los 20 años de servicios en el sector docente y pretenden acumular tales tiempos con
cotizaciones en el ISS propios del sector privado y adquirir su pensión con la Ley 71
de 1988, debían acreditar estar cobijados por el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, de lo contrario no tienen derecho.
Por lo anterior, definió lo siguiente:
Así las cosas, se tiene que, en el caso particular, la demandante para el 1o de abril
de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sólo acreditaba una
4 Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número: 76001-23-33-000-2013-00942-
01(2075-18), posición que adujo fue reiterada en providencias de 25 de marzo de 202120 y de 9 de
marzo de 2023
3
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edad de 28 años (nació el 16 de junio de 1966) y no contaba con más de 750 semanas
cotizadas, de manera que es evidente que NO CUMPLE con la condición que
permitiría la aplicación favorable de la Ley 71 de 1988, como es ser beneficiaria del
régimen de transición del Sistema General de Pensiones y en ese contexto, esta
Colegiatura, concluye que la pensión bajo este régimen tampoco le es aplicable a la
actora la pluricitada pensión por aportes.
El anterior fallo, fue notificado el 9 de mayo de 2025 a las partes e intervinientes de
forma personal mediante correo electrónico5.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante explicó que se configuró un «defecto sustantivo por desconocimiento
de precedente», puesto que, si bien el tribunal accionado hizo referencia a un fallo de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el cual se exigía
«la demostración de aportes como condición para acceder al beneficio pensional, lo
cierto es que dicha tesis fue reconsiderada, dando lugar a la postura vigente que
reconoce los períodos laborados mediante contratos de prestación de servicios,
independientemente de la cotizaciones al sistema pensional y, que facultaba a la
autoridad competente para efectuar el recobro ante la entidad o descontar los valores
adeudados por aportes a pensión, de modo que la controversia sobre este aspecto se
encontraba plenamente superada».
Referenció que, la Sección Segunda, Subsección A y B del Consejo de Estado, en
distintas providencias6, ha reconocido la pensión de jubilación con fundamento en el
régimen de la Ley 33 de 1985, con referencia a períodos laborados bajo la modalidad
de prestación de servicios, aun cuando no se hubieren efectuado los aportes
correspondientes. Por ello, iteró que «ambas subsecciones mostraron la viabilidad de
conceder el beneficio pensional, bajo el argumento sólido como los efectos vinculantes
y obligatorios de la sentencia de unificación CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016, en la
que se señaló que la vinculación del personal docente mediante contratos de
prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena al
elemento de la subordinación existente en el servicio público educativo, siendo similar
su condición a las de los maestros empleados públicos y, por ende, tales períodos
laborados debían ser computados para la reclamación de sus acreencias
económicas».
5 Índice 14 y 15 de Samai. Radicado 25269-33-33-002-2023-00137-01.
6 Radicado 81001-23-33-000-2013-00079-01 del 11 de febrero de 2021, radicado 50001-23-33-000-
2018-00357-01 del 3 de junio de 2021, radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01(4983-2019) del 7 de
abril de 2022, radicado 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023) del 23 de mayo de 2023,
radicado 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023) del 4 de julio de 2024, radicado 15001-23-33-
000-2021-00407-01 del 12 de septiembre de 2024, radicado 15001-23-33-000-2021-00135-01 (1594-
2023) del 19 de septiembre de 2024, radicado 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023) del 20 de
noviembre de 2024, radicado 66001-23-33-000-2022-00016-01 (3402-2024) del 30 de enero de 2025,
radicado 68001-23-33-000-2021-2021-00781-01 (6350-2022) del 6 de marzo de 2025, y radicado
17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023) del 23 de abril de 2025.
4
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Reprochó que la autoridad judicial accionada desatendió el precedente vigente al
justificar la negativa del reconocimiento pensional con fundamento en una sentencia
del Consejo de Estado que sostenía la tesis anterior, la cual exigía la demostración de
aportes a pensión, pese a que la alta Corte «había reconsiderado dicha interpretación
y adoptado una nueva lectura sobre los criterios para el reconocimiento pensional del
personal docente en armonía con los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades, prevalencia del derecho sustancial y, la observancia de la sentencia de
unificación CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016».
Alegó, que el tribunal accionado no cumplió con la carga argumentativa exigida para
apartarse del precedente judicial, ya que no hizo referencia a la posición actual del
Consejo de Estado respecto de la no exigibilidad de la cotización de aportes, ni explicó
las razones por las cuales aplicó un precedente abandonado al momento de analizar
la pretensión de reconocimiento pensional, y «omitió justificar por qué debía otorgarse
prioridad a una tesis restrictiva y superada, en lugar de acoger la interpretación más
favorable que venía consolidándose en la jurisprudencia vertical para casos
análogos».
Resaltó que, en caso dado que se aceptara dos posibles interpretaciones judiciales,
se debía aplicar la más favorable a su situación, la cual, era «el régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, dado que su vinculación al servicio educativo oficial se produjo con
anterioridad al 26 de junio de 2003 y cumplió con las exigencias legales, motivo por el
cual no podía alegarse ningún otro condicionamiento para negar la prestación
económica».
Finalmente, sostuvo que también se presentó un defecto fáctico, en la medida que los
elementos de prueba sí permitían verificar la existencia de una relación laboral, en
virtud de las documentales aportadas, los cuales «demostraban el ejercicio de
funciones docentes entre los años 2001 a 2003 para el Departamento de
Cundinamarca»; por lo que, el razonamiento empleado para resolver el debate jurídico
resultó arbitrario y separado de los hechos debidamente probados en el proceso.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 14 de noviembre de 20257 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud
de amparo, ordenó notificar a la parte accionada, y vinculó como terceros con interés
en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Cundinamarca, Secretaria
de Educación y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá8, por ser el extremo pasivo y juez de primera instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2569-33-33-002-2023-00137-01.
7 Índice 5 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
8Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó a las siguientes direcciones electrónicas:
5
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1.6. Intervenciones
1.6.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C9
El Magistrado Ponente del fallo cuestionado se opuso a las pretensiones de la tutela,
toda vez, que no desconoció los derechos alegados por la actora, en la medida que la
decisión la adoptó con fundamento en «las normas pertinentes y con la interpretación
que a ellas correspondía según el material probatorio recaudado y el criterio de la Sala
sobre la materia».
Argumentó que observó servicios prestados por la señora Sierra Nempeque desde el
16 de julio de 2001 hasta el 5 de diciembre de 2003, para cumplir funciones como
docente en calidad de contratista, sin embargo, señaló que, para efectos de computar
los lapsos temporales alegados, a su juicio es necesario que previamente se
constituya la existencia de una relación laboral durante los años predicados y,
«acreditarse los aportes pensionales mientras la docente estuvo vinculada mediante
contrato de prestación de servicios, para efectos de financiar la pensión».
Por lo anterior, manifestó que la demandante no aportó material probatorio que diera
certeza de la forma, modo y lugar en que desarrolló la labor docente por lo que, para
la Corporación no existieron razones de hecho que permitieran tener por acreditados
los elementos que caracterizan una verdadera relación laboral.
Puntualizó, que no se acreditaron condiciones que permitieran equiparar las
obligaciones contractuales con una relación laboral, ni la certeza de las cotizaciones
al sistema pensional, las cuales solo aparecen hasta 1998. Asimismo, precisó que la
Ley 71 de 1988 no resultaba aplicable tras la vigencia de la Ley 100 de 1993, salvo
para quienes estén en régimen de transición, requisito que la docente no demostró
cumplir, situación que generaba que no procediera el reconocimiento solicitado.
Finalmente indicó que la acción de la referencia no cumple con los requisitos fijados
por la Corte Constitucional para la procedencia, pues la accionante pretende utilizarla
como una tercera instancia para reexaminar el reconocimiento de su prestación.
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá
jadmin02fac@cendoj.ramajudicial.gov.co y j02adminfac@cendoj.ramajudicial.gov.co, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG tutelasdpe@fiduprevisora.com.co y
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, Ministerio de Educación Nacional
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y atencionalciudadano@mineducacion.gov.co, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C
scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
departamento de Cundinamarca - Secretaria de Educación notificaciones@cundinamarca.gov.co
tutelas@cundinamarca.gov.co contactenos@cundinamarca.gov.co y epifaniocardenasabg@gmail.com.
9 Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
6
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1.6.2. Departamento de Cundinamarca10
La representante de la entidad señaló que la misma carece de falta de legitimación en
la causa, debido a que tanto las decisiones de primera y segunda instancia proferidas
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se absolvió a la
entidad de toda responsabilidad. Igualmente arguyó que la tutela resultaba
improcedente por cuanto no encontraba acreditado los requisitos de procedencia
contra providencia judicial.
1.6.3 Nación, Ministerio de Educación, Nacional11
Expuso que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva para emitir un
pronunciamiento de fondo, toda vez que la controversia planteada en la tutela recae
sobre una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
asimismo, por cuanto no evidenció en el libelo cuál es la acción u omisión que le es
atribuible y amerite su vinculación a este trámite.
Solicitó declarar la improcedencia de la presente acción constitucional por cuanto en
el caso particular se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza
estrictamente económica, y un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia
constitucional.
1.6.4 Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá pese a
que fue debidamente notificado no presentó pronunciamiento.
1.7. Sentencia de primera instancia12
El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 4 de diciembre de 2025, en
la que declaró improcedente la acción de tutela, al observar que no se cumplió con el
requisito general de relevancia constitucional.
En sustento de lo anterior indicó que la argumentación que esgrimió la accionante
para acreditar la presunta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió
la autoridad judicial accionada no devela que el asunto gire en torno al alcance de
algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la
decisión adoptada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 25269-33-33-002-2023-00137-01.
Se señaló que la parte actora no alegó ni demostró la existencia de una arbitrariedad
judicial ni una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales, sino que
cuestionó la interpretación normativa realizada por la autoridad judicial. En
10 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
11 Índice 12 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
12 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
7
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consecuencia, concluyó que la solicitud constitucional buscaba reabrir un asunto ya
decidido por el juez natural, sin que existiera una verdadera relevancia constitucional
que habilitara su procedencia.
Lo anterior, fue notificado de forma persona a las partes e intervinientes el 15 de
diciembre de 202513 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación14
Sostuvo que el debate constitucional planteado reviste de relevancia constitucional en
la medida que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó una postura
abiertamente contraria del precedente planteado por el Consejo de Estado, según el
cual, «debe considerarse todos los tiempos laborados por el docente para determinar
el régimen pensional, independiente de la forma de vinculación al sector público
educativo oficial y, sin perjuicio de que haya efectuado o no aportes por concepto de
seguridad social en pensiones, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formas», así mismo porque en la decisión debatida se afirmó que se acreditó la
totalidad de las cotizaciones al sistema pensional durante el tiempo que laboró como
docente bajo contratos de prestación de servicios.
Replicó los argumentos expuestos en el escrito inicial para reiterar que, con la decisión
cuestionada se incurrió en un «defecto sustantivo o material por desconocimiento de
precedente», y fáctico, porque vulneraron sus garantías constitucionales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y, al principio de
favorabilidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por
13 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 15 de diciembre de
2025 a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado
el 14 de enero de 2026. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.
8
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Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-07062-01
el Consejo de Estado, Sección Primera el día 4 de diciembre de 2025. Para lo que, se
deberá abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de superarse se resolverá así:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sucesión C,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia «a la tutela judicial efectiva, confianza legítima,
igualdad y seguridad jurídica», con ocasión de la providencia del 7 de mayo de
2025 dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25269-33-33-002-2023-00137-01?
Para decidir los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) relevancia constitucional; y (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su procedencia.17
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La accionante expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C en la providencia del 7 de mayo de 2025 incurrió en un
defecto fáctico y, desconoció del precedente, por cuanto, negó la pensión de jubilación
solicitada, bajo el argumento de que no se efectuó la cotización de aportes durante el
tiempo en que se desempeñó como docente contratista, aun cuando en el proceso
obraban pruebas suficientes que acreditaban el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Ley 33 de 1985, máxime, sin tener en cuenta la postura establecida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos análogos al suyo.
De manera preliminar, la Sala adelanta que el estudio de los yerros será por separado
en atención a que el presente requisito no se encuentra satisfecho en uno de ellos,
por tanto, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 202218, en cuanto a la procedencia de la acción
constitucional de cara a este presupuesto.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal19 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional21.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales23”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
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efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal25. (Resaltado de la Sala).
Acorde con la pauta jurisprudencial aludida, advierte la Sala que lo debatido por el
accionante en lo concerniente al defecto fáctico, corresponde a una inconformidad con
la conclusión a la que arribó el juez de segunda instancia, pretendiendo que mediante
el presente asunto se adopte una decisión diferente a la que le resultó desfavorable a
sus intereses, pues según su juicio, los elementos de prueba sí permitían verificar la
existencia de una relación laboral, como el cumplimiento del tiempo de servicios
requerido para el reconocimiento de la prestación solicitada bajo el régimen pensional
establecido en la Ley 33 de 1985.
Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un ejercicio
intelectivo en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo
cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos26, no es viable su
reproche en esta instancia judicial.
Por lo anterior, considera la Sala que la aseveración realizada por la parte actora en
cuanto al cargo analizado, no tiene la identidad o trascendencia suficiente para aplicar,
interpretar o desarrollar un mandato constitucional, ya que la discusión planteada pone
en evidencia el desacuerdo de la parte actora con la decisión a la que arribó el juez
de segunda instancia y lo que pretende es que se realice un nuevo ejercicio
hermenéutico de las documentales aportadas en el proceso ordinario, que en principio
es competencia del juez contencioso. Por ello, no se evidencia un argumento sólido
que demuestre la vulneración de las garantías constitucionales alegadas, así como
que no se avizora la carga argumentativa necesaria para alegar la configuración de
este.
De otro lado, se precisa que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por
la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por
25 Ib.
26 El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero, respecto
de aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario judicial incurre
en tal defecto cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta las reglas de la lógica
deóntica al establecer la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia acudiendo a su propio capricho,
(iii) no valora íntegramente el acervo, o (iv) funda su convencimiento en pruebas impertinentes,
inconducentes o ilícitas. Segundo, si el legislador establece que del elemento probatorio p debe
seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye algo distinto sin ofrecer una justificación para ello
(v. gr. la probada falsedad del documento). En cualquiera de los dos eventos antedichos, el juez
desconoce el derecho al debido proceso de las partes y, en consecuencia, vía tutela, la decisión podrá
dejarse sin efectos.
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el tutelante obedece a una inconformidad con el análisis efectuado por el ad quem
respecto de las pruebas que en su consideración acreditaban los requisitos exigidos
para ser beneficiaria del régimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, lo que
conlleva a concluir que busca mutar el amparo constitucional en una tercera instancia.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar las mismas vía acción de tutela.
En consecuencia, se considera que, lo pretendido por la accionante en cuanto al
aspecto anteriormente analizado carece de relevancia constitucional, por lo que se
torna improcedente, y en dicho entendido se confirmará la decisión impugnada en
torno al cargo planteado.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, se puede avizorar
que lo alegado transciende de la esfera legal a la constitucional, pues la parte actora
afirma que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido por
las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en 11 casos
con cuestiones fácticas y jurídicas similares, y en las cuales se aplicó los efectos
vinculantes de la sentencia CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016 de esta
Corporación, para reconocer la pensión de jubilación con fundamento en el régimen
de la Ley 33 de 1985, con referencia a períodos laborados bajo la modalidad de
prestación de servicios, aun cuando no se hubieren efectuado los aportes
correspondientes.
Así mismo, refirió que, la autoridad judicial accionada no cumplió con la carga
argumentativa exigida para apartarse del precedente judicial, ya que no aludió a la
posición actual del Consejo de Estado respecto de la no exigibilidad de la cotización
de aportes, ni explicó las razones por las cuales aplicó un precedente abandonado al
momento de analizar la pretensión de reconocimiento pensional.
En línea con lo expuesto, se advierte que en cuanto a dicho cargo se satisface el
requisito de la relevancia constitucional, debido a que, se observa la posible
vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso, e imponen el deber al
juez constitucional de revisar si se configuró el quebrantamiento de las garantías
superiores de la parte actora.
De acuerdo con lo dicho, se evidencia una tensión o contradicción entre la racionalidad
de la decisión y el núcleo esencial de las mencionadas garantías fundamentales de la
señora Yolanda Sierra Nempeque, por lo que la cuestión trasciende un estudio de lo
meramente legal.
Debido a lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta importante analizar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se apartó
de la aplicación del precedente sin fundamento alguno, frustrando injustificadamente
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la prestación social reclamada por la actora.
2.4.2. Tutela contra tutela
Se observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad,
toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza,
pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado 25269-33-31-001-
2023-00137-00 que promovió la parte accionante contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Cundinamarca.
2.4.3. Subsidiariedad
En consideración al requisito de subsidiariedad, este se encuentra satisfecho por
tratarse de la sentencia del 7 de mayo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en segunda instancia.
Así mismo, se observa que lo pretendido vía amparo constitucional, no es susceptible
de ser ventilado a través de otros mecanismos judiciales, por cuanto el fallo que se
cuestiona no es susceptible de otro recurso ordinario, además que contra la misma no
proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia,
comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora, no se adecúan a
las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
2.4.4. Inmediatez
Es preciso señalar que esta colegiatura27 ha considerado como plazo prudencial el de
seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la ejecutoria de
la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la
presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No
obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.
En el caso objeto de estudio, se observa que la sentencia del 7 de mayo de 2025
proferida por la autoridad judicial accionada se notificó a las partes de forma personal
a través de correo electrónico el 9 de mayo de 2025 y la presente acción fue promovida
27 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago Valencia;
03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-1435-00, M.P:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12.09.13, Rad.
11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-
01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.
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el 10 de noviembre de 202528, por lo que, sin ahondar en su ejecutoria, se tiene que
el amparo fue promovido en un término razonable, ya que no se alcanzan a completar
los 6 meses contemplados como plazo prudencial.
2.5. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente
La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. Igualmente, constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad
y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo
de Estado.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha definido al precedente judicial como:
«[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo29».
El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los precedentes
horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo juez 30. Así, la Corte
Constitucional ha indicado que:
[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, -
sea este vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con
la protección de los derechos al debido proceso e igualdad31.
Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de protección de la
confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el respeto por las decisiones
anteriores obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual resultaría
transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil.
2.6. Caso concreto
Como se señaló la parte actora cuestiona la sentencia del 7 de mayo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
revocó la providencia del 19 de noviembre de 2025 del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá dentro del medio de control nulidad
y restablecimiento del derecho, con radicado 25269-33-33-002-2023-00137-01y a
través de la cual, se había accedido a las pretensiones.
28 la accionante contaba hasta el 9 de noviembre de 2025 para interponer la acción de tutela; no
obstante, al coincidir dicha fecha con un día no hábil el término se prorrogó hasta el lunes 10 de
noviembre de 2025, día hábil siguiente.
29 Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de 25.05.17, Exp.
T-5.882.857.
30 Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-8.147.130.
31 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18, Exp. T-
6.550.645.
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Al respecto, comentó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su condición
de órgano de cierre en materia administrativa laboral, ha consolidado un precedente
pacífico y reiterado en torno al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes, con inclusión de los períodos laborados bajo contratos de prestación de
servicio, aun cuando durante dichos lapsos no se hubiesen efectuado cotizaciones al
sistema de seguridad social.
Lo anterior, lo sustentó mediante diversas providencias dictadas por las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda de la Corporación32, acompasadas con la sentencia de
unificación CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016, en la que se desarrollaron aspectos
relevantes que coadyuvaban a reforzar el criterio de la aplicación de los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades, la prevalencia del derecho sustancial
y la garantía del derecho de acceso a la pensión y a la seguridad social.
En ese contexto, la accionante manifestó no encontrar razonable la decisión adoptada
por la autoridad judicial accionada, en tanto no soportó sus argumentos en la
jurisprudencia del órgano de cierre ni cumplió con la carga de transparencia exigida,
para explicar las razones de su apartamiento del criterio reiterado.
Así las cosas, con el propósito de ilustrar el asunto objeto de análisis, esta Sala de
Decisión procederá a referirse a la línea jurisprudencial decantada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en relación con los docentes vinculados a través de
contratos de prestación de servicios y el cómputo del tiempo para efectos del
reconocimiento pensional.
Inicialmente, esta Corporación33 sostenía que los interregnos durante los cuales un
docente había sido vinculado al Estado mediante contratos de prestación de servicios,
no podían ser computados para efectos de acumular el tiempo requerido para acceder
a la pensión de jubilación, en ausencia de una declaratoria previa sobre la existencia
de una relación de carácter laboral.
No obstante, dicha postura fue modificada por medio de diversos pronunciamientos
de la Sección Segunda, en los cuales se determinó la procedencia de computar el
tiempo laborado por los docentes bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios para efectos del reconocimiento de prestaciones de carácter periódico.
Este cambio de criterio tuvo como uno de sus fundamentos la sentencia C-555 de
1994, en la cual la Corte Constitucional precisó que la diferenciación entre los
docentes vinculados formalmente a las plantas de personal y aquellos contratados
bajo la modalidad de prestación de servicios, carecía de justificación constitucional,
32 Radicados: 50001-23-33-000-2018-00357-01; 63001-23-33-000-2018-00184-01; 25000-23-42-000-
2019-01673-01; 15001-23-33-000-2021-00637-01; 15001-23-33-000-2021-00407-01; 15001-23-33-
000-2021-00135-01; 27001-23-33-000-2021-00048-01 y, 66001-23-33-000-2022-00016-01.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia
03.06.21, Rad. 50001-23-33-000-2018-00357-01.
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en la medida en que ambos grupos desempeñaban la misma actividad, siendo la ley
y no el contrato la que determinaba el régimen aplicable y, que el menor costo de los
contratos por servicios no podía servir de sustento para el desconocimiento de los
derechos laborales irrenunciables34.
Asimismo, dicha postura se apoyó en los parámetros fijados en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201635, conforme a la cual la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no desvirtuaba
el carácter personal de su labor, ni resultaba ajena al elemento de subordinación
inherente al servicio público de educación, pues en estas, se encontraban igualmente
configurados los elementos del contrato laboral36.
A partir de dichas referencias, se entendió que el ejercicio de la función docente
mediante la vinculación de contratos por prestación de servicios, en aplicación de los
principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, favorabilidad y pro
homine, permitía el cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales, por cuanto
la falta de vinculación como empleados públicos obedeció al incumplimiento de un
deber legal por parte del Estado, circunstancia que no podía traducirse en la
afectación de sus derechos laborales37.
De igual forma, se ha decantado que la lógica aplicada en los asuntos anteriormente
referidos resulta extensiva a los aportes al Sistema de Seguridad Social, pues aun
cuando el docente no hubiese efectuado las cotizaciones correspondientes, ya fuere
por omisión de la entidad contratante o del propio contratista, tal circunstancia no
constituía impedimento para el reconocimiento del tiempo computable para la pensión
de jubilación38.
Incluso, sobre este punto, la Sección Segunda del Consejo de Estado 39 ha precisado
que corresponde a los fondos de pensiones adelantar las gestiones pertinentes ante
las entidades territoriales contratantes, con el fin de establecer las responsabilidades
a que haya lugar, garantizar la financiación del derecho pensional y subsanar las
omisiones en el pago de las cotizaciones, habida cuenta que los períodos en los
cuales el docente hubiese laborado en el sector público a través de contratos de
prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Sentencia
12.09.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00407-01 y 27001-23-33-000-2021-00048-01.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia 25.08.16, Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia
07.04.22, Rad. 63001-23-33-000-2018-00184-01.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, Sentencia
30.01.25, Rad. 66001-23-33-000-2022-00016-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera,
Sentencia 04.07.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01.
39 Consejo de Estado: Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Sentencia
19.09.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00135-01. Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández. Sentencia 3.06.21, Rad 5001-23-33-000-2018-00357-01, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia 30.01.2025, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves
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resultan válidos para acreditar el tiempo de servicio exigido para la adquisición del
derecho a la pensión de jubilación.
Así las cosas, una vez advertida la línea jurisprudencial pacífica sostenida por la
Sección Segunda de esta Corporación, construida por demás, con la inclusión de las
sentencias traídas por la parte actora como desconocidas por la autoridad judicial
accionada, referentes a que el tiempo de vinculación del docente mediante contratos
de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para efectos del régimen
pensional, incluso cuando durante dichos periodos no se hayan efectuado las
cotizaciones al sistema, procede esta Sala a analizar el contenido del fallo del 7 de
mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
Tras examinar las pruebas obrantes en el expediente, la autoridad judicial accionada
sostuvo que no era posible tener en cuenta los periodos de vinculación mediante
órdenes de prestación de servicios, por cuanto «[…] previamente se debía constituir
la existencia de una relación laboral durante los años predicados bajo prestación de
servicio, y de otro lado, acreditarse los aportes realizado bajo dicha vinculación».
Asimismo, expresó que al plenario únicamente se allegaron los contratos suscritos
entre las partes —algunos de ellos con reportes de certificado de disponibilidad
presupuestal— con el fin de establecer los lapsos temporales de ejecución. Sin
embargo, no se aportó material probatorio que brindara certeza sobre la forma, el
modo y el lugar en que se desarrolló la labor docente; y en consecuencia de ello no
existían razones fácticas que permitieran tener por acreditados los elementos que
caracterizan una verdadera relación laboral, así como que, no había circunstancias
que posibilitaran concluir que las obligaciones contractuales se llevaron a cabo bajo
parámetros de igualdad con el personal que mantiene o tuvo una vinculación legal y
reglamentaria.
Con fundamento en ello, determinó que no era posible el cómputo de tiempos para
analizar la pensión bajo el régimen que alegaba la accionante.
Adicionalmente, reiteró que, si bien se allegó un reporte de semanas cotizadas
expedido por Colpensiones, en este únicamente se registran cotizaciones hasta el año
1998. Esta circunstancia que impedía tener certeza sobre los aportes efectuados al
Sistema General de Pensiones por parte de la entonces contratista, aspecto que en
su consideración resultaba relevante para el financiamiento de la prestación pensional
y sin el cual no resulta viable el reconocimiento solicitado.
Adujo que la anterior conclusión se sustentaba en el panorama jurisprudencial acogida
por dicha Subsección, por cuanto, en la sentencia del 27 de junio de 2023 dictada por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente
05001-23-33-000-2019-00691-01 (4615-2022), se analizó el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación de docente, teniendo en cuenta periodos prestados
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Subsección C
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mediante vinculación contractual y sobre los cuales se haya realizado la respectiva
cotización.
Finalmente indicó, que si aun en gracia de discusión, se considerara la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, creada para permitir la acumulación de tiempos
del sector público y cotizaciones del sector privado, la misma no podría ser beneficiaria
del régimen de transición dado que «para el 1.º de abril de 1994 la demandante tenía
28 años y no acreditaba más de 750 semanas cotizadas».
En consecuencia, no se avizora que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, hubiese adoptado la resolutiva del caso en armonía
con la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda de esta Corporación, puesto que
la exigencia de acreditar la realización de aportes al sistema durante la vinculación
por OPS, o de contar con una declaración judicial previa de la existencia de la relación
laboral, eran criterios utilizados antes por las autoridades judiciales, sin embargo,
actualmente desconoce los derechos fundamentales de la parte actora y desnaturaliza
la postura pacífica previamente expuesta.
Adicionalmente, esta Sala de Decisión considera que el cuerpo colegiado accionado
se apartó injustificadamente del precedente jurisprudencial, sin ofrecer una carga
argumentativa suficiente, clara y razonable que explicara las razones de dicho
distanciamiento, circunstancia que comporta un desconocimiento del principio de
seguridad jurídica.
Incluso, de la revisión de la jurisprudencia acerca del tema en cuestión, se observa la
acción de tutela resuelta el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A40 en la que condensó la postura reiterada y fue enfático en
señalar la existencia de una línea consolidada, como se evidencia a continuación:
33. Sin embargo, para la Sala esta decisión desconoce abiertamente la
jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual
ha señalado de forma reiterada que el tiempo de vinculación del docente
mediante contratos de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para
efectos del régimen pensional, incluso cuando durante dichos periodos no se
hayan efectuado cotizaciones al sistema por parte de la entidad contratante o
del propio contratista.
34. Ciertamente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha
sostenido que la falta de aportes no constituye un impedimento para el cómputo
de esos tiempos, y que es deber de los fondos de pensiones adelantar las
gestiones correspondientes ante las entidades territoriales contratantes con el
fin de establecer responsabilidades, garantizar la financiación del derecho
pensional y corregir las omisiones en el pago de las cotizaciones.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo, Sentencia
30.10.25, Rad. 11001-03-15-000-2025-05937-00.
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35. Lo anterior por cuanto los períodos en que hubiese laborado la docente en
el sector público a través de contratos de prestación de servicios, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son válidos para
acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una
pensión de jubilación.
36. Así, las Subsecciones de la Sección Segunda, en múltiples sentencias, han
señalado que la posibilidad de contabilizar los períodos en que el demandante
fungió como docente contratista no puede estar supeditada a demostrar la
realización de aportes con destino al sistema de pensiones durante dicho
tiempo, ya que para ese momento no existía norma jurídica que estableciera la
obligación de efectuar tales cotizaciones en el caso de los contratistas por
prestación de servicios, pues esta se introdujo en el ordenamiento jurídico
colombiano en el año 2003, con la Ley 797.
37. En este sentido, si bien no existe una sentencia de unificación que trate de
forma específica este punto, lo cierto es que sí hay una línea jurisprudencial
consolidada y pacífica al interior del Consejo de Estado, que le reconoce fuerza
vinculante en virtud de los principios constitucionales de seguridad jurídica e
igualdad.
En ese contexto, la providencia cuestionada incurre en un claro desconocimiento del
precedente, en la medida en que impuso exigencias expresamente descartadas por
el órgano de cierre en la materia.
Por consiguiente, se revocará parcialmente la sentencia del 4 de diciembre de 2025
proferida por la Sección Primera de esta Corporación, para en su lugar, amparar los
derechos fundamentales de la señora Yolanda Sierra Nempeque al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia y, se dejará sin efectos la sentencia del 7 de
mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, para que adopte una nueva decisión en la que observe y
aplique el precedente consolidado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
relación al objeto de controversia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de diciembre de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de
la acción constitucional por no superarse el requisito general de relevancia
constitucional, para en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de la señora
Yolanda Sierra Nempeque al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia por haber incurrido en el desconocimiento del precedente analizado.
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SEGUNDO: DEJAR sin efectos la sentencia del 7 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
consecuencia, ORDENAR que dicte una nueva decisión en aplicación del precedente
explicando previamente referente a los tiempos servidos a la docencia mediante
contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento pensional, en un
término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia.
TERCERO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción constitucional por falta de
relevancia constitucional solo respecto del defecto fáctico alegado.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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