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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02279-01

Fecha
21 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02279-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de Jairo García Valencia, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02279-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Pensión de jubilación docente / Desconocimiento del
precedente judicial
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en contra de la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Jairo García Valencia promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo,
acceso a la administración de justicia y seguridad social, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-004-2022-
00101-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2, con la finalidad de cuestionar la

1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAJAIROGARCIA_co(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en sentencia del
1.° de febrero de 2014 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
acreditó que efectuó los aportes parafiscales a pensión correspondientes a los
periodos trabajados mediante contratos de prestación de servicios, por lo que la
ausencia de dichas cotizaciones impidió que ese tiempo fuera reconocido para fines
pensionales. En contra de esta decisión presentó recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 30 de
septiembre de 2024 confirmó la decisión del a quo al considerar que no se probó
cotizaciones durante los contratos de prestación de servicios, por lo que esos
periodos no son válidos para la pensión. Tampoco acreditó las 1.300 semanas
exigidas por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en:

2.4.1. Defecto sustantivo por cuanto se ignoró los efectos de la sentencia C-555 de
1994 de la Corte Constitucional que declaró inexequibles el artículo 6° de la Ley 60
de 1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, los cuales permitían
la contratación sucesiva de docentes hasta su vinculación a la planta territorial. En
consecuencia, no resultaba admisible que se excluyera de responsabilidad a la
entidad territorial o al Estado por la omisión en las cotizaciones pensionales.

2.4.2. Así mismo, de la sentencia SU-226 del 23 de mayo de 2019 en la que se
estableció que la responsabilidad por la afiliación al sistema pensional recaía
exclusivamente en el empleador, por lo que la omisión en este deber desestructura
la relación triangular en materia de pensiones, impide la vinculación de la
administradora correspondiente y bloquea el ejercicio de sus funciones, razón por la
cual, la carga de dicha omisión correspondería únicamente al empleador incumplido;

2.4.3.en decisión sin motivación comoquiera que no explicó por qué se apartó de la
Sentencia C-555 de 1994 ni de las unificadas del Consejo de Estado de 2015 y 2016,
que reconocieron efectos pensionales a los contratos de prestación de servicios.
Tampoco analizó el artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo
01 de 2005, ni los tratados internacionales sobre seguridad social;

2.4.4. en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3
relacionado con el giro de los aportes a pensión ante la declaratoria de existencia de
una relación laboral, donde la calidad de docente oficial permitió configurar el vínculo
contractual, lo que activó los derechos y obligaciones derivados, dentro de los cuales
se encuentra el pago de aportes omitidos.

3 Al respecto citó las sentencias de unificación del 22 de enero de 2015 y del 25 de agosto de 2016,

expedientes 0775-2014 y 0088-15.

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Demandante: Jairo García Valencia

2.4.5. Según la sentencia CESUJ2 del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado,
los aportes pensionales derivados del contrato realidad son imprescriptibles y
exigibles en cualquier momento. Incluso sin petición expresa, por lo que el juez debía
pronunciarse sobre estas cotizaciones, en atención a la prevalecía de los derechos
fundamentales a la seguridad social y a una vida digna; y

en violación directa de la Constitución Política al excluir el tiempo laborado
2.4.6.
como docente bajo OPS para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA.- DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad,
al dictar la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024, correspondiente al proceso
76001-33-33- 004-2022-00101-01 que confirmo el fallo de primer grado emitido el 01 de
febrero de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, negando
el reconocimiento de la pensión de jubilación que en derecho me corresponde con el
argumento que no haber demostrado cotizaciones por el periodo laborado antes del 27 de
junio de 2003 en las modalidades de contratos, ha violado directamente mis derechos
fundamentales consagrados especialmente en los artículos 13, 25, 29, 53 y 48 de la
Constitución Nacional, tales como a la igualdad frente a la aplicación de ley y la línea de
jurisprudencia, el trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho al debido proceso y
acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la
seguridad social integral en conexión con el régimen especial del magisterio y demás
derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que
fundamentan la acción de tutela.

SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de fecha 30 de septiembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad, correspondiente
al proceso 76001-33-33-004-2022-00101-01 que confirmó el fallo de primer grado emitido
el 01 de febrero de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali,
carece de efectos legales.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
nuevamente realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar otra
sentencia fundamentada en la normatividad, valorando en plenitud las pruebas aportadas
y en la línea jurisprudencia vigente contenidas entre otras, en las sentencias C-555 de
1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional y en el fallo
unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda.

CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que la honorable Corporación Constitucional
considere convenientes para el restablecimiento de los derechos afectados […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 se opuso a la prosperidad
de las pretensiones ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales,
ya que la decisión enjuiciada fue proferida de conformidad con la normatividad y

4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTATUTELACE11(.pdf) NroActua 10».

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Demandante: Jairo García Valencia

jurisprudencia aplicables al caso, en concordancia con el material probatorio allegado
al plenario. Así mismo, se evidenció que la verdadera inconformidad se limitó a no
compartir lo decidido, con lo que se pretendió un nuevo fallo favorable a los intereses
del demandante, lo cual es improcedente.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali5 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

6. La Fiduprevisora S.A.6 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva ya que actuó únicamente en calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por lo que carece de la facultad para expedir, modificar o revocar
sentencias.

1.3 . Sentencia de primera instancia7

7. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 22 de mayo de 2025
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del
demandante y, en consecuencia, dejó sin efectos la decisión proferida el 30 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar
que incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

7.1. La decisión del tribunal demandado no era razonable, comoquiera que los
servicios prestados antes de la Ley 812 de 2003 mediante órdenes de prestación
debían contarse para la pensión. Así lo estableció la sentencia C-555 de 1994, que
reconoció la primacía de la realidad laboral sobre las formalidades, especialmente en
funciones docentes equiparables a las de planta, máxime cuando de las pruebas se
podía establecer que inició labores docentes el 8 de enero de 2002 mediante contrato
de prestación de servicios, antes de la entrada en vigor de le referida ley. Por tanto,
era incorrecto afirmar, que su vinculación comenzó el 28 de octubre de 2003 con el
nombramiento en provisionalidad.

7.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en establecer que a
quien le corresponde efectuar los aportes al sistema de pensiones es al empleador,
por lo que procedía avalar esos tiempos indistintamente de si se efectuaron
cotizaciones, pero con la garantía del ente previsional de recobrar esas sumas a
quien tenía la obligación de hacerlos.

5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«15RECIBEPRUEBAS_Memorial_76001333300420220010(.zip) NroActua 11».
6
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«19RECIBEMEMORIAL_1202505800126071_000(.pdf) NroActua 12».
7 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «20Sentencia_1LML20250227900JAIRO(.pdf)

NroActua 15».

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1.4. El escrito de impugnación8

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca impugnó la sentencia de primera
instancia, al considerar que no se evidenció una actuación arbitraria de su parte, sino
una interpretación jurídica diferente por parte del tutelante, lo cual no justifica por sí
sola la procedencia del amparo constitucional, especialmente, cuando se aplicó un
precedente vigente y válido de la Sección Segunda del Consejo de Estado según el
cual los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios solo
pueden ser tenidos en cuenta para efectos pensionales si se acredita la realización
de las respectivas cotizaciones, sin que existiera una sentencia de unificación sobre
el asunto.

8.1. La decisión de amparo se fundamentó en jurisprudencia con supuestos
fácticos diferentes, comoquiera que este tribunal analizó el reconocimiento pensional
con base en la Ley 33 de 1985, donde para completar los 20 años de servicio, Jairo
García Valencia solicitó incluir los tiempos trabajados mediante órdenes de
prestación de servicios, lo cual no se acreditó por falta de cotizaciones. En cambio,
la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 30 de enero de 2025 trató el
caso de una docente contratista sin aportes, cuya situación debía definirse conforme
a la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes), al solicitar el cómputo de tiempos en los
sectores público y privado.

8.2. La sentencia enjuiciada se apoyó en la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, particularmente en los fallos del 9 de septiembre de 2021 9,
en los que se sostuvo que los periodos trabajados mediante contratos de prestación
de servicios podían reconocerse para efectos pensionales por ser imprescriptibles,
pero solo si se demostraba que se realizaron los aportes correspondientes, en
concordancia con el principio de sostenibilidad financiera, según lo explicado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019.

8.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante sentencia
del 6 de mayo de 202110 estudió el caso del docente Jesús Edmundo Gonzáles
Gualguan, quien solicitaba el reconocimiento de su pensión conforme a la Ley 33 de
1985, con inclusión de los periodos trabajados bajo órdenes de prestación de
servicios, en la cual se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, al
considerar que la pensión debía fundamentarse exclusivamente en los aportes
efectivamente cotizados.

8.4. Se negó el reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985, al no probar
cotizaciones durante los periodos laborados por OPS, ya que, en razón al carácter
parafiscal de los aportes, la falta de prueba impidió contar esos tiempos. Esta

8 Ver índice 21 de Samai. Archivo denominado «23_MemorialWeb_Recurso-impugnaciontutela2(.pdf)

NroActua 21».
9 CP César Palomino Cortés y Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expedientes 54001-23-33-000-2013-00091-

02 y 54001-23-33-000-2012-00182-02, respectivamente.
10 CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 52001-23-33-000-2013-00112-02(0114-16).

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Demandante: Jairo García Valencia

exigencia no vulneró el debido proceso ni la seguridad social, pues cotizar es una
obligación necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema.

8.5. Lo anterior guarda mayor necesidad comoquiera que lo solicitado corresponde
al reconocimiento de una pensión bajo el régimen especial de la Ley 33 de 1985, que
exigía 55 años de edad, 20 años de servicio, una tasa de reemplazo del 75% y un
ingreso base calculado con el último año de servicio, según los factores de cotización
definidos en la Ley 62 de 1985. Régimen que es más favorable que el previsto en la
Ley 812 de 2003, que remite al régimen general de la Ley 100 de 1993.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Jairo García Valencia

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

Jairo García Valencia con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024, a
través de la cual confirmó la decisión de negar el reconocimiento pensional
pretendido al desconocer el tiempo laborado como docente oficial bajo órdenes de
servicio, con la que incurrió, al parecer, en desconocimiento del precedente judicial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

19. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

20. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

21. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

22. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué

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Demandante: Jairo García Valencia

esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Sobre el caso concreto

23. Jairo García Valencia acude al juez de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación docente.

24. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo, decisión sin
motivación, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial. En este punto, la Sala destaca que todos estos cargos confluyen
en este último, ya que el cuestionamiento principal es el desconocimiento de
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que prohibían la
contratación sucesiva de docentes bajo la modalidad de OPS y reconocía la
existencia de relación laboral, lo cual compromete al Estado en el pago de aportes
pensionales omitidos y atribuye al empleador la carga exclusiva de afiliar al trabajador
al sistema pensional.

25. Al respecto, con el escrito de impugnación, la autoridad judicial demandada
insistió en que no incurrió en el desconocimiento de precedente judicial atribuido,
puesto que, su decisión se fundamentó en la jurisprudencia del máximo órgano de lo
contencioso-administrativo vigente.

26. Para mayor claridad de asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para concluir que los
tiempos laborados bajo contratos de prestación de servicios no podía contarse para
efectos pensionales, ya que no se acreditó haber realizado cotizaciones durante los
mismos, así:

«[…] Si bien el actor tiene un tiempo de prestación de servicios a través de ordenes de
prestación de servicios de 11 meses y 23 días que al computarse con los tiempos
certificados por el Fomag, a través de relación legal y reglamentaria - provisional y en
propiedad- de 18 años, 4 meses y 9 días; y como agente de la Policía Nacional de 2 años,
1 mes y 11 días, arrojan un tiempo total de prestación de servicios de 21 años, 5 meses y
20 días, lo cierto es que los tiempos laborados a través de OPS no pueden ser tenidos en
cuenta para efectos pensionales y por tanto el real tiempo laborado sería de 20 años, 5
meses y 27 días, por cuanto en el plenario no obra prueba alguna en la que se advierta
que el señor García Valencia hubiere realizado los respectivos aportes y/o cotizaciones a
pensión durante el tiempo que sostuvo la relación contractual.

El reconocimiento de la pensión solicitada no procede, porque debía demostrar que su
vinculación al servicio docente se realizó bajo la vigencia de la Ley 91 de 1989, es decir
antes del 31 de diciembre de 1989, para poderse beneficiar del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación que los servidores públicos del orden nacional, según lo establecido
en la Ley 33 de 1985. Por lo tanto, no es posible reconocer la pensión conforme a las
normas invocadas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

La Sala desde ya indica que no le asiste la razón a la apelante de que no debía probar las
cotizaciones a pensión durante el tiempo que estuvo vinculado a través de OPS, puesto
que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de realizar aportes parafiscales a pensión,
a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las
prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con
el principio de sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los aportes
a los que aquellos están obligados19.

Al respecto el Consejo de estado en sentencia del 9 de septiembre de 2021, frente a la
obligatoriedad de los pagos a portes en pensión durante el tiempo que se presta el servicio
a través de contratos de prestación de servicios, dispone20:

La Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el contenido de la
sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se materializa
“con la aplicación de las reglas que establece la misma disposición, en particular las
relativas a la obligación de realizar aportes, la correspondencia entre la contribución
al sistema y la liquidación de la mesada, el establecimiento de topes pensionales, y la
prohibición de establecer regímenes especiales. (…) Además, la sostenibilidad exige que
“para el conjunto de población protegida por el mismo, se hayan definido las fuentes de
financiación de tales prestaciones y se cumplan los requisitos de acceso establecidos por
el legislador”. (Subrayado fuera de texto)

[…]

En conclusión, el señor Jairo García Valencia no probó haberse vinculado antes del 31 de
diciembre de 1989, es decir en vigencia de la Ley 91 de 1989, y no se le puede computar
el tiempo laborado bajo contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, ya
que no realizó las cotizaciones obligatorias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
durante esos períodos, o al menos no lo acreditó en esta instancia judicial, en virtud de lo
señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la jurisprudencia vigente
que establecen que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones depende del
cumplimiento de las obligaciones de aportes por parte de los empleadores y empleados.
En ausencia de estas cotizaciones, los tiempos trabajados a través de OPS no pueden
ser considerados para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Zanjada la discusión del porque no es beneficiario del régimen pensional de la Ley 33 de
1985 y Ley 91 de 1989 el señor García Valencia, a pesar de tener más de 20 años de
prestación de servicios, la Sala pasará a estudiar si cumple o no con los requisitos del
régimen pensional de la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

Se tiene que el demandante se vinculó al servicio docente en vigencia de la Ley 812 de
2003 en provisionalidad mediante el Decreto 1146 del 28 de octubre de 2003, posterior
en propiedad a través de la Resolución 2038 del 4 de agosto de 2006, hasta la fecha,
según el certificado de historia laboral del 5 de abril de 2022, para un total de tiempo
acreditado de 18 años, 4 meses y 9 días.

En ese orden de ideas, y acogiendo los argumentos trazados por el Consejo de Estado
en la jurisprudencia en cita, al demandante le son aplicables las siguientes reglas, en virtud
del régimen pensional previsto en las Ley 100 de 1993 y 797 de 2003:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: 1.30021
• Tasa de remplazo: 65%-85%22

19 Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-

000-2013-00012-02 (4163-2014).
20 C.E. Sección Segunda – Subsección B, radicado 54001-23-33-000-2013-00091-02(1038-17) del 9

de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

[…]

A la fecha de este fallo, en cuanto al primer presupuesto el demandante cumple con el
requisito de la edad de 57 años, toda vez que nació el 17 de septiembre de 1961.

En cuanto al segundo de los requisitos; esto es, si cumple con las 1.300 semanas
cotizadas; la Sala precisa que el señor Jairo García Valencia, no cumple con dicha
exigencia consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la prestación rogada; dado que, que al computarse
los tiempos laborados como docente con relación legal y reglamentaria acumuló un total
de 18 años, 4 meses y 9 días, y como agente al servicio de la Policía Nacional acreditó
un tiempo de 2 años, 1 mes y 11 días, arroja un total de 982,66 semanas cotizadas, por
lo cual no alcanzó las 1.300 semanas enunciadas.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el señor Jairo García Valencia para la
fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, no contaba con las
1300 semanas de cotización requeridas. Por tanto, no acreditó haber realizado
cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios; y, en ese sentido, se reitera que los contratistas están obligados a realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas complementarias.

Así las cosas, como quiera que el actor no realizó cotizaciones durante la ejecución de los
contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo dicha modalidad no
pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales, y siendo ello así, lo procedente es
confirmar la sentencia, pero por las razones expuestas en esta providencia […]». (sic)

27. En razón a la controversia a decidir y el defecto endilgado, para la Sala es
importante hacer énfasis en que, si bien tal y como lo refirió la autoridad judicial, no
existe sentencia de unificación al respecto, lo cierto es que la actual jurisprudencia
del Consejo de Estado21 ha sido pacífica en establecer que el tiempo de vinculación
del docente a través de órdenes o contratos de prestación de servicios es aplicable
para efectos de determinar el régimen pensional con independencia de que la entidad
contratante haya omitido hacer las respectivas cotizaciones22, así como el deber de
los fondos de pensiones de adelantar gestiones ante las entidades territoriales donde
se prestaron los servicios, con el fin de que estas asuman dicha omisión y se
garantice la financiación de las pensiones:

«[…] 69. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de prestación
de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio
del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna
adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como
docente nacional, nacionalizada o territorial.

70. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de
servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2024. Rad:

15001-23-33-000-2021-00135-01 (1594-2023). M.P: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 Tal postura continúa reiterándose por el Consejo de Estado, Sección Segunda. Entre otras, ver

sentencia del 30 de enero de 2025, MP Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022). Demandante: Inés Aurora Rivera.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a
un específico régimen legal y reglamentario».

71. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma de
ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los derechos
mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde el año 1993 el
legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal de los docentes
vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de servicios, pues así se dispuso
en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

72. De esta manera, aun cuando por más de 8 años, Irenarco Enciso Díaz estuviera
vinculado a través de una relación contractual, esa situación desconocía las disposiciones
del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las cuales la
diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía justificación
constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en contraste, vulneraba
los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes tenían previsto un régimen o
unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.

[…]

74. De acuerdo con lo anterior, el régimen aplicable a su caso era el contenido en la Ley
33 de 1985 que señaló que el empleado oficial debe completar 55 años de edad y 20 de
servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso alcanzó el 2 de septiembre de
2018, por lo que se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

75. Sin embargo, se hace necesario ordenar al fondo que adelante las acciones
necesarias ante las entidades territoriales en las que Irenarco Enciso Díaz prestó
sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes que debieron realizarse en
virtud de esas vinculaciones contractuales y así garantizar la financiación de la
prestación. Asimismo, el demandante tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a
su cargo en calidad de trabajador [en el porcentaje que le correspondía] por el tiempo
vinculado a través de la relación contractual, salvo que acredite que los efectuó.

76. Esto se constituye en un deber de la entidad de acudir a los mecanismos legales para
recaudar esas sumas de dinero, pues así se desprende de la lectura de los artículos 2 de
la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 2003 […]». (sic)

28. En similar sentido, en el marco de un trámite constitucional, el Consejo de
Estado23 amparó los derechos fundamentales invocados, con fundamentó en que se
desconoció el precedente judicial sobre el cómputo del tiempo laborado por docentes
bajo OPS para acceder a la pensión de jubilación pese a que la autoridad judicial
demandada refirió haber aplicado sentencias que llegaban a diferente conclusión, en
los siguientes términos:

«[…] 5.3.1. En todo caso, no se puede desconocer que dichas providencias establecieron
reglas que tienen incidencia directa para efectos pensionales, respecto del tiempo de
servicio para tener en cuenta en el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes. En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las
dos subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o contratos
de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo requerido para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

23 Sección Cuarta, sentencia del 9 de diciembre de 2021, rad: 11001-03-15-000-2021-07366-00

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

5.3.2. En efecto, las sentencias analizadas en los numerales 5.2.5. a 5.2.9. de esta
providencia aceptaron de manera constante la procedencia de contabilizar el tiempo
laborado por los docentes a través de órdenes de prestación de servicios para efectos
pensionales, teniendo como fundamento y sustento las reglas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia SU del 25 de agosto de 2016.

5.3.2.1. Y si bien en la sentencia cuestionada (que data del 26 de agosto de 2021) y
en la sentencia que ahí se cita, esto es, la del 22 de abril de 2021, se expuso que no
había lugar a contar el tiempo laborado por los docentes a través de órdenes de
prestación de servicios, al no haberse probado el pago de los aportes a pensión
correspondientes, lo cierto es que en ninguna de las dos providencias se realiza
una mención sobre los anteriores precedentes judiciales ni las razones de la
rectificación o modificación del precedente sentado por la misma corporación.

5.3.2.2. La Sala no desconoce que, tratándose de un órgano de cierre y en virtud de los
principios de autonomía e independencia judicial, la Corporación puede rectificar o
modificar el precedente judicial fijado. Sin embargo, dicha situación debe quedar
claramente expuesta y explicada en la providencia, para garantizar la protección de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

[…]

5.3.2.4. Como se dijo en párrafos anteriores, la Sala encuentra que, en la sentencia del
26 de agosto de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
hizo alusión a la jurisprudencia que sobre el tema existía, ni explicó, ni justificó porqué
rectificó la posición que ya había adoptado de manera reiterada. Por lo tanto, se configuró
el desconocimiento del precedente judicial fijado sobre la procedencia del reconocimiento
de la pensión de jubilación de un docente oficial con inclusión del período acumulado en
virtud de contratos de prestación de servicios y queda resuelto así el problema jurídico
planteado […]». (sic)

29. Al respecto, si bien la autoridad judicial demandada fundamentó su negativa
de tener en cuenta los tiempos laborados a través de OPS ante la ausencia de las
cotizaciones, lo cierto es que ello no podía constituirse como un impedimento para
que el demandante accediera a la pensión, máxime cuando a partir de la taxatividad
de la norma la jurisprudencia de lo contencioso-administrativo ha sido pacífica en
establecer que, en razón a la naturaleza de su ejercicio, no es posible cohonestar las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes.

30. En consecuencia, para la Sala la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al no aplicar la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado sobre la pensión de jubilación de los docentes vinculados a través
de órdenes de prestación de servicios, sin perjuicio de la no acreditación de los
aportes correspondientes.

3. Conclusión

31. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo mediante la cual
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de
Jairo García Valencia, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02279-01
Demandante: Jairo García Valencia

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de
Jairo García Valencia, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

14

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