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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01433-02

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01433-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales «TERCERO» y «CUARTO» de la sentencia dictada el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formuladas por el señor Freddy Alexander León Castilla, los cuales quedarán así: TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 6098 del 26 de julio de 2016 y el acto administrativo ficto negativo al no resolver el respectivo recurso de apelación por el cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiario de la prima especial de servicios al señor FREDDY ALEXANDER LEON (sic) CASTILLA, conforme con lo expuesto en la parte motiva. Asimismo, INAPLICAR, para este caso específico, el acto administrativo contenido en la Resolución No. 4484 del Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), de acuerdo con los argumentos consignados en las consideraciones. CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que reconozcan, reliquiden y paguen a favor del señor FREDDY ALEXANDER LEÓN CASTILLA, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1993, en cuantía del 30% del 100% de la asignación básica; así como, la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, a partir del 18 de julio de 2013, en atención a la prescripción trienal aquí decretada y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, y debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva. Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos 17 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01433-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2017-01433-02 (6316-2022)1
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), proferida por
la Sala de Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2.

1.1.1. Pretensiones3.

1. El señor Fredy Alexander León Castilla, por intermedio de apoderado judicial,

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, con el fin
de obtener:

1
Expediente híbrido.
2
Folios 28 a 39.
3
Mediante radicado del 18 de julio de 2019 visible a folios 81 a 91; la parte actora solicitó adición de la demanda, la cual fue
admitida en audiencia inicial el 16 de octubre de 2019, a folios 190 a 191.

2

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

1.1. La aplicación de las consecuencias de la declaratoria de nulidad

dispuesta por esta Corporación en sentencia del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Catorce (2014), dentro del proceso
1100103250020070008700, interno 1686-07.

1.2. La inaplicación, por inconstitucionales, los Decretos 723 de 2009;

1388 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014;
1257 de 2015; 1105 de 2015; 245 y 234 de 2016; 1003 de 2017, artículo
4 y; 338 de 2018.

1.3. La nulidad de la Resolución 6098 del Veintiséis (26) de julio de Dos

Mil Dieciséis (2016), mediante el cual se negó la reliquidación de los
conceptos salariales y prestacionales, tomando la asignación básica
mensual al 100%, e incluyendo como factor adicional el 30% de la prima
especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992;
tanto como el acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta al
recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reliquidar los salarios básicos al

100% y sobre este valor liquidar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 y; el pago de las diferencias adeudadas por estos conceptos,
con su correspondiente indexación, intereses y sanciones; ii) reliquidar los factores
salarios y prestaciones (gastos de representación, cesantías, bonificación por
servicios prestados, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, prima de
productividad), tomando la asignación básica mensual al 100% e incluyendo como
factor adicional el 30% de la prima especial de servicios establecida en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, con su correspondiente indexación, intereses y sanciones;
iii) el reajuste del salario mensual al 100% más el incremento del 30% de la prima
especial y el reconocimiento y pago de sus prestaciones hacia el futuro; iv) el
reconocimiento y pago de la incidencia sobre las demás obligaciones legales
(pensión) que conlleva las reliquidaciones y pagos peticionados; v) el pago de las
diferencias generadas desde el momento de la demanda, las que se causen en
adelante y mientras ocupe el cargo de juez; vi) el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con lo previsto en los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA y; vii)
la condena en costas en los términos del artículo 188 del CPACA.

3

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

1.1.2. Hechos

3. El señor Freddy Alexander León Castilla prestó sus servicios a la Rama Judicial

en el cargo de juez, desde el Doce (12) de mayo de Dos Mil Nueve (2009), hasta el
Dieciocho (18) de diciembre siguiente; desde el Quince (15) de junio de Dos Mil
Once (2011), hasta el Veintidós (22) de marzo de Dos Mil Catorce (2014); desde el
Veintidós (22) de diciembre del mismo año hasta el Quince (15) de enero de Dos
Mil Quince (2015), y desde el primero (1) de julio siguiente, hasta la fecha de
presentación de la demanda4.

4. Expuso que, tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de

servicios prevista en la Ley 4ª de 1992, no obstante, la administración liquidó su
salario y prestaciones con base en un ingreso disminuido, al no incluir dicha prima
ni reconocerla como factor de liquidación de sus prestaciones.

5. Indicó que, presentó derecho de petición el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil

Dieciséis (2016), la cual fue resuelta negativamente por la entidad a través de la
Resolución 6098 del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016). Contra esa
decisión interpuso recurso de apelación; sin embargo, al no resolverse el recurso
de apelación, se configuró el acto ficto negativo demandado.

1.1.3. Concepto de violación.

6. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

6.1. Constitución Política, artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 83, 136 numeral 19 y 209.

6.2. Leyes 4ª de 1992, artículos 2 y 14; 270 de 1996, artículo 152, numeral 7.

6.3. Decretos 053 y 057 de 1993, 106 de 1994; 43 de 1995; 36 de 1996; 76 y 246

de 1997; 64 de 1998; 44 de 1999; 2740 de 2000; 2720 de 2001; 673 de 2002;
3569 de 2003; 4172 de 2004; 936 de 2005; 389 de 2006; 618 de 2007; 658 de
2008; 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013;
194 de 2014; 1257 y 1105 de 2015.

7. Señaló que, la administración al negar el carácter salarial de la prima especial

4
27 de marzo de 2017.

4

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

aplicando indebidamente la Ley 4ª de 1992, redujo injustificadamente el salario y
excluyó este pago habitual de las prestaciones, en contra de la Constitución y la
jurisprudencia.

8. Resaltó que, los actos administrativos cuestionados desconocieron los principios

de igualdad, favorabilidad e in dubio pro operario, al incurrir en falsa motivación,
ignorar la nulidad de la expresión «sin carácter salarial» y adoptar una interpretación
regresiva que afectó sus derechos laborales.

1.2. Contestación de la demanda5.

9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que,

la prima especial del 30% no es salario ni factor prestacional, pues así lo dispone la
Ley 4ª de 1992 y lo confirmó la Corte Constitucional. Precisó que, el demandante
pertenece al régimen acogido, en el cual expresamente se excluye esta prima como
carácter salarial, razón por la cual no procede usarla para reliquidar prestaciones.

10. Afirmó que, la sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)

solo anuló apartes de decretos salariales entre 1993 y 2007, pero no modificó la
naturaleza jurídica de la prima, ni afectó los decretos posteriores que siguen
vigentes, de modo que la administración debe continuar liquidando con base en la
normatividad actual.

11. Indicó que, acceder a las pretensiones implicaría sobrepasar los topes salariales

legales y crear obligaciones sin apropiación presupuestal, lo cual está prohibido. Por
ello concluyó que existe imposibilidad jurídica y presupuestal para reconocer lo
solicitado y pidió negar las pretensiones.

12. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «integración del litisconsorcio

necesario»; «ausencia de causa petendi»; «prescripción»; y «innominada».

1.3. La sentencia de primera instancia6.

13. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

5
Folios 136 a 148.
6
Folios 244 a 250.

5

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

Segunda, mediante sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil
Veinte (2020), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas de la siguiente manera:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040
del 3 diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de
septiembre de 2019, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción trienal
propuesta por la entidad demandada – Nación – RAMA JUDICIAL, de lo reclamado con
antelación al 18 de julio de 2013, por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 6098 del 26 de julio de 2016 y el acto administrativo ficto negativo al no resolver el
respectivo recurso de apelación por el cual se negó el reconocimiento, liquidación y
pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiario de la prima
especial de servicios al señor FREDDY ALEXANDER LEON (sic) CASTILLA, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en
favor del señor FREDDY ALEXANDER LEON (sic) CASTILLA retroactivamente la
diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de: ingresos
mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30% de acuerdo
a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas sobre la base
de todo el salario básico, es decir teniendo en cuenta el 30% del salario básico que
no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación. De acuerdo con la
prescripción parcial aquí decretada y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los
cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para
cada anualidad, y debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos
conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: La Nación- RAMA JUDICIAL dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

SEPTIMO: (sic) En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución
a la parte demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que
hubiere lugar, y al archivo del expediente.

14. El Tribunal sostuvo que, la prima especial de servicios no fue correctamente

incluida en la liquidación de los ingresos mensuales, dado que fue pagada como
parte integrante de la asignación básica, en cuantía del 30 % de esta.

15. En ese sentido, concluyó que el demandante tiene derecho al reconocimiento y

pago de las diferencias salariales entre lo recibido y lo dejado de percibir desde el
Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Trece (2013) y mientras el actor haya ejercido o
ejerza como juez o en un cargo equivalente. Igualmente, dispuso la reliquidación de
sus ingresos mensuales con base en el 100% del salario básico más el 30% de la
prima especial, aclarando que esta no tiene carácter salarial para efectos

6

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

prestacionales, las cuales deberán calcularse únicamente sobre el salario básico.

16. Advirtió que, el señor Freddy Alexander León Castilla ha estado vinculado a la

Rama Judicial como juez desde el Doce (12) de mayo de Dos Mil Nueve (2009),
condición reconocida por la propia entidad, por lo que tiene derecho a la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

17. Con relación a la prescripción, consideró que el término debe contarse desde el

momento en que la obligación se hace exigible, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 3135 de 1968 y su reglamentario. Señaló que el derecho a la prima especial
es exigible desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993),
con la entrada en vigencia del Decreto 53 de 1993; sin embargo, como el
demandante presentó petición el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016),
determinó que se configuró la prescripción respecto de las sumas causadas antes
del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Trece (2013), declarando parcialmente
probada la excepción propuesta por la entidad demandada.

1.4. El recurso de apelación7

18. La parte demandada interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque el

fallo proferido en este asunto, al considerar que, la entidad no cuenta con
disponibilidad presupuestal para el pago de la condena; además, informó que, ha
realizado consultas y diversas gestiones en aras de obtener los recursos para
cumplir con lo ordenado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Consejo de Estado; sin
embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de
presupuesto para cancelar los mayores valores que se generarían para conciliar la
prima especial del 30%, sin carácter salarial, derivados de aquella.

19. Por otra parte, señaló que operó la prescripción trienal de los derechos laborales

reclamados por el actor, pues, solicitó el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciséis
(2016) la reliquidación de sus prestaciones incluyendo la prima especial, «lo que
significa que los valores reclamados con anterioridad a 18 de julio de 2016, se encuentran
prescritos»; en consecuencia, solicitó que en caso de confirmarse las pretensiones

de la demanda se siga declarando probada esta excepción.

7
Folios 255 a 258.

7

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

1.5. Trámite de segunda instancia

20. Con auto del Nueve (9) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)8, el respectivo

conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la sentencia del Treinta y
Uno (31) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

21. Mediante auto del Seis (6) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024)9, el conjuez

ponente prescinde de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corre traslado
para alegar de conclusión de conformidad con el artículo 247 del CPACA.

22. La parte demandante, mediante escrito del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil

Veinticuatro (2024)10 presentó alegatos de conclusión, solicitando confirmar la
sentencia de primera instancia. Por otro lado, la parte demandada, mediante escrito
del Doce (12) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)11, formuló alegatos de
conclusión en los que reiteró los argumentos del recurso de apelación y solicitó que
se revoque la sentencia de primera instancia.

23. Mediante auto del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)12, el

respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho, habida cuenta
del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del CPACA.

24. Por lo anterior, a través de auto del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco

(2025)13, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este

proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del

8
Folio 290.
9
Folio 292.
10
Índice 00042 Samai.
11
Índice 00043 Samai.
12
Índice 00049 Samai
13
Índice 00055 Samai.

8

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

CPACA. De igual forma, según el artículo 32814 del Código General del Proceso
(CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Cuestión Previa – Acto administrativo expreso emitido con posterioridad
a la notificación del auto admisorio de la demanda.

26. La Sala vislumbra que el control judicial promovido con la demanda se orienta a

obtener, entre otros, la nulidad del acto ficto presuntamente derivado de la ausencia
de pronunciamiento frente al recurso de apelación presentado contra la Resolución
No. 6098 del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016)15.

27. No obstante, de las pruebas aportadas al expediente se advierte que dicho
mecanismo de impugnación fue resuelto mediante Resolución No. 4484 del
Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019)16, confirmando lo dispuesto
en la Resolución No. 6098 del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016).

28. Sobre el particular, debe indicarse que, dicha actuación fue expedida por la

entidad demandada con posterioridad al 12 de junio de 2019, fecha en la cual, el
director ejecutivo de Administración Judicial fue notificado personalmente de la
admisión de la demanda, razón por la cual, de acuerdo con el artículo 86 del
CPACA, ya no guardaba competencia para pronunciarse, toda vez que «[l]a ocurrencia
del silencio negativo previsto en [ese] artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide
resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado
haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

29. No obstante, en asuntos con similares incidencias, la Subsección ha considerado

la posibilidad de ejercer control sobre dichas actuaciones en virtud del medio de
control por vía de excepción preceptuado por el artículo 148 del CPACA, en los

14
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
15
Folios 19 a 21.
16
Folios 156 a 166.

9

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

siguientes términos17:

72. En segundo lugar, como se advierte del relato de los antecedentes, la demanda de
la referencia se presentó contra el acto administrativo ficto negativo que se configuró
con ocasión de la petición del 7 de abril de 2021, que presentó la accionante con el fin
de que se le reconociera una pensión de jubilación. No obstante, durante el transcurso
de proceso, más de 11 meses después de admitida la demanda, el 13 de septiembre
de 2022, se allegó el expediente administrativo de la actuación pensional, en el que
obra la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021, a través de la cual la accionada
negó por improcedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación pretendida,
porque la fiduciaria La Previsora S.A. no otorgó el visto bueno de reconocimiento.

[…]
74. Dicho esto, lo primero que debe precisarse es que como la Resolución 006804 del
9 de diciembre de 2021 se expidió después de la presentación de la demanda y la
posibilidad de reformarla, no se solicitó su nulidad y, por ende, a través del presente
trámite no hay lugar a definir sobre su permanencia o no el ordenamiento jurídico.

75. Sin embargo, esta circunstancia no impide que el juez, de oficio o a petición parte,
inaplique, con efectos interpartes y solo en relación con el proceso correspondiente, los
actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley, como lo señala
el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011.

76. Se hace alusión a la posibilidad de control por vía de excepción, porque en el
presente asunto la Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021 se pronunció sobre
uno de los aspectos centrales de la controversia, de manera que no puede pasarse por
alto; pero también, porque salta a la vista que se dictó sin competencia.

77. Sobre este último aspecto se recuerda que, de conformidad con el inciso tercero
del artículo 83 del CPACA, en tratándose de los actos administrativos producto del
silencio administrativo negativo, la autoridad ante la cual se formuló una petición no
queda eximida del deber de resolverla, por el hecho de que se entienda como una
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia del solicitante que la
administración se pronunció en sentido negativo, «salvo que el interesado haya hecho
uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio
de la demanda» (negrilla fuera de texto).

78. Se destaca la segunda circunstancia, que constituye una excepción al deber de las
autoridades de responder de fondo las peticiones, a pesar de la configuración del
silencio administrativo negativo, porque constituye el límite temporal que tienen para
pronunciarse sobre el asunto que les fue requerido y/o consultado. Lo anterior, en la
medida que una vez este se ventiló ante la jurisdicción, en virtud de una demanda
admitida y notificada a los interesados, el único competente para definirlo es el juez, lo
que conlleva que la administración perdió competencia.

79. Precisamente, esto fue lo que ocurrió en el caso de autos, debido a que a propósito
de la discusión existente sobre la legalidad del acto presunto que negó la petición de
reconocimiento y pago de la pensión de la señora Flor Marina Noy Martínez, se admitió
la demanda el 24 de septiembre de 2021 y se notificó a la parte pasiva el 27 del mismo
mes y año, instante a partir del cual la administración perdió competencia para
pronunciarse sobre la situación pensional de la demandante; lo que significa que la
Resolución 006804 del 9 de diciembre de 2021 se dictó sin competencia.

80. Así las cosas, para efectos de decidir la presente controversia, se inaplicará la
anterior resolución, lo que conlleva que el estudio de legalidad sobre el acto
administrativo ficto acusado se realizará en el entendido que no se ha reconocido

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 13 de junio de 2025; expediente 15001-23-33-000-2021-
00613-01 (5301-2023); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Al respecto, también puede verse: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 13 de junio de 2025; expediente 66001-23-33-000-2022-00015-01 (1042-
2024); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

10

Número Interno: 6316-2022
Demandante: Freddy Alexander León Castilla
Demandados: Nación – Rama Judicial

válidamente la pensión de jubilación que reclama la señora Flor Marina Noy Martínez.

30. Por lo tanto, conforme al precedente de esta Corporación, si bien no es viable

determinar la permanencia en el ordenamiento jurídico de la Resolución No. 4484
del Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019) en el presente trámite, si
resulta posible disponer su inaplicación por vía del control de excepción, habida
cuenta que su contenido versa sobre la materia aquí discutida y que fue expedida
en contravía del artículo 86 del CPACA, esto es, cuando la entidad ya no guardaba
competencia para decidir el asunto.

31. En consecuencia, se adicionará un ordinal a la sentencia impugnada, contentivo

de la respectiva inaplicación.

2.3. Problema jurídico.

32. Corresponde a la Sala determinar, si resulta jurídicamente admisible la alegación

de falta de disponibilidad presupuestal por parte de la entidad accionada como
argumento para controvertir el reajuste salarial y prestacional reconocido en primera
instancia.

33. Asimismo, si el término de prescripción para reclamar el reajuste salarial teniendo

en cuenta la prima especial de servicios; así como, la reliquidación de sus
prestaciones sociales con base en el 100% de la asignación básica, debe
computarse desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa el
Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016) y hacia atrás.

34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes

aspectos: 2.4. Marco normativo; y 2.5. Caso concreto.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.

35. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un

incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial solo para el pago de aportes pensionales.

36. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo

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Número Interno: 6316-2022
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en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.

37. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza

y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta Corporación explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral
y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte
negativamente los derechos del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los
siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros,
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima
especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar
en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados
de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

38. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a

decidir el presente caso.

2.5 Caso concreto

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39. En el sub lite, está probado que el señor Freddy Alexander León Castilla ha

prestado sus servicios a la Rama Judicial desde el 25 de julio de 2001, aunque solo
ha fungido como juez en los siguientes periodos18:

Cargo Desde Hasta
Juez circuito 12 de mayo de 2009 18 de diciembre de 2009
Juez circuito 15 de junio de 2011 11 de febrero de 2014
Juez circuito 22 de diciembre de 2014 15 de enero de 2015
Juez circuito 1 de julio de 2015 10 de marzo de 2019
Juez municipal 11 de marzo de 2019 12 de marzo de 2019
Juez circuito 13 de marzo de 2019 7 de junio de 201919
*Fuente: elaboración propia

40. Igualmente, obran certificados expedidos por la accionada, donde se reflejan los

conceptos salariales pagados al actor desde el Treinta (30) de septiembre de Dos
Mil Ocho (2008) hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Nueve (2009)20; desde
el año Dos Mil Diez (2010) hasta julio de Dos Mil Dieciséis (2016)21 y; desde el año
Dos Mil Dieciséis (2016) hasta mayo de Dos Mil Diecinueve (2019)22, de los cuales
se logra tener certeza que la entidad demandada le pagó la remuneración mensual
que correspondía al empleo de juez, fraccionando el 30% denominado prima
especial de la remuneración básica mensual del demandante.

41. También, está acreditado que, el actor a través de apoderado presentó ante la

demandada reclamación administrativa el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil
Dieciséis (2016)23, mediante la cual solicitó la reliquidación de los conceptos
salariales y prestacionales tomando la asignación básica mensual al 100% e
incluyendo como factor adicional el 30% de la prima especial de servicios
establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, petición que fue resuelta de
manera negativa a través de la Resolución No. 6098 del Veintiséis (26) de julio de
Dos Mil Dieciséis (2016)24. Contra la anterior decisión el demandante interpuso
recurso de apelación a través del radicado No. 38188 del Veinticuatro (24) de agosto
de Dos Mil Dieciséis (2016)25; no obstante, al no emitirse respuesta frente a este
último recurso, se configuró un acto ficto negativo.

18
Folios 130 a 134.
19
Fecha de expedición de la certificación.
20
Folios 4 a 6.
21
Folios 7 a 14.
22
Folios 130 a 134.
23
Folios 15 a 17.
24
Folios 19 a 21.
25
Folios 22 a 23.

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42. Finalmente, en atención al requerimiento efectuado por el Tribunal para que la

entidad accionada aportara al proceso copia de todos los antecedentes
administrativos de los actos acusados, el Veinte (20) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019)26, se allegó copia de la Resolución No. 4484 del Dieciocho (18)
de junio de Dos Mil Diecinueve (2019)27, por medio de la cual se resolvió el recurso
de apelación, confirmando lo dispuesto en la Resolución No. 6098 del Veintiséis
(26) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016).

43. Aclarado lo anterior, la Sala pasa a analizar el argumento de inconformidad de

la entidad demandada formulado en el recurso de apelación, esto es, la alegada
imposibilidad presupuestal para cumplir con el reajuste salarial y prestacional
reconocido por el Tribunal.

44. Frente a ello, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad; lo

anterior, por cuanto la falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos
salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al
mínimo vital, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

45. De tiempo atrás, la Corte Constitucional ha sostenido28 que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber
legal y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por
sus trabajadores. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las
falencias presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador
público del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

46. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad

de pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a
la negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley29.

26
Folio 153.
27
Folios 156 a 166.
28
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión; sentencia T- 140 de 28 de febrero de 2002; magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
29
C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), radicación:76001-23-33-004-
2016-01696-02 (3631-2024) C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil
veinticinco (2025), radicado 05001233300020140153802 (4365-2024).

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47. Ahora bien, en relación con el argumento de la entidad apelante según el cual el

término de prescripción para reclamar el reajuste salarial teniendo en cuenta la
prima especial de servicios, así como, la reliquidación de sus prestaciones sociales
con base en el 100% de la asignación básica, debe computarse desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil
Dieciséis (2016) y hacia atrás, la Sala advierte que dicho planteamiento no cuenta
con vocación de prosperidad.

48. En ese orden de ideas, lo primero es indicar que, la prescripción es un fenómeno

jurídico en virtud del cual quien, a pesar de ser titular de un derecho, lo pierde por su
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos
casos que la demanda y/o reclamación se haya interpuesto dentro de los términos
legales. En estos asuntos el legislador estableció un plazo para reclamar los
derechos laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término
trienal consagrado en el artículo 4130 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia
con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

49. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse

retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según
lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala Plena de Conjueces de
esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella se aclaró la
manera en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente
vinculante y vigente para el momento en que se resuelve la litis.

50. Conforme lo probado el actor radicó reclamación administrativa el Dieciocho (18)

de julio de Dos Mil Dieciséis (2016)31; por tanto, operó el fenómeno de la
prescripción sobre el reajuste deprecado que se causó con anterioridad al Dieciocho
(18) de julio de Dos Mil Trece (2013), tal como lo concluyó el A-quo.

51. En ese orden de ideas, se confirmará parcialmente la sentencia de primera

instancia en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y se
abstuvo de condenar en costas.

30
Decreto 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
31
Folios 15 a 17.

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52. No obstante, considera la Sala que, la orden efectuada por el Tribunal es confusa

y no está acorde con la parte motiva de dicha providencia; lo anterior, por cuanto en
aquella se ha manifestado que, la prima especial de servicios no es factor salarial
para efectos de liquidar las prestaciones sociales; aspecto que está ajustado a los
pronunciamientos que sobre la materia ha proferido esta Corporación; sin embargo,
en el ordinal cuarto del fallo de primera instancia no quedó clara la orden en tal
sentido.

53. Así las cosas, de manera oficiosa, con el objeto de guardar congruencia entre la

parte motiva y la considerativa de la sentencia recurrida, se procederá a modificar el
ordinal cuarto de aquella aclarando que, lo que se ordena es el reajuste salarial
consistente en el reconocimiento y pago del 30% por prima especial de servicios,
calculado sobre la asignación básica; así como, la reliquidación de las prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 100% de dicha asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la referida prima especial de servicios, dado que aquella no es
factor salarial, a partir del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Trece (2013), en atención
a la prescripción trienal.

54. Con todo, la Subsección precisará que, para el cumplimiento de esta sentencia,

la entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente haya realizado con ocasión
de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de
servicios, y hacer los descuentos correspondientes, por lo efectivamente pagado,
sin superar los topes establecidos por el Gobierno Nacional.

55. Sumado a lo anterior, debe indicarse que, el A-quo omitió pronunciarse sobre los

aportes pensionales, aspecto que, constituye un derecho laboral y como tal
irrenunciable e imprescriptible; por tanto, se adicionará también el referido ordinal
para ordenar el reajuste de los citados aportes pensionales teniendo en cuenta el
incremento del 30% por prima especial de servicio sobre la asignación básica que
aquí se ordena.

56. En virtud de lo anterior, la entidad demandada debe reliquidar los aportes

pensionales del actor, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica más el
30% de la prima especial de servicios, si no lo ha hecho, desde el Doce (12) de mayo
de Dos Mil Nueve (2009), en que el demandante empezó a desempeñarse como juez

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y por tanto, tiene el derecho a la prima especial de servicios citada; lo anterior,
durante los periodos en que ha ejercido algún cargo que le genere dicho derecho y
hasta cuando ostente aquel.

2.6 Condena en costas.

57. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales «TERCERO» y «CUARTO» de la
sentencia dictada el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formuladas por el señor
Freddy Alexander León Castilla, los cuales quedarán así:

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 6098 del 26 de julio de 2016 y el acto administrativo ficto negativo al no resolver el
respectivo recurso de apelación por el cual se negó el reconocimiento, liquidación y
pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiario de la prima
especial de servicios al señor FREDDY ALEXANDER LEON (sic) CASTILLA, conforme
con lo expuesto en la parte motiva.

Asimismo, INAPLICAR, para este caso específico, el acto administrativo contenido en
la Resolución No. 4484 del Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), de
acuerdo con los argumentos consignados en las consideraciones.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que reconozcan, reliquiden y paguen a favor del
señor FREDDY ALEXANDER LEÓN CASTILLA, la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1993, en cuantía del 30% del 100% de la
asignación básica; así como, la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en
cuenta el 100% de la asignación básica, a partir del 18 de julio de 2013, en atención a
la prescripción trienal aquí decretada y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de
los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para
cada anualidad, y debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos
conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que,
posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de
2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos

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Número Interno: 6316-2022
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correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los topes establecidos por
el Gobierno Nacional.

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones en favor del señor FREDDY ALEXANDER
LEÓN CASTILLA, desde el 12 de mayo de 2009 y hasta tanto funja o haya fungido en
alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama
Judicial, sin aplicar el fenómeno de la prescripción.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el
Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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