Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2012-00182-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2012-00182-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2012-00182-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., 2 de junio de 2022.
Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-02
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)1, Departamento de Norte de Santander y
Fiduprevisora S.A.
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación a docente oficial –
cómputo de servicios prestados mediante contratos u
órdenes de prestación de servicios
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
Atendiendo lo dispuesto por la sección cuarta del Consejo de Estado en fallo de
tutela proferido el 21 de abril de 2022, por medio del cual se concedió el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la demandante,
procede la Sala, sin que ello implique un cambio de su postura en cuanto al tema
en cuestión, a dictar una nueva sentencia dentro del proceso de la referencia en
procura a garantizar sus derechos y garantías constitucionales.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1. La señora Miryam Dolores Bermúdez Santaella demanda con la finalidad de
obtener la nulidad de la Resolución 818 del 2 de octubre de 2012, a través de la
cual el secretario de despacho del área de la dirección educativa del Municipio de
San José de Cúcuta le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicita el reconocimiento de la pensión
de jubilación en cuantía equivalente al 75% del salario básico y demás factores
salariales devengados durante el año anterior al cumplimiento del estatus
pensional, a partir del 12 de junio de 2009, cancelar las mesadas adeudadas «(…)
1 En lo que sigue FOMAG.
Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
incluidas las primas consagradas en la ley 100 de 1993 y los aumentos automáticos
anuales previstos en la ley 71 de 1988», así como condenar en costas y las demás
consecuenciales.
Hechos
3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta.
4. La demandante nació el 12 de junio de 19542 y laboró para el Departamento de
Norte de Santander y el Municipio de Villa del Rosario con vinculación contractual
mediante contratos u órdenes de prestación de servicios cuyo objeto fue la
prestación de labores como docente, de la siguiente manera3:
Contrato u orden Autoridad que Desde Hasta Años Meses Días
de prestación expidió el contrato
u orden
CNT 401 de 19884 Gobernador 01-02-1988 30-11-1988 10
CNT 612 de 19895 Gobernador 01-02-1989 30-11-1989 10
CNT 698 de 19906 Gobernador 01-02-1990 30-11-1990 10
CNT 48 de 19917 Alcalde 01-02-1991 30-11-1991 10
CNT 48 de 19928 Alcalde 01-02-1992 30-11-1992 10
ODS 1379 de 19939 Gobernador 01-02-1993 30-11-1993 10
ODS 99 de 199410 Gobernador 01-02-1994 30-11-1994 10
Total tiempo = 5 años y 10 meses
5. La actora prestó sus servicios en el Municipio de San José de Cúcuta (Norte de
Santander) como docente de básica secundaria con una vinculación legal y
reglamentaria, así11:
Acto de Autoridad Desde Hasta Años Días Entidad de previsión a
Vinculación que expidió la cual aportó
el acto
Decreto 202 del Acalde 27-03- 01-04- 16 4 Fondo prestacional
07-03-1995 1995 2011 magisterio
Total tiempo = 16 años y 4 días
6. A través de escrito del 3 de junio de 201112, la accionante solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la que fue negada por medio de la
2 Según registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía, visibles a folio 22 y 23, respectivamente.
3 Conforme a las certificaciones proferidas por las Instituciones Educativas Mariano Ospina, antes Colegio
Departamental Integrado Mariano Ospina Pérez (Fl. 24), Luis Gabriel Castro (Fl. 25), Colegio Carlos Pérez
Escalante, antes Colegio Departamental San Luis (Fl. 26) y Colegio Alejandro Gutiérrez Calderón (Fl. 27), y los
contratos y órdenes de prestación de servicios (Fls. 34 a 43).
4 Folios 49 y 50.
5 Folio 51
6 Folio 52
7 Folios 53 y 54.
8 Folios 55 y 56.
9 Folio 57.
10 Folio 58.
11 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, visible a folios 28 y 29.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
Resolución 818 del 2 de octubre de 201213, proferida por el secretario de despacho
del área de dirección educativa del Municipio de San José de Cúcuta,
aduciéndose que no cumplía con el tiempo de servicios exigido por la ley, pues
hubo algunos años que se sirvieron mediante contratos de prestación, que para
tales efectos no podían ser computados por falta de aportes a la seguridad social.
Concepto de violación
7. Al respecto, considera que «(…) las simples formalidades establecidas en los
contratos y Órdenes de prestación de servicios, NO puede imponerse sobre la realidad
histórica de los derechos de los trabajadores. No pueden desconocerse los mínimos de
derechos que conforman la seguridad social. Basta con cumplir el tiempo de servicio con
las notas propias de la relación laboral para que se pueda generar el derecho pensional
(….).».
Contestaciones de la demanda
8. El Departamento de Norte de Santander considera que en el presente asunto
se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva con su respecto,
habida cuenta que ante la administración central de la Gobernación no se agotó la
actuación administrativa.
9. Tanto el FOMAG como la Fiduprevisora S.A. se oponen a la prosperidad de las
pretensiones, toda vez que la demandante no cumple el requisito de 20 años de
labores continuos o discontinuos en el sector oficial exigidos por la Ley 33 de 1985
para el reconocimiento pensional.
La sentencia de primera instancia
10. El a quo niega las pretensiones de la demanda al considerar que la actora no
cumple con el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento pensional, puesto que las labores que prestó mediante contratos
de prestación de servicios durante los años 1988 a 1992 no pueden tenerse en
cuenta para su cómputo, acreditando menos del tiempo exigido por la ley.
12 Visible a folios 16 a 19.
13 Visible a folios 12 a 14.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
11. Lo anterior, al considerar que es necesaria una sentencia judicial declarativa
de derecho que le otorgue a la demandante el reconocimiento de la relación
laboral durante dichos años con el Departamento de Norte de Santander y el
Municipio de Villa del Rosario, a efectos de que se pudiesen computar para tener
derecho a la prestación.
12. En cuanto a la condena en costas, establece su improcedencia, dado que no
se evidencia un actuar temerario o de mala fe por parte de la parte vencida.
Recurso de apelación
13. La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, al estimar que de conformidad
con el criterio adoptado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado los
tiempos de servicios prestados bajo la modalidad contractual, mediante contratos
u órdenes de prestación de servicios, tienen plena validez para ser sumados a los
20 años de labores requeridos para efectos pensionales, a pesar de que sobre el
mismo ni el empleador ni el trabajador hayan efectuado aportes con este destino.
14. Sostiene, que la Ley 33 de 1985 no exige como requisito ninguna clase de
vinculación para efectos de reconocer la pensión de jubilación, de ahí que el
tiempo en el que los docentes suscribieron contratos de prestación de servicios no
puede ser desconocido por el ente de previsión, porque lo cierto es que desarrolló
la misma actividad del empleado de planta, cumplió un horario y recibió una
remuneración.
15. Indica, que en el presente asunto no se está solicitando la declaratoria de la
existencia de la relación laboral por el periodo en el que se desempeñó como
docente mediante vinculación contractual a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios, sino que se declare que dicho tiempo sea computado para
efectos pensionales.
16. Así las cosas, considera que le asiste derecho a que se le tenga en cuenta el
tiempo laborado como docente en el Departamento de Norte de Santander y en el
Municipio de Villa del Rosario mediante vinculación contractual a través de
contratos u órdenes de prestación de servicios, el cual sumado al periodo
trabajado en relación legal y reglamentaria por medio de decretos suma un
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
espacio superior a 20 años de trabajos, requisito que añadido a su edad le da el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
17. Las partes y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se
pronuncian en la instancia procesal.
18. El Ministerio Público solicita recovar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que la demandante cumple
con los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, pues tiene más de 55 años de edad y cumple con un tiempo superior a
20 años de labores al sumar los periodos trabajados como docente a través de
sus vinculaciones por medio de contratos u órdenes de prestación de servicios y
decretos.
CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
19. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si: ¿a
la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación por sus labores como docente, prestadas con ocasión de sus
vinculaciones legal y reglamentaria, y contractual?
20. Para resolver, la Sala tendrá en cuenta: i) los contratos u órdenes de
prestación de servicios como tiempos computables para el reconocimiento de la
pensión de jubilación; y ii) el análisis del caso concreto.
De los contratos u órdenes de prestación de servicios como tiempos
computables para el reconocimiento de la pensión de jubilación
21. Al respecto, debe decirse que la Ley 60 de 1993 permitió la vinculación de
docentes bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, pero esta
clase de vínculos desnaturalizaron con lo dispuesto por la Ley 115 de 1994, en
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
cuyo artículo 105 parágrafo 3° se consagró la vocación de permanencia de los
docentes contratistas, al prever su incorporación gradual en la planta, disposición
que produjo efectos hasta su declaratoria de inexequibilidad con la sentencia C-
592 de 1996 de la Corte Constitucional.
22. En cuanto a los contratos u órdenes de prestación de servicios como tiempos
computables para el reconocimiento de la pensión de jubilación, vale la pena
señalar que la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación
del 22 de enero de 201514, consideró que los tiempos de servicios prestados a
través de contratos u órdenes de prestación de servicios como docente debían ser
tenidos en cuenta a efectos de cumplir el requisito de tiempo de servicio, para
obtener el derecho a la pensión gracia, al respecto, dijo:
«Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:
“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son
imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado,
cumple funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está
obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello,
por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la
autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan
establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (…)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24
de agosto de 200015 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente
hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 200316 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:
“(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da
lugar a la pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33
de 1985 señala que sólo se computaran como jornadas completas de
trabajo las de cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el
respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará
sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro, el resultado
que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con
los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a
viernes y los sábados y los domingos corresponden a días de descanso
remunerados, se deberán adicionar estos días, al igual que los días de
vacaciones escolares de semana santa (1 semana) y de vacaciones
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejero Ponente: Alfonso
Vargas Rincón. Bogotá. D.C. 22 de enero de 2015. Radicación Nro. 250002342000201202017 01(0775-14).
15 «Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente No. 1053-00, M.P.
Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado».
16 «Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No. 0396-03, M.P.
Dr. Jesús María Lemos».
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral 2° del artículo 3°
del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo 3° del Decreto 1235 de
1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de
1994.
Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor
académica deberán computarse como una jornada completa de trabajo, lo
que significa que veinte horas semanales suman ochenta mensuales. (…)”
Así las cosas , la Sala considera que no le asiste la razón al Tribunal que negó las
súplicas de la demanda porque a su juicio la vinculación como docente externa de
hora catedra comprendido entre los años 1985 y 1993, no tiene incidencia en el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no medió una vinculación laboral
con el Departamento de Sucre, en consecuencia se revocará la sentencia apelada
para en su lugar entrar a determinar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago del a pensión gracia.
(…)
Ahora bien, la demandante se ha desempeñado como docente en propiedad 17
años, 4 meses y 23 días, hasta el 12 de diciembre de 2011, fecha de expedición de
la certificación de tiempo de servicios. Sumando los 4 años 5 meses y 24 días años
en que estuvo vinculada como docente externa, la Sala encuentra que cuenta con
más de 20 años de servicios, pues acreditó un total de 21 años, 10 meses y 17
días.».
23. El anterior criterio jurisprudencial fue reiterado por la misma Corporación en
sentencia del 19 de enero de 201717, en la que se razonó:
«(…) en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de
maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[ … ] primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es
un principio constitucional [ … ]»18, y si el intérprete judicial, «[ ... ] en un caso
concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el
carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo
53 de la CP [ ... ]»19
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que, sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
(…).».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero
Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá D.C. 19 de enero de 2017. Expediente: 540012333000201200180
01(1706-2015).
18 «Sentencia C-555, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz».
19 «Ibídem».
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
24. Es Importante mencionar, que el criterio jurisprudencial antes expuesto se
fundamenta en que las prestaciones deferidas a los docentes oficiales, son
justificadas para su beneficiario en el ejercicio de la profesión docente,
indistintamente de la forma de su vinculación, siendo por ende, el factor importante
para definir su procedencia.
25. Así las cosas, los tiempos laborados por un docente con una vinculación a
través de sucesivos contratos u órdenes de prestación de servicios, es decir, por
medio de la figura del docente contratista, deben ser tenidos en cuenta para
efectos del reconocimiento de las pensiones gracia.
Caso concreto
26. Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a
determinar si a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación por sus labores como docente, prestadas con ocasión de sus
vinculaciones legal y reglamentaria, y contractual.
27. Frente a ello, el a quo se inclinó hacia la tesis de que no, pues estima que la
demandante no cumple con el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33
de 1985, puesto que las labores que prestó mediante contratos u órdenes de
prestación de servicios no pueden tenerse en cuenta para su cómputo,
acreditando menos de los 20 años en relación legal y reglamentaria.
28. Para resolver, teniendo en cuenta los hechos expuestos con anterioridad, los
cuales no se encuentran en discusión, y a partir de la normativa analizada, la Sala
concluye que la demandante para el 27 de junio de 2003, fecha de expedición de
la Ley 812 de la misma anualidad, ya había ingresado a prestar sus servicios
como docente, lo que permite establecer que para el reconocimiento pensional la
norma aplicable es la Ley 33 de 1985 con sus respectivas modificaciones20, tal y
como lo estableció la sección segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 201921 que unificó el criterio
respecto a la forma de liquidar la pensión de jubilación de los docentes.
20 Ley 62 de 1985.
21Consejo de Estado, sección segunda, sentencia del 25 de abril de 2019. Consejero Ponente: César
Palomino Cortés. Demandante: Abadía Reynel Toloza. Demandado: Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
29. En ese orden de ideas, de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada, a la demandante le son aplicables las siguientes
reglas, en virtud del régimen pensional establecido en las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
30. Precisado lo anterior, procede la Sala a verificar, de acuerdo con las pruebas
reseñadas, si la demandante cumple con los requisitos (edad y tiempo de servicio)
para obtener el derecho a la pensión de jubilación.
31. La señora Miryam Dolores Bermúdez Santaella nació el 12 de junio de 1954, es
decir que cumplió la edad de 55 años de edad el 12 de junio de 2009, lo que permite
establecer cumple con el primero de los requisitos para obtener el derecho
pensional.
32. A su turno y respecto a los tiempos de servicio como docente, se tiene que en el
marco de la vinculación legal y reglamentaria de la demandante con el Municipio de
San José de Cúcuta, para prestar el servicio docente, acumuló un tiempo de labores
de 16 años y 4 días, y que a través de órdenes de prestación y/o contratos laboró
como maestra en el Departamento de Norte de Santander y en el Municipio de Villa
del Rosario por espacio de 5 años y 10 meses, los cuales sumados a los anteriores
acumulan un tiempo de 21 años, 10 meses y 4 días.
33. Así entonces, se tiene que la actora adquirió el estatus pensional el 12 de junio
de 2009, fecha para la cual cumplió 55 años de edad y acreditó más de 20 años de
servicios, teniendo en cuenta el lapso laborado bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios y mediante vinculación legal y reglamentaria, motivo por el
cual le asiste derecho al reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de
1985.
34. Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación, comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
35. Por lo anterior, se anulará el acto administrativo acusado y en su lugar se
ordenará el reconocimiento pensional con base en el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios, en concordancia con lo dispuesto por la
Ley 62 de 1985, con efectividad a partir del 12 de junio de 2009, fecha de
adquisición del estatus pensional.
36. Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación
de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
diferencia dejada de percibir por la demandante por concepto de pensión de
jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la
presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a
dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se
ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que
se causó el derecho).
37. Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, comenzando desde la
fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
38. Ahora bien, en cuanto a los periodos en que la demandante prestó el servicio
docente bajo contratos u órdenes de prestación de servicio al Departamento de
Norte de Santander y el Municipio de Villa del Rosario, se tienen los siguientes:
Contrato u orden Autoridad que Desde Hasta Años Meses Días
de prestación expidió el contrato
u orden
CNT 401 de 198822 Gobernador 01-02-1988 30-11-1988 10
CNT 612 de 198923 Gobernador 01-02-1989 30-11-1989 10
CNT 698 de 199024 Gobernador 01-02-1990 30-11-1990 10
CNT 48 de 199125 Alcalde 01-02-1991 30-11-1991 10
22 Folios 49 y 50.
23 Folio 51
24 Folio 52
25 Folios 53 y 54.
10
Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
CNT 48 de 199226 Alcalde 01-02-1992 30-11-1992 10
ODS 1379 de Gobernador 01-02-1993 30-11-1993 10
199327
ODS 99 de 199428 Gobernador 01-02-1994 30-11-1994 10
39. Ahora, la Sala deduce que por la calidad de contratista de la actora no podía
encontrarse afiliada al FOMAG porque para tales efectos debía ser nombrada y
posesionada como docente oficial a través de acto administrativo, es decir, no
pudo haber realizado las respectivas cotizaciones a dicha entidad de previsión en
el lapso atrás indicado.
40. En todo caso, a la docente le correspondía realizar los aportes a pensión en
algún fondo de previsión diferente al FOMAG, por los honorarios percibidos en
razón de los contratos que celebró con el Departamento de Norte de Santander y
el Municipio de Villa del Rosario, sin embargo, no obra prueba en el expediente
que respalde tal hecho.
41. Sobre este aspecto, en la sentencia de unificación CESUJ2 N° 5 del 25 de
agosto de 2016, esta Corporación precisó:
«(…) la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los
aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
(…).».
42. Así las cosas, es deber de la demandante demostrar las cotizaciones a
pensión realizadas en su momento a cualquier entidad por el tiempo que duró su
relación contractual, a riesgo de que deba pagar o completar el monto que como
trabajadora le correspondía abonar por ese concepto, lo mismo sucede con la
entidad empleadora.
43. En ese orden de ideas, el FOMAG deberá repetir y en consecuencia solicitar a
la entidad de previsión a la que se hubiese encontrado afiliada la demandante en
el tiempo que fungió como contratista, el reembolso de los pagos hechos por
aquella bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y cuando así se asegure y
26 Folios 55 y 56.
27 Folio 57.
28 Folio 58.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
acredite. En caso de que ello no hubiese ocurrido de dicha forma, estará
autorizado a descontar de las sumas adeudadas a la docente, los valores
equivalentes al porcentaje de cotización que como trabajadora tuvo que haber
realizado por ese mismo período para completar el monto de la contribución a su
cargo29.
44. Con fundamento en las explicaciones que antecedente, la Sala revocará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, declarará la nulidad del acto acusado y, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, ordenará al FOMAG, reconocer y pagar la pensión
de jubilación de la actora, teniendo en cuenta una tasa de remplazo del 75% de
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, devengados en el año anterior al estatus pensional, a partir del 12
de junio de 2009, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
45. Sin perjuicio de lo dicho, se considera necesario precisar que, en casos
análogos al presente, esta subsección ha considerado que los tiempos laborados
mediante contratos de prestación de servicios docentes no son computables para
efectos pensionales cuando no obra prueba alguna en la que se advierta que el
contratista realizó los respectivos aportes y/o cotizaciones a pensión durante el
tiempo que sostuvo la relación contractual.
46. Esta posición ha sido reiterada en las sentencias del 22 de abril de 2021, 5 de
agosto, 26 de agosto y 9 de septiembre de 2021, las que fueron proferidas con
posterioridad a las citadas por la sección cuarta del Consejo de Estado en fallo de
tutela proferido el 21 de abril de 2022. Particularmente en estas providencias se
manifestó lo siguiente30:
«(…) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a
través de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander
y al Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho
periodo no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los
cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún
antes de la expedición de la misma Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como
para el empleado y para quienes han suscrito un contrato con el Estado, sin que su
pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a
ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley,
estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos (…).».
29 Sobre este aspecto, ver sentencia del 18 de febrero de 2021 proferida por esta subsección del Consejo de
Estado en el proceso radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-00182-02 (4134-
2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido, los procesos con N.I.:
0681-14, 4169-14, 1038-17 y 3639-15.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
47. Por lo tanto, pese a que se dicta una nueva sentencia dentro del proceso de la
referencia, atendiendo lo dispuesto por la sección cuarta del Consejo de Estado en
fallo de tutela proferido el 21 de abril de 2022, por medio del cual se concedió el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la
demandante, ello no implica un cambio de postura en cuanto al tema en cuestión
por parte de la Sala.
Condena en costas
48. La jurisprudencia de la Sala31 en dicha temática ha precisado que el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 entrega al juez la facultad de disponer sobre su
condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la
actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente
aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
49. Al realizar un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte
vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no
se encuentra evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a
la parte demandante, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su
derecho a apelar. Por ello, esta sentencia se abstendrá de imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
DAR CUMPLIMIENTO al fallo de tutela emitido por la sección cuarta del Consejo
de Estado el 21 de abril de 2022, que amparó los derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad de la parte demandante, y en consecuencia:
31 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
PERIMO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en esta providencia, y en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 818 del 2 de octubre de
2012, proferido por el secretario de Despacho del Área de Dirección Educativa del
Municipio de San José de Cúcuta, por medio de la cual negó el derecho pensional
de la demandante.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena al FOMAG a
reconocer y pagar a la actora una pensión de jubilación de acuerdo con lo previsto
por las Leyes 33 y 62 de 1985.
Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y
el ingreso base de liquidación (IBL) al promedio de lo devengado en el último año
de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo los factores
salariales que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley
62 de 1985, dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, con
efectividad a partir del 12 de junio de 2009, fecha de adquisición del estatus
pensional, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
CUARTO: Las sumas que se paguen en favor de la demandante se actualizarán
en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación
de la sentencia, de acuerdo al régimen general y se aplicarán sobre las mismas
los reajustes de ley.
QUINTO: El FOMAG, deberá repetir en contra de la entidad de previsión a la cual
la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el lapso que subsistió
la relación contractual con el Departamento de Norte de Santander y el Municipio de
Villa del Rosario, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión
efectuadas por aquella en dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o
asegure la actora. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los
valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes
parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del precepto
anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajadora
le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación contractual.
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Expediente: 54001-23-33-000-2012-00182-01
Número interno: 4134-2016
Demandante: Miryam Dolores Bermúdez Santaella
Demandado: FOMAG y otros
SEXTO.- La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.
OCTAVO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión,
por los señores Consejeros.
Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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