Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2022-00015-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
8 de julio de 2025
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00015-01 (1042-2024)
Demandante: Daniel González Rayo
Demandado: FOMAG
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66001-23-33-000-2022-00015-01 (1042-2024)
Demandante: Daniel González Rayo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente
con posterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2:
Reconocimiento de pensión con el régimen de prima media, Ley
100 de 1993.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia
proferida el 6 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Daniel González Rayo, en su condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985; sin embargo,
la entidad demandada guardó silencio, por lo que se configuró el acto ficto que negó
la solicitud.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
1. Daniel González Rayo, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en
adelante CPACA—, presentó demanda1 en contra de la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —en adelante
FOMAG—, radicada mediante apoderado judicial el 19 de enero de 20222.
1 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1».
2 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «2_002ACUSERECIBO(.PDF) NroActua 1».
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Radicado: 66001-23-33-000-2022-00015-01 (1042-2024)
Demandante: Daniel González Rayo
Demandado: FOMAG
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó lo siguiente:
(i) Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 29 de diciembre de 2021, por
medio del cual la Secretaría de Educación de Dosquebradas negó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación al acreditar 55 años y 1.000 semanas de cotización,
sin exigir el retiro definitivo del cargo para que se efectúe la inclusión en la nómina de
pensionados.
(ii) Que se reconozca y pague a su favor dicha prestación, efectiva a partir del «12 de
diciembre de 2017», en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas
percibidas con anterioridad a la acreditación del estatus de pensionado, sin exigir el
retiro definitivo del cargo para su pago.
(iii) Que se ordene a la entidad demandada dar cumplimiento al fallo en el término de
30 días hábiles a partir de la notificación de este, de conformidad con los artículos 192
y 195 del CPACA.
(iv) Que se condene a la parte demandada al pago de las mesadas pensionales
dejadas de cancelar, con el ajuste a que haya lugar por la disminución del poder
adquisitivo del dinero por el paso del tiempo.
(v) Que se le ordene a la parte accionada pagar los intereses moratorios que se
llegaren a causar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta que
se efectúe el pago de los valores adeudados.
(vi) Que se condene a la entidad en costas según lo previsto en el artículo 188 del
CPACA.
2.1.2. Hechos
3. Hizo referencia a los siguientes hechos:
(i) Nació el 26 de abril de 1954.
(ii) Trabajó como empleado público durante más de 20 años, al servicio del municipio
de Dosquebradas, en los siguientes periodos:
Entidad Cargo Desde Hasta
Profesional 23 de septiembre de
28 de julio de 1995
universitario 1991
Profesional
7 de enero de 1997 8 de junio de 1999
especializado
Subsecretario de 19 de enero de
30 de junio de 1999
Municipio de despacho 2001
Dosquebradas Director 12 de enero de
7 de julio de 2003
2004
Secretario de
21 de enero de 2008 23 de julio de 2009
despacho
Secretario de 11 de enero de
29 de junio de 2011
despacho 2012
Docente en Presentación de la
12 de mayo de 2006
propiedad demanda
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Demandante: Daniel González Rayo
Demandado: FOMAG
(iii) Afirmó que adquirió el estatus de pensionado el «12 de diciembre de 2017», al
cumplir el requisito de la edad —55 años— previsto en la Ley 33 de 1985 y 1.000
semanas de cotización.
(iv) Relató que mediante petición radicada el 29 de septiembre de 2021, le solicitó al
FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
33 de 1985, efectiva desde el momento en que adquirió el estatus de pensionado y en
compatibilidad con el salario.
(v) La parte accionada guardó silencio, por lo que se configuró el acto ficto acusado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Citó como normas vulneradas los siguientes artículos: (i) 1 de la Ley 33 de 1985; (ii)
15 de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1994;
(v) 279 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752
de 2003.
5. En el concepto de violación, luego de hacer un recuento de las normas que han
regulado la pensión ordinaria de jubilación, explicó que, para los docentes, con la
expedición de la Ley 91 de 1998 se unificó el régimen de prestaciones económicas y
sociales con el de los empleados públicos de orden nacional.
6. Sostuvo que el régimen pensional de los maestros oficiales debe analizarse
teniendo en cuenta la fecha de vinculación, de conformidad con la Ley 812 de 2003,
en tanto, si aquella tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada
disposición —27 de junio de 2003—, se aplica la Ley 33 de 1985; en caso contrario, la
Ley 100 de 1993.
7.En ese orden de ideas, sobre su vinculación antes de la Ley 812 de 2003, destacó
que debe considerarse su trayectoria en el sector público, en actividades distintas a la
docencia, que a su juicio resultan válidas para que su situación pensional se defina
según la Ley 33 de 1985.
8. Sobre el particular, a propósito de la distinción que realizó la Ley 812 de 2003 entre
las personas vinculadas antes y después de su entrada en vigor, sostuvo que entre las
primeras se encuentran los que ejercieron «alguna actividad en el sector público
diferente a la docencia, como por ejemplo, haber trabajado en la DIAN, en la POLICÍA,
EN LA CONTRALORÍA, EN LA RAMA JUDICIAL, EN EL AGUSTÍN CODAZZI, EN
UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, EN UN DISTRITO O ALCALCÍA, etc., y se le[s] aplica
la Ley 33 de 1995, dentro de la normatividad anterior como lo contempla la Ley 812 de
2003» —sic para cita—.
9. No obstante los anteriores argumentos, con los cuales pretende que se tenga en
cuenta su vinculación al sector público antes de la Ley 812 de 2003, indicó que aún si
solo se considerara que se vinculó como docente después de la anterior normativa,
también debe respetarse su derecho a pensionarse de conformidad con el régimen
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anterior a la Ley 100 de 1993, toda vez que tiene más de 20 años de servicio en el
sector oficial.
2.2. Contestación de la demanda
10. El FOMAG por medio de apoderado judicial, presentó escrito de contestación en el
que se opuso a las pretensiones de la demanda3, alegando, en síntesis, que el
demandante se vinculó como docente oficial con ocasión del Decreto 248 del 2 de
mayo de 2006, a partir del 12 de mayo de 2006, por lo tanto, que le son aplicables las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, según el inciso segundo del artículo 81 de la Ley
812 de 2003.
11. En ese sentido, manifestó, a luz de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que el
señor González Rayo no cumple con el requisito de las 1.300 semanas de cotización
requeridas para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
12. Asimismo, propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por
pasiva», «falta de integración del litisconsorcio necesario»4, «legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad», «inaplicabilidad de los intereses de mora»,
«prescripción de mesadas» y «sostenibilidad financiera».
2.3. Actuaciones relevantes en primera instancia
13. La demanda se radicó el 19 de enero de 20225 y fue admitida mediante auto del 14
de febrero del mismo año6.
14. El 24 de enero de 20237, el demandante, a través de su apoderada, informó que la
Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, en representación del
FOMAG, el 23 de enero del mismo año le notificó la Resolución 105 del 13 de enero de
2023, mediante la cual le reconoció una pensión de vejez de conformidad con la Ley
100 de 1993, de la cual aportó copia al presente proceso.
15. Afirmó que el anterior acto administrativo fue proferido sin competencia, pues para
el momento en que se dictó la presente demanda se había admitido.
16. A través de providencia del 16 de mayo de 20238, el Tribunal Administrativo de
Risaralda declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
3 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 8.
4 Argumentó que al proceso debe vincularse a la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, en tanto
si bien el FOMAG es el encargado de pagar las prestaciones económicas de los docentes oficiales, para tal efecto
se debe contar con el acto administrativo correspondiente, cuya elaboración es responsabilidad de la primera
entidad.
5 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «2_002ACUSERECIBO(.PDF) NroActua 1».
6 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 3.
7 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 11.
8 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 12.
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por pasiva y falta de integración del litisconsorcio necesario9; e indicó que las restantes
se decidirían en la sentencia.
17. Mediante auto del 25 de septiembre de 2023, el Tribunal resolvió lo siguiente:
• Prescindió de la audiencia inicial al fin de dictar sentencia anticipada, teniendo
en cuenta que las pruebas aportadas con la demanda y su contestación, que
incorporó, son suficientes para dictar una decisión de fondo.
• Fijó el litigio en los siguientes términos:
¿Es procedente declarar la nulidad del Acto Ficto configurado el día 29 de diciembre
de 2021 frente a la petición del 29 de septiembre de 2021, que niega el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación a los 55 años con 1000 semanas de cotización, sin
retiro definitivo del cargo de docente? de conformidad con el concepto de violación
planteado en la demanda.
En caso de ser procedente la nulidad de acto demandado, ¿es posible ordenar al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la liquidación y pago de la
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y prestaciones percibidas
antes del cumplimiento del [e]status jurídico el 12 de diciembre de 2017?
Como problemas jurídicos asociados.
¿Cuál es el régimen pensional aplicable al caso concreto?
En el evento en que sea procedente la nulidad y restablecimiento, ¿ha operado el
fenómeno prescriptivo de las mesadas?
• Ordenó que en firme la providencia, debía correrse traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio público para que rindiera concepto;
oportunidad de la que solo hizo uso el demandante, que fundamentalmente
reiteró las razones expuestas en la demanda e hizo algunas consideraciones
sobre la compatibilidad entre la pensión y el salario para los docentes oficiales.
Asimismo, en dicha intervención subrayó que sin competencia se dictó la
9 En síntesis consideró que: «el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado
que, es a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a quien le corresponde pronunciarse en relación con la petición del demandante, por devenir de su voluntad la
decisión que se demanda y aunque en el proceso de formación del acto administrativo demandado interviene la
secretaría de educación del ente territorial, al proyectar y suscribir los actos administrativos de reconocimiento de
las prestaciones económicas a cargo del ente demandado, esa actuación administrativa no constituye la
exteriorización o manifestación de la voluntad de la entidad territorial de la que esa dependencia hace parte, sino
que fueron expedidos en atención a la facultad otorgada por el artículo 3° numeral 4º del Decreto 2831 de 2005».
Agregó, que si bien las señaladas secretarías «elaboran los proyectos de actos administrativos de reconocimiento
de los mencionados docentes y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada de la administración
de los recursos del Fondo, los suscriben en representación de dicho Fondo por mandato de la ley y en esa medida
no obligan al ente territorial, razón por la cual dicha entidad no puede ser vinculada a la relación sustancial que dio
origen a la demanda».
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Resolución 105 del 13 de enero de 2023, que le reconoció la pensión,
circunstancia que puso de presente «para los fines pertinentes»10.
2.4. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del
6 de diciembre de 202311, negó las pretensiones por las siguientes razones:
19. Precisó que la controversia se circunscribe a la validez del acto ficto frente a la
petición de reconocimiento pensional que presentó el demandante el 29 de septiembre
de 2021, no a la legalidad de la Resolución 105 del 13 de enero de 2023 de la
Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, que le reconoció a aquel una
pensión de vejez según la Ley 100 de 1993. Esto en la medida que sobre el anterior
acto administrativo no recayó la petición de nulidad y, además, fue expedido después
de la radicación de la demanda.
20. Hecha la anterior aclaración, encontró probado que el señor González Rayo nació
el 26 de abril de 1954 y se desempeñó como empleado público desde el 27 de marzo
de 1989. Sin embargo, las labores que ejerció con anterioridad al 12 de mayo de 2006,
día en el que adquirió la condición de maestro oficial, fueron distintas a la docencia.
21. Resaltó la anterior circunstancia, porque de conformidad con la normativa12 y la
jurisprudencia en la materia13, «el régimen pensional de los docentes se establece
tomando como referencia la fecha de vinculación del docente al servicio educativo
estatal».
22. En ese sentido, resaltó que la entrada en vigor de la Ley 812 fue el 27 de junio de
2003, por ello, si el docente se vinculó con anterioridad a esta fecha, el régimen
pensional es el establecido en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. En cambio, si la
vinculación se dio con posterioridad, el régimen aplicable es el previsto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
23. De acuerdo con lo anterior, insistió en que, si bien el demandante fue empleado
público desde antes del 27 de junio de 2003, las certificaciones aportadas sobre el
particular corresponden a empleos en los que no se desempeñó como docente oficial,
condición que de conformidad con la Ley 812 de 2003, permite la aplicación de la Ley
33 de 1985.
24. Concluyó que se encuentra probado que la primera vinculación como docente oficial
del señor Gonzáles Rayo fue el 12 de mayo de 2006, de manera tal que le es aplicable
la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, el acto ficto o presunto que negó el reconocimiento
10 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 27.
11 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 29.
12 Especialmente el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
13 Hizo hincapié en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019, Rad. 680012333000201500569-
01 (0935-2017). M.P. César Palomino Cortés.
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de la pensión de jubilación al amparo de Ley 33 de 1985, se encuentra ajustado a
derecho.
25. En cuanto a las costas, las negó al no advertir su causación.
2.5. Recurso de apelación
26. El señor Daniel González Rayo, por medio de su apoderada judicial, presentó
recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. En su
escrito planteó, en síntesis, los siguientes argumentos14:
27. El Tribunal Administrativo de Risaralda debió tener en cuenta lo dispuesto en la Ley
33 de 1985, que reguló todo lo concerniente a la pensión ordinaria de jubilación de los
empleados oficiales. En ese orden de ideas, reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, tendientes a destacar que «al 26 de junio de 2003 ya se venía
desempeñando como servidor público, tal y como consta en su historia laboral», por lo
que está incluido en el régimen de transición de que trata el artículo 81 de la Ley 812
de 2003.
28. Con fundamento en lo anterior, insistió en que acreditó los requisitos establecidos
en la Ley 33 de 1985 para pensionarse, dado que, al haber nacido el 26 de abril de
1954, cumplió la edad de 55 años el «26 de abril de 2009» y ha prestado sus servicios
en el sector público durante más de 24 años.
29. Finalmente, realizó algunas consideraciones tendientes a ilustrar que el goce de la
pensión de jubilación no es incompatible con el salario que perciben los docentes.
2.4. Trámite procesal en segunda instancia
30. Esta corporación profirió auto el 26 de agosto de 202415, en el que admitió el
recurso de apelación y prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. También ordenó notificar por estado a las
partes y al Ministerio Público, que guardaron silencio.
31. Posteriormente, el señor Daniel González Rayo, mediante memorial del 12 de
marzo de 2025, solicitó que su situación pensional se defina con base en el régimen
que le resulte aplicable, en aplicación de los principios pro-persona, tutela judicial
efectiva y prevalencia del derecho sustancial. Adicionalmente, que se aplique el
precedente existente sobre la compatibilidad de la pensión y el salario como docente
oficial, independientemente del régimen con el que se adquiera esta16.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
14 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 33.
15 SAMAI, expediente 2022-00015-01, índice 5.
16 SAMAI, expediente 2022-00015-01, índice 13.
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conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestiones previas
33. Antes de establecer a partir de la sentencia de primera instancia y su
impugnación los principales problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad, estima
la Sala necesario pronunciarse sobre dos circunstancias relevantes que tuvieron lugar
con posterioridad a la admisión de la demanda. La primera, el surgimiento del acto
ficto cuya nulidad se solicita. La segunda, la existencia de un acto expreso a través del
cual se resolvió la solicitud de reconocimiento de la pensión cuyo reconocimiento se
pretende.
3.2.1. Del surgimiento del acto ficto acusado después de la admisión de la
demanda
34. En cuanto a la primera situación, resulta relevante porque da cuenta de un error
significativo en la interposición de la demanda: al momento de acudir a la jurisdicción,
el acto administrativo controvertido no había surgido a la vida jurídica. Incluso, tampoco
había nacido cuando se dictó el auto admisorio, lo que evidencia que el Tribunal
Administrativo de Risaralda no advirtió la ineptitud del escrito introductorio.
35. La anterior situación tuvo lugar porque tanto el accionante como el juez de
primera instancia consideraron que el acto ficto controvertido, producto de la no
resolución de la petición elevada por aquel el 29 de septiembre de 2021, con el fin de
obtener el reconocimiento de su pensión, se configuró a los 3 meses siguientes, el 29
de diciembre del mismo año, teniendo en cuenta el primer inciso del artículo 83 de la
Ley 1437 de 2011 que señala:
ARTÍCULO 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de
la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la
resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se
producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse
la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las
autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que
habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda. (Se destaca).
36. No obstante, no advirtieron lo que indica de manera inequívoca el segundo
inciso, esto es, que en los eventos en que la ley establezca un plazo superior a 3
meses para resolver la petición, el silencio administrativo negativo se configurará un
mes después del vencimiento del término correspondiente; situación que resultaba
aplicable al caso de autos, toda vez que para la resolución de peticiones de
reconocimiento pensional se previó un plazo de 4 meses, de conformidad con el
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artículo 19 del Decreto 656 de 199417 y lo ha expuesto la Corte Constitucional18, salvo
que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de
la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.
37. En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se señala en la
parte considerativa del Decreto 1272 de 201819, este a través del artículo
2.4.4.2.3.2.420 ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de
reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos
2.4.4.2.3.2.10 y 2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de
las peticiones que amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del
mencionado fondo.
38. En ese orden de ideas, como la petición de reconocimiento de la pensión de
jubilación se presentó el 29 de septiembre de 202121, el plazo de 4 meses para resolver
venció el 29 de enero de 2022; lo que quiere decir que la configuración del acto ficto
negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA, tuvo lugar un mes
después, el 29 de febrero de 2022.
39. Establecido el momento en que surgió el acto cuya nulidad se pretende, resulta
evidente que al radicarse la demanda el 19 de enero de 202222 y admitirse el 14 de
febrero del mismo año23, se pasó por alto que no se había cumplido el plazo legalmente
establecido para que se entendiera configurado el silencio administrativo negativo.
40. La anterior circunstancia denotaría la ineptitud de la demanda, pues se planteó
una controversia sobre la validez de un acto que no existía al momento de acudir a la
jurisdicción, situación que a su vez implicaría considerar la ausencia de uno de los
presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de fondo.
En otras palabras, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.
41. Sobre el particular se recuerda que desde la perspectiva del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.), que también
está consagrado en instrumentos internacionales como la Convención Americana
sobre Derecho Humanos (art. 25), las decisiones inhibitorias «son solamente
admisibles cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento
jurídico aplicable»24 para dictar una decisión de fondo; lo que implica que previamente
17 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan
acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses.
[…]».
18 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556
de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.
19 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el
reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
20 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el
riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o
las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de
los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».
21 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 24 a
28.
22 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «2_002ACUSERECIBO(.PDF) NroActua 1».
23 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 3.
24 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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debió haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para
resolver», pues «(d)e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría
apartando por completo del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que
de la obligación que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»25.
42. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado26, han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe
decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un
excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna
por:“(i) impartir justicia,27 (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real,28 y (iii) evitar pronunciamientos
inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia
y de los derechos materiales.29”»30.
43. Esta perspectiva de análisis cobra mayor relevancia cuando en las
controversias respectivas está de por medio la garantía del «derecho al reconocimiento
y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho
fundamental e irrenunciable a la seguridad social»31, que como lo ha subrayado la
Corte Constitucional, no es «una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se
constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro»32;
motivo por el cual «quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios
exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por ese solo hecho, de
un derecho adquirido a disfrutar de la misma y éste no puede ser restringido ni
obstaculizado por cuestiones ajenas a sus obligaciones y responsabilidades con el
sistema»33.
44. En esta oportunidad, la discusión gira en torno a las condiciones en que debe
25 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad.
25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César
Palomino Cortés.
27 Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que puede
“producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las
formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son
medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial
accionada había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “contra de su
papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que
le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad
accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los
derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda
de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas”.
28
Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta, “cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y
aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho
sustancial”. Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637 de 2010.
29 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía de obtener
respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las
medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma
implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T-
1017 de 1999.
30 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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Demandante: Daniel González Rayo
Demandado: FOMAG
reconocerse el derecho a la pensión del señor Daniel González Rayo, de 70 años de
edad34, quien según la solicitud de impulso procesal radicada el 13 de mayo del año
en curso fue diagnosticado con cáncer35, y que desde el 19 de enero de 2022 acudió
a la jurisdicción con el fin de que se esclarezca su situación pensional, de manera tal
que ha invertido más de 3 años en ese propósito; circunstancias que a juicio de la Sala
harían desproporcionado frente a la garantía de los derechos de acceso a la
administración de justicia y seguridad social, que se dictara a esta altura del proceso
un fallo inhibitorio, que significaría que el demandante nuevamente deba acudir a las
autoridades judiciales para la definición de su situación.
45. Ante este panorama y por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una
alternativa que permita proferir una decisión de fondo en el caso de autos, sustentada
en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la
C.P.), en virtud del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho
procesal, sino que debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los
derechos sustanciales, en este caso fundamentales36.
46. A partir de las anteriores consideraciones, advierte la Sala que si bien el juez de
primera instancia al admitir la demanda no advirtió su ineptitud, también lo es que el
acto ficto acusado por mandato legal surgió el 29 de febrero de 2022, instante para el
cual no se le había notificado a la parte accionada sobre la existencia del proceso, de
manera tal que cuando tuvo conocimiento de este—el 19 de abril del mismo año37—,
se enteró de una reclamación en su contra por no haber resuelto una petición
pensional, y aún más, que se acusaba que por su omisión se produjo un acto ficto
negativo.
47. Dicho de otro modo, pese al error en que incurrieron el accionante y el Tribunal
Administrativo de Risaralda acerca del instante en el que surgió el acto que negó la
pensión, este sí existía para el momento en que se notificó al FOMAG de la demanda
en su contra, por lo que para todos los sujetos procesales fue diáfano que la
controversia planteada versaba sobre la negativa a la petición del accionante del 29
de septiembre de 2021, de reconocer su pensión en un monto equivalente «al 75% de
los salarios y primas recibidas, anteriores al cumplimiento del [es]tatus jurídico de
pensionado, es decir[,] a partir del 29 de junio de 2017»38.
48. Es más, partiendo del anterior hecho, esto es, la existencia de un acto ficto que
negó la petición del 29 de septiembre de 2021, las partes durante dos instancias han
tenido la oportunidad de exponer ampliamente las razones por las cuales consideran
que la pensión solicitada debe o no reconocerse, y en caso afirmativo en qué términos,
de manera tal que el aspecto central de la controversia, la situación pensional del señor
González Rayo, ha sido debatida de principio a fin, sin que se haya visto afectada por
un aspecto de menor relevancia como el día en que debe entenderse emitida la
decisión acusada.
34 Según su documento de edad nació el 26 de abril de 1954.
35 Samai, expediente 2022-00015-01, índice 15.
36 En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
37 Teniendo en cuenta que el correo para efectuar la notificación personal se envió el 8 de abril de 2022, de manera
tal que la notificación se surtió a los 2 días hábiles siguientes (art. 205 del CPACA), que transcurrieron el 18 y 19
de abril de 2022, porque el 9 y 10 fueron sábado y domingo, y del 11 al 17 tuvo lugar la vacancia judicial durante la
Semana Santa. SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 7.
38 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», página 24.
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49. Asimismo, desde la perspectiva de la teoría de la causa petendi, es importante
destacar que los hechos que sustentan la pretensión permanecieron inalterados: la no
resolución de la petición de reconocimiento pensional del 29 de septiembre de 2021.
El error en la determinación del momento exacto de configuración del acto ficto no
alteró la identidad del objeto procesal ni afectó la comprensión de las partes sobre la
materia controvertida. La causa petendi se estructura sobre la misma omisión
administrativa y la misma pretensión de reconocimiento pensional, de manera que
variaciones menores en la fundamentación jurídica sobre el momento exacto del
silencio administrativo no afectan la validez sustancial del proceso.
50. Confirma lo anterior el hecho de que la parte accionada no invocó alguna
circunstancia relacionada con la configuración del silencio administrativo negativo que
le impidiera a entrar al debate sobre la procedencia o no del reconocimiento pensional.
Esta conducta procesal de la entidad demandada refuerza la validez de continuar con
el trámite y proferir decisión de fondo, pues evidencia que para todos los sujetos
procesales fue claro desde el inicio que el objeto del debate era la negativa a reconocer
la pensión solicitada el 29 de septiembre de 2021.
51. Por consiguiente, constatado que alrededor de la negativa de la petición de
reconocimiento de la pensión del actor, que es un hecho cierto para el instante en que
se notificó a la parte accionada la demanda en su contra, se ha desarrollado un debate
con todas las garantías, no se advierte impedimento alguno para que la controversia
se decida de fondo y de manera definitiva en segunda instancia, esto es, para que se
administre justicia materialmente; finalidad cuya consecución no puede entorpecerse
a partir de consideraciones de índole formal, en especial cuando no han incidido en la
adecuada comprensión del objeto de la litis: si el ciudadano Daniel González Rayo
tiene derecho a la pensión y, en caso afirmativo, en qué términos.
52. En ese orden de ideas, la Sala considera que el defecto formal de la demanda
no constituye un impedimento para que la controversia pensional de la referencia se
defina, teniendo en cuenta que, para las partes desde el inicio del trámite, es claro que
la discusión gira en torno a la negativa de la petición del 29 de septiembre de 2021,
más allá del día en que se configuró el acto administrativo ficto negativo.
53. No obstante lo anterior, con el fin de que situaciones como la descrita no se
repitan, se exhortará al Tribunal Administrativo de Risaralda, a fin de que en el análisis
de la admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto.
3.2.2. La existencia de un acto expreso a través del cual se resolvió la solicitud
de reconocimiento de la pensión
54. En segundo lugar, como se advierte del relato de los antecedentes, no puede
pasar por alto la Sala que durante el transcurso del proceso, alrededor de 11 meses
después de admitida la demanda39, el 24 de enero de 2023, el señor González Rayo
informó que la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas le reconoció,
de conformidad con la Ley 100 de 1993, dicha prestación mediante la Resolución 105
del 13 de enero de 2023.
39 Se recuerda que la demanda se admitió el 14 de febrero de 2022.
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55. La anterior circunstancia es relevante, toda vez que el proceso de la referencia
gira en torno al reconocimiento o no derecho a la pensión de vejez del demandante,
por lo que los pronunciamientos de las autoridades involucradas podrían tener
incidencia en el análisis que se emprende en esta oportunidad y/o en las decisiones
que se adopten.
56. Dicho esto, lo primero que debe precisarse, es que como la Resolución 105 del
13 de enero de 2023 se expidió después de la presentación de la demanda y la
posibilidad de reformarla, no se solicitó su nulidad y, por ende, a través del presente
trámite no hay lugar a definir sobre su permanencia en el ordenamiento jurídico.
57. Sin embargo, esta circunstancia no impide que el juez, de oficio o a petición de
parte, inaplique, con efectos interpartes y solo en relación con el proceso
correspondiente, los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o
la ley, como lo señala el artículo 148 de la Ley 1437 de 201140.
58. Se hace alusión a la posibilidad del control por vía de excepción, porque en el
presente asunto la Resolución 105 del 13 de enero de 2023 se pronunció sobre uno
de los aspectos centrales de la controversia, es más, produjo efectos respecto de la
situación pensional del demandante, de manera que no puede pasarse por alto; pero
también, porque salta a la vista que se dictó sin competencia.
59. Sobre este último aspecto se recuerda que, de conformidad con el inciso tercero
del artículo 83 del CPACA, en tratándose de los actos administrativos producto del
silencio administrativo negativo, la autoridad ante la cual se formuló una petición no
queda eximida del deber de resolverla, por el hecho de que se entienda como una
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia del solicitante que la
administración se pronunció en sentido negativo, «salvo que el interesado haya hecho
uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio
de la demanda» —negrilla fuera de texto—.
60. Se destaca la segunda circunstancia, que constituye una excepción al deber de
las autoridades de responder de fondo las peticiones, a pesar de la configuración del
silencio administrativo negativo, porque constituye el límite temporal que tienen para
pronunciarse sobre el asunto que les fue requerido y/o consultado. Lo anterior, en la
medida que una vez este se ventiló ante la jurisdicción, en virtud de una demanda
admitida y notificada a los interesados, el único competente para definirlo es el juez.
61. Precisamente, esto fue lo que ocurrió en el caso de autos, debido a que a
propósito de la discusión existente sobre la legalidad del acto presunto que negó la
petición de reconocimiento y pago de la pensión del señor Daniel González Rayo, se
admitió la demanda el 14 de febrero de 202241 y se notificó a la parte pasiva el 19 de
abril del mismo año, instante a partir del cual la administración perdió competencia
para pronunciarse sobre la situación pensional del demandante; lo que significa que la
40 «ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los
actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro
del cual se adopte».
41 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 3.
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Resolución 105 del 13 de enero de 2023 se dictó sin competencia.
62. Así las cosas, para efectos de decidir la presente controversia, se inaplicará la
anterior resolución, motivo por el cual el estudio de legalidad del acto administrativo
ficto acusado se realizará en el entendido que no se ha reconocido válidamente la
pensión de vejez que reclama el señor Daniel González Rayo.
3.3. Problemas jurídicos
63. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 32842 del Código General del Proceso —en adelante CGP—, corresponde a
la Sala definir si:
(i) ¿El señor Daniel González Rayo Losada tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la
Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, prestó sus servicios en el sector público en actividades distintas a la docencia
oficial?
(ii) En caso negativo, ¿el demandante tiene derecho a la pensión de conformidad con
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?
(iii) De ser procedente el reconocimiento de la pensión, ¿esta es compatible con el
salario como docente?
64. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; y (iii) la compatibilidad de la pensión y
la prestación del servicio docente.
65. A partir de estas consideraciones, se destacarán los hechos probados más
relevantes, y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los
interrogantes planteados.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
66. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
42 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
67. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198943, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
68. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
69. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del
1 de enero de 1990.
70. Sin embargo, la Ley 812 de 200344 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia —27 de junio de 2003— se regirían por el régimen
de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una
particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos
géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo
transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».
71. Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional —leyes 33 de 1985 o 71 de 1988—;
mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.4.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201945
72. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base
43 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
44 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
45 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
73. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:
(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198546, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto
se indicó lo siguiente:
«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo».
74. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
Edad: 55 años para hombres y mujeres.
Tiempo de servicio: 20 años.
Tasa de reemplazo: 75%.
IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62
de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
75. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
46 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público».
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posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de
201847.
(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al FOMAG, les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. En ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de
1994, sobre los cuales se hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación
con tales docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla:
«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones».
76. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:
Edad: 57 años para hombres y mujeres.
Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003.
Tasa de remplazo: 65%-85%48, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii) los
factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor
de salario), las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por
servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
77. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso base
cotización.
78. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas
reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
47 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
48 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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jurisprudencia de esta Sección49, de la siguiente manera:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos
de prestación de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad —carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios—.
79. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.
3.4.3. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
80. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades 50, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
81. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:
(i) El Decreto 224 de 197251 —art. 5— que estableció que el ejercicio de la
docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
49 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
50
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
51 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
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(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197952 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199353 —art. 6— que ratificó, durante su vigencia54, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».
(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la
cual, tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha
considerado que no hace alusión a los docentes pensionados para el momento
en que entró en vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha
beneficiaban a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia
del 8 de agosto de 201955 se reiteró:
Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
52 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
53 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
54 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
(vi) El artículo 1956 de la Ley 344 de 199657, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»58.
(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4559 del Decreto
1278 de 200260, declarado inexequible por la Corte Constitucional —sentencia
C-1157 de 200361—, al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para
56 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor
público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
57 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
59 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
60 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
61 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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la que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202462 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública63.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.
82. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad64 o posterioridad65 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
83. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
63 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
65 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
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84. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.
3.5. Hechos probados
85. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Daniel González Rayo nació el 26 de abril de 195466. A la fecha en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión —29 de septiembre de 202167—, tenía 67 años.
(ii) Según la certificación electrónica de tiempo laborados del 3 de septiembre de 2021
—CETIL—, el accionante trabajó como empleado público en el municipio de
Dosquebradas, en los siguientes periodos, en los cuales realizó cotizaciones al
«ISS/COLPENSIONES»68:
Entidad Cargo Desde Hasta
23 de septiembre 28 de julio de
Profesional
de 1991 1995
universitario
Profesional 7 de enero de 8 de junio de
especializado 1997 1999
Subsecretario 30 de junio de 19 de enero de
Municipio de
de despacho 1999 2001
Dosquebradas
Director 12 de enero de
7 de julio de 2003
2004
Subsecretario 21 de enero de 23 de julio de
de despacho 2008 2009
Subsecretario 29 de junio de 11 de enero de
de despacho 2011 2012
(iii) Entre el 7 y el 17 de marzo de 2006 —11 días— laboró en la Registraduría Nacional
del Estado Civil como técnico administrativo, según la certificación electrónica de
tiempos laborados del 25 de agosto de 2021 —CETIL—69.
(iv) Según el «Formato único para la expedición de certificado de historia laboral» 70
expedido por el FOMAG, expedido el 16 de septiembre de 2021, el demandante se
vinculó como docente a la Secretaría de Educación del municipio de Dosquebradas el
12 de mayo de 2006 y reporta un tiempo total de servicio de 13 años, 10 meses y 2
días.
66 Según se aprecia en la cédula de ciudadanía y en el registro civil de nacimiento de Daniel González Rayo, visibles
en: SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 31 a
33.
67 La petición puede apreciarse en: SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento
«1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 24 a 28.
68 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 34 a
41.
69 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 55 a
57.
70 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 67 a
70.
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Demandante: Daniel González Rayo
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El anterior tiempo de servicio, según la certificación, es producto de restar a la totalidad
del tiempo de vinculación del señor González Rayo —15 años, 4 meses y 5 días—,
computado desde el ingreso —12 de mayo de 2006— a la fecha de emisión de la
certificación —16 de septiembre de 2021—, las ausencias reportadas en virtud de una
comisión y una licencia no remuneradas que equivalen a 1 año, 6 meses y 4 días, que
se presentaron (i) del 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo año, y (ii) del
29 de junio de 2011 al 31 de diciembre de la misma anualidad.
Sobre la prestación de servicio docente por parte del demandante en la Secretaría de
Educación del Municipio de Dosquebradas desde el 12 de mayo de 2006, también se
encuentra una certificación laboral de esta entidad, expedida el 15 de agosto de
201971, y el acta de posesión correspondiente72.
Sobre el particular, también obra en el expediente copia del Decreto 248 del 2 de mayo
de 2006 del alcalde del Municipio de Dosquebradas, mediante el cual se nombró al
docente Daniel González Rayo73.
(v) Desde el 1 de junio de 1975 hasta el 31 de enero de 2012, el accionante realizó
aportes al ISS y completó 1.244,57 semanas de cotización74, equivalentes a 24 años,
2 meses y 12 días.
En el anterior reporte de semanas se evidencia cotizaciones por vinculaciones al sector
privado y público, entre estas se encuentran las correspondiente (i) al tiempo en que
trabajó como profesional universitario, profesional especializado, director y
subsecretario de despacho para el Municipio de Dosquebradas —numeral ii de este
párrafo— y (ii) como técnico administrativo para la Registraduría Nacional del Estado
Civil —numeral iii de este párrafo—.
(vi) De las circunstancias expuestas y en aras de precisar cuánto tiempo de servicio el
accionante acreditó dentro del trámite de la referencia, se advierte que, entre lo
reportado por el FOMAG y COLPENSIONES —antes ISS—, existen periodos que se
traslapan, por lo que, para no contabilizarlos dos veces, se descontarán algunas de
las semanas de cotización ante la segunda de las entidades.
Para tal efecto, se observa que las semanas reportadas por COLPENSIONES que
presentan la anterior situación, son las correspondientes del 1 de enero de 2008 al 31
de enero de 2012, esto es 101,8775, tiempo durante el cual, salvo 2 interrupciones, el
demandante estuvo vinculado como docente a la Secretaría de Educación del
Municipio de Dosquebradas, según el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral expedido por el FOMAG.
Esto quiero decir que, de las 1.244,57 semanas de cotización reportadas a
COLPENSIONES, a efectos de no computar dos veces el mismo tiempo de servicio, se
descontarán 101,87, para un total de 1.142, 7, que corresponden a lo cotizado entre 1
71 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», página 71.
72 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», página 79.
73 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 77-78.
74 SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento «1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 58 a
66.
75 Según se extrae del formulario respectivo. SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento
«1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 58 a 66.
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de junio de 1975 al 31 de marzo de 200676.
Ahora bien, no se desconoce que, durante el tiempo de servicio docente acreditado en
este proceso (del 12 de mayo de 2006 al 16 de septiembre de 2021), el FOMAG precisó77
que en virtud de (i) una comisión del 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo
año y (ii) una licencia del 29 de junio de 2011 al 31 de diciembre de la misma anualidad,
el demandante no trabajó como maestro por 1 año, 6 meses y 4 días, lapso durante el
cual según se desprende de la certificación electrónica de tiempo laborados del 3 de
septiembre de 2021 —CETIL—, el señor González Rayo se desempeñó como
subsecretario de despacho del municipio de Dosquebradas, por lo que ese año, 6
meses y 4 días debe tenerse en cuenta para efectos pensionales.
(vii) En suma, de las circunstancias hasta aquí expuestas sobre el tiempo de servicio
del accionante y, en aras de no computar dos veces los periodos trabajados, se
encuentran acreditado lo siguiente:
Entidad/vinculación Fechas Tiempo
ISS —ahora Cotizaciones realizadas 1.142, 7 semanas, que
COLPENSIONES— entre 1 de junio de 1975 al corresponde a 22 años, 2
31 de marzo de 2006 meses y 19 días
FOMAG – Secretaría Del 12 de mayo de 2006 al 13 años, 10 meses y 2 días.
de Educación del 16 de septiembre de 2021, Equivalen a 4.982 días, que
Municipio de descontando el tiempo no corresponden a 711,71
Dosquebradas laborado por comisión y semanas
licencia
Subsecretario de (i) 2 de enero de 2008 al 31 1 año, 6 meses y 4 días.
despacho del de diciembre del mismo año Equivalen a 544 días, que
municipio de y (ii) del 29 de junio de 2011 corresponden a 77,71
Dosquebradas al 31 de diciembre de la semanas.
misma anualidad.
Total 37 años, 6 meses y 25 días,
que equivalen a 1.932,12
semanas
(viii) El 29 de septiembre de 2021 el señor Daniel González Rayo solicitó a la
Secretaría de Educación del municipio de Dosquebradas, el reconocimiento y pago de
76 Se destaca que entre el 31 de marzo de 2006 al 1 de enero de 2008, no se reportan cotizaciones ante el ISS y/o
Colpensiones.
77 En el formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 16 de septiembre de 2021.
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la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, con el 75% de los
factores salariales devengados en el último año de servicio78.
3.6. Análisis del caso concreto
3.6.1. Del régimen aplicable a la situación pensional del demandante
86. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que la
situación pensional del demandante no podía resolverse en aplicación de la Ley 33 de
1985. Advirtió que este no era beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en la medida en que no acreditó una vinculación al
servicio docente con anterioridad al 27 de junio de 2003.
87. Inconforme con la anterior decisión, el señor González Rayo alegó que sí está
amparado por el anterior régimen, teniendo en cuenta que registra vinculaciones al
sector público antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
88. De la revisión de las pruebas allegadas al expediente, la Sala corrobora que el señor
González Rayo ingresó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, a saber, el 2 de mayo de 2006 en virtud del nombramiento que le
hizo el alcalde del municipio de Dosquebradas, lo que le permitió prestar el servicio
como maestro oficial desde el 12 del mismo mes.
89. Porconsiguiente, contrario a lo manifestado por el demandante, su situación
pensional se debe regir por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por disposición
expresa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
90. Al respecto, cabe precisar que la vinculación con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
como lo precisa la misma norma —art. 81—, tiene como nota característica que se
trate de vinculaciones al servicio docente oficial, por lo que no es suficiente acreditar,
para recibir el tratamiento especial que el ordenamiento jurídico concede a un sector
de los maestros, cualquier tipo de vinculación de carácter público antes del 27 de junio
de 2003.
91. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo una sola situación: la
vinculación docente antes o después del 27 de junio de 2003. Con esta precisión se
buscó, por un lado, avanzar en el objetivo de unificar los distintos regímenes
pensionales, indicando que a los docentes oficiales que se vinculen después de la Ley
812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media —con excepción de la edad—
. Por otro, garantizar la expectativa legítima de aquellos que prestaron sus servicios
antes del cambio normativo, quienes esperaban pensionarse con normas anteriores a
la Ley 100 de 1993.
92. Por tal motivo, so pena de desconocer el señalado criterio, no es de recibo que el
accionante pretenda equipar la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003, con
cualquier tipo de vinculación al sector público con anterioridad a dicha normativa; de
allí que no resulte válido, como se indicó en primera instancia, que aquel, a partir del
tiempo en que se desempeñó como profesional universitario, profesional especializado
78 La petición puede apreciarse en: SAMAI, expediente 2022-00015-00, índice 1, documento
«1_001DEMANDA(.PDF) NroActua 1», páginas 24 a 28.
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o subsecretario de despacho del municipio de Dosquebradas, pretenda beneficiarse
del trato especial que el legislador le concedió a un sector de los maestros oficiales.
93. Dicho de otro modo, aceptar la tesis de la parte demandante, consistente en que
cualquier tipo de vinculación de carácter público con antelación a la Ley 812 de 2003
le permite definir su situación pensional sin tener en cuenta la Ley 100 de 1993,
desconoce que el trato preferente que se conservó con el artículo 81 de aquella solo
se otorgó a un sector de la población: los docentes «vinculados al servicio público
educativo oficial», y no a la totalidad de ellos, sino únicamente a quienes tuvieron dicho
vínculo con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812, comoquiera que los
demás son destinatarios de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en los términos
descritos.
94. En conclusión, el señor Daniel González Rayo no tiene derecho a que su situación
pensional se decida a partir de la aplicación integral de la Ley 33 de 1985, aunque
estuvo vinculado al sector público, ejerciendo labores distintas a la docencia, antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
95. Cuando se afirma que no hay lugar a aplicar integralmente la Ley 33 de 1985, se
hace alusión a que constituya el parámetro para establecer los requisitos para obtener
la pensión, así como la tasa de remplazo y el IBL79.
96. Lo expuesto, en atención a que por favorabilidad es viable considerar que los
docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003, a quienes se les aplica
la Ley 100 de 1993 y cumplen los requisitos del régimen de transición de esta, es decir,
«que al momento de entrar en vigencia el Sistema [1 de abril de 1994 o 30 de junio de
1995 si se trataba de un servidor territorial] tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados»80, su situación pensional se defina con
fundamento en la normativa anterior, que sería aplicable en cuanto a tiempo de
servicios, edad y tasa de reemplazo, pero no respecto al ingreso base de liquidación,
pues este se calcularía a partir de los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
que, según lo ha precisado esta corporación, corresponde a:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
79 Es decir: Requisitos de 55 años de edad y 20 de servicio en el sector público. Tasa de reemplazo del 75%. IBL
que comprende (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985 y normas especiales.
80 Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE 81.
97. En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta, toda vez que la alternativa
pensional que se viene describiendo se deriva de la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, deben considerarse los previstos en el Decreto 1158
de 1994, que estableció «el salario mensual base para calcular las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo» (art.
1). Además, aquellos que han sido considerados como factores salariales para todos
los efectos legales y respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes
correspondientes.
98. Ahora bien, vale la pena recordar que la aplicación del régimen de transición de que
trata la Ley 100 de 1993 también fue limitada por el Acto Legislativo 01 de 2005, que
en su parágrafo 4 indicó:
[E]l régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen.
99. Teniendo la anterior modificación, la jurisprudencia de esta Sección de manera
uniforme y reiterada82 ha concluido que una persona puede acceder a su derecho
prestacional bajo el régimen de transición al cual se encontraba afiliado, si logra
demostrar los siguientes supuestos fácticos: (i) que al 1 de abril de 1994 o 30 de junio
de 1995, según el caso (vinculación nacional o territorial), tenía 35 o más años para
mujeres, 40 o más años para hombres; o (ii) que independientemente de la edad, a la
anterior data realizó cotizaciones por más de 15 años; (iii) que a la fecha de entrada
en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, contara al menos con 750 de cotización para
conservar el régimen de transición hasta el año 201483; y (iv) que para el 31 de
diciembre de 2014 —fecha de finalización del régimen de transición de la Ley 100 de
1993—, consolide su estatus pensional, con la edad y el tiempo de servicio exigido en
el respectivo régimen especial.
100. Al analizar la anterior posibilidad en el presente asunto, que permitiría la
aplicación de la Ley 33 de 1985, por vía del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, también se descarta, teniendo en cuenta que si bien es cierto al 30 de junio de
1995 —debido a la vinculación territorial que para ese entonces tuvo el accionante—
el señor González Rayo tenía 41 años de edad84, también lo es que no alcanzó a
consolidar su estatus pensional para el 31 de diciembre de 2014, pues para ese
81 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-
23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
82 Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de las subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado: (i) fallo del 4 de febrero del 2021, exp. 2015-00445-01/2448-2018, (ii)
fallo del 13 de mayo de 2021, exp. 2016-00596-01/6482-2019, (iii) fallo del 11 de noviembre de 2021, exp. 2014-
00140-01/2741-2017, y (iv) fallo del 13 de abril de 2023, exp. 2017-01340-01/1024-2021.
83 Sobre el particular se pueden consultar sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017 de la Corte Constitucional
84 Considerando que nació el 26 de abril de 1954.
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entonces no tenía los 20 años de servicios públicos que exige la Ley 33 para
pensionarse85.
101. En consecuencia, el demandante en manera alguna está amparado por la
Ley 33 de 1985. Debido a su vinculación docente después de la Ley 812 de 2003, tiene
«los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
[l]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres»86.
102. En los términos expuestos, la respuesta al primer problema jurídico es
negativa.
3.6.2. Del análisis de la situación pensional del demandante en aplicación de la
Ley 100 de 1993
103. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que, si bien no fue factible el
reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985, el juez debe
examinar si ello es posible por el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
104. Esto es así, en la medida en que se encuentra en discusión una situación
jurídica relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, que es
irrenunciable, de aplicación inmediata y de tutela efectiva por parte de la administración
de justicia. Ello no significa que al emprender dicho análisis se quebranten los
principios de justicia rogada o de congruencia, puesto que, en todo caso, el trámite
administrativo y judicial estuvo circunscrito a los derechos pensionales del
demandante; de allí que al fijar el litigio se planteara: «¿Cuál es el régimen pensional
aplicable al caso concreto?».
105. Así, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para acceder a la
pensión de vejez son los siguientes:
(i) La edad de 55 años si es mujer o de 60 años si es hombre; aunque desde el 1 de
85 En efecto, al 31 de diciembre de 2014 se advierte que el tiempo de servicio de naturaleza pública asciende a
17 años y 4 meses, sumando las siguientes vinculaciones:
A. Los tiempos públicos de semanas cotizadas al ISS, reportadas por Colpensiones, que no presentan
superposiciones con cotizaciones al FOMAG, laborados al servicio del municipio de Dosquebradas que
corresponden a los siguientes: (i) del 26 de septiembre de 1991 al 31 de mayo de 1995 (3 años, 8 meses y 6
días); (ii) del 1 de junio de 1995 al 31 de agosto de 1995 (3 meses y 1 días); (iii) del 1 de enero de 1997 al 31 de
enero de 2001 (4 años, 1 meses y 1 día); (iv) del 1 de julio de 2003 al 31 de enero de 2004 (7 meses y 1 día).
Aunque en los periodos antes señalados no coinciden en algunos días con la información reportada en la
certificación electrónica de tiempo laborados del 3 de septiembre de 2021 —CETIL—, se tiene en cuenta lo indicado
en el reporte de semanas cotizadas ante el ISS, en la medida que resulta más favorable al accionante por contener
tiempos de trabajo más extensos que los consignados en el primer documento.
B. En la Registraduría Nacional del Estado Civil del 1 de marzo de 2006 al 31 del mismo mes y año, lo que
equivale a 1 mes y 1 día; según el reporte de semana ante el ISS. Tiempo que es superior al indicado en CETIL.
C. El tiempo transcurrido del 12 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de 2014, en el que el actor laboró como
docente y en algunos lapsos al servicio del Municipio de Dosquebradas, que equivale a 8 años, 7 meses y 20
días.
86 Ley 812 de 2003, artículo 81. «Régimen prestacional de los docentes oficiales. […] Los docentes que se vinculen
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez
que será de 57 años para hombres y mujeres […]».
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enero de 2014 aumentaron a 57 y 62, respectivamente. Sin embargo, en el caso de
los docentes, la edad será 57 años en ambos casos, en virtud del artículo 81 de la Ley
812 de 2003.
(ii) El tiempo de cotización de mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo, que se
incrementan hasta llegar a 1.300, en el año 2015.
106. Así las cosas, de las pruebas aportadas al expediente, la Sala observa que
el señor Daniel González Rayo cumplió 57 años el 26 de abril de 201187, instante para
el que tenía más de 1.300 semanas, teniendo en cuenta lo siguiente:
Entidad/vinculación Fechas Tiempo
ISS —ahora COLPENSIONES— Cotizaciones realizadas 1.142, 7 semanas.
entre 1 de junio de 1975
al 31 de marzo de 2006
Municipio de Dosquebradas —
semanas sin traslape—
• 12 de mayo de 2006 al 1 de
enero 2008 —docente— Del 12 de mayo de 2006 4 años, 11 meses y 15 días.
al 26 de abril de 2011 Equivalen a 1.785 días, que
• 2 de enero de 2008 al 31 de corresponden a 255 semanas.
diciembre del mismo año —
subsecretario de despacho—
• 1 de enero de 2009 al 26 de
abril de 2011 —docente—
Total 1.397,7 semanas
107. La anterior información permite concluir que el demandante, al amparo de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, adquirió el estatus de pensionado el 26 de abril de
2011, al cumplir 57 años y más de 1300 semanas de cotización; y (ii) que acreditó los
requisitos del régimen de prima media para el reconocimiento de la pensión de vejez.
3.6.3. Del reconocimiento de la pensión en compatibilidad con el salario
108. Esclarecido que el demandante adquirió el derecho a la pensión, cabe resaltar
que los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición de devengar doble
asignación del erario, de ahí que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez no
está supeditada al retiro del servicio, motivo por el cual los maestros oficiales pueden
devengar su salario y la mesada pensional, como se explicó en el numeral 3.4.3 de
esta providencia.
109. Al respecto, la Sala reitera, por un lado, que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
establece que las prestaciones de los afiliados al FOMAG serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración. Por otro, que a partir del análisis del
87 Teniendo en cuenta que nación el 26 de abril de 1954.
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literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, se puede concluir que los docentes
oficiales gozan de la prerrogativa de la compatibilidad entre el salario y la pensión.
110. Por esta razón, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez no está supeditada
al retiro del servicio, inclusive, para los vinculados con posterioridad al 27 de junio de
200388. Esto, por cuanto la referida compatibilidad se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad docente
y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por tal motivo, no es dable
limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico,
puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
111. Por lo tanto, la respuesta al tercer problema jurídico es positiva, en el sentido
que al señor González Rayo le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez, de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir
de la fecha en la que adquirió el estatus pensional, esto es, desde el 26 de abril de
2011 [cuando cumplió el requisito de la edad], sin que deba acreditar el retiro del
servicio.
3.6.4. Sobre el reconocimiento pensional
112. En consecuencia, como el demandante sí tiene derecho a la pensión vejez,
contrario a lo concluido por el acto acusado, se declarará su nulidad y a título de
restablecimiento del derecho se ordenará a la parte accionada reconocer y pagar dicha
prestación a favor del señor Daniel González Rayo con el promedio de lo devengado
durante los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió el estatus de pensionado,
con el monto correspondiente, de acuerdo con el número de semanas cotizadas al
momento de dar cumplimiento a esta providencia, el cual no podrá superar el 80% de
la asignación básica mensual y deberá tener en cuenta los factores fijados en el
Decreto 1158 de 1994 y en normas especiales respecto de los cuales se hayan
efectuado los correspondientes aportes al Sistema de Seguridad Social, sin que le sea
exigible el retiro del servicio educativo docente.
113. En cuanto a las semanas a tener en cuenta para liquidar el derecho pensional,
serán las registradas al momento de dar cumplimiento al fallo, comoquiera que el
docente pudo haber seguido cotizando al Sistema de Seguridad Social, lo que
eventualmente signifique un incremento de la tasa de remplazo en los términos de la
Ley 100 de 1993.
114. De otro lado, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, en este caso operó la prescripción trienal de las mesadas causadas con
anterioridad al 29 de septiembre de 2018, en atención a que entre la adquisición del
estatus pensional —26 de abril de 2011— y la petición de reconocimiento —29 de
88 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador.».
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septiembre de 2021—, transcurrieron más de tres años. Esto quiere decir que dicha
solicitud interrumpió el término de prescripción de las mesadas causadas con tres años
de antelación, esto es, del 29 de septiembre de 2018 en adelante.
115. Por consiguiente, se declarará probada de oficio la excepción de prescripción
trienal y se ordenará el pago de la pensión de vejez con efectos fiscales a partir del 29
de septiembre de 2018.
116. Como se ordenará el pago de las mesadas desde la anterior fecha, se torna
imperativo traer a valor presente las sumas de dinero que debieron pagarse, por lo que
resulta aplicable el último inciso del artículo 187 del CPACA, según el cual «[l]as
condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando
como base el Índice de Precios al Consumidor».
117. En consecuencia, la entidad demandada hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del
CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
118. De la suma que se reconozca deberá descontarse el valor de las mesadas
pensionales que eventualmente se cancelaron con ocasión de la Resolución 105 del
13 de enero de 2023 de la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas.
Esto en aras de evitar doble erogación por el mismo concepto.
3.6. Conclusión
119. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la Sala
concluye que, en la medida en que el señor Daniel González Rayo se vinculó con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le
es aplicable es el de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Así, al haberse probado que cuenta con más de 57 años y 1300 semanas cotizadas,
se estima que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en los
términos de la normativa referida.
120. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, se anulará el acto acusado y se ordenará el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez, de conformidad con el régimen aplicable.
3.7. Costas
121. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 89 de la
89 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a que en el caso bajo estudio se
imponga dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Inaplicar para el caso concreto la Resolución 105 del 13 de enero de 2023
de la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, por haberse proferido
sin competencia, de conformidad con la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Revocar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. En su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo ficto negativo,
producto de la petición presentada por el señor Daniel González Rayo el 29 de
septiembre de 2021.
CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, declarar el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez en favor del señor Daniel González Rayo. En consecuencia, se
ordena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez con el
promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la que adquirió
el estatus de pensionado, 26 de abril de 2011, con el monto correspondiente según el
número de semanas cotizadas, el cual no podrá superar el 80% de la asignación básica
mensual y deberá tener en cuenta los factores salariales fijados en el Decreto 1158 de
1994 y en normas especiales que hayan servido de base para las cotizaciones a
seguridad social, respecto de los cuales se hayan hecho los aportes correspondientes
al Sistema de Seguridad Social, con efectos fiscales a partir del 29 de septiembre de
2018; sin que se deba acreditar el retiro del servicio docente.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
De las sumas que se reconozcan deberá descontarse el valor de las mesadas
pensionales que eventualmente se cancelaron con ocasión de la Resolución 105 del
13 de enero de 2023 de la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas.
QUINTO. Declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción trienal respecto de
las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 29 de septiembre de 2018.
SEXTO. No condenar en costas en segunda instancia.
SÉPTIMO. Dar cumplimiento a lo dispuesto a la sentencia en los términos previstos en
el artículo 192 del CPACA.
OCTAVO. Exhortar al Tribunal Administrativo de Risaralda, a fin de que en el análisis
de la admisibilidad de las demandas, tenga en cuenta las distintas hipótesis en las que
puede surgir el acto ficto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el
acápite de cuestiones previas de esta providencia.
NOVENO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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