Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00613-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00613-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00613-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de junio de 2025
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00613-01 (5301-2023)
Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00613-01 (5301-2023)
Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
4, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Flor Marina Noy Martínez solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
negativo a través del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho
al reconocimiento y pago de aquella según el régimen previsto en la Ley 33 de 1985,
toda vez que se vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 1 de septiembre de 20211, la señora Flor Marina Noy
Martínez por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
1 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 01.
2 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 2 a 21.
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 7 de abril de 2021,
por medio del cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación a la señora Flor Marina Noy Martínez.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, equivalente al
75% de los salarios y primas devengadas durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus pensional, es decir, a partir del 9 de julio de 2019.
4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo el
pago, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora
por los valores adeudados, de conformidad con el artículo 187 del CPACA. También,
que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189, 192, 194 y 195 del mismo
estatuto; y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Flor Marina Noy Martínez nació el 11 de marzo de 1961 y se vinculó
como docente, a través de orden de prestación de servicios, al municipio de Cómbita,
Boyacá, del 13 de marzo de 1991 al 24 de mayo de 1991, y desde el 15 de julio de
1997 hasta el 30 de noviembre de 1997.
7. Laboró para el municipio de Tunja, en calidad de docente, por orden de
prestación de servicios, así:
• Del 10 de febrero al 30 de abril de 1992.
• Desde el 4 de mayo hasta el 30 de noviembre de 1992.
• Del 5 de agosto al 2 de septiembre de 1998.
• Desde el 20 de enero hasta el 25 de marzo de 1999.
8. Después, la accionante se vinculó como docente en provisionalidad al servicio
de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, del 1 de marzo de 1994
al 31 de diciembre de 1995; y más adelante, a través de orden de prestación de
servicios, en los siguientes periodos:
• A partir del 28 de agosto hasta el 31 de octubre de 1999.
• Desde el 14 de julio hasta el 1 de diciembre de 2000.
• Del 27 de marzo al 22 de junio de 2001.
• Desde el 9 de julio hasta el 5 de diciembre de 2001.
• Del 8 de febrero al 30 de noviembre de 2002.
• Desde el 4 de febrero hasta el 12 de diciembre de 2003.
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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9. Luego, fue nombrada en la Secretaría de Educación de Tunja como docente,
del 19 de febrero de 2007 al 3 de diciembre de 2007; y, con posterioridad, a partir del
9 de mayo de 2008, se vinculó al servicio de la Secretaría de Educación de Boyacá,
labor que afirmó continúa desempeñando a la fecha de presentación de la demanda,
encontrándose afiliada al FOMAG.
10. El 7 de abril de 2021, momento en que la demandante tenía 55 años de edad y
20 de servicio oficial, solicitó ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, a partir del 9 de julio de 2019.
11. No obstante, la entidad accionada, a la fecha de presentación de la demanda,
sostuvo, no había emitido respuesta alguna.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso segundo.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.
12. Adujo que el acto administrativo ficto configurado el «8 de julio de 2021»,
derivado de la no respuesta a la petición de reconocimiento pensional, se expidió con
infracción de las normas en que debía fundarse, en tanto a la accionante debió
otorgársele una pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley 33
de 1985, en concordancia con la Ley 812 de 2003, toda vez que se vinculó al servicio
de la docencia con anterioridad a la entrada en vigor de esta última norma.
13. Indicó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.
14. Señaló que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo 81
dispuso que, a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma, les
es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 71 de
1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio
oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
15. Afirmó que como la señora Flor Marina Noy Martínez se vinculó al servicio
docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria del régimen
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pensional establecido en la Ley 33 de 1985, en tanto tiene más de 55 años y 20 años
de servicio.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda, por las siguientes
razones3:
17. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. A su vez, dispuso que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen pensional de la Ley 91 de 1989, es decir, la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de
1988.
18. El Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019 definió que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes
concernientes, enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en tanto les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, para el caso de los vinculados a
partir de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir son los señalados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones.
19. En el asunto particular, la demandante se vinculó como docente afiliada al
FOMAG con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que
el régimen pensional que le resulta aplicable es el de prima media, previsto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
20. Solicitó que no se condene en costas a la entidad, toda vez que no se desvirtuó
la presunción de buena fe con la que ha actuado dentro del trámite procesal,
considerando que según lo ha estudiado el Consejo de Estado4, el criterio de
valoración de dicha condena no es objetivo.
2.3. Trámite procesal en primera instancia
21. La demanda de la referencia se presentó el 1 de septiembre de 2021 5 y fue
admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 24 de septiembre
3 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 10, archivo
12_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA(.PDF).
4 No se citó providencia alguna.
5 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 01.
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de 20216, que se notificó personalmente en debida forma a la entidad accionada, el 29
del mismo mes y año7.
22. Luego de contestada la demanda, se corrió traslado de las excepciones, las
cuales se resolvieron en providencia del 28 de abril de 20228.
23. Mediante auto del 28 de julio de 20229, se decidió dar aplicación al artículo 182A
del CPACA, a fin de dictar sentencia anticipada. Así que se procedió a fijar el problema
jurídico en los siguientes términos:
[e]stablecer si es procedente o no, la declaratoria de existencia del acto ficto,
presuntamente configurado el 8 de julio de 2021, frente a la petición presentada el día 7
de abril de 2021, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación
a los 55 años de edad.
De existir el derecho a pensión, habrá lugar a establecer cuál sería el régimen aplicable
al demandante.
24. Adicionalmente, se decretaron y practicaron como pruebas los documentos
aportados por la parte accionante con la demanda, en tanto la parte accionada no
aportó ninguna.
25. En providencia dictada el 25 de agosto de 2022, se requirió a la entidad
accionada para que allegara el expediente administrativo que contuviera los
antecedentes de la actuación de solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación
reclamada por la señora Flor Marina Noy Martínez, a través de petición del 7 de abril
de 2021. Lo anterior, comoquiera que no obraba en el plenario10.
26. El 13 de septiembre de 2022, se aportó el expediente administrativo solicitado11.
En este, se evidencia la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021, por medio de
la cual la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en representación
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó por improcedente la
solicitud de pensión de jubilación a la demandante, por cuanto la fiduciaria La Previsora
S.A. no otorgó el visto bueno de reconocimiento12.
2.4. Sentencia de primera instancia
27. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4 profirió sentencia
el 24 de mayo de 2023, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y la
condena en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos13:
6 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 05.
7
Teniendo en cuenta que el correo para efectuar la notificación personal se envió el 27 de septiembre de 2021, de
manera tal que la notificación se surtió a los 2 días hábiles siguientes (art. 205 del CPACA), que transcurrieron el
28 y 29 de septiembre de 2021. Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 08.
8 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 13.
9 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 18.
10 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 24.
11 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 29.
12 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 29, archivo
25_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXPEDIENTEFLORMARI(.pdf), págs. 83 a 86.
13 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 40, archivo
32_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf).
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28. En sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 201614 la Sección
Segunda del Consejo de Estado señaló que la actividad docente, incluida la que no se
deriva de un vínculo laboral directo con el Estado, debe tenerse en cuenta para efectos
pensionales. Esto, al concluir que la labor del docente contratista no es independiente,
pues el servicio se presta de manera personal y subordinada al cumplimiento de los
reglamentos propios del servicio público de la educación.
29. La anterior postura cobra mayor relevancia cuando antes de la solicitud de
reconocimiento del derecho pensional, el docente ha obtenido una decisión por parte
de la jurisdicción que, habiendo hecho tránsito a cosa juzgada, declaró que los tiempos
de servicio prestados por medio de una vinculación contractual debían ser computados
para efectos pensionales, dada la declaratoria de la relación laboral encubierta, en
aplicación de la primacía de la realidad sobre las formas, de acuerdo con el artículo 53
de la Constitución Política.
30. En sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, la Sección Segunda
del Consejo de Estado estableció que son dos los regímenes pensionales que regulan
el derecho a la pensión de jubilación del personal docente oficial; condicionados estos
a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo, en concordancia con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, fijó dos reglas
jurisprudenciales:
(i) Para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, se debe aplicar el régimen de pensión ordinaria de jubilación
de la Ley 33 de 1985. Los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
(ii) Para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.
31. La Sala de Decisión del Tribunal sostenía la tesis referente a que los tiempos
cotizados al Instituto de Seguros Sociales por aquellos docentes que se hubiesen
vinculado al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, mediante
órdenes o contratos de prestación de servicios, se tenían en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional, sin que dichos periodos por sí mismos le diesen la calidad
de docente oficial.
32. No obstante, el Consejo de Estado en «reciente» jurisprudencia15 indicó que,
para que esos tiempos puedan ser tenidos en cuenta, debe probarse que sobre ellos
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
15 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de abril de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2012-00182-02 (4134-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de
2021, Rad. 81001-23-33-000-2013-00063-01(4169-14), M.P. César Palomino Cortés.
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se hubiesen efectuado los respectivos aportes al régimen de seguridad social en
pensión. Lo anterior, por cuanto se consideran pagos parafiscales, con el objeto de
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y en virtud del principio de
solidaridad.
33. En conclusión, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación
prevista en las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, en los eventos en los que el docente
cotizó, con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, al sistema de pensiones
por virtud de contratos de prestación de servicios; lo cual se refuerza si en sede judicial
se reconoció la existencia de la relación laboral que convalida dichos tiempos como
una verdadera relación laboral.
34. Por otra parte, el artículo 21 de la Ley 909 de 200416 dispuso que los organismos
y entidades regidos por tal norma, según sus necesidades, podían contemplar
excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o
transitorio, cumpliendo algunas condiciones. Así, pese a que por regla general las
vinculaciones de los docentes deben realizarse a través de una relación legal y
reglamentaria, lo cierto es que en su momento se hizo uso de las plantas temporales;
tipo de vinculación que, aunque se tiene en cuenta para efectos pensionales, dado el
deber de realizar cotizaciones durante dicho interregno, no es válida para determinar
el régimen pensional aplicable, según lo ha definido el Consejo de Estado17.
35. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal adujo que según se probó en el
expediente, la accionante prestó servicios como docente, inicialmente en interinidad,
luego por vinculación temporal, y después por órdenes de prestación de servicios, para
finalmente ser vinculada en provisionalidad.
36. Manifestó que, en el lapso de su vinculación en la modalidad de docente
temporal, del 1 de marzo de 1994 al 31 de diciembre de 1995, le fueron descontados
los aportes al FOMAG. Por ende, al existir una vinculación por medio de un acto
administrativo y la realización de aportes antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, le es aplicable el régimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, que exige
cumplir «50» años de edad y 20 de servicio, esto es, 1.040 semanas.
37. Sostuvo que durante los periodos en los que la demandante laboró por órdenes
de prestaciones de servicios, no se acreditaron los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, lo que imposibilita que dichos tiempos se computen para efectos
pensionales.
38. Afirmó que a la fecha de presentación de la demanda —1 de septiembre de
2021—, la accionante demostró 760,16, semanas cotizadas, en virtud de los servicios
prestados como docente, por lo que no logró acreditar el cumplimiento de las 1.040
semanas requeridas para ser acreedora de la pensión de jubilación establecida en la
Ley 33 de 1985.
16 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
17 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
4 de mayo de 2017, Rad. 2001-23-39-000-2014-00195-01 (1734-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de
2017, Rad. 2001-23-33-000-2013-00222-01 (1668-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Sociales del Magisterio
39. Precisó que, como en el presente asunto no se advierte que la demanda se
hubiese presentado con carencia de sustento jurídico, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 188 del CPACA no se condenaría en costas a la parte accionante.
2.5. Recurso de apelación
40. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos18:
41. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de atender, entre otros, las prestaciones sociales de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y señaló cómo la Nación y los entes
territoriales asumirían la carga prestacional de dicho personal. En el artículo 15, se
dispuso que las prestaciones económicas y sociales de quienes se vincularan a partir
del 1 de enero de 1990 se regirían por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos de orden nacional, tales como, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969,
1045 de 1978 y las que se expidiesen a futuro.
42. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que a partir de su entrada en
vigor a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. En cambio,
en el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que,
por la remisión de esta, es el contenido en la Ley 33 de 1985.
43. La accionante al haberse vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 es merecedora de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 y,
pese a que el Tribunal hubiese determinado que no tiene derecho a dicha prestación
por no acreditar los aportes requeridos para el efecto, lo cierto es que, de acuerdo con
el citado artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la única condición que debe cumplir la
docente para que le resulte aplicable el régimen pensional anterior es haberse
vinculado al servicio docente. Por tal razón, exigir a la demandante cualquier otra carga
resulta desproporcionado.
44. Alegó que conforme se probó, la demandante se vinculó al servicio docente el
13 de marzo de 1991, esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003. Por consiguiente, se encuentra amparada por el
régimen del sector docente establecido en la Ley 91 de 1989 y no por las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
45. Concluyó que, en consideración a que el periodo laborado por la demandante
en calidad de docente a través de orden de prestación de servicios se debe tener en
cuenta para efectos pensionales, la accionante cumple con los requisitos exigidos para
ser acreedora de la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985. Esto, al
acreditar 55 años de edad y 20 de servicio público.
18 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 44.
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2.6. Trámite procesal en segunda instancia
46. Mediante auto del 1 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia19.
2.7. Ministerio Público
47. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto20.
2.8. Alegatos de conclusión
48. Pese a que se prescindió de la etapa de alegatos de conclusión la parte
demandante presentó escrito en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia. Manifestó que la decisión del Tribunal acerca de no tener en cuenta para
efectos del reconocimiento pensional, los tiempos en los que la señora Flor Marina
Noy Martínez laboró como docente a través de contratos de prestación, obliga a que
ella, una persona de 63 años, adelante un trámite de declaratoria de la existencia de
la relación laboral durante esos periodos. Lo anterior, resulta desproporcionado y
desconoce la línea jurisprudencial del Consejo de Estado21, según la cual, la
vinculación bajo dicha modalidad configura los tres elementos de una relación laboral
y amerita una protección especial por parte del Estado.
49. Afirmó que según lo ha estudiado el Consejo de Estado22 los aportes
pensionales son tributos en clave de contribuciones parafiscales que tienen una
destinación específica que los hace imprescriptibles. En consecuencia, su recaudo
puede decretarse en cualquier momento de manera actualizada en la proporción que
el trabajador y el empleador le correspondería durante el periodo que se ocultaba la
relación laboral, de tal modo que se pueda pagar a la entidad de previsión sin que
exista un detrimento patrimonial.
50. Sostuvo que, si el ente territorial en calidad de contratista que encubría una
verdadera relación laboral no afilió a la docente al FOMAG, este último puede repetir en
su contra, por concepto de aportes a pensión, sin que se tenga que someter a una
persona de la tercera edad a un extenso proceso judicial para debatir la existencia de
la relación laboral.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
51. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
19
Samai, índice 08.
20
Samai, índice 11.
21
Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de febrero
de 2021, Rad. 81001-23-33-000-2013-0001202 (4163- 2014), M.P. William Hernández Gómez.
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de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestiones previas
52. Antes de establecer a partir de la sentencia de primera instancia y su
impugnación los principales problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad, estima
la Sala necesario pronunciarse sobre dos circunstancias relevantes que tuvieron lugar
con posterioridad a la presentación de la demanda. La primera, el surgimiento del
acto ficto cuya nulidad se solicita. La segunda, la existencia de un acto expreso a través
del cual se resolvió la solicitud de reconocimiento de la pensión cuyo reconocimiento
se pretende.
3.2.1. Del surgimiento del acto ficto acusado después de la admisión de la
demanda
53. En cuanto a la primera situación, resulta relevante porque da cuenta de un error
significativo en la interposición de la demanda: al momento de acudir a la jurisdicción,
el acto administrativo controvertido no había surgido a la vida jurídica, lo que evidencia
que el Tribunal Administrativo de Boyacá no advirtió la ineptitud del escrito
introductorio.
54. Sobre este aspecto, se tiene que la parte accionante consideró que el acto ficto
controvertido, producto de la no resolución de la petición elevada el 7 de abril de 2021,
con el fin de obtener el reconocimiento de su pensión, se configuró a los 3 meses
siguientes, el «8 de julio» del mismo año, teniendo en cuenta el primer inciso del
artículo 83 de la Ley 1437 de 2011 que señala:
ARTÍCULO 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de
la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la
resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se
producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse
la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las
autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que
habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda. (Se destaca).
55. No obstante, el juez de primera instancia no advirtió lo que indica de manera
inequívoca el segundo inciso, esto es, que en los eventos en que la ley establezca un
plazo superior a 3 meses para resolver la petición, el silencio administrativo negativo
se configurará un mes después del vencimiento del término correspondiente; situación
que resultaba aplicable al caso de autos, toda vez que para la resolución de peticiones
de reconocimiento pensional se previó un plazo de 4 meses, de conformidad con el
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artículo 19 del Decreto 656 de 199423 y lo ha expuesto la Corte Constituciona24, salvo
que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de
la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.
56. En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se señala en la
parte considerativa del Decreto 1272 de 201825, este a través del artículo
2.4.4.2.3.2.426 ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de
reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos
2.4.4.2.3.2.10 y 2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de
las peticiones que amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del
mencionado fondo.
57. En ese orden de ideas, como la petición de reconocimiento de la pensión de
jubilación se presentó el 7 de abril de 202127, el plazo de 4 meses para resolver venció
el 7 de agosto de 2021; lo que quiere decir que la configuración del acto ficto negativo,
según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA, tuvo lugar un mes después, el 7 de
septiembre de 2021.
58. Establecido el momento en que surgió el acto cuya nulidad se pretende, resulta
evidente que al radicarse la demanda el 1 de septiembre de 202128, se pasó por alto
que no se había cumplido el plazo legalmente establecido para que se entendiera
configurado el silencio administrativo negativo.
59. La anterior circunstancia denotaría la ineptitud de la demanda, pues se planteó
una controversia sobre la validez de un acto que no existía al momento de acudir a la
jurisdicción, situación que a su vez implicaría considerar la ausencia de uno de los
presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de fondo.
En otras palabras, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.
60. Sobre el particular se recuerda que desde la perspectiva del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.), que también
está previsto en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre
Derecho Humanos (art. 25), las decisiones inhibitorias «son solamente admisibles
cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento jurídico
aplicable»29 para dictar una decisión de fondo; lo que implica que previamente debió
haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para resolver»,
23 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan
acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses.
[…]».
24 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556
de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.
25 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el
reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
26 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el
riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o
las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de
los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».
27 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 89.
28 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 01.
29 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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pues «(d)e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría
apartando por completo del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que
de la obligación que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»30.
61. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado31, han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe
decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un
excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna
por:“(i) impartir justicia,32 (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real,33 y (iii) evitar pronunciamientos
inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia
y de los derechos materiales.34”»35.
62. Esta perspectiva de análisis cobra mayor relevancia cuando en las
controversias respectivas está de por medio la garantía del «derecho al reconocimiento
y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho
fundamental e irrenunciable a la seguridad social»36, que como lo ha subrayado la
Corte Constitucional, no es «una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se
constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro» 37;
motivo por el cual «quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios
exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por ese solo hecho, de
un derecho adquirido a disfrutar de la misma y éste no puede ser restringido ni
obstaculizado por cuestiones ajenas a sus obligaciones y responsabilidades con el
sistema»38.
63. Por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una alternativa que
permita proferir una decisión de fondo en el caso de autos, sustentada en el principio
30 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César
Palomino Cortés.
32 Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que puede
«producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las
formas» se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son
medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial
accionada había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, «contra de su
papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que
le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad
accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los
derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda
de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas».
33 Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta, «cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y
aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho
sustancial». Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637 de 2010.
34 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía de obtener
respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las
medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma
implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T-
1017 de 1999.
35 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C.P.), en virtud
del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho procesal, sino que
debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los derechos
sustanciales, en este caso fundamentales39.
64. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala precisa que si bien el juez de
primera instancia al admitir la demanda no advirtió su ineptitud, también lo es que el
acto ficto acusado por mandato legal surgió el 7 de septiembre de 2021, instante para
el cual no se le había notificado a la parte accionada sobre la existencia del proceso,
de manera tal que cuando tuvo conocimiento de este—el 29 de septiembre del mismo
año40—, se enteró de una reclamación en su contra por no haber resuelto una petición
pensional, y aún más, que se acusaba que por su omisión se produjo un acto ficto
negativo.
65. Dicho de otro modo, pese al error en que incurrieron la parte accionante y el
Tribunal Administrativo de Boyacá acerca del instante en el que surgió el acto que
negó la pensión, para todos los sujetos procesales fue diáfano que la controversia
planteada versaba sobre la negativa a la petición de la accionante del 7 de abril de
2021, de reconocer su pensión en un monto equivalente «al 75% de los salarios y
primas recibidas, anteriores al cumplimiento del [es]tatus jurídico de pensionado, es
decir[,] a partir del 9 de julio de 2019»41.
66. Es más, partiendo del anterior hecho, esto es, la existencia de un acto ficto que
negó la petición del 7 de abril de 2021, las partes durante dos instancias han tenido la
oportunidad de exponer ampliamente las razones por las cuales consideran que la
pensión solicitada debe o no reconocerse, y en caso afirmativo en qué términos, de
manera tal que el aspecto central de la controversia, la situación pensional de la señora
Flor Marina Noy Martínez, ha sido debatida de principio a fin, sin que se haya visto
afectada por un aspecto de menor relevancia como el día en que debe entenderse
emitida la decisión acusada.
67. Asimismo, desde la perspectiva de la teoría de la causa petendi, es importante
destacar que los hechos fácticos que sustentan la pretensión permanecieron
inalterados: la no resolución de la petición de reconocimiento pensional del 7 de abril
de 2021. El error en la determinación del momento exacto de configuración del acto
ficto no alteró la identidad del objeto procesal ni afectó la comprensión de las partes
sobre la materia controvertida. La causa petendi se estructura sobre la misma omisión
administrativa y la misma pretensión de reconocimiento pensional, de manera que
variaciones menores en la fundamentación jurídica sobre el momento exacto del
silencio administrativo no afectan la validez sustancial del proceso.
68. Confirma lo anterior el hecho de que la parte accionada no invocó alguna
circunstancia relacionada con la configuración del silencio administrativo negativo que
le impidiera a entrar al debate sobre la procedencia o no del reconocimiento pensional.
Esta conducta procesal de la entidad demandada refuerza la validez de continuar con
39 En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
40 Teniendo en cuenta que el correo para efectuar la notificación personal se envió el 27 de septiembre de 2021,
de manera tal que la notificación se surtió a los 2 días hábiles siguientes (art. 205 del CPACA), que transcurrieron
el 28 y 29 de septiembre de 2021. Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 08.
41 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 3.
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el trámite y proferir decisión de fondo, pues evidencia que para todos los sujetos
procesales fue claro desde el inicio que el objeto del debate era la negativa a reconocer
la pensión solicitada el 7 de abril de 2021.
69. Por consiguiente, constatado que alrededor de la negativa de la petición de
reconocimiento de la pensión de la demandante, que es un hecho cierto para el
instante en que se notificó a la parte accionada la demanda en su contra, se ha
desarrollado un debate con todas las garantías, no se advierte impedimento alguno
para que la controversia se decida de fondo y de manera definitiva en segunda
instancia, esto es, para que se administre justicia materialmente; finalidad cuya
consecución no puede entorpecerse a partir de consideraciones de índole formal, en
especial cuando no han incidido en la adecuada comprensión del objeto de la litis: si
la ciudadana Flor Marina Noy Martínez tiene derecho a la pensión y, en caso afirmativo,
en qué términos.
70. En ese orden de ideas, la Sala considera que el defecto formal de la demanda
no constituye un impedimento para que la controversia pensional de la referencia se
defina, teniendo en cuenta que, para las partes desde el inicio del trámite, es claro que
la discusión gira en torno a la negativa de la petición del 7 de abril de 2021, más allá
del día en que se configuró el acto administrativo ficto negativo.
71. No obstante lo anterior, con el fin de que situaciones como la descrita no se
repitan, se exhortará al Tribunal Administrativo de Boyacá, a fin de que en el análisis
de la admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto.
3.2.2. La existencia de un acto expreso a través del cual se resolvió la solicitud
de reconocimiento de la pensión
72. En segundo lugar, como se advierte del relato de los antecedentes, la demanda
de la referencia se presentó contra el acto administrativo ficto negativo que se
configuró con ocasión de la petición del 7 de abril de 2021, que presentó la accionante
con el fin de que se le reconociera una pensión de jubilación. No obstante, durante el
transcurso de proceso, más de 11 meses después de admitida la demanda42, el 13 de
septiembre de 2022, se allegó el expediente administrativo de la actuación pensional,
en el que obra la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021, a través de la cual la
accionada negó por improcedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
pretendida, porque la fiduciaria La Previsora S.A. no otorgó el visto bueno de
reconocimiento.
73. La anterior circunstancia es relevante, toda vez que el objeto principal del
proceso de la referencia gira en torno al reconocimiento o no derecho a la pensión de
jubilación de la demandante, por lo que los pronunciamientos de las autoridades
involucradas sobre el particular podrían tener incidencia en el análisis que se
emprende en esta oportunidad y/o en las decisiones que se adopten. En ese orden de
ideas, la Sala no puede pasar por alto que en el curso de la actuación se profirió la
referida resolución.
42 Se recuerda que la demanda se admitió el 24 de septiembre de 2021.
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74. Dicho esto, lo primero que debe precisarse es que como la Resolución 006804
del 9 de diciembre de 2021 se expidió después de la presentación de la demanda y la
posibilidad de reformarla, no se solicitó su nulidad y, por ende, a través del presente
trámite no hay lugar a definir sobre su permanencia o no el ordenamiento jurídico.
75. Sin embargo, esta circunstancia no impide que el juez, de oficio o a petición
parte, inaplique, con efectos interpartes y solo en relación con el proceso
correspondiente, los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o
la ley, como lo señala el artículo 148 de la Ley 1437 de 201143.
76. Se hace alusión a la posibilidad de control por vía de excepción, porque en el
presente asunto la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021 se pronunció sobre
uno de los aspectos centrales de la controversia, de manera que no puede pasarse
por alto; pero también, porque salta a la vista que se dictó sin competencia.
77. Sobre este último aspecto se recuerda que, de conformidad con el inciso tercero
del artículo 83 del CPACA, en tratándose de los actos administrativos producto del
silencio administrativo negativo, la autoridad ante la cual se formuló una petición no
queda eximida del deber de resolverla, por el hecho de que se entienda como una
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia del solicitante que la
administración se pronunció en sentido negativo, «salvo que el interesado haya hecho
uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio
de la demanda» (negrilla fuera de texto).
78. Se destaca la segunda circunstancia, que constituye una excepción al deber de
las autoridades de responder de fondo las peticiones, a pesar de la configuración del
silencio administrativo negativo, porque constituye el límite temporal que tienen para
pronunciarse sobre el asunto que les fue requerido y/o consultado. Lo anterior, en la
medida que una vez este se ventiló ante la jurisdicción, en virtud de una demanda
admitida y notificada a los interesados, el único competente para definirlo es el juez, lo
que conlleva que la administración perdió competencia.
79. Precisamente, esto fue lo que ocurrió en el caso de autos, debido a que a
propósito de la discusión existente sobre la legalidad del acto presunto que negó la
petición de reconocimiento y pago de la pensión de la señora Flor Marina Noy
Martínez, se admitió la demanda el 24 de septiembre de 202144 y se notificó a la parte
pasiva el 27 del mismo mes y año45, instante a partir del cual la administración perdió
competencia para pronunciarse sobre la situación pensional de la demandante; lo que
significa que la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021 se dictó sin
competencia.
80. Así las cosas, para efectos de decidir la presente controversia, se inaplicará la
anterior resolución, lo que conlleva que el estudio de legalidad sobre el acto
43 «Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro
del cual se adopte».
44 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 05.
45 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 08.
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administrativo ficto acusado se realizará en el entendido que no se ha reconocido
válidamente la pensión de jubilación que reclama la señora Flor Marina Noy Martínez.
3.3. Problemas jurídicos
81. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
82. ¿Los periodos laborados por la señora Flor Marina Noy Martínez como docente
vinculada mediante contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos en cuenta
para efectos del reconocimiento pensional?
83. ¿La demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se le
reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985?
84. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (iv) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.
85. A partir de las anteriores consideraciones: (v) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (vi) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos planteados.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
86. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
87. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198946, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
88. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
46 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
89. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
90. Sin embargo, la Ley 812 de 200347 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».
91. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años para ambos géneros—.
3.4.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201948
92. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
93. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
94. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
47 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
48 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
95. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
96. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)49.
97. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
49 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir
en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
98. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%50, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
99. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
100. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección51, tales como:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
50 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
51 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
101. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.4.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
102. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
103. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
104. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201652 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
105. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual53»54 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
106. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley.
107. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752
de 2003, a las entidades territoriales o las entidades de previsión social a las que se
hubieren realizado los aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las
prestaciones sociales de los docentes que se hubieren causado con anterioridad a su
afiliación al FOMAG. Por esta razón, tales autoridades serán responsables de la omisión
en el pago de los aportes en los lapsos laborados por contratos de prestación de
servicios y en esa medida deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener
su respectivo pago.
108. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
109. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
53 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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110. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199455, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
111. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.4.4. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
112. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades56, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:
(i) El Decreto 224 de 197257 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197958 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
55 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
56 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
57 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
58 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
22
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00613-01 (5301-2023)
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(iii) La Ley 60 de 199359 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia60, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».
(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201961 se reiteró:
Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
59 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
60 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
(vi) El artículo 1962 de la Ley 344 de 199663, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»64.
(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4565 del Decreto
1278 de 200266, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200367), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202468 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública69.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
62 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor
público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
63 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
65
«ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
66 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
67 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
69 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.
113. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad70 o posterioridad71 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
114. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.
115. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.
3.5. Hechos probados
116. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
117. La señora Flor Marina Noy Martínez nació el 11 de marzo de 1961, según copia
del registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía72, por lo tanto, para el 7 de
abril de 202173, fecha de la reclamación pensional ante la entidad accionada contaba
con 60 años.
118. La accionante prestó sus servicios como docente a distintas entidades públicas,
durante 21 años, 4 meses y 4 días, conforme se muestra a continuación:
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
71 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
72 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, pág. 21. Al respecto, si bien a pág. 24 del mismo archivo obra copia del registro civil de
nacimiento, lo cierto es que la fecha de nacimiento en este es ilegible.
73 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 25 a 26.
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Vinculación Entidad Desde Hasta Tiempo
Provisionalidad74 Municipio de Cómbita 13/03/1991 24/05/1991 2 meses y 12
días
OPS75 Municipio de Tunja 10/02/1992 30/04/1992 2 meses y 21
días
OPS76 Municipio de Tunja 04/05/1992 30/11/1992 6 meses y 27
días
Planta Secretaría de Educación 01/03/1994 31/12/1995 1 año, 10
temporal77 del Departamento de meses y 1 día
Boyacá
Provisionalidad78 Municipio de Cómbita 15/07/1997 30/11/1997 4 meses y 16
días
Temporal79 Municipio de Tunja 05/08/1998 02/09/1998 28 días
Temporal80 Municipio de Tunja 20/01/1999 27/03/1999 2 meses y 8
días
OPS81 Secretaría de Educación 26/08/1999 31/10/1999 2 meses y 6
del Departamento de días
Boyacá
OPS82 Secretaría de Educación 14/07/2000 01/12/2000 4 meses y 18
del Departamento de días
Boyacá
OPS83 Secretaría de Educación 27/03/2001 22/06/2001 2 meses y 26
del Departamento de días
Boyacá
74 Conforme con el certificado expedido el 28 de marzo de 1999, por la directora de la Escuela de San Onofre del
municipio de Combita, visible en Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03,
archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 30.
75 Según el certificado de tiempo de servicios emitido el 11 de octubre de 2018, por la Secretaría de Educación de
Tunja y la copia de orden de trabajo 00014 del 10 de febrero de 1992, obrantes en Samai, gestión en otros
despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 27, 33.
76 De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios expedidos el 11 de octubre de 2018, por la Secretaría de
Educación de Tunja y la copia de orden de trabajo del 14 de mayo de 1992, visibles en Samai, gestión en otros
despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 27, 32.
77 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 61 a 62.
78 De acuerdo con el certificado expedido el 28 de marzo de 1999, por la directora de la Escuela de San Onofre del
municipio de Combita, visible en Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03,
archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 30.
79 Según el certificado emitido el 13 de mayo de 2004 por la Secretaría Administrativa del Municipio de Tunja, que
obra en Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 28.
80 Conforme con el certificado emitido el 13 de mayo de 2004 por la Secretaría Administrativa del Municipio de
Tunja, que obra en Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 28.
81 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 43 a 44.
82 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 45 a 46.
83 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 47 a 48.
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
OPS84 Secretaría de Educación 09/07/2001 05/12/2001 4 meses y 27
del Departamento de días
Boyacá
OPS85 Secretaría de Educación 08/02/2002 30/11/2002 9 meses y 23
del Departamento de días
Boyacá
OPS86 Secretaría de Educación 04/02/2003 12/12/2003 10 meses y 9
del Departamento de días
Boyacá
Provisionalidad87 Secretaría de Educación 06/08/2004 09/02/2007 2 años, 6
del Departamento de meses y 4 días
Boyacá
Provisionalidad88 Municipio Tunja 19/02/2007 03/12/2007 9 meses y 15
días
Provisionalidad89 Secretaría de Educación 09/05/2008 31/07/2008 2 meses y 23
del Departamento de días
Boyacá
Provisionalidad90 Secretaría de Educación 02/10/2008 05/07/2010 1 año, 9 meses
del Departamento de y 4 días
Boyacá
Provisionalidad91 Secretaría de Educación 22/07/2010 19/06/2011 10 meses y 28
del Departamento de días
Boyacá
Provisionalidad92 Secretaría de Educación 08/08/2011 21/01/2013 1 año, 5 meses
del Departamento de y 14 días
Boyacá
Provisionalidad93 Secretaría de Educación 11/03/2013 30/06/2015 2 años, 3
del Departamento de meses y 20
Boyacá días
84 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 49 a 50.
85 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 51 a 52.
86 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 53 a 54.
87 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 35 a 36.
88 Conforme con los certificados de tiempo de servicios emitidos el 14 de febrero de 2008 y el 11 de octubre de
2018, por la Secretaría de Educación de Tunja que obran en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 27, 34.
89 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 37 a 38.
90 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 39 a 40.
91 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 41 a 42.
92 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 55 a 56.
93 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 57 a 58.
27
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Provisionalidad94 Secretaría de Educación 10/09/2015 20/09/2018 3 años, 11 días
del Departamento de
Boyacá
Provisionalidad95 Secretaría de Educación 11/10/2018 02/12/2018 1 mes y 22
del Departamento de días
Boyacá
Provisionalidad96 Secretaría de Educación 22/03/2019 22/01/202197 1 año, 10
del Departamento de meses y 1 día
Boyacá
TOTAL 21 años, 4
meses y 4
días
119. El 7 de abril de 2021 la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación98.
3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
120. La parte demandante afirmó que la señora Flor Marina Noy Martínez se vinculó
al servicio de la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003;
por consiguiente, es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985
y tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, al acreditar
más de 55 años de edad y 20 de servicios públicos.
121. Manifestó que los tiempos en los que laboró a través de órdenes de prestación
de servicios son válidos para efectos del cómputo del tiempo para el reconocimiento
pensional; máxime cuando de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la
única condición que debe cumplir la docente para que le resulte aplicable el régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985 es haber estado vinculada como docente.
122. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor de la demandante, al
considerar que no se probaron los 20 años de servicio exigidos en la Ley 33 de 1985,
toda vez que durante los periodos en los que laboró a través de contratos de prestación
de servicios no realizó aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
123. En primer lugar, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. En
cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media
94 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 59 a 60.
95
Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 63 a 64.
96 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 65 a 66.
97 Se toma como fecha final de la prestación del servicio el 22 de enero de 2021, toda vez que es la misma en la
que se expidió el formato único que certifica el último tiempo laborado por la demandante, teniendo en cuenta que
no existe prueba alguna que acredite su desvinculación.
98 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 89.
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00613-01 (5301-2023)
Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres.
124. En el caso particular, se demostró que la señora Flor Marina Noy Martínez se
vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 —27 de junio de 2003—, esto es, el 13 de marzo de 199199.
125. Ahora bien, de acuerdo con la documental que reposa en el expediente, se
observa que la accionante laboró como docente al servicio del municipio de Tunja y
del departamento de Boyacá, a través de contratos de prestación de servicios, en los
siguientes periodos:
Vinculación Entidad Desde Hasta Tiempo
OPS100 Municipio de Tunja 10/02/1992 30/04/1992 2 meses y 21
días
OPS101 Municipio de Tunja 04/05/1992 30/11/1992 6 meses y 27
días
OPS102 Secretaría de Educación 26/08/1999 31/10/1999 2 meses y 6
del Departamento de días
Boyacá
OPS103 Secretaría de Educación 14/07/2000 01/12/2000 4 meses y 18
del Departamento de días
Boyacá
OPS104 Secretaría de Educación 27/03/2001 22/06/2001 2 meses y 26
del Departamento de días
Boyacá
OPS105 Secretaría de Educación 09/07/2001 05/12/2001 4 meses y 27
del Departamento de días
Boyacá
OPS106 Secretaría de Educación 08/02/2002 30/11/2002 9 meses y 23
del Departamento de días
Boyacá
99 Según el certificado expedido el 28 de marzo de 1999, por la directora de la Escuela de San Onofre del municipio
de Combita, visible en Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo
2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), pág. 30.
100 Según el certificado de tiempo de servicios emitido el 11 de octubre de 2018, por la Secretaría de Educación de
Tunja y la copia de orden de trabajo 00014 del 10 de febrero de 1992, obrantes en Samai, gestión en otros
despachos, 15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 27, 33.
101 De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios expedidos el 11 de octubre de 2018, por la Secretaría de
Educación de Tunja y la copia de trabajo del 14 de mayo de 1992, visibles en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 27, 32.
102 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 43 a 44.
103 Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 45 a 46.
104 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 47 a 48.
105 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 49 a 50.
106 De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021,
por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 51 a 52.
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OPS107 Secretaría de Educación 04/02/2003 12/12/2003 10 meses y 9
del Departamento de días
Boyacá
126. Al respecto, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los
docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016108, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.
127. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que, como lo ha definido la
jurisprudencia109:
(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»110 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
107 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 22 de febrero de 2021, por la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, visto en Samai, gestión en otros despachos,
15001233300020210061300, índice 03, archivo 2_ED_2DEMANDAP55FLO(.PDF), págs. 53 a 54.
108 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
110 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.
128. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios, antes señalado, resulta válido para contabilizar
el tiempo de servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad.
129. A su vez, respecto a la omisión en el pago de aportes para pensión, se ha dicho
por parte de esta corporación que, tales cotizaciones tienen el carácter de
imprescriptibles111 y las entidades no pueden sustraerse de su pago cuando ello puede
llegar a repercutir en el derecho de acceso a una pensión. Asimismo, es el Fondo, por
tener a cargo el reconocimiento y pago de la asignación aquí reclamada, el que tiene
la potestad de repetir en contra de las entidades y/o personas obligadas a cotizar, el
reembolso de los aportes a pensiones en la proporción que les corresponda, en el caso
de que no lo hubiesen hecho.
130. Sobre el particular, contrario a lo señalado por el Tribunal, en punto a que, según
jurisprudencia112 «reciente», debe probarse que sobre los tiempos de servicio
prestados se hubiesen efectuado aportes al régimen de Seguridad Social en Pensión,
para efectos pensionales, se destaca que con posterioridad a las providencias citadas
en el fallo de primera instancia, esta corporación en sentencia de unificación del 28 de
julio de 2022113, definió, en línea de lo antes expuesto, que el descuento y pago
oportuno de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento de la pensión,
pues las entidades de previsión deben adelantar las gestiones pertinentes para su
cobro. Esto, en los siguientes términos:
[…]
107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones
tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo
22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus
trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización
obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión
social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional. En todo caso, es el
empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador». Este contenido normativo es reiterado en el
Decreto 692 del 29 de marzo de 1994114 (artículo 27).
108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de
111 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
112 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
22 de abril de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2012-00182-02 (4134-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de
2021, Rad. 81001-23-33-000-2013-00063-01(4169-14), M.P. César Palomino Cortés.
113 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-
23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
114 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
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verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161
del 3 de junio de 1994115 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a la
ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).
109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que
los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de
su incumplimiento.
[…]
111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la
consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más débil
de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a
fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una protección
jurídica favorable para el trabajador116.
112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia ha
reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser imputable al
trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno reconocimiento de su
pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador implica la vulneración de
su derecho a la seguridad social117.
[…]
115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento
y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos
tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el
reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la
vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas
consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador.
[…]».
131. Precisado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
demandante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
115 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
116 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,
segunda edición, pp. 23 – 25.
117 Ver sentencia T-064 de 2018.
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132. En tal sentido, como la señora Flor Marina Noy Martínez, según se dijo antes,
se vinculó por primera vez al servicio docente el 13 de marzo de 1991, esto es, antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se
estima que es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
133. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación118 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
134. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:
(i) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(ii) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.
135. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, y se detalló
en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se observa que la señora Flor
Marina Noy Martínez cumplió 55 años de edad el 11 de marzo de 2016 —nació el 11
de marzo de 1961— y prestó servicios al sector público durante 21 años, 4 meses y 4
días, como se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia.
136. Así, comoquiera que la demandante acreditó 55 años de edad y más de 20 de
servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional —7 de abril de
2021—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985.
137. En punto al estatus pensional, se estima que, de conformidad con el artículo 1
de la Ley 33 de 1985, lo consolidó el 18 de septiembre de 2019119, fecha en la que
cumplió 20 años de servicio, y para la cual tenía más de 55 años de edad —que
cumplió el 11 de marzo de 2016—.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
119 De acuerdo con lo siguiente:
1. Se observa que la accionante al 2 de diciembre de 2018, acreditaba 19 años, 6 meses y 3 días —contados todos
los tiempos que se acreditaron desde el 13 de marzo de 1991, prestados de manera interrumpida al municipio de
Cómbita, al municipio de Tunja y a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, según la documental
allegada al expediente relacionada en el acápite de hechos probados de esta sentencia—.
2. Se destaca que su vinculación por última vez fue a partir del 22 de marzo de 2019 al 22 de enero de 2021, por 1
año, 10 meses y 1 día.
3. Así, corresponde establecer, desde el 2 de diciembre de 2018, instante para el cual tenía 19 años, 6 meses y 3
días de servicio, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 2 de diciembre de 2018, tenía acumulados: 19 años, 6 meses y 3 días. Tiempo faltante para los 20 años:
5 meses y 27 días.
La accionante volvió a trabajar el 22 de marzo de 2019.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 5 meses: 22 de marzo de 2019 + 5 meses = 22 de agosto de 2019.
(ii) Se suma 27 días: 22 de agosto de 2019 + 27 días = 18 de septiembre de 2019.
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 18 de septiembre de 2019.
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138. Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, al evidenciarse que la señora Flor
Marina Noy Martínez cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios para ser
acreedora de la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, contrario a lo
concluido en el acto acusado, se declarará su nulidad. A título de restablecimiento del
derecho, se condenará a la entidad demandada al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación a favor de la accionante con el 75% del promedio de los factores
salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores,
que hayan sido devengados por la demandante y que hayan servido de base para las
cotizaciones a seguridad social en el año anterior a la adquisición del estatus de
pensionada, en aplicación de la Ley 33 de 1985, sin que deba acreditar el retiro del
servicio docente.
139. Sobre el punto, en el evento de que no se hayan efectuado los aportes al
sistema pensional que debió hacer el empleador y empleado en el porcentaje
correspondiente, como lo ordena la ley, se aclara que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son
necesarios para la financiación de la prestación y la sostenibilidad del sistema.
140. En tal sentido, corresponde al FOMAG realizar los trámites legales necesarios
para recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo
contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran. De
igual forma, la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los
aportes a su cargo durante su vinculación mediante órdenes de prestación de
servicios.
141. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional —18 de septiembre de 2019— y la petición de reconocimiento —7
de abril de 2021— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se
interrumpió por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado
en el Decreto 1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el fenómeno prescriptivo
de mesada alguna.
3.7. Conclusión de la decisión
142. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo de servicio
prestado por la demandante como docente, puede computarse para acreditar la
vinculación exigida para efectos pensionales. Así, al haberse probado que se vinculó
al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria
del régimen pensional previsto en Ley 33 de 1985.
143. En consonancia, al evidenciarse que la señora Flor Marina Noy Martínez tiene
más de 55 años de edad y más de 20 años de servicio al sector oficial, se estima que
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. Por tal razón se
revocará la decisión apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo demandado. En consecuencia, se condenará a la entidad accionada al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, desde el 18 de septiembre de 2019,
con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan servido de base de cotizaciones a
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
seguridad social, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada; sin que
deba acreditar el retiro del servicio docente.
3.8. Costas
144. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 120 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
145. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Inaplicar para el caso concreto la Resolución 006804 del 9 de diciembre
de 2021 proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, por
haberse proferido sin competencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo,
producto de la petición presentada por la señora Flor Marina Noy Martínez el 7 de abril
de 2021.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Flor Marina Noy Martínez, desde
el 18 de septiembre de 2019, una pensión de jubilación regulada en la Ley 33 de 1985,
con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y
120 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los
artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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que hayan servido de base para las cotizaciones a seguridad social en el año anterior
a la adquisición del estatus de pensionada; sin que deba acreditar el retiro del servicio
docente.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
QUINTO: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá recaudar las cotizaciones en favor de la
demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través de órdenes de prestación
de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, la demandante, en caso de no
haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación a
través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la
cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los
que la accionante realizó cotizaciones.
SEXTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
SÉPTIMO: Dar cumplimiento a lo dispuesto a la sentencia en los términos previstos
en el artículo 192 del CPACA.
OCTAVO: Exhortar al Tribunal Administrativo de Boyacá, a fin de que en el análisis de
la admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el
acápite de cuestiones previas de esta providencia.
NOVENO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
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Demandante: Flor Marina Noy Martínez
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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