Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00038-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
15 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado :
17001-23-33-000-2020-00038-01
N° Interno 6307-2022:
Demandante :
Miguel Ángel González Vélez
Demandada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
:
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación a docente
oficial, de conformidad con la Ley 33 de 1985
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 5 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
El señor Miguel Ángel González Vélez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del acto ficto surgido a partir de la no contestación de
la solicitud del 1 de noviembre de 2019, por medio del cual la parte demandada
le negó la pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la parte
demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación, equivalente al 75%
de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus
jurídico de pensionado, a partir de 20 de julio de 2017.
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Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
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Nº Interno: 6307-2022
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El accionante nació el 20 de julio de 1962; Realizó aportes al antiguo ISS, los
cuales sumados ascienden a 536.43 semanas.
Que posteriormente laboró por contrato de prestación de servicios por los
lapsos comprendidos entre el 21 y el 31 de marzo de 2000; 13 de agosto de
2001 al 31 de diciembre de 2001; 4 de febrero al 31 de diciembre de 2002; 27
de enero al 31 de diciembre de 2003, los cuales fueron reconocidos en
sentencia 097 del Tribunal Administrativo de Caldas.
Que, una vez surtidos los trámites para el nombramiento, fue vinculado a la
docencia oficial el 26 de marzo de 2004 y hasta la fecha de presentación de la
demanda, se desempeña como como docente oficial en esta entidad.
Que cuando reunió los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó
la pensión ordinaria de jubilación a la demandada, para que le fuera reconocida
a partir del 20 de julio de 2017.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Indicó como vulneradas, la Ley 33 de 1985 artículo 1 inciso 2; Ley 91 de 1989,
artículo 15 numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993 artículo 6; Ley 115 de 1993 artículo
115; Ley 100 de 1993 artículo 279; Ley 812 de 2003 artículo 81; Decreto 3752
de 2003 art. 1 y 2.
Sostiene que el demandante se encuentra vinculado con anterioridad al 23 de
junio de 2003 y a partir de ese momento se entiende como vinculado para los
efectos del cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003; que no hay que
olvidar que la expresión vinculados, la desarrolla expresamente en la norma;
lo que quiso el legislador fue proteger las situaciones de docentes que tuvieran
tiempo de servicio anterior, como es el caso del demandante.
2. Contestación de la demanda.
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Nº Interno: 6307-2022
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
2.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag. Se opuso a las
pretensiones de la demanda, y reconoció como ciertos los hechos referentes a
la edad y vinculación del demandante, pero precisó que, los tiempos de servicio
reconocidos mediante sentencia judicial previa, no le dan el estatus al
demandante de empleado público y de ahí deriva la imposibilidad de aplicar las
disposiciones consagradas en la Ley 33 de 1985, dado que el demandante solo
goza de dicho estatus desde el año 2004, es decir, con posterioridad a la vigencia
de la ley 812 de 2003.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido
e inaplicabilidad del régimen de ley 33 de 1985 al demandante.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), mediante sentencia
proferida el cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021), negó las
pretensiones de la demanda (con condena en costas). Arguyo que el
demandante se vinculó a la docencia pública oficial a través de contratos de
prestación de servicios desde el 21 de marzo de 2000 esto es, con anterioridad
a la Ley 812 de 2003; por lo tanto, le es aplicable el mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988 que regula la denominada
«pensión por aportes».
Por lo tanto, teniendo en cuenta que para el momento en que realizó la
reclamación administrativa, había cumplido 55 años de edad el 20 de julio de
2017; pero no acreditó los 20 años de labor al servicio docente, no cumple los
requisitos para obtener la pensión de jubilación previstos en la Ley 33 de 1985.
Tampoco es posible analizar el reconocimiento de la pensión por aportes,
regulada en la Ley 71 de 1988 en tanto, no tenía 60 años de edad para la fecha
de formulación de la reclamación ante la entidad demandada.
4. El recurso de apelación.
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Nº Interno: 6307-2022
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
La parte demandante interpone recurso de apelación y esgrime que el docente
MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ VELEZ, nació el 20 de Julio de 1962, por lo que
en la actualidad tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad. Asimismo,
enrostra que ha laborado por más de 20 años en entidades públicas y privadas.
En el mismo sentido, indica que fue vinculado por orden de prestación de
servicios OPS reconocidas mediante sentencia del Tribunal Administrativo de
Caldas, como docente.
Seguidamente, señala que realizó cotizaciones al seguro social hoy
Colpensiones con 536.43 semanas cotizadas.
Puntualiza que fue nombrado en propiedad, en la docencia oficial el 26 de
marzo de 2004 y hasta la fecha de presentación de este recurso de apelación
se desempeña en el magisterio.
Y frente a esa circunstancia, de no reunir los veinte años de servicios en el
servicio docente, que fue la conclusión a la que arribó el Tribunal, el señor
González Vélez el 30 de marzo de 2021 cumplió con este tiempo, por lo que
solicita tener en cuenta esta fecha para reconocer la prestación periódica.
Hace énfasis en que a la fecha en que fueron presentados los alegatos de
conclusión en primera instancia, el docente seguía laborando y cotizando al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Igualmente, reitera que el accionante tuvo vinculaciones como docente estatal
con anterioridad al 27 de junio de 2003, pues se anexo sentencia que
reconoció tal situación, tiempo servicio en propiedad, además del cotizado en
el ISS actualmente Colpensiones, motivo suficiente para que sea amparado
por el régimen de transitoriedad del sector docente previsto en la ley 91 de
1989 y no en ley 100 de 1993 y 797 de 2003.
Finaliza, solicitando revocar la sentencia de primera instancia y ordenarle a la
entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de mi
representado conforme a lo ordenado en la ley 91 de 1989 y subsiguientes, en
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Nº Interno: 6307-2022
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
cuantía correspondiente al 75% del salario promedio percibido durante el año
anterior a la adquisición del status jurídico de pensionado.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; no obstante, solo hizo uso de esta oportunidad el Agente del Ministerio
Público.
5.1 La Vista Fiscal
El Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado
solicitó confirmar la sentencia apelada al estimar que al no satisfacerse por el
demandante con ninguna de las condiciones contempladas en el inciso
segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fundamento del régimen de
transición, no resulta posible el derecho deprecado de la jubilación pensional
por aportes, a más que, por el hecho de su vinculación con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se profundiza con mayor razón la
circunstancia de otorgarle esta específica jubilatoria, pues tal circunstancia
temporal reafirma su sometimiento al régimen general pensional contemplada
en dicha ley integral de seguridad social, tal y como se reafirmó por la SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso2, el juez de
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
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Nº Interno: 6307-2022
Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de la
demanda. Para el efecto se analizará si al accionante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, en
su calidad de docente oficial.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3
Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la
finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales
existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron
excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279,
que establece:
Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración. Este fondo será responsable de la
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
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Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida [...] (resalta y subraya la Sala).
Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley
2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter
de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en
lo relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir,
que en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no tienen ningún
tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen
especial, en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.
Por su parte, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:
Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno
de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
ley 43 de 1975.
Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando
se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.
[…]
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes
disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que
han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con
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las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de
enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta ley.
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose
por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a
partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de
una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.
[…]
De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º. de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una
pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del
sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que
estuvieron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se
mantendrá el régimen prestacional que gozaban en cada entidad territorial, de
conformidad con las normas vigentes.
Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
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Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles
con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto
a los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.
A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro,
sobre el tema objeto de análisis, precisó:
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de
educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993
quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen
‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad
constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados
territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115
claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores
estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de
1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989,
ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la
actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley
disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115
que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no
consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación
– derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que
indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para
los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de
los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o
el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo,
que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.
Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
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los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra
un régimen legal especial.
En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone
que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse
con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio.
Sobre el particular esta Corporación considera que el docente, al ser
pensionado bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en
cuenta el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicios, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 3º de la
citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo
pertinente consagra:
Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean
las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del
empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores,
cuando se trate de empleados del orden nacional: Asignación
Básica, Gastos de Representación, Primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, Dominicales y feriados, Horas
extras, Bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores
que hayan servido de base para calcular los aportes.
De acuerdo con el precepto trascrito, ciertamente en su inciso segundo se
enuncian factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el
monto de la pensión de jubilación, pero dicha enumeración no se ha de
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Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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considerar taxativa, por cuanto el inciso tercero prevé la posibilidad de que
dicha prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base
para calcular aportes.
Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 2005, «Por el cual se
adiciona el artículo 48 de la Constitución Política», en lo atinente al régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que «El régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.
Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de
la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º).
El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
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«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8o de la
Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias». Ley
publicada en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones […] (destaca la Sala).
Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés,
precisó:
37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de
1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes
que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, en la mencionada providencia se dijo:
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica,
acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que
se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:
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• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la
que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de
agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la
pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos
los factores salariales devengados durante el último año de
servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el
goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos
en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los
docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el
período del último año de servicio docente y ii) los factores
que hayan servido de base para calcular los aportes previstos
en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio.
En lo atañedero al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
14
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quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:
68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas
en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver
con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de
2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años4. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de
docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del
sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de
1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del
Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al
servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas
normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes
91 de 1985 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 19855 y (ii) las Leyes
812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas
atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de
seguridad social.
Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003
estuviesen vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata
la Ley 33 de 19856, al cumplir 55 años de edad7 y 20 de servicios, en cuantía
del 75% de lo cotizado durante el último año de servicios, con inclusión de
4
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
5
Si el tiempo de servicios acumulado es oficial.
6
Ibidem.
7
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, pues en tal
caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años, para los educadores territoriales y
nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres y 55 si son hombres, para los del orden
nacional).
15
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Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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los factores previstos en el artículo 1º. de la Ley 62 del mismo año. Por su
parte, los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha
podrán acceder a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el
número de semanas de cotización establecido en esta última norma y llegar
a la edad de 57 años de edad (sin importar el género, pues la Ley 812 de
2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres), por lo que su
liquidación será con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores (artículo 21
de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto 1158
de 19948.
Ahora bien, frente a la vinculación de los docentes vía contrato de
prestación de servicios y la contabilización de ese tiempo para efectos del
reconocimiento pensional, nos debemos remitir a lo indicado por esta
Subsección9. Es así que ha indicado lo siguiente:
“…Consecuente con lo anterior, y de acuerdo con la más
reciente tesis planteadas por esta Corporación, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades y en tratándose de docentes oficiales, esta
Subsección estima que resulta procedente contabilizar el
tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para
efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.”
2.2. Hechos probados.
i) Cédula de ciudadanía del actor, que da cuenta de que nació el 20 de julio
de 1962.
ii) «FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL», emitido por la secretaría de educación de
Manizales, el 22 de abril de 2024 donde atesta que el demandante cuenta
8
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos
de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de
capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
9
C.P.: César Palomino Cortés, seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 52001-23-33-000-
2014-00394-01(3021-16), Actor: Dilfredo Libardo Lagos Romo, Demandado: Ministerio De Educación Nacional –
Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio
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con 28 días y 20 años de servicios prestados como docente en el interregno
comprendido entre el 23 de febrero de 2004 y el 5 de marzo de 2024. Debe
decirse que esta prueba fue solicitada el 23 de agosto de 2023 y se
encuentra en el índice 00017 en Samai.
iii) Reporte de semanas del 13 de febrero de 2018 en Colpensiones las cuales
ascienden a 536.
iv) Resolución 3640 del 11 de junio de 2010, por medio de la cual la Secretaria
de Educación de Caldas da cumplimiento al fallo judicial emitido por el
Tribunal Administrativo de Caldas el 5 de octubre de 2009.
v) Sentencia 097 del Tribunal Administrativo de Caldas del 5 de octubre de
2009, dentro del proceso distinguido con radicación
17001333100420050191901, Demandante: Miguel Ángel González Vélez,
Demandado: Departamento de Caldas, por medio del cual se revocó la
sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales y en
su lugar se declaró que los contratos de prestación de servicios docentes
celebrados por el lapso comprendido entre marzo de 2000 y enero de 2003
Actuación administrativa.
a) Petición del 1 de noviembre de 2019, por medio de la cual solicita el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
2.3. Caso concreto.
El señor Miguel Ángel González Vélez acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de
jubilación, a partir de la fecha de adquisición del estatus pensional, con el 75%
de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
El Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera) negó las pretensiones de la
demanda, al estimar que comoquiera que el demandante no reunió el tiempo
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necesario para hacerse acreedor a una pensión de jubilación como docente
con anterioridad al 20 de julio de 2017, en los términos de la Ley 33 de 1985.
También aludió que no reunió las exigencias para hacerse acreedor a una
prestación periódica con fundamento en la Ley 71 de 1988.
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar: “… que si bien es cierto mi prohijado al momento que se radico la
adenda no contaba con el tiempo Docente completo, como son los 20 años de
servicio, el señor GONZALEZ VELEZ al 30 de marzo de 2021 cumple con este
tiempo…”.
En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 20 de julio de 1962, (ii)
prestó sus servicios en la secretaría de educación de Caldas, en calidad de
contratista docente, interrumpidamente, por los periodos comprendidos entre el
21 de marzo hasta 31 de diciembre de 2000; del 13 de agosto al 31 de diciembre
de 2001; del 4 de febrero al 31 de diciembre de 2002; del 27 de enero al 31 de
diciembre de 2003 y (iii) para la Secretaria Departamental de Caldas como
docente en el interregno comprendido entre el 23 de febrero de 2004 y el 5 de
marzo de 2024, lo que equivale a 28 días y 20 años de servicios.
Sobre este último certificado, debe reiterarse que fue obtenido por la Sala a
través de prueba de oficio con data del 23 de agosto de 2023, y a diferencia
del que tuvo el Tribunal Administrativo de Caldas como elemento de juicio para
determinar el derecho, este refleja un tiempo de servicio de mayor.
De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos docentes cuya
vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la
pensión de jubilación de que tratan las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 10. Por
su parte, los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha
podrán acceder a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003)11.
10
En caso de que los 20 años de servicios sean públicos.
11
Pero con el requisito de edad de 57 años.
18
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Así las cosas, dado que la demandante se vinculó con anterioridad a la Ley
812 de 2003 (21 de marzo de 2000), le resultan aplicables a su situación
pensional las Leyes 33 de 198512 y 91 de 1989 y, en ese sentido, al tener más
de 55 años de edad (cumplidos el 20 de julio de 2017) y 20 de servicios
públicos, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, con
inclusión de los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes durante el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
Veinte años de servicios que en este caso se cumplieron el 27 de abril de 2021,
al resultar de la sumatoria de los tiempos de servicios, primero como
contratista13 y luego en propiedad14.
Por tal razón, el accionante solo adquirió el estatus pensional el 27 de abril de
2021, fecha en que reunió los veinte (20) años de servicios, razón por la cual
tiene derecho al reconocimiento de la pensión a partir de esa fecha.
Respecto de los factores que harían parte del ingreso base de liquidación, solo
es dable incluir aquellos contenidos en la Ley 62 de 1985 y además que hayan
sido devengados en el último año de servicios previo a haber reunido las
exigencias de edad y tiempo de servicios, esto es, entre el 27 de abril de 2020
y el 27 de abril de 2021.
Siendo consecuente con lo precedente, no hay lugar a decretar la prescripción
luego que el tiempo de servicios para hacerse acreedor de la prestación
periódica lo alcanzó dentro del trámite judicial.
Por lo visto, se revocará la sentencia del 5 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de
la demanda, y en su lugar se accederá al reclamo formulado por el accionante
para ordenarse el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 27 de
abril de 2021.
12
Dado que sus servicios fueron prestados en el sector oficial.
13
Por los periodos comprendidos entre el 21 de marzo hasta 31 de diciembre de 2000; del 13 de agosto al 31 de
diciembre de 2001; del 4 de febrero al 31 de diciembre de 2002; del 27 de enero al 31 de diciembre de 2003
14
Desde el 23 de marzo de 2004 hasta el 27 de abril de 2021.
19
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Las sumas reconocidas se ajustarán a la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por
el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha
de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de causación de cada uno de ellos.
Es del caso decir que este reconocimiento pensional no implica para su disfrute
que el docente se retire del servicio, luego que fue otorgada en virtud de la Ley
91 de 1989 y demás normas concordantes15. En otras palabras, existe
compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
15
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-
42-000-2013-01579-01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.
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no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses. Sin embargo, dado que el fallo apelado, en el ordinal tercero de
la parte decisoria se condenó en costas, se dispondrá su revocatoria, conforme
se ha precisado.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Caldas (sala tercera), que negó pretensiones y en su lugar se accederá al
reclamo formulado por el accionante para ordenarse el reconocimiento de la
pensión de jubilación a partir del 27 de abril de 2021.
Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de marzo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de
la demanda. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto surgido a partir de la no
contestación de la solicitud del 1 de noviembre de 2019, por medio del cual la
parte demandada le negó la pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FONPREMAG), i) reconocer y pagar en
favor del señor Miguel Ángel González Vélez una pensión mensual de
jubilación a partir del 27 de abril de 2021, teniendo en cuenta como factores
relevantes para su liquidación aquellos enlistados en la Ley 62 de 1985 y
además que hayan sido devengados en el último año de servicios previo a
haber reunido las exigencias de edad y tiempo de servicios, esto es, entre el
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27 de abril de 2020 y el 27 de abril de 2021. El disfrute de la pensión es
compatible con el salario mientras el accionante se encuentre en servicio
activo.
No hay lugar a decretar la prescripción.
De igual manera, FONPREMAG deberá conminar al Departamento de Caldas
que de cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero de la Resolución No.
3640 del 11 de junio de 2010, por la cual dio cumplimiento al fallo judicial
emitido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 5 de octubre de 2009, a
efectos de que realice los aportes no efectuados por el periodo en que el señor
Miguel Ángel González Vélez se desempeñó como docente bajo la figura de
contratos de prestación de servicios.
TERCERO: Las sumas resultantes en favor del demandante se ajustarán en
su valor, en aplicación de la fórmula en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en
el artículo 192 del CPACA.
QUINTO: Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
SEXTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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