Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00946-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00946-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00946-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00946-01 (0506-2025)
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Fomag1
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión por aportes a docente
(vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander2, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
El señor Ramon Becerra Díaz, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA para solicitar la
nulidad del acto ficto negativo de fecha 23 de octubre de 2019, mediante el
cual se negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes.
1
En adelante FOMAG.
2
Sala integrada por los magistrados Iván Mauricio Mendoza Saavedra, Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del
Pilar Pinilla Pedraza
3
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
2
Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) le reconozca y pague
la pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y de
las primas percibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de
pensionado, lo cual aduce ocurrió el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que
cumplió sesenta (60) años de edad y mil (1.000) semas de cotización, sin exigir
el retiro del servicio como requisito para su pago y en compatibilidad con el
salario que percibe como docente; (ii) el cumplimiento a la sentencia de
conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; (iii) el ajuste
de los valores reconocidos, con motivo de la disminución del poder adquisitivo
de cada una de las sumas adeudadas; (iv) el pago de los intereses moratorios
generados desde la ejecutoria de la sentencia y: v) se condene en costas a la
demandada.
1.1.2 Hechos
El señor Ramon Becerra Díaz, nació el 1 de diciembre de 1956, por lo que a
la fecha de presentación de la demanda4 tenía más de 60 años de edad; quien
efectuó aportes al sistema pensional en el extinto ISS, hoy Colpensiones, los
cuales corresponden a 459,72 semanas.
Así mismo, manifiesta que se vinculó al servicio docente oficial del
Departamento de Santander, como maestro de primaria desde el 21 de abril
de 1976 al 30 de marzo de 1977; posteriormente, tomó posesión como docente
adscrito a la Secretaría de Educación de Piedecuesta desde el 29 de marzo
de 2004, cargo que ocupaba al momento de instaurar la demanda.
Solicitó el reconocimiento de la pensión por aportes, petición que fue negada
a través del acto acusado.
1.2. Concepto de violación.
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículo 7
de la Ley 71 de 1988; artículo 15 numerales 1° y 2 de la Ley 91 de 1989;
artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo
4
1 de noviembre de 2019.
3
Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y; los artículos
1° y 2 del Decreto 3752 de 2003.
Indica que según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 los docentes,
en materia pensional, se rigen por las disposiciones que resulten aplicables a los
empleados públicos, entre ellas, la Ley 71 de 1988, norma que permite el
reconocimiento pensional cuando el servidor público cumpla 60 años de edad, si
es hombre, y 20 años de servicios cotizados en cualquier tiempo y en una o
varias cajas de previsión social, sea con aportes públicos o privados.
Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, los docentes que se
hubieran vinculado con anterioridad a su entrada en vigor, se le debe aplicar el
régimen anterior, entre ellos, la ya citada Ley 71 de 1988. Aduciendo el
demandante que cumple con tal supuesto, esto es, se vinculó al servicio docente
antes que la Ley 812 de 2003 entrara en vigencia y en consecuencia su pensión
debe ser reconocida con fundamento en lo dispuesto en la ya citada Ley 71 de
1988.
Según la parte demandante, el acto acusado desconoce las normas antes
citadas, la negativa a reconocer la pensión deprecada no se ajusta a derecho
por cuanto cumple con los requisitos de edad y cotización para gozar de
aquella; por lo que se torna viable su nulidad.
2. Contestación de la demanda5.
La entidad demandada, a través de apoderado judicial, contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones.
En su escrito citó las normas que regulan el régimen prestaciones de los
docentes, siendo estas las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 115
de 1994 y 812 de 2003.
5
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -memorial web
contestación de la demanda
4
Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Finalmente, propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación en
la causa por pasiva6, buena fe y la genérica.
3. Sentencia de primera instancia7.
El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 24 de octubre
de 2024, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
En tal sentido, determinó que, si bien el demandante acreditó un total de 20
años, 5 meses y 5 días como cotizados, no es menos cierto que al momento
de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con solo 127,84 semanas
cotizadas.
Se expuso que, el accionante fue vinculado al servicio docente oficial el 30 de
marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003; por ende, conforme lo indicado en dicha norma y en el Acto
Legislativo 01 de 2005, no es beneficiario del régimen de transición que
consagra la primera ley en cita; rigiendo en consecuencia su caso la Ley 100
de 1993, normativa que también estableció en su artículo 36 un régimen de
transición.
Para ser acreedor al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se debían
cumplir uno de dos requisitos, para el caso de los hombres, tener más de 40
años al momento de su entrada en vigencia, o más de 15 años de servicios
cotizados. Estos requisitos no se cumplen por el actor dado que, al 1 de abril
de 1994, en que empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 38
años de edad y solo 2 años, 5 meses y 15 días cotizados.
En ese orden de ideas, la pensión del actor debe ser reconocida bajo las
directrices del régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, salvo el requisito de edad que para los docentes es de 57 años.
6
La cual fue resuelta por medio del auto del 31 de agosto de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de
Santander, declarándola no probada, decisión que no fue objeto de recurso alguno.
7
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -sentencia de primera
instancia
5
Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se concluye que el actor no cumple con los requisitos para gozar de la pensión
deprecada; ante lo cual se niegan las pretensiones.
4. El recurso de apelación8
Ramon Becerra Díaz a través de su apoderado judicial, solicitó revocar la
sentencia, al considerar que el actor sí tiene derecho al reconocimiento de su
pensión con base en la Ley 71 de 1988 o Ley 33 de 1985, por cuanto tiene
cotizaciones al sistema pensional por más de 20 años; además, conforme la
prueba de certificados de tiempo CETIL prestó sus servicios como docentes
desde el año 1976.
En virtud de su vinculación inicial a la docencia estatal, su pensión debe ser
reconocida con base en las dos normas citadas, dado que cumple con el
requisito exigido por la Ley 812 de 2003, para que sea el régimen anterior el
que gobierne su caso.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 1° de abril de 20259, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación; así como, negó el decreto, a instancia de parte, la prueba
documental aportada junto con la alzada, según lo preceptuado por el artículo
212 del CPACA y; conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 213 del
CPACA, decretó, como prueba de oficio, los certificados de tiempos laborados
CETIL, demás documentos allegados con la alzada, tales como
nombramientos, actas de posesión y tiempos de servicios10. Posteriormente, el
proceso ingresó al Despacho para fallo.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
8
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -recurso de apelación
9
Expediente digital – Samai – índice 8.
10
Documentos que obran en el expediente digital - índice 6, así como en gestión de otros despachos – índice 34
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Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora,
corresponde a la Sala determinar si le asiste el derecho del reconocimiento de
la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 en su calidad de docente.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso
concreto.
No obstante, previo al análisis del caso se torna necesario analizar una
circunstancia referente al acto ficto acusado.
CUESTIÓN PREVIA
Teniendo en cuenta que, en este asunto se pretende la nulidad del acto ficto
negativo por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de su pensión
de jubilación por aportes, el cual se adujo en la demanda surgió el día 23 de
octubre de 2019, ante la no respuesta a la solicitud elevada en tal sentido el
22 de julio de 2019; se torna necesario hacer las siguientes precisiones:
El artículo 83 del CPACA consagra que, por regla general, si trascurridos tres
meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
notificado decisión que la resuelva, se debe entender que esta es negativa.
Sin embargo, tal disposición también establece que, en los eventos donde la
ley señale un término superior para dar respuesta a la solicitud y esta no ha
sido resuelta dentro de aquellas, el silencio negativo surgirá pasado un mes
desde el momento en que debió adoptarse tal decisión.
En el caso de las solicitudes que versen sobre reconocimiento de pensión de
vejez, como aquí ocurre, el legislador estableció un plazo de cuatro meses; lo
anterior, en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, en concordancia del artículo
9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
plazo que fue ratificado para las prestaciones que reconoce el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio por el artículo2.4.4.2.3.2.4 del Decreto
1272 de 2018; así como también ha sido precisado por la Corte Constitucional,
entre otras, en la sentencia SU-975 de 2003.
En ese orden de ideas, como la solicitud de reconocimiento de pensión de
vejez tiene un plazo especial para ser resueltas, el cual, se insiste, es de cuatro
meses, conforme lo precisado en el artículo 83 del CPACA, el acto ficto
negativo surge un mes después de vencido aquél, esto es, el acto negativo
presunto en estos eventos nace a la vida jurídica una vez trascurridos cinco
meses desde el momento en que se incoó la solicitud, sin que haya
pronunciamiento de la entidad.
Aclarado lo anterior, en el asunto tenemos que la petición se elevó el 22 de
julio de 2019, ante ello, contrario a lo manifestado en la demanda el acto ficto
o presunto no surgió el 23 de octubre de 2019, como allí se indicó, sino el 23
de diciembre de 2019, que corresponde al día siguiente del vencimiento de los
cinco meses antes precisados.
Así las cosas, para el día 1 de noviembre de 201912 , en que se presentó la
demanda aún no había surgido el acto ficto; por tanto, la demanda no debió
ser admitida pues el asunto no era aún susceptible de control judicial. Sin
embargo, el tribunal echó de menos este conteo de tiempo para el surgimiento
12 Expediente digital – gestión de otros despachos – link expediente – dda y anexos – fl 44
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Número Interno: 0506-2025
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
del acto ficto acusado y procedió a admitir la demanda y se surtió todo el
trámite legal.
A pesar de dicha falencia, debe precisar esta instancia que, en aras de
garantizar el pleno goce del derecho al acceso a la administración de justicia
y evitar fallos inhibitorios, procederá a resolver el caso13, en el entendido que
cuando la demanda se notificó a la parte pasiva -12 de agosto de 202014- ya había
surgido el acto ficto acusado; además, durante todo el trámite procesal se
debatió la solicitud pensional del actor, concluyéndose entonces que las partes
en las dos instancias han tenido la oportunidad de exponer ampliamente las
razones por las cuales consideran que la pensión solicitada debe o no
reconocerse, garantizándose así su derecho a la defensa y debido proceso.
Sumado a ello, debe indicarse que la parte pasiva nunca presentó
inconformidad sobre el nacimiento del acto ficto negativo acusado, infiriéndose
entonces que estuvo de acuerdo con la existencia de aquel y en consecuencia
con la negativa otorgada por la entidad al reconocimiento pensional aquí
deprecado.
Por los motivos expuestos, se continuará con el análisis del caso, no sin antes,
exhortar al Tribunal Administrativo de Santander con el fin que en futuros
eventos tenga en cuenta las diversas opciones en que se puede configurar el
acto ficto.
3. Marco normativo y jurisprudencial.
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
13 Igual conclusión se llegó en la sentencia proferida por esta Subsección el 13 de junio de 2025, C.P. Elizabeth
Becerra Cornejo, radicado: 66001-23-33-000-2022-00015-01 (1042-2024)
14 Expediente digital – gestión de otros despachos – link expediente – notificación admisorio
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Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 15,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
15
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.
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Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.
Cabe indicar que, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con
los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 8116 introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
16
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.
11
Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, enseguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 201917, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
17
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 0506-2025
Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo
año18, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que
corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los
factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”19.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años20. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años.
Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con un IBL
o componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a
la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia
con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de
1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.
18
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
19
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
20
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
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En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, en principio, el régimen de los docentes vinculados
con antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la
Ley 91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la
Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el
artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
2.3.1 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido
en los dos sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía
como consecuencia que unos y otros no logran en varias oportunidades
completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia
consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el
artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a
partir de esta normatividad, los empleados oficiales y públicos y los
trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es
varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados
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ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante
la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual
particular u oficial y la legal y reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.
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La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación21 también se ha
pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.
2.3.2 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988,
a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la sentencia del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022,
acompañó la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la
Ley 71 de 1988 si era aplicable a los docentes estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad
varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis, fueron
los siguientes:
«En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2,
literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del
21
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-
000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que
significa que dicha expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de
la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados
públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989
no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes
no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»22 a los que esta última
norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que
esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del
sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985
es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En
efecto, en su artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser
interpretado de manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto
legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las disposiciones
que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de
1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos
mínimos» en materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al
sector público en general y en todos los niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del
régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o
nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un
determinado tiempo la docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que
quedaban cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los
empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos
que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal
enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque
las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una interpretación que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. Ciertamente, considerar que la denominada pensión por
aportes creada por la Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales,
conlleva a la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en
22
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en
su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
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el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una
primera interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó
la Ley 71 de 1988, y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los
docentes como empleados públicos también pueden acceder al régimen
pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los
excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.3.3 Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación
por aportes.
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
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docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre
de 1994, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
19
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promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios, en
aplicación de lo consagrado en los artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así
como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas
posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial, y en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
4. Hechos probados.
i) Registro civil de nacimiento del demandante donde se indica que nació el 1
de diciembre de 1956, junto con la copia de la cédula de ciudadanía donde se
establece la misma fecha23.
ii) Reclamación administrativa presentada por el demandante, a través de
apoderado judicial, ante la entidad demandada el 22 de julio de 2019,
solicitando el pago de su pensión de jubilación a partir del 1 de diciembre de
201624.
23
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
24
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
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iii) Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), expedido el 12 de junio de 2019, donde se reflejan
un total de 459,71 semanas cotizadas por el actor, del 20 de junio de 1985 al
29 de febrero de 2004, con empleadores privados como públicos25.
iv) Formato No. 1 certificado de información laboral donde se reporta
vinculación del demandante al Departamento de Santander como maestro de
primaria, desde el 21 de abril de 1976 al 30 de marzo de 1977 26; obrando
también el decreto del 6 de abril de 1976 (número ilegible) por el cual fue
nombrado y el acta de posesión27.
v) Certificado expedido el 24 de abril de 2019 por el Fondo de Pensiones
Territorial de Santander donde informa que el actor no devenga pensión de
jubilación; en igual sentido, obra certificado expedido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social el 3 de julio de 2019 y de Colpensiones proferido el 5 de
julio de 201928.
vi) Certificado expedido por la Secretaría Administrativa de la Gobernación de
Santander el 20 de febrero de 2025, mediante el cual relaciona las
vinculaciones del demandante con esa entidad, a través de órdenes de
prestación de servicio, para desempeñarse como docente, estas en los años
2002 y 2003, junto con la copia de tales órdenes29.
vii) Certificación electrónica de tiempos laborados CETIL expedida el 25 de
octubre de 2022, en el cual se registra que el demandante fue nombrado en
propiedad mediante acto administrativo No. 123 del 30 de diciembre de 2009
y tomó posesión el mismo día, en el cargo de directivo docente, con vinculación
efectiva desde el 1 de enero de 201030.
25
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
26
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
27
Expediente digital – samaí – índice 6
28
Expediente digital – gestión de otros despachos – link del expediente – cuaderno principal -demanda y anexos
29
Expediente digital – samaí – índice 6
30
Expediente digital – samaí – índice 6; ; así como también, gestión de otros despachos – índice 34
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Demandante: Ramon Becerra Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
viii) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral del
demandante donde se refleja vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio desde el 18 de julio de 2005, reportando un total de
tiempo de 28 años (sic), 10 meses y 13 días31.
ix) Certificación electrónica de tiempos laborados CETIL expedida el 14 de
septiembre de 2022, en el cual se registra que el demandante fue nombrado
en propiedad como docente departamental y prestó sus servicios desde el 21
de abril de 1976 al 31 de marzo de 1977.
x) Obra otro certificado CETIL de fecha 24 de octubre de 2022 donde se
especifica nombramiento en propiedad como docente nacionalizado desde el
1 de abril de 1977 al 19 de marzo de 1979; además, se consagra la vinculación
como docente departamental desde el 30 de marzo de 2004 al 11 de julio de
2005 -provisionalidad-; y del 18 de julio de 2005 al 30 de diciembre de 2009 –
propiedad, como docentes32.
5. Caso concreto.
El señor Ramon Becerra Díaz acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, con el 75% de los salarios y de las primas percibidas con anterioridad
al cumplimiento del estatus de pensionado, esto es, el 1° de diciembre de
2016, fecha en la que cumplió sesenta (60) años de edad y contaba con mil
(1.000) semanas de cotización, sin exigir el retiro del servicio como requisito
para su pago y en compatibilidad con el salario que percibe como docente.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda,
al señalar que, el accionante no era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 812 de 2003, comoquiera que su vinculación al servicio docente se dio
con posterioridad a dicha norma; tampoco, está dentro del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al 1° de abril de 1994, en que
entró a regir aquella, no tenía ni la edad – 40 años- ni las semanas exigidas -
750 semanas- para gozar de él.
31
Expediente digital – samaí – índice 6; así como también, gestión de otros despachos – índice 34
32
Expediente digital – samaí – índice 6
22
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Demandante: Ramon Becerra Díaz
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El demandante interpuso recurso de apelación al estimar que, contrario a lo
manifestado por el A-quo, su vinculación como docente estatal inició en el año
1976; razón por la cual su régimen pensional es el establecido en las Leyes
71 de 1988 o Ley 33 de 1985.
En el sub lite se tiene acreditado que el demandante:
(i) Nació el 1 de diciembre de 1956; por tanto, cumplió los 60 años de
edad el 1 de diciembre de 2016;
(ii) Se vinculó inicialmente como docente, a través de nombramiento que
le hizo el Departamento de Santander mediante Decreto del 6 de abril
de 1976, cargo del cual tomó posesión el día 21 del mismo mes y año,
y lo desempeñó hasta el 30 de marzo de 1977, esto es, por 11 meses
y 9 días.
(iii) También, fue docente nacionalizado en propiedad desde el 1 de abril
de 1977 al 19 de marzo de 1979, en el municipio de Piedecuesta, esto
es, un total de 1 año, 11 meses y 18 días.
(iv) Reporta cotizaciones al sistema general de pensiones en el régimen
de prima media que hoy administra Colpensiones, desde el 20 de junio
de 1986 hasta el 29 de febrero de 2004, de forma interrumpida,
aclarando que todo el año 2002 y 2003 le figuran cotizaciones como
independiente; para un total de 459,71 semanas cotizadas.
(v) Prestó también sus servicios como docente, a través de órdenes de
prestación de servicios suscritas por el Departamento de Santander,
así:
• No. 4212 de abril de 2002, por 60 días.
• No. 1871 de mayo de 2002, por 45 días.
• No. 2937 de julio de 2022, por 90 días.
• No. 5797 de octubre de 2002, por 90 días.
• No. 0486 de abril de 2003, por 90 días.
• No. 1715 de agosto de 2003, por 90 días.
• No. 3136 de octubre de 2003, por 49 días.
23
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Cabe aquí precisar que este tiempo de servicios prestado figura
también reportado en el periodo de cotizaciones registrado por
Colpensiones.
iv) Prestó también sus servicios como docente en provisionalidad en el
municipio de Piedecuesta – Santander, nombramiento con carácter
departamental, del 30 de marzo de 2004 al 11 de julio de 2005, esto
es, 1 año, 3 meses y 11 días.
v) Fue vinculado como docente en propiedad en el municipio de
Piedecuesta – Santander, desde el 18 de julio de 2005 al 30 de
diciembre de 2009, nombramiento con carácter departamental, para
un total de 4 años, 5 meses y 12 días.
vi) Posteriormente, fue vinculado como directivo docente al servicio de
la Secretaría de Educación de Piedecuesta, en propiedad, desde el
1 de enero de 2010, acreditándose dicha vinculación hasta la
expedición del certificado Cetil allegado, el cual data del 25 de
octubre de 2022; por tanto, hasta ese momento acreditó un total de
12 años, 9 meses y 25 días.
En ese orden de ideas, se pasa a analizar el total de tiempo de servicios
prestados, tanto en el sector privado como público, así:
Fecha de Fecha de Total de Cargo Sector
inicio de finalización tiempo
vinculo
21 de abril 30 de marzo 11 meses, 9 Docente Público
de 1976 de 1977 días
1 de abril de 19 de marzo 1 año, 11 Docente Público
1977 de 1979 meses y 18
días
20 de junio 29 de febrero 8 años, 9 Cotizaciones Privado
de 1986 de 2004 meses y 13 a
días Colpensiones
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30 de marzo 11 de julio de 1 año, 3 Docente Público
de 2004 2005 meses y 11
días
18 de julio de 30 de 4 años, 5 Docente Público
2005 diciembre de meses y 12
2009 días.
1 de enero 25 de octubre 12 años, 9 Docente Público
de 2010 de 2022 (fecha meses y 25
de expedición días.
del certificado Es necesario
CETIL precisar que
los 20 años
de servicios
los cumplió
el 28 de julio
de 2012
TOTAL DE TIEMPO COTIZADO 30 años, 2 meses y 28 días
De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos docentes cuya
vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la
pensión de jubilación que tratan las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 o 71 de
1988 (en caso de acumulación de tiempos públicos y privados). Por su parte,
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003).
En este orden de ideas, dado que, el accionante se vinculó al servicio oficial
docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, téngase en cuenta
que se acreditó que su primera vinculación como docente fue el 21 de abril de
1976, a través de nombramiento que le hiciera el Departamento de Santander
mediante decreto del 6 de abril de 1976, quien además, efectuó aportes al
entonces ISS, hoy Colpensiones, y al sector público a través del Fomag,
resulta evidente que el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley
71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
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Ante ello, para gozar de la pensión deprecada debe el demandante acreditar
los requisitos de edad y tiempo de servicios, esto es, 60 años de edad y 20 de
servicios.
Así las cosas, se debe precisar que, el demandante cumplió los 20 años de
servicios el 28 de julio de 2012; momento para el cual no tenía la edad
necesaria para pensionarse, la cual fue cumplida el 1 de diciembre de 2016;
ante ello, se concluye que el estatus de pensionado lo adquirió el citado 1
de diciembre de 2016, cuando reunió tanto la edad como los veinte años
de servicios, en estos términos, el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con inclusión de los
factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de
servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709
de 1994.
En este punto debe precisarse que esta Subsección en otras oportunidades
ha establecido que el tiempo laborado a través de contrato u órdenes de
prestación de servicios celebrados, deben ser tenidos en cuenta en aplicación
del principio de la realidad sobre las formas33, en este caso, con miras a evitar
contabilizar doble esos periodos de tiempo en que el actor prestó sus servicios
en los años 2002 y 2003 como docente a través de órdenes de prestación de
servicios, no será tenido en cuenta; pues aquél está incluido en las semanas
de cotización que le figuran reportadas por Colpensiones.
Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de
carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en
cualquier época por los interesados. Contrario sensu, para el caso de las
mesadas pensionales adeudadas, el legislador ha establecido el fenómeno de
la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres
(3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente
reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de
33
Entre muchas otras, es posible consultar la sentencia C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel
Ángel González Vélez.
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196834.
En el caso sub examine, se tiene que el demandante adquirió el estatus
jurídico de pensionado el 1 de diciembre de 2016, como antes se precisó,
radicó la correspondiente solicitud de reconocimiento el 22 de julio de 2019 –
antes de los tres años para que operara el fenómeno de prescripción sobre las mesadas-, sin
haber obtenido respuesta, e interpuso la demanda el día 1 de noviembre de
2019, confrontadas tales fechas, se concluye que, en la presente oportunidad
no se configuró el fenómeno de la prescripción de mesadas.
Por último, en cuanto a la posibilidad de devengar la pensión reconocida y
salario al mismo tiempo; debe indicarse que dicha pretensión es procedente
dado que los docentes están excluidos de la prohibición consagrada en la Ley
de 1992. En este punto, la Sala advierte que, si bien el literal g) del artículo 19
de la Ley 4 de 199235 se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada
en vigor beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir
que, se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con posterioridad,
habida cuenta que, la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda
armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada ley, razón por
la cual, no es dable condicionar la pensión de jubilación del demandante a la
desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en
virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes36.
Razones suficientes para revocar la sentencia que negó pretensiones y en su
lugar declarar la nulidad del acto ficto o presunto que surgió ante la no
respuesta a la petición elevada el 22 de julio de 2019, mediante la cual se negó
el reconocimiento y pago de la pensión por aportes deprecada; ordenándose
34
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ente la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual».
35
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados».
36
En igual sentido, ver sentencia de esta sala de decisión de (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-
000-2013-01579-01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.
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el reconocimiento pensional a favor del demandante, en aplicación a las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, desde el 1 de diciembre de 2016.
Las sumas que resulten a favor del actor deberán ser pagadas por la accionada
debidamente actualizadas, de acuerdo con la fórmula según la cual el valor
presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha
de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad
demandada es la siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.
6. Condena en costas
No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha
norma otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con
certeza su causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad
o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del proceso37.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.
III. DECISIÓN
Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 24 de octubre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
37
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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pretensiones de la demanda y en su lugar en su lugar, se declarará la nulidad
del acto ficto o presunto que surgió ante la no respuesta a la petición elevada
el 22 de julio de 2019, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reconocer y pagar la pensión de
jubilación por aportes al demandante a partir del 1 de diciembre de 2016, con
el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año de
servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo consagrado en la Ley 71 de
1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, así como, de los
factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen
prestaciones sociales con carácter salarial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
IV. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 24 de octubre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso instaurado por el señor Ramon Becerra Díaz contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), por las razones expuestas a lo largo del
presente proveido;
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto que surgió ante
la no respuesta a la petición elevada por el señor Ramon Becerra Díaz el día
22 de julio de 2019, por medio del cual se negó la pensión de jubilación por
aportes deprecada.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar la pensión
de jubilación por aportes a favor del señor Ramon Becerra Díaz, a partir del 1
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de diciembre de 2016, liquidada esta con el 75% de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a la consolidación del
estatus – 1 de diciembre de 2016-, en aplicación de lo consagrado en la Ley 71 de
1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, así como, de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen
prestaciones sociales con carácter salarial, conforme a lo indicado en la parte
motiva.
La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en
cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en
el artículo 192 del CPACA.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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