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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00276-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00276-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 29 de julio de 2022 proferida por el Tribunal 24 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014- 00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 22 Número Interno: 1703-2023 Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la señora Martha Cecilia Lores Lozano contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por las razones expuestas; en su lugar: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de 2018, por medio del cual se negó a la demandante la pensión de jubilación por aportes. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de jubilación por aportes a la actora a partir del 10 de marzo de 2015, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo consagrado en la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial, conforme a la parte motiva. La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo 192 del CPACA. Se declara la prescripción de las mesadas anteriores al 21 de abril de 2016 SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00276-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 76001-23-33-000-2019-00276-01 (1703-2023)1
Demandante : Martha Cecilia Lores Lozano
Demandados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Reconocimiento pensión por aportes a docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca2, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

La señora Martha Cecilia Lores Lozano, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto que se declare la nulidad
del Oficio núm. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de 2018, mediante la cual, la
Secretaría de Educación de Cali le negó el reconocimiento de la pensión por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988.

Las pretensiones son del siguiente contenido:

“1. Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DE SANTIAGO DE CALI, a que se me
reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y
primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado (a), es decir a partir

1
Expediente digital.
2
Sala conformada por los magistrados Jhon Erick Chaves Bravo, Fernando Augusto García Muñoz y Ronald Otto Cedeño Blume.

2

Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

del DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015), por haber completado las 1.000 semanas
de aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su
cancelación en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

(…)3.

1.2. Hechos

La demandante nació el 10 de marzo de 1960, por lo que a la fecha de presentación de
la demanda tenía más de 55 años de edad.

Efectuó aportes al antiguo ISS, hoy liquidado, que corresponden a 622.71 semanas que
se encuentran en COLPENSIONES.

Fue vinculada como docente oficial en el 2005, cargo que desempeña a la fecha de
presentación de la demanda.

Solicitó el reconocimiento de la pensión por aportes, solicitud que fue negada por la
entidad a través de Oficio núm. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de 2018.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas, se invocaron las siguientes:

El artículo 7.º de la Ley 71 de 1988; la Ley 33 de 1985; el artículo 15, numerales 1 y 2 de
la Ley 91 de 1989; el artículo 6 de la Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de
1993; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y los
artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Según la parte demandante, el acto acusado desconoce las normas en las que debía
fundarse, pues la señora Lores Lozano acreditó haber efectuado aportes al ISS con
anterioridad al 26 de junio de 2003, por lo que cumple el presupuesto previsto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiaria de la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988.

3
Índice 4 de SAMAI.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Por tanto, sostuvo que la pensión se le debe reconocer teniendo en cuenta los requisitos
de 55 años de edad y 20 años de aportes realizados en cualquier tiempo, estatus que
consolidó el 10 de marzo de 2015.

2. Contestación de la demanda

La entidad demandada no contestó la demanda4.

3. Trámite procesal en primera instancia

Mediante memorial del 26 de septiembre de 2019, la parte accionante presentó reforma
de la demanda, en la que manifestó que la señora Cecilia Lores Lozano ejerció la labor
docente desde 1997 a través de órdenes de prestación de servicios en el departamento
del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali, así:

a) Por medio del Decreto 1960 del 30 de mayo de 1997 expedido por el gobernador
del Valle para la Secretaría de Educación Departamental del Valle, en el que se
desempeñó en el cargo de coordinador por el periodo comprendido entre el 2 de
julio de 1997 y el 9 de abril de 1999.

b) Contratos de prestación de servicios expedidos por la secretaria de educación del
departamento del Valle del Cauca para desempeñar el cargo de docente en el
Centro Docente República de Costa Rica, así:

• Contrato del 15 de septiembre de 1999 para el periodo comprendido entre
el 1.º de septiembre de 1999 y el 17 de diciembre de 1999.

• Contrato del 14 de enero de 2000 por el periodo comprendido entre el 17
de enero de 2000 y el 30 de junio de 2000.

• Contrato 432 del 30 de agosto de 2000 para el periodo comprendido entre
el 1.º de septiembre de 2000 y el 15 de diciembre de 2000.

4
Certificación que reposa en el índice 4 de SAMAI.

4

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Prestaciones Sociales del Magisterio

• Contrato 114 del 11 de enero de 2001 para el periodo comprendido entre el
11 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2001.

• Contrato del 3 de septiembre de 2001 para el periodo comprendido entre el
3 de septiembre de 2001 y el 15 de diciembre de 2001.

• Contrato 114 del 8 de enero de 2002 para el periodo comprendido entre el
8 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2002.

• Contrato de prestación de servicios 3161 del 1.º de octubre de 2002
expedido por el gobernador del Valle del Cauca para desempeñar el cargo
de docente en el Centro Docente Martín Restrepo Mejía por el periodo
comprendido entre el 1.º de octubre de 2002 y el 22 de noviembre de 2002.

c) Decreto 2490 del 26 de diciembre de 2002, expedido por el gobernador del Valle
del Cauca, por medio del cual se hacen unos nombramientos provisionales de
docentes en vacancias definitivas en el municipio de Cali, para desempeñar el
cargo de docente.

d) Resolución 709 del 29 de abril de 2003 por la cual se hacen unos nombramientos
provisionales de docentes en el municipio de Santiago de Cali, para el periodo
comprendido entre el 10 de junio de 2003 y el 16 de agosto de 2005.

No obstante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 22 de enero
de 2020 rechazó la reforma de la demanda presentada, al considerar que su radicación se
efectuó de manera extemporánea, en tanto el auto admisorio fue notificado el 14 de mayo
de 2019 y el traslado de la demanda vencía el 9 de agosto de 2019, con lo que el
demandante contaba con el término de 10 días a partir de ese momento para presentar la
reforma5 que vencía el 26 de agosto de 2019; pese a ello, radicó el escrito 26 de septiembre
de 2019.

4. Sentencia de primera instancia

5
De acuerdo con el artículo 173 del CPACA.

5

Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 29 de julio de 2022
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Al efecto, estableció que la señora Martha Cecilia Lores Lozano nació el 10 de marzo de
1960, por lo que para la fecha en que presentó la solicitud tenía más de 55 años de edad.

Igualmente, de acuerdo con certificación expedida por el FOMAG, prestó sus servicios a
la docencia oficial en propiedad por espacio de 12 años, 11 meses y 12 días, desde el
año 2005 hasta el año 2012, lo que equivale a 673.47 semanas.

Precisó, también, que, aunque se allegó copia del Decreto 1960 del 30 de mayo de 1997
mediante el cual la demandante fue nombrada como docente, no observó constancia del
lapso de la vinculación y los aportes por ese periodo, por lo que no era dable concluir que
esta se vinculó antes del 27 de junio de 2003 y, en ese contexto, no le son aplicables los
contenidos normativos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2790 de 1994.

Aunado a lo anterior, del reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones
pudo extraer que durante el tiempo de servicios se realizaron aportes pensionales por
tiempos privados y públicos, para un total de 622.71 semanas cotizadas entre los años
1984 y 2005, lo que equivale aproximadamente a 11.94 años, y que si bien allí se detallan
periodos cotizados por el municipio de Cali 2003-06, no hay evidencia que estos sean al
servicio docente.

De otra parte, precisó que aun cuando, en gracia de discusión, se analizara el derecho
pensional de la demandante a la luz de las normas pensionales generales, tampoco
tendría derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988 por régimen de transición, pues a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 35 años de edad y solamente
acreditaba 10 años de servicios (aproximadamente 521.4 semanas). Finalmente,
tampoco tendría derecho a la pensión bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, pues dicha
normatividad exige 1300 semanas de cotización y los tiempos acreditados por la
demandante suman 1296.18 semanas.

4. El recurso de apelación

La parte accionante interpuso recurso de apelación en memorial en el que señaló que el
Tribunal desconoció que esta prestó sus servicios por medio de contratos de prestación

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Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

de servicios con el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali
desde 1997, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que la
hace beneficiaria de la Ley 71 de 1988.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 13 de agosto de 20246, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y
se dispuso que, una vez ejecutoriado dicho auto, dentro de los 10 días siguientes, regresara
el expediente para fallo, salvo que las partes presenten solicitud probatoria, de conformidad
con el artículo 212 del CPACA y el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a
la Sala determinar si le asiste el derecho del reconocimiento de la pensión por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988 en su calidad de docente.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos probados; y 2.5 Caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

6
Expediente digital – SAMAI.

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Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en

7
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 818 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que

8
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 20199,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año10, la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley

9
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
10
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”11.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 12. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL o Componente temporal: del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,

11
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
12
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752
de 2003.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.3.1 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.

Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.

A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.

Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".

12

Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
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La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación13 también se ha pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

2.3.2 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

13
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520-
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

13

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Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición mayoritaria de
la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era aplicable a los docentes
estatales.

Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye
que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a
todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió
también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la
categoría de «empleados oficiales»14 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento
conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional
aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que
la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con
el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12
de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos
mínimos» en materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público
en general y en todos los niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben
ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique
el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a
pensionarse con las normas del régimen pensional de los empleados del sector público
nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial
nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la
docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que
a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71
de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

14
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3 como
«empleados oficiales de régimen especial».

14

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Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.

De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

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2.3.3 Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago
de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

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Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los
artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como de los factores previstos en la Ley 62 de
1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial,
y en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

2.4. Hechos probados

La Sala destacan como documentos relevantes en este proceso, los siguientes:

Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante en la que consta que nació el 10 de
marzo de 1960, por lo que a la fecha de presentación de la demanda tenía más de 55
años de edad15.

Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones, en el que
constan un total de 622.71 semanas16.

El 13 de febrero de 2025, la Sala solicitó a la Secretaría de Educación municipal de
Santiago de Cali el expediente administrativo de la accionante, así como el formato de la
Fiduprevisora S.A. único actualizado.

15
Folio 25 de los anexos de la demanda visibles en el índice 4 de SAMAI.
16
Folio 27 de los anexos de la demanda visibles en el índice 4 de SAMAI.

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Dicha información fue enviada al expediente17 y se le dio traslado secretarial sin que las
partes se pronunciaran según constancia secretarial18.

2.5. Caso concreto

La señora Martha Cecilia Lores Lozano acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con el
75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al
estimar que, aunque se aportó copia del Decreto 1960 de 1997, en que se que muestra
que la demandante fue nombrada como docente, no hay pruebas del tiempo exacto de
vinculación ni de los aportes realizados, por lo que no puede concluirse que estuviera
vinculada al servicio docente antes del 27 de junio de 2003. En consecuencia, no le son
aplicables las normas sobre pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 ni el Decreto 2709
de 1994.

Además, el reporte de Colpensiones muestra que cotizó un total de 622.71 semanas
(alrededor de 11.94 años) entre 1984 y 2005, incluyendo tiempos públicos y privados.
Aunque aparecen cotizaciones efectuadas por el Municipio de Cali entre 2003 y 2006, no
hay evidencia que correspondan al servicio docente.

Incluso si se analizara su caso bajo el régimen general, tampoco tendría derecho a
pensión por transición, ya que en 1994 no cumplía los requisitos del artículo 36 de la Ley
100 (menos de 35 años de edad y menos de 15 años de servicio). Finalmente, no cumple
con las 1300 semanas exigidas por la Ley 100 de 1993, pues solo tiene 1296.18 semanas
cotizadas.

La demandante interpuso recurso de apelación al estimar que en el expediente existen
pruebas que reúne más de 1000 semanas de cotización, incluyendo tiempo como
docente oficial vinculada mediante OPS, contratos de prestación de servicios y
nombramientos expedidos por la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación de
Cali.

17
Samai 00018
18
Samai 00021

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También acredita aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a
Colpensiones. Aunque no cumple los 20 años de servicio exclusivamente en el sector
público exigidos por la Ley 33 de 1985, sí cumple los requisitos de la Ley 71 de 1988,
que permite sumar tiempos públicos y privados.

En suma, acredita más de 30 años, 7 meses y 7 días de servicios cotizados, y solicita
una pensión equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicio, con base
en su situación al 10 de marzo de 2015, fecha en la que cumplió el requisito de edad.

En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 10 de marzo de 1960; (ii) laboró
como docente en la secretaría de educación del Valle del Cauca a través de órdenes
de prestación de servicios, entre el 1 de septiembre de 1999 y el 22 de noviembre de
2002, para un total de 2 años, 4 meses y 26 días; prestó sus servicios como docente
en la Secretaria de Educación del Valle del Cauca y de Cali por los siguientes periodos
02/07/1997 09/04/1999; del 10/06/2003 al 16/08/2005; y del 29/08/2005 al 01/02/2022, lo
que se traduce en 20 años, 4 meses y 16 días; y (iii) reporte de Colpensiones de 633
semanas que equivale a 12 años, 2 meses y 3 días;

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos docentes cuya vinculación
sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación
que tratan las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 o 71 de 1988 (en caso de acumulación de
tiempos públicos y privados). Por su parte, los educadores que ingresaron con
posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez contemplada en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003).

En este orden de ideas, dado que la accionante se vinculó al servicio oficial docente antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (2 de julio de 1997), efectuó aportes al
entonces ISS, prestó sus servicios a través de contratos de servicios y al Fomag por más
de 20 años de servicios, resulta evidente que el régimen prestacional aplicable a su caso
es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994 y, en ese sentido, el estatus
pensionado lo adquirió el 10 de marzo de 2015 cuando reúne tanto la edad como
los veinte años de servicios, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante
el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6º. y 8º. del
Decreto 2709.
Debe decirse que el tiempo laborado a través de contrato de prestación de servicios

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celebrados con la secretaria de educación del Valle por los interregnos del 1 de
septiembre al 17 de diciembre de 1999; del 17 de enero al 30 de junio de 2000; Del 11
de septiembre al 15 de diciembre de 2000; del 15 de enero al 30 de junio de 2001; del 3
de septiembre al 15 de diciembre de 2001; del 8 de enero al 30 de junio de 2002; y del 1
de octubre al 22 de noviembre de 2002, serán tenidos en cuenta comoquiera que en
aplicación del principio de la realidad sobre las formas19, es relevante para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales20.

Ahora, aunque no habían sido tenidos en cuenta por el Tribunal según providencia del 22
de enero de 2020, la Sala los valorará en esta sede, porque fueron remitidos por la
Secretaria de Educación de la alcaldía Distrital de Cali ante el requerimiento formulado el
13 de febrero de este año y las partes no hicieron observación alguna sobre tales
documentos.

Esta determinación, implica de contera que, los periodos que aparecen reflejados en el
reporte de Colpensiones y que coinciden con los de las órdenes de prestación de
servicios y de la Alcaldía de Cali desde agosto de 2003, no se tendrá en cuenta porque
equivaldría a una doble contabilización del tiempo. De modo que, para este efecto, se
computan los tiempos registrados con anterioridad a 1997 y que corresponden a planteles
educativos privados, en este caso Colegio la Presentación el Paraíso.

Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de carácter
imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por los
interesados. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales adeudadas, el
legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan
solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado
la correspondiente reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto
3135 de 196821.

En el caso sub examine, el reconocimiento prestacional se efectuará a partir de la

19
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-23-33-000-2020-
00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
20
Sobre este punto, es del caso decir que, si bien la Ley 60 de 1993 contemplaba la posibilidad de vincular docentes por contratos de
prestación de servicios, parágrafo uno del artículo 6, mediante sentencia C- 555 de 1994, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, por
violación del principio de igualdad. En ese sentido, el principio de primacía de la relación laboral supone el reconocimiento de los
emolumentos económicos laborales y se logra a través de un proceso judicial donde se busque dicha pretensión, y aunque en este
expediente este no sea su propósito, en aras de materializar esa garantía constitucional se tiene por relevante el tiempo prestado por
contratos cuyo objeto sea la docencia.
21
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ente la autoridad competente sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».

20

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adquisición del estatus jurídico de jubilada de la actora (10 de marzo de 2015) pero se
declara la prescripción desde el 21 de abril de 2016 al tenerse en cuenta que la demanda
solo fue radicada el 21 de abril de 2019.

Por último, la Sala advierte que si bien la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª de 199222 se
refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los
docentes oficiales pensionados, no quiere decir que, se excluya de esa prerrogativa a
quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta que la norma hace alusión a las
disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación
que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón
por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación de la demandante a la
desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de
la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes23.

Razones suficientes para revocar la sentencia que negó pretensiones y en su lugar se
anula el oficio No. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de 2018, por los cuales la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag le negó la pensión de jubilación por
aportes y se ordenará su reconocimiento a partir del 10 de marzo de 2015 pero con
efectos fiscales desde el 21 de abril de 2016.

Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la fórmula
según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la
siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse
mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada

22
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados».
23
En igual sentido, ver sentencia de esta sala de decisión de (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-
01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.

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Número Interno: 1703-2023
Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

uno de ellos.

2.6 Condena en costas

No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la
facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso24.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar en su lugar, se declarará
la nulidad del Oficio No. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de 2018, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reconocer y pagar
pensión de jubilación por aportes a la actora a partir del 10 de marzo de 2015 pero con
efectos fiscales desde el 21 de abril de 2016, con el 75% de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo
consagrado en la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así
como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que
creen prestaciones sociales con carácter salarial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

III. FALLA:
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 29 de julio de 2022 proferida por el Tribunal

24
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014-
00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

22

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Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso instaurado por la señora Martha Cecilia Lores Lozano contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), por las razones expuestas; en su lugar:

DECLARAR la nulidad del Oficio No. 4143.020.13.953.008054 del 29 de octubre de
2018, por medio del cual se negó a la demandante la pensión de jubilación por aportes.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de jubilación por aportes a
la actora a partir del 10 de marzo de 2015, con el 75% de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo
consagrado en la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así
como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen
prestaciones sociales con carácter salarial, conforme a la parte motiva.

La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo
192 del CPACA.

Se declara la prescripción de las mesadas anteriores al 21 de abril de 2016

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Demandante: Martha Cecilia Lores Lozano
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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